Caso B410: autoridades efectúan 18 allanamientos y reportan capturas

El MP efectúa allanamientos en el caso B410 y reporta la detención de tres personas.

Óscar García, Edwin Pitán y Leslie Sánchez

16 de diciembre de 2024 | 08:24h

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Investigadores efectúan cateos en seguimiento al caso B410. (Foto Prensa Libre: Ministerio Público)

La Fiscalía de Delitos Económicos ejecuta este lunes 16 de diciembre 18 diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en inmuebles en Cobán, Alte Verapaz; Antigua Guatemala, Sacatepéquez; Mixco, San Juan Sacatepéquez y la capital.

El Ministerio Público (MP) informó que las diligencias son en seguimiento al caso defraudación y corrupción B410.

Amplió que como resultado de las diligencias efectuadas, hasta el momento se reportan las aprehensiones de David “N”, por el delito de lavado de dinero u otros activos y Carlos “N”, representante legal de una empresa de constructores y es sindicado de los delitos de defraudación tributaria y casos especiales de defraudación tributaria.

Las diligencias continúan en desarrollo y las autoridades darán más detalles.

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En conferencia de prensa el 8 de octubre recién pasado, el jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Marco Livio Díaz, dio detalles sobre los avances que han obtenido en la investigación del caso B410, una red de 410 empresas que presuntamente evadieron impuestos.

El superintendente explicó que de 2021 a 2023 se detectó facturación sin sustancia económica que suma Q517.2 millones; más Q300 millones que denunciaron por impuestos. Esto suma Q800 millones que le hacen falta al erario nacional, según dijo el Superintendente en esa ocasión.

La investigación también inició porque la mayoría de las 410 empresas que según la SAT conforman la estructura que posiblemente se dedicaba a la defraudación tributaria, tienen a un mismo representante legal. Además, que tiene en común a un mismo notario y a los mismos socios.

Carlos “N”, uno de los capturados, en declaraciones en Torre de Tribunales indicó que un juzgado ya resolvió su situación tributaria y que ya se resolvió a su favor, pues según él, ya le quitaron el arraigo y el embargo de sus cuentas.

Dijo que desconoce qué juzgado ordenó su captura, ya que una jueza ya resolvió en su caso.

Afirmó que el mayor error fue haberles comprado a dos empresas vinculadas a ese caso. Las compras ascienden a unos Q2 millones.

A estas empresas les compraron materiales de construcción para proyectos en Escuintla.

La tercera persona capturada ha sido identificada como Medardo “N”.

Actualización #DefraudaciónYCorrupciónB410

Como resultado de las diligencias efectuadas por la Fiscalía de Delitos Económicos, hasta el momento se reportan las aprehensiones de David Francisco Barrera Maldonado, por el delito de lavado de dinero u otros activos y Carlos René… https://t.co/g6Cx9OwTh2 pic.twitter.com/DWLI10MPml

— MP de Guatemala (@MPguatemala) December 16, 2024

El jefe de la SAT, Marco Livio Díaz, reapareció este lunes públicamente después de los allanamientos que el MP efectuó el 5 de diciembre en la firma de auditores de su familia.

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“Todos debemos de respetar la ley y someternos a ella, solo he dicho que tiene que ser objetiva la investigación. No tengo nada que ocultar ni yo ni mi familia”, añadió en declaraciones a la prensa.

También indicó que ha mantenido comunicación con la Fiscalía de Delitos Económicos sobre el caso B410, del que este lunes se reportan capturas.

Dijo que esperarán los resultados de las acciones del ente investigador que ha pedido incrementen las auditorías, de las cuales han entregado cinco para presentarlas ante un tribunal.  

Recordó que fue la SAT la que puso las denuncias en este caso.

Según él, hubo “una gran fantasía” de que había abandonado la Superintendencia, aunque día y medio no estuvo.

También indicó que tomó algunas horas para hablar con sus abogados y considera que la situación se va a aclarar.

“Voy a esperar que sigan las investigaciones, que salgan a luz, la Superintendencia ha querido ser parte del proceso, no se ha podido, presentamos un amparo para que no haya interferencia en las funciones de la Superintendencia, esperamos que el miércoles la Corte Suprema de Justicia conozca el mismo”, añadió.

Para leer más: Rafael Curruchiche dice que Marco Livio Díaz no es investigado por el MP ni tiene orden de captura

"Todos debemos de respetar la ley y someternos a ella, solo he dicho que tiene que ser objetiva la investigación. No tengo nada que ocultar ni yo ni mi familia", asegura el jefe de la @SATGT durante una actividad en el BANGUAT.@Guatevision_tv @prensa_libre pic.twitter.com/eqOWVjqymT

— Leslie Sánchez (@lsanchez_gtv) December 16, 2024

Justicia

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Investigación a jefe de SAT busca minimizar impacto del caso B410, según expertos

Expertos resaltan desatención del Ejecutivo y poco respaldo tras la denuncia contra una red de defraudación tributaria.

Douglas Cuevas

6 de diciembre de 2024 | 05:01h

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Esta semana la SAT ofreció una rueda de prensa para dar detalles del Caso B410. Fotografía: SAT.

El titular de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) asegura ser blanco de una investigación, lo cual, según expertos, busca reducir el impacto del caso B410.

Marco Livio Díaz, superintendente, buscó el respaldo de la Corte de Constitucionalidad (CC) ante el riesgo de una orden de captura, pero el tribunal remitió el caso a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Y aunque el Ministerio Público (MP) afirma que no se investiga a Díaz, la entidad tributaria ve riesgos. Incluso, destacan que existe una carpeta de investigación identificada como MP001-2024-50452.

“Nos llama la atención que sé de esa averiguación de carpeta ministerial avanzada, según lo que entendemos. El día miércoles se presentaron a la Feci abogados de la intendencia para apersonarse a la carpeta que identificamos y nos dijeron que las personas encargadas no estaban”, dijo Oscar Perdomo, intendente de Asuntos Jurídicos de la SAT.

