Políticos exigen al TSE reglas claras sobre libertad de expresión y campaña anticipada para evitar la autocensura

Un comentario en redes sociales  podría ser motivo de la invalidación de candidaturas si no se afinan criterios, de acuerdo con excandidatos y políticos.

Douglas Cuevas

16 de junio de 2025 | 00:10h

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El TSE actualmente solo cuenta con un magistrado titular que mantiene el cargo de presidente en funciones. Fotografía: Prensa Libre (Juan Diego González).

La libre emisión del pensamiento corre peligro en el contexto político por el ambiente de autocensura en que han caído algunos de los potenciales candidatos por temor a que la autoridad electoral los sancione por campaña anticipada, según analistas. Por esta razón, excandidatos y figuras políticas exigen al Tribunal Supremo Electoral (TSE) reglas claras para diferenciar entre libertad de expresión y campaña anticipada.

A criterio de varios políticos, la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp) pone un freno para la emisión de cualquier tipo de opiniones. El artículo 94 de la ley establece que “no será inscrito como candidato quien haga campaña a título individual a cargos de elección popular publicitando su imagen, en los diferentes medios de comunicación social, antes de la convocatoria oficial de elecciones”.

Además, advierte por sanciones en contra de la organización política, las asociaciones y fundaciones que promuevan al aspirante a candidato. Para las elecciones de 2027 se estima que la fecha de convocatoria será el 26 de enero.

El periodo de campaña que habilita la promoción de una figura política y hacer el llamado al voto, ocurrirá 90 días antes de la fecha programada para las votaciones, según la convocatoria que emita el TSE.

La planificación del evento electoral está en marcha y la autoridad electoral desarrolla mesas de diálogo con los partidos políticos para formular una reforma a los reglamentos del TSE. Sin embargo, no está claro si se abordarán los límites a la libertad de expresión que preocupa a algunos políticos entrevistados para este reporte.

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Parteaguas

El problema se originó a partir de las reformas a la Lepp del 2016, por lo que analistas advierten la necesidad de que el Congreso “corrija” los errores de una ley que consideran favorable a la antigua clase política.

“Al ciudadano en un país democrático le corresponde la potestad de expresarse públicamente por un mal ejercicio de gobierno, un mal desempeño administrativo, por problemas de su comunidad, municipio o su país”, explicó Rubén Hidalgo, director del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep).

En Guatemala estos tipos de comentarios, divulgados principalmente en redes sociales, podrían ser motivo para que se invalide la candidatura de una persona con aspiraciones partidarias como ocurrió en la contienda del 2023.

Uno de los hijos del expresidente Álvaro Arzú, Roberto Arzú Escobar, buscaba ser candidato presidencial con el partido político Podemos pero quedó fuera de la contienda porque el TSE rechazó su inscripción porque incumplió con la ley al promover su imagen con fines electorales antes del llamado a las votaciones. El reclamo de Arzú en contra de la sanción llegó hasta la Corte de Constitucionalidad (CC) que avaló la decisión del TSE.

Los límites

Pablo Portocarrero, jefe de la Unidad de Medios de Comunicación y Estudios de Opinión del TSE, dijo que a su criterio en Guatemala los políticos sí tienen libertad de expresión. El funcionario advierte que tan solo se castiga a aquellos que pidan el voto o que hagan promesas como futuros candidatos a algún cargo.

“La libre emisión del pensamiento es un derecho constitucional. El TSE garantiza la libertad de opinión, sobre todo a los diferentes actores políticos”, dijo Portocarrero.

Añadió que es permitido, en cualquier momento, compartir sus puntos de vista ideológicos y opiniones sobre la situación nacional. “Las organizaciones políticas tienen el derecho de que entre sus actividades de proselitismo también esté dar su opinión política, esto es un derecho que establece la ley electoral”.

Aunque el escenario parezca claro, en la práctica no lo es, de acuerdo con integrantes de partidos como Vamos por una Guatemala Diferente (Vamos) y Visión con Valores (Viva) exponen que tuvieron que defenderse en las Cortes por sanciones impuestas por campaña anticipada que pueden llegar a los US$50 mil.

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En desventaja

Para Roberto Alejos, constituyente y exdiputado, fue un “error” la última reforma a la Lepp aprobada por el pleno del Congreso en el 2016. Debido a las restricciones de comentarios y opiniones que han llevado a la autocensura política.

“Yo creo que esta limitación no debería de existir, yo creo que, si tenemos una libre emisión del pensamiento en un artículo hermoso de la Constitución, se debería de incluir el tema político”, dijo.

“La figura de campaña anticipada es algo que no debería de existir, al contrario, nos hace falta politizar más a la población, mantenerla informada del acontecer político y debería hacerse sin limitaciones”, enfatizó Alejos.

Para analistas, las restricciones de libertad de expresión que pesan sobre potenciales líderes políticos son graves. Ya que las limitaciones les ponen en una situación de desventaja frente a políticos de carrera que no necesitan darse a conocer.

“En la Comisión de Actualización y Modernización Electoral (CAME) se presentó la propuesta para que se pudiera definir de mejor manera qué es proselitismo y qué es campaña anticipada”, recordó Guillermo Fuentes, de la organización de capacitación política Aire.

Pero aunque impulsaron este tema de manera constante dentro de la CAME, esos puntos no fueron incluidos en la iniciativa de ley que presentó el TSE en el Congreso.

Continuar con esta norma, asegura, deja en una situación de ventaja a políticos de carrera. Personas que, por cargos públicos pasados o por ser candidatos frecuentes en contiendas electorales, son ampliamente conocidos.

“Hay que ser claros que se está dando una crítica o dando una opinión y que no se está pidiendo el voto”, considera Fuentes.

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Interpretación

Cuatro excandidatos presidenciales y dos políticos que aspiraban a participar en la contienda —aunque no lograron inscribirse por diversos impedimentos legales— coincidieron en la necesidad de revisar la ley electoral vigente. Urgen que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) aclare los criterios para emitir opiniones políticas sin consecuencias legales.

Sandra Torres, excandidata del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), manifestó que es esencial permitir la libre opinión sobre la situación del país.

Manuel Conde, excandidato del partido oficialista Vamos, expresó que la diferencia entre opinar y hacer campaña es clara, pero todo depende de cómo lo interprete el TSE.

Reconoció los esfuerzos que ha hecho el tribunal para delimitar los conceptos de opinión pública, proselitismo y campaña electoral, y enfatizó que las futuras autoridades del TSE deben aplicar criterios objetivos al momento de evaluar posibles casos de campaña anticipada.

Armando Castillo, quien compitió por la presidencia con el partido Visión con Valores (Viva), también hizo hincapié en la necesidad de establecer criterios claros y con suficiente antelación.

Además, criticó las reformas a la Ley Electoral aprobadas en 2016, al considerar que estas favorecieron a los políticos ya conocidos, limitando las posibilidades de los nuevos liderazgos para darse a conocer.

El TSE investiga unos 70 expedientes por supuesta promoción de imagen con fines electorales. Fuentes de la institución advierten que en esos casos figuran Carlos Pineda y Roberto Arzú. El primero fue la figura presidencial de Prosperidad Ciudadana y el segundo del partido Podemos, aunque ninguno de los dos fue inscrito por impedimentos legales.

Pineda asegura que ha preferido mantenerse al margen de las opiniones políticas por temor a una eventual amonestación del TSE. Asegura que jamás ha pagado espacios en redes sociales para promocionarse, pero considera necesario que se reformen los reglamentos para que exista una auténtica libertad de expresión política.

Arzú considera que la legislación y reglas en materia electoral atentan contra la libertad de expresión. “Atentan al querer prohibir la libre expresión del pensamiento y eso es algo que he venido diciendo todo el tiempo, es la forma como han querido cooptar las instituciones el pacto de corruptos”, dijo.

Las voces reflejan la demanda por que el TSE plantee una definición clara y transparente de las reglas que regirán el próximo proceso electoral.

Periodistas de El Salvador urgen a Guatemala contribuir para liberar a Jose Rubén Zamora

Gremio periodístico de El Salvador hace un llamado al Gobierno de Guatemala para que contribuya en la liberación de Jose Rubén Zamora, preso desde hace 800 días.

ACAN-EFE

7 de octubre de 2024 | 19:47h

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Jose Rubén Zamora está preso desde el 29 de julio de 2022. (Foto Prensa Libre: EFE/ David Toro ARCHIVO)

La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) urgió este lunes 7 de octubre al Gobierno de Guatemala a que “contribuya para poner fin a la detención arbitraria” del periodista Jose Rubén Zamora Marroquín, que cumple 800 días en prisión y sin juicio.

La APES señaló en X que “esta detención atenta contra el derecho a la libertad de expresión y prensa en Guatemala” y añadió la etiqueta “#ZamoraLibre”.

El periodista guatemalteco cumplió este lunes 800 días en prisión, sin juicio ni condena confirmada hasta el momento y sin posibilidades de salir hasta 2025, según denunció su hijo.

“Exigimos se respete el principio de inocencia y su liberación inmediata”, afirmó este lunes José Carlos Zamora, hijo del comunicador, quien recalcó que su padre está detenido “arbitrariamente por hacer periodismo y denunciar la corrupción”.

Zamora Marroquín fue capturado el 29 de julio de 2022 durante el Gobierno de Alejandro Giammattei, solamente cinco días después de lanzar fuertes críticas al presidente con señalamientos de millonaria corrupción estatal.

En aquella nota, un editorial en su medio, elPeriódico, Zamora Marroquín catalogó a Giammattei y al exfuncionario Miguel Martínez como “La Fábula del Ogro y el Principito que lo quería todo”.

Tanto Giammattei como Martínez tienen una sanción de Estados Unidos por corrupción, aunque ambos han negado en reiteradas ocasiones las acusaciones en su contra.

