“No es si habrá o no ciberataques, sino cómo nos vamos a recuperar cuando ocurran”

Experto del Cien Sigfrido Lee ve gobernanza débil en la ley de ciberseguridad que se discute en el Congreso, además de criticar la reserva total en adquisiciones que establece y la desproporción en las penas, que incluso superan las aplicadas a delitos contra la vida.

Ximena Fernández

1 de octubre de 2025 | 05:00h

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El énfasis punitivo desplaza la prevención y la coordinación interinstitucional, factores clave frente a ataques cibernéticos son claves, según analistas de la ley de ciberseguridad. (Foto Prensa Libre: Freepik)

Cuatro grupos de expertos advirtieron que el dictamen de la Iniciativa 6347, Ley de Ciberseguridad, presenta riesgos por tener un modelo centrado en seguridad nacional, militarización y opacidad en la fiscalización. En este contexto, Sigfrido Lee, analista investigador de Alianza por un Congreso Eficiente —uno de los tanques que publicó su análisis— amplió a Prensa Libre puntos que preocupan desde la sociedad civil la regulación que se busca aprobar.

La iniciativa ya superó la primera y segunda lectura en el flujo legislativo en el Congreso de la República.

Otros organismos que se pronunciaron fueron la Mesa de Certeza Jurídica de la Iniciativa Guatemala No Se Detiene, la Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo (ATAL) y el bufete de abogados ALTA. Señalan que la gobernanza propuesta carece de coordinación clara entre instituciones y excluye a la sociedad civil, la academia y al sector privado, lo que debilita la legitimidad del ente rector y aleja la iniciativa de las buenas prácticas internacionales.

Este es un extracto de la conversación que Lee tuvo con Prensa Libre, en la que indica que uno de los temas que preocupa es la falta de protocolos en la estructura macro del texto.

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¿Qué implicaciones ven en que el Ministerio de Defensa tenga un rol permanente en la ciberdefensa por encima de una autoridad civil que se ha visto en otros sectores?

El problema es bastante complicado. No se trata solo de la injerencia de la parte militar sobre la civil, sino también del abandono completo de esta última, porque la ciberseguridad únicamente se está viendo como un problema de seguridad nacional.

No es únicamente la subordinación de la seguridad civil a la seguridad de fronteras o militar, sino también el descuido hacia la seguridad ciudadana al no considerarla debidamente.

Lo primero es hacer una revisión profunda de la gobernanza de la ciberseguridad. Actualmente está muy parcializada y no se encuentra explicada con claridad. Por eso sugerimos que este proyecto regrese a la comisión respectiva para ser discutido y que se aborde integralmente la gobernanza, tomando en cuenta los distintos matices que implica la ciberseguridad.

¿Y cuáles considera que podrían ser esos matices o esos puntos clave que podrían incluirse?

Todo lo que es la seguridad civil. Por ejemplo, cómo se va a proteger a las poblaciones civiles en la medida en que cada vez se incorporan más en la digitalización. Ese es un tema muy importante: la prevención y el seguimiento a situaciones civiles de vulnerabilidad en ciberseguridad.

Otra de las críticas que se ha visto en los últimos días es sobre las adquisiciones bajo reserva, ya que la ley lo permite. ¿Qué riesgos observa usted a partir de esta disposición?

Entendemos que en estos temas de ciberseguridad deben existir ciertas reservas en la implementación de muchos protocolos. Sin embargo, que todas las adquisiciones sean libres tampoco corresponde. Ahora resulta que hasta la compra de escritorios de estas instituciones está bajo reserva. Creo que ahí se excedieron en la cobertura de esas excepciones.

Aunque compartimos que debe haber ciertas excepciones para la divulgación de información sensible, estas tienen que estar mucho mejor reguladas de lo que están actualmente. Aquí simplemente se excedieron en el alcance de esas excepciones.

¿Qué tipo de controles de auditoría o supervisión considera usted necesarios para que estas compras puedan mantener esta transparencia?

