Durante una visita a la zona 18 como parte de la campaña electoral, la candidata presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres habló de apoyar la posibilidad de que esa zona se convierta en municipio del departamento de Guatemala. Pero, esa propuesta no es nueva.

El Congreso conoce varias propuestas en el sentido de que determinados territorios puedan convertirse en municipio, pero es la primera ocasión en que se habla de que los vecinos de una zona urbana puedan elevarse de categoría. Según los expertos sería el mismo procedimiento que establece el Código Municipal, y que por una iniciativa deberá de ser conocida por el Legislativo.

Entre los antecedentes más recientes, está que el 8 de julio del 2019, el Ejecutivo, luego de haber concluido con los distintos análisis, propuso la creación del municipio 18 del departamento de Guatemala, denominado la Nueva Ciudad Peronia, que actualmente es la zona 8 de Villa Nueva.

Luego, en junio del 2022 en el Congreso algunos diputados ya socializan la iniciativa 5558 para elevar la aldea El Cerinal, de Barberena a municipio en Santa Rosa. En ambos casos hay una ruta legal que se siguió y que el marco regulatorio lo establece en el Código Municipal.

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San Rafael Las Tapias

Desde el 2019 surgió una propuesta por el Cocode de la colonia Maya de impulsar la idea de convertir a la zona 18 de la capital en el municipio de San Rafael Las Tapias.

Los datos indican que en la zona 18 que el acceso y la salida a la ruta al Atlántico, hay más 300 colonias, residenciales y asentamientos, en un espacio de unos 42 kilómetros cuadrados, con una población urbana estimada de más 190 mil habitantes, lo que lo hace la zona más poblada.

En el área predominan las actividades productivas como el comercio al por mayor y menor, industria manufacturera, transporte, almacenamiento, construcción, y todas las que se miden en el PIB. A pesar de que existe una fuerte actividad, también es considerada zona roja por los altos índices de violencia y la dominación de ciertos espacios por parte de grupos organizados.

Parte de la propuesta de convertirse en un municipio es para que los aportes y pagos de impuestos que hacen los vecinos regresen a la comunidad, ya que es un área que tiene una carencia de varios servicios públicos.

Cómo es el proceso

Prensa Libre consultó al exconcejal y analista político, Douglas González, sobre cuál es el proceso para elevar a una zona de la capital a municipio, y respondió: “Es una iniciativa de ley que aprueba el Congreso. El procedimiento está regido en el Código Municipal”.

El mismo procedimiento con el que se realizó la propuesta de Peronia y de El Cerinal, sería también es el mismo proceso para la zona 18.“De hecho, hay varias iniciativas similares ya en el congreso: Peronia quiere ser municipio”, apuntó el experto.

Sobre el alcance e implicaciones de una configuración territorial en el municipio de Guatemala, González ahí plantea una observación: “Lleva, a la fragmentación y atomización de territorios. En un concepto de urbanismo es contraproducente el surgimiento de feudos porque complican las soluciones integrales ante el fenómeno de crecimiento urbano o ciudades ampliadas. La Ciudad de Guatemala, por ejemplo, es más que el municipio y el abordaje de los problemas metropolitanos requieren de una visión más integral”.

Enfatizó que si bien es cierto que los vecinos de la zona 18 tienen legítimos reclamos sobre los servicios municipales. Pero, ante una eventual administración propia no hay garantía de resolverlos; a primera vista, podría pensarse que se agravarían.

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Aunque la propuesta de los vecinos puede ser viable desde el punto de vista político y existe un camino legal para hacerlo, expresó que antes de llegar a ese extremo, podrían plantearse otros mecanismos, como:

1. Planes de ordenamiento específicos para la zona 18.
2. Una administración conjunta con un alcalde auxiliar electo por los vecinos.
3. Un régimen administrativo conjunto que administre las contribuciones de los vecinos de la zona, IUSI y asignación de Gobierno Central en función de su población principalmente.
4. Desde el punto de vista legal reúne las condiciones, ya que es la zona más poblada de la ciudad y tiene un territorio grande.

Por otro lado, resaltó que también es comprensible que los vecinos se sientan, en algún caso aislado del desarrollo urbano de la Ciudad y de algunos servicios como agua, transporte y, sobre todo, de seguridad.

“No estoy seguro de si, en el corto o mediano plazo, lograrían resolver sus problemas o si se agravarían”, reflexionó.

