Leyla Lemus asume presidencia de la CC y promete firmeza ante presiones políticas

Durante su toma de posesión, la nueva presidenta de la CC advirtió que el tribunal no se someterá a presiones externas, y llamó a defender el legado constitucional a 200 años de la primera Carta Magna de Guatemala.

Sandy Pineda

14 de abril de 2025 | 14:56h

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La magistrada presidenta Leyla Lemus durante el acto de toma de posesión en la Corte de Constitucionalidad, este lunes 14 de abril de 2025. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

La magistrada Leyla Lemus asumió este lunes 14 de abril del 2025 la presidencia de la Corte de Constitucionalidad (CC), convirtiéndose en la última presidenta de la octava magistratura, la cual culminará su periodo en abril del 2026.

En su discurso de investidura, Lemus recalcó que el tribunal no cederá ante presiones externas de ninguna índole, y reiteró la importancia del respeto irrestricto al orden constitucional y a la separación de poderes.

“Vivimos tiempos en que las presiones sobre las instituciones democráticas se intensifican (…) Esta Corte, en esta presidencia, no cederá a presiones que pretendan torcer el sentido de nuestra Constitución”, aseguró.

Con un tono firme, Lemus remarcó que la independencia judicial no es negociable y advirtió que cualquier intento de someter a los tribunales a intereses ajenos a la Carta Magna constituye una traición a la ciudadanía.

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“Una justicia que se doblega ante intereses ajenos a la Constitución traiciona su razón y abandona a la ciudadanía, que es a la llamada a proteger”, subrayó.

La presidenta de la CC señaló que su mandato coincide con un momento histórico para el país: los 200 años de la primera Constitución de Guatemala, promulgada en 1825 como parte de la Federación Centroamericana.

A juicio de Lemus, este bicentenario ofrece una oportunidad para renovar el compromiso con el legado constitucional y fortalecer la cultura democrática.

“Estoy convencida de que la mejor forma de honrar nuestro legado constitucional es asegurando que cada ciudadano guatemalteco comprenda, valore y defienda los principios que nos han erigido como sociedad desde aquellos primeros pasos hace ya dos siglos”, manifestó.

Como parte de la conmemoración, anunció que el Instituto de Justicia Constitucional se enfocará en programas de divulgación para promover el conocimiento de los derechos fundamentales y los mecanismos de protección constitucional entre la ciudadanía.

Separación de poderes

Lemus advirtió que uno de los riesgos actuales más graves para la democracia es la concentración de poder, e insistió en que la Corte actuará como una barrera frente a cualquier intento de debilitar el equilibrio institucional.

“Cuando un poder de Estado pretende imponerse sobre los demás o absorber sus funciones, la democracia sufre heridas profundas que pueden ser irreparables”, advirtió.

Entre las prioridades de su gestión, Lemus anunció un plan de modernización administrativa para agilizar procesos, digitalizar servicios y mejorar el acceso a la información pública.

“La justicia que tarda se convierte en injusticia (…) Guatemala merece y necesita instituciones transparentes”, afirmó.

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En el cierre de su discurso, Lemus hizo una firme defensa del Estado de derecho y del sufragio ciudadano, asegurando que la Corte no permitirá interpretaciones jurídicas que debiliten los principios democráticos o justifiquen decisiones fuera del marco constitucional.

“Esta Corte no guardará silencio ante violaciones al orden constitucional, ni será cómplice de interpretaciones que pretendan vaciar de contenidos los derechos y garantías de nuestra Constitución”.

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Los rostros del poder en la investidura de Leyla Lemus como presidenta de la Corte de Constitucionalidad

Altos funcionarios de los tres poderes del Estado, magistrados y figuras señaladas por Estados Unidos se dieron cita en la solemne investidura de la nueva presidenta de la CC.

Sandy Pineda

14 de abril de 2025 | 11:07h

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Leyla Lemus, magistrada titular de la Corte de Constitucionalidad, fue secretaria general de la Presidencia durante el gobierno de Alejandro Giammattei. Ese lunes 14 de abril del 2025 asumió la presidencia de la CC. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

La ceremonia de investidura en la Corte de Constitucionalidad (CC) no solo marcó el inicio de una nueva presidencia a cargo de Leyla Lemus, también reunió a altos funcionarios de los tres poderes del Estado, exministros y figuras clave del sistema de justicia, algunos de ellos con un historial que ha captado atención internacional.

El magistrado Nester Vásquez Pimentel, presidente saliente de la CC, fue uno de los protagonistas de la jornada.

En abril del 2024, Vásquez Pimentel asumió la presidencia del máximo tribunal guatemalteco como parte de la rotación legal, a pesar de haber sido sancionado en el 2021 por el gobierno de Estados Unidos e incluido en la Lista Engel, acusado de influir indebidamente en el nombramiento de jueces.

La sanción implicó el retiro de su visa y la prohibición de ingreso al país norteamericano.

También fueron retratados juntos los magistrados de la CC: Roberto Molina Barreto, Dina Ochoa, Héctor Pérez, Rony López, Claudia Paniagua, Juan José Samayoa, Walter Jiménez y Luis Rosales.

La fotografía de grupo fue completada por la presencia de las máximas autoridades del Estado: el presidente Bernardo Arévalo (Ejecutivo), Nery Ramos (Congreso) y Teódulo Ildefonso Cifuentes Maldonado (Organismo Judicial y Corte Suprema de Justicia).

En la ceremonia también fue captado el exministro de Gobernación Carlos Vielman, recordado por su gestión entre el 2004 y 2007 durante el gobierno de Óscar Berger.

Su paso por el cargo incluyó señalamientos de ejecuciones extrajudiciales en cárceles, lo que lo llevó a enfrentar un proceso judicial en España, donde fue absuelto en el 2017.

El Tribunal Supremo español ratificó su absolución en el 2018. Desde su regreso al país, ha continuado participando activamente en la política nacional.

La fiscal general Consuelo Porras, también incluida en la Lista Engel por supuestos actos de corrupción y persecución a fiscales independientes, estuvo presente en la investidura. Porras ocupa el cargo desde el 2018 y fue reelegida en el 2022, lo que provocó críticas tanto dentro como fuera del país.

Ángel Pineda, actual secretario general del Ministerio Público (MP), una figura clave en la estructura administrativa de la institución, también acudió. Cercano a la fiscal general Consuelo Porras, su nombre ha sido vinculado a decisiones estratégicas de la fiscalía y a casos de alto perfil.

En el 2021 fue incluido en la Lista Engel del Departamento de Estado de EE. UU., señalado por obstruir investigaciones anticorrupción y socavar procesos judiciales independientes en el país.

También asistió Karin Herrera, vicepresidenta de Guatemala desde enero del 2024, ha generado controversia por su postura sobre su salario y su distanciamiento con el presidente Arévalo. En una entrevista del 4 de abril del 2025, Herrera expresó: “Nosotros conversamos, como lo he expresado, no somos amigos. A mí me gustaría estar más involucrada en algunos aspectos, pero comprendo que esa es la dinámica de los gobiernos en Guatemala”.

Esta declaración surgió en el contexto de una controversia sobre su salario, cuando Herrera decidió no reducir su sueldo, a pesar de la instrucción del presidente, citando posibles implicaciones legales futuras.

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Sandy Pineda y Douglas Cuevas

25 de febrero de 2025 | 13:52h

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Los diputados del Congreso de la República aprobaron un reajuste en el presupuesto del Legislativo en una extensa sesión plenaria del 26 de noviembre 2024. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

El Congreso de la República destinaría unos Q2.8 millones más cada mes y Q33.7 millones anuales para cubrir el aumento salarial de los diputados, en caso quede en firme la resolución de la Junta Directiva de equiparar su sueldo con el de los magistrados de Corte de Apelaciones.

