Por qué la reforma que permite la reelección de Bukele debe importarle a Guatemala y cuál sería su efecto en Centroamérica, según analistas

Desde el 2021, Bukele habría comenzado una estrategia política y legal que culminó con una reforma que permite la reelección presidencial indefinida.

Douglas Cuevas

3 de agosto de 2025 | 08:00h

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Foto del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, habla durante un acto el 19 de marzo de 2025, en Antiguo Cuscatlán (El Salvador). (Foto Prensa Libre: EFE)

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, concretó el último paso de un elaborado plan que busca perpetuarlo en el poder, según analistas guatemaltecos que evaluaron las recientes reformas constitucionales en ese país.

El cargo de presidente ya no tiene impedimentos para optar a la reelección; incluso, el periodo presidencial se extendió a seis años con las reformas aprobadas por el Senado salvadoreño.

Para Edgar Ortiz, analista y abogado experto en derecho constitucional, es necesario evaluar con cautela las reformas en El Salvador, ya que estos cambios, aunque hoy no parezcan incomodar a muchos salvadoreños, podrían acarrear complicaciones a futuro.

“Nos tiene que importar porque es un país vecino, con relaciones comerciales e intercambio cultural. Pero por esa cercanía, nos debe importar, porque el modelo Bukele tiene mucha simpatía en Guatemala”, dijo.

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Uno de los principales factores que ha mantenido la popularidad del sistema “Bukele” son los aparentes controles de seguridad, que contrastan con informes sobre violaciones a los derechos humanos y acciones de criminalización y persecución contra activistas y periodistas salvadoreños.

“Los guatemaltecos deben entender que esos encantadores de serpientes, los que aparentemente resuelven los problemas de seguridad muy rápido, eventualmente tienen esta tendencia a aprovechar oportunidades, como Bukele, para perpetuarse en el poder”, enfatiza Ortiz.

Los pasos de Bukele

Ortiz destaca que el presidente de El Salvador es un estratega que logró impulsar una reforma constitucional sólida, orientada a sus intereses, y crear un escenario jurídico y político favorable.

“Lo que ocurre ahora es el último paso de un manual muy detallado que ha seguido Bukele desde el primer día, y hoy solo le pone la guinda al pastel asegurándose una reelección indefinida. Un modelo que, en la región, solo tienen Nicaragua, Venezuela y ahora El Salvador”, señala.

El primer paso, según Ortiz, ocurrió hace cuatro años, cuando Bukele realizó una serie de cambios en el sistema judicial con los que eliminó obstáculos y cuestionamientos de autoridades judiciales.

1. “En el 2021, cuando gana la Asamblea Legislativa y logra mayoría, destituye a la Sala Constitucional —que era un freno que tenía—, cambia al fiscal general y desde ese momento anula los órganos de control”.
   También impulsó una reforma electoral que, mediáticamente, le granjeó simpatías. Con ella, logró eliminar a la oposición y voces críticas dentro del Senado, que recientemente validó las reformas constitucionales.
2. “El año pasado hace una reforma electoral que, sobre el papel, era popular. Reduce el número de diputados, pero al haber menos congresistas y distritos grandes, eso favorece a los partidos políticos grandes. Eso le da a Bukele casi un control total de la Asamblea Legislativa”. Incluso, en el último día de la anterior legislatura salvadoreña, se concretó una maniobra que derivó en los cambios que hoy permiten la reelección indefinida.
3. “La anterior legislatura cambia, en su último día, un artículo que le permite a la nueva legislatura —con mayoría— modificar la Constitución. Reforma que se concretó ahora en sus primeros meses”.

Mal precedente

Estos cambios podrían generar eco en la región centroamericana, ocasionando tensiones que busquen alterar o modificar el sistema democrático aún vigente en los países de la zona, con excepción de Nicaragua y ahora El Salvador, que siguió sus pasos, indicó Guillermo Fuentes, analista de la organización Aire, dedicada a la capacitación y educación política en Guatemala.

“El problema es hacer permanente la reelección porque caemos a una dictadura y no es sano para ningún país una dictadura de ningún tipo de ideología. Esto es importante para Guatemala porque en la política hay muchos que podrían copiar este modelo, pero desde fuera hay muchas cosas que seguramente desde acá nosotros desconocemos”, indicó.

Fuentes concluye con que Guatemala y El Salvador, pese a la cercanía, son distintos, por lo que es necesario no replicar modelos con críticas profundas como el constante exo de violaciones a los Derechos Humanos en El Salvador que ha dejado a varios ciudadanos de aquel país en el exilio.

Asimismo, entre 2011 y 2017, 350 mil centroamericanos solicitaron ser reconocidos como refugiados, y de estos pedidos, 130 mil 500 fueron expedidos en 2017.

La mayoría de los que piden protección provienen de Guatemala, Honduras y El Salvador, especificó la portavoz, y registran sus solicitudes en Belice, México y Estados Unidos, y de forma creciente, en Costa Rica y Panamá.

Además, muchos son menores de edad o que emprendieron el viaje solos o durante el trayecto perdieron a sus familiares, subrayó la portavoz sin dar cifras concretas.

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“Escuchamos relatos repetidos de que huyen del reclutamiento forzado de bandas criminales o que sufren amenazas de muerte. La mayoría dicen huir porque la situación en sus lugares de origen es desesperada”, confluyó Kitidi.

Paso por Guatemala

En agosto del 2017, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) reveló que unas 400 mil personas pasaban por Guatemala con destino principalmente Estados Unidos y México, en busca de protección y oportunidades laborales.

Acnur ha brindado asistencia, albergue y protección por medio de organizaciones socias en Guatemala y ha beneficiado a cientos de extranjeros.

La gran mayoría de los beneficiados con ese estatus en el país, son originarios de El Salvador y Honduras. Las personas de esas áreas escapan de la violencia y amenazas de pandillas.

>Lea también| ¿Sabe cuál era la cifra de refugiados en el mundo en el 2015?

Además, el 21 por ciento de las 300 personas refugiadas son niños, niñas y adolescentes, que son originarios de las naciones vecinas.

Según Acnur la cantidad de personas desplazadas de sus países, hasta el 2016, era de 65.6 millones, lo que significaría cuatro veces la población que tiene Guatemala.

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Por el momento, los inmigrantes detenidos se encuentran bajo la custodia de ICE, en lo que sus casos son procesados en las cortes.
En tanto, Dave Heaton escuchó un helicóptero mientras tomaba un café en un restaurante local de Mount Pleasant la mañana del miércoles, y luego se enteró de que agentes de inmigración habían rodeado una planta en las afueras de la ciudad.
Heaton expresó su preocupación por los hijos de estos inmigrantes, pues los jóvenes estudian, juegan y conviven como cualquier normal y de un momento a otro su vida se ve truncada.