Nueva configuración

En una suposición, que si la zona 18, Ciudad Peronia o El Cerinal puedan convertirse en un municipio y que el Congreso lo apruebe con los dictámenes que indica la ley:

• El Ministerio de Gobernación, deberá nombrar a las autoridades municipales que provisionalmente tendrán las funciones y atribuciones legales de administración del territorio.
• El Organismo Ejecutivo deberá informar el contenido del decreto al Tribunal Supremo Electoral, Registro de Ciudadanos, Gobernación del departamento de Guatemala, Instituto Geográfico Nacional, Instituto Nacional de Estadística, Instituto de Fomento Municipal y municipalidades involucradas.
• El Ministerio de Finanzas Públicas debe prever las asignaciones constitucionales presupuestarias para dotar de los recursos financieros a los Ministerios de Gobernación y de Agricultura, para llevar a cabo los procesos para la constitución del municipio.
• La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, además de entidades autónomas y descentralizadas, deberán colaborar con su infraestructura para garantizar el desarrollo social, cultural y económico del recién creado municipio.

Las autoridades que realizaron el censo confirmaron este jueves 29 de agosto que el XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda tuvo un costo de Q348 millones, es decir casi Q100 millones más que lo que inicialmente se presupuestó.

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Mauricio Guerra, gerente del Instituto Nacional de Estadística (INE), explicó los motivos por los que el censo costó más de lo que se proyectó en 2016. En el presupuesto del 2017 se dio un aporte extraordinario de Q20.5 millones, pero al final el costo se elevó en otros Q78.5 millones.

“Debemos recordar que los censos recomiendan hacer pruebas de campo y un censo piloto para validar los instrumentos, metodología y logística”, aseveró el funcionario.

El gerente afirmó que cuando se hizo el censo piloto una de las grandes lecciones aprendidas fue que en términos de estructuras —inmuebles— “se encontró un crecimiento mucho mayor al que estaba previsto”.

“Pasaron más de 16 años para que se hiciera el censo -el último censo data de 2002— y eso implicó que se debía reforzar la estructura territorial del censo. Necesitábamos en su momento agregar personal técnico, personal de apoyo, capacitadores, monitores y asistentes, particularmente en los municipios más grandes”, acotó Guerra.

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Recalcó que este trabajo precensal reveló que el trabajo de campo a escala nacional implicaba mayores recursos y “la recomendación internacional era atender lo que reporta un censo piloto y aplicar esas recomendaciones técnicas”.

“Con este enfoque fue necesario reforzar el presupuesto, agradezco a los ministerios de Economía y Finanzas que dentro de esa línea nos permitió reforzar el presupuesto del censo para asegurar que los procesos técnicos se cumplieran de forma adecuada”, declaró Guerra.

Ana Luisa Rivas, del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA por sus siglas en inglés), reveló que el monto que se gastó para la elaboración del censo fue de Q348 millones y resaltó que de acuerdo a estándares internacionales Guatemala invirtió menos recursos de los estipulados.

“En la región de América Latina hay un promedio de entre US$3.50 y US$4 por persona, que es el costo que se estima para los censos de población y vivienda. Guatemala está muy por debajo de ese monto y se pueden decir que los procesos se hicieron de acuerdo a los estándares internacionales”, apuntó Rivas.

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Entrega de resultados

Acisclo Valladares, ministro de Economía, indicó que los resultados del Censo serán revelados el próximo 17 de septiembre, a las 11 horas, en el Teatro Nacional, y que estos serán públicos y estarán a disposición de toda la ciudadanía.

Explicó que estos estarán disponibles en la página web del INE y habrá aplicaciones web que serán de fácil consulta con información geográfica, mapas e indicadores.

“La información recolectada por el censo es un pilar fundamental del Sistema Estadístico Nacional, que permitirá medir el avance de políticas públicas, planes y programas nacionales con los objetivos de desarrollo sostenible y fortalecer la toma de decisiones”, afirmó el funcionario.

Valladares también destacó que dentro de las memorias del Censo se harán recomendaciones a las próximas autoridades para que respeten los plazos establecidos en los estándares internacionales y pueda realizarse los censos cada 10 años.

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Empleados públicos

El ministro de Economía también fue abordado sobre cuándo se entregará el Censo de Empleados Públicos que realiza el INE y explicó que se tiene proyectado que sea la primera semana de noviembre próximo.

El ministro conformó que este se realiza por fases y explicó que actualmente se finalizó la fase dos y que está próxima a desarrollarse la siguiente fase.

En esta se tiene contemplado verificar los datos de los trabajadores del ministerio de Gobernación y negó los señalamientos que se han hecho sobre que la cartera de Seguridad del Interior se haya negado a entregar información.

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El censo se efectuó  del 18 al 26 de abril de 1964 en todo el país, durante la gestión del  presidente Enrique Peralta Azurdia.

estadísticas

Recopilación de datos para el Censo comenzará en julio

La historia censal de Guatemala empieza en 1778, e indica que el censo de ese año fue realizado por el Arzobispado de Guatemala. Luego, hubo en 1880, 1893, 1921, 1940, 1950 y 1964.