De acuerdo con el acta legislativa 10-2025, el salario de cada diputado pasará de Q29 mil 150 a Q46 mil 700, lo que representa un incremento de Q17 mil 550 mensuales.

La cifra incluso podría ser superior en el caso de los integrantes de la Junta Directiva que perciben otros ingresos con relación al cargo que ocupan.

En términos porcentuales, el aumento equivale a un 60.2% del salario base de los congresistas.

Aumento ya fue aprobado, según acta

El acta 10-2025 consigna que la Junta Directiva del Congreso tomó la decisión el pasado 4 de febrero del 2025, cuando siete de ocho diputados presentes votaron a favor del incremento salarial.

Según el documento, la medida tiene carácter retroactivo y por tanto, el nuevo sueldo debía aplicarse desde el 1 de febrero de 2025.

El proceso que llevó al aumento salarial inició con una consulta realizada al Organismo Judicial (OJ) para conocer la remuneración de los magistrados de Corte de Apelaciones.

La respuesta oficial, identificada con el número 303 y fechada el 3 de febrero del 2025, sirvió de base para que la Junta Directiva aprobara la modificación presupuestaria.

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Postura de la CC

La Corte de Constitucionalidad (CC) también intervino en el tema y estableció que el aumento salarial de los diputados debía ser confirmado o rechazado por el pleno del Congreso, en lugar de ser decidido solo por la Junta Directiva.

Sin embargo, según fuentes cercanas a la CC, la Junta Directiva argumentó que la orden de la Corte no estaba en la parte resolutiva del documento y que, por lo tanto, el tema podía considerarse como una “decisión administrativa”.

En respuesta a las críticas y la difusión de noticias sobre el tema, la CC emitió un comunicado aclarando que no validó el aumento de sueldo y que existen pasos a seguir para confirmar o rechazar la decisión.

Además, advirtió que si no se cumplen las disposiciones constitucionales, la Corte podría actuar de oficio.

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A pesar de que la documentación confirma que la decisión fue tomada desde hace semanas, el presidente del Congreso, Nery Ramos, y la primera secretaria, Karina Paz, aseguraron el pasado 24 de febrero del 2025 que el dictamen favorable sería analizado hasta el martes 25.

No obstante, el acta firmada por siete miembros de la Junta Directiva contradice estas declaraciones.

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El acta 10-2025 refleja que Junta Directiva del @CongresoGuate aprobó el aumento de sueldo a diputados. Fuentes aseguran que ayer la Directiva y diputados de diversos bloques se reunieron para buscar que no se retrasé el nuevo salario de Q46, 700. https://t.co/982DF4Q1vs pic.twitter.com/lmKctZ5dnP

— Douglas Cuevas (@dcuevas_gtv) February 26, 2025

Críticas por aumento

El aumento salarial de los diputados ha generado diversas reacciones en la opinión pública, así como en sectores sociales y políticos, quienes cuestionan la necesidad de un incremento de este tipo en un contexto de demandas presupuestarias en otros sectores del país.

Además, el hecho de que el pleno del Congreso no haya discutido la decisión genera dudas sobre la legalidad del procedimiento.

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Corte de Constitucionalidad rechaza recurso de ampliación y aclaración de la CSJ

Pese a la orden de la CC, la Corte Suprema de Justicia continúa sin llegar a consensos para elegir al presidente del Organismo Judicial.

Douglas Cuevas y William Oliva

16 de noviembre de 2024 | 10:49h

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La Corte Suprema de Justicia continuaba este sábado sin llegar a consensos para elección de quien presidirá el OJ. (Foto: Guatemala Visible/X/@guatevisible)

La Corte de Constitucionalidad (CC) rechazó este sábado 16 de noviembre un recurso de ampliación y aclaración que había presentado la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre el plazo que le había dado la máxima instancia para elegir al presidente del Organismo Judicial (OJ).

La CSJ continuaba hoy en sesión permanente para elegir a quien presidirá el OJ, pero tenía duda sobre la hora en que terminaba el período que la CC les había ordenado para lograr esa tarea.

Fuentes de la CC dijeron que la Suprema de Justicia debería interpretar la ley del OJ y saber que el plazo vence este sábado a la medianoche.

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Al no llegar a consensos para elegir al presidente del OJ, la máxima corte le ordenó a la CSJ el fin de semana pasado cumplir con ese proceso en un lapso no mayor a cinco días.

El proceso en el OJ se complicó en las últimas horas, cuando  la magistrada Flor de María García declinó buscar el puesto y su lugar lo tomó el magistrado René Girón.

La CC por su parte convocó a sesión extraordinaria hoy, sábado, a las 9 horas, ante la aparente falta de cumplimiento de la orden para la elección del primer presidente de la nueva CSJ para el período 2024 – 2025, donde fue rechazada la petición que se había solicitado.

Entre tanto, la CSJ indicó que retomaría las actividades de elección hoy a las 10 horas, por lo que el tiempo se les agota.

La CC también remitió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) los expedientes relacionados con el amparo contra Porras, Curruchiche y Orellana.

El amparo planteado por las autoridades indígenas solicita que se otorgue la protección constitucional de amparo “declarando la amenaza de violación al principio de supremacía constitucional, a nuestro derecho a elegir, al voto universal, secreto y único, a la efectividad del sufragio y a la libertad del voto.

Además, solicita que se deje en suspenso la resolución emitida por el juez Orellana “que ordenó los allanamientos ejecutados el 12 y 13 de septiembre de 2023 en instalaciones del Centro de Operaciones del Proceso Electoral y el Registro de Ciudadanos”.

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También solicite que por medio de amparo “se conmine a la fiscal general y jefa del Ministerio Público y al jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad a abstenerse de realizar solicitud y ejecutar cualquier acción que ponga en riesgo o amenaza los derechos y principio individualizados”

Sumado a eso, en el amparo piden que “se conmine al presidente constitucional de la República para que ordene al director de la Policía Nacional Civil abstenerse de acatar ordenes o solicitudes de las autoridades impugnadas que ponga en riesgo o amenaza los derechos y principio individualizado”.

Además, le solicitan a la Corte que se ordene la separación del cargo “ipso facto” de Porras, Curruchiche y Orellana.

Sin embargo, este viernes se conoció que el CC le dio trámite al amparo interpuesto por las autoridades ancestrales, pero para determinar si procede o no le fijó 48 horas al presidente Giammattei para envié un informe circunstanciado referente a los actos señalados por las autoridades indígenas.

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“Para resolver si procede o no el amparo provisional, que el Presidente de la República de Guatemala, autoridad denunciada remita el antecedente del caso o, en su defecto informe circunstanciado, dentro del perentorio término de cuarenta y ocho horas, con la salvedad de que, si no tuvieren en su poder lo mencionado, informe a esta Corte al respecto y remita el requerimiento a donde corresponda para dar cumplimiento a lo ordenado”, detalla la CC en su resolución.

Además, la resolución detalla que “por razón de competencia” se remite “para conocer y emitir pronunciamiento, copias certificadas del escrito inicial del amparo instado y del escrito relacionado en esta resolución a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para que continúe con el trámite correspondiente al amparo” contra Porras, Curruchiche y Orellana.

“Se dispone ordenar al Congreso, su junta directiva y a los diputados, según corresponda, proceder en forma inmediata a incluir en agenda la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia”, dijo la magistrada de la CC Leyla Lemus en conferencia de prensa el martes pasado.

Agregó que los diputados deben “concluir el proceso de elección a más tardar el 15 de diciembre” próximo, por decisión de la CC; sin embargo, el Congreso solicitó una ampliación respecto a la orden emitida por la alta corte.

“Después de un análisis de la debida ejecutoría, la dirección de asuntos jurídicos presentó un recurso de aclaración y ampliación, toda vez que hay dudas razonables sobre el proceso que ya se había iniciado”, explicó el pasado miércoles el diputado Aníbal Rojas, secretario de la Junta Directiva del Congreso.

