En América Latina y el Caribe hay 23 millones de personas refugiadas, desplazadas internas o apátridas como consecuencia de seis grandes crisis humanitarias que ponen a la región en una emergencia sin precedentes, según cifras divulgadas por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en vísperas del Día Mundial del Refugiado.

Los datos hacen parte del informe anual publicado el pasado 13 de junio de la ACNUR, que este miércoles y jueves celebrará en Bogotá, con el apoyo del Gobierno de Chile, la Tercera consulta del proceso de ‘Cartagena +40’. En este evento, países de América Latina y el Caribe buscarán soluciones para el desplazamiento provocado por desastres y por efectos de la crisis climática.

Se identifican seis crisis que han hecho crecer el número de desplazados en la región, estas se encuentran focalizadas en el norte de Centroamérica, triángulo formado por Guatemala, Honduras y El Salvador; en Nicaragua, Haití, Colombia, Venezuela y Ecuador, según Juan Carlos Murillo, el jefe de Relaciones Externas de la Oficina de ACNUR para las Américas.

“El desplazamiento forzado en nuestra región se ha tornado en una situación sin precedentes en términos no solamente de cifras sino también de complejidad. En la actualidad tenemos seis grandes crisis humanitarias que atraviesan el continente y están generando grandes desplazamientos”, indicó el funcionario.

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Desplazados en Centroamérica

Según Murillo, en el caso de Guatemala, Honduras y El Salvador, por la violencia del crimen organizado y otros factores, como el cambio climático, “más de un millón de personas se han visto forzadas a abandonar sus países de origen y se han convertido en solicitantes de asilo, refugiados, desplazados internos o retornados con necesidades de protección“.

En la misma región está también Nicaragua, “con más de 200 mil personas que se han visto forzadas a huir de su país principalmente por temas políticos y la situación precaria de derechos humanos”. La persecución del gobierno de Daniel Ortega a sus opositores políticos lo ha llevado a retirar la nacionalidad a decenas de nicaragüenses, convirtiéndolos en apátridas, señaló Murillo

“En tercer lugar está la situación de Haití, con más de 580 mil personas desplazadas internas y 800 mil personas necesitadas de protección internacional en distintas partes del continente”, agregó Murillo sobre la crisis de violencia política que vive la nación antillana. Además, hay 5.5 millones necesitados de asistencia humanitaria.

En general, los países centroamericanos sufren de inseguridad alimentaria – especialmente en El Salvador, Guatemala y Honduras – violencia crónica, la desigualdad y el debilitamiento de las instituciones y la volatilidad sociopolítica; lo cual genera desplazamientos masivos dentro de los países, según indica un artículo de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

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Guatemala

Dentro de Guatemala, alrededor de 5 millones de personas necesitaban asistencia en el 2023, según un informe desarrollado por la OCHA. Dentro de sus necesidades, se encuentra la necesidad de alimentos, servicios médicos, agua potable y protección.

Del mismo modo, dentro del informe se detalla que, durante el año 2024, se seguirán viendo problemas humanitarios como la desigualdad, el impacto ambiental y la agitación política; por lo que alrededor de 3 millones de personas estarán necesitando protección debido a la cantidad de desplazamientos y la violencia dentro del país.

En el 2021, Cristosal realizó una investigación sobre el desplazamiento interno en las regiones guatemaltecas. Dentro de esta, detallan que la razón principal por la que las personas se movilizaron en los últimos 5 años anteriores a la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) del 2014, fue por situaciones familiares. El quinto lugar lo ocupaba la violencia.

Se debe recalcar que a pesar de que en el 2014 la violencia ocupó el quinto lugar en la encuesta, la cantidad de población que incluyó este factor como razón para desplazarse aumentó un 140% respecto el 2000.

Como muestra, citó que dos de cada cinco retornados de Guatemala planeaba migrar nuevamente en los siguientes doce meses, mientras que en El Salvador la cifra es uno de cada cuatro.

En contraste, el informe concluyó que Estados Unidos, Canadá y México “deberían aprovechar los acuerdos bilaterales y multilaterales para aumentar las rutas de migración laboral desde Centroamérica en al menos 50 mil en los próximos dos años”.

“Estados Unidos sí o sí, y Canadá en alguna medida, México también un poco más adelante, vamos a necesitar un gran número de personas para mantener nuestras economías. Es un hecho”, declaró el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, en la presentación del reporte.

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El documento lo elaboró el Grupo de Trabajo de Centro y Norteamérica sobre Migración, un foro no gubernamental de la región iniciado por el Consejo Mundial de Refugiados y Migración (WRMC, en inglés), con el apoyo del Centro de Estudios México-Estados Unidos, el Colegio de México (Colmex), el Migration Policy Institute (MPI) y el Diálogo Interamericano.

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Las recomendaciones

El informe culminó con 70 recomendaciones en 6 rubros, entre ellos el desarrollo de un enfoque regional con un nuevo consejo de migración de Norte y Centroamérica, y la protección de migrantes con atención a población vulnerable y desplazados internos con nuevas políticas de asilo y refugio.

También propuso abrir vías alternativas para una migración segura, y abordar los factores económicos y ambientales de la migración, al estimar que cerca del 30 % de las familias en Centroamérica reciben una remesa del exterior.

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Por último, urgió atender los factores políticos e institucionales de la migración, como erradicar la corrupción, y fomentar una narrativa que resalte los beneficios de la migración y “prevenir narrativas antiinmigrantes que favorecen la discriminación, el odio y los actos xenofóbicos”, comentó Silvia Giorguli, presidenta del Colmex.

El embajador de Canadá en México, Graeme Clark, reconoció que la migración “es un tema de responsabilidad compartida entre los actores regionales”, por lo que su país “quiere una migración segura, ordenada y regular”.

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Mientras que Ken Salazar, embajador de Estados Unidos, prometió que su país “intentará desarrollar un marco regional de migración que aborde los temas del reporte”.

La región vive un flujo migratorio récord hacia Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) detectó a más de 1,7 millones de indocumentados en la frontera con México en el año fiscal 2021, que terminó el 30 de septiembre.

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A finales de marzo, también tras una solicitud de Bukele, el Congreso aprobó el régimen de excepción, que incluye la suspensión de la libertad de asociación, del derecho de defensa y de la inviolabilidad de la correspondencia.

La solicitud del mandatario tuvo lugar luego de que se reportaran más de 80 asesinatos en un fin de semana, lo que llevó al gobierno a apresar a presuntos miembros de pandillas.

El artículo 29 de la Constitución del país establece que dicho estado de emergencia puede ser declarado en “casos de guerra, invasión de territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia y otras calamidades generales, o graves perturbaciones del orden público”, aunque solo por 30 días, que son prorrogables.

La medida, aprobada por la mayoría oficialista del Legislativo, limita la libertad de asociación, suspende el derecho de ser informado de las razones de arresto, amplía de 72 horas a 15 días el plazo de detención administrativa y permite a las autoridades intervenir los celulares de quienes consideren sospechosos.

Según cifras oficiales, desde entonces las autoridades han detenido a más de 16.000 presuntos pandilleros, aunque la medida ha sido criticada por numerosos grupos de derechos humanos, que aseguran que muchas personas, incluidos menores de edad, son detenidas solo por su apariencia.

Una encuesta publicada la pasada semana mostró que cerca del 90% de la población apoyaba las medidas restrictivas aprobadas por la legislatura.

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La oposición ha cuestionado la extensión del estado de excepción, dado que aseguran que las causas que le dieron origen (los homicidios) ya no están vigentes.

