Luego de haber decretado una reserva parcial de la audiencia, el juez Séptimo Penal, Fredy Orellana, empezó la diligencia de primera declaración de cuatro trabajadoras del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que son señaladas en el caso Corrupción Semilla, informaron este lunes 29 de enero fuentes judiciales.

Al haber declarado la diligencia bajo reserva, la audiencia se celebró a puerta cerrada y sin la presencia de la Prensa.

Se trata de Luz Elena de León Carreto, Jennyfer Mireya Estrada Escobar, Alma Beatriz Posadas Beltetón y Katherine Johanna Quezada Villatoro, a quienes la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) vincula en la investigación contra el partido Movimiento Semilla, del presidente Bernardo Arévalo y el cual fue suspendido por el juez Orellana.

Luego de varios minutos, Orellana suspendió la audiencia y la reprogramó para el 7 de febrero.

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Se sabe que solo los abogados defensores de Luz Elena de León Carreto y Jennyfer Mireya Estrada Escobar tuvieron intervención, mientras que los de Alma Beatriz Posadas Beltetón y Katherine Johanna Quezada Villatoro quedaron a la espera.

De acuerdo con la información, la audiencia se suspendió porque el juez Orellana debía atender otras diligencias.

Al juzgado se presentó Blanca Alfaro, presidenta del TSE, para respaldar a las cuatro trabajadoras del Tribunal, aunque no se pronunció sobre la situación de las señaladas.

De momento se desconoce los hechos concretos que la Fiscalía imputará a las cuatro trabajadoras del TSE.

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En este caso, José Alejandro Rueda Lone, oficinista IV del Departamento de Organizaciones Políticas del Registro de Ciudadanos se declaró culpable por la vía de aceptación de cargos de los delitos de tráfico de influencias e incumplimiento de deberes.

La FECI señala a personal del TSE por haber autorizado la inscripción del partido político Movimiento Semilla, pues de acuerdo con los señalamientos, hubo reportes de firmas falsas en las actas de afiliación de dicha agrupación.

Vielmann manifestó sentirse tranquilo a su salida de la audiencia donde se le notificó que fue capturado por el delito de ejecución extrajudicial. Se declaró inocente y dijo que la Feci realizó un montaje. “Van ver el reality show de la Feci, socializando, acusándonos y condenados públicamente”, aseguró.

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Recordó que él fue absuelto en el España por el caso de ejecución extrajudicial del caso Infiernito, donde se le encontró inocente de la acusación de haber ordenado la muerte de privados de libertad que se fugaron de esa cárcel en 2005. “De ser el mismo caso sería una doble persecución, algo ilegal”, comentó.

Afirmó que demandará a la Cicig por los abusos a los derechos humanos de los que es víctima.

“Es una persecución política y hago responsable de mi integridad personal a Iván Velásquez, a la Cicig, y la Feci. Ellos mismos, en el argumento cuando fue el juicio en España, dijeron no juzgarme en Guatemala porque ponían en riesgo y no podían dar garantías a mi vida. Yo fui absuelto en el caso Pavón e Infiernito en los tribunales españoles. Es una manipulación de la Cicig y la Feci”, declaró.

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En este sentido, Stu Velasco, exsubdirector de Investigación Criminal durante el actual gobierno, aseguró que su captura se debe a ser crítico de la Cicig. “Hago responsable a la Cicig, a -comisionado- Iván Velásquez y la Feci de lo que me pueda ocurrir”, dijo.

“Por no haber ido con ellos a Naciones Unidas a decir lo que ellos querían, si este es el costo, no me importa. Soy una persona objetiva, una persona veraz. Critico lo que debo criticar y aplaudo lo que debo aplaudir, no estoy en ningún bando”, comentó sin ofrecer detalles.

Tanto Vielmann como Stu Velasco, y otros detenidos hoy, Francisco Guarcax de Paz y Víctor Ruiz, quedaron en prisión provisional en Mariscal Zavala y la audiencia de primera declaración será el 9 de noviembre.

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Gómez Gonzáles fue uno de los hombres fuertes detrás de la campaña del excandidato Manuel Baldizón, preso en Estados Unidos, y uno de los actores claves en el caso Transurbano. 