El caso B410 señala a una supuesta red dedicada a la defraudación tributaria, que a criterio de analistas podría ser mayor al caso La Línea, destapado en el 2015, que le costó la Presidencia a Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.

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Díaz presentó la denuncia por ese caso, pero ahora la SAT teme que el titular de la dependencia sea el blanco de los señalamientos, lo que aseguran podría afectar a la institución.

“Lo que elevó la moral tributaria fueron estos cuatro años de trabajo eficiente, transparente y ético de todos los funcionarios de SAT que ahora están siendo cuestionados”, destacó Perdomo.

Reducir el caso

Para Juan Francisco Solórzano Foppa, exjefe de la SAT y exfiscal del MP, la intención es atacar al ente tributario y minimizar el impacto del caso B410.

“El primer mensaje es que no se tienen que denunciar ese tipo de cuestiones, porque si lo hace habrá una represalia. También los mismos auditores se van a sentir intimidados porque el mensaje va para todos los trabajadores”, dijo.

Para Solórzano Foppa el rol de la SAT para un Estado es clave, ya que es el ente encargado de recaudar los tributos para la ejecución del plan de gobierno.

“Esto es un atentado no solo en contra del superintendente, en realidad es una amenaza directa al trabajo de la SAT. Definitivamente lo que estamos viendo es una manera de deslegitimar la denuncia —del caso B410—”, indicó.

 Sin apoyo

Para la doctora en Ciencias Criminológicas Ilse Álvarez, exviceministra de Gobernación y analista, la SAT “pudo hacer más” que solo presentar la denuncia. “También podía pedir ser parte del caso como querellante y buscar la manera que el expediente del caso B410 llegara a un juzgado”, precisó.

Pero el “ataque” al que ha sido objeto Díaz, indica, era predecible, pues la denuncia era seria.

“Puede ser que estas estructuras todavía estén incrustadas en las oficinas del Estado y hasta donde yo entiendo, cuando se hace la denuncia del caso B410, no dice que el fenómeno criminal se suspendió cuando asumió el nuevo presidente; dijo que era un mecanismo que seguía funcionando”, explicó.

No obstante, señaló que hizo falta respaldo desde el Ejecutivo, por considerar que una denuncia de ese tipo ameritaba apoyo presidencial.

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“Me hubiera gustado vera un Ejecutivo cohesivo con su superintendente, donde le hubieran proveído un vehículo y seguridad. Donde lo hubieran apoyado en su gestión porque implica un riesgo para el propio funcionario cuando expone una estructura”, agregó Álvarez.

El caso B410 salió a la luz el pasado 14 de agosto, hecho que denunció Díaz.

“Cuando fue el caso B410 el presidente tuvo que salir acuerpando o por lo menos hacer un pronunciamiento y haber dicho que el Estado garantizaba la integridad física de los directivos de la SAT”, concluyó.

“Afrenta” contra Díaz

El presidente Bernardo Arévalo se pronunció por el caso del titular de la SAT por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X.

“Hoy la afrenta es contra Marco Livio Díaz, un funcionario cuyo profesionalismo se demuestra en el éxito y prestigio que tiene hoy la SAT”, escribió.

El mensaje continúa: “Guatemala merece una justicia que proteja a quienes denuncian valientemente la corrupción, y no al revés. Este sinsentido debe detenerse, porque es todo el país el que pierde ante un sistema coartado y ciego ante la corrupción”, concluyó el mensaje que redactó el presidente Arévalo en apoyo al titular de la SAT.

Hoy la afrenta es contra Marco Livio Díaz, un funcionario cuyo profesionalismo se demuestra en el éxito y prestigio que tiene hoy la SAT.

Guatemala merece una justicia que proteja a quienes denuncian valientemente la corrupción, y no al revés. Este sinsentido debe detenerse,…

— Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) December 5, 2024

Marco Tulio Abadío, extitular de la SAT, reclama Q34 millones a la justicia

Inicia juicio en el que se resolverá si le retiran o no Q34 millones que se encuentran embargados.

Oscar García y Elmer Vargas

8 de marzo de 2024 | 22:26h

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Marco Tulio Abadío durante audiencia en Juzgado de Extinción de Dominio. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila)

Marco Tulio Abadío, exsuperintendente de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), acudió este viernes 8 de marzo al Juzgado de Extinción de Dominio para el inicio del juicio en el que se resolverá si le retiran o no Q34 millones que se encuentran embargados y que podrían pasar a favor del Estado.

En el inicio del debate, el Ministerio Público comenzó con la argumentación y pone en duda el origen del dinero en disputa.

Abadío fue capturado en 2004 y condenado en 2007 a una pena de 30 años de prisión y al pago de Q24 millones, los cuales fueron cancelados por responsabilidades civiles y el pago de Q90 mil por delitos concusión, fraude y lavado de dinero.

Sin embargo, salió libre de prisión en 2017 luego de que un juzgado de ejecución penal ordenara su libertad por haber trabajado dentro de la prisión en la que cumplía la condena.

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De acuerdo con la investigación presentada, el extitular de la SAT habría desviado fondos a varias cuentas bancarias vinculadas a él y a sus hijos.

La forma en que se operó fue mediante la autorización y adquisición de productos publicitarios y servicios sobrevalorados a varias empresas. Algunas no existían, pero sí cobraban a la SAT.

El juez a cargo de caso reprogramó para el 20 de marzo próximo continuar con el debate.

La directora del Secretariado del Foro Global, Zayda Manatta, dijo en una entrevista a la agencia EFE en Lisboa, Portugal, que “Guatemala no tuvo una buena nota en su evaluación. “Nos cuentan que han hecho progresos, pero no hasta un punto que puedan solicitar un análisis suplementario”.

Y destacó que el tema del secreto bancario todavía es muy importante en el país y que específicamente, había una decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre que no se podía superar el secreto bancario para fines de intercambio de información, “así que esto es un obstáculo muy importante para nosotros”.