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Asegura que la aclaración se pidió “con el fin de garantizar el debido proceso y el estricto cumplimiento de lo resuelto”.

Sin embargo, este jueves 9 de noviembre, la CC declaró sin lugar la solicitud hecha por el Congreso.

La CC declaró “sin lugar las solicitudes de aclaración y ampliación presentada por el Congreso de la República de Guatemala, por medio de su mandatario judicial con representación, Mynor Rafael Prado Jacinto, del auto por esta Corte el seis de noviembre de dos mil veintitrés”, dice la resolución.

De esa cuenta, la orden de la CC sigue vigente y los diputados tienen pendiente elegir de una lista de 26 candidatos a los 13 nuevos integrantes de la CSJ, así como a los 135 de Cortes de Apelaciones para terminar el periodo 2019-2024.

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La elección está entrampada luego de que el Ministerio Público (MP) revelara una investigación que señalaba al operador político Gustavo Alejos de haber manipulado la nómina de elegibles.

Según la investigación, Alejos se reunió con diputados, jueces, magistrados y abogados para pactar la nómina final que elegiría el Congreso.

Ante ello, el exfiscal Juan Francisco Sandoval, ahora exiliado en Estados Unidos, presentó un recurso de amparo contra el Congreso por la “amenaza real e inminente sobre el proceso de elección de Cortes en el país”, el cual fue admitido por la propia CC, en mayo de 2020.

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En esa resolución, la CC ordenó a los diputados no elegir a candidatos investigados y excluir del proceso a los profesionales cuya “idoneidad y honorabilidad estén comprometidos”.

Lemus recordó que “desde el 23 de junio de 2020, en cada sesión el Congreso ha agendado lo relativo a la elección de las cortes, sin haber alcanzado consenso suficiente para incluir el procedimiento respectivo para integrar dichas cortes”.

La CC resolvió el martes fijar fecha para ejecutar el fallo y en caso de que volviera a existir incumplimiento pedirá al Ministerio Público iniciar una investigación contra los que resulten responsables.

Asimismo, la CC demandó a los legisladores elegir a los “más capaces e idóneos, debiendo descartar, al votar, a quien no cumpla alguno de los parámetros constitucionalmente establecidos”.

Con información de AFP

“En estas horas, las más difíciles desde hace treinta años en Guatemala, en que el estado de derecho está siendo subvertido, los Obispos de Guatemala manifestamos nuestra indignación ante el acoso y acciones violentas recibidos por el Tribunal Supremo Electoral provocados por otro organismo del estado, el Ministerio Público”, dice el texto.

La CEG resaltó que el estado de Derecho “es el sostén  fundamental de la democracia” y apeló a la “estricta separación de poderes”.

“Demandamos a la Corte Suprema de Justicia y otras autoridades a que ejerzan sus responsabilidades y también a quienes les corresponda que asuman la responsabilidad de sus abusos”, dicen los obispos.

En la misiva, la Iglesia Católica responsabiliza a la Corte de Constitucionalidad (CC) y exige que actúe frente a tales acciones.

“Demandamos a la CC que cumpla con urgencia su función principal al margen de prácticas retardadas y se pronuncie de oficio sobre la situación de extrema vulneración al marco constitucional”, dice el texto.

“Si no lo hace, ella será la responsable del deterioro irreversible del estado de Derecho en el país”, sentencia.

La Iglesia también expone que valora el apoyo internacional al respeto a la democracia y enfatiza que eso “no es injerencia en asuntos internos.

El MP allanó este sábado la sede del TSE y se llevó por la fuerza varios documentos sobre los comicios, lo que causó el repudio nacional e internacional y crispó más la tensión política del país.

Con la resolución de la CC, el fallo de la CSJ queda en firme y ahora le corresponde al Congreso de la República conocer el expediente del vicemandatario para hacer un análisis y determinar si debe o no retirarle la inmunidad que goza por su cargo.

Fuentes de la CC señalaron que “respecto del expediente 2519-2020, este Tribunal resolvió denegar el amparo solicitado por César Guillermo Castillo Reyes, en calidad de vicepresidente de la República de Guatemala, contra la Corte Suprema de Justicia y como consecuencia, revoca el amparo provisional oportunamente otorgado”.

Agregan que “lo anterior en virtud que del estudio de las constancias procesales, este Tribunal establece que la Corte Suprema de Justicia, al emitir el acto reclamado, no ocasionó vulneración alguna a los derechos del postulante, en tanto que al admitir para su trámite las diligencias de antejuicio, se limitó, conforme al correcto ejercicio de sus atribuciones, a establecer la existencia o no de motivaciones espurias, políticas o ilegítimas en el planteamiento de la denuncia presentada en su contra”.

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La CSJ dio trámite el 31 de julio de 2020 a una solicitud de retiro de inmunidad contra Castillo, la cual fue promovida por el abogado Nimrod Estévez González.

En esa oportunidad Castillo dijo que la acción legal tenía que ver con el nombramiento que hizo de una abogada para que, de forma interina, ocupara la jefatura de la Secretaría Nacional de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed) por renuncia de su titular, Óscar Conde, para ocupar uno de los viceministerios de Gobernación a partir del 7 de agosto de 2020.

En esa fecha, el vicemandatario dijo a Prensa Libre que la solicitud de retiro de inmunidad era espuria y política, de lo cual da cuenta que, según información que poseía, hubo cuatro magistrados de la Suprema que votaron en contra.

Por lo anterior, el 2 de agosto de 2020, Castillo presentó una acción de amparo en contra de la resolución de la CSJ que dio trámite a la solicitud de retiro de antejuicio.

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El proceso de retiro de inmunidad está regulado por la Ley en Materia de Antejuicio.

El artículo 17 establece que el Congreso de la República debe conocer los antejuicios promovidos contra un dignatario o funcionario que, por razón del cargo goce de ese derecho, después de haberse inhibido un órgano judicial de continuar instruyendo proceso por tal razón y habiéndose recibido los autos para su conocimiento, como señala el artículo 16 de esta Ley, la Junta Directiva lo deberá hacer saber al pleno del Congreso que en próxima sesión ordinaria, que se celebrará no más de ocho días después de su recepción, iniciará el trámite.

El Congreso procederá de la manera siguiente:

• El pleno del Congreso será informado de todos los detalles del asunto.
• En esa misma sesión el pleno del Congreso integrará una comisión pesquisidora, formada por cinco miembros por sorteo que se realizará entre todos los diputados, salvo el presidente del Congreso.
• El primer diputado sorteado será el presidente de la comisión y el segundo actuará como secretario. Los restantes actuarán como vocales.
• Las decisiones de la comisión pesquisidora se adoptarán por mayoría de votos y ningún diputado puede excusarse o dejar de participar, salvo que el pleno acepte la excusa encontrando fundadas las razones argüidas. Si alguno de los miembros de la comisión pesquisidora se resistiere a actuar en ella esto constituirá falta grave y los demás miembros lo harán del conocimiento de la Junta Directiva del Congreso de la República para la sanción que corresponda.
• La comisión pesquisidora examinará el expediente y demás documentos que hubieren, oirá a los promotores del antejuicio, así como al funcionario contra quien esté enderezado el asunto y practicará las diligencias que soliciten las partes recabando toda información y documentación que cualquiera de los miembros de la comisión considere pertinente, con el propósito de establecer la veracidad de los hechos denunciados y si éstos pueden o no suponer la existencia de un hecho que por su naturaleza deba ser conocido por un juez del ramo penal.
• Emitida la resolución que declara con lugar el antejuicio, deberá retornarse el expediente a la Corte Suprema de Justicia al fin que lo turne al tribunal del orden común que proceda.

La UNE presentó este sábado 19 de agosto un recurso de amparo contra el TSE ante la Corte de Constitucionalidad (CC) pidiendo que garantice la “transparencia” del balotaje del domingo, un día después de que ella pusiera en duda el proceso de conteo de votos.