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“Luis Gómez González figuró como vicepresidente de la asociación de Empresas de Autobuses Urbanos y fue uno de los promotores del proyecto denominado Transurbano (…) Con la diligencia de hoy se materializa la medida cautelar de inmovilización y embargo”, dijo este martes el MP.

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La fiscalía resaltó, citando al portal Guatecompras, que actualmente el empresario, que tiene órden de captura y es buscado por la Policía Internacional (Interpol), figura como representante legal de Tecnologías y Proyectos. 
De acuerdo con las pesquisas, Gómez González adquirió las ocho fincas por medio de su hermana Reina María González, quien figuraba como representante legal de esa firma hasta noviembre del 2015. 

El 2 de octubre último, la  hermana del prófugo reconoció ante un juez que ella era la representante de la entidad Expansión Quetzalteca, S. A., utilizada para la compra de un helicóptero para Manuel Baldizón, excandidato presidencial de la extinta agrupación Libertad Democrática Renovada (Líder), preso en Estados Unidos a la espera de ser deportado a Guatemala para que sea presentado ante la justicia por el caso de coimas de Odebrecht.



Las pesquisas apuntan a que Gómez González pudo haber controlado unos US$35 millones destinados al Transurbano. 

En diciembre del 2016, más de una veintena de propiedades del prófugo en la capital, Escuintla y Petén fueron inmovilizadas por el Juzgado de Extinción de Dominio. 

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En la denuncia, presentada en 2013, los diputados solicitaban la nulidad del contrato de usufructo; sin embargo, la Procuraduría General de la Nación (PGN) solicitó que se archivara con el argumento de que los diputados carecían de legitimiTRdad, la denuncia estaba defectuosa y ya habría prescrito el tiempo.

Esta solicitud la firmó Oliva, y la presentó en febrero del 2015 a la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo.

El actual jefe del departamento de lo Contencioso de la PGN, Víctor Hugo Mejicanos, indicó en una citación con EG, que Oliva nunca recibió órdenes de Villagrán, y que actuó de manera independiente.

En ese momento la diputada Nineth Montenegro, jefa de EG, le recordó a Mejicanos que, por ley los primeros cinco días de cada mes los jefes de departamento presentan informes sobre sus casos.

El representante de la PGN titubeó y aseguró que la Procuradora desconocía y si se enteró del caso no fue por Oliva, por lo que emitió una nueva resolución donde desconoce la petición y plantea continuar con la denuncia de los congresistas.

Excusa médica

Villagrán no acudió a la citación de los diputados y presentó un certificado médico firmado por Julia Robles Recinos, quien más tarde se supo era trabajadora de la PGN.

Robles Recinos presta sus servicios como médico de esa institución en el grupo 18 desde hace nueve años, y devenga Q10 mil mensuales.

Denuncia a su antecesora

El contralor general, Carlos Mencos, recordó que ya presentó una denuncia contra su antecesora Nora Segura, aunque se negó a dar detalles y explicó que está en investigación.

Mencos informó que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público le han solicitado más información sobre TCQ.

Mejicanos comentó que ya no se contratará consultores externos para llevar el caso TCQ porque es “muy caro”.

Reunión por pedido

La reunión entre la firma Maersk y el presidente Jimmy Morales se celebró a petición de esa compañía, justificó ayer el vocero presidencial, Heinz Hiemann.

“Los personeros de Maersk  tienen  interés de dar a conocer al país y al presidente que tienen interés en desarrollar temas de carga marítima en el país. Maersk administra alrededor del 80 por ciento de la carga marítima del país; entonces es un actor muy importante dentro de la economía nacional”, afirmó Hiemann.

Agregó que la procuradora general de la Nación, María Eugenia Villagrán, se reunió con “personeros” de Maersk, pero no respondió al cuestionarle por qué  no la invitaron a la cita con el gobernante. “En el caso con el presidente fue para hablar de la operatividad, no del tema penal”, afirmó.

La protesta se dio luego de que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público (MP) sacaran a luz la red de defraudación aduanera conocida como la Línea, y que involucraba a altos funcionarios públicos y de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Álvaro Montenegro, integrante de JusticiaYa!, indicó por teléfono que para conmemorar esa fecha importante para la ciudadanía, desde mañana, en la Casa de Cervantes, ubicada en la 5a. calle y 5a, avenida de la zona 1, se sostendrá una reunión con todos los colectivos para aportar ideas y sacar un manifiesto que se haría público el 25 de abril.