De acuerdo con expertos, el proceso judicial enfrentado por Zamora Marroquín ha sido parcializado, debido a que tuvo que cambiar de abogado defensor en al menos cuatro ocasiones por la persecución judicial sufrida por cada uno de ellos de parte del Ministerio Público (MP), cuya cúpula también está sancionada por Estados Unidos.

Una posible revisión de arresto domiciliario o de libertad para Zamora Marroquín está programada para el segundo semestre de 2025, según fuentes judiciales.

Apenas tras estas declaraciones del constitucionalista, trascendió que el TSE emitiría más advertencias similares pero ahora contra Edmond Mullet y Telma Cabrera.

El experto asegura que existen frases dentro de la actual Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) que ponen en riesgo el sistema democrático, ya que no es posible escuchar propuestas o ideas de los políticos.

Faillace, junto al también constitucionalista Gabriel Orellana, busca suprimir los artículos 94 bis y el inciso “n” del 223 de la LEPP, así como el primer párrafo del 62 quater del reglamento a la ley electoral.

El 94 bis señala que ningún candidato será inscrito si se le identifica campaña a título individual para promocionar su imagen en medios de comunicación; el inciso “n” del 223 que señala que no es permitido “realizar actividades de propaganda anticipada”.

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Por último, el primer párrafo del 62 quater, del reglamento a la LEPP, añade que la propaganda ilegal es toda aquella donde un eventual candidato simule noticias o infomerciales para promocionar su imagen en época no electoral.

El seguir manteniendo estos elementos dentro de la norma electoral a criterio de Faillace, hacen que la ley se convierta en un arma para ir sacando de la contienda a políticos incomodos o no alineados.

¿Cómo califica nuestra actual LEPP?

Una basura, así con esas palabras por no decir una palabrota. Cuando los constituyentes hicimos la LEPP y la firmamos en 1985 se convirtió en una ley de nivel constitucional que ha sido modificada varias veces con puro chapuz.

Se ha convertido en un “Frankestein legal” donde lo que tiene es un poder omnímodo en donde el TSE ya perdió la legitimidad, desde hace tres periodos el TSE ha ido perdiendo lo que es la calidad personal de sus integrantes.

Vemos que el TSE actual fue presidido por un supuesto doctor que presentó título falso para poder acceder al cargo, extremo que hasta la Universidad lo confirmó, otro magistrado presentó un título de maestría también falso y la Universidad también dijo que no los reconocía.

Si tienen la calidad moral para robarse un título tienen la calidad moral para cualquier cosa, y se están prestando al juego porque están limpiando el tablero electoral de los incomodos al sistema.

Ya quitaron a los primeros dos que no tienen una gran incidencia electoral, pero tienen una gran incidencia en la opinión del resto de los políticos.

Las consecuencias van a ser unas elecciones ilegitimas porque a usted no lo pueden descalificar porque emitió opinión. Estamos en una campaña de mudos hablándole a los sordos.

Usted junto a otro constitucionalista presentó una inconstitucionalidad contra algunas frases de la LEPP. ¿Qué los motivó?

Nosotros, junto al licenciado Gabriel Orellana, presentamos una inconstitucionalidad con el objetivo de que el TSE no pudiera hacer lo que está haciendo ahorita que es descalificar gente por emitir opinión.

Esa inconstitucionalidad la acumularon con otras dos que personas afines al régimen metieron; el exembajador Acisclo Valladares presentó una inconstitucionalidad contra los mismos artículos pero por otros motivos.

Hubo otro grupo que también planteó la misma inconstitucionalidad pero con otro motivos, lo que están haciendo es dándole la puerta a la CC para no resolver nada.

A partir del 21 de enero que es la convocatoria de elecciones todo mundo puede hablar, pero de acá al 21 de enero el que hable va a ser sancionado. Estamos peleando por dos meses y la CC se está prestando a un montón de juegos.

Vea esa resolución para mantener a la CSJ tres años en el cargo, vea la resolución del Comité Olímpico Guatemalteco, como están permitiendo que los deportistas pierdan sus derechos, y ahora los políticos están perdiendo sus derechos. Esto pasa cuando la ley se amolda a las presiones.

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El TSE advirtió a dos políticos que podrían no ser inscritos por los argumentos que usted en su momento advirtió. ¿Estas advertencias contra políticos podrían ir en aumento?

Garantizado que de acá a la convocatoria de elecciones van a quitar a la mitad de los candidatos.

¿Cómo afecta a la población el que los futuros aspirantes a cargos de elección popular no puedan ni siquiera opinar?

Nos afecta en todo porque no sabemos que piensan (los posibles candidatos) ni que quieren hacer, no sabemos su trayectoria  y ni siquiera si al menos les interesa el país.

Simplemente estamos eligiendo mudos, sordos y ciegos para poder dirigir un país donde nadie le pone importancia. El resultado lo hemos visto en las últimas dos elecciones, mire quienes fueron los electos.

Por ejemplo en el Congreso para esta legislatura eran 110 diputados nuevos, había la esperanza que como iban a cambiar las dos terceras partes del Congreso iba a venir no solo gente nueva, sino joven, con ideas distintas.  ¿Pero que resultó? Más de la misma porquería.

Estamos eligiendo gente desconocida, gente que no tiene trayectoria, gente que no tiene opinión pero que tal vez tiene pisto.

¿Usted cree que la actual LEPP se está usando como un arma política?

Definitivamente, y esto sin mucha explicación. No solo es el hecho de descalificar candidatos, por ejemplo con el tema de la pauta.

Si usted es un candidato pero si es un candidato de los que no cae bien, lo van a pautar a las tres de la mañana cuando nadie lo mire. La ley es un arma, es un instrumento de poder en manos de gente in escrúpulos.

Si la CC sigue ignorando el tema. ¿Qué le espera a Guatemala para las próximas elecciones?

El tema va a seguir siendo ignorado por la CC y nos espera más de lo mismo, otra elección como la del 2019. Donde el candidato con el 10% va a llegar a segunda vuelta y va a ganar con la participación del 20% o 30% de la población.

Entonces usted va a tener un resultado legal pero ilegitimo, acá los presidentes llegan casi que con un 85% de la población en contra y el resultado es que no pueden gobernar.

El respaldo hacía Zamora no es exclusivo de periodistas y gremiales guatemaltecos, su caso es una muestra sobre cómo algunos gobiernos tratan de censurar la libertad de expresión mediante ataques sistemáticos a la prensa independiente. A esa conclusión llega la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) sobre el caso del periodista. 

La SIP decidió nombrar como uno de sus directivos para los próximos tres años a Jose Rubén Zamora, según informó Jorge Canahuati, presidente saliente de la SIP.

La decisión se tomó durante la 78 Asamblea General de la SIP, en donde también se condenaron las acciones del Gobierno de Guatemala contra la prensa independiente.

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Zamora fue detenido el 29 de julio pasado en su residencia acusado de lavado de dinero por el Ministerio Público, cuya jefa y fiscal general del país, Consuelo Porras, fue sancionada en 2021 por Estados Unidos debido a “obstruir” la Justicia en Guatemala.

El patrón que la SIP ha identificado son ataques jurídicos con el apoyo del Ministerio Público (MP), y señalamientos mediáticos para generar desprestigio contra la prensa en las redes sociales usando a los “netcenters”.

“Este es el cuerpo principal que aprueba todas las políticas, cambios de estatutos y resoluciones más importantes que hay para la SIP. Ser miembro de la Junta de Directores no es solo una gran responsabilidad sino que es un gran reconocimiento”, señaló Canahuati.

Crisis regional

Los ataques sistemáticos contra la prensa, posiblemente impulsados desde las altas esferas gubernamentales parecen ser un fenómeno regional, que podría ir caminando poniendo en riesgo la libertad de expresión.

Durante la recién concluida asamblea anual de la SIP se nombraron a siete autoridades incluido presidente, vicepresidentes, secretario y representantes de comités.

Asimismo un grupo de 20 directores, dos ellos actualmente detenidos por acciones jurídicas y políticas que buscan ir limitando la libertad de expresión y crear un ambiente de censura, opinan autoridades de la SIP.

Se trata de Juan Lorenzo Holmann Chamorro, de “La Prensa”, Managua, Nicaragua, periodista encarcelado durante el régimen de Daniel Ortega.

El segundo caso es el de Jose Rubén Zamora, de “El Periódico”, periodista detenido durante la administración de Alejandro Giammattei, a raíz de una investigación del Ministerio Público que lidera María Consuelo Porras.

La Fiscal General fue reelecta por decisión de Giammattei, y sobre ella pesan señalamientos de favoritismos en las investigaciones y de una supuesta amistad con el mandatario, según organizaciones sociales de Guatemala.

“Para el caso de José Rubén Zamora creo que es un respaldo a sus colegas, a todo este proceso legal que está sufriendo con perspectiva de inhibir la libertad de expresión en ese querido país de Guatemala”, agregó Canahuati.

A demás de ese respaldo, en una resolución de la SIP se pide la liberación de Zamora para enfrentar los señalamientos en su contra en condiciones que no vulneren sus derechos humanos.

El presidente saliente de la SIP concluyó una comunicación enviando un mensaje a Zamora y a las autoridades del país. “No está solo, primero; y segundo, a las autoridades exigimos que haya un proceso según la ley y que cualquier elemento de tratar de coartar la libertad de expresión sea apartado”.

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Nuevas autoridades de la SIP

Junto a los 20 directores, entre los que se encuentra incluido el periodista guatemalteco José Rubén Zamora, también hubo renovación en la presidencia de la sociedad de periodistas y otros cargos detallados a continuación.

• Presidente: Michael Greenspon, The New York Times, New York, NY.
• Primer vicepresidente: Roberto Rock, La Silla Rota, Ciudad de México, México.
• Segundo vicepresidente: José Roberto Dutriz, La Prensa Gráfica, San Salvador, El Salvador.
• Secretaria: María Eugenia Mohme,Grupo La República, Lima, Perú.
• Tesorero: Juan Pablo Illanes,El Mercurio, Santiago, Chile.
• Presidente del Comité Ejecutivo: Gabriela Vivanco,La Hora, Quito, Ecuador.
• Presidente Comisión de Nominaciones: Jorge Canahuati,Grupo Opsa, San Pedro Sula, Honduras.