“Lo que estamos solicitando […] es que se garantice la transparencia de los resultados en la segunda vuelta”, dijo Víctor Guerra, secretario general en funciones de la UNE tras presentar el recurso ante la máxima instancia judicial del país.

Guerra dijo en conferencia de prensa que existe una “amenaza” de que el TSE “no tome las acciones idóneas para garantizar y confirmar que los datos ingresados al sistema informático (…) correspondan de manera fiel y exacta al escrutinio de votos que realice cada mesa electoral”.

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El viernes, Torres puso en duda la transparencia del balotaje al afirmar que extranjeros y partidarios de su rival Bernardo Arévalo, también socialdemócrata, pueden alterar el sistema de cómputo del TSE.

“Nosotros vamos a respetar los resultados electorales sí y solo sí, si en determinado momento se demuestra que todo lo actuado en las mesas es coherente con lo que está reflejado en el sistema informático”, indicó César Romano, representante de la UNE ante el TSE.

De esa cuenta, este sábado se desarrolló un pleno extraordinario en la CSJ para conocer y resolver el amparo interpuesto por la UNE, según informó en conferencia de prensa el vocero del Organismo Judicial (OJ), Rudy Esquivel.

Añadió que el amparo fue remitido por la CC a la CSJ por temas de competencia y “constituida en tribunal de amparo continúe con la garantía constitucional”.

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“De manera unánime, el pleno de magistrados en relación con el amparo electoral 2842-2023 ha decretado el amparo provisional”, señaló Esquivel.

Agregó que, “en consecuencia, se ordena a la autoridad impugnada -al TSE- que de forma inmediata tome las medidas necesarias para garantizar:

A) El ingreso de los datos al Sistema Informático de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares, por sus siglas TREP, por los operadores informáticos en los centros electorales a nivel nacional durante la segunda vuelta electoral (…) a efecto, corresponda de manera fiel y exacta el escrutinio de votos que realice cada mesa electoral.

B) Que garantice que los fiscales designados de los partidos políticos que se encuentran en la contienda electoral ante las juntas receptoras de votos y fiscales informáticos cumplan sin limitación con sus funciones y así evitar con ello la violación al principio de pureza del proceso electoral, efectividad del sufragio, certeza y seguridad jurídica, así como la seguridad democrática del país, en particular, de manera congruente con la recomendación realizada recientemente por la misión de la Organización de Estados Americanos (…) y en particular la recomendación de la toma de fotografía del documento número cuatro que recoge el resultado de los votos”.

Unos 9.4 millones de guatemaltecos están habilitados para elegir al sucesor del mandatario Alejandro Giammattei, en un país con altos índices de violencia, corrupción y pobreza.

Con información de AFP

#CSJInforma pic.twitter.com/1DpIuSyZsl

— Organismo Judicial (@OJGuatemala) August 20, 2023

La CC también remitió a la Corte Suprema de Justicia, “por razón de competencia”, la interposición del recurso, para que se constituya en tribunal de Amparo “para que continúe con el trámite de garantía constitucional instada”.

En este sentido, la CC ordena que en este nuevo escrutinio de votos, los representantes de los partidos “podrán hacer valer las objeciones e impugnaciones que estimen pertinentes”, especialmente sobre las impugnaciones que las agrupaciones han hecho.

También deberán de analizarse las actas qué han sido cuestionadas en Guatemala y Distrito Central, quedando abierta la posibilidad de un nuevo “conteo de votos”.

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La CC agregó que, “en tanto se dilucidan las situaciones anteriormente previstas, el Tribunal Supremo Electoral debe suspender la calificación y oficialización de resultados a efecto de que, para la fecha prevista para la segunda vuelta para elección presidencial, todo haya quedado debidamente depurado”.

La Corte también demanda que estos procesos deberán de efectuarse a la brevedad, para que previo a la segunda vuelta electoral, las dudas expuestas por los diferentes interesados estén disipadas.

Las denuncias sostienen que hay más de mil actas alteradas. Esa cantidad de actas representan el 0,82% de las 121.227 procesadas (de un total de 122.293) en el escrutinio, según cifras oficiales.

Entre los partidos que interpusieron la querella el viernes 30 de junio, y que no alcanzaron más de 8% de la preferencia se encuentran Cambio, Mi Familia, Valor, Podemos, Vamos, Creo, Cabal, VOS y Azul. Junto a estos, accionó la UNE, a pesar de que su presidenciable avanzó al balotaje.

“Partidos deben desistir”

El abogado constituyente Aquiles Faillace, dijo a Prensa Libre y Noticiero Guatevisión que con la decisión de la CC de enviar los amparos a la CSJ “se produce la situación donde el lobo quiere cuidar las ovejas, porque los magistrados de la CSJ son los que están usurpando el cargo desde hace tres y medio años”.

¿Cómo puede esta gente que no respeta la ley tomar una decisión respecto de que si las elecciones continúan o no?, cuestionó.

Faillace agregó que “este es un llamado para los 10 partidos para que de inmediato desistan de sus amparos y que culmine el proceso electoral según la voluntad popular”.

Posturas de contendientes

Mientras llegaba la decisión de la CC los presidenciables que irán a la segunda vuelta electoral se habían pronunciado la tarde de este sábado. 

En una conferencia de prensa, la candidata por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres, señaló que no están pidiendo que se anulen las elecciones ni que se repitan las votaciones, sino únicamente que se haga cotejo de actas.

En tanto, el presidenciable Bernardo Arévalo, del partido Semilla, comunicó en las cuentas de las redes sociales que defenderán “la democracia y la voluntad del pueblo de Guatemala”. 

Partido llega a la CC

Tras conocerse la resolución de la CC, simpatizantes y dirigentes del partido Semilla llegaron a la CC para expresar su inconformidad con el fallo, ya que a criterio del diputado Samuel Pérez, la acción “pone en riesgo la democracia del país”.

Frente a la CC, el presidenciable Bernardo Arévalo, de ese partido dijo que al darle trámite a la acción “se violaron los plazos establecidos en la legislación para este tipo de amparos”.

Agregó que dicha resolución “a todas luces busca empantanar el proceso electoral y amenaza con diferir indefinidamente la segunda ronda”.

“No vamos a permitir que mediante argucias se estafe la voluntad del pueblo de Guatemala”, puntualizó, entre los aplausos de los simpatizantes del partido.

Arévalo dijo que pedirá al TSE revocación del amparo de la CC.

MOE: Se debe respetar la voluntad popular

Tras el fallo de la CC, la Misión de Observación Electoral de Guatemala (MOE-Gt), emitió un comunicado en el que dice reafirma que los comicios del 25 de junio señalaron “claramente quiénes serán los candidatos que concurrirán a la segunda vuelta” el 20 de agosto, publicó la misión.

La MOE recordó que ya alertó sobre “el deterioro del estado de Derecho y de la judicialización con fines políticos de asuntos puramente electorales”.

La MOE UE reitera que las instituciones judiciales y los partidos deben respetar la voluntad de los ciudadanos expresada en las elecciones del 25/06 que en la elección presidencial, señaló claramente quiénes serán los candidatos que concurrirán a la segunda vuelta, el 20/08 pic.twitter.com/WWIDVtpNhM

— MOE UE Guatemala 2023 (@moeUEgt2023) July 2, 2023

En un comunicado posterior, la MOE-Gt también instó al TSE a resguardar todas las cajas electorales, para tener íntegra evidencia del proceso.

A la vez, instó a las fuerzas policiales a resguardar todo el material contenido en dichos contenedores, a fin de que no haya alteraciones. 