“Queremos hacer una asamblea ciudadana el 23 de abril; pero para esto vamos a tener una reunión en la Casa de Cervantes, zona 1, a las 16 horas, y lo que buscamos es tener un lineamiento de todos los colectivos para sacar un manifiesto ciudadano que tenga exigencias y una ruta de hacia donde debemos ir”, explicó Montenegro.

La reunión se hará luego de que finalice una manifestación en favor de la salud, la que se convocó para las 15 horas.

Sector Justicia

Montenegro señaló que los lineamientos incluyen darle seguimiento a la reforma constitucional del sistema de justicia, que es continuidad de lo que se exigió en el 2015 para fortalecer la carrera judicial.

Las manifestaciones en la Plaza de la Constitución se dieron para exigir la renuncia, primero, de Roxana Baldetti y, posteriormente, la de Otto Pérez Molina.

Los ciudadanos manifestaron durante 20 sábados seguidos para expresar así su malestar y rechazo por los actos de corrupción e impunidad en el país.

Macri, alcalde de Buenos Aires entre el 2007 y el 2015, había sido procesado en el 2012 por su responsabilidad en el funcionamiento de una red de espionaje ilegal en dependencias de la alcaldía para intervenir teléfonos sin orden judicial, entre ellos el de su excuñado.

Un tribunal de segunda instancia revocó el procesamiento, pero Macri continuó imputado en la causa a la espera de nuevas medidas de prueba solicitadas por la justicia.       

El presidente siempre negó los cargos y denunció que la causa en su contra era una maniobra política urdida por el gobierno kirchnerista para desacreditarlo.       

El exjefe de la policía de la ciudad, Jorge Palacios, el exministro de Educación de la capital Mariano Narodowski y un exagente de inteligencia, entre otros, enfrentarán un juicio oral por esta investigación.       

Además de la expareja de una hermana de Macri, también sufrió escuchas ilegales el familiar de una víctima del atentado contra un centro judío de Buenos Aires en 1994 y que había cuestionado duramente al alcalde por la designación de Palacios como primer jefe de la policía capitalina pese a estar procesado en una causa por irregularidades en la investigación del ataque terrorista.       

“Había pruebas suficientes para que todo termine en un juicio oral. Apelaremos, pero sin esperanzas”, dijo a radio Continental Sergio Burstein, integrante de la agrupación 18J  (de familiares y amigos de víctimas del atentado a la AMIA) .

Recordó que “hay declaraciones televisivas de Macri jactándose de que él lo eligió a Palacios basándose en lo que le dijeron en las embajadas de Estados Unidos e Israel”.       

En tanto que la justicia también determinó que fue Franco Macri, el padre del presidente electo, quien había contratado en el 2008 los servicios de una empresa privada de seguridad para el seguimiento de quien entonces era pareja de su hija Sandra porque temía por su seguridad.  

Roberto Garza, portavoz de la entidad, dijo que por orden de juez a la exmandataria se le han efectuado 18 evaluaciones médicas desde que fue detenida y ha manifestado problemas de salud.

La nueva orden llegó este jueves al Inacif. Garza explicó que los médicos deben entregar su informe en las próximas 48 horas por lo que podrían llevar a cabo el chequeo y entregar el informe antes del domingo.

El vocero explicó que a la ex vicemandataria le hacen un chequeo general que incluye medición de la presión arterial, temperatura y signos vitales entre otros.

Trasladada

El 6 de noviembre último, Baldetti fue trasladada a un hospital privado en la zona 4 de Mixco por orden del juez Gálvez.

En esa fecha, el juzgador autorizó el traslado de la exfuncionaria al centro asistencial para que la evaluaran y ordenó que le retiraran el catéter que le habría provocado deterioro de su salud.  También pidió que la ex vicepresidenta permanezca el tiempo necesario en el nosocomio hasta que su salud sea estable.