Según informó Bukele en Twitter, el sábado el país no reportó ningún asesinato.

Medidas contra las pandillas

El aumento de la violencia de las pandillas en El Salvador tiene lugar luego de que durante gran parte de 2020 se redujeran a niveles históricos los asesinatos en las calles del país centroamericano.

Varios medios, como el periódico digital El Faro, atribuyeron esta reducción a una tregua entre el gobierno de Bukele y las maras, algo que las autoridades negaron.

Sin embargo, EE.UU. sancionó a dos miembros del Ejecutivo salvadoreño a finales del año pasado por “negociar en secreto” con el crimen organizado.

A finales de marzo las cifras de asesinatos se volvieron a disparar, lo que llevó a los medios críticos del gobierno y a la oposición a señalar que había terminado “la boda de Bukele y las maras”.

Además del régimen de excepción, el Congreso aprobó también a inicios de abril una reforma al Código Penal, con la cual los miembros de las maras o pandillas podrán ser sancionados con penas de 20 a 40 años de prisión, mientras los líderes de estos grupos podrán recibir entre 40 y 45 años de cárcel.

En uno de sus incisos más polémicos, la reforma al código penal incluye también considerar como adultos -y juzgarlos como tal- a los pandilleros mayores de 12 años.

En otra serie de medidas, la Asamblea decidió también aprobar sanciones contra los medios y periodistas que reproduzcan mensajes de las llamadas maras.

Las polémicas reformas incluyen, además, la prohibición de grafitis alusivos a las pandillas y la incautación y uso posterior de bienes y armas de las maras para combatirlas.

No es la primera vez que Bukele toma medidas en las cárceles contra los pandilleros tras repuntes de la violencia en el país, pero es la primera vez que la emergencia sale de los penales a las calles.

Previamente, en abril de 2020, Bukele impuso un estado de excepción en las cárceles y mezcló presos de bandas diferentes en la mismas celdas tras un aumento de homicidios en el país.

En una estrategia similar a lo sucedido ahora, el gobierno publicó numerosas imágenes y videos de pandilleros presos en ropa íntima a los que hacían sentarse uno contra el otro en los pasillos de las prisiones.

Aproximadamente 70.000 pandilleros operan en El Salvador y luchan por el control de las operaciones de extorsión y drogas en todo el país centroamericano, según diversas estimaciones.

Entre los grupos de mayor peso en el país está la Mara Salvatrucha, que se originó en cárceles de EE.UU.

Es uno de los miles de salvadoreños a quien el gobierno belga no reconoce la condición de asilado.

Hasta finales de 2019, la gran mayoría de los solicitantes de protección internacional salvadoreños conseguían el reconocimiento por parte de las autoridades del país europeo.

Pero un cambio en los procedimientos hizo que la situación cambias de forma drástica y repentina.

Añadió: “Es nuestro nombre, El Salvador es sagrado, no el nombre de ninguna marca privada, no es para hacer dinero a costa de nuestra patria”.

“El dominio de http://elsalvador.com debe de ser la ventana electrónica de este nuevo El Salvador como país al mundo. No el sitio de un medio que se dedica a pedir sanciones para nuestro país y destruir nuestra imagen”, sostuvo.

El diputado pertenece al partido Nuevas Ideas (NI), del presidente Nayib Bukele.

El diputado Romeo Auerbach, de la también oficialista Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), respaldó la iniciativa e indicó que el dominio “lo vamos a recuperar para nuestro país”.

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La abogada Marcela Galeas respondió a las publicaciones de Guevara e indicó que el dominio es “marca registrada”, por lo que “tiene protección por acuerdos y tratados internacionales”.

La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) registró 167 agresiones contra la prensa entre enero y julio del año en curso, la mayoría generadas por diferentes instituciones gubernamentales.

Según el informe anual de Reporteros Sin Fronteras (RSF), publicado en abril pasado, América Latina fue el continente donde más se degradó la libertad de prensa en 2021, con un empeoramiento de la situación particularmente palpable en Brasil y El Salvador.

El Salvador bajó ocho puestos en el ranking de Reporteros Sin Fronteras (RSF), hasta el 82, una de las mayores caídas del mundo a causa de las dificultades impuestas a quienes querían informar sobre la covid-19.

La acusación contra Ramírez surge casi tres meses después de que la fiscalía lo citara para entrevistarlo sobre el supuesto caso de “lavado de dinero” contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, una ONG que brindaba apoyo técnico al periodismo y que era dirigida por Cristiana Chamorro, precandidata presidencial que hoy está arrestada.

En entrevista con BBC Mundo desde el exilio, Ramírez cuenta cómo recibió la noticia de la orden en su contra, cómo es tener que volver a tener que vivir fuera de su país, como le ocurrió durante el régimen de Anastasio Somoza.

Ramírez ganó el premio Alfaguara de Novela en 1998, el premio Iberoamericano de Letras “José Donoso” en 2011, y el Premio Cervantes 2017.

Fue mano derecha de Ortega, hoy lo califica de liderar una “dictadura” como la de Anastasio Somoza.

“En Nicaragua se cerraron todas las puertas de la democracia“, dice el escritor.

Y aunque asegura que no planea volver a la política, Ramírez dice con firmeza que sí continuará levantando la voz.

Lo primero que queremos preguntarte es cómo estás en este momento.

Bueno, es un momento muy difícil. Tú sabes que todo desarraigo es complicado.

Cuando salí de Nicaragua en junio, creí que salía por el momento, mientras se aclaraban los nublados del día.

Ahora sé que no puedo regresar y entonces eso es algo que en términos mentales hay que saber asumirlo.

Yo ya he estado en el exilio mucho tiempo otra vez, también bajo una acusación similar, de la dictadura de Somoza, por delitos muy parecidos, pero había de por medio una lucha, que era una lucha armada y dependía del triunfo de esa lucha armada que todos los exiliados regresáramos.

Hoy no. Hoy es otro tipo de situación. En Nicaragua no hay lucha armada ni esperamos que la haya y por lo tanto el exilio se vuelve algo indefinido. Muy indefinido.

¿Ya sentías que algo como esto se venía para ti?

Bueno, sí. Hay dos cosas. A mí me llamó la fiscalía en junio, a finales de mayo, para testificar en el caso de lavado de dinero inventado en contra de la fundación Violeta Barrios de Chamorro, para impedir que Cristiana Chamorro fuera candidata presidencial. Ese era todo el motivo.

Y como la fundación Luisa Mercado [que Ramírez preside] recibió fondos de la fundación Violeta Barrios de Chamorro para montar seminarios de periodismo, que hicimos con la Fundación Gabo, pues yo fui a declarar sobre eso, pero yo sentí que una primera amarra se había roto.

Ya el hecho de que me llamaran a mí a comparecer como testigo de manera obligatoria iba cambiando la naturaleza de mi situación de seguridad en el país. Entonces salimos bajo esa aprensión de Nicaragua.

Pero las cosas se vinieron agudizando. Cristiana ya estaba con la casa por cárcel. Capturaron a Arturo Cruz, otro candidato presidencial, se elevó a 30 el número de dirigentes y candidatos políticos capturados, Carlos Fernando Chamorro [fundador del diario El Confidencial] tuvo que salir al exilio, tomaron el diario La Prensa militarmente, muchos otros periodistas se fueron al exilio, dirigentes políticos tuvieron que salir.

Entonces el clima se fue agudizando y yo fui sintiendo que tenía cada vez menos seguridades.