La Corte de Constitucionalidad a la opinión pública hace saber: pic.twitter.com/wOBf8ISgDz

— CC Guatemala (@CC_Guatemala) July 2, 2023

Resolución de la CC:

Como parte del proceso, la máxima corte fijó un plazo de 48 horas para que la CSJ informe los motivos de la resolución que emitió el pasado 8 de febrero, a favor de tramitar la denuncia contra el juez.

Ruano, reconocido por Washington por su lucha anticorrupción en 2021, es señalado por la Fundación Contra el Terrorismo en un caso que involucra a la magistrada Blanca Stalling, quien fue reinstalada en ese cargo tras ser procesada en el caso “Tráfico de Influencias”.

El juez Ruano denunció en enero de 2017 que la magistrada Stalling habría ejercido presiones para que resolviera a favor de su hijo, Otto Fernando Molina Stalling, quien fue detenido y procesado en el caso IGSS-Pisa.

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Por ese caso, un Tribunal declaró culpable a 12 sindicados, incluyendo a Molina Stalling, quien fungía como exasesor del IGSS. La sentencia fue de seis años y tres meses y a una multa de Q50 mil y fue absuelto del delito de asociación ilícita.

Denuncia del juez Carlos Ruano contra la magistrada Stalling

Una de las pruebas presentadas por Ruano fue un audio de una conversación que sostuvo con Stalling, cuando lo visitó en su oficina. A decir del juez, se ejercía presión sobre su independencia.

La denuncia de Ruano dio a lugar a que el MP solicitara retirar la inmunidad a la magistrada Stalling. El proceso avanzó y la funcionaria fue capturada un mes después de la denuncia, en febrero de 2017, enfrentando cargos por tráfico de influencias y resistencia con agravación de la pena.

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No obstante, el caso contra Stalling se sobreseyó por el juez Décimo Penal, Víctor Cruz, en junio de 2022. Meses después fue reinstalada en el cargo.

El MP no apeló la resolución de Cruz. El titular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Rafael Curruchiche, declaró que no se apelaría la decisión al considerar que existían “notorias incongruencias” en la investigación de su antecesor Juan Francisco Sandoval.

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Argumentos en la denuncia contra el juez

A raíz de ello, ahora la Fundación Contra el Terrorismo señala que Ruano incurrió en usurpación de atribuciones, resoluciones violatorias a la Constitución, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y simulación de delito, por la denuncia que hizo contra Stalling.

Raúl Falla, abogado de la FCT, dijo que la denuncia que presentó el juez fue espuria porque “la magistrada Stalling habló con un juez que no tenía el caso de su hijo, además habló en su calidad de madre, no de funcionaria, no pidió ninguna medida sustitutiva sino un proceso objetivo”.

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Pero, a criterio de Ruano la denuncia que interpuso “fue en cumplimiento de un deber, según la Ley de la Carrera Judicial y una obligación según el Código Procesal Penal”.

Ruano accionó contra el pleno de magistrados de la CSJ, incluyendo a Stalling, luego de que aceptó iniciar un proceso de retiro de antejuicio en su contra y solicitó ante la CC que analice si procede.

Y es que en abril pasado, la CC rechazó un amparo planteado por el MP en contra de la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró sin lugar las diligencias de antejuicio contra Rojas, pero en esa oportunidad fue por el caso Fénix, en el que la Feci también lo señala de estar implicado.

En el caso Fénix, la petición para que se le quitara el derecho de antejuicio al magistrado Rojas fue porque se quería abrir una investigación por su posible vinculación en el caso de corrupción, cuando este fungía como agente fiscal del MP.

Sin embargo, este lunes 12 de diciembre, se infirmó que la CC rechazó otro amparo interpuesto por la Feci, con el cual la Fiscalía pretendía que se dejara sin efecto el fallo de la CSJ del 9 de febrero pasado, que ordenó que no se le diera trámite a un antejuicio en contra de Rojas por su presunta implicación en el caso Comisiones Paralelas 2020.

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En la última resolución, la CC rechazó el amparo planteado por la Feci, que buscaba reactivar el proceso de antejuicio contra Rojas, quien, según el MP, habría participado en la supuesta manipulación de la elección de cortes.

“Son evidentes los indicios que hacen viable la investigación de los supuestos hechos endilgados al magistrado, ya que estos aportan elementos de razonabilidad suficiente que hacen viable la procedencia del antejuicio y, por consiguiente, una investigación pues tales hechos, a la postre, podrían constituir delitos”, dice una parte del amparo del MP que fue rechazado.

“El acto señalado como agraviante fue emitido en forma incompleta, al no determinar que existieron declaraciones y medios de investigación que deben ser indagados con mayor amplitud, a efecto de determinar sobre la participación del antejuiciado en los hechos que se le endilgan; como consecuencia, se le limitó en sus funciones, haciendo nugatorios sus derechos, imposibilitando la determinación de culpabilidad y grado de participación del magistrado relacionado”, señala la CC

Además, detalla que “contrario a lo manifestado por el ente postulante, se aprecia que la autoridad reprochada realizó la labor previa de calificación de las diligencias de antejuicio que le asigna el artículo 16 de la ley de la materia, siendo su proceder acorde a la ley y a la doctrina legal asentada por esta Corte, al haber estimado la existencia de motivaciones espurias, al no haberse aportado elementos de razonabilidad con los que pudieran demostrarse y acreditar tales hechos”.

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Caso Comisiones Paralelas 2020

En febrero de 2020, a raíz de la investigación por el delito de evasión en contra de Gustavo Adolfo Alejos Cámbara, quien se encontraba en prisión preventiva en un sanatorio de la zona 2 de la ciudad de Guatemala, el Ministerio Público pudo inferir intentos para manipular el proceso de elección de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de Salas de la Corte de Apelaciones y de otros Tribunales Colegiados de igual categoría.

La investigación de la Fiscalía determinó en aquel entonces que la comisión de actividades criminales influenciaron indebidamente el proceso de selección de candidatos a magistrados que se materializan en actividades comparables a “comercialización informal”, consolidadas como un trueque de favores.

El pacto se aseguró de obtener el número de electores necesarios, para cumplir con el requisito establecido en los artículos 215 y 217 de la Constitución Política de la República, es decir las dos terceras partes de los votos.  El número que se requería era de 25. La agrupación aseguró 24 votos, y manejó un margen de riesgo de 1 voto.

Caso Fénix

Desde 2003, la justicia guatemalteca detectó una organización criminal que sustrajo al menos Q350 millones del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

Exfuncionarios y particulares fueron sentenciadas por haber sustraído el dinero de los trabajadores, pero hay varios involucrados cuya participación continúa sin esclarecerse en los tribunales, en un proceso penal que es conocido como el caso Fénix.

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La resolución de la CC mantiene en firme la suspensión de Xitumul mientras el profesional resuelve su situación jurídica.

Cuando la CSJ decidió retirarle la inmunidad a Xitumul en febrero pasado, también determinó que debía ser separado de su cargo como presidente del Tribunal de Mayor Riesgo C.

En el amparo, Xitumul argumentó a la CC que la decisión de la CSJ no contaba con la fundamentación legal necesaria porque “no se cumplió con realizar el análisis y estudio exhaustivo” sobre su situación jurídica.

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Pierde inmunidad

La CC resolvió el 3 de noviembre pasado que el juez anticorrupción Pablo Xitumul podrá ser investigado por una denuncia interpuesta en su contra por un agente de la Policía Nacional Civil.

La Corte de Constitucionalidad falló en contra de Xitumul y confirmó que perdió su inmunidad y la Fiscalía de Guatemala podrá investigarlo por un supuesto caso de abuso de autoridad cometido en 2019.

La resolución fue avalada por unanimidad por los cinco magistrados de la Corte de Constitucionalidad que conocieron el caso.

El juez Xitumul, presidente del juzgado de mayor riesgo “C” del Organismo Judicial, se encuentra suspendido de su cargo desde marzo de 2022, porque el Supremo de Guatemala lo separó para que se resolviera una denuncia penal en su contra.