No obstante, indicó que la corte decidió levantar el secreto bancario, “pero como el foro no ha llevado a cabo una evaluación efectiva, esto no aparece representado en el informe”.

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Para efectos de la evaluación anual, el foro cuenta con dos mecanismos: uno por el que las autoridades fiscales de los países proveen, previa petición, cualquier información que pueda ser pertinente; y la otra, automática por la que envían cada año datos predefinidos.

La representante de la OCDE enfatizó que “al día de hoy, la mayoría de las naciones están dispuestas a intercambiar este tipo de datos, porque nadie puede ir al público y decir estoy a favor de la falta de transparencia, ya no es algo aceptable.

Interpretación

La posición de la OCDE está ha generado diversas reacciones. Esto, considerando que desde el 2019 -antes de la pandemia- el referido organismo internacional había señalado a Guatemala como “país no cumplidor en materia de transparencia fiscal”, cuando se hizo la evaluación y suspensión del temporal del artículo 30 “C” del decreto 6-91, Código Tributario, que fue suspendido temporalmente por la Corte de Constitucionalidad (CC).

Poco después, se resolvió en definitiva respecto a que la autoridad tributaria puede tener acceso a la información bancaria de los contribuyentes por orden de juez competente en esa materia fiscal. De hecho, el artículo 30 de esa normativa, Información respecto de terceros, establece que, “en ejercicio de su función de fiscalización, la Administración Tributaria podrá requerir directamente de cualquier entidad o persona, ya sea individual o jurídica, incluyendo las instituciones vigiladas e inspeccionadas por la Superintendencia de Bancos, información referente a actos, contratos u otros hechos o relaciones mercantiles con terceros, generadores de tributos, siempre que no se viole la garantía de confidencialidad establecida en la Constitución Política de la República y las leyes especiales, el secreto profesional y lo dispuesto en este Código”.

Para Juan Carlos Zapata, director Ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) y Abelardo Medina Bermejo, ex intendente de recaudación y fiscalización de la SAT, hay una lectura sobre lo expuesto por Manatta:

Medina recordó que desde hace algunos años, Guatemala se adhirió al Foro de Transparencia Global (FTG) de la OCDE, con el fin de atender los requerimientos de transparencia financiera y fiscal internacional y evitar, de esa forma, ser considerado un país no cooperante en materia de transparencia internacional y por lo tanto, una jurisdicción no apropiada para realizar inversiones, por su opacidad financiera (guarida fiscal).

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Y como parte de los compromisos adquiridos, cada Estado debe proceder a facilitar el intercambio de información con los otros Estados parte, tanto a requerimiento directo, como en forma automática, cuando se trata de atender información periódica.

“Lamentablemente, en Guatemala hay una visión distorsionada de lo que implica el secreto bancario, lo que ha impedido que la SAT pueda atender diferentes requerimientos de otras naciones, además de que aún no existen los cuerpos legales que le darían la factibilidad real a este mecanismo.

Por ello, dijo que el FTG evalúe a Guatemala como no cumplidor en materia de transparencia financiera internacional, lo que produce es que seamos vistos como un país opaco, que no coopera con la transparencia financiera y potencialmente como un destino no apropiado para las inversiones del mundo, debido a la opacidad.

“En todo caso, que el FTG siga calificando a Guatemala, luego de varias oportunidades, como no cooperante, nos demuestra que los esfuerzos que se han realizado no han sido suficientes para lograr que el país sea bien visto en el concierto de naciones, como un territorio apto para las inversiones y para la cooperación internacional”.

Cambiar posición

Zapata consideró que es importante el hecho de que el Foro no ha llevado a cabo una evaluación efectiva sobre el tema del levantamiento del secreto bancario, por lo que no aparece representado en el informe; cuando eso suceda, la evaluación puede cambiar.

Pero hizo la salvedad de que Guatemala debe invertir más en el intercambio de información para fines fiscales, especialmente a través de la digitalización de procesos. “Por ello es importante reconocer que el progreso hoy no es uniforme, pues hay países que están mucho más avanzados y hay otros que hoy están comprometidos”.

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Por otro lado, se indicó que a pesar de que Guatemala tiene suscritos varios Acuerdos de Intercambio de Información con otros países del mundo, en la práctica no funciona ninguno; “no por falta de esfuerzos diplomáticos, sino porque las autoridades financieras y fiscales no han logrado que en el Congreso de la República se realicen los cambios legales necesarios para avanzar en los procesos correspondientes”.

También, aunque se ha avanzado en la posibilidad de determinar los beneficiarios finales de las empresas, así como garantizar que todas las acciones que se emitan sean nominativas, los mecanismos de control y el suministro de información son muy limitados y las sanciones por falta de cumplimiento siguen siendo muy débiles.

Sobre este tema se solicitó una postura institucional a la unidad de comunicación de la Superintendencia de Administración tributaria (SAT), pero al cierre de nuestra edición, no había una respuesta.

¿Por qué el interés de la OCDE?

A los consultados se les preguntó: Desde el punto de vista tributario, ¿por qué es de interés la posición de la OCDE para Guatemala en este tipo de evaluación anual?, a lo que Zapata respondió: “La transparencia es clave para la atracción de inversiones.  Nuestro país tiene el enorme reto de combatir la evasión fiscal y los flujos financieros ilícitos, especialmente porque 70% de nuestra población económicamente activa trabaja en la informalidad.  Adicionalmente, se necesita aprobar más acuerdos para evitar la doble tributación.

Medina enfatizó que aunque los controles de tributación internacional y dentro de ellos los asociados al manejo abusivo de Precios de Transferencia en el país son muy incipientes, el intercambio de información con otras jurisdicciones permite conocer apropiadamente la valoración de las transacciones que se realizan con otros países, a fin de determinar apropiadamente los precios de las operaciones de comercio internacional y también de ingresos y pagos por operaciones externas (por eso, a los otros países les interesa conocer los datos que hay en Guatemala, respecto a sus residentes).