Pero realmente el gran detonante de esta situación es la publicación de mi novela “Tongolele no sabía bailar”, que retrata los acontecimientos del 2018, la represión brutal de 2018, son hechos que están insertos en la novela y hace 10 días la novela llegó a las aduanas de Managua, por los pedidos que hicieron los distribuidores, las librerías y fue retenido, la novela está retenida.

Entonces fue otra señal de que las cosas se seguían agudizando.

Era la primera vez en mi vida que un libro mío era prohibido en Nicaragua. Bajo Somoza mis libros nunca fueron prohibidos. Empezamos a ver con la editorial cuál era la situación.

En esas estábamos cuando viene la orden de prisión. Entonces yo veo que las dos cosas están relacionadas. Es decir la represión es contra mí, como autor, como escritor. No como dirigente político que no soy.

Aquí se está reprimiendo la literatura, la libertad de expresión, la libertad de creación. Es la primera vez en muchos años que en América Latina se prohíbe una novela y se persigue a su autor, se persigue a un escritor.

¿Qué sentiste en el momento en que te enteraste de la orden?

Pensé en mi familia que todavía está en Nicaragua, en mi hermana, en mis hijos, la orden de allanamiento de mi casa, pensaba en mi casa que está allá con unos cuidadores, pensaba en mis libros.

Mi biblioteca está ahí, son más de 8.000 libros. Mi casa son los libros. En todo eso pensé. Pensé en unas botas militares entrando en mi casa, rompiendo puertas, porque entran con mucha violencia cada vez que hacen un allanamiento, manoseando mis libros, mis papeles de escritor.

Tú ya habías estado en el exilio. ¿En qué se parecen ambas situaciones y en qué se diferencian?

Como te decía, los últimos años de mi (primer) exilio fueron de una lucha que venía creciendo en contra de la dictadura de Somoza, la lucha armada acompañada del frente diplomático, político, yo tenía una relación muy constante con los presidentes de México, de Venezuela, Panamá y en la organización del nuevo gobierno, yo estaba metido dentro de la política.

Hoy es distinto, hoy estoy fuera de la política. Yo estoy exiliado con mi computador de escritor y yo soy escritor exiliado. Antes era un dirigente político de una revolución en el exilio mientras llegaba el momento de entrar a Nicaragua, como entramos, pero hoy en día yo no estoy en la cocina política.

Yo estoy en la creación literaria. Desde esa perspectiva es que yo veo el exilio. Pero además, entonces yo tenía 35 años. Ahora tengo casi 80. Esa es una diferencia sumamente notable.

Pero quizás eres consciente de que te has alejado de la actividad política, pero sigues siendo una figura política aunque quizás no lo quieras.

El hecho de que ordenen apresar a un escritor y la idea de que si yo estuviera en Nicaragua estaría en la cárcel ahorita me parece que es lo que conmueve a la opinión pública, más que si yo fuera el dirigente de un partido político.

Conmueve el hecho de que se esté violentando la figura de un escritor. Al violentar a un escritor se violentan sus libros, se violenta su mundo imaginario, su mundo de creación literaria. Me parece que es lo que ha despertado mayor alarma en el mundo.

Esto no quiere decir que no deba haber alarma por los presos políticos, pero ese es el meollo de la situación política. Están presos porque Ortega no los quería como candidatos.

Yo no estoy preso, no estoy amenazado de prisión por el hecho de amenazar esas elecciones que ya ni siquiera existen. Estoy preso por una venganza por ser un escritor. Un escritor que es todo lo contrario a la mediocridad del régimen que representan.

¿Qué tienes que decir con respecto a los cargos de los que te acusan?

Los cargos son risibles, porque son atentar contra la paz, la seguridad de la nación, son cargos completamente sacados de la manga, del sombrero del mago.

Es un gobierno que viene proclamando el odio todos los días y además no es un cargo que están inventando para mí, por promover el odio están presas (más de) 30 personas. Eso es muy propio de los regímenes fascistas.

¿Confías en la justicia de tu país para este proceso?

En Nicaragua no puedo confiar en algo que no existe. Lo que existe en Nicaragua son operadores políticos alrededor de la figura de la pareja presidencial.

Existen jueces operadores, policías operadores, fiscales operadores, todos son operadores políticos parte de un mecanismo represivo. Entonces en Nicaragua ir a someter un escrito ante un juez, pedir un hábeas corpus es completamente inútil, es una ficción.

Tú dices que en tu país no hay justicia y que no podrías esperar un debido proceso, pero alguien podría pensar “bueno, si es una persona requerida por la justicia, su deber es presentarse a las autoridades”.

El deber ético es cuando existe un parámetro ético al cual responder y si ese parámetro ético no existe, no me siento de ninguna manera obligado.

¿Qué significa que esto venga de una persona a la que tú fuiste tan cercano?

No, yo creo que eso pierde relevancia en este momento. El hecho de que yo haya estado en el gobierno o haya sido vicepresidente no tiene ni relevancia para ellos ni relevancia para mí.

Yo estoy luchando contra una dictadura y por eso está presa Dora María Téllez [figura clave de la Revolución Sandinista], y todos los defensores de la democracia que hay en Nicaragua, porque en Nicaragua los que están en la cárcel es porque escogieron la opción entre dictadura y democracia.

La dictadura que está en el poder y la democracia que los otros defienden y en ese sentido estamos totalmente identificados. Me siento totalmente identificado con todos los que están en prisión cualquiera que sea su identidad ideológica.

Este no es un asunto ideológico. Es un asunto de simple escogencia entre dictadura y democracia.

¿En algún momento de tu vida imaginaste que la revolución de la que formaste parte llegara a un punto como este?

No, muy difícil haber imaginado eso, de que el derrocamiento de Somoza iba a engendrar otro Somoza, eso no estaba ni en mis sueños más salvajes como se dice en inglés.

¿En qué momento es que tú decides romper con Ortega y por qué razón?

Cuando el frente sandinista se niega a exigir cuentas a quienes habían tomado indebidamente los bienes de la piñata y cuando la escogencia entre el derrocamiento del gobierno de Violeta Chamorro por medio de una asonada o que ese gobierno llegara a su fin de manera estable, entonces disputar el poder a través de elecciones democráticas.

Esa fue la escogencia: la violencia o la institucionalidad. Yo escogí la institucionalidad y eso significó la ruptura en 1994.

Tú has dicho varias veces que no te gusta la palabra “disidente”, que no te gusta considerarte un disidente, ¿qué significa eso?

Los disidentes vienen en los partidos cerrados que terminan traidores a las ideologías ortodoxas y yo lo que tengo es una escogencia libre de pensar o de cambiar de pensamiento según mi propia libertad, no atenerme a credos o a catecismos políticos que al ser violentados, resultan en traiciones o disidencias.

A Ortega se le compara con Somoza. ¿Qué opinas tú? ¿Qué tan similares son?

Son dos dictadores en etapas muy distintas de la historia de Nicaragua. Pero creo que los dictadores no nacen de la personalidad de la gente, sino de su método de tener el poder.

Mientras más poder acumula una persona, más abusos comete y mientras más quiera quedarse en el poder se multiplican aún más los abusos.

Esa es la identidad que hay entre ambos, la negación de la democracia y la disposición de cometer todos los abusos que considera necesarios para sostenerse en el poder.

¿Crees que es posible una salida política?

Tiene que haberla. Tiene que ser política la salida, porque una guerra civil no va a darse, ni yo deseo que se vuelva a dar, un nuevo derramamiento de sangre que resulte otra vez en un caudillo triunfante se apodere del poder para siempre.