No hay ninguna excepción; simplemente todas sus compras quedan exceptuadas. Muchas instituciones del gobierno ya mantienen bajo reserva buena parte de sus temas de ciberseguridad, pero aun así siguen siendo debidamente fiscalizadas.

La SAT y la Superintendencia de Bancos, por ejemplo, tienen fuertes medidas de ciberseguridad que afectan a muchos actores al mismo tiempo. Manejan con mucha reserva gran parte de esta información, pero esto no los hace exentos de una debida fiscalización.

¿Cuáles considera que pueden ser los controles de auditoría o supervisión que pueden utilizarse dentro de esta ley?

Lo que hay que aclarar bien es qué está exento y qué no lo está. No es que todo quede exento. No es que la compra de una computadora o de equipo, o la adquisición de software, quede fuera de fiscalización. Eso tampoco. Lo que sí corresponde es buscar mejores prácticas en cuanto a la reserva de información, sin dejarlo como si todo quedara totalmente exento. Existen buenas prácticas en este tema, no solo a nivel mundial, sino que incluso en Guatemala se pueden identificar muchas de ellas.

¿Cuáles considera que deberían ser estas obligaciones preventivas mínimas que debería asumir el Estado para garantizar una verdadera política de prevención en ciberseguridad?

Hay varios puntos. Estamos de acuerdo en que se aborde la tipificación de estos delitos, pero en esa tipificación ya se cometen varios errores. El primero es que muchos delitos todavía no quedan lo suficientemente bien definidos.

El segundo es un exceso de persecución penal que va contra principios reconocidos por la Constitución y por el derecho internacional en cuanto a la proporcionalidad de los castigos. Pensar que castigos más duros harán mejor la situación no es correcto; no se trata de eso.

En cuanto a prevención, es importante avanzar en el establecimiento de buenas prácticas y en contar con la institucionalidad que garantice su implementación en materia de ciberseguridad. Muchas veces esto depende más de una buena coordinación interinstitucional que de una persecución penal, lo cual requiere esquemas sólidos de gobernanza. Aquí vemos cómo todo se acumula hacia ese primer gran problema: la debilidad de gobernanza que se ha señalado.

¿Cuáles son esas buenas prácticas de las que se ha hablado?

Una de las mejores prácticas es compartir información. Cuando ocurre un ataque, generalmente las personas o instituciones se sienten avergonzadas. Lo que debe hacerse es compartir que eso está sucediendo, cómo sucede y desde dónde ocurre, para que los demás actores en el ecosistema puedan prepararse y defenderse de ataques que tienden a masificarse. Ese es un tema muy importante, que requiere compartir información y contar con una buena gobernanza.

Otra buena práctica son los protocolos de recuperación ante un ciberataque. La cuestión no es si habrá o no ataques, sino cómo nos vamos a recuperar cuando ocurran. Para ello se necesitan protocolos claros de resguardo de información, reinicio de operaciones y mecanismos para no interrumpir la continuidad. Y en la propuesta actual no se observa un espacio en el que esto se esté contemplando.

Además de establecer estos protocolos, ¿cómo recomienda que debe ser el seguimiento a esta implementación?

Hay distintos niveles de responsabilidad que deben aclararse: temas nacionales, locales y sectoriales. Es precisamente esa coordinación la que se necesita para atender todos estos aspectos. Mucho depende también del seguimiento y de las responsabilidades que se asuman en cada etapa. La pregunta clave es: ¿quién asume qué en cada etapa? Esto es muy importante.

Gran parte de ello debe trasladarse a los reglamentos, pero tiene que quedar definido en la estructura organizacional, la cual no vemos claramente identificada en este marco legal. Lo que buscamos es que se fortalezca, y por eso insistimos en revisar a fondo la estructura de gobernanza que plantea esta legislación.

En caso de que esta ley se regrese a comisión para una reevaluación, ¿cuáles serían las enmiendas prioritarias?