Francisco García, médico del Inacif, dijo durante la audiencia que el catéter podía ser retirado en el centro preventivo para mujeres. García también recomendó someter a Baldetti a un examen gástrico para saber si hay riesgo de otras infecciones.

En la misma audiencia se conoció que el cuadro diarréico y fiebre que aquejan a la exfuncionaria se derivan de una cirugía estética a la que se sometió.

Baldetti es señalada por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala de ser una de las cabecillas de La Línea y está sindicada de asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.

El acuerdo ha permitido a las empresas transferir libremente información entre Estados Unidos y la UE.
Ha sido un impulso para el comercio desde entonces y la ausencia de un proceso similar podría complicar el intercambio rápido y sencillo datos en internet.      
El Tribunal Europeo de Justicia determinó este martes que el acuerdo para compartir datos no es válido.
El acuerdo de “puerto seguro” permite que las autoridades estadounidenses interfieran con los derechos fundamentales y no hace referencia ni a las normas estadounidenses para limitar esa interferencia ni a una protección legal efectiva contra esta práctica.             
Ahora, indicó la Corte, el comisario irlandés de protección de datos debe estudiar la reclamación de Schrems “con la diligencia debida” .         
Cuando haya concluido su investigación, el organismo debe “decidir si la transferencia de datos de los suscriptores europeos de Facebook a Estados Unidos debe suspenderse sobre la base de que el país no ofrece un nivel adecuado de protección a los datos personales”, indicó la Corte en un resumen de su sentencia.          
Facebook indicó que no podía hacer comentarios en un primer momento.
 
Schremos dijo confiar en que la decisión no impida la transferencia de datos entre Estados Unidos y la Unión Europea, sino que permita que las autoridades de protección de datos revisen cada transferencia.         
“Pese a algunos comentarios alarmistas, no creo que veamos grandes alteraciones”, afirmó.             
Sophie In’t Veld, destacada parlamentaria progresista en el Parlamento Europeo, celebró la decisión y describió el pacto de “puerto seguro” como “un travestismo de la legalidad”.    
“Necesitamos normas claras que gobiernen la transferencia de datos personales a Estados Unidos y otros países de fuera de la UE”, afirmó.
“Pero deben tener garantías legales, ofrecer una protección real y significativa, y debe haber un cumplimiento adecuado”.

Gálvez, juez Primera de Mayor Riesgo B, dispuso suspender la audiencia para analizar los todos los medios de prueba que fueron presentados en las dos sesiones por la fiscalía, el descargo de Pérez Molina y el argumento del abogado defensor que piden la falta de mérito por los delitos que es señalado el exmandatario.

A las 15.23 horas, el juzgador afirmó que “lo más prudente” que podía hacer era suspender la audiencia de primera deflación del exmandatario para “hacer un razonamiento lógico y profundo”, de los argumentos que expondrá para sustentar su decisión.

Tras suspendida la audiencia, el exmandatario se acercó a los medios de comunicación que estaban presentes en la sala e indicó que por sugerencia de sus abogados se abstendría de brindar declaraciones porque “el juez no ha tomado una decisión y no quiere interferir en ella con algo que diga”.

De esa forma el que hasta este jueves era el Presidente del país, pasará cuatro días en la cárcel militar del cuartel Matamoros a la espera de que el juez Gálvez determine si hay suficientes elementos de prueba para ligarlo a proceso.

Pérez Molina, es señalado por el Ministerio Público (MP), y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), de cometer los delitos de cohecho pasivo, asociación ilícita y caso especial de defraudación aduanera.

Además el expresidente también sería según el MP y la Cicig, el presunto cabecilla, junto a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti Elías, ya ligada a proceso, de una estructura de defraudación tributaria que habría desfalcado varios millones de quetzales al Estado guatemalteco.

Segundo día de audiencia

El expresidente llegó a las 8 horas y sumó a su defensa a Moisés Galindo, quien también es defensor de los militares retirados Byron Lima y de Efraín Ríos Montt. El juez llegó y  reanudó la audiencia de primera declaración a las 9.48 horas.

Los fiscales del MP continuaron con la presentación de escuchas telefónicas donde resaltó que miembros de la red La Línea hablaban de una reunión en la casa del presidente. También se presentó una escucha de la ex vicepresidenta que mencionaba “poco a poco me voy separando”, suponiendo los fiscales que de los negociosilícitos en las aduanas.