Esa ha sido la historia de Nicaragua y esa historia hay que romperla en algún momento. No sé cómo ni cuándo. Pero al menos yo pongo mi fe en que ese momento debe llegar.

¿Ves algún camino por donde podría venir esa salida?

Todo régimen termina agotándose. Mientras un régimen más concentra poder, más se debilita. Parece paradójico, pero así es.

Mientras un régimen más cierra los caminos, más concentra poder, más abusos comete, menos posibilidades de que un país respire, más se está cerrando sus propias puertas.

¿Lo que está sucediendo podría dar pie a que tú vuelvas a la política?

No. Para mí esas puertas están totalmente cerradas. Yo soy un escritor para siempre. Es desde el mundo de la escritura que yo he definido mi tarea hacia el futuro, el que pueda tener por delante.

La intervención en la política activa no está en mi perspectiva de vida. Sí hablar, criticar, dejar escuchar mi voz, en ese sentido tengo una participación ciudadana, que es necesariamente una participación política.

¿Qué planes tienes?

Por el momento voy a España a presentar mi novela, tengo una gira larga por varios países europeos con el Instituto Cervantes, encuentros, conferencias.

El mundo literario es lo que tengo por delante. Después ya veremos, ya veré cómo rehago mi vida.

¿Qué te gustaría que la gente supiera sobre esta situación y sobre lo que estás pasando?

Que en Nicaragua se cerraron todas las puertas de la democracia, que la represión es cada vez mayor, que las elecciones de noviembre no son tales, que no habrá elecciones y que la gran responsabilidad del mundo, de los gobiernos, es si van a reconocer o no a Daniel Ortega como presidente electo de Nicaragua.

Me parece que sería una atrocidad extender el reconocimiento diplomático a una dictadura que se está valiendo de todos los medios posibles, ilegítimos y abusivos para perpetuarse en el poder, destruyendo la posibilidad de que el pueblo de Nicaragua elija libremente.

¿Para Daniel Ortega tienes algún mensaje?

No, ninguno.

Autoridades de ese país reportaron a varios medios de comunicación que el Organismo de Investigación Judicial de Alajuela investiga la muerte del piloto guatemalteco, segundos después de haber bajado del avión privado que volaba y que tenía la matrícula N718AC.

Una de las versiones que se maneja es que el piloto tenía problemas de salud y pidió aterrizar en el aeropuerto de Costa Rica, tras lo cual se bajó de la nave, se desplomó y murió en el lugar.

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La Dirección General de Aeronáutica Civil de Guatemala confirmó que el piloto que murió en Costa Rica fue identificado como Jose Vidal Campos, que salió ayer desde Guatemala en un vuelo privado registrado. Además, que este miércoles iba a volar desde Costar Rica

En El Salvador, que dolarizó su economía hace dos décadas, la mayoría de los 6,5 millones de salvadoreños rechaza el bitcóin impulsado por Bukele y prefiere seguir usando el billete verde, según las últimas encuestas.

“Ese bitcóin es una moneda que no existe, es una moneda que no va a favorecer a los pobres sino a los acaudalados, porque uno de pobre, ¿qué puede invertir, si a duras penas tenemos para comer?”, dijo a la AFP José Santos Melara, un veterano de la guerra civil (1980-1992) que el viernes participó en una protesta contra la criptomoneda.

Siete de cada 10 salvadoreños señalaron estar “en desacuerdo o muy en desacuerdo” con el bitcóin, que circulará a la par del dólar, indicó un reciente sondeo de la Universidad Centroamericana (UCA) que consultó a 1.281 personas a mediados de agosto.

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Un 65,7% de los más de 1.500 consultados en otro sondeo del diario La Prensa Gráfica dijo desaprobar la criptomoneda.

La directora del Instituto de Opinión Pública de la UCA, Laura Andrade, asegura que la población se resiste al bitcóin porque no lo considera una vía para mejorar su situación económica.

“Son decisiones [de forma] inconsulta que ha tomado esta administración en conjunto con los legisladores, y que vemos que no percibe la gente un impacto positivo para transformar de manera significativa sus condiciones de vida”, dijo Andrade a la AFP.

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El sondeo de la UCA indicó que un 65,2% de la población no está interesada en descargar la billetera electrónica “Chivo” necesaria para hacer compras y ventas en bitcóins, y no está de acuerdo en que el gobierno otorgue el equivalente a 30 dólares como estímulo a los usuarios de la criptomoneda, como ha decidido.

Pero Jorge García, un peluquero de 34 años que usa el bitcóin hace tres años, cree que “tiene futuro” y espera que “suba su valor”.

La Asamblea Legislativa, afín a Bukele, aprobó en junio la ley bitcóin y a fines de agosto avaló un fideicomiso de 150 millones de dólares para garantizar la “convertibilidad automática” del bitcóin al dólar.

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El bitcóin tendrá por ley un poder “libertario ilimitado en cualquier transacción”.

La ley establece que el tipo de cambio entre el bitcóin y el dólar “será establecido libremente por el mercado” y obliga a “aceptar bitcóin como forma de pago”.

El gobierno instala a través del país más de 200 “puntos Chivo”, cajeros automáticos de bitcóin, algunos custodiados por el ejército para prevenir posibles daños de opositores.

“Alta volatilidad”

Economistas y organismos como el Banco Mundial, el FMI y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) son escépticos sobre la adopción del bitcóin como moneda junto al dólar.

Tendrá un “impacto negativo” en las condiciones de vida de la población dada la “alta volatilidad del precio de la cotización”, e “incidirá en precios de los bienes y servicios”, asegura el economista Óscar Cabrera, de la Universidad de El Salvador.

Lidiar con el bitcóin será como “la tormenta perfecta en la cual venimos en el Titanic y nadie va manejando”, dijo a la AFP Cabrera, expresidente del Banco Central de Reserva de El Salvador.

El hecho de ser determinado “exclusivamente por el mercado” torna al bitcóin “altamente volátil”, alertó la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades).

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La Fundación considera además “inconstitucional” que se imponga “la aceptación obligatoria del bitcóin como forma de pago cuando sea ofrecida” en cualquier transacción económica.

Alentado por una elevada aprobación ciudadana, pero criticado por varias medidas consideradas autoritarias y que afectan la independencia entre los poderes del Estado, Bukele defiende su decisión y ha tildado de “torpe” a la oposición por “meterle miedo” a la población sobre la criptomoneda.

Estados Unidos ha pedido a El Salvador que tenga un uso “regulado”, “transparente” y “responsable” del bitcóin, y “que se proteja de los actores malignos”.

La resolución en actos separados también incluye a su esposa Rosa Margarita Villalta y a su hija Claudia Lissete Sánchez Villalta, de acuerdo con la resolución emitida el 29 de julio y firmada por la ministra de Gobernación, Amelia Coronel.

La justicia salvadoreña emitió el miércoles una orden de captura internacional contra el expresidente Sánchez Céren (2014-2019) y otros funcionarios de su administración por delitos cometidos contra el Estado salvadoreño.

El exgobernante salvadoreño es el segundo político de ese país que recibe la nacionalidad nicaragüense, luego que la misma le fuera otorgada en 2019 al también expresidente Mauricio Funes, ambos del partido de la exguerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación (FMLN-izquierda).

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El FMLN es aliado desde hace largo tiempo del también exguerrillero Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN-izquierda), que derrocó a la dictadura de Anastasio Somoza en 1979.

El presidente sandinista Daniel Ortega gobernó el país entre 1979-1990, retornó al poder en 2007, donde se mantiene tras dos reelecciones consecutivas, laa última de ellas con su esposa Rosario Murillo, como vicepresidenta.