Realmente hay que hacer una revisión completa de la ley. La gobernanza es un tema muy importante y, además, deben revisarse las consecuencias penales que se están proponiendo. Ese marco penal tiene bastantes debilidades y es necesario evaluarlo.

¿Cuál sería una mejor forma de poder desarrollar las consecuencias penales?

El problema es que no todas las figuras penales que se tipifican están suficientemente desarrolladas y se incumple con el principio de proporcionalidad de las penas. Se trata de delitos patrimoniales, no de delitos contra la vida, y en muchos casos las sanciones incluso superan a las previstas para delitos contra la vida.

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Ley de ciberseguridad: “Es una ley penal en blanco que no clarifica lo que se quiere sancionar”

Según Ana Antillón, de Guatemala No Se Detiene, la Ley de Ciberseguridad que discute el Congreso no define cuál es la conducta que se sanciona en el Código Penal. Si un caso llega a tribunales, la justicia no podrá aplicarse correctamente por falta de precisión en los textos, explica.

Ximena Fernández

30 de septiembre de 2025 | 05:00h

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Según expertos como Ana Antillón. es necesario revisar las penas de la Ley de Ciberseguridad, ya que algunas podrían resultar "excesivamente altas". (Foto Prensa Libre: Freepik)

Cuatro grupos de expertos advirtieron que el dictamen de la Iniciativa 6347, Ley de Ciberseguridad, presenta riesgos por tener un modelo centrado en seguridad nacional, militarización y opacidad en la fiscalización. En este contexto, Ana Isabel Antillón, de la mesa de Certeza Jurídica de Guatemala No Se Detiene —uno de los centros que publicó su análisis— amplió a Prensa Libre puntos que preocupan desde la sociedad civil la regulación que se busca aprobar.

La iniciativa podría ser conocida en tercera lectura este martes 30 de septiembre en el pleno del Congreso de la República.

Otros organismos que se pronunciaron fueron la Alianza por un Congreso Eficiente, la Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo (ATAL) y el bufete de abogados ALTA. Señalan que la gobernanza propuesta carece de coordinación clara entre instituciones y excluye a la sociedad civil, la academia y al sector privado, lo que debilita la legitimidad del ente rector y aleja la iniciativa de las buenas prácticas internacionales.

Este es un extracto de la conversación que Antillón tuvo con Prensa Libre, quien aboga por revisar penas y conceptos de los ciberdelitos que tipifica el dictamen.

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¿Cuáles son los vacíos que ven a nivel de certeza jurídica en el texto de Ley de Ciberseguridad?

Hemos identificado algunos desafíos en el texto de la ley respecto a su concepción y estructura sobre cómo debe llevarse a cabo la ciberseguridad, partiendo del órgano de coordinación.

Encontramos que las entidades encargadas de coordinar acciones de prevención de ataques cibernéticos suelen ser de carácter civil o con gobernanza mixta, es decir, con participación del sector público, privado y de la sociedad civil, porque es un tema que involucra a todos. Muchas de las infraestructuras digitales relevantes para estos procesos pertenecen al sector privado.

Por otro lado, la normativa también incluye los denominados ciberdelitos, es decir, delitos cometidos en el ciberespacio. La forma en que están regulados actualmente amerita una revisión, pues deberían abordarse como reformas al Código Penal. Además de enfocar la redacción en ese sentido, es necesario revisar las penas, ya que algunas podrían resultar excesivamente altas y generar desproporción, como ya lo han señalado ciertos centros especializados.

Asimismo, la redacción hace referencia a otros delitos contemplados en el Código Penal que no concuerdan. Incluso, uno de los artículos mencionados ya fue declarado inconstitucional por la Corte de Constitucionalidad.

¿Cuáles considera que deben ser los mecanismos de control ciudadano?

La efectiva rendición de cuentas, si se maneja desde un marco de seguridad nacional, no es viable, porque la información quedaría siempre como reservada, aun cuando cierta parte de ella es útil para las entidades de la sociedad civil. Esa información permite conocer de dónde provienen los ataques y preparar a instituciones, sector privado, empresas y organizaciones para responder, ya que también pueden ser víctimas. En consecuencia, el proceso de rendición de cuentas ante el Congreso de la República se dificultaría en cierto nivel. Claro está, hay asuntos que son de seguridad nacional y que la Constitución protege.