La fiscalía también presentó escuchas donde los miembros de la estructura se alertaban de los operativos del MP y Cicig y donde además negocian una medida sustitutiva, una vez llegaran a los tribunales de justicia y de la compra de un helicóptero supuestamente para Pérez Molina.

Pérez se defiende

Luego de terminar la intervención de los fiscales el juez ordenó el primer receso. A las 11.24 horas el exmandatario comenzó su declaración en la cual comenzó restando crédito a las versiones del MP y aseguró que no le importaba el dinero.

Como ejemplo indicó que cuando en junio de 1993 capturó al narcotraficante Joaquín el Chapo Guzmán Loera, que en ese momento le ofreció entre 10 y 15 veces más de lo que hoy la fiscalía indica que presuntamente recibió por la estructura.

Pérez también afirmó que asume su responsabilidad por nombrar a los Carlos Muñoz y Omar Franco en la Superintendencia Tributaria, pero afirmó que no tiene nada que ver con la estructura y dijo estar molesto por la forma en que los fiscales se dirigieron ayer a él, pues no “respetaron su derecho de presunción de inocencia”.

Al finalizar su declaración, Pérez Molina recalcó que dará la cara, pero se negó a responder preguntas de la Fiscalía por recomendación de sus abogados, explicó. El juez ordenó un segundo receso.

Piden ligar a proceso

A las 13.50 horas continuó la audiencia y el MP presentó sus argumentos por el cual considera que el juez debía ligar a proceso a Pérez Molina. A esa petición se adhirieron como querellantes la Cicig, la Superintendencia de Administración Tributaria y la Procuraduría General de la Nación.

El abogado del exmandatario tomó la palabra y refutó las sindicaciones del MP y afirmó que “se quedó esperando el plato fuerte” y afirmó que de miles de llamadas interceptadas “solo se presentó una y fuera de contexto”.

El legalista también cuestionó el fundamento de los delitos que el MP señala en contra de Pérez y aseguró que no se sabe dónde está el supuesto dinero que el exmandatario recibió por ser integrante de la estructura.

Tras presentar sus argumentos el defensor de Pérez Molina solicita la falta de mérito de los señalamientos en contra de Pérez Molina. También dijo que el juez ya había tomado partido y que debió recusarse de conocer el caso. Acto seguido el juez suspendió la audiencia y retomarla el martes, para poder fundamentar su decisión.

Al final de la jornada y tras la salida del Juez de la Sala, Pérez Molina lució sonriente y estrechó la mano de sus abogados antes de emprender el retorno, de nuevo a la cárcel de Matamoros.

Los tres jueces del Tribunal de Mayor Riesgo acordaron que por su estado de salud los abogados lo representen en ese proceso penal.

 “Todos los peritos en psiquiatría consideran que el acusado Ríos Montt  padece de una enfermedad mental (…) de esa cuenta atendiendo a los dictámenes psiquiátricos y médicos se considera que no está en condiciones de enfrentar un juicio común (…)  por lo tanto la sentencia versará sobre la absolución  o sobre la aplicación de una medida de seguridad y corrección”, establece la resolución del tribunal.

En el documento  la jueza Sara Yoc razonó su voto afirmando que debe cesar el proceso penal por su incapacidad.

Resultados

El martes 18 de agosto, el Tribunal B de Mayor conoció el informe médico del resultado del examen practicado a Ríos Montt. Según el perito Walter Rinze, el general retirado sufre demencia vascular mixta cortical y subcortical, lo cual causa lesiones en el cerebro.

Este tipo de enfermedad se considera la segunda causa de demencia en los adultos, después del Alzheimer.

Rinze trabaja en el hospital Federico Mora desde hace ocho años, de esos, durante seis años ha atendido pacientes de la tercera edad.

Según  el experto, Ríos Montt también tiene problemas auditivos y visuales, además de enfermedades cardiovasculares.

“Los cuadros demenciales son irreversibles porque son degenerativos”, explicó el perito.

El exdictador, de 89 años, salió del centro hospitalario el pasado martes 11 de agosto tras concluir una semana de estudios médicos solicitados por el Ministerio Público para determinar su estado de salud.