“Sin embargo, aunque es muy importante para el ámbito tributario, lo más preocupante en la actualidad es que Guatemala sea vista como un país opaco en materia de transparencia, lo que produce que haya menos inversionistas interesados en el país, porque obviamente no quieren que en el futuro la localidad en que estén ubicados sus recursos, sea sancionada por ser no cooperante”.

Visión 2024

Los especialistas también brindaron una expectativa de lo que pueda ocurrir en la próxima evaluación del 2024, ya con nuevas autoridades electas.

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Al respecto Zapata enfatizó: “para el Ministerio de Finanzas debe ser una prioridad mejorar el intercambio de información, destinar recursos y capacitar a más personal en esa tarea.  Latinoamérica perdió el equivalente al 6.1% del PIB de la región debido a los incumplimientos tributarios.  Guatemala necesita crear unidades específicas y la asignación de recursos para personal, formación y herramientas técnicas.

Según Medina, el problema no es fácil de resolver, dado a que tanto la élite financiera y económica, así como diversos cuadros del Gobierno manifiestan una natural renuencia a que exista la posibilidad de conocer sus transacciones reales en el sistema financiero, lo que le permitiría a la SAT tener mejores resultados recaudatorios. Debido a esta situación, el país no está atendiendo los requerimientos que otras administraciones tributarias del mundo le realizan y por ende, el país se considera opaco”.

A su criterio, los primeros pasos giran en torno a flexibilizar los mecanismos para que la SAT tenga acceso a la información bancaria para atender los requerimientos planteados, así como crear los mecanismos necesarios para tener un apropiado control de las acciones nominativas, los beneficiarios finales de las empresas y otros mecanismos que han sido dispuestos por la OCDE.  “Resolverlo para tener una mejor calificación en el corto plazo es difícil, pero si no se hace, pronto Guatemala podría empezar a ser vista internacionalmente como una guarida fiscal”.

Con información de EFE

El Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal programó la audiencia de primera declaración para el 2 de agosto de 2023 a las 8:00 horas.

En mayo recién pasado, el MP señaló que en este caso, se determinó que una serie de empresas inexistentes generaban facturas y a través de la cual la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) les regresaba el Impuesto al Valor Agregado que ellos habían obtenido en su momento.

Refirió que son más de Q1 mil millones con que estas empresas fueron beneficiadas.

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El fiscal Rafael Curruchiche afirmó en esa ocasión que habría hasta tres fases de este caso.

El caso

El 24 de marzo de 2023, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) informó sobre un supuesto caso de lavado de dinero por Q1 mil millones en la Fedecocagua y que fue capturado el gerente de esa entidad, el suizo Ulrich Gurtner Kappeler.

La investigación de la Feci “estableció que directivos de Fedecocagua simularon operaciones de compraventa de café utilizando empresas de fachada, quienes facturaban el café que las cooperativas y pequeños productores entregaban a Fedecocagua, quienes a su vez simulaban el pago de facturas, dinero que posteriormente regresaba a cuentas mediante una serie de transferencias”.

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Carlos Muñoz

En 2016, Carlos Muñoz Roldán, exsuperintendente de Administración Tributaria, fue señalado en el Caso Redes.

En ese entonces, el MP y la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala buscaban determinar la existencia y operaciones ilícitas de una red de funcionarios, trabajadores públicos y personas particulares en las aduanas, la cual habría concedido beneficios fiscales a empresas.

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En septiembre de 2022, Muñoz declaró en la fase final del juicio por el caso La Línea, en el que fue señalado, junto a otros exfuncionarios del gobierno del Partido Patriota, de supuestamente integrar una red dedicada a la defraudación aduanera.

Werner Florencio Ovalle, intendente de Aduanas de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y el viceministro de Gobernación, Luis Arévalo, (encargado del área de seguridad), aseguraron este lunes que este tipo de situaciones son inusuales, y que responden a las acciones que desde octubre último se han centralizado en combatir este flagelo con los operativos instalados, el decomiso de mercancías y los vehículos.

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“Ha sido un golpe financiero a estas estructuras y esta fue su reacción (los ataques)”, dijo Arévalo, luego de participar junto con Ovalle en la inauguración de la VII Reunión del Programa Global de Control de Contenedores para Latinoamérica y el Caribe.

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El resultado es el cierre indefinido de la aduana Tecún Umán I, hasta que se logre garantizar la seguridad del personal del servicio aduanero, así como de los agentes de la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos (Diprafront), que corren riesgos, dijo el intendente Ovalle.

Recaudación de las aduanas

Tecún Umán I es una aduana migratoria, de tránsito de personas, y se estima que a diario la SAT dejará de percibir unos Q16 mil a Q17 mil diarios.

En promedio la recaudación mensual es de Q500 mil según los registros de la referida intendencia.

“Se notificó a las autoridades del SAT de México que se van a reorientar las operaciones de Tecún Umán I hacia El Carmen”, afirmó.

En lo que va del año, esta es la tercera incursión por parte de los contrabandistas en Ayutla.

La primera ocurrió el 23 de octubre, luego de un decomiso; el pasado 13 de noviembre y la del domingo último.

El patrón se repite, es decir, que se retiene al personal operativo a cambio de la devolución de las mercancías o bien del vehículo que la exigencia de los manifestantes recordó el viceministro Arévalo, y por salvaguardar la integrada física, se tiene que ceder, pero no es que se muestre debilidad, enfatizó.

Ambos funcionarios, indicaron que los operativos fueron asertivos 15 días antes y fueron exitosos.

Origen de los ataques

Ovalle aclaró que no es facultad de la intendencia hacer las investigaciones, aunque en este caso se han presentado situaciones que indican que las causas del asalto a esas instalaciones tienen como origen los operativos realizados y los decomisos.

Por efecto estacional y por la época de alto consumo en los mercados, existe un incremento de productos que ingresan de contrabando sobre todo de abarrotes (galletas, cereales, boquitas, cervezas, bebidas gaseosas, huevos, pastas, aceites) y bienes para el hogar (jabón, champú, acondicionador, cremas, pasta dental), resaló Ovalle.