Sin embargo, sí existe un nivel de información que debería manejarse y al cual la población puede tener acceso. Otro aspecto preocupante es el de las compras públicas, que también se consideran de carácter reservado.

Para usted, ¿qué tipo de modelo de autoridad de ciberseguridad sería más adecuado para Guatemala, tomando en cuenta las experiencias de otros países?   

El tema de la gobernanza es, en general, una decisión política que debe asumir el país. Sin embargo, es una discusión en la que deben participar distintas entidades: la academia, el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil y, por supuesto, las instituciones públicas.

Desde nuestra perspectiva, podría adoptarse un modelo que dependa, por ejemplo, de un Ministerio de Gobernación. No obstante, nos sentimos más cómodos con la creación de una nueva entidad autónoma que lleve este control. También podría ubicarse en otro ministerio, siempre que exista un consejo con participación de los actores mencionados. La academia, en particular, tiene hoy mucho que aportar: universidades con carreras, estudios y publicaciones sobre el tema. En Guatemala, la academia tiene un valor importante y debería ser parte de la toma de decisiones.

Otro aspecto que se ha criticado bastante en esta ley, y que usted misma mencionaba, es el de las compras públicas bajo reserva. ¿Cuáles son los problemas o los principales retos que podrían enfrentarse a partir de tener las compras públicas bajo reserva?  

Se puede conocer que se está adquiriendo cierto tipo de tecnología, pero las características específicas son las que se vuelven reservadas. No todo el proceso de compra, sino únicamente las especificaciones técnicas. De lo contrario, no habría manera de saber qué tipo de software o hardware se está comprando, ni tampoco a quién o a qué país se adquiere esa tecnología.

Las compras pueden ir desde computadoras hasta software muy sofisticado. En ese sentido, considero que deberían establecerse criterios claros para definir qué adquisiciones corresponden realmente a seguridad nacional.

Para efectos de las compras, la propia Ley de Contrataciones del Estado debería contemplar estas características. Actualmente, por ejemplo, el Ejército compra sin estar sujeto a reservas. Por ello, es necesario precisar en qué casos una compra puede catalogarse como de seguridad nacional y quién tiene la potestad de hacer esa clasificación.

¿Cómo considera que podrían redactarse de mejor manera estos tipos penales para que respeten la ley que se tenía con anterioridad?

Como país debemos fortalecer la asistencia técnica legislativa de calidad para los diputados, facilitándoles ejercicios de derecho comparado y mostrando cómo otros países aplican estas normas. Existen convenios internacionales que contemplan este tipo de delitos y sería útil reflexionar sobre su redacción, pensando en una verdadera política criminal. Guatemala cuenta con expertos en derecho penal que pueden ayudar a redactar tipos penales más precisos y evitar leyes penales en blanco, como sucede en la propuesta actual. En delitos como propiedad intelectual, abuso sexual o pornografía infantil, se hace referencia a otras normas, sin definir en el propio texto cuál es la conducta delictiva.

En cuanto a prevención, una de las críticas recurrentes es que la ley se centra en sancionar una vez cometido el delito, pero no establece un régimen preventivo. Para ello, es necesario invertir en formación y desarrollo de capital humano, así como fortalecer equipos técnicos en las instituciones. También deben realizarse ejercicios controlados que pongan a prueba los sistemas, identifiquen debilidades y permitan ajustes, además de establecer protocolos y estándares mínimos que las instituciones deben cumplir para mantenerse alertas ante posibles ataques.

La generación de boletines sobre tecnologías y orígenes de los ataques es fundamental. Asimismo, debería contemplarse la aplicación de sanciones administrativas si no se cumplen los protocolos establecidos. De esa manera, se cerrarían los espacios que facilitan la comisión de delitos cibernéticos. Y, si estos ocurren, entraría en vigor la parte sancionatoria ya prevista como reformas al Código Penal.