Según señaló ayer el diario South China Morning Post, las empleadas del centro comercial donde ocurrió el suceso ya sabían que la plancha metálica que había en el extremo superior de la escalera, por la que cayó la mujer, estaba suelta, pero no supieron evitar el siniestro, ocurrido en la ciudad de Jingzhou, provincia de Hubei.

Las mujeres ni siquiera pulsaron el botón de emergencia que podía detener las escaleras cuando la mujer se hundía bajo ellas, como se muestra en las imágenes tomadas por las cámaras de seguridad, en las que las empleadas se limitan a alejarse del lugar del accidente con el hijo de la fallecida, que salvó su vida gracias a su madre.

En las redes sociales chinas, el insólito accidente ha generado preocupación por la fiabilidad de las escaleras mecánicas, aparatos que millones de personas utilizan a diario y que no es la primera vez que protagonizan tragedias en el país.

En 2011, un fallo en una escalera mecánica del metro de Pekín, que estaba subiendo y repentinamente comenzó a bajar, causó la muerte de un niño de 13 años y decenas de heridos, en las cercanías del zoológico de la capital china.

La mujer fallecida el domingo, Xiang Liujuan, de 30 años, ha sido muy elogiada por su heroísmo, ya que en el momento del accidente, en lugar de intentar salir de las escaleras, optó por empujar a su hijo para alejarle del peligro.

Equipos de rescate tardaron cuatro horas en recuperar el cadáver de la mujer, mientras que el centro comercial donde ocurrieron los hechos por el momento no ha emitido ningún comunicado ni ha contestado a las preguntas de los medios. chinos.

José Domingo Fuentes Laylle y Carlos Rafael Morán Dávila figuran en la página de Guatecompras como representantes legales de las empresas Medicina Corporativa S.A. y Surtidora Médica S.A. Esta última, sin señalamientos, es la que donó Q2.3 millones a Líder en 2014.

En Medicina Corporativa, Fuentes Laylle y Morán Dávila son los representantes tres y siete, respectivamente. Esta empresa fue subcontratada por Droguería Pisa para dar el servicio de diálisis a afiliados del IGSS y ganó el otro concurso para el tratamiento de hemodiálisis en el Seguro Social, pero ello gracias a que, según los señalamientos del Ministerio Público, pagó un soborno mayor al que ofrecía otra para que se le adjudicara ese contrato.

De hecho, el contrato con Pisa fue rescindido debido a las denuncias de mal servicio, infecciones a un centenar de personas y la muerte de 13 pacientes renales.

El 20 de mayo fueron capturadas por este caso 17 personas —señaladas de fraude—, entre ellas la Junta Directiva del IGSS, incluyendo a su presidente, Juan de Dios Rodríguez, ex secretario privado del presidente Otto Pérez Molina, así como el director de Pisa en Guatemala, Ramiro Lorenzana.

A los capturados se les señala por fraude por la adjudicación del contrato por Q137.8 millones a Pisa para brindar el tratamiento de diálisis ambulatoria, el cual recibió una condena de la Procuraduría de Derechos Humanos y cuya rescisión fue recomendada por la Contraloría General de Cuentas.

Pisa subcontrató, para prestar el servicio, a Medicina Corporativa, aunque de esta última ninguno de sus directivos ha sido capturado.

¿Otro soborno?

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) dijo que investigará otro caso, que surge a raíz de las escuchas telefónicas, en el que la empresa adjudicada para el tratamiento de hemodiálisis —Medicina Corporativa—, pagó, según los señalamientos, el 25 por ciento del valor del contrato adjudicado. Se desconoce cuándo se inicia la investigación.

La empresa tiene, según Guatecompras, ocho representantes legales, entre los que figuran Fuentes Laylle y Morán Dávila, y 36 nombres comerciales registrados en esa página.

Proveedora

Surtidora Médica, financista, no es investigada por ningún caso, y, aunque aparece en Guatecompras como proveedora del Estado, no tiene registros de contratos adjudicados; en cambio, Medicina Corporativa o Medicorp, ha recibido, entre el 2006 y el 2015, Q223 millones 504 mil 472.03 en contratos.