“Vi a un grupo de hombres sentados en el suelo”, dijo Heaton, aunque no pudo acercarse lo suficiente para ver si estaban esposados porque la Policía bloqueó las calles cercanas.
Por otro lado, Trey Hegar, pastor de la Primera Iglesia Presbiteriana en Mount Pleasant, dijo que la iglesia es un “lugar seguro” designado para los estudiantes y sus familias afectados por la redada. A partir de las 3:30 p.m., la iglesia preparó alimentos y reunió a integrantes de la congregación, a la espera de saber si los niños cuyos padres fueron arrestados necesitarán ayuda..

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“Oscar López, de 15 años, dio declaraciones  al canal KTVO que su padre y aproximadamente entre 60 y 70 personas habían sido detenidos. Realmente no sabemos nada”. “Los oficiales de ICE solo dijeron que no podían darnos mucha información … que iban a transportarlos a Cedar Rapids o Rock Island, Illinois, dijo López
El Departamento de Justicia federal informó en un comunicado de prensa que agentes especiales y agentes de deportación del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. ejecutaron una orden de allanamiento, junto con la ayuda de la policía local de en Mt. Peasant, Iowa.

El Departamento de Seguridad Nacional se negó a proporcionar ningún otro comentario sobre la redada.
Los oficiales de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, también conocidos como ICE, llevaron a cabo un operativo en Mt. Peasant, Iowa.
ICE emitió un comunicado en el que afirmaba que sus Investigaciones de Seguridad Nacional y los oficiales de deportación, junto con sus Operaciones de Detención y Deportación y las autoridades locales están trabajando juntos en una investigación criminal.

Hallan a 100 centroamericanosen México

La Policía Federal de México rescató a cien inmigrantes centroamericanos hacinados en un camión frigorífico que fue detenido por una infracción de tránsito en el estado de Tamaulipas, noreste de México, dijeron este jueves las autoridades.
Al detener el camión por la infracción, los policías escucharon llamados de auxilio y golpes provenientes de la cámara refrigerante y al revisarla hallaron a los inmigrantes, explicó la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) en un comunicado.
Las autoridades explicaron que los migrantes, entre los que había algunos menores de edad, son originarios de Guatemala, Honduras y El Salvador y que ninguno tenía la documentación que comprobara su estancia legal en el país.
Explicaron que el camión fue detenido en una carretera cerca de Ciudad Victoria porque se observó que le faltaba la matrícula delantera y según los documentos exhibidos por los dos conductores transportaban alimentos perecederos a Monterrey, en el norteño estado de Nuevo León.

Inmigrantes protestan contra  Trump

Al ritmo de música tradicional mexicana, varios migrantes subieron este jueves la barda fronteriza entre México y Estados Unidos en la ciudad de Tijuana para colocar mantas en contra del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
“Alto a las deportaciones masivas, Trump no pagaremos tu muro”, decían los letreros colocados en Playas de Tijuana, a un costado del océano Pacífico.
“No es la primera vez que lo hacemos”, gritó el activista Sergio Tamai, director de Ángeles Sin Fronteras, una asociación de apoyo a los inmigrantes.
En el marco de la celebración del Día de las Madres, los manifestantes repitieron “Trump, chinga tu madre”, un insulto que en México significa joder de la madre.
Lo que hicimos “es la expresión verbal y simbólica con la que un mexicano manifiesta su mayor indignación y coraje contra una persona que lo ha ofendido”, expresó Tamai.
El activista propuso también un boicot a Estados Unidos ante los insultos de Trump. “Hasta que seamos millones de mexicanos que no pasemos a comprar a Estados Unidos. Para demostrarle a Trump que del poder de compra de los mexicanos viven ciudades fronterizas en su país”, declaró.
“Le pedimos que pare las deportaciones y que no obligue al gobierno de México a instalar un muro en la frontera sur, como también quiere”, declaró José María Castro, encargado del albergue para migrantes Juventud 2000.
Los activistas quemaron también una piñata con la figura del presidente estadounidense, un acto que observaron desde el vecino país los agentes de la patrulla fronteriza que vigilan el área.

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El grupo de indocumentados provienen de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua y su destino es Estados Unidos, sin embargo, detuvieron la marcha para mostrar una actitud solidaria en Oaxaca. El terremoto dejó 65 muertos, 46 de ellos se registraron en la ciudad al sur de México.

Estos fueron algunas de las reacciones que recibieron los centroamericanos por su buena obra:

https://twitter.com/Antoniosangar19/status/906346642756050955

¡Totalmente de acuerdo! Esa solidaridad y apoyo a México debería de abrirles puertas para quedarse si quieren. ¿Dónde firmamos?

— _mayi (@Mayi_Cervantes) September 9, 2017

Siente México a centroamericanos como hermanos, como queremos que en Estados Unidos sientan a los dreamers y sus papás. Somos 1 familia.

— Areli Carreón (@arelibiciteka) September 9, 2017

Me rompe el alma por el maltrato q mi pais les ha dado. Pendon hermanos, hemos fallado, Dios los ayude para seguir ayudando

— Robb (@RobbMarket) September 9, 2017

en nombre del pueblo mexicano, o por lo menos del mío: muchas gracias y más disculpas por el trato que les hemos dado

— pedro palacios (@palsape) September 9, 2017

Hermoso el poder de la gente humilde.Triste saber q muchas veces el pueblo mexicano no es igual de acogedor con la comunidad centroamericana

— edna (@Edna_SoLA) September 9, 2017

Conmovedor Mil Gracias

— Citlali O' (@GrdnOrtiz) September 9, 2017

https://twitter.com/her_ruben/status/906606719144484865

La historia de José A. empieza cuando dejó a sus hijos al cuidado de los abuelos maternos en Guatemala para venir a Estados Unidos a buscar un mejor porvenir.

Aunque él y su esposa no habían pensado traer a sus pequeños, la muerte de un primo adolescente que vivía con los niños encendió las alarmas de los dos inmigrantes.

“Yo no quería traerlos pero amenazaron a todos los de la casa y no tenía alternativa. Si el presidente tuviera que elegir haría lo mismo que nosotros”, aseguró Elsa  (nombre ficticio) , madre de los niños.

La guatemalteca agregó que fueron las promesas de que los menores estarían seguros si ingresaban solos por la frontera, lo que hizo que ella tomara la decisión de traerlos.

Detalló que tras tomar la decisión enviaron el dinero a un familiar, quien se encargó de traer a los niños que ingresaron en 2014 con 9 y 7 años de edad.

Teresa Tejada, directora de la Asociación de Salvadoreños de Los ngeles  (ASOSAL) , explicó que la mayoría de los padres inmigrantes de Centroamérica tratan de traer a sus hijos con personas conocidas o de la familia.

“Se vinieron para darles un mejor futuro a esos niños, y están tratando de sacarlos de la violencia que viven nuestros países, no van a arriesgarlos tan fácilmente” , aclaró.