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Esta denuncia la interpuso el inspector policial José Cuxaj, quien acusa a Xitumul por abuso de autoridad durante una inspección policial al vehículo del juez el 2 de febrero de 2019.

Sin embargo, el juez acusó del mismo delito al agente policial, por supuestamente haberlo agredido durante el incidente y el inspector fue enviado a juicio el 28 de marzo de este año.

Xitumul ha sido juez de mayor riesgo desde 2011 y ha dictado sentencias condenatorias contra exfuncionarios en casos de corrupción y contra militares retirados por delitos de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado interno de Guatemala (1960-1996).

También fue uno de los tres jueces que condenaron por genocidio en 2013 al general Efraín Ríos Montt, presidente de facto entre 1982 y 1983.

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Además en 2018, Xitumul sentenció a 15 años de prisión a la exvicepresidenta guatemalteca Roxana Baldetti por un caso de corrupción.

La Federación Latinoamericana de Magistrados advirtió en un informe emitido el 18 de octubre pasado que los jueces y magistrados de Guatemala que han emitido fallos anticorrupción en el pasado ahora están viendo vulnerados sus derechos.

Según la presidencia de esta organización de magistrados, “los jueces guatemaltecos están en situación de peligro inminente, de criminalización y de necesaria salida del país”.

Al menos 23 operadores de justicia entre jueces y fiscales de Guatemala se han exiliado en Estados Unidos desde 2019 por persecución penal en su contra.

El juez Xitumul ha rechazado la resolución del máximo tribunal y señaló que se trata de una decisión que tiene como fin lograr que no pueda volver a impartir justicia.

Las solicitudes de retiro de la inmunidad de Dávila fueron promovidas por el ministro de Cultura y Deportes, Felipe Aguilar, y la ministra de Educación, Claudia Ruiz, según informó Rudy Esquivel, portavoz del Organismo Judicial.

Esquivel señaló que se trata de los antejuicios 186-2022 y 188-2022, los cuales fueron conocidos por el pleno de magistrados este miércoles.

En febrero pasado, la ministra Ruiz denunció a Dávila por supuestas agresiones verbales y malos tratos. En esa oportunidad se informó que Ruiz habría solicitado una orden de alejamiento a su favor y de las viceministras de Educación.

Anteriormente, Dávila había sido denunciado por el ministro de Cultura, Felipe Aguilar.

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El portavoz dijo que “en el caso del antejuicio 186-2022 designaron como juez Pesquisidor a Magistrado Vocal II de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del ramo Penal de Delitos de Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer y Violencia Sexual”, pero no se reveló el nombre.

Respecto al caso del antejuicio 188-2022, Esquivel informó que “fue designado como juez Pesquisidor al magistrado vocal II de la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente”, tampoco se dio a conocer el nombre.

Otro caso

Este domingo 27 de noviembre, Dávila presentó un amparo en la Corte de Constitucionalidad (CC) en contra de la resolución de la CSJ al avalar la denuncia que el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, interpuso en su contra por referirse a las “supuestas preferencias” del mandatario de forma reiterada a través de mensajes difundidos en redes sociales.

A criterio del Parlamentario la denuncia promovida en su contra “es espuria, política e ilegítima, hay una clara interferencia de poderes, porque no había pasado en la historia del país”, refirió Dávila, quien detalló que en su contra pesan 48 denuncias por parte de funcionarios.

Con dicha acción Dávila busca frenar el proceso de antejuicio, porque la CSJ aceptó la denuncia que Giammattei interpuso por presunta injuria y difamación.

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La Corte de Constitucionalidad falló en contra de Xitumul y confirmó que perdió su inmunidad y la Fiscalía de Guatemala podrá investigarlo por un supuesto caso de abuso de autoridad cometido en 2019.

La resolución fue avalada por unanimidad por los cinco magistrados de la Corte de Constitucionalidad que conocieron el caso.

El juez Xitumul, presidente del juzgado de mayor riesgo “C” del Organismo Judicial, se encuentra suspendido de su cargo desde marzo de 2022, porque el Supremo de Guatemala lo separó para que se resolviera una denuncia penal en su contra.

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Esta denuncia la interpuso el inspector policial José Cuxaj, quien acusa a Xitumul por abuso de autoridad durante una inspección policial al vehículo del juez el 2 de febrero de 2019.

Sin embargo, el juez acusó del mismo delito al agente policial, por supuestamente haberlo agredido durante el incidente y el inspector fue enviado a juicio el 28 de marzo de este año.

Xitumul ha sido juez de mayor riesgo desde 2011 y ha dictado sentencias condenatorias contra exfuncionarios en casos de corrupción y contra militares retirados por delitos de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado interno de Guatemala (1960-1996).

También fue uno de los tres jueces que condenaron por genocidio en 2013 al general Efraín Ríos Montt, presidente de facto entre 1982 y 1983.

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Además en 2018, Xitumul sentenció a 15 años de prisión a la exvicepresidenta guatemalteca Roxana Baldetti por un caso de corrupción.

La Federación Latinoamericana de Magistrados advirtió en un informe emitido el 18 de octubre pasado que los jueces y magistrados de Guatemala que han emitido fallos anticorrupción en el pasado ahora están viendo vulnerados sus derechos.

Según la presidencia de esta organización de magistrados, “los jueces guatemaltecos están en situación de peligro inminente, de criminalización y de necesaria salida del país”.

Al menos 23 operadores de justicia entre jueces y fiscales de Guatemala se han exiliado en Estados Unidos desde 2019 por persecución penal en su contra.

El juez Xitumul ha rechazado la resolución del máximo tribunal y señaló que se trata de una decisión que tiene como fin lograr que no pueda volver a impartir justicia.

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La CC determinó que hubo un “error” en la integración de la Sala, ya que únicamente se integró el Tribunal con el magistrado presidente, César Aníbal Najarro López; la vocal I, Gloria Dalila Suchite Barrientos; y dos testigos de asistencia.

En la resolución del pasado 15 de junio se ordenó al Juzgado de Mayor Riesgo “D” clausurar el caso en el que está implicado García Gudiel por el delito de lavado de dinero; sin embargo, se resolvió el amparo sin que el magistrado José Domingo Valenzuela Herrera estuviera presente.

En el fallo que beneficiaba al acusado no huno oposición del MP, que no impugnó. La resolución de la CC se originó por una apelación que promovió la PGN contra la resolución que favorecía al procesado.

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García Gudiel fue ligado a proceso penal el 28 de mayo en la causa que se sigue en su contra por estar implicado en el Caso Asesoría Legal: Operación de Lavado de Activos, informó la Fiscalía Contra la Impunidad (Feci).

También lea: Ligan a proceso al abogado Francisco García Gudiel, a quien el MP señala de haber lavado más de Q59 millones
 

García Gudiel es señalado por el Ministerio Público (MP) de haber simulado asesorías legales para lavar más de Q59 millones.

El abogado fue detenido el 9 de abril último junto al colombiano William Darío Molina Ruiz, alias “el Pana”, señalados de lavado de dinero u otros activos, pues supuestamente había obtenido dinero adquirido ilícitamente por implicados en el caso “Construcción y Corrupción Fase 1”.

García Gudiel ha sido abogado de funcionarios señalados de corrupción. También fue defensa del fallecido Efraín Ríos Montt.

En julio del 2016, por falta de respeto a la jueza Yassmin Barrios, durante el juicio por genocidio contra Efraín Ríos Montt, el abogado García Gudiel fue sancionado por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.

Por lo anterior, el trámite del antejuicio contra el juzgador deberá continuar en la CSJ.

La máxima corte resolvió no conceder la protección solicitada por el juez de Mayor Riesgo “B”, quien buscaba que se suspendería la decisión asumida por la mayoría de magistrados, quienes tramitaron el antejuicio que presentó la Fundación contra el Terrorismo (FCT).