El nuevo presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Michael Greenspon (The New York Times) se ha comprometido a que la organización “siga siendo un faro contra la oscuridad del autoritarismo” y a luchar por la sostenibilidad de los medios, con un pago justo de las plataformas.

En su primer discurso como presidente, en la clausura de la asamblea que la SIP ha celebrado en Madrid entre el 27 y el 30 de octubre, el ejecutivo estadounidense ha reafirmado la promesa que le hizo el pasado viernes a la hija de Juan Lorenzo Holmann Chamorro: no olvidar que su padre, como otros periodistas nicaragüenses, sigue encarcelado.

“Nuestra misión permanece esencial como lo fue cuando nos fundamos hace 80 años”, ha remarcado el director global de Licencia e Innovación impresa del New York Times, que ha tomado el relevo de Jorge Canahuati, (Grupo OPSA, Honduras).

Una misión fundamental ante el “renacimiento del autoritarismo” y la profusión de líderes “que prefieren dar la espalda a la libertad de sus ciudadanos y usar los medios como chivos expiatorios”.

*Con información de EFE

La resolución de la SIP da cuenta que estas acciones de censura no son exclusivas del Gobierno de Guatemala, sino que para llevar a cabo todo este mecanismo de “ataque” también se cuenta con el apoyo del Ministerio Público (MP), refiere la sociedad.

“Se está atacando en forma sistemática a los periodistas y medios que no se pliegan a los intereses del gobierno del presidente Alejandro Giammattei y que dichas prácticas son ejercidas, avaladas o incitadas por funcionarios públicos”, explica el documento.

“Desde el inicio de su gestión, el Gobierno del presidente Alejandro Giammattei ha tenido una relación tirante con la prensa independiente. Cualquiera que opine diferente es considerado un enemigo, opositor o agitador”, puntualizó el informe anual de la entidad sobre Guatemala.

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Con respecto al MP, la entidad regional denunció “la estrategia del Ministerio Público sobre casos de alto interés de la ciudadanía”, la cual “ha sido mantenerlos ‘bajo reserva’ (figura jurídica en Guatemala que evita la divulgación de datos), con lo cual no entrega ninguna información ni confirma que el caso exista”.

Uno de los casos que enlista el documento de la SIP es la captura del periodista José Rubén Zamora, presidente del medio de comunicación “El Periódico”, quien lleva más de tres meses detenido por un presunto caso de lavado de activos.

Organizaciones guatemaltecas y la misma SIP han solicitado que Zamora pueda enfrentar el proceso en arresto domiciliar, ya que se encuentra recluido en condiciones deplorables, que podrían ser parte del mismo sistema de ataque estatal contra la Prensa.

“Le han limitado las visitas de sus abogados y allegados, con lo cual se le aplica una estrategia de daño psicológico y físico”, dice el documento, que también hae mención a Flora Silva, gerente financiera de “El Periódico”, que fue también detenida.

La SIP también pidió la liberación de Zamora y Silva, para que puedan enfrentar el proceso legal en su contra en condiciones más humanas.

Este medio de comunicación es uno de los más críticos que ha enfrentado la administración de Alejandro Giammattei, que el próximo 14 de enero estará cumpliendo tres años de mandato presidencial.

Otros casos

El caso de José Rubén Zamora no es el único que la SIP tiene documentado contra la prensa guatemalteca, en la resolución emitida este 30 de octubre se enlistan los ataques contra otros periodistas guatemaltecos.

La SIP también enlista los ataques jurídicos que han sufrido Óscar Clemente Marroquín y Pedro Pablo Marroquín, propietarios y directivos del medio de comunicación “La Hora”.

Los dos periodistas han sufrido denuncias de funcionarias por supuesta violencia contra la mujer, en un claro intento por evadir la responsabilidad y rendición de cuentas en el cargo, señala la SIP.

Otro proceso que se enlista en la resolución es el caso del periodista Juan Luis Font, uno de los conductores del programa radial de opinión llamado “Con Criterio”.

El periodista actualmente se encuentra fuera de Guatemala, sobre él pesan señalamientos legales por una investigación del MP. “Le están aplicando la estrategia de ataques legales poco claros y, con ello, obstruyendo el derecho de defensa establecido en la Constitución”, cita la SIP.

Ataques digitales

La SIP también señala que se ha comprobado la existencia de “netceters” desde los que se han enviado intimidaciones a periodistas.

El documento de la SIP señala que hay “comprobada existencia de “netcenters” montados y financiados con recursos públicos y privados que se utilizan para atacar y amenazar, incluso de muerte, a periodistas críticos, políticos opositores y ciudadanos que cuestionan al Estado”.

La SIP solicita al Gobierno de Giammattei dejar de atacar a periodistas y medios independientes, así como desarticular los “netcerters”, que suelen ser “utilizados como armas de propaganda, discurso de odio y para realizar campañas de desprestigio en contra de periodistas, opositores y ciudadanos”.

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Presidencia responde

Al ser consultado el equipo de Comunicación Social de la Presidencia por la resolución de la SIP, se obtuvo una respuesta enviada por Kevin López, Secretario de Comunicación.

López solicitó que toda su respuesta pueda ser publicada de manera íntegra, aclarando que esto sería parte de una práctica periodística “sin sesgo ideológico”.

“Es totalmente falso que durante la administración del Doctor Alejandro Giammattei se hayan registrado ataques sistemáticos a periodistas o se haya restringido de alguna manera la labor periodística en el país. La Secretaría de Comunicación social de la Presidencia, durante el último año ha promovido el acceso a las fuentes de información por medio de conferencias de prensa semanales, contabilizando más de 40, en las que participan funcionarios de distintos ministerios y dependencias”, señaló.

En algunas oportunidades, medios de comunicación independientes han documentado como suelen ser los últimos en ser notificados de conferencias de prensa o pronunciamientos oficiales.

“Se han respondido un total de 645 consultas directas de medios nacionales y extranjeros sobre diversos temas y nuestra plataforma de recursos multimedia para periodistas denominada Sala de Prensa, contabiliza un total de 2 millones 739 mil 363 visitas del  1 de enero al  25 de octubre del presente año”.

Recientemente durante una conferencia de prensa a causa de la tormenta Julia, cuando el periodista Carlos Kestler de Prensa Libre y Guatevision cuestionó a Giammattei sobre mecanismos de transparencia para atender la emergencia, se perdió la transmisión oficial en las redes sociales del Gobierno de Guatemala.

Sin embargo, en videos tomados por Prensa Libre y Guatevisión se constató cómo Giammattei contestó molesto a las preguntas que Kestler hizo sobre la gestión. Al presidente se le consultó sobre por qué optar a medidas como el estado de calamidad cuando víctimas del huracán Iota siguen sin recibir los beneficios que supuestamente recibirán, pero respondió molesto.

El @GuatemalaGob cortó la transmisión oficial de la conferencia antes de que se escucharan las preguntas de @prensa_libre y @Guatevision_tv a @DrGiammattei.

¿Por qué difundir solo las preguntas de ciertos medios y cortar transmisiones abruptamente, secretario @KLopezOliva? pic.twitter.com/rjQRVZYrca

— Carlos Kestler (@CKestler_GTV) October 12, 2022

Sobre los “netcenters”, la Presidencia expuso:  “El gobierno de Guatemala rechaza rotundamente el señalamiento del uso de los denominados “netcenter” por parte de alguna institución del mismo, al contrario, se han recibido ataques sistemáticos de cuentas falsas hacia la gestión presidencial y gubernamental en general”, amplió el Secretario.

La SIP tiene una opinión distinta, sobre todo por la forma en cómo las redes sociales han ido recibiendo un uso mediático más que solamente informativo y de entretenimiento.

“Hemos sido testigos de señalamientos infundados que únicamente buscan debilitar el sistema democrático del país, contabilizando más de 6 mil ataques a la figura presidencial, de  forma continua, irresponsable y por supuesto, infundada”, señaló.

Recientemente el Ministerio de Relaciones Exteriores fue objeto de un ataque cibernético y la actuación de la cartera fue declarar la información de dicho evento bajo reserva, situación que despertó dudas en sectores sociales por considerar que la medida riñe con la transparencia.

“Desde el gobierno de Guatemala, hacemos un llamado a trabajar por el fortalecimiento de la democracia, mediante un ejercicio periodístico objetivo, independiente y sin sesgos políticos, que consoliden el estado de derecho y no dividan a nuestra sociedad”, concluyó López.

MP emite postura

Por su parte el equipo de Comunicación Social del MP, por ser mencionados en la resolución de la SIP, explicó que respetan el comentario pero que no lo comparten, rechazando los señalamientos que se le hacen ala institución.

“Se respeta la opinión sin embargo no se comparte ya que es alejada de la realidad. El MP de conformidad con su mandato legal y constitucional tiene la obligación de investigar toda denuncia, acción que siempre desarrolla con objetividad, imparcialidad y apego al principio de legalidad. El investigar una denuncia es parte de la función y del mandato legal y constitucional del MP sin que esto signifique persecución o limitación de la libertad de prensa”, refirió la dependencia.

La SIP también considera necesario hacer una visita a Guatemala, donde un equipo especial vendrá a ver la situación del periodista Zamora y el ambiente hostil que afirman existe sobre la prensa en Guatemala.

*Con información de EFE

El comunicado también menciona que la censura alcanza también a Gerson Ortiz, jefe de redacción, y el reportero Cristian Veliz, a raíz de una publicación sobre nepotismo en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que involucra a la hija de Dina Ochoa, presidenta de la Corte de Constitucionalidad (CC).

El documento menciona que Dina Alejandra Bosch Ochoa, hija de la magistrada y empleada del TSE, denunció a los tres periodistas por supuesta “violencia contra la mujer en el ámbito público”, luego que el medio publicara la renovación de su contrato como asesora en esa institución, con un sueldo de Q20 mil mensuales.