La Constitución de Nicaragua prohíbe la extradición de sus nacionales.

La presencia de Sánchez Cerén, en Nicaragua, aliado político de Ortega, era mantenida en reserva por las autoridades, aunque desde El Salvador se denunció que el exmandatario se había fugado con ese destino.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, escribió en Twitter la semana pasada que Sánchez Cerén oficialmente era un prófugo de la justicia. “Por cierto, salió de nuestro país vía frontera terrestre en diciembre 2020 y jamás regresó”.

Búsqueda de Interpol

Un tribunal salvadoreño emitió el miércoles una orden de captura internacional para Sánchez Cerén y otros cuatro exfuncionarios por su presunta participación en un caso de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

El juez “ha resuelto librar oficio a Interpol” para que sea localizado y puesto a disposición de la justicia, declaró la fiscal Maricela Velásquez.

Los ilícitos habrían sido cometidos en el primer gobierno de la exguerrilla del FMLN que encabezó Mauricio Funes, de quien Sánchez Cerén fue vicepresidente, y quien también es investigado por supuesta malversación de fondos públicos.

De acuerdo con la Fiscalía, Sánchez Cerén habría recibido 530,000 dólares en sobresueldos irregulares cuando era vicepresidente.

Bukele había anunciado al inicio de su mandato, en junio de 2019, su intención de extraditar a Funes en los primeros 100 días de su gobierno.

Pero Funes, quien huyó a Nicaragua en 2016, le respondió en Twitter: “Ni hoy ni en los primeros 100 días de su gobierno (de Bukele) ni en años la extradición será posible”, dijo Funes, amparado en la nacionaldidad nicaragüense.

Las sanciones impiden la entrada en Estados Unidos de Lobo y su familia, explicó en un comunicado el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken.

“Cuando estuvo en el poder, el presidente Lobo aceptó sobornos de la organización narcotraficante Los Cachiros a cambio de favores políticos. Como primera dama, Rosa Lobo se implicó en actos significativos de corrupción mediante fraude y malversación de fondos públicos para su propio beneficio”, aseguró Blinken.

El titular de Exteriores matizó que el expresidente Lobo (2010-2014) “no ha sido condenado todavía” en Honduras y que su esposa “ha sido liberada de prisión y espera un nuevo juicio”, que está previsto que comience esta semana.

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No obstante, Blinken opinó que los “actos corruptos” de ambos “socavaron la estabilidad de las instituciones democráticas de Honduras”, y se comprometió a seguir “combatiendo la corrupción y el desdén del estado de Derecho que coarta el progreso” en el país centroamericano.

Tanto el expresidente Lobo como su esposa aparecieron en la llamada “lista Engel” que el Departamento de Estado publicó el pasado 1 de julio, en cumplimiento de una ley aprobada por el Congreso estadounidense el pasado diciembre.

En esa lista, el Gobierno estadounidense señaló por corrupción a 55 funcionarios y exfuncionarios centroamericanos, entre ellos 14 de El Salvador, 20 de Guatemala y 21 de Honduras.

A quienes aparezcan en esa lista se les negará la entrada a EE.UU. y no podrán obtener visados para viajar a ese país, un veto que confirman las sanciones anunciadas este lunes contra Lobo y su esposa, Según lo establecido en la citada ley estadounidense.

Las restricciones también se aplican a los hijos adultos de Lobo y la ex primera dama, Fabio Porfirio Lobo y Ambar Naydee Lobo Bonilla, así como a su hijo menor, explicó Blinken en su comunicado.

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Según una nota de prensa de la Policía Nacional, Mora “es investigado por realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización”.

También es investigado por supuestamente “proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y lesionar los intereses supremos de la nación”.

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El canal 100 % Noticias, del que Mora es propietario, informó que la “Policía quebró ventanas para ingresar a casa de Miguel Mora, a quien se lo llevaron enchachado (esposado), lo montaron a patrulla y allanaron la casa”.

Mora, periodista de profesión, es el quinto aspirante a la Presidencia por la oposición arrestado por la Policía de Nicaragua, tras la captura de la también periodista Cristiana Chamorro, los académicos Félix Maradiaga y Arturo Cruz, así como el economista Juan Sebastián Chamorro.

Los precandidatos presidenciales han sido detenidos en medio de una ola de arrestos contra líderes opositores que incluye a dos exvicecancilleres, dos históricos exguerrilleros sandinistas disidentes, un exdirigente empresarial, un banquero, cuatro activistas y dos extrabajadores de una ONG.

Esta es la segunda vez que el Gobierno de Ortega arresta a Mora desde el estallido antigubernamental de abril de 2018.

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En diciembre de ese año las autoridades de Nicaragua confiscaron el canal televisivo de Mora, a quien arrestaron junto con su jefa de información, Lucía Pineda. Ambos periodistas fueron excarcelados en julio de 2019.

La ola de arrestos de líderes opositores ha continuado en todo el mes de junio pese a las críticas por parte de la comunidad internacional.

En las elecciones del 7 de noviembre próximo, Ortega se jugará 42 años de primacía casi absoluta sobre la política nicaragüense. De ganar su tercera reelección consecutiva, el sandinista garantizaría su cuarto mandato de cinco años y segundo con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta.

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“Fue un accidente que dio vuelta a mi vida. Yo amaba a mi bebé y por una caída terminé en la cárcel”, dijo este martes en una conferencia de prensa tras su liberación.

Tras cumplir casi 10 años en una prisión de mujeres, la Justicia de El Salvador decidió conmutar la pena de Rogel en enero pasado y, tras varias audiencias y procesos judiciales, un juez decretó a finales de mayo su libertad condicional.

“Fue muy difícil porque me di cuenta de tantas cosas ya presa. Para mí me robaron mis sueños, tanto de poder saber dónde estaba mi hija hasta terminar mis estudios, de estar lejos de mis papás, que nunca me había separado de ellos, ni de mis hermanos…”, dijo.

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Su caso no es el único.

Según Agrupación Ciudadana, una ONG que aboga por la despenalización del aborto en El Salvador, otras 16 mujeres se encuentran actualmente en las cárceles del país por casos similares.

La nación centroamericana, una sociedad conservadora y mayoritariamente católica, no contempla excepciones para la interrupción del embarazo, incluso cuando ocurre una violación o cuando la vida de la madre está en riesgo.

Esto ha llevado a que decenas de mujeres, principalmente de zonas pobres, hayan sido encarceladas a lo largo de los años por la muerte de sus fetos en casos en los que aseguran haber sufrido abortos espontáneos.

Para muchos en el país centroamericano, la llegada al gobierno del presidente Nayib Bukele, quien prometió reformar las estructuras más anquilosadas de la nación, fue una esperanza de que las cosas también podrían cambiar en esta área.

Pero cualquier modificación sobre el aborto debe pasar antes por el Congreso, que no ha contemplado su discusión luego de que Bukele alcanzara una mayoría absoluta.

El caso de Sara Rogel

Rogel dice que nunca esperó que su embarazo la fuera a llevar a la peor pesadilla de su vida.

“Yo amaba a mi bebé. Yo tenía todo lo que una madre deseaba, tener una bebé, que estaba a punto de acompañarme”, dice.

Sin embargo, asegura que un día, ya con ocho meses de embarazo, resbaló mientras caminaba por su casa, ubicada en un área rural del departamento de Cuscatlán, en el centro del país.

“Me caí, quedé inconsciente y cuando desperté estaba en el hospital. No sabía qué pasaba, no sabía nada de mi hija, nadie me decía nada de qué era lo que sucedía conmigo”, recuerda.