El recurso de amparo fue interpuesto por Gálvez el 28 de junio último, quien argumentó que, de cinco casos utilizados como respaldo para la solicitud que se hizo de retiro de antejuicio, tres no estuvieron a cargo de él.

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“A juicio de esta Corte, las circunstancias no lo hacen aconsejable porque no se dan los supuestos que prevé el artículo 28 de la Ley de Amparo, Exhibición Personas y de Constitucionalidad”, explicó la CC.

El 15 de junio último, la CSJ le dio trámite a una solicitud de antejuicio presentada por la FCT contra el juez Gálvez. 

Dicha fundación argumenta que el togado ha abusado de la medida de prisión provisional, razón por la que presentó la solicitud.

Lea también: Revés para juez de Mayor Riesgo Miguel Ángel Gálvez: CSJ da trámite a solicitud de antejuicio

El retiro de antejuicio fue solicitado por la Fundación en mayo último. 

A raíz de que envió a juicio a varios implicados en el llamado Caso Diario Militar, Gálvez denunció persecución e intimidaciones, entre ellas por parte de la Fundación contra el Terrorismo.

Gálvez suma al menos cinco solicitudes de antejuicio en su contra. 

En la resolución también se mantiene la declaración de rebeldía y el arraigo decretado por la jueza contra el exfuncionario del gobierno de Jimmy Morales.

La defensa del exministro buscaba anular la resolución dictada por la extitular del Juzgado de Mayor Riesgo “D”, Erika Aifán, en febrero del 2020.

La resolución se dio el 16 de junio pasado en el expediente 209-2022, en la que la CC examinó la sentencia del 28 de junio de 2021, dictada por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Procesos de Mayor Riesgo y de Extinción de Dominio, constituida en Tribunal de Amparo, en la que la defensa de Valladares Urruela, promovió una acción de inconstitucionalidad contra la jueza de mayor riesgo D.

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La defensa reclamaba que el 13 de febrero de 2020 el juzgado de Mayor Riesgo D reiteró la orden de aprehensión, declaró la rebeldía y ordenó el arraigo de Acisclo Valladares Urruela, dentro del proceso penal que se sigue en su contra y de otros procesados por la posible comisión de los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos en el caso “Red de Poder, Corrupción y Lavado”

Según la acción de inconstitucionalidad, las violaciones que denunciaba la defensa de Valladares Urruela era al derecho de defensa y al principio jurídico constitucional del debido proceso.

En el documento se menciona que la defensa explicó que, ante la Jueza Primero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente por Procesos de Mayor Riesgo, grupo D, se tramitaba la causa penal C-01073-2016-00359 contra Valladares Urruela, y otros procesados.

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Añadía que Valladares Urruela, a través de una conferencia de prensa se enteró que se encontraba vinculado a dicho proceso, razón por la cual se puso a disposición de la fiscalía.

También menciona que se apersonó en varias ocasiones ante dicho juzgado e hizo su presentación espontánea,  pero la jueza en resolución de 15 de enero de 2020 señaló el 13 de febrero de ese mismo año para la audiencia de primera declaración de Valladares.

En rebeldía y con arraigo

Según el documento de la CC, ese 13 de febrero, Oscar Orlando Colindres Ortiz, actuando en su calidad de abogado defensor de Valladares Urruela, recusó a la jueza señalada, pero en la referida audiencia, la citada autoridad reiteró la orden de aprehensión, declaró la rebeldía y ordenó el arraigo de Acisclo Valladares Urruela a través de la resolución que constituye el acto reclamado.

Agregaba la defensa que según el informe remitido por la autoridad increpada, contra la referida resolución se interpuso actividad procesal defectuosa.

La defensa de Acisclo Valladares Urruela consideró vulnerados los derechos de su patrocinado, porque se violentó su calidad de sujeto procesal y no se notificaron las actuaciones previas a la audiencia en donde se emitió la resolución que señala como agraviante.

El abogado de Valladares también señalaba que la notificación de la resolución a través de la cual se fijó audiencia para su primera declaración se efectuó en un lugar diferente al que señalaron oportunamente. Y que si bien se les comunicó vía correo electrónico, la misma se practicó con menos de 24 horas de anticipación, por lo que no tenía la obligación legal de comparecer.

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En el informe circunstanciado que presentó el juzgado a la CC se menciona que el 1 de octubre de 2019 se recibió en el juzgado a su cargo un escrito de Acisclo Valladares Urruela, a través del cual se apersonó al proceso y promovió su presentación espontánea, que se declaró sin lugar en resolución de 21 de noviembre de ese año porque el solicitante no figuraba como sujeto procesal dentro de la causa penal número 01073-2016- 00359.

Agregaba que el 14 de enero de 2020, Acisclo Valladares Urruela presentó otro escrito de apersonamiento y presentación espontánea al a la referida carpeta judicial y el 15 de enero de ese mismo año, a solicitud del Ministerio Público, se giró orden de aprehensión en su contra, por la posible comisión de los delitos de Asociación ilícita y Lavado de dinero u otros activos.

También mencionaba que en esa misma fecha se resolvió la solicitud de Acisclo Valladares Urruela, señalándose audiencia para su primera declaración el 13 de febrero de 2020.

Explicaba que contra la resolución a través de la cual se decretó la orden de aprehensión, Acisclo Valladares Urruela interpuso recurso de reposición, que se declaró sin lugar.

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Ese 13 de febrero se llevó a cabo la audiencia para recibir la primera declaración de Acisclo Valladares Urruela, quien no compareció, por lo que a solicitud del Ministerio Público, se decretó su rebeldía.

En esa misma fecha, el procesado recusó a ese órgano jurisdiccional y presentó escrito de actividad procesal defectuosa y el 10 de marzo resolvió los memoriales, en el sentido de que previo a resolver, en virtud de haberse declarado la rebeldía del sindicado Acisclo Valladares Urruela, debía comparecer personalmente o ser puesto a disposición del juzgado a su cargo.

La Sala Primera de la Corte de Apelaciones del ramo Penal de Procesos de Mayor Riesgo y de Extinción de Dominio, constituida en Tribunal de Amparo, consideró en la resolución de la petición que hizo la defensa de anular el proceso, que el abogado de Valladares Urruela no pudo acreditar motivo de la ausencia de su patrocinado en la audiencia de primera declaración y por eso se resolvió que se mantuviera la orden de captura, la rebeldía y el arraigo que decretó el Juzgado de Mayor riesgo D.

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Resolución de la CC

Según la CC, en el audio de la audiencia respectiva consta que la jueza cuestionada hizo saber al abogado del sindicado que le concedía el uso de la palabra únicamente para que se pronunciara en torno a la inasistencia de su patrocinado, a fin de resguardar el derecho de defensa de éste; sin embargo, debido a que el derecho penal es personalísimo y, por lo tanto, no permite el juzgamiento de la persona en ausencia, lo que implicaba que el imputado no podía ser representado por su abogado defensor en una audiencia de primera declaración, no era atendible su requerimiento.

Añade que en este sentido la CC ya se ha pronunciado al respecto, al decir que “los derechos del acusado no pueden ser ejercidos en su ausencia al ser procesado por la posible comisión de un ilícito penal, por lo que se requiere que quienes enfrentan un proceso de esa naturaleza, asuman su responsabilidad en forma individual, y ello, porque una de las características del derecho penal es que la responsabilidad es personal y no puede ser delegada…”, según sentencia del 14 de noviembre de 2018 emitida en el expediente 1845-2018.

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Es por esa razón que la CC concluye que no es atendible el agravio referido, por cuanto no existe una violación de rango constitucional que afecte los derechos del postulante que ameriten ser protegidos en esta vía.

La resolución de la CC menciona que “por las razones consideradas, el amparo solicitado deberá denegarse, dada su notoria improcedencia”.