Posteriormente se efectuaron censos de población en 1973, 1981, 1994 y, el más reciente, en el 2002.
El censo tuvo retraso, ya que debió haberse efectuado en 1960; pero por la convulsión política de la época, se concretó en esa fecha. El costo de logística de la actividad fue de Q350 mil, y participaron 30 mil empadronadores a escala nacional; además, fue utilizado un millón de boletas censales.

Los resultados del censo de 1964 arrojó que la población total de la República ascendía a cuatro millones 284 mil 473 habitantes.

Medio millón

Prensa Libre, en su edición del 20 de abril de 1964, ofrecía resultados preliminares del censo. La nota periodística  informaba que la población había colaborado de manera magnífica con los 10 mil empadronadores asignados para efectuar encuestas en la capital.

El primer cómputo citadino sumó más de 110 mil habitantes. Sin embargo, el dato final fue que la Ciudad de Guatemala era habitada por 571 mil 251 personas, con  el 13 por ciento de la población del país.

La zona capitalina más poblada en ese entonces era la 1, con 90 mil 226 habitantes; le seguía la 7, con 79 mil 795; el tercer lugar lo ocupó la  5, con 74 mil 35 personas; el cuarto, la  6, con 61 mil 162; y el quinto, la 3, con 60 mil 386 habitantes. Según los resultados, las demás zonas contaban con menos de 50 mil habitantes.

El ministro de Economía, Acisclo Valladares, dijo que la nueva fecha es una recomendación técnica de una misión del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa, en inglés).

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Valladares dijo que también se tomó en cuenta variables como la canícula y el flujo migratorio interno, entre otras.

Una misión de expertos internacionales de Unfpa estuvieron esta semana para analizar distintos factores antes de recomendar una nueva fecha específica. Varios de los especialistas han participado en procesos censales de otros países.

Debido a que no se tienen datos actualizados, expertos señalan que es difícil diseñar adecuadamente políticas públicas, porque tampoco se ha tomado en cuenta, la cantidad de guatemaltecos que viven en Estados Unidos.

La representante de país de Unfpa, Verónica Simán, dijo a Prensa Libre el 6 de marzo último que era importante distanciar la recolección de información con la consulta popular sobre Belice.

“Cuando se anunció que la consulta popular sería el 15 de abril, a nosotros nos preocupó que los dos eventos coincidieran. Hay muchos elementos que son necesarios para los dos procesos. Entonces si se traslapan, la demanda es bien difícil de cumplir, como es el caso del apoyo a seguridad para el trabajo de territorio. Se están haciendo todos los esfuerzos para realizarlo lo más pronto posible, luego de la consulta popular. Será el dictamen técnico el que indique cuál es la mejor fecha para realizarlo”, afirmó.

El levantado de datos durará 25 días calendario, y la boleta censal tiene 85 preguntas distribuidas en siete capítulos.

¿Somos 16 o 17 millones de guatemaltecos, o más? Según proyecciones del INE —basadas en cálculos matemáticos sobre el censo del 2002, podríamos ser 16.2 millones, en tanto el Registro Nacional de las Personas reporta arriba de 17.1 millones.

La única respuesta confiable será la que arroje el Censo 2017, que ya comenzó la   fase logística en el Instituto Nacional de Estadística (INE).

No solo existe  la incógnita de la cantidad de guatemaltecos, sino  las características demográficas de la población —edad, sexo,  tipo de vivienda, lugares con mayor densidad, ocupación, nivel educativo y económico entre otras—, lo cual a su vez servirá de base para  la  planificación de políticas nacionales, ya  que en la actualidad se trabaja con datos  antiguos y proyecciones inexactas.

Mapeo y permisos

A comienzos de octubre se anunció que dentro del Presupuesto 2017, que está aún en discusión en el Congreso, figura una partida de Q249.7 millones para efectuar el conteo de la población. El INE comenzó, el 3 de octubre,   la actualización de la cartografía para planificar la logística de transporte, acceso y cobertura de todos los rincones del país.

Esta fase arranca  nueve meses antes de lo que se anticipó para  el censo del 2002. La fecha tentativa para el nuevo sería noviembre del próximo año.

El mapeo inicial  abarca siete departamentos: Jalapa,  Santa Rosa,  Izabal,  Jutiapa,  El Progreso,  Zacapa y   Chiquimula.   Sin embargo, transcurrido un  mes, los primeros inconvenientes salen a flote, entre ellos el atraso de información geográfica, las comunidades de alta conflictividad y también la delincuencia. 

Carlos Mancia Chúa, director de Censos y Encuestas del INE, informó que  recientemente  a uno de los supervisores intentaron asaltarlo  mientras hacía su labor.

En su afán de escape dejo tirada la tableta electrónica —utilizada para ingresar datos— y se destruyó.   