Cuenta que por un par de días vivió en la incertidumbre: los médicos solo le decían que no se debía mover porque había perdido mucha sangre.

Según denuncian colectivos feministas, cuando las mujeres llegan a los hospitales de El Salvador con síntomas de haber perdido un embarazo, los médicos en muchas ocasiones llaman a la policía incluso antes de iniciar un tratamiento.

“Cuando reaccioné ya estaba privada de libertad, sin saber qué pasaba con mis papás, qué pasaba con ella (con la bebé que había perdido)”, rememora.

El tiempo perdido

Ahora, tras casi una década en una cárcel de mujeres, la joven mira hacia atrás y cree que lo sucedido acabó con las aspiraciones de su juventud.

“Estaba al terminar mis estudios. Quería hacer una licenciatura en enfermería y, lamentablemente, me pasó este accidente”, se lamenta.

Dice que el periodo en la cárcel fue muy difícil: “anhelaba volver a mi casa, estar con mis papás, con mis familia”.

A pesar de todo, piensa que logró salir adelante, pero reconoce que el dolor de lo que le sucedió la sigue persiguiendo.

“Fue algo muy doloroso para mí porque nunca pensé que de un golpe iba a perder a mi hija y, lo peor, que estuviera tras las rejas tantos años cuando no tuve nada que ver”, cuenta.

Para ella, su misión ahora es visibilizar la situación de las mujeres que continúan en las cárceles de El Salvador por motivos semejantes al suyo.

“Hoy aquí estoy pidiendo que se haga justicia con mis demás compañeras que se han quedado presas. Porque así como yo sufrí ese daño hay mucha gente detrás de esas rejas con muchos años. Y yo quiero que se haga justicia con ellas también”, dijo.

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Agrupaciones feministas de El Salvador denuncian que la penalización total del aborto afecta principalmente a las mujeres más pobres y vulnerables del país, que luego deben enfrentar procesos judiciales en los que, aseguran, se dan irregularidades y faltas a las garantías del debido proceso.

En los últimos años, acciones de grupos de defensa de la mujer en El Salvador han logrado la liberación de al menos 50 mujeres condenadas por haber tenido un aborto.

En 2020, Cindy Erazo fue liberada después de seis años en la cárcel tras ser sentenciada a 30 años de prisión por homicidio agravado, luego de que una emergencia obstétrica durante su octavo mes de embarazo.

Y en 2019, Evelyn Hernández, quien también había sido sentenciada a 30 años de cárcel luego de que su bebé fuera encontrado muerto en el baño donde dio a luz antes de desmayarse, fue liberada luego de casi tres años en prisión.

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La Ley Bitcóin cuenta con apenas 16 artículos, y fue aprobada con los votos de 62 diputados, entre ellos los 56 de la bancada del mayoritario partido Nuevas Ideas (NI), aliados del presidente Bukele, quien anunció que esta semana sería presentada la normativa para su aprobación.

“La Ley Bitcóin acaba de ser aprobada por mayoría calificada en la Asamblea Legislativa. ¡62 de 84 votos! ¡Historia!”, fue la primera reacción del presidente en su cuenta en Twitter.

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En efecto, el proyecto de ley fue presentado a los legisladores en la noche martes por la ministra de Economía, María Luisa Hayem, y tras una rápida discusión en la comisión Financiera del Congreso, obtuvo el aval para ser presentado ante el pleno legislativo que, a fin de cuentas, aprobó la ley pese a que partidos opositores minoritarios se negaron a apoyar la normativa.

El Salvador atractivo

De acuerdo a la ley, “el tipo de cambio” entre el bitcóin y el dólar estadounidense “será establecido libremente por el mercado”.

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“Esta es una ley que vendrá a poner a El Salvador en el radar del mundo, seremos más atractivos para las inversiones extranjeras”, consideró el diputado Romeo Auerbach del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana), también aliado de Bukele.

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En tanto, la diputada Anabel Belloso, del opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), lamentó que “la ley no fue discutida con especialistas, ni con paciencia”.

“La ley tiene muchas implicaciones en el ámbito económico y no todo el mundo estamos claros de cómo esto va a funcionar, tomando en cuenta que las criptomonedas son volátiles en el mercado, son inestables”, sostuvo Belloso.

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De acuerdo a la normativa, “todo agente económico deberá aceptar bitcóin como forma de pago”, pero quedarán “excluidos” de recibir pagos en bitcóin los que “por hecho notorio y de manera evidente no tengan acceso a las tecnologías que permitan ejecutar transacciones en bitcóin”.

La ley también deja en claro que para “fines contables” se utilizará el dólar estadounidense como “moneda de referencia” y reseña que “todas las obligaciones en dinero expresadas en dólares, existentes con anterioridad a la vigencia de la presente ley, podrán ser pagadas en bitcóin”.

De acuerdo a la normativa, el Estado “proveerá alternativas” que le permitan al usuario “convertibilidad automática e instantánea de bitcóin a dólar en caso que lo desee”.

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¿Bitcóin volátil?

Para el economista y expresidente del Banco Central de Reserva de El Salvador, Carlos Acevedo, el uso de las criptomonedas conlleva riesgos y el principal su “volatilidad”.

“Las criptomonedas son demasiado volátiles y riesgosas como para que puedan cumplir las funciones básicas del dinero como reserva de valor, medio de intercambio y unidad de cuenta, tal como aprenden los estudiantes de economía desde los cursos introductorios de la profesión”, señaló Acevedo en un artículo de opinión que publicó en el periódico digital El Faro.

De acuerdo al presidente Bukele, dar al bitcóin curso legal en el país tiene como objetivo generar empleos y también “dar inclusión financiera a miles de personas fuera de la economía formal”.

Según Bukele, “el 70% de la población salvadoreña no tiene una cuenta bancaria y trabaja en la economía informal”.

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Según el mandatario entre algunos aspectos que podrían mejorar con el uso del bitcóin son el envío de remesas por parte de los salvadoreños desde el exterior.

Para el gobernante el bitcóin representa “la forma de más rápido crecimiento para transferir” esos miles de millones de dólares en remesas y de evitar que “millones de dólares” se pierdan en intermediarios.

En la economía dolarizada de El Salvador, las remesas que envían salvadoreños desde el extranjero son un soporte importante y equivalen al 22% de su Producto Interno Bruto (PIB).

En 2020, las remesas totalizaron 5.918,6 millones de dólares, un incremento del 4,8% con respecto a 2019, según informes oficiales.

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Salud ha gastado el 76% de presupuesto para vacunas y ha negociado dosis solo para 7.4 millones de personas

El documento refiere que las cámaras expusieron en su comunicación las ventajas de acelerar la vacunación en la región y han ofrecido apoyo para realizar el proceso de vacunación.

Agregan que entre los beneficios que trae la vacunación en Centroamérica está el “alcanzar la inmunidad de rebaño y normalizar las operaciones de las empresas que operan la región para así promover el crecimiento económico, la generación de empleo, y el bienestar de millones de familias centroamericanas. “

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“Tomando como base las excelentes relaciones y de cooperación entre los Estados Unidos y las AMCHAMs de la región centroamericana, hemos solicitado al gobierno estadounidense que considere a nuestros países dentro de la lista de beneficiarios de donaciones de vacunas, una vez que cumpla con su objetivo de vacunar a la mayor cantidad de su población adulta en las próximas semanas.”, señalaron en las misivas.