“La orden de restricción contra elPeriódico, que son extensivas a la familia de la empleada pública. por ende, a la magistrada de la CC, fue suscrita por la jueza de femicidio Anaelsee Ramirez Pérez”, se leen en dicho comunicado.

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Señala que aunque en un inicio por el juzgado de femicidio, el MP accionó para que se decretaran las medidas de restricción. Estas acciones ocurren cinco meses después que “otro juzgado, manipulando la Ley de Femicidio, censuró a directivos de La Hora por una denuncia que hizo Alejandra Carrillo, directora del Instituto de la Victima”.

“Dichas medidas no solo afectan la libertad de expresión del medio y sus integrantes, sino el derecho de la ciudadanía a obtener información de carácter público sobre actos irregulares en la administración pública, como los denunciados por elPeriódico”, se lee en el documento.

Según la APG, los funcionarios y empleados públicos están sujetos a un mayor escrutinio de los medios y la ciudadanía, y no pueden escudarse en su condición de género, preferencias sexuales u origen étnico para evitar esta fiscalización.

Alega que los jueces y magistrados que apoyan estas prácticas son igualmente responsables de mancillar la libertad de expresión y merecen la condena pública.

“Vemos con preocupación que estas acciones de criminalización se agraven, ante la cooptación del Organismo Judicial y el MP por actores estatales que buscan generar impunidad, y que puedan existir casos graves de prisión prolongada para periodistas, sentencias de cárcel, la imposición de multas exorbitantes o la intervención de medios, como en una dictadura”, se menciona.

“Para la APG esta orden de censura forma parte de las acciones para amordazar y criminalizar a las voces críticas, acciones que no tienen cabida en un régimen democrático sino son propias de Estados autoritarios. Alertamos a la ciudadanía y a la comunidad internacional del continuo interés del gobierno por socavar la libertad de expresión, censurar la criticas y publicaciones por posibles actos irregulares y de corrupción, e imponer una única versión de las noticias”, concluye el comunicado.

El informe “Estado de Situación de la Libertad de Expresión – Primer Trimestre 2022”, difundido este martes 3 de mayo en conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, señala que, durante el primer trimestre de este año “el Observatorio de los Periodistas registró 29 denuncias de periodistas y agresiones contra miembros de la prensa”, de las cuales, en 16 están involucradas fuerzas de seguridad y autoridades de distintos niveles estatales.

Agrega que, de enero de 2020 a marzo de 2022, el Observatorio ha registrado 313 ataques en contra de comunicadores y medios de comunicación, “lo que convierte al gobierno de Alejandro Giammattei en la gestión con más represiones, persecución e intolerancia hacia la Prensa”.

El documento refiere que “los principales patrones observados durante los primeros meses de 2022 fueron las limitaciones para acceder a las fuentes informativas y las campañas de difamación, acoso y desprestigio en redes sociales”.

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Señala que, en el primero de los casos, los responsables directos son trabajadores del Estado, mientras que, en el segundo, “se sospecha fuertemente del involucramiento directo o indirecto de empleados y autoridades públicas, principalmente de la Presidencia y el Ministerio Público (MP)”.

Entre las autoridades identificadas en estos actos, destacan las del Organismo Judicial (OJ), relacionadas en al menos seis casos de restricciones para acceder y cubrir audiencias judiciales, un caso de amenazas con iniciar procedimientos penales contra periodistas y uno más de acoso, que estaría motivado por el interés de violar el secreto de las fuentes periodísticas.

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Además, el documento destaca que funcionarios y empleados de otros organismos del Estado también restringieron a la prensa y destaca “el interés que mostró la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, de atender y brindar información a los reporteros únicamente dos veces por semana y en un espacio en específico, así como las acciones de miembros del Ejército y de la seguridad presidencial para limitar la labor de reporteros”.

Campañas de desprestigio

De acuerdo con el informe de la APG, “las campañas de desprestigio y acoso en redes sociales es uno de los patrones de ataque que más se ha repetido en los últimos años y que destacó durante los primeros meses del 2022”.

Un comunicado de la APG agrega que estas campañas, “sumadas al discurso confrontativo de la Presidencia y otros funcionarios estatales, no solo buscan menoscabar la imagen de sus víctimas, dañar su credibilidad y crear zozobra para generar censura y autocensura, sino pretende imponer en el imaginario colectivo que los periodistas críticos al poder son enemigos de la democracia, divulgadores de falsas noticias u opositores al régimen por cuestiones políticas e ideológicas, queriendo hacer ver que sus publicaciones y críticas son infundadas y la única versión verídica e irrefutable es la oficial”.

También destaca que esas agresiones afectan particularmente a “las mujeres periodistas, quienes son víctimas de acoso sexual, ataques por su condición de género, discriminación racial y burlas sexistas” y a pesar de la gravedad de estos actos, “el Estado y el sistema judicial permiten que estos netcenters y personas actúen con impunidad”.

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“Como lo denunciamos desde los últimos años, las acciones del Estado hacia la Prensa no son actos aislados, responden a una campaña estructurada desde las altas esferas del poder político para criminalizar, perseguir y atacar a las voces críticas y actores vinculados o que apoyan la defensa de los derechos humanos, la lucha contra la corrupción y la fiscalización hacia las instituciones públicas”, dice el comunicado.

“Prueba de esta campaña de persecución es la aprobación, con el beneplácito de Giammattei, de los cambios a la Ley de ONGs, la cual brinda al gobierno una facultad autoritaria para cancelar, impedir el registro y sancionar severamente a miembros de las organizaciones sociales. Esta normativa restringiría derechos fundamentales como la libertad de expresión y la libertad de asociación, y sus repercusiones alcanzarían también a las organizaciones de prensa. No sería extraño que en un futuro el Estado inicie una cacería contra estas organizaciones, como lo ha hecho la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua”, agrega.

El comunicado agrega que “los casos de desplazamiento forzado o exilio de comunicadores en los últimos meses, debido a la criminalización de actores vinculados con el Estado y el apoyo que reciben por parte de la fiscal general, María Consuelo Porras Argueta, hacen temer que los actos de persecución penal infundados se eleven durante el resto de este gobierno. Aunque existen antecedentes de comunicadores arrestados de forma arbitraria, podrían registrarse casos de largos periodos en prisión, sentencias de cárcel o la imposición de multas económicas exorbitantes, que podrían afectar también a propietarios de medios”.

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“Estos temores se elevan con la posibilidad que Giammattei elija nuevamente a Porras Argueta para la fiscalía general o elija cualquier otro alfil, como el actual Procurador General de la Nación (PGN), Luis Donado, quien podría continuar o endurecer la cacería del MP en contra de miembros de la prensa”, añade la misiva.

También dice que en ese “escenario complicado, observamos con preocupación también que la elección del próximo(a) Procurador(a) de Derechos Humanos (PDH) sea aprovechada por el presidente y sus aliados en el Congreso para elegir a un funcionario dócil a sus intereses, lo que socavaría el último bastión en el Estado para la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión”.

“La cooptación de todas las instituciones públicas, particularmente del sistema de justicia, por parte de Giammattei y sus aliados, el interés de amordazar las críticas hacia el actual régimen y de venganza hacia sus opositores por parte de Porras Argueta, terminarían de sucumbir a Guatemala en un Estado autoritario en que no exista respeto hacia los derechos humanos, que impongan una censura autoritaria y los críticos deban elegir entre el silencio, la prisión, la muerte o el exilio”, enfatizó Factor Méndez, de la Comisión de Libertad de Prensa de la APG.

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Posturas

Con respecto a los señalamientos de APG, el Gobierno dijo que “las afirmaciones son contradictorias, ya que en el informe se reportan dos incidentes concretos atribuidos al Ejecutivo, en los que no se consigna la explicación ni seguimiento de cada caso. El informe reconoce que está elaborado y se atribuye basado en sospecha, algo bastante injusto.

Agrega que “desde el punto de vista cuantitativo, también es posible observar que las denuncias no hay seguimiento y tampoco se plantean al Ejecutivo”.

“El Gobierno de Guatemala hace uso de medios digitales y redes sociales únicamente con el afán de comunicar. Es contradictorio señalar difamaciones y replicar ese mecanismo. Desde la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia -SCSPR-, se han implementado herramientas de acceso a la información gubernamental, dentro de las cuales sobresale la plataforma digital Sala de Prensa, donde se han incluido 7 mil 320 eventos, cada uno con información y recursos audiovisuales para periodistas, alcanzado un impacto significativo de casi tres millones de visitas en el sitio, desde su creación.

Añade que, asimismo, “se informa que, en el primer cuatrimestre del año, se ha brindado respuesta a 368 consultas de los diferentes medios de comunicación”.

Por su parte, el MP señaló que “la fiscal general de la República siempre ha sido garante del respeto de la libertad de prensa y del ejercicio periodístico, lo cual es fundamental para la democracia”.

La Fiscalía añade que “la Constitución Política de la República establece que la función del Ministerio Público es la investigación y la persecución penal, de esa cuenta, el Ministerio Público debe atender todas las denuncias que se presentan. En ese sentido, todas las investigaciones se desarrollan con objetividad e imparcialidad”.

También dice que “es importante mencionar que ningún caso bajo investigación tiene relación con el ejercicio periodístico, al contrario, fue la fiscal general quien creó la Fiscalía de Delitos contra Periodistas para garantizar el libre ejercicio periodístico y el respeto a sus derechos”.

Así lo dijo este lunes 2 de mayo en una entrevista con la Agencia EFE, con motivo de su presencia en la Conferencia de la Unesco por el Día Mundial de la Libertad de Prensa, bajo el lema “El periodismo bajo asedio digital”.

“Tenemos que seguir trabajando muy enfocados en el tema de la violencia contra periodistas”, aseveró el uruguayo Pérez Manrique, quien agregó que esas siguen siendo “las principales preocupaciones, más allá de cómo funciona este mundo nuevo, o no tan nuevo, de internet y redes sociales”.