La segunda razón, es que el pasado fin de semana en México se realizó el “Buen Fin”, y se ofertan una diversidad de productos y enseres.

“Los decomisos se han incrementado y a esto obedecen los ataques. En fiestas de fin de año el contrabando se incrementa y por eso se han incrementado los operativos y, por aparte, el Buen Fin era necesario como autoridades incrementar los controles”, resaltó Ovalle, quien precisó que el 90% del contrabando proviene de México.

Las autoridades consideran que, en esa parte de San Marcos, por el río Suchiate ingresa el mayor porcentaje que se nutre al contrabando.

De los 127 cruces vehiculares no controlados que están identificados en todo el territorio, con México hay 56 y representa el 44% de esos sitios.

El viceministro dijo que, en Huehuetenango, Quiché y Petén, no se han registrado este tipo de enfrentamientos, a pesar de que hay operativos, con la incautación y decomisos.

Amenaza latente

Ovalle dijo que el ataque del domingo a la aduana Tecún Umán I, fue por el decomiso de un camión que transportaba aguacates y que el valor de las mercancías (ad valoren) era de Q1 millón 190 mil y “es un tema que afecta”.

El operativo fue en horas de la noche del pasado viernes, y las actuaciones registradas requieren mayor análisis por parte de los integrantes en la Comisión Interinstitucional contra el Contrabando y la Defraudación Aduanera (Coincon), que fueron convocados a una reunión extraordinaria para esta semana.

“Nos extraña que nos ataquen la aduana Tecún Umán I que no es parte del operativo, y estos se realizan en carreteras y otros sectores específicos y donde se almacenan las mercancías incautadas es en Tecún Umán II”, resaltó.

Al preguntarle si estos ataques provienen de otras estructuras que se dedican al tráfico de drogas, personas y armas, Ovalle, respondió que es una tarea del Ministerio de Gobernación, pero que ya se está trabajando en ello.

Ante este nuevo atentado, el viceministro Arévalo, confirmó que se buscarán otras estrategias para el combate del contrabando y confirmó que los “cerebros” de estos movimientos son personas que “tienen mucho poder”.

Lo que sí confirmó es que un grupo especializado de investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC), fue desplegado para individualizar a las personas responsables de los ataques.

Incautaciones

Ambos funcionarios reconocieron que los ataques ocurridos en la última semana se fundamentan en los decomisos.

De enero a octubre de este año, se han realizado 333 acciones interinstitucionales.

Entre los principales resultados es el valor de las mercancías incautadas por Q97.1 millones; Q7.7 millones de impuestos dejados de percibir y Q136.6 millones en ajustes pagados en aduanas.

Los resultados de las acciones son dos operativos a escala internacional; 163 operativos en carretera; 10 operativos en aduanas; 133 allanamientos.

Además, la realización de 22 inspecciones a comercios; dos operativos binacionales y un operativo regional.

Mientras se han realizado 251 denuncias por defraudación y contrabando de las cuales 165 al Ministerio Público y 86 por la SAT.

Resguardo

El intendente informó que en la aduana Tecún Umán II está operando de manera parcial, donde ya hay un despliegue de agentes de la PNC para responder ante cualquier crisis.

El director de la PNC, Carlos Tohom, confirmó que se mantienen en alerta y hubo refuerzos de los núcleos de reserva.

“Hay coordinación con aduanas para resguardar estas instalaciones”, afirmó el jefe policial.

Ovalle dijo que también se está trabajando con el Ejército para patrullar ambos recintos.

Explicó que el 30% de las mercancías que ingresan por Tecún Umán II (que es la aduana especializada para atender al comercio exterior) tienen como destino final Guatemala, y el 70% hacia Centroamérica o sea en tránsito.

Nueva estrategia

El viceministro de Gobernación, Luis Arévalo, dijo que desde el fin de semana se está trabajando en una nueva metodología.

“No pensamos declinar en el combate del contrabando y eso va a implicar que las nuevas estrategias para contrarrestar se cambien, modifiquen y velar por la seguridad del personal de aduanas y los agentes y el resguardo del personal”, aseveró.

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El funcionario, explicó que Diprafront (que es la unidad especializada) mantiene la presencia en el área de Ayutla, San Marcos, pero también hay retenes en varias carreteras.

“Se van a reorientar las estrategias para combatir a los contrabandistas”, afirmó el viceministro de Gobernación.

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Aldana, manifestó: “Hemos pedidos un informe a la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles para establecer qué bienes aparecen registrados a nombre de la exvicepresidenta”.

Propiedades

Según las averiguaciones del Ministerio Público, en los registros hasta ahora analizados aparecen cuatro propiedades de Baldetti: “Encontramos un inmueble en zona 5, otro en la colonia 1o. de Julio, -Mixco-  pedimos un informe a la Empresa Eléctrica de Guatemala para verificar servicios de energía eléctrica que prestan a inmuebles que están a nombre de la señora Baldetti y establecimos que únicamente hay un bien que está ubicado en Fraijanes”.

El cuarto inmueble propiedad de Baldetti se ubicó en la playa privada del litoral pacífico, Escuintla, denominada Juan Gaviota, Marina del Sur.

La semana pasada el abogado Mario Cano, defensor de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, llegó a la Torre de Tribunales a presentar un memorial con el que buscaría un acercamiento judicial por el caso de la estructura denominada La Línea, la cual funcionó como una red de corrupción en la Superintendencia de Administración Tributaria.

Baldetti busca acercamiento judicial luego que en escuchas telefónicas algunos de los implicados en el caso a través de conversaciones telefónicas mencionaran a la “R” y la “Dos”.

A la torre de tribunales se presentó voluntariamente Gonzáles, para comparecer en la diligencia de primera declaración; sin embargo, no se realizó porque el MP no se presentó y fue reprogramada para este martes.

El representante de la iglesía también dijo que la corrupción empieza desde el niño que copia la tarea de la escuela.