¿Cuáles son los delitos, o analizando la tipificación de ciberdelitos que se menciona en la ley que usted considera que tal vez podrían redactarse de una mejor manera?  

Todos los delitos necesitan una revisión de redacción para mejorarse e incorporarse con mayor claridad. Sin embargo, me preocupan especialmente dos artículos. El artículo 13, que se refiere a los delitos de propiedad intelectual, establece un aumento de las penas, pero remite directamente a la ley de propiedad intelectual. Por eso insisto en que es una ley penal en blanco: no define en el propio texto cuál es la conducta que se sanciona en el Código Penal. Este es muy específico, y necesitamos tipificar con claridad la conducta que se desea sancionar. De lo contrario, cuando llegue a tribunales, la justicia no podrá aplicarse correctamente por falta de precisión en los textos.

El otro es el artículo 14, sobre pornografía infantil. Señala que cuando se utilizan sistemas informáticos o tecnologías de la información para cometer delitos tipificados en ciertos artículos del Código Penal, se aplican sanciones. Sin embargo, hace referencia, por ejemplo, al artículo 196, que ya fue declarado inconstitucional dentro del expediente 1021-2002.

Ese tipo de situaciones se encuentran en el dictamen, por lo que se requiere una revisión completa de toda la normativa.

¿Considera necesario que se regrese esta propuesta de ley a comisión para su reevaluación y ajustes necesarios?

Creo que la mejor forma de hacer una discusión más detallada, como le mencionaba, tomando en cuenta los aportes de diversas entidades, sería facilitar el retorno del dictamen a la comisión.

Ley de Ciberseguridad: Expertos alertan sobre control militar, opacidad y vacíos legales en dictamen

Analistas advierten que el dictamen de la iniciativa 6347, Ley de Ciberseguridad, podría afectar derechos fundamentales, carece de mecanismos preventivos y puede debilitar la confianza en el entorno digital.

Juan Manuel Fernández C.

26 de septiembre de 2025 | 13:20h

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En la segunda mitad de septiembre la iniciativa sobre ciberseguridad ya superó la primera lectura en el flujo legislativo. (Foto Prensa Libre: Daniel Samayoa)

Cuatro análisis de tanques de penasamiento distintos, uno de la Mesa de Certeza Jurídica de la Iniciativa Guatemala No Se Detiene; otro de la Alianza por un Congreso Eficiente (que integra organismos como el Cien y Guatemala Visible), la Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo (ATAL) y otro de la firma de abogados ALTA, emitieron esta semana análisis técnico y jurídico sobre la Iniciativa de Ley 6347, conocida como Ley de Ciberseguridad.

El análisis se basa en el dictamen con modificaciones de la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional del 26 de agosto del 2025. La iniciativa en estos momentos se encuentra en segunda lectura en el Congreso de la República. 

La iniciativa 6347 contempla penas desde los seis años de prisión, la creación del Centro de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática de Guatemala (C-SIRT-GT) y de una fiscalía especializada en ciberdelincuencia para la investigación penal, formulación de requerimientos y el litigio de los delitos contemplados en el ámbito digital.

“Contraproducente” y con “vacíos legales”

A pesar de que los centros de análisis coinciden en la necesidad de tener una regulación en la materia, también diagnostican alertas de que su aprobación “sin ajustes técnicos significativos podría provocar efectos contraproducentes, como vacíos legales, penalización excesiva y vulneraciones al principio de legalidad” según la Alianza por un Congreso Eficiente. Continúa el texto: “la iniciativa carece de una estrategia de gobernanza cibernética al superponer responsabilidades sin una coordinación clara entre las instituciones. La falta de esta estrategia implica la inexistencia de un ecosistema de formación y garantía de la debida aplicación de la presente ley”.

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Otras preocupaciones apuntan a la militarización de la rectoría de la ciberseguridad en Guatemala, la “exclusión de sociedad civil, academia y empresas” de la discusión deficiencias técnicas y legales en tipos penales y opacidad en la implementación.