Valladares se entregó en EE. UU.

Autoridades de Estados Unidos confirmaron que Acisclo Valladares Urruela, señalado de lavado de dinero, se entregó a la justicia de ese país, pero permanecen libre bajo fianza luego de pagar US$500 mil.

El exministro se presentó a la Corte del Distrito Sur de Florida el 22 de octubre de 2020, que lo señala de lavado de dinero.

Según la acusación de Estados Unidos, Valladares Urruela ayudó a lavar cerca de  US$10 millones (Q77 millones) de ganancias de drogas ilegales y otro dinero ilegal.

La información de documentos oficiales públicos detalla que Valladares Urruela se presentó ese día al décimo nivel del Atkins Building Courthouse, a las 11 horas, para ver estar frente a la jueza Alicia M. Otazo Reyes, de la Corte del Distrito Sur de Florida, para comparecer en su primera aparición en la corte.

Según se detalló, Valladares habría pagado US$500 mil de fianza y quedó libre, pero debe permanecer en su domicilio. El exfuncionario se declaró inocente de los cargos que se le imputan.

El expresidente Jimmy Morales y la excanciller Sandra Jovel reaparecieron públicamente en la toma de posesión de Ochoa, quien en la magistratura anterior estuvo a favor de la expulsión de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), promovida por ambos exfuncionarios.

Morales llegó acompañado de su esposa, Patricia Marroquín.

Ochoa fue reelecta por un Congreso dominado por el oficialismo y surgen dudas sobre su presidencia en un año electoral, pues cabe recordar que para las elecciones pasadas votó a favor de la participación de Zury Ríos como candidata presidencial pese a impedimento constitucional.

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A la toma de posesión también asistió el presidente Alejandro Giammattei, la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Silvia Patricia Valdés, integrantes del Gabinete de Gobierno, diputados y otros exfuncionarios como el exvicepresidente Rafael Espada.

“La justicia constitucional no está a disposición del mejor postor y nuestra investidura nos llama a asumir porteras basadas en ley, por muy difíciles y complejas que parezcan. La justicia constitucional no se vende, la justicia constitucional no se sesga, la justicia constitucional no se parcializa, la justicia es la vedad”, dijo Ochoa durante su discurso de toma de Posesión.

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Elección

El oficialismo y aliados eligieron sin dificultad el 2 de marzo del año pasado a Dina Ochoa como magistrada titular y a Luis Rosales como suplente de la CC para el periodo 2021-2026.

Con 101 votos a Favor, cinco en contra y 54 ausentes, Ochoa fue elegida magistrada titular. Será el segundo periodo en el que sea magistrada titular puesto que en 2016 fue nombrada por la Presidencia de la República.

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Así se cristalizaron las versiones que corrían desde días atrás de que la aplanadora oficial había consensuado por Ochoa, quien hizo votos disidentes contra los de sus colegas Gloria Porras, Francisco de Mata Vela y el fallecido Bonerge Mejía.

Luis Alfonso Rosales Marroquín, diputado del partido Valor y segundo vicepresidente del Congreso, fue elegido magistrado suplente mediante 89 votos.

La resolución de la CC se deriva de dos amparos promovidos por la Fundación Contra el Terrorismo y Juan José Sandoval Saucedo, quienes argumentan irregularidades en el proceso de elección del representante de la Usac ante la CC, pues criticaron que, aunque la ley establece que la votación debe ser secreta, en este caso no fue así, por lo que esos procedimientos que fueron declarados con lugar.

Por lo anterior, la CC ordena “dejar sin efecto el procedimiento que realizó el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala para la designación de la abogada Gloria Patricia Porras Escobar como magistrada titular ante la Corte de Constitucionalidad”, para el período 2021 2026.

La resolución detalla que ese procedimiento debe quedar sin efecto desde la creación del acuerdo de fecha 27 de enero de 2021, el cual contiene la convocatoria del proceso de elección.

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Ahora, el CSU deberá repetir el proceso en un plazo de 20 días contando a partir de la fecha de notificación de la resolución de la CC y se recalca que, con base a los reglamentos vigentes, se debe “seleccionar preferentemente” a profesionales que sean docentes universitarios y que la votación debe ser secreta.

En una parte de la resolución la CC es clara en decir que “deberá ser electo para magistrado titular, preferentemente un profesional con experiencia en la docencia universitaria” y hasta donde se sabe, con esto Gloria Porras no podría postularse de nuevo por no impartir clases en esa casa de estudios.

Agrega que al cumplir con los requisitos se “inicie el procedimiento para la realización de una nueva convocatoria y con posterioridad, luego de agotadas las fases y cumplidos todos los requerimientos previstos” en la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad “efectúe el acto de elección que procede, para designar a la o el Magistrado titular de esta Corte”, para el período 2021-2026, y “prosiga con las etapas siguientes”.

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En tanto, la CC “deniega el amparo solicitado por Juan José Sandoval Saucedo, en cuanto a lo relacionado al proceso de designación del abogado Rony Eulalio López Contreras como magistrado suplente ante la Corte de Constitucionalidad (…) por lo considerado en este fallo, queda incólume”.

“Se previene al Congreso de la República abstenerse de efectuar la juramentación derivada del procedimiento de designación que se deja sin efecto”, señala el fallo.

La CC recomienda que “para que el proceso a llevarse a cabo por parte del Consejo Superior Universitario sea válido deberá observar, entre otros requisitos insoslayables, primordialmente, que la convocatoria que se realice de nueva cuenta se haga con una anticipación no menor de 15 días, se publique en el Diario Oficial y en dos diarios de mayor circulación”.

Agrega que los aspirantes deberán cumplir con los requisitos de “ser guatemalteco de origen, ser abogado colegiado activo, ser de reconocida honorabilidad, tener por lo menos 15 años de graduación profesional, deberá ser electo para magistrado titular, preferentemente un profesional con experiencia en la docencia universitaria, lo que implica que de presentarse aspirantes que incumplan el requisito frente a aquellos que sí la cumplan o que puedan demostrar mayor mérito docente, serán estos últimos aquellos sobre los que debe recaer la designación”.

Porras fue designada como magistrada titular el 4 de marzo de 2021 para el período 2021-2026. Los nuevos magistrados de la CC fueron juramentados el 13 de abril último; sin embargo, Porras no fue juramentada.

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El Congreso, manejado por el oficialismo, se ha mostrado reacio a juramentar a Porras; no así con otros magistrados afines a la Junta Directiva, como Néster Vásquez y Claudia Paniagua, que fueron juramentados a toda prisa el 3 de junio de 2021, a pesar de que tenían varios recursos pendientes de resolverse.

En agosto del año pasado, la Oficina de Asuntos para el Hemisferio Occidental de Estados Unidos compartió mediante un mensaje su preocupación por la decisión de la CC de impedir la juramentación de Gloria Porras como magistrada a esa Corte.

“Compartimos la preocupación de los ciudadanos guatemaltecos con la decisión del 18/08 de la Corte de Constitucionalidad, que impidió nuevamente la juramentación de un magistrado debidamente electo”, dice el mensaje de la entidad gubernamental estadounidense.

Agrega que la elección de Porras se dio “en un proceso que había sido revisado y ratificado en forma cuidadosa por la institución electora de acuerdo con la ley guatemalteca”.

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“Este fallo es perturbador, ya que respalda las mociones presentadas por una organización con un historial documentado de socavar los procesos democráticos”, agrega el mensaje.

El uso transparente y juicioso del proceso legal es fundamental para el estado de derecho necesario para la prosperidad, la seguridad y el buen gobierno”, enfatiza.

Se intentó conocer una postura de la Usac, pero en el Departamento de Comunicación Social informaron que no han sido notificados y por ende no se pueden pronunciar al respecto; además, se llamó al rector en funciones, Pablo Oliva, pero no respondió su teléfono celular.