Otro de las complicaciones que contó Mynor Flores, coordinador de cartografía, fue que en una de las comunidades de Jutiapa no han podido entrar  por un conflicto social.

No obstante, aseguró que  gestionan con el líder comunitario el ingreso para hacer el trabajo de campo.

“Nos topamos en una comunidad en Jutiapa donde un grupo de campesinos no nos ha dejado ingresar”, aseveró Flores, quien atribuye la resistencia a la falta de información.

Agregó que en Casillas, Santa Rosa, están enterados de la existencia  de descontento por asuntos  relacionados a la minería, por lo que han procedido con lentitud y diálogo para explicarles a los comunitarios que las supervisiones servirán para  el censo únicamente.

Juan Pablo Pira, consultor de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, alertó que el INE debe tomar en cuenta que  existen sectores bajo el azote de pandillas y extorsionistas, en los cuales no permiten que ingrese ninguna persona ajena al lugar. En ese caso, apuntó que buscarán el apoyo policial para poder entrar a efectuar las entrevistas llegado el momento.

Historial de censos

El INE señaló que en Guatemala se han efectuado 11 censos, aunque cada uno en su momento ha presentado complicaciones. 

Jorge Arias  del Instituto Centroamericano de  Investigación y Tecnología de la Industria y de la Universidad del Valle, detalla en la monografía titulada  Población de Guatemala,  que “los censos no pasaban de un recuento parcial, generalmente con fines tributarios o religiosos,  y una mera estimación sobre todo en la época Colonial y de la de principios del período Republicano”.

Fue hasta  1778 que Guatemala  realizó  su primer censo. En esa ocasión lo principal era conocer la cantidad de indígenas para adoctrinarlos. Después de 102 años de nuevo se trabajó en un conteo de habitantes, que distan mucho de   los cuestionarios actuales que buscan  conocer más datos.

Se efectúa un tercer conteo en 1893, cuando se registraron 1 millón 364 mil 678 habitantes   y el cuarto en 1921, cuando la población registrada fue de 2 millones 4 mil 900.

El informe del Censo de Población Nacional  de Población XI y el VI de habitación reveló que el censo  de 1950 —que reportó 2 millones 790 mil  868 habitantes—  solo  cubrió el área urbana de los 315 municipios.

En 1964, el gobierno efectúa un nuevo censo. Registra 4 millones 284 mil 473 guatemaltecos, pero este tuvo como defecto que  solo se encuestaron las viviendas ocupadas del área rural  y urbana. 

Tales deficiencias fueron superadas a partir del censo de 1973, porque  se tomó en cuenta todos los sectores y tipos de viviendas, ocupadas y desocupadas, del país.

Pira  explicó que el censo de 1981 reportó menos población en la ciudad de Guatemala que el conteo anterior, mientras que  el de 1994, aunque ya había pasado lo peor  de la guerra,  aún mantenía vedado el acceso a ciertas  regiones del país.

El más reciente

“En el 2002 el estudio se hizo a la carrera… se  prestó mucho a pensar que lo que se buscaba era saber cuánto iba a subir el número de diputados, algo que no afectará ahora”, aseveró Pira.

Édgar Balsells, representante del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Ipnusac) dijo que ese censo —2002—    fue mal hecho incluso indicó que se anularon varios datos. “Quedó una gran interrogante sobre su veracidad”, añadió.

Factores adversos

A un año de que, según lo planificado, pudieran salir  los equipos de encuestadores a las calles ya se avizora la inseguridad como una de las grandes barreras.

Ese fenómeno social afecta a todo el país, por esa razón es necesario que se coordine con las autoridades la seguridad y con los encuestadores denunciar las amenazas para poder entrevistar a las personas. “Si una pandilla no  deja entrar no se tendrán los datos de esa comunidad, por lo que es necesaria la denuncia ciudadana”, declaró Pira.

El segundo factor es el cierre de cientos de colonias, condominios y residencias. “Muchos de esos lugares cerrados no permiten el ingreso de encuestadores. Recuerdo que en el último censo tuvieron que dejar las boletas en las garitas y los guardias las entregaron, el problema fue que contestaron lo que  ellos consideraron”, aseveró.

Pira enfatizó: “En la clase media alta el problema que se avizora son las  talanqueras de condominios,  el INE debe de negociar con estos sectores para buscar apoyo”.

Flores aseguró que los mapas satelitales les permiten detectar comunidades y colonias cerradas, donde gestionan acceso con líderes de las colonias, comité de vecinos, Consejos Departamentales de Desarrollo Urbano y Rural para informar de las fases del censo.

Balsells destacó finalmente la importancia de capacitar bien al personal recolector de datos, así como agilizar el procesamiento de datos para tener un resultado confiable, pues en este tipo de conteos no hay segundas oportunidades.