Mientras que Juan Alberto Fuentes Knigth, acotó: “se necesita la renuncia del presidente, él simboliza la corrupción, sí se quiere seguir avanzando. Si él no sale no se va a tener una primavera democrática”.

Acción Ciudadana destacó que en el índice sobre la percepción de la corrupción, Guatemala ocupa el puesto 115 de 132 dónde el más alto es más corrupto.

La Comisión de Finanzas del Congreso es un cartel de diputados, solo ellos tiene el poder de decisión sobre la sobras del listado geográfico. Los fideicomisos son los mayores focos de corrupción uno de ellos es el Fondo de Conservación Vial (Covial ) seguidos de oenegés”, señaló Barrientos.

El jefe de la Comisión Internacional Contra la impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez explicó que la corrupción debilita las instituciones y propicia la ingobernabilidad.
 
“Continuaremos con investigaciones para desarticular estructuras sin privilegios a nadie. Luchar contra la corrupción es para construir un mejor país y que seguirá investigando”, señaló Velásquez.
 
Jorge Ugaz de Transparencia Internacional dijo que se necesita reforzar el Código Penal.
 
“Líderes políticos tiene que entender que no pueden seguir comportándose como ahora. Haciendo de partidos espacios de corrupción. Inmunidad parlamentaria y secreto bancario son escudo de impunidad y obstruyen investigaciones”, dijo Ugaz.
 
Además, Ugaz dijo que hay que pensar en una estrategia y no puede ser una oferta electoral o solución de cuatro años.

Al concluir el congreso se firmó una declaración de orientación general, donde se recomiendan las reformas al Estado, entre las que destacan que se elimine el secreto bancario, Ley electoral y de Partidos Políticos, Servicio Civil, Contrataciones del Estado y de Comisiones de Postulación.

Los empresarios también pidieron que se investiguen casos de corrupción en el Gobierno y emplazaron a los tres organismos del Estado y al Tribunal Supremo Electoral para que actúen y “reaccionen” ante el clamor popular de alto a la corrupción.

Entre los casos que requieren investigación, el Cacif menciona a la estructura denominada La Línea, dedicada a la defraudación aduanera; el líquido aplicado en el Lago de Amatitlán, impulsado por la exvicepresidenta Roxana Baldetti; otorgamiento de frecuencias; concesión de combustibles en el Aeropuerto Internacional La Aurora y plazas fantasmas en Aeronáutica Civil.

También se cuestionario contratos para modernización del registro y documentación del control migratorio, compra de medicinas e insumos médicos por el Ministerio de Salud y adquisición de maquinaria pesada por el Ministerio de Desarrollo Social.

Los empresarios solicitaron investigar compras del Ministerio de Gobernación, como la adquisición de cámaras de vigilancia, infraestructura en cárceles y mantenimiento a helicópteros y patrullas de la Policía Nacional Civil.

Otras denuncias surgieron contra los ministerios de Energía y Minas y Cultura y Deportes, además de secretarías, como el gasto en la de Comunicación Social de la Presidencia.

Al presidente de la Rep requerimos respuesta concreta, seria de lo que ocurre en expedientes y contratos cuestionados pic.twitter.com/L8HctDvnXq

— CACIF Noticias (@CACIFnoticias) May 19, 2015

Las críticas en contra del Congreso se emitieron por que los diputados no promueven leyes que ayuden a la transparencia y a la Contraloría se le cuestionó por no fiscalizar. Contra el OJ las críticas fueron por no actuar en los procesos que ya se conocen en los juzgados.

Los empresarios dijeron que se oponen a los bloqueos anunciados para este miércoles por organizaciones indígenas y campesinas.

Luis Mack, sociólogo, cree que Pérez Molina está “a un paso de que renuncie” y recordó que el Congreso designó a un vicemandatario —Alejandro Maldonado— para que se convierta en presidente y se encargue de la transición del mandato.

La presión sigue para el mandatario y la decisión de renunciar tendría un alto costo político para el Partido Patriota y toda la clase política, refirió la politóloga Ástrid Perdomo.

Los tres expertos coinciden en que el tiempo se debe aprovechar para hacer reformas al Estado y modificar la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

Devolver lo robado

El nuncio apostólico, Nicolas Henry Marie Denis Thevenin, respaldó ayer el rechazo a la corrupción y dijo que es importante “la restitución de todo lo robado”, en referencia a las manifestaciones contra la corrupción en que han participado miles de guatemaltecos.

“Es importante que se ponga en marcha un espíritu general para decir que queremos que haya también leyes que permitan la devolución integral de los bienes robados, que son siempre bienes robados a los más necesitados”, subrayó el nuncio.

El representante del Vaticano en Guatemala también pidió que haya sanciones para los funcionarios que han robado y para los corruptores, y aseguró que el papa Francisco está enterado de la situación del país.

Expresó que los tres poderes del Estado deben dar muestras de cambio, para evitar un rompimiento institucional.

Josué Felipe Baquiax, presidente de la CSJ, declaró que el caso de la jueza Marta Sierra de Stalling, es por supuestamente haber recibido soborno de los abogados defensores de los acusados en el caso de defraudación faduanera, en la estructura denominada “La Línea”.

Por aparte, contra el juez tercero Mynor Barrera, por la posible complicidad al quitarle el delito de intermediación financiera a los ex directivos del Banco del Café (Bancafe), señalados de sustraer Q1 mil 200 millones a cuentahabientes, quienes también son acusados de caso especial de estafa. Con la acción del juzgador, los detenidos habrían logrado una medida sustitutiva.

El tercer caso es el de la jueza Carol Patricia Flores a quien acusan de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero e incumplimiento de deberes. El antejuicio fue planteado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), y el Ministerio Público (MP), quienes sospechan del patrimonio de la juzgadora.

Estudio ambiental

El último antejuicio es contra la ministra de Ambiente, Michelle Martínez, por no haber realizado un estudio de impacto ambiental en el Lago de Amatitlán, donde pretendían utilizar una fórmula para descontaminarlo.