Por otra parte, indicó que le dejó “una sensación de absoluta satisfacción” que en el encuentro llevado a cabo en la ciudad de Punta del Este se hayan podido concentrar organizaciones, instituciones y gente para discutir sobre la libertad de expresión y los riesgos que esta afronta en este “particular momento” que vive el continente.

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Resaltó que este evento, junto al que se celebrará el 2 de noviembre en Viena por el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, “van a marcar el hito de este año” en un mundo que se encuentra “en situación de guerra” y “en situación de depresión” en función de la pandemia y sus consecuencias.

“Es un mundo que necesita cada vez más libertad de expresión, cada vez necesita un mejor debate, un debate de mejor calidad para poder encontrar las mejores soluciones para las sociedades”, puntualizó Pérez Manrique, quien durante el 145º Período Ordinario de Sesiones de la CorteIDH fue electo presidente para el período 1 de enero de 2022-31 de diciembre de 2023.

Este lunes, quien fuera presidente de la Suprema Corte de Justicia uruguaya también mantuvo un encuentro con la directora general de la Unesco, la francesa Audrey Azoulay.

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“Tuvimos una conversación muy interesante sobre aspectos de la situación política actual del mundo y de un tema que a mí me preocupa mucho que es el de la situación de gobernanza global y también la gobernanza doméstica”, dijo.

En ese sentido, apuntó que le preocupa “la ineficacia” de la gobernanza. “Nos preocupa cómo hay un deterioro de la gobernanza local a través de debilitamiento de los sistemas judiciales, a través de cuestionamientos a operadores judiciales y a una cantidad de aspectos que atienden a debilitar los sistemas de control”, agregó.

Asimismo, expresó que hablaron sobre futuros proyectos que tienen que ver con “profundizar” en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y en el programa de jueces, un plan tendente a capacitar a jueces en Libertad de Expresión mediante cursos en línea y por medio de instancias presenciales desarrolladas en las escuelas judiciales.

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Finalmente, Pérez Manrique contó que invitó a la directora general de Unesco a visitar Costa Rica el primer lunes de febrero de 2023, fecha en que se llevará a cabo la inauguración del año judicial interamericano.

Azoulay participó este lunes junto al presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, en la inauguración oficial de la Conferencia de la Unesco por el Día Mundial de la Libertad de Prensa que, hasta el miércoles 4, debatirá sobre las dificultades de los periodistas para ejercer su profesión en todo el mundo.

La reforma, propuesta por el presidente Nayib Bukele, fue aprobada con los votos de 63 diputados de 84 en el Congreso y con dispensa de trámite, es decir sin estudio ni discusión parlamentaria.

El diputado Rodrigo Ávila, de la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena), propuso que la iniciativa pasara a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para ser estudiada, pero no alcanzó los votos para ello.

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La reforma al Código Penal establece penas de 10 a 15 años de cárcel para quienes “elaboren, participen en su elaboración, facilitare o fabricare textos, pinturas, diseños, dibujos, grafitis o cualquier forma de expresión visual que haga alusión a las diferentes agrupaciones”.

Igual sanción se aplica a medios de comunicación radial, televisivo, escrito o digital que “reproduzcan o transmitan” mensajes de pandillas.

El Congreso suspendió, a petición de Bukele y sin ningún estudio o discusión, varios derechos constitucionales, entre ellos el de la defensa durante un proceso judicial e inviolabilidad de las telecomunicaciones.

“Primer paso a la censura”

Tras la aprobación de la normativa sin ningún análisis, la Asociación de Periodistas de El Salvador (Apes), organismos internacionales y la oposición salvadoreña denunciaron que la decisión es el primer paso para la censura.

“Consideramos estas reformas como un claro intento de censura a los medios de comunicación. Prohibir al periodismo reportar la realidad que viven miles de personas que habitan en comunidades controladas por pandillas no surtirá ningún efecto”, dice la Apes.

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Agregó que el periodismo aporta datos valiosos y es fundamental para comprender el impacto de las pandillas y de los grupos criminales “que han sangrado al país desde hace décadas”.

“Estas reformas mordaza son una nueva herramienta para criminalizar el trabajo periodístico”, advirtió.

*Con información de EFE*

Si queremos algún día ser un país desarrollado, debemos hacer lo que los países desarrollados hacen, no lo que ellos nos dicen que hagamos. https://t.co/5ZONxm8RId

— Nayib Bukele (@nayibbukele) April 6, 2022

#Comunicado Desde APES expresamos nuestra preocupación por reformas mordaza @PDDHElSalvador @PVacaV @RELE_CIDH @RSF_esp @FIP_AL @VDSorg @Cristosal @FESPAD_sv @idhuca pic.twitter.com/A36nBv4hdV

— APES (@apeselsalvador) April 6, 2022

“¿Qué pasaría si hiciéramos EXACTAMENTE LO MISMO que la Unión Europea y censuráramos a los medios que ‘desinforman a la población’?”, publicó el mandatario en su cuenta de Twitter.

Minutos antes, Bukele también escribió en esta red social: “Dicen que el periodismo fiscaliza al Gobierno? Pero ¿quién fiscaliza al ‘periodismo’?”.

Este mensaje acompañó la publicación de la radio local YSKL que retoma otro de sus tuits, en el que aclara que un accidente de tránsito no tuvo que ver con un microbús intervenido por el Gobierno.

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“La ruta 42 (administrada por el Gobierno) no es la misma que la ruta 42B, que es la que tuvo el accidente. Está claro que muchos medios de comunicación están detrás de la estafa que han estado haciendo al pueblo salvadoreño”, indicó el mandatario.

Este medio dio a conocer una “fe de errata” en la que se disculpó por no precisar que la unidad accidentada era “42B”.

¿Qué pasaría si hiciéramos EXACTAMENTE LO MISMO que la Unión Europea y censuráramos a los medios que “desinforman a la población”?

— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 16, 2022

La Policía salvadoreña informó el sábado de la detención del empresario de transporte colectivo Catalino Miranda por supuestamente incrementar el pasaje y obstaculizar la vía pública.

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Tras esta detención, el Gobierno de Bukele intervino cerca de 300 autobuses y microbuses, que el lunes comenzaron a ser conducidas por militares.

El presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) de El Salvador, Javier Simán, ha catalogado esta acción como una “confiscación”.

Estas publicaciones del mandatario se dan pocas horas después de que un representante del Estado salvadoreño negara ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en El Salvador se ejerza “persecución” contra la prensa.

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“El Estado es firme en declarar que bajo ningún concepto ejerce una persecución, hostigamiento o estigmatización hacia personas o entidades críticas a la gestión del Gobierno, así sea que estas se atribuyan o no la calidad de periodistas”, dijo Jaime Rivera, funcionario de la Fiscalía que habló en nombre del Estado salvadoreño.

En octubre de 2021, la CIDH señaló en su informe sobre el país centroamericano que “ha venido documentando (…) denuncias sobre el creciente ambiente hostil para el ejercicio de la libertad de expresión”.

La presidenta de la CIDH, Julissa Mantilla Falcón, reiteró este miércoles el llamado al Estado salvadoreño para que permita una visita que posibilite conocer directamente la situación de la libertad de expresión en el país.

“En este contexto adverso para la prensa. Emisoras Unidas de Guatemala ha denunciado un acto de persecución penal en su contra, que estaría motivado por la labor informativa y periodística del medio, mediante el cual se pretende la intervención de la empresa y con ello dañar sus finanzas, lo que afectaría su funcionamiento y su libre ejercicio como medio de expresión”, señala un comunicado de la APG.

Añade que “Emisoras Unidas señaló en un comunicado público, que, aunque este proceso espurio fue rechazado frecuentemente por cuatro juzgados diferentes, el Juzgado Quinto de Primera Instancia del Ramo Civil del departamento de Guatemala aceptó la demanda y los ha obligado a depositar una suma millonaria, como garantía”.

Tal situación ha sido calificada por la APG como grave para los periodistas en Guatemala, por lo que “la Comisión de Libertad de Prensa de la APG remarca la necesidad de que el gobierno implemente mecanismos de protección, que los tribunales sancionen contra quienes agreden a los periodistas, pero de manera especial, que se abstengan de conocer o procesar las denuncias sin fundamentos en contra de medios y comunicadores, mediante las cuales pretenden imponer una censura previa”.

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De acuerdo con los registros de la APG, “este año se han producido nueve agresiones de diversas formas en contra de periodistas y medios, lo cual demuestra la existencia de un plan premeditado para crear temor en el gremio y evitar cualquier tipo de investigación y denuncia de los hechos ilícitos que acontecen en esferas gubernamentales o en los centros de poder en Guatemala”.

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“Queremos reiterar que los periodistas y los medios solo cumplen con su función de recopilar, analizar y trasladar información de interés a la ciudadanía para que esta, si se considera o resultara afectada por diversos actos, determine las acciones a seguir en la defensa de sus derechos. Los comunicadores, como cualquier ciudadano, están amparados por la Constitución para ejercer libremente su libre expresión y por lo tanto no deben existir presiones o represalias de ningún sector por la práctica de este derecho”, refiere la APG.

Por aparte, el comunicado de Emisoras Unidas señala que “estamos siendo víctimas de una demanda basada en documentos sin sustentación legal, alegando un falso incumplimiento de un contrato de canje de publicidad en nuestro medio a cambio de servicios de internet, ocurrido hace más de diez años”.

Agrega que empresas de cartón “son las promotoras de esta ilegalidad, que buscan tomar represalias en contra de este medio de comunicación por su rectitud y transparencia al informar sobre los hechos”.

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También refiere que “en cuatro ocasiones anteriores cuatro juzgados consecutivamente rechazaron esta demanda por inconsistente y por carecer de fundamento fáctico y legal, (…) hasta que llegó el Juzgado Quinto de Primera Instancia del Ramo Civil del Departamento de Guatemala, que de manera extraña la aceptó, ha intentado intervenir esta empresa y nos obligó a depositar como garantía 7 millones de quetzales en efectivo, a lo que tuvimos que acceder”.