“El texto presenta deficiencias estructurales y conceptuales que lo alejan de las buenas prácticas internacionales recomendadas por organismos como la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos (OEA)” señala Guatemala No Se Detiene.

Para la firma de abogados ALTA, “la Iniciativa regula de manera aislada la ciberseguridad sin abordar de forma conjunta la protección de datos, la gestión de infraestructuras críticas y la transformación digital” y añade que “un marco incompleto coloca a Guatemala en desventaja competitiva frente a países que sí han desarrollado legislaciones integrales en estas materias”.

Mientras que ATAL, –una alianza formada por Fundación 2020, Cacif y FUNDESA– solicitó al Congreso, por medio de un comunicado que la Iniciativa 6347 “regrese a la Comisión correspondiente para ser revisada y corregida. Guatemala necesita una ley moderna y equilibrada, que brinde seguridad a los ciudadanos, confianza a las empresas, y que fortalezca nuestra institucionalidad democrática con transparencia, inclusión y apego al Estado de Derecho”.

Este es un resumen de los puntos que preocupan a los especialistas que se pronunciaron.

Militarización de la rectoría de la ciberseguridad

“El Dictamen 6347 no garantiza la independencia funcional y técnica del órgano rector de ciberseguridad, ya que sitúa al Centro de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática de Guatemala (CSIRT-GT) como órgano técnico del Consejo Nacional de Seguridad (CNS). Por su parte otorga al Ministerio de la Defensa Nacional un rol protagónico, con facultades permanentes para actuar en el ciberespacio. Incluso contempla la posibilidad de ejecutar acciones ofensivas en el ciberespacio que corresponden asignarse a otro cuerpo normativo”, indica Guatemala No Se Detiene.

Mientras que el bufete ALTA considera que “la norma no define con precisión en qué momento una situación de crisis puede catalogarse como una amenaza a la seguridad nacional o a la soberanía del país que justifique la participación militar. Esta ausencia de parámetros claros puede generar incertidumbre respecto del alcance de la intervención y de los mecanismos de coordinación con el sector privado, en especial en lo relacionado con el acceso a infraestructura tecnológica y a datos estratégicos

Esto lo refuerza el análisis de la Alianza por un Congreso Eficiente, que indica que “el artículo 33, sobre funciones para la ciberdefensa, atenta contra el artículo 43 de la Constitución al no establecer una diferenciación clara entre infraestructuras críticas de carácter gubernamental o privado. Se faculta al Ministerio de la Defensa para actuar permanentemente en acciones para la ciberdefensa promoviendo así su intervención sobre las infraestructuras privadas. Asimismo, el inciso f) del artículo en mención establece que el presidente de la República determinará la coordinación “con los centros de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática CSIRT’s internacionales, sectoriales e institucionales públicos y privados (…)”. Ambos preceptos vulneran la libertad de industria”.

Exclusión de actores civiles y sectoriales

Según Guatemala No Se Detiene, el dictamen 6347 propone que el CSIRT-GT funcione como órgano técnico bajo el Consejo Nacional de Seguridad, “una instancia dominada por actores de seguridad e inteligencia, con limitada representación de otros sectores. Este diseño contrasta con las experiencias internacionales en las que la autoridad de ciberseguridad es de carácter civil y multisectorial. Por ejemplo, en Chile la Agencia Nacional de Ciberseguridad incorpora a representantes del sector privado y de la academia en su consejo asesor; en Uruguay, la AGESIC articula la coordinación entre entidades estatales, empresas y sociedad civil; y en Estonia, la RIA trabaja de forma permanente con el sector privado a través del CERT-EE”.

ALTA indica que “más preocupante aún es que el diseño institucional excluye a la sociedad civil y al sector empresarial del ente rector, lo que impide que quienes generan, gestionan y resguardan la mayor parte de la infraestructura tecnológica tengan voz en la definición de políticas de ciberseguridad”.