Ahora procede que la CSJ nombre un juez pesquisidor para que determine si es viable quitarle la inmunidad a los tres jueces y para que sean procesados penalmente. En el caso de la ministra, el Congreso debe integrar una comisión pesquisidora para que de un dictamen.

Trasladan denuncia

Por aparte la CSJ tomó la decisión de trasladar las dos denuncias presentadas contra la exvicepresidenta Roxana Baldetti al Ministerio Público, por considerar que las solicitudes quedaron sin materia al momento en que ella renunció y pasó a ser una ciudadana sin privilegios.

En el pleno estuvieron ausentes las magistradas Blanca Stalling Dávila, quien tiene un permiso otorgado por el pleno supuestamente para que viajara a Estados Unidos, pero el presidente de la CSJ dijo que desconocía si ella había salido del país.

“Vamos a tener fuerzas especiales policiales equipadas como corresponden para poder controlar cualquier situación que pueda alterar el orden público”, dijo López Bonilla.

Según el ministro de Gobernación, “las cámaras primero son un disuasivo, segúndo dan la oportunidad de reaccionar rápidamente si hay alguna situación”. 

Agregó: “Es el sistema de video vigilancia con el que hemos cubierto diferentes eventos deportivos, culturales, religiosos, lo hemos trabajado en diferentes ambientes y vamos a tenerlo el día me mañana (sábado) también”.

El bloque de instituciones educativas estubo integrado   por la Universidad de San Carlos (USAC), Universidad Francisco Marroquín (UFM), Universidad del Valle (UVG) y Rafael Landívar (URL). Las casas de estudio realizaron  jornadas de dialogo para definir las demandas que realizarán el fin de semana.

Julio César del Valle, docente y representante de los estudiantes de la Usac, aclaró que las propuestas son estudiantiles. “Nos hemos unido con el anhelo de responder a la inquietud del pueblo de velar por los intereses nacionales”, afirmó

Por la educación

La Cámara Guatemalteca de la Educación, por medio de un comunicado, hizo  un llamado a toda la población para que asisitiera  a la Plaza de la Constitución y exigiera  la renuncia de la ministra de Educación, Cynthia del Águila, a quien acusan de implementar una equivocada política educativa, al suprimir la carrera de magisterio y cerrar las técnicas

Los educandos también solicitaron  al presidente, que enfrente y resuelva el problema que enfrenta el país, debido a los actos de corrupción en instituciones del estado.

Clamor religioso

La Alianza Evangélica de Guatemala, convocó a los guatemaltecos para la actividad llamada “Unidos para Orar”, donde pedieron  a Dios por la crisis gubernamental, política y social que enfrenta el estado guatemalteco.

El evecnto se realizó  el sábado último  a las 6 horas frente al Palacio Nacional.

En el interior

Aunque el Parque Central  fue  el mayor escenario de exigencias ciudadanas,  también se realizaron protestas en los siguientes departamentos.

• Gimnasio Municipal de Chimaltenango, Chimaltenango
• Parque Central de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla
• Complejo deportivo de Jalapa, Jalapa
• Parque Central de Santa Cruz del Quiché
• Parque Central de Quetzaltenango, Quetzaltenango
• Avenida La Salle, Huehuetenango
• Parque Central de Antigua Guatemala, Sacatepéquez
• Frente a la municipalidad de Sololá
• Parque Central de Zacapa, Zacapa

El suegro del ex funcionario dijo a la Prensa que desconoce del paradero de Monzón Rojas y que no tenía mucha relación con él -Monzón-.

El familiar del prófugo de la justicia, afirmó que no tiene interés de presentar ningún tipo de acción a favor o en contra del esposo de su hija. “Espero más respeto y responsabilidad”, añadió en tono molesto.

Al acto público también asistió Iván Velásquez, jefe de la comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), quien no dio declaraciones a los medios.

La Línea

El grupo que supuestamente encabezaba Monzón, funcionaba con trabajadores de la SAT, y se dedicaba a facilitar el ingreso de mercancías, evadiendo el pago de impuestos.

Por este caso ya se encuentran procesadas 22 personas, entre ex funcionarios y particulares. Por parte se encuentra el llamado “Bufete de la Impunidad” que se encargó de negociar las medidas sustitutivas para los implicados en el caso. Por este otro hecho hay ocho detenidos.

Autoridades siguen tras la pista de Juan Carlos Monzón

Juan Carlos Monzón, con una orden de captura internacional por liderar una red de defraudación aduanera sigue prófugo y las autoridades, esta mañana, realizan un operativo en su búsqueda en la  finca San José las Lágrimas, Esquipulas , Chiquimula.

Días atrás, el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, indicó que el exfuncionario  era buscado en Honduras desde el día que ingresó junto a dos familiares.

Monzón se dio a la fuga cuando se encontraba en  Corea del Sur, donde acompañaba a  a la vicepresidenta Roxana Baldetti, quien recibió un reconocimiento por parte de una universidad local.

Las autoridades señalan a  Monzón por  utilizar su cargo en el gobierno y  coordinar los movimientos ilícitos en las aduanas junto a trabajadores, exfuncionarios y funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria que ya  son procesados.

Las dos personas están señaladas de participar en una estructura de abogados quienes supuestamente habrían facilitado la libertad a tres de los presuntos jefes de la red criminal La Línea.

Según la fiscalía Montenegro y Zapata serían dos de las personas que aparecen en las llamadas en donde dicen que “tienen muchas amistades y que se tienen que quedar con ellos”. Montenegro fue secretario del Juzgado Tercero.

La red criminal La Línea, según investigaciones de Cicig y el Ministerio Público habrían defraudado al fisco guatemalteco mediante evasión de impuestos. Dicha evasión podría sumar varios millones de quetzales pero no ha sido cuantificado.

Agregó que espera que la población se una al movimiento, al que llamó “primavera guatemalteca”, –en referencia a las protestas que se han originado en países árabes-, y así logar que las autoridades le pongan atención a sus demandas.