“Ya antes hemos tenido presiones de diferente tipo de diversas instituciones, tratando de doblegar nuestro sistema de noticias, pero es la primera vez que un tribunal de la república se presta a semejante atrocidad”, concluye el comunicado.

En la década de 1980, antes de la invención de la World Wide Web, había una cosa naciente llamada Usenet. Era una colección de tableros de mensajes para el pequeño número de personas de instituciones académicas y tecnológicas que sabían de su existencia.

Gente como Brad Templeton, quien hasta entonces había usado computadoras sólo para jugar y hacer hojas de cálculo.

“Usenet fue una epifanía para mí. Comprendí que el el verdadero objetivo, el uso más importante de las computadoras era hablar con otras personas“, recuerda Brad.

En Usenet había páginas dedicadas a conversaciones sobre ateísmo o sexo o vinificación o tecnología.

“Era como la plaza de un pueblo. Todas las noches, tu computadora llamaba a otras computadoras e intercambiaba todo lo nuevo con ellas, y luego podías tener una discusión con personas de todo el mundo”.

Un punto

Brad accedía a Usenet a través de la Universidad de Waterloo, en Canadá donde había estudiado, pues no era algo a lo que cualquiera podía conectarse desde casa.

Por lo general, se necesitaba una computadora en un laboratorio, en una compañía de computación o una universidad.

“Por lo tanto, la audiencia era altamente educada, generalmente acomodada, probablemente no tan étnicamente diversa y con conocimientos tecnológicos. Una élite”.

Eran pioneros.

Para darte una idea de cuánto, un día en 1982, Brad publicó un mensaje sugiriendo que los correos electrónicos podrían ser más fáciles de leer si se les ponían un punto. Otros estuvieron de acuerdo, y es por eso que nuestras direcciones de correo electrónico ahora terminan en .com.

Pero Brad quería que su legado de Usenet fuera más divertido que eso, por lo que creó su propio tablero de mensajes dedicado al humor llamado rec.humor.funny (RHF), que rápidamente ganó miles de subscriptores.

Un chiste al día

La gente le enviaba chistes y los que le parecían más divertidos pasaban a formar parte de una colección de la que su computadora cada mañana elegía uno al azar y lo publicaba.

Y un día, uno de ellos lo convirtió en un tipo diferente de pionero: la primera persona en la historia registrada en ser avergonzada públicamente por algo que hizo en línea.

“Era una broma que se basaba en los estereotipos judíos y escoceses.

“Y la aleatoriedad de la computadora optó por lanzarla en uno de los aniversarios de la Kristallnacht, la noche de los cristales rotos”.

¿Y cuál era el chiste?

Aquí va

Un judío y un escocés están cenando juntos. Al final de la cena, se oye al escocés decir: ‘Yo pagaré’. El titular del periódico a la mañana siguiente dice: “Ventrílocuo judío encontrado muerto en un callejón“.

“No califiqué ese chiste como uno particularmente bueno, pero tiene todos los elementos clásicos”, señala Brad.

“El hecho es que cuando salió, enfureció a un judío de MIT (Instituto de Tecnología de Massachusetts) en EE.UU.”.

Ese judío era un británico llamado Jonathan Richmond, quien lamentablemente murió el año pasado. Vivía en MIT con otro británico que recuerda bien el incidente. No quizo ser nombrado, así que lo llamaremos Amir.

“Ambos éramos sensibles al racismo, al antisemitismo, así que no era inusual que nos molestaran ese tipo de cosas. Pero este chiste en particular nos afectó personalmente. Además, había algo muy importante en la fecha, por Kristallnacht”.

Por ello, Jonathan y Amir también se convirtieron en pioneros: nadie había intentado limpiar el mundo en línea antes.

Jonathan apeló a la comunidad de Usenet, escribiendo que generalmente disfrutaba de los chistes que lo hacían reirse de sí mismo, pero que no podía tolerar el humor racista asociado con la persecución y el asesinato.

Pero la gente de Usenet respondió llamándolo bobo y casi nadie se puso de su lado.

¿Bobo?

Si piensas que Jonathan y Amir estaban reaccionando exageradamente a una broma, aquí está Amir con algo de contexto.

“Mis padres llegaron de África Oriental a Reino Unido en la década de 1960, cuando había carteles en las ventanas de las viviendas y comercios anunciando que no se aceptaban ni asiáticos ni negros. A mí me atacaron varias veces en las calles.

“Finalmente nos mudamos a Canadá en los años 80 en parte porque estábamos hartos de los abusos racistas”.

Coincidencialmente, antes de ir a MIT, Amir había estudiado en la misma universidad en la que Brad publicaba sus chistes.

La Universidad de Waterloo solía ser un banco de talentos para BlackBerry, que surgió de un proyecto del alumno Mike Lazaridis.

“Además, era responsable de enviar más graduados a Microsoft -que era la empresa más grande en ese momento- que cualquier otra universidad del planeta”.

Por eso, a Amir y Jonathan les pareció que todo el asunto era un mal presagio. Se estaba estableciendo un tono en ese nuevo mundo que podría afectar a las generaciones futuras.

“Sabía que mi universidad tenía un papel descomunal en todo el espacio de la tecnología de información y que si algo así no se controlaba, tendría un impacto negativo también descomunal, por lo que debía cortarse de raíz”, señala Amir.

Pero sus intentos habían fracasado hasta entonces. ¿Qué recurso les quedaba?

El cuarto poder

Se les ocurrió aprovechar la visita de Amir a su novia en Waterloo para hablar con el periódico local.

“Recuerdo que cuando leí esos chistes se me revolcó el estómago“, dice la periodista Luisa D’amato.

“Había, por ejemplo, otro sobre un hombre afroamericano que estaba saliendo con un gorila y quería entrar en un bar, pero no se lo permitieron, así que afeitó al gorila, le puso un vestido y lo dejaron entrar pues pensaron que estaba con una italiana”.

“Aunque estaba abordando el tema con ojos de reportera, prestándole la atención adecuada a todos los lados de la historia, chistes como esos me hicieron sentir marginada y denigrada”.

“En los medios de comunicación convencionales, si algo no te gusta, puedes quejarte ante algún organismo que los regula. Pero esto era como el Salvaje Oeste”.

Tras investigar, Luisa publicó un artículo bajo el título “El sistema informático de la Universidad de Waterloo usado para enviar chistes racistas“.

“Fue vergonzoso para la universidad. No les gustó estar en la portada del periódico, declarados como participantes en un horrible racismo y antisemitismo”.

Aún así, Brad fue inundado con mensajes de apoyo de los usuarios de Usenet, además de una carta de un nazi que había luchado por Hitler y vivía en Canada, diciéndole que era genial que la gente contara chistes judíos por computador.

“La universidad anunció casi de inmediato que no iba a tolerar ser un centro para ese tipo de material racialmente ofensivo, y suspendió la cuenta de Brad Templeton“, cuenta Luisa.

“Estaba atormentado, no podía dormir bien”, señala Brad.

Pero la victoria de Jonathan y Amir duró poco, algo que la comunidad de Usenet, que había estado observando con diversión sardónica, podría haberles dicho de antemano.

Nada qué hacer

“Esa fue la primera vez que vi a alguien en una posición de autoridad tratando de prohibir algo en Usenet, y recuerdo vívidamente haber pensado: ‘¡Qué tontos! Creen que pueden prohibirlo. No va a funcionar'”, dice el pionero de Usenet y científico informático Brian Reed, quien entonces era profesor asistente de ingeniería eléctrica en la Universidad de Stanford, en el corazón del emergente Silicon Valley.

“Todos los tecnólogos entendían que internet era incensurable. Fue diseñada para que ser así. Si te prohibían hacer algo, nada cambiaría porque otras cien personas continuarían con la tarea”.

Efectivamente, varios usuarios de Usenet se ofrecieron a alojar el sitio de Brad, que revivió inmediatamente.

Pero la batalla no había terminado.

Entretanto en California…

El destino del chiste del judío y el escosés estaba a punto de ser disputado nuevamente, esta vez en la Universidad de Stanford, donde el veredicto iba a afectar las vidas de todos los que alguna vez han usado las redes sociales.

En la década de 1980, el campus de Stanford era un lugar muy progresista. Pero había un reducido número de estudiantes conservadores con un medio potente para hacer escuchar sus voces: el periódico Stanford Review.

Su editor era Peter Thiel, más tarde fundador de PayPal, y también uno de los primeros inversores en Facebook y Airbnb y LinkedIn y Yelp y Spotify, quien personificaría durante décadas la cultura libertaria de Silicon Valley.

En las páginas del periódico, él y su equipo lamentaban la corrección política.

Y un incidente disparó un conflicto polarizador.

Mientras todo eso pasaba en la Universidad de Waterloo, en Stanford, tras una charla sobre si Beethoven tenía ascendencia africana, dos estudiantes a los que les pareció ridícula la idea, le pintaron rasgos estereotípicamente negros a una imagen del músico y la pusieron en la puerta del dormitorio de otro estudiante que defendía la ponencia, y era afroamericano.

Los dos estudiantes fueron expulsados de la residencia universitaria.

Hubo marchas pidiendo códigos de expresión para prohibir las obscenidades raciales en el campus, un tipo de activismo que no era inusual en las universidades en esa época.

Más inusual fue la reacción de estudiantes conservadores que a través del Stanford Review cuestionaron la expulsión de los dos estudiantes por un volante que sencillamente podría haber sido tirado a la basura, y retaron al público preguntándo si realmente creían en la libertad de expresión.

En medio de esa tensa atmósfera, una usuaria de Usenet llamada Jean Janice, que trabajaba en el Centro de Computación de la Universidad de Stanford, se conectó para ver el chiste del día de Brad Templeton.

Era el del judío y el escocés.