Las cámaras reconocen que el éxito de la vacunación rápida en Estados Unidos ha sido la colaboración entre diferentes sectores.

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“Como representantes del sector privado en Centroamérica queremos poner a disposición nuestras capacidades y así ser parte de la solución de esta crisis humanitaria mediante la vacunación el menor tiempo posible”, concluyeron.

Amelia Flores, ministra de Salud, se pronunció al respecto. “Yo conozco de la posibilidad, pero es un tema que aún no se ha confirmado , el MSPAS tiene capacidad para vacunar masivamente, cuenta con apoyo Inter ministerial, cooperación internacional , sector académico, sector privado, organizaciones de profesionales, etc., y está abierto a coordinar con otros actores”, dijo.

EE. UU. donará 80 millones de vacunas

El gobierno de Joe Biden anunció recientemente que ese país donará 80 millones de vacunas contra el covid-19 a distintos países, aunque no se sabe cuándo exactamente.

Serán 60 millones de vacuna de Astrazeneca, que este país no utiliza, junto con otros 20 millones de las marcas que sí tiene aprobadas y que ha administrado, Pfizer, Moderna y Janssen.

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Biden ha dicho que la donación no se hará para conseguir favores, sino porque cree que su país no estará seguro hasta que la pandemia termine globalmente.

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Golpe en Myanmar: los generales celebran una fiesta en medio de la indignación mundial por la muerte de al menos 100 personas durante las protestas

“La tragedia ocurrió cuando un manatí volcó el bote, donde viajaban seis personas (…) el accidente ocurrió la madrugada del viernes (pasado)”, indicó el partido Ciudadanos por la Libertad.

Los viajeros se trasladaban de la comunidad de Sandy Bay, en la costa Caribe de Nicaragua, hacia La Cruz de Río Grande, para comercializar granos básicos, de acuerdo con la información.

El Río Grande de Matagalpa, uno de los más caudalosos del Caribe de Nicaragua, es uno de los hábitats del manatí en el país centroamericano.

El manatí (Trichechus manatus) es una especie considerada apacible, sin embargo, un ejemplar puede medir tres metros de largo y pesar más de 500 kilos, suficiente para provocar un accidente al menor roce con un pequeña embarcación, tal como ocurrió en Nicaragua, según fuentes especializadas.

De acuerdo con los datos oficiales, el Río Grande de Matagalpa cuenta con al menos dos caños que sirven como área de reproducción del manatí, también llamado “vaca marina” en Nicaragua.

Los manatíes también utilizan el Río Grande de Matagalpa como rutas de traslado para alcanzar la laguna de Toplok, donde suelen alimentarse.

El manatí, cuya especie es considerada en peligro de extinción en todo el mundo, está protegido en Nicaragua por una veda a perpetuidad.

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Infectar a voluntarios sanos con el SARS-CoV-2 ayudará a entender mejor el covid-19

El francés llegó a Costa Rica el 16 de enero con un grupo de sus compatriotas. 20 dieron positivo al coronavirus y seis de ellos requirieron hospitalización.

Según el ministerio, 16 integrantes del grupo de turistas superaron el virus y pudieron regresar a Francia, mientras otros cuatro permanecen internados en hospitales públicos de Costa Rica.

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Dos personas del país centroamericano dieron positivo al covid-19 por contacto con los turistas franceses, y una de ellas permanece hospitalizada.

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La OMS ha dicho que la variante sudafricana del covid-19 no es más severa que la original, pero algunos estudios apuntan que es más contagiosa y resistente a algunas vacunas.

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Costa Rica también detectó un caso de la variante británica del covid-19 en una mujer costarricense de 35 años que ya se recuperó y no requirió hospitalización, indicó el ministerio.

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La variante británica también ha sido señalada como más contagiosa aunque no hay indicaciones de que sea más severa.

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Carlos Preciado Navarijo, alcalde de Ocós, es detenido en Panamá por cargos de narcotráfico en Estados Unidos

El detenido fue identificado como Luis Ramírez Diéguez, sobre quien pende una orden de aprehensión con fines de extradición emitida por la Fiscalía Superior de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la Nación de Panamá (PGN).

Ramírez fue capturado el pasado jueves en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, el principal del país y un importante centro de conexiones para la región, tras arribar en un vuelo comercial procedente de Colombia con destino Guatemala, su tierra natal, indicó la Policía Nacional (PN).

Al día siguiente, Ramírez fue presentando ante los magistrados del Tribunal de Apelaciones, quienes decretaron legal su aprehensión y ordenaron su detención provisional con fines de extradición, por lo que fue puesto a órdenes el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Unidades de @INTERPOL_HQ Panamá y @migracionpanama aprehendieron en el @tocumenaero a un ciudadano guatemalteco requerido por los EE.UU, por delitos de Conspiración de Tráfico de Drogas, intentando usar nuestro país como tránsito, procedente de Colombia con destino a Guatemala. pic.twitter.com/We18TJ03eP

— Policía Nacional (@ProtegeryServir) January 25, 2021

Capturan al alcalde de Ocós

El alcalde de Ocós, San Marcos, Guatemala, Carlos Danilo Preciado Navarijo, fue detenido el 19 de enero en el Aeropuerto Tocumen de Panamá relacionado con un caso de narcotráfico en Estados Unidos

En audiencia del 20 de enero, los magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial de Panamá declararon con lugar la aprehensión de Preciado, quien se acogió al trámite de extradición simplificada, ante lo cual el tribunal avaló a la fiscalía para el trámite y Estados Unidos tendrá 30 días para formalizar la solicitud.

Según las autoridades, Preciado estaría con organizaciones de narcotráfico en Colombia y México.

Preciado es hermano de Vivian Preciado Navarijo, diputada al Congreso por San Marcos elegida por la UCN, cuyo fundador, el excandidato presidencial Mario Estrada está condenado en Estados Unidos a 15 años por narcotráfico. Además, su madre, Edilma Navarijo de León, fue alcaldesa de Ocós entre 2004 y 2020, y actualmente alcaldesa de La Blanca, municipio que se desprendió de Ocós en 2014, siempre en San Marcos, para el periodo 2020-2024.

Preciado fue elegido para el periodo 2020-2024 por el comité cívico La Plantía.

El 28 de junio de 2010, Carlos Humberto Preciado y José Luis Preciado, esposo e hijo de Navarijo de León, fueron asesinados.

Panamá también informó que la semana pasada, Interpol Panamá y Migración capturaron a Mario Enrique Medina Sanabria, ciudadano de Honduras también requerido por EE. UU. por Conspiración y Tráfico de Drogas.

En el año 2020, la oficina de Interpol Panamá aprehendió a 18 personas de diferentes nacionalidades requeridas por otros países, de las cuales 17 fueron entregadas.

En lo que va de 2021, tres personas han sido capturadas, y una de ellas ya fue extraditada.

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Eta: la impresionante imagen del ojo del huracán cuando se fortalece al amenazar a Nicaragua

El ojo del huracán Eta tocó este martes tierra al sur de ese municipio costero, dijo a periodistas el codirector del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (Sinapred), Guillermo González.

El funcionario aseguró que Eta ha alcanzado rachas superiores de 240 kilómetros por hora en territorio nicaragüense y se ubica a 43 kilómetros al este de la ciudad de Bilwi y su velocidad de traslación es de 9 kilómetros por hora.

En Bilwi o Puerto Cabezas, un municipio de 75.000 habitantes ubicado en el Caribe norte, fronterizo con Honduras, se activaron cientos de albergues donde se encuentran refugiadas al menos 6.000 familias, se aseguraron las casas, la población compró víveres, y el ambiente era de tensa calma previo al impacto del huracán.