Con las nuevas directrices de la Administración Trump para combatir el tráfico humano, están en el punto de mira también los inmigrantes indocumentados que pagan para traer a sus hijos al país de manera clandestina.

Pese a ello, José A. y Elsa dijeron que no se arrepienten de haber traído a sus hijos e indicaron que es más fuerte el miedo que se siente sabiendo que tus hijos pueden ser víctimas de la violencia, que a enfrentar el castigo que la Administración Trump pretende imponer a los padres que han pagado para traer a sus hijos.

La nueva “persecución” , como llamó Elsa a las recientes medidas del Gobierno federal, ha generado varias reacciones y una ola de llamadas a los defensores de los indocumentados.

“Hay mucho temor, especialmente de quienes tienen que presentarse a corte con los niños que están pidiendo asilo político, porque creen que los van a arrestar en la audiencia” , explicó el abogado de Inmigración, Alex Galvez.

Patricia, una madre salvadoreña que trajo a su hija de 10 años el año pasado, está esperando con miedo presentarse en corte para demostrar que su hija se merece un asilo político.

“Probarlo es muy difícil, el testimonio de los niños no es aceptado, y tendrían que tener la declaración de los traficantes” , indicó Galvez quien cree que esta medida, como muchas otras de la actual Administración, sólo pretenden crear una ola de miedo pero que es casi imposible de implementar.

La inmigrante Leticia Argentina González considera que la nueva política de la Administración no tiene sentido, porque “debería ir contra los coyotes”  y no los padres.

Hace 10 años, la salvadoreña vivió una pesadilla de la cual dice aún no se despierta. Sus dos hijas Luz Karina Campos de 12 años y Blanca Lilia Campos de 10, se perdieron en el desierto junto a su cuñada cuando intentaban entrar a ese país.

Un año y medio después, las autoridades federales recuperaron los restos de los cadáveres de las tres inmigrantes que habían sido abandonadas en el desierto por los traficantes.

Los traficantes, a pesar de haberlas perdido, intentaron en varias ocasiones extorsionar a González, y pese a la labor del FBI nunca se dio con el paradero de los criminales. En El Salvador un miembro de la red fue el único juzgado por la muerte de las tres inmigrantes.

El abogado de inmigración Fernando Romo explicó a Efe que la política de castigar a los padres por participar en tráfico de sus propios hijos no es nueva.

“Implementar esas acusaciones (de tráfico) no va a ser fácil” , aseguró el abogado quien indicó que para las autoridades va a ser muy difícil probar algo cuando una persona es cómplice y víctima a la vez.

Mientras la Administración Trump promociona su campaña, la familia de José A y Patricia reúnen pruebas que demuestren que su decisión era de vida o muerte.

“Creo en la justicia de este país, y lo único de que somos culpables es de querer a nuestros hijos” , concluyó José A.

Desde hace ocho años pone a disposición su casa, la cual cuenta con una sola habitación, y brinda comida a las personas que huyen de su propio país para salvar sus vidas.

Andrés, firme seguidor de los principios de la religión católica, colabora como voluntario en la Pastoral Social, un socio de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en la Casa Migrante de Santa Elena, Petén.

Esta Casa y sus voluntarios forman parte de una red nacional de albergues y centros que brindan información, asistencia humanitaria básica y hospedaje.

“Me tomó un tiempo convencer a las autoridades migratorias y a la comunidad local de que solo estaba ayudando a la gente sin pedir nada más”, cuenta Andrés. El trabajo no siempre es fácil y en distintas ocasiones, grupos criminales locales se han acercado a su casa amenazándolo a él y a su familia para que acabe con esta asistencia, y que trabaje para ellos como informante.

Andrés es mecánico y electricista de profesión, y mantiene una tienda de comida y distintos artículos, que maneja con la ayuda de su esposa. Los recursos económicos no abundan, pero su generosidad y solidaridad con las personas desesperadas que llegan con lo que cabe en una pequeña mochila, es un ejemplo de humanidad.

Los esfuerzos de Andrés han servido de ejemplo a otros voluntarios de la comunidad. “Así sumando los esfuerzos locales, tenemos más camas para hospedar a familias enteras que están huyendo de países donde no pueden estar tranquilos y que cargan las heridas de los grupos criminales”, dijo Andrés. 

En lo que va de 2016, los tres voluntarios han atendido a casi mil personas en su propia casa y en una capilla de la iglesia. De este número, 80 casos han solicitado la condición de refugiado gracias a la información proporcionada por la red y voluntarios como Andrés, y por el hecho de haber referido a las personas a los distintos albergues para refugiados y migrantes o al Instituto Nacional de Migración de México.

Los niños, adolescentes y adultos que conocen a Andrés suelen contarle las razones de su exilio durante los cuatro o cinco días que se quedan en su casa. Suelen ser historias dramáticas de extorsiones, reclutamientos forzosos, secuestros, abusos sexuales, despojos de tierra por grandes compañías mineras y agrícolas, entre otros.

A junio de 2016, el número de refugiados y solicitantes de asilo del Triángulo Norte alcanzó los 138 mil; lo que representa un incremento del 70% en 12 meses.

Descanso para el alma

Ubicada en el barrio Antigua Población, de Santa Elena Petén, se encuentra la Casa del Migrante inaugurada en julio de este año. Es dirigida por el padre Francisco Ortega, quien llegó hace un mes.

El padre Paco, como le llaman todos, explicó que ha notado cambios en la migración. Pues cuando estuvo en San Marcos, la frontera Tecún Umán y El Carmen eran muy concurridas, pero en los últimos meses han buscado otros puntos, como Petén.

“El 90 por ciento viene de Honduras. Llegan por Entre Ríos y La Ruidosa, Izabal, hasta Santa Elena. Cruzan Petén en diagonal”, explicó el religioso.

La casa tiene capacidad de 50 personas, la mayoría de los que llegan son jóvenes, aunque en el último mes hubo cinco menores con una madre o padre.

“No ha parado el flujo de personas, la mayor parte piensa llegar a EE. UU.. Tienen prisa, porque debe ser antes que asuma la presidencia Donald Trump”, enfatiza Ortega con preocupación.

En la casa no les falta la comida, y reciben todos los días apoyo de la comunidad. Llegan unas 20 personas cada diarias, pero nadie se puede quedar mucho tiempo.

Ahora la Casa del Migrante está buscando la forma de apoyar a Andrés con víveres y otros enseres para que apoye a los que llegan a su casa en busca de un refugio para descansar.

*Con información de la Agencia de la ONU para los Refugiados

¿Cómo es actualmente la frontera entre México y Estados Unidos?