Y añade que “esta falta de un modelo multisectorial —que en estándares internacionales es clave para la gobernanza en ciberseguridad— no solo debilita la legitimidad del CSIRT-GT, sino que también proyecta un escenario en el que la ciberseguridad puede transformarse en un mecanismo de control unilateral”.

“El dictamen concentra la rectoría en el Consejo Nacional de Seguridad y otorga un rol únicamente a las entidades de esa área del gobierno, marginando la participación civil y multisectorial. Ello se aparta de las buenas prácticas internacionales que privilegian la conducción civil y la inclusión de actores sociales relevantes” señala el análisis de ATAL.

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Enfoque reactivo penal, no preventivo

Para Guatemala No Se Detiene, “el dictamen concentra sus medidas en reformas penales y agravantes para delitos informáticos, lo que significa que la acción del Estado se activa principalmente después de consumado el delito. No prevé un régimen administrativo preventivo con obligaciones de notificación temprana, planes de seguridad obligatorios para operadores de servicios esenciales, ni sanciones proporcionales para incumplimientos”.

Según ALTA, “al no promover programas estatales de educación digital, protocolos de cooperación temprana ni estándares mínimos de seguridad, las empresas quedan solas en la gestión preventiva y solo entran en juego cuando un incidente ya ocurrió, asumiendo así costos más altos de cumplimiento y recuperación, mayor exposición a riesgos reputacionales y legales, y una falta de certeza institucional que dificulta planificar estrategias de ciberseguridad a largo plazo. En consecuencia, la regulación proyectada traslada el peso de la ciberseguridad al sector privado, privilegiando la sanción en lugar de la prevención, lo que aumenta la inseguridad jurídica y la incertidumbre empresarial”.

Para ATAL, la propuesta se limita a reformas penales, sin establecer mecanismos preventivos, de supervisión y cooperación temprana que reduzcan riesgos y costos de incidentes

Por ejemplo, según Alianza por un Congreso Eficiente, algunos tipos penales definidos en la iniciativa presentan ambigüedades que comprometen el principio de legalidad penal, como lo establece el artículo 17 constitucional y el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Este es un listado de valoraciones que hace la organización por artículo:

• El artículo 6, sobre interceptación ilícita, contempla una autodefinición para definir el delito lo cual es antitécnico y no permite inferir con precisión cuál es el bien jurídico tutelado.

• El artículo 7, Ataque a la integridad de los datos informáticos, cumple en general con los estándares del Convenio de Budapest, pero requiere una cláusula de exclusión para no sancionar errores técnicos o intervenciones legítimas.

• El artículo 8 no exige una afectación grave para sancionar la obstaculización de sistemas, lo que podría penalizar fallos menores o pruebas autorizadas. Se recomienda exigir resultado significativo.

• El artículo 11, relativo al fraude informático, debería reforzar el componente técnico (manipulación de datos/sistemas) y no solo métodos como la ingeniería social.

• El artículo 12 sobre abuso de dispositivos es confuso. Mezcla conductas dolosas con técnicas legítimas utilizadas con fines investigativos o profesionales.

• No se contempla la figura de tentativa ni complicidad, exigida por el artículo 11 del Convenio. Esto podría generar ambigüedad interpretativa en la aplicación del derecho penal.

• El artículo 13 sobre propiedad intelectual no crea un tipo penal autónomo, sino que solo agrava las penas ya existentes, lo cual es insuficiente para cumplir con el estándar internacional.

• La derogatoria de los artículos 274 A-G del Código Penal no va acompañada de sustituciones equivalentes, generando vacíos en delitos como piratería de software o distribución de malware.

• Las penas previstas en la iniciativa son desproporcionadas, llegando a suponer incluso sanciones por homicidio culposo o robo, sin considerar daño real o ánimo delictivo.

• En cuanto al artículo 36 de la iniciativa que demanda crear una fiscalía especializada para la investigación de los delitos contenidos en la presente ley, parecería colisionar con el artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala, relativo a la función autónoma del Ministerio