Momento crucial

“Pensé que era gracioso y luego comenzó todo el alboroto sobre si ese tipo de material debería estar allí”, recuerda Jean.

Para ella, el que cerraran el sitio de Brad por el chiste era ridículo, y se lo comentó a su jefe John Sack, el director del Centro de Datos de Stanford, pensando que probablemente también pensaría que era una tormenta en un vaso de agua.

Pero a él le pareció más grave y decidió hablar con sus superiores.

John había pasado décadas detrás de escena en Stanford, buscando en silencio las mejores formas de publicar revistas académicas en línea. Pero ese día le tocó a él decifrar cómo Stanford debería responder al chiste.

Y dado que se trataba de Stanford a finales de los 80, estaba en un momento crucial de la historia.

Stanford fue un pionero en implementar la idea de que una facultad podría crear compañías que se convirtieran en centros de excelencia empresarial, lo que realmente fue el nacimiento de Silicon Valley.

Y esas compañías se centrarían en una cosa.

“Comenzaba el uso las computadoras en un contexto social, así que estábamos navegando por las zonas grises de cuánto permitir que la computadora hiciera por y para la gente“, subraya John.

El chiste de Brad sería el caso de prueba perfecto. Los arquitectos de la internet emergente estaban observando.

“El curso no estaba claro. Eventualmente íbamos a tener que tomar una decisión”.

El punto final

Tras semanas de deliberación, se anunció la página de Brad también sería prohibida en Stanford.

La razón fue explicada en un detallado y sincero ensayo. En resumen, el amor por la libertad de expresión en Stanford importaba menos que su búsqueda colectiva de una mejor manera en la que cada persona fuera reconocida como un individuo, no como una caricatura.

Paso seguido, todo el infierno se desató en la forma de un gigante en Stanford, el ahora difunto profesor titular John McCarthy, uno de los nombres más importantes de la informática en ese momento y uno de los fundadores del concepto de inteligencia artificial.

Horrorizado, publicó una feroz respuesta, llamando a John Sack un lacayo que habían pasado semanas no deliberando, sino gorgoteando.

Lanzó una de las primeras peticiones en línea en la historia de internet, reuniendo 100 firmas de la facultad. Entonces, como ahora, el poder de la petición en línea fue formidable: la prohibición de la página de chistes de Brad se revirtió rápidamente.

El argumento ganador de John McCarthy se redujo a:

“Estamos explorando la vanguardia de la informática. Necesitamos descubrir los límites del sesgo de la libertad de expresión topándonos con ellos. O cruzándolos“.

Y ese es el internet con el que hemos vivido: una utopía de ingenieros libertarios en la que la libertad de expresión prosperó sin tener en cuenta los peligros que podría causar a la sociedad.

Peligros que no son sólo el discurso ofensivo, sino también las noticias falsas.

Y como la libertad de expresión sin trabas conduce a un conflicto que mantiene a las personas en línea más tiempo que la armonía, es una ideología rentable para las empresas de tecnología.

* Este artículo es una adaptación del episodio “A Scottish Jewish Joke” de la serie “Things fell apart” de la BBC.

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La Administración Nacional de Radio y Televisión del gigante asiático, el organismo que regula los medios de comunicación, señaló que la BBC no ha cumplido “los requisitos para emitir en China”.

La decisión se produce después de las críticas del gobierno chino a los reportajes de la BBC sobre el coronavirus y la persecución de la minoría étnica uigur en Xinjiang, que Pekín niega.

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También sucede poco después de que el regulador de medios de comunicación en Reino Unido revocara la licencia al canal chino de propiedad estatal CGTN, tras concluir que el gobernante Partido Comunista tenía la responsabilidad editorial última del canal.

Entonces, el gobierno chino advirtió que se reservaba el derecho a tomar las medidas correspondientes.

“Decisión inaceptable”

La Administración Estatal de Cine, Radio y Televisión de China señaló en un comunicado que concluyó que el contenido de BBC World News sobre China “había violado gravemente” sus normativas, incluido “el requisito de que las noticias deben ser veraces y justas” y “no dañar los intereses nacionales de China”.

Por ello, comunicó que la solicitud para emitir otro año en China no sería aceptada.

En un comunicado, la BBC se mostró “decepcionada”: “La BBC es la cadena de noticias más confiable del mundo e informa de historias alrededor del mundo de forma justa, imparcial y sin miedo o favoritismos”.

BBC World News se emite a nivel global en inglés, si bien el acceso a éste está muy restringido en China, solo llegando a hoteles internacionales y algunos complejos diplomáticos, por lo que la mayoría de ciudadanos chinos no pueden verlo.

La emisión, como ocurre con otros canales internacionales, estaba sujeta a una estricta censura y habitualmente la señal pasaba a negro cuando el canal trataba algún tema sensible para el gobierno, como supuestas violaciones de derechos humanos.

El ministro de Asuntos Exteriores de Reino Unido, Dominic Raab, consideró que la decisión de China es “una restricción inaceptable de la libertad de prensa”.

China’s decision to ban BBC World News in mainland China is an unacceptable curtailing of media freedom. China has some of the most severe restrictions on media & internet freedoms across the globe, & this latest step will only damage China’s reputation in the eyes of the world.

— Dominic Raab (@DominicRaab) February 11, 2021

“China tiene algunas de las restricciones más severas del mundo a la libertad de prensa y en internet, y este último paso no hará más que dañar la reputación de China a los ojos del resto del mundo”, aseveró.

El Departamento de Estado de EE.UU. también condenó la decisión, señalando que es parte de una mayor campaña para acabar con la libertad de prensa en el país.

La relación entre China y Reino Unido se ha tensado en los últimos meses por Hong Kong, tras la aprobación de la controvertida Ley de Seguridad Nacional por parte de Pekín y la nueva visa anunciada por Londres para acoger a hongkoneses como residentes al considerar que se están minando sus libertades.

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Desde el estallido de la pandemia, Bosé ha generado polémica debido a sus teorías de conspiración y el martes 30 de junio, denunció que Twitter lo censuró.

El artista español utilizó su FanPage en Facebook, que cuenta con más de 2.5 millones de seguidores, para denunciar que Twitter le censuró un mensaje en el que apoyaba a Bolivia para utilizar el dióxido de cloro que, según Bosé, el gobierno boliviano ha utilizado en sus ciudadanos para hacer frente a la pandemia.

Desde el Ministerio de Salud de Bolivia no solo aseguran que “no lo han aprobado”, sino que además lo desaconsejan totalmente. Se trataría de un rumor que circula por las redes sociales desde hace unos días y que han tenido que desmentir a través de Twitter.

#IMPORTANTE

Comunicado documentado sobre el Dióxido de Cloro

Descarga el comunicado completo en: https://t.co/KmjsfqpQjv pic.twitter.com/JNvSAnXvKP

— Salud Bolivia (@MinSaludBolivia) June 29, 2020

“Esta censura empieza a dar síntomas calcados de un régimen que ya viví en mi adolescencia. Nos está prohibido diferir, pensar de otro modo, tolerancia cero”, indicó Bosé en su publicación y aseguró que seguirá en contacto por otras vías hasta que se agoten.

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Los magistrados son Rafael Morales, Franc Martínez y Fredy López.

Torres se amparó en la Ley de Femicidio para accionar legalmente contra los periodistas. Según la candidata, las publicaciones de elPeriódico afectaban su dignidad y condición de mujer.

Aunque en principio la demanda fue rechazada, una sala de apelaciones revirtió el fallo, con lo cual se ordenó al medio no escribir ni publicar nada sobre ella.

La medida fue vista como un intento para callar al medio, mientras que el partido político Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) prefirió no pronunciarse.

Ante las críticas que originó su acción, Torres desistió de la demanda, pero las medidas cautelares a su favor continuaron vigentes durante un mes.

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Cada vez que alguien la escriba en la red social recibirá una notificación por infringir las normas de convivencia.

Pero, ¿cuál es el problema con el uso de esta palabra? En Guatemala, tortillera es aquella persona que se dedica al oficio de hacer tortillas, sin embargo, en muchos países de Latinoamérica y en España también se utiliza de formar despectiva para referirse a una lesbiana.

Existen diversas versiones que explican el origen del insulto “tortillera”, pero uno de los más aceptados es el que deriva del latín tortus, que significa torcida o tuerta, como el término francés “tortille” que significa torcido.

Aunque parezca absurdo para muchos, el bloqueo de esta palabra revela que se ha utilizado en más ocasiones para insultar a alguien que para referirse al oficio.

Si bien el esfuerzo busca combatir los mensajes de odio cada vez más comunes,  lo cierto es que la decisión de “regular” el lenguaje olvida el contexto cultural de muchos usuarios, dentro del cual la palabra que ahora padece del veto es muy común.

El decreto mediante el cual los magistrados del Tribunal Supremo Electoral aprobaron un control dictatorial sobre la realización de foros y entrevistas a aspirantes a cargos de elección popular no solo es un desatino legal, sino una peligrosa imprudencia que sienta un precedente ominoso que abre la puerta al surgimiento de disposiciones similares o aún peores emanadas de organismos del Estado reacios a la crítica y la cuentadancia.

Varias son las entidades que ya se pronunciaron en contra del desvarío abiertamente inconstitucional que aún es defendido con extraña vehemencia por ciertos integrantes del TSE, cuya actitud absolutista había permanecido bien disimulada pero no es menos dañina que la de los restantes miembros de esta entidad que no se han atrevido siquiera a manifestar abiertamente su oposición al decreto censor.

Guatemala tiene un largo y lamentable historial de represión a la libre expresión. Hace un siglo se encontraba en su último tramo una larga dictadura de 22 años, un vergonzoso yugo que se cimentó desde sus inicios, precisamente, en absurdas prohibiciones y restricciones a la prensa y, en general, a toda manifestación de descontento.

En 1902, el sátrapa Manuel Estrada Cabrera ordenó la censura de la transmisión cablegráfica de noticias sobre el terremoto ocurrido en Quetzaltenango ese año, debido a que consideraba que tal información desgastaba a su gobierno y, por ende, la calificaba de mentiras. Otro dictador, Jorge Ubico Castañeda, impuso restricciones y asedio a los medios de comunicación que criticaban sus acciones e incluso hubo periodistas asesinados, con lo cual la ciudadanía se quedaba con la versión oficial.

Durante el gobierno de Jacobo Árbenz Guzmán, allegados adquirieron un periódico llamado Nuestro Diario, cuya línea editorial cambiaron hacia una orientación oficialista. Ese atropello a la libertad motivó que renunciara el director de ese medio, Pedro Julio García, y en solidaridad con él también presentaron su dimisión los periodistas Salvador Girón Collier, Mario Sandoval Figueroa, Álvaro Contreras Vélez e Isidoro Zarco Alfasa, quienes unieron sus ideales para fundar Prensa Libre.

Precisamente por eso es que esta casa editora eleva un enérgico rechazo contra todo mecanismo de control de la información, sobre todo si se intenta justificarlo bajo apariencia de buenas intenciones, que no resultan a la larga más que falacias, tal como se intentó vender, en 1993, la censura decretada durante el infortunado golpe de Estado de Jorge Serrano Elías, la cual no funcionó y precipitó su vergonzosa caída.

Tales antecedentes deben motivar a los magistrados del TSE a dejar de prestar oídos a asesores imprudentes, que detrás del telón los empujan a ellos a pasar como desconocedores o, peor aún, como transgresores de lo estipulado claramente por el artículo 35 de la Constitución de la República. La única salida honrosa para ellos es reconocer el error y derogar el decreto censor, que no dista mucho de los emitidos en otros tiempos por autócratas que tanto daño hicieron a la Nación.

En el programa, entre los cuentos de hadas y los cuentacuentos, aparecía el Congreso de lectoescritura, las charlas y conferencias sobre Simone de Beauvoir o la narrativa francesa que quiso escapar de la trama, las nuevas voces poéticas, los derechos de autor y las industrias creativas, la cultura y la integración regional, o la justicia reparadora. También una estación de audiolibros en k’iché, mam y español; editoriales de varios países con una oferta generosa de libros; talleres de música y movimiento, de literatura infantil, caligrafía árabe o para personas con discapacidad visual; presentaciones, conversaciones y firmas de libros de géneros y autores muy diversos, nacionales e internacionales; encuentros bibliotecarios o literarios, mesas redondas, conciertos, cenas y cine al aire libre. Todo en los pocos días de la Filgua 2018, dedicada a Jesús Chico y considerada patrimonio nacional por muchos.

Cuando pienso que en Guatemala hay ocho millones 367 mil 642 niños, niñas y adolescentes entre 0 y 19 años (INE/2017) y que más del 50 por ciento de ellos está fuera del sistema educativo, considero que una feria del libro es un milagro. El 65 por ciento de la población guatemalteca es pobre o extremadamente pobre, y uno de cada dos niños y niñas menores de dos años están crónica e irreversiblemente desnutridos. Esto habla de no tener en muchos casos ni para comer o para una medicina, menos para un libro o para un adecuado desarrollo intelectual y físico. Sin embargo, a Filgua 2018 llegaron 18 mil 192 niños, niñas y adolescentes desde 18 departamentos del país. Eso tiene sabor a camino, a futuro, a ilusión, a irreductible esperanza.

Por todo lo anterior, es perverso que la Cámara de Industria (CIG) quisiera evitar, solo 10 días antes de la Filgua 2018, que esta se realizara. Y ahora entorpece el desarrollo de la Filgua 2019, afectando a la Gremial de Editores que ha levantado esa feria en todas sus ediciones, y peleando por una marca que nunca le interesó y que jamás ayudó a construir. Desde la más rala ignorancia o la más mala intención, la CIG ha querido vender la idea de que la feria tiene dueños —ellos— e ideología —de los otros—, y por eso quieren destruirla. Eso denota que ni siquiera recorrieron la feria, y menos se interesaron por los títulos tan diversos de las editoriales presentes o la amplia y diversa oferta cultural allí promovida. ¿Cuál es realmente la intención de la CIG, apoderarse de una marca que nunca quisieron o continuar alimentando la ignorancia en Guatemala y censurar el pensamiento crítico? Las características del fascismo corporativista hablan del poder conferido por un Estado autoritario a las grandes asociaciones de empresarios, con el fin de monopolizar la representación de sus intereses. ¿Es así?

La Filgua es el evento cultural más grande del país y en 2019 se dedicará a Humberto Ak’abal. Sin educación y cultura, Guatemala no despegará jamás. Censurar las ideas ha sido práctica vieja de opresores con poder, pero la era del conocimiento demanda liderazgos más inteligentes. Que no sea la memoria de obispos incendiarios lo que nos inspire, sino las ganas de ser un país y vivir en él como seres humanos, con razón, con libertad y dignidad.

cescobarsarti@gmail.com

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Vea el momento de tensión en la Casa Blanca por altercado de Trump con periodistas

A Acosta se le retiró la credencial de acceso después de haber sostenido un tenso intercambio de palabras con el presidente de EE. UU., Donald Trump, después de que el mandatario visiblemente se molestara por unas preguntas del corresponsal sobre migración y la “trama rusa” en una rueda de prensa.

La Casa Blanca dijo, sin embargo, que la suspensión de Acosta se debió a cómo trató el periodista a una funcionaria que, cumpliendo una orden de Trump, trató de retirarle el micrófono.

CNN denunció que la suspensión es un acto de represalia más por parte del presidente estadounidense en contra de la cadena y otros medios de comunicación.

“Nos preocupa que ante preguntas incómodas, este tipo de medidas se tornen una norma y así se implementen en contra de más periodistas”, subrayó Domínguez, directora del diario colombiano El País de Cali.

El mexicano Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, agregó que “el clima de polarización y tensión natural que se vive durante y luego de una contienda electoral no debe ser excusa para restar importancia a la libertad de prensa ni a las preguntas incómodas que deben prevalecer en un sistema de gobierno abierto y transparente”.

Rock, editor del medio digital La Silla Rota, indicó que el restringir credenciales o tomar represalias contra el trabajo de los periodistas viola principios de libertad de expresión contenidos en la Declaración de Chapultepec y la Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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El informe sobre Estados Unidos presentado en la Asamblea General de la SIP celebrada a mediados de octubre en Salta (Argentina) subrayó el aumento de “los ataques verbales sin precedentes de Trump contra los medios de comunicación”.

La SIP, una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en el continente americano, está compuesta por más de mil 300 publicaciones y tiene sede en Miami.

También la FIJ

La Federación Internacional de Periodistas (FIJ) denunció el jueves la “violencia verbal” de Donald Trump frente a los medios de comunicación y la sanción de la Casa Blanca contra un periodista de la CNN, privado de su acreditación tras un tenso intercambio con el presidente estadounidense.

“Estamos consternados por la violencia verbal del presidente contra los medios y las tentativas de privar al periodista del micro para impedirle hacer preguntas que incomodan (…) Es intolerable”, juzgó la FIJ, exigiendo a la Casa Blanca que devuelva inmediatamente su acreditación a Acosta.

La CNN es blanco frecuente de las críticas e insultos de Trump, quien tacha a la cadena de “fake news” (informaciones falsas).

La FIJ, basada en Bruselas, representa a 600 mil periodistas de 134 países.

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Todos los intentos que desde los regímenes más intolerantes se han dado en las últimas décadas en el país han fracasado, pero no por eso el peligro está conjurado. El descaro de los impulsores de esa iniciativa no cesará y seguramente ni siquiera han comprendido la dimensión de su maligna intención, la cual simplemente no puede proceder pues está en contra de la Constitución de la República.

Solo en cerebros atrofiados por el abuso continuado desde el poder puede caber la idea de limitar el derecho ciudadano de criticar a los políticos. Guatemala sería la única democracia, junto a los países dominados por tiranos, en las que tal derecho ciudadano estaría vedado, como ocurre en Venezuela, Nicaragua y en muchos países africanos.

El intento de los representantes de uno de los órganos de poder más desprestigiados de Guatemala intenta menoscabar la libertad de expresión, que no es privilegio de los periodistas, sino es un derecho humano universal que incluye a todos los guatemaltecos, aunque algunos ineptos crean que su manotazo está dirigido sólo contra los periodistas.

Los ponentes tienen corta memoria y olvidan que en el 2006 la Corte de Constitucionalidad, correctamente, declaró inconstitucionales los artículos del Código Penal que castigaban el desacato, al considerar que dicha figura, aplicable a poder criticar a los funcionarios, atentaba contra la libre expresión del pensamiento.

En esa ocasión también corrió igual suerte otro intento de agregar un artículo al Código Penal que pretendía detener cualquier crítica a las más altas autoridades. Con esto salió del sistema jurídico guatemalteco la figura de la injuria en cuanto a libertad de expresión contra los burócratas, porque la Corte de Constitucionalidad consideró que dichas estipulaciones limitaban la expresión ciudadana y nunca debía investirse de protección especial a dichas personas.

En las postrimerías del gobierno patriotista, de infame memoria, el Ministerio de Gobernación creo la Fundación Contra el Terrorismo Mediático, en un intento por acosar a los medios de comunicación y a todo ciudadano con postura crítica a los funcionarios y representantes del sistema político. Dicho decreto fue derogado un mes después.

Para comprender la gravedad de la propuesta planteada por los diputados Estuardo Galdámez, Karla Martínez, Eva Monte Bac, Dolores Beltrán y Delia Bac, todos oficialistas o afines al Gobierno, se debe recordar que iniciativas de esa naturaleza han surgido siempre en contextos de corrupción desbordada y de regímenes totalitarios, como es el caso de los golpistas Ríos Montt y Serrano Elías, que intentaron esconder sus tropelías.

La libre emisión del pensamiento y la libertad de prensa son las piedras angulares de cualquier democracia genuina y cuando esos derechos no existen se abre la puerta a regímenes totalitarios.