Esta empresa recibió el mayor monto —Q122 millones 773 mil 416.33— este año, gracias a tres concursos que le fueron adjudicados por el IGSS: uno el 20 de enero, por Q119 millones para servicio de hemodiálisis; el segundo, el 29 de abril por Q3.2 millones, también para hemodiálisis —ambos bajo licitación— y un tercero, en compra directa por Q66 mil, el 20 de mayo, para el servicio de densitometría ósea central de columna y cadera.

El concurso del 20 de enero es el que sería causa de la investigación de Cicig.

Financiamiento

El informe público más reciente sobre financiamiento a los partidos políticos que tiene publicado el TSE, del 1 de enero al 30 de junio del 2014, revela que la otra empresa a la que pertenecen Fuentes Laylle y Morán Dávila financió a Líder con Q2 millones 300 mil, del total de Q3 millones 123 mil que reportó en ese semestre el partido.

En el listado otorgado por Líder al TSE destacan las cifras entregadas por Surtidora Médica, pues con solo cuatro aportes en seis meses entregó el 73.6 por ciento del total de recursos a la agrupación.

Los montos entregados por la empresa, a la que Líder señala en el informe como “simpatizante”, son de Q500 mil, Q1 millón y dos de Q400 mil.

Los otros montos que figuran en el informe del partido son de Q1 mil en su mayoría, y solo hay tres con montos de entre Q150 mil y Q300 mil que son aportes de otras tres empresas.

Se consultó con el TSE sobre el informe de financiamiento de este año, pero, pese a que los partidos ya entregaron la información, se indicó que todavía no es público.

Al consultar al partido Líder, confirmó haber recibido fondos de dicha empresa en el 2014 y también este año.

Negaron que estos aportes representen compromiso alguno de llegar al Gobierno y dijeron no conocer el nexo entre las dos empresas. En todo caso, señalaron, que si se comprobara algún ilícito de un financista, devolverían el aporte.

Registro

Prensa Libre consultó en el Registro Mercantil sobre el acta de constitución de Surtidora Médica, en el que no figura el nombre de Fuentes Laylle, pero sí el de Morán Dávila.

La empresa fue constituida el 30 de julio del 2001, por Rosa Emilia Mata Navas de Méndez y Ana Lucía Franco Ambrosio, con un capital de Q5 mil.

Según la patente de comercio, la empresa tiene el objeto de compra, venta, importación y exportación de todo tipo de productos médicos y farmacéuticos y efectuar todo tipo de negociaciones sobre la materia.

Nombramiento

Desde el día en que fue constituida la empresa, la representante legal y administradora única fue Mata Navas de Méndez, quien, según el documento, fungiría durante tres años, hasta que la asamblea de accionistas emitiera otra resolución.

El 17 de octubre de 2012, un acta notarial confirma el nombramiento de Morán Dávila como presidente del Consejo de Administración y representante legal de la empresa Surtidora Médica.

Según la delegada de la PDH, Karin Linares, se tuvo conocimiento del hecho por medio de las redes sociales y se le dio seguimiento; se consiguió una de las boletas lanzadas en la calle y se presentó la denuncia en el MP y en la delegación en Totonicapán del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral.

Linares indicó que solicitaron al MP y TSE que se deduzca las responsabilidades penales y administrativas a la persona que resulte responsable del lanzamiento de las boletas, y de quienes estén involucrados en el manejo de las boletas.

Rolando Vásquez, presidente de la junta directiva de los 48 cantones dijo que es lamentable que se esté cometiendo esta clase de ilícitos que dejan mucho que pensar, tomando en cuenta que se aproximan las elecciones generales, donde cualquier partido político haga uso de estas boletas para beneficiarse.

Como autoridades comunitarias velaremos por darle seguimiento a este caso y pediremos una explicación al TSE sobre la aparición de estas boletas.

Fernando Tzul delegado del Tribunal Supremo Electoral de Totonicapán afirmó que estas boletas no pertenecen a esa jurisdicción. “Por el numeral que tiene el sello 739 no coinciden con los registros de los empadronadores de Totonicapán y mientras no se registren en estas oficinas no sirven de nada; además están incompletas ya que no tienen copia.

Agregó que la Inspección Electoral investiga de dónde proceden esas papeletas.