En una tercera parte ya hay muros, paredes metálicas o rejas. Empezaron a colocarse en 1994 con Bill Clinton y se extendieron desde EL2006 con la Secure Fence Act de George W. Bush. Entre Tijuana y San Diego hay una valla metálica que se adentra en el mar. Otras zonas están delimitadas por el Río Bravo, desierto, barrancas, áreas rocosas. Hay tierras en Texas que pertenecen a propietarios privados y en Arizona el muro dividiría el territorio de la comunidad indígena Tohono O'odham. “Tendrán que pasar sobre mi cadáver si alguien pretende construir ahí un muro”, advirtió el líder indígena Tohono O'odham, Verlon Jose.

¿En qué consiste la idea de Donald Trump?

Trump dijo en su campaña que construiría un “hermoso” muro de cemento y que se lo haría pagar a México. El objetivo: frenar la inmigración ilegal y reforzar la seguridad. Lo describió como una construcción de 10 a 12 metros de altura, con un costo de ocho mil millones de dólares y una extensión de mil 600 kilómetros, porque hay barreras naturales. El domingo, en una entrevista con CBS, pareció flexibilizar su postura al decir que en ciertas zonas podría haber sólo vallas, pero insistió en construirlo. “Para algunas áreas lo consideraría, pero para otras, un muro es más apropiado. Soy muy bueno en esto”.

¿Es posible levantar un muro entre los dos países?

Dentro del propio Partido Republicano hay voces que dicen que sería muy difícil en algunas partes por la propia topografía. Ambientalistas advierten que afectaría la migración de especies. Además, el costo podría ser mucho más alto de lo que calculó Trump, de acuerdo con un estudio del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que lo estimó en 27.000 a 40.000 millones de dólares. México ya ha descartado pagarlo y, si bien Trump dijo que podría confiscar las remesas de los inmigrantes, no mencionó el tema después de ganar.

¿Cuántos inmigrantes ilegales hay en EEUU y cómo llegaron?

Hay más de 11 millones de inmigrantes ilegales en Estados Unidos. Desde México cruzan no sólo mexicanos sino también centroamericanos, ecuatorianos, brasileños, asiáticos y personas de otras partes del mundo. Muchos pagan miles de dólares a “coyotes” o traficantes y a veces son abandonados en el desierto. Otros se aventuran por el Río Bravo, cuya corriente es muy peligrosa. También se agazapan en zonas de fácil acceso para echarse a correr al menor descuido de la guardia fronteriza. Muchos son deportados y vuelven a intentarlo.

¿Dé que nacionalidad son?

Un 52 por ciento de los inmigrantes ilegales son mexicanos, que sumaban 5.8 millones en el 2014. El número ha caído desde el 2009 de manera constante y ahora son más los mexicanos que regresan a su país que los que emigran a Estados Unidos. En cambio, ha aumentado la proporción de inmigrantes centroamericanos, asiáticos y africanos sub-saharianos. Los inmigrantes ilegales representan un 3,5 por ciento de la población de Estados Unidos. Hace una década eran el cuatro por ciento, con un total de 12,2 millones.

¿Cómo votaron los latinos que tienen ciudadanía y están legalmente?

El 65 por ciento de los latinos votó por la demócrata Hillary Clinton y el 29 por ciento por el republicano Donald Trump. El respaldo que recibió Clinton estuvo por debajo del 71 por ciento que apoyó a Barack Obama para su reelección en el 2012. Trump consiguió, en cambio, dos puntos más de voto latino que el republicano Mitt Romney en los pasados comicios.

¿Y qué dice México sobre el muro?

Las autoridades mexicanas rechazan la idea del muro y han desplegado una estrategia consular para tranquilizar a los inmigrantes mexicanos ante la incertidumbre que generó la victoria de Trump. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, descartó que México vaya a pagar por el muro y afirmó que en los próximos meses México se sentará a conversar con el equipo de Trump para analizar la futura agenda.

Entre octubre del año pasado y finales de agosto, la Patrulla Fronteriza detuvo a 68 mil 80 unidades familiares que intentaron cruzar ilegalmente la frontera entre México y Estados Unidos, nueve mil 359 de ellas solo el mes pasado, mientras que los menores indocumentados sin un acompañante adulto alcanzaron los 54 mil 32  (cinco mil 804 en agosto) .

La llegada acumulada de unidades familiares en lo que va de año fiscal, en su mayoría centroamericanas, es superior a los 66 mil 144 del mismo período del 2014, mientras que en el caso de menores que realizan esta travesía en solitario la cifra está por debajo de los 66 mil 115 de los mismos meses en el 2014.

Los datos de detenciones de familias en agosto  (nueve mil 359) fueron las más altas en un solo mes desde el inicio del verano en el 2014, cuando hubo cerca de 13 mil familias detenidas en mayo y en junio superaron las 16 mil.

La mayoría de niños y familias detenidos en la frontera sur en lo que va de año fiscal son ciudadanos de El Salvador, Guatemala y Honduras y, en menor medida, de México.

La migración del 2014 desató una crisis en la frontera ante la imposibilidad de la Patrulla Fronteriza de gestionar la llegada de los menores, que deben pasar a la responsabilidad del Departamento de Salud y sus casos deben ser tratados con extremo cuidado y sujetos a la posible protección de asilo.

Las crisis humanitaria de menores y familias que se inició en el 2014 llevó al Gobierno estadounidense a poner en marcha planes de combate de la violencia, la pobreza en los países de origen y para atender peticiones de asilo in situ, con el fin de disuadir de realizar el peligroso viaje desde Centroamérica a la frontera de EE. UU.

No obstante, esos planes no parecen haber convencido a miles de centroamericanos de todas las edades y no han contribuido a una merma significativa de las llegadas de grupos de población extremadamente vulnerables, que deben sobreponerse a los peligros del camino, de las mafias, los narcotraficantes y finalmente del complicado paso de la frontera desértica en la clandestinidad.

Depende de los oficiales que ven los casos. A veces vemos que tienen sentimiento anti-inmigrante. Tenemos que asegurarnos que tenemos una oportunidad al debido proceso” , dijo Contreras a The Associated Press. “Si podemos tener una carta de apoyo de algún congresista, eso le da más apoyo a estos niños” .       

LULAC es una de las cinco entidades que presta asesoría legal gratuita a los 29 integrantes de la delegación, que incluyó 12 menores de edad.       

María Corpeño exhortó al presidente Barack Obama a suspender las deportaciones de personas que huyen de la violencia y las pandillas en Guatemala, Honduras y El Salvador.       

“No queremos más sufrimiento ni tampoco el brazalete electrónico, que me causó la fractura de tobillo” , dijo entre lágrimas al mostrar cicatrices a ambos lados de su pierna derecha.       

La salvadoreña de 31 años espera comparecer ante un juez el año próximo para solicitar asilo, tras llegar a la frontera estadounidense en diciembre de 2014 con sus dos hijos de 13 y 7 años.       

Antes de reunirse con diputados, los visitantes ofrecieron una conferencia de prensa encabezada por los representantes demócratas Luis Gutiérrez, Zoe Logfren y Lucille Roybal-Allard, autores de un proyecto de ley que busca garantizar asesoría legal obligatoria a niños y otras personas vulnerables que acuden al sistema migratorio estadounidense. 

La ley actual no otorga asesoría legal a quienes enfrentan órdenes de deportación, ni siquiera si se trata de niños.  

Los tres demócratas aseguran que la mayoría de los niños que no cuentan con abogado son deportados mientras que los menores con asesoría legal tienen más probabilidades de obtener protección. 

La salvadoreña Geyso Lemus, quien vive en el país de manera ilegal y es madre de un niño que llegó solo al país en el 2014 y ahora tiene asilo, dijo que el Estatus de Protección Temporal, o TPS por su siglas en inglés, le daría la tranquilidad de saber que no podría ser deportada y separada de sus dos hijos, uno de los cuales es estadounidense, y de su esposo, que tiene TPS.

“Queremos que la senadora luche por el Estatus de Protección Temporal, para los que no tenemos este beneficio”, dijo la centroamericana, quien asistió a la manifestación con sus hijos Anderson y Justin, quien nació en Estados Unidos.
Nancy Zúñiga, representante de la organización Alianza por los Derechos Humanos de Familias y Niños Refugiados, con sede en Los Ángeles, dijo que la manifestación se enfocó en Feinstein porque ella es integrante de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la cual está encargada de inmigración y otros asuntos.

A través de un mensaje electrónico, una representante de Feinstein, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada para hablar con la prensa, dijo: “La senadora Feinstein ha estado por mucho tiempo a la vanguardia de la protección de niños inmigrantes no acompañados y cree que Estados Unidos tiene la obligación de proteger a menores vulnerables”.

La cantidad de niños que llegan cruzan la frontera de manera ilegal se disparó en el 2014, lo que llevó al gobierno de Obama a decir que los menores que no cubrieran los requisitos para quedarse legalmente en el país serían deportados rápidamente.

Después de ser criticado por un operativo nacional para detener inmigrantes a principios de este año, el gobierno anunció que ampliaría un programa para que centroamericanos puedan solicitar estatus de refugiados antes de arriesgar sus vidas tratando de llegar por tierra a la frontera estadounidense.

El gobierno de Obama ha deportado a cerca del 4% de decenas de miles de menores que han llegado solos a la frontera en los últimos años, de acuerdo con cifras oficiales. Este porcentaje equivale a 7.643 menores deportados entre los años presupuestarios del 2012 al 2015, de los cuales la mayoría procedía de Honduras, El Salvador y Guatemala.

A raíz de que siguen llegando niños y familias a la frontera, cientos de organizaciones y al menos 22 senadores demócratas han pedido a Obama que otorgue TPS a estas familias centroamericanas, porque si son deportados regresarían a un ambiente violento.

Por ello, el objetivo del proyecto de ley es exigir al Gobierno federal que designe a un abogado para esos niños y personas vulnerables.

De acuerdo con datos facilitados por los impulsores de la medida, encabezados por el líder de la minoría demócrata en el Senado, Harry Reid, aproximadamente el 70 % de las familias  (mujeres y niños) y el 50 % de los menores no acompañados detenidos en los centros para indocumentados no tienen acceso a asesoría jurídica.

El proyecto de ley persigue, además, que el Departamento de Seguridad Nacional  (DHS) establezca nuevos procedimientos para asegurar que los inmigrantes bajo custodia tengan acceso a programas de orientación legal.

Asimismo, se pide también al DHS que presente informes al Congreso sobre el número de individuos que reciben asesoramiento jurídico y que participan en programas de orientación.

A mediados del 2014 se produjo una crisis migratoria en EE.UU. motivada por la llegada de miles de menores no acompañados a la frontera, en su mayoría procedentes de Guatemala, El Salvador y Honduras y que huyen de la violencia y la falta de oportunidades en esos países.

En el último trimestre del año pasado se registró un nuevo aumento en el cruce de menores no acompañados y, en enero pasado, el Gobierno que presidente Barack Obama llevó a cabo una serie de redadas en varios estados dirigidas a acelerar las deportaciones de inmigrantes centroamericanos.

Políticos demócratas y activistas han criticado con dureza estas deportaciones, mientras insisten en pedir al Gobierno que conceda un Estatuto de Protección Temporal  (TPS, en inglés) a los inmigrantes indocumentados que llegan de El Salvador, Guatemala y Honduras huyendo de la violencia de sus países.

Defiende deportaciones

El Gobierno ha defendido las deportaciones con el argumento de que se ajustan a la aplicación de la ley migratoria y están ayudando a disuadir la inmigración ilegal.

En el año fiscal del 2015, que concluyó en octubre pasado, las autoridades detuvieron a 39 mil 970 menores sin acompañante en la frontera con México, un 42 % menos que en el mismo período del anterior año fiscal, cuando cruzaron la frontera 68 mil 541 niños, según los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

Por otra parte, los senadores Claire McCaskill  (demócrata) y Rob Portman  (republicano) revelaron a finales de enero los graves abusos que han sufrido algunos menores centroamericanos, a los que el Gobierno puso supuestamente bajo custodia de malhechores que los explotaron laboral y sexualmente.

El Departamento de Salud  (HHS) es el brazo del Ejecutivo responsable de buscar una casa de acogida segura para los niños mientras se determina si pueden permanecer en Estados Unidos o deben ser deportados.

En el informe de la investigación, al que tuvo acceso Efe, los senadores afirman que 13 menores han sido víctimas de trata y otros 15 niños podrían haber sufrido abusos, aunque resaltan que es imposible conocer el número total de víctimas porque el HHS “no tiene ninguna manera de seguir estos casos” .

Las acusaciones de McCaskill se basan en una investigación, impulsada también por el senador republicano Rob Portman y que expone los fallos que ha cometido supuestamente el Departamentos de Salud  (HHS) a la hora de proteger a menores que llegaron de forma ilegal a EE.UU. huyendo de la violencia de sus países de origen.

El Departamento de Salud  (HHS) es el brazo del Ejecutivo responsable de buscar una casa de acogida segura para los niños mientras la Justicia determina si pueden permanecer en Estados Unidos o si deben ser expulsados a sus países de origen.

En el informe de la investigación, al que tuvo acceso Efe, los senadores afirman que 13 menores han sido víctimas de trata de personas y que otros 15 niños podrían haber sufrido abusos, aunque resaltan que es imposible conocer el número total de víctimas porque el HHS “no tiene ninguna manera de seguir estos casos” .

Este es, según la senadora, solo uno de los casos en los que el Gobierno del presidente Barack Obama actuó de forma irresponsable al conceder la custodia temporal de menores a individuos que, en vez de protegerlos, abusaron de ellos.

La mayor parte de los abusos que retrataron los senadores fueron laborales, como muestra el caso de un adolescente de 17 años que vivía con otros 14 menores en condiciones deplorables y que fue obligado a trabajar 12 horas al día hasta ponerse “literalmente enfermo” , según denunció la senadora McCaskill.

Tanto McCaskill como Portman, presidente del subcomité de Investigaciones del Senado, acusaron al Departamentos de Salud  (HHS) de haber incurrido en “fallos sistemáticos”  que perjudicaron a los menores y que podían haberse evitado fácilmente.

Según los senadores, los funcionarios del HHS no comprobaron si las personas que iban a vivir con el menor tenían antecedentes penales, no visitaron las casas donde se iban a alojar los niños y tampoco investigaron si varios menores estaban siendo realojados en una misma dirección, lo que podría dar pistas sobre abusos.

“Lo que me preocupa es que el HHS nos dijo que era literalmente imposible saber cuántos niños estaban viviendo con personas condenadas por crímenes graves, tampoco podían saber qué crímenes habían cometido y cómo estaban viviendo los niños. El punto es que esto es inaceptable”, zanjó Portman.

“Tenemos conocimiento de nuestras responsabilidades con estos niños y continuaremos buscando maneras para fortalecer las garantías” , defendió Greenberg en su intervención ante el subcomité de Investigaciones del Senado.

El funcionario hizo hincapié en que durante el año fiscal del 2015  (del 1 de octubre del 2014 al 30 de septiembre del 2015) el Departamento de Salud ha tenido que buscar más hogares que en otros años para realojar a los menores, quienes en algunos casos ya habían pasado por centros de detención para indocumentados.

En el año fiscal del 2013, el HHS realojó a 24 mil 668 menores, una cifra que se incrementó significativamente en el 2014  (57 mil 496) por la gran cantidad de niños que cruzaron la frontera en el verano de ese año y que, en el año fiscal el 2015 pasó a 33 mil 726 niños, que fueron puestos al cuidado de la Oficina de Realojamiento de Refugiados  (ORR) .

En su intervención, Greenberg destacó que los menores que se arriesgan a cruzar la frontera de forma ilegal solían ser adolescentes de unos 14 años, pero cada vez observan que más niñas y niños más jóvenes se atreven a poner su vida a merced del desierto por la promesa de una vida mejor en Estados Unidos.

Al tomar el asunto, la Corte abre la posibilidad de que sean desbloqueadas medidas de regularización para entre cuatro y cinco millones de inmigrantes en situación irregular, que fueron suspendidas hace un año por un tribunal federal de Texas.

La corte de Texas cuestionó la constitucionalidad de esas medidas, alegando que Obama se excedió en sus atribuciones.

La iniciativa de Obama es considerada por sus críticos una amnistía para extranjeros que permanecen ilegalmente en ese país, aunque la Casa Blanca insistió en que los decretos fueron una necesidad ante la incapacidad del Congreso de legislar sobre el asunto.

El plan migratorio presentado por el presidente Obama en noviembre del 2014 consiste en la ampliación de un programa ejecutivo del 2012 conocido como Acción Diferida (DACA), cuyo objetivo es evitar la deportación de los jóvenes dreamers (soñadores) que llegaron a Estados Unidos siendo niños acompañando a sus padres indocumentados.

La otra parte del plan Obama es el programa de Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres (DAPA), que busca amparar a los padres indocumentados de ciudadanos estadounidenses o con residencia permanente.

En la práctica, la implementación de los decretos literalmente “blinda” a varios millones de personas del riesgo de la deportación, una de las más apremiantes demandas de activistas y las entidades de defensa de los inmigrantes.

Pagarán impuestos

Brandi Hoffine, funcionaria de la Casa Blanca, saludó la decisión de la Corte Suprema y dijo que “al igual que cualquier familia en nuestro país, los inmigrantes quieren trabajar legalmente, pagar impuestos y contribuir a la sociedad de forma abierta y honesta”.

En tanto, los gobiernos de Guatemala, El Salvador, Honduras y México celebraron la decisión.

Presionado por las críticas a la supuesta amnistía, el Gobierno autorizó en diciembre último redadas y la deportación de personas cuya salida del país sea considerada prioritaria, ya sea por la comisión de delitos o por tratarse de extranjeros con antecedentes policiales.

Sin embargo, entidades y testigos denunciaron redadas para detener y expulsar del país a personas —incluido familias con niños— que llegaron a Estados Unidos escapando de la violencia en países de América Central (Guatemala, Honduras y El Salvador).

En abril próximo comenzarán los alegatos orales en la Corte sobre los decretos migratorios que Obama anunció en noviembre de 2014 y que se encuentran actualmente bloqueados en los juzgados. Se espera que el Supremo tome una decisión en junio.

Si el Tribunal Supremo, el máximo órgano judicial de Estados Unidos, avala los decretos migratorios de Barack Obama, cinco millones de indocumentados obtendrían un permiso de trabajo temporal y la garantía de que no serían deportados durante tres años.

Decretos

Si la Corte decide en contra de la administración Obama, los decretos migratorios no podrían implementarse. Y la suerte de millones de indocumentados estaría en manos del gobernante y del Congreso que se forme tras los comicios presidenciales del 8 de noviembre.

Los tres precandidatos demócratas —Hillary Clinton, Bernie Sanders y Martin O'Malley— han prometido que si uno de ellos llega a la Casa Blanca implementarán los decretos migratorios de Obama y los ampliarán para que más familias se vean beneficiadas por las medidas.

En cambio, los precandidatos republicanos mantienen una posición de mano dura en inmigración. El multimillonario Donald Trump anunció en junio su candidatura a las primarias republicanas con un polémico discurso marcado por comentarios xenófobos contra los inmigrantes mexicanos indocumentados, a los que calificó de narcotraficantes, delincuentes y violadores.

Lorenzana manifestó que para El Salvador fueron asignados unos US$65 millones, 98 para Honduras y 112 a Guatemala.

“Hay que decir que los gobiernos no van a recibir ese dinero”  directamente, sino que la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos ejecutará los proyectos “con base en los planes que hemos acordado los tres países  en el Plan de la Alianza para la Prosperidad”, sostuvo Lorenzana.

Añadió que Biden exhortó a los tres presidentes a preparar una nueva gestión presupuestaria para el 2017.

“Los países vamos a empezar a prepararnos, tenemos una reunión técnica en las próximas semanas los tres países, justamente para definir cuáles son  los proyectos que vamos a proponer para una nueva cooperación en el 2017”, manifestó.

El Plan Alianza para la Prosperidad es una iniciativa impulsada por los países del Triángulo Norte que ha contado con el apoyo y respaldo de Estados Unidos y que cuenta con una secretaría técnica dirigida por el Banco Interamericano de Desarrollo  (BID) .

La iniciativa fue creada en el 2014 ante la emergencia derivada por el incremento en el flujo irregular de niños y adolescentes que migran a Estados Unidos.

Sin embargo, las redadas de centroamericanos y otros inmigrantes sin autorización con órdenes finales de deportación continuarán en Estados Unidos, ha dicho el secretario de Seguridad Nacional Jeh Johnson.       

“Esto francamente nos deja rascándonos la cabeza y preguntándonos cómo es que el gobierno puede hablar de los mismos refugiados de maneras tan distintas” , dijo Wendy Young, presidente de la organización Kids in Need of Defense. “Simplemente no puedes tratar a la misma gente como refugiados, por un lado, y como prófugos de la ley, por el otro” .       

Kerry anunció el beneficio para centroamericanos después de que legisladores demócratas y activistas de diversos sectores criticaron al gobierno de Obama por arrestar a 121 inmigrantes centroamericanos sin autorización durante un operativo nacional el primer fin de semana del año. 
     
El operativo, mayormente realizado en Texas, Georgia y Carolina del Norte, estuvo enfocado en familias centroamericanas que huyen de la violencia de sus países.     
 
Kerry no dio detalles de la medida, pero un funcionario del gobierno de Obama que habló en condición de anonimato porque no estaba autorizado para hablar sobre el asunto dijo que activistas recibirán más detalles por parte de la Casa Blanca.       

Si bien han aplaudido el plan de Kerry, líderes religiosos, activistas pro inmigrantes, defensores de derechos humanos y organizaciones legales han condenado las redadas en base a muchos argumentos, haciendo hincapié de que deportar a los centroamericanos es una probable sentencia de muerte.       

“Nos preocupa de que muchas de estas familias no recibieron el debido proceso y algunos podrían haber sido deportados a países donde podrían ser perseguidos, torturados o asesinados.

No creemos que estas deportaciones y tácticas para desanimar a la gente van a desalentar a madres y niños desesperadas que huyen para salvar sus vidas” , dijeron en un comunicado conjunto los congresistas demócratas Lucille Roybal-Allard y Zoe Lofgren, ambas de California, y Luis Gutiérrez, de Chicago.

Además se quejó de que el Gobierno no alertó a sus aliados en el Congreso antes de realizar los operativos, que se hicieron públicos cuando el The Washington Post dio a conocer una historia sobre los planes al respecto apenas unos días antes de Navidad.       

Gutierrez y otros legisladores expresaron esas y otras quejas durante una reunión con funcionarios del gobierno, incluida Cecilia Munoz, directora del Consejo de Políticas Internas.       

“En la bancada hispana existe una indignación real”, afirmó Gutierrez.       

El legislador dijo que le hizo notar a Muñoz que el precandidato presidencial republicano Donald Trump, quien lleva una plataforma opuesta a los inmigrantes, ha elogiado las redadas e incluso se ha colgado el crédito por ellas.       

“Miren, lo que le dije es:  Piensa en ello un momento. Donald Trump está elogiando tu política pública sobre inmigración. No deberías requerir más evidencia de lo mal que está” dicha política, comentó Gutierrez.       

“No debería sorprender a nadie. He dicho públicamente durante años que los individuos que conforman las prioridades en la aplicación de la ley, incluidas familias y menores sin compañía, serán retirados”, comentó Johnson.       

Pese al pequeño número involucrado, los demócratas señalan que la publicidad en torno a las redadas navideñas ha resonado en las comunidades de inmigrantes.

Posteriormente varios de los inmigrantes han logrado que se suspendan sus deportaciones, lo que derivó en que algunos demócratas, entre ellos la líder de la bancada demócrata, Nancy Pelosi, de California, argumenten que dichas personas necesitan más abogados y más ayuda.       

“Necesitamos obedecer nuestras leyes. Pero también queremos, al obedecer nuestras leyes, asegurarnos que el proceso sea imparcial para las personas”, dijo Pelosi.       

El Centro para el Progreso Estadounidense, que suele ser un aliado cercano del gobierno, también criticó los operativos en un comunicado.       

Las deportaciones planeadas ocurren en una época en que funcionarios del gobierno temen la llegada de otra oleada de mujeres, niños y familias de centroamericanos en su frontera sur, en momentos en que las personas huyen de la violencia y la persecución en Honduras, Guatemala y El Salvador.       

Una situación similar consumió la atención del Congreso y la administración a mediados del 2014, aunque los legisladores nunca actuaron ante la solicitud de un presupuesto emergente y cambios políticos que buscaba el gobierno.

Los demócratas dijeron que los funcionarios del gobierno señalaron ese incremento como una manera de justificar las redadas.       

“Esto fue un anuncio para enviar un mensaje a Centroamérica: No vengan”, dijo la representante demócrata Zoe Lofgren, de California. “Pero si acaban de asesinar a tu madre, tu padre y tu hermano, el mensaje no será suficiente y ése es el problema”.

Añadió que las 33 personas “ingresaron después de mayo del 2014”  en la llamada crisis migratoria que “no pudieron tener una respuesta favorable”  a las gestiones legales que hicieron para quedarse en Estados Unidos.

Estados Unidos calificó como la crisis el ingreso de más de 60 mil menores no acompañados por adultos procedentes de los tres países del Triángulo Norte de Centroamérica  (Guatemala, El Salvador y Honduras) en el 2014.

Unos 18 mil menores hondureños que emigraron en busca de sus padres o huyendo de la violencia siguen procesos legales para tratar de lograr la residencia permanente en Estados Unidos, como producto de esa oleada migratoria.

Entre el 2004 y el 2015 regresaron a Honduras más de 150 madres e hijos de las llamadas “unidades familiares”, cuyos procesos fueron acelerados conforme a las leyes migratorias estadounidenses.

El presidente Juan Orlando Hernández pidió a Estados Unidos “respeto y consideración”  para inmigrantes hondureños, luego que The Washington Post anunciara redadas masivas a partir de enero de indocumentados para retornarlos a Centroamérica.

“Estamos elaborando una comunicación al gobierno de Estados Unidos y aprovecho para enviar este mensaje de respeto y consideración sobre los derechos de nuestra gente porque van a trabajar y a aportarle a la economía” , expresó el presidente.

El pasado martes arribaron los primeros 115 adultos hondureños deportados en los vuelos regulares que semanalmente llegan con más de cien personas, en el primer vuelo del año.

En el 2015, las autoridades estadounidenses deportaron cerca de 19 mil hondureños, una cantidad muy inferior a la del 2014 cuando fueron 36 mil 416.

La disminución fue atribuida por autoridades hondureñas a que Estados Unidos reforzó los controles migratorios en su frontera con México.

Más de un millón de hondureños residen en Estados Unidos, que en el 2015 inyectaron cerca de tres mil 700 millones de dólares en remesas a la economía, más del 20% del Producto Interno Bruto (PIB) .

Sanbrano fue una de las representantes de más de una decena de organizaciones locales que convocaron el martes a una campaña nacional, que contempla llamadas telefónicas a la Casa Blanca, para impedir que se desarrolle el plan de deportaciones, el cual fue dado a conocer días atrás por el periódico The Washington Post.

Según las informaciones, entre los primeros afectados figuran inmigrantes que recibieron una orden final de deportación desde el 1 de enero del 2014, incluidos niños y adultos centroamericanos que no se presentaron a sus audiencias en corte.

“El Salvador y Honduras no están en guerra, pero siguen siendo uno de los países más violentos del mundo y eso no lo pueden olvidar”, advirtió Mario Oporto, vocero de CCESLA, agrupación que reúne más de una decena de organizaciones salvadoreñas.

Para Fernando Romo, abogado experto en inmigración, el mayor desafío para orientar legalmente a los inmigrantes es tener las pruebas que certifiquen su necesidad de refugio o asilo político, porque “los jueces son estrictos en esta clase de pruebas” .

Romo asegura que si se perdió el caso, se puede apelar y en medio de este proceso las autoridades no podrían deportar a los inmigrantes, incluso las personas que ya tienen una orden de deportación pueden solicitar al DHS detener el proceso de expulsión.

“Necesitamos que la gente se informe, que busque ayuda en las organizaciones comunitarias y a los que no son afectados que nos ayuden en esta causa” , indicó Jorge Mario Cabrera, directivo de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los ngeles  (CHIRLA) .

Las organizaciones tienen previsto empezar hoy llamadas a la Casa Blanca para pedir que se desista de este plan de deportaciones.

En una declaración a EFE, la portavoz de la Oficina de Inmigración y Aduanas  (ICE, en inglés), Gillian Christense, defendió ayer que las medidas anunciadas por el presidente Barack Obama en noviembre del 2014 convertían en prioridad para la deportación a “los individuos que representan una amenaza para la seguridad nacional, la seguridad pública y la seguridad fronteriza” .

“Esto incluye a individuos, que ya sea solos o con miembros de su familia, han sido detenidos al intentar entrar ilegalmente en Estados Unidos, cruzaron la frontera de forma reciente y han recibido una orden final de deportación el 1 de enero 2014 o después de esa fecha” , añadió la vocera.

Exhortan a Obama que detenga posibles redadas

 Unas dos docenas de líderes religiosos y activistas pro-inmigrantes condenaron el martes las posibles redadas de familias centroamericanas con órdenes de deportación y exhortaron al gobierno del presidente Barack Obama que cancele el presunto plan de las autoridades de inmigración. 
    

La reacción de los ministros y activistas ocurrió al mismo tiempo que una red nacional de decenas de organizaciones pro-inmigrantes dijo que realizará marchas y protestas en varias ciudades del país, comenzando con una manifestación el miércoles en Washington D.C. 
     
“Esta es la primera vez que sabemos que el gobierno de Obama planea redadas enfocadas en gente indefensa, que huye de la violencia” , dijo Kika Matos, representante de la red Movimiento para una reforma Migratoria Justa, que agrupa a 45 organizaciones en 35 estados.      

El presunto plan fue reportado primero en la víspera de la Nochebuena por el Washington Post. Sería realizado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas  (ICE por sus siglas en inglés) e incluiría a inmigrantes que han sido detenidos al tratar de ingresar a EEUU de manera ilegal y aquellos que tienen órdenes de deportación a partir de enero del 2014.       

El ICE sólo ha dicho que seguirá enfocándose en personas que “representan amenazas a la seguridad nacional, seguridad pública y seguridad fronteriza” .       

El gobierno de Obama deportó este año fiscal la menor cantidad de inmigrantes desde el 2006.

De los 235.413 deportados durante el año fiscal que terminó el 30 de septiembre, la mayoría eran convictos por delitos graves       

Activistas dicen que enviar de regreso a su vecindario a inmigrantes que escapan de las violentas pandillas centroamericanas equivale en muchos casos a una sentencia de muerte, dado que pandilleros matarían a los deportados por haber huido, dijeron activistas centroamericanos.       

“Si supiéramos que van para sus casas nos sentiríamos mejor pero los van a matar si son deportados” , dijo Daniel Chávez, representante de la organización salvadoreña Comité de Sunseños en California.       

Las posibles redadas también son contraproducentes porque muchos de los centroamericanos con órdenes de deportación podrían reabrir sus casos si tuvieran ayuda legal, según abogados de inmigración.       

En vista del presunto plan, iglesias en varias ciudades del país están considerando abrir sus puertas para albergar y proteger a familias centroamericanas en riesgo de ser deportadas, dijo Noel Andersen, coordinador de Church World Service, organización que aboga por refugiados.       

Pero aunque algunas iglesias han dicho que podrían servir como “santuario” estas familias, hasta ahora ninguna ha albergado a un inmigrante, agregó Andersen.

Esos adultos y menores de edad clandestinos serían “detenidos donde sean encontrados e inmediatamente deportados. Se espera que el número (de deportados) se sitúe en las centenas, o tal vez más”, afirmó el diario.

En su mayoría, se trata de personas que poseen antecedentes criminales, o que al ingresar a Estados Unidos presentaron una demanda de refugio pero cuyo pedido fue rechazado por la justicia.

La versión del Washington Post sobre esta operación se conoce apenas dos días después que el DHS anunció las estadísticas oficiales sobre inmigración ilegal en el año fiscal 2015, que muestran claramente un retroceso en el número de detenciones en la frontera al segundo menor nivel desde 1972.

De acuerdo con las cifras divulgadas, las detenciones de ciudadanos mexicanos se redujeron en 18% con relación al año fiscal anterior, al tiempo que los casos con ciudadanos provenientes de países de América Central cayeron 68% respecto del 2014.

En tanto, en el año fiscal 2015 el DHS condujo 426 mil 463 “remociones y retornos”, en una referencia a la deportación o expulsión de inmigrantes en situación irregular que acabaran de ingresar al país o que hayan pasado un tiempo viviendo irregularmente en Estados Unidos.

Además, la oficina de Inmigración  (ICE) “removió o retornó a 235 mil 413 individuos”  a su país de origen, aunque destacó que la absoluta mayoría de ellos eran personas consideradas de “deportación prioritaria”, por tener antecedentes criminales o representar una amenaza para la sociedad.

En el verano boreal del 2013 Estados Unidos vivió una súbita oleada migratoria, con la llegada de miles de niños sin compañía de adultos, la cual conmocionó al país y obligó al gobierno a decretar medidas de emergencia ante un inminente desastre humanitario.

El gobierno centralizó en el DHS todas las tareas de rediseñar su seguridad fronteriza, y con ello los números de la oleada migratoria comenzaron a declinar.