Vecinos del sector ven con buenos ojos la decisión de los dos hombres, aunque aseguran que ellos solos no podrán ejercer mayor presión.

En el lugar hay expectativa de que pasará el lunes, cuando llegue a trabajar el personal del Registro de Ciudadanos, pues los dos hombres se instalaron en la entra principal de esa entidad.

La sesión comenzó a las 14.45 horas. Luis Rabbé, presidente de la junta directiva, dijo que le habían remitido dos propuestas, una que se aceptara la renuncia, y la otra que previamente se conformara una comisión de congresistas para validar la carta y firma.

Sn embargo, Gudy Rivera, diputado oficialista, mostró un acta notarial que daba fe de la firma de Baldetti, con lo cual la sesión continuó.

Ningún diputado se pronunció sobre el acta en mención. Rabbé llamó a votación y los 149 diputados aceptaron la renuncia.

Posteriormente, los diputados tomaron la palabra para razonar su voto, donde hubo reflexiones sobre las presiones de ciudadanos para forzar a los organismos de Estado para que trabajen en contra de la corrupción y, en el caso de los oficialistas, aplaudieron la decisión “valiente” de Baldetti por dimitir al cargo.

Conforme los diputados fueron saliendo del hemiciclo se dio por concluida la sesión a eso de las 19 horas. Durante un corto tiempo los parlamentarios no pudieron salir en vehículo del parqueo porque los manifestantes lo impedían del otro lado del portón hacia la 8 avenida, pero posteriormente se retiraron.

Después de la sesión, el Ministerio Público reportó que un juez había autorizado el arraigo de Baldetti, quien perdió la inmunidad y no podrá salir del país.

Así fue la crónica de la sesión plenaria

Tanto en la Constitución como en la Ley de Servicio Civil se señala los empleados públicos tienen el derecho de recibir el pago de una indemnización de parte de las entidades para las cuales laboraron, solo si se tratase del término de la relación por causa injustificada.

Durante la tarde del sábado, Herrera dijo que las declaraciones del ministro Carías fueron apresuradas porque Baldetti no va a cobrar indemnización. “Se descarta totalmente alguna erogación a la exvicepresidenta Roxana Baldetti, por cuanto ella misma ha indicado que no piensa hacer ningún tipo de solicitud al respecto”, comentó.

Baldetti presentó su renuncia voluntaria ayer al Congreso con copia al gobernante, quien en la tarde la hizo oficial en una conferencia de prensa. El Congreso la aceptó la tarde del sábado.

En la conferencia, el mandatario comentó que en una carta firmada por Baldetti se decía que ella abandonaba su cargo con la intención de solventar su situación legal, debido a los señalamientos hechos en su contra por supuestos vínculos con la red de defraudación aduanera La Línea.

Pide apoyo de ministros

En la reunión del Gabinete de Gobierno, Pérez Molina solicitó a sus ministros que continúen con su trabajo.

Los titulares de las carteras de Gobernación, Cultura, Agricultura, y Finanzas coincidieron en la solicitud expresada por el mandatario.

Tras la pista de Monzón

Mauricio López Bonilla, ministro del Interior, manifestó que se continúa con la búsqueda de Juan Carlos Monzón Rojas, exsecretario privado de la Vicepresidencia.

Además, no descartó que Honduras haya sido el destino de final de Monzón Rojas, debido a que en ese país tiene amigos.

Descarta terna

López Bonilla también descartó la existencia de la terna de la cual se podría seleccionar al eventual sustituto de Baldetti.

Rumores indican que el funcionario, así como la comisionada para la reforma policial, Adela Camacho de Torrebiarte y Julio Ligorría, embajador en Washington DC, Estados Unidos, podrían integrar el listado del cual el Congreso deberá elegir al próximo vicepresidente.

Cifuentes declaró a medios de comunicación al salir de la vicepresidencia, que encontró a Baldetti y que luce en buen estado de salud.

“Se practicó la Exhibición Personal y en efecto la vicepresidenta se encuentra en sus oficinas y en perfecto estado de salud, es lo único que les puedo decir”, declaró la jueza quien llegó acompañada de agentes de la Policía Nacional Civil.

La juzgadora acudió a la sede de gobierno para ejecutar la exhibición personal a favor de Baldetti, planteada por la bancada parlamentaria de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

con dudas

La ausencia de la Vicepresidenta provocó que también Ana Lucía Alejos a título propio iniciara la búsqueda de Baldetti con una solicitud ante el Ministerio Público para que por la vía judicial se conociera el paradero de la funcionaria.

Este jueves a través de los canales de comunicación oficial de la vicepresidencia, se divulgó una reunión de la funcionaria presidiendo el Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Conabed).

En el recurso planteado, la abogada pidió que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y medios de comunicación, acompañen al juez para efectuar la diligencia. Refirió que el presidente Otto Pérez Molina también podría enviar una terna al Congreso de la República para que nombre quien pueda sustituir a la vicemandataria.

DATO

También la Bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) emprendió la búsqueda de la vicemandataria, y presentó ante el Ministerio Público para que por la vía judicial, se determine el paradero de la vicepresidenta Roxana Baldetti.

La última vez que se le vio en público a la vicemandataria fue junto con el presidente Pérez Molina, el 23 de abril recién pasado, cuando anunció la prórroga del mandato de la CICIG, institución que reveló el funcionamiento de una estructura denominada La Línea en la cual aparecen involucrados funcionarios de gobierno.

CIRCULAN FOTOS

Poco después de que la abogada Alejos Botrán presentara el recurso, y que la bancada congresista de la UNE solicitaran también buscar a la vicemandataria, la oficina de comunicación de la Vicepresidencia hizo circular fotografías de Baldetti mientras encabeza la reunión que sostuvo con la Comisión Nacional de Bienes en Extinción de Dominio (CONABED).

https://twitter.com/VicepresidentRB/status/596383165150662656