Asi los Fuertes vientos, previo a que #Eta toque tierra en #Nicaragua, empiezan a botar palmeras en comunidades de Sandy Bay. Siga la cobertura de huracán en Nicaragua pic.twitter.com/1Mi0XPeQj8

— 🄻🄴🄾 (@Leo_Garcia_Sv) November 3, 2020

Según el Sinapred, en este momento en Bilwi se registran vientos muy intensos, fuertes lluvias y un intento oleaje, y la población se encuentra refugiada en iglesias y escuelas que fueron habilitadas como albergues y permanecerán allí “hasta que el ciclón pase”.

El Gobierno de Nicaragua declaró en la víspera la alerta roja en la RACN, que incluye Waspam y el Triángulo Minero, compuesto por los municipios de Bonanza, Rosita y Siuna, que en total alberga a cerca de 500 mil habitantes, previo al impacto del huracán Eta.

Bilwi, Puerto Cabeza #Nicaragua #HuracanEta pic.twitter.com/MIZaPpyLFO

— Juana La Chama (@JuanaLaChama) November 3, 2020

La alerta roja se activa en Nicaragua cuando hay un desastre inminente o en progreso y las autoridades deben actuar en función de rescates.

Las autoridades decretaron la alerta amarilla o de vigilancia para los departamentos (provincias) de Jinotega y Nueva Segovia (norte), y en el de Chinandega (noroeste), y mantuvieron la alerta verde para el resto del país.

La alerta amarilla ordena la evacuación de zonas de riesgo, mientras que la alerta verde recomienda estar alerta frente a una posible catástrofe.

Asimismo el Sinapred ordenó a los miembros de las unidades de rescate “estar listos” ante posibles emergencias, lo que incluye realizar salvamentos, evaluar daños y necesidades, así como brindar albergue a la población.

En 24 horas, Eta, el décimo segundo de esta temporada en el Atlántico, ha pasado de tormenta a convertirse en un huracán “mayor”, como se clasifica a los de categoría 3, 4 y 5 en la escala Saffir-Simpson.

Es la primera vez que se usa el nombre de Eta desde que se denomina a las tormentas de acuerdo con una lista anual, lo cual significa que 2020 es un año récord en el Atlántico.

Cuando se agota la lista, se usan las letras del abecedario griego y así ha sido este año hasta llegar a Eta.

Hasta ahora ha habido 28 tormentas tropicales con nombre, de las cuales 12 han sido huracanes, y queda todo noviembre para que se acabe oficialmente la temporada.

También sobre el Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA) y su reglamento (RECAUCA), afirmó a Acan-Efe el presidente de la Federación Nacional de Agentes Aduanales de Honduras (FENADUANAH), Fernando García.

“Actualmente en Centroamérica vivimos un proceso de unión aduanera en el cual tenemos documentos a nivel regional, como el CAUCA y RECAUCA, por lo que estamos a un paso” de concretarla “para posteriormente pasar a una unión económica”, subrayó.

Enfatizó que alcanzar la unión económica es un objetivo que se ha buscado “desde hace muchos años”, y que hasta ahora no se ha logrado por “la idiosincrasia” de cada país.

El seminario “Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la Organización Mundial del Comercio, la Jerarquía de la Normativa Aduanera y los Instrumentos Jurídicos de la Integración Económica Centroamericana”, que concluirá el próximo viernes, es organizado por la delegación de la UE en Honduras.

También es auspiciado por la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), a través del Proyecto Regional de Apoyo a la Integración Económica Centroamericana y a la Implementación del Acuerdo de Asociación (PRAIAA).

García indicó que la “negativa” balanza de pago de la región ha “incidido bastante” en que hasta ahora no se haya logrado la unión aduanera.

“La unión aduanera es algo bien delicado que va de acuerdo a la economía de los países”, enfatizó el titular de la FENADUANAH.

Destacó la relevancia de la unión aduanera puesta en marcha Honduras y Guatemala, y en la que además se está invitando a El Salvador y al resto de la región.

La Unión Aduanera entre Honduras y Guatemala será plena a partir del 1 de julio próximo, pero a inicios de este marzo autoridades de ambos países habilitaron la aduana de Corinto para el tránsito de 42 productos libre de aranceles como parte de un proyecto piloto.

Las otras dos aduanas fronterizas entre Honduras y Guatemala son las de El Florido y Agua Caliente.

El evento regional fue inaugurado este miércoles por García, el gerente de Programas de la UE en Honduras, Andrea Massarelli, y el coordinador técnico del PRAIAA, José Carlos García.

El guatemalteco César Zamora, experto del PRAIAA, dijo a Acan-Efe que con la voluntad política suficiente se puede acelerar la unión aduanera que permita mejorar agilizar el flujo comercial.

El especialista considera que para acelerar el proceso hace falta “más voluntad política y aspecto técnico”, aunque reconoció que lograr ese objetivo “es complejo” porque hay “componentes importantes como el tema migratorio, medidas fitosanitarias y hasta la misma homologación de mercancías en libre tránsito”.

Los agentes aduaneros debatirán sobre el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la Organización Mundial del Comercio (OMC), las medidas que deben adoptar los países para lograr una verdadera facilitación del comercio y los compromisos que cada país asumió ante la OMC, según un comunicado.

En Guatemala, el organismo dio cuenta del asesinato de un periodista, agresiones, intimidaciones, censura y ataques cibernéticos.

La seguridad de los medios y los periodistas en Guatemala “continúa siendo crítica”  y hay regiones del país donde los comunicadores se autocensuran en la cobertura de hechos de violencia vinculados al narcotráfico por temor a represalias, destacó.

El Observatorio de los Periodistas del Centro de Reportes Informativos Sobre Guatemala  (Cerigua) registró 47 agravios a la prensa hasta el 22 de septiembre y la Unidad Fiscal de Delitos contra Periodistas de Guatemala había recibido 76 denuncias, detalló.

En tanto, dijo, Nicaragua “se ha agravado el autoritarismo del Gobierno, lo que genera mayores riesgos para la libertad de prensa y la democracia” .

En este país cada vez hay menos medios independientes, un solo canal abierto y algunos de cable, mientras que la publicidad estatal es manejada como si fuera privada, apuntó.

El informe reflejó la inquietud por la situación política al señalar que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, consiguió el control absoluto de todos los poderes del Estado, incluyendo al Consejo Supremo Electoral, de cara a las elecciones del 6 de noviembre.

La SIP destacó que el Gobierno de Ortega ha expulsado a 14 personalidades que llegan a Nicaragua a dar conferencias sobre derechos humanos, además de que el Congreso ha declarado que no habrá observación electoral.

El pasado 7 de octubre, el director de “Confidencial” , Carlos Fernando Chamorro, denunció ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos actos de intimidación y espionaje político de parte de miembros del Ejército y del Frente Sandinista, agregó.

En El Salvador, el organismo celebró los avances de la justicia para sancionar “graves atentados contra la libertad de expresión”, si bien sigue existiendo, desde el poder político, control y ocultamiento de la información pública.

La Prensa Gráfica y el Diario de Hoy han sido blanco de campañas y llamados a boicots comerciales por parte del alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, después de que ambos medios fueron víctimas de ciberataques perpetrados por personas vinculadas a firmas relacionadas con la alcaldía, indicó.

En Honduras, los mayores riesgos provienen “de los elevados índices de violencia” , con amenazas y censura de la información, además de la “impunidad en los casos de agresiones a periodistas y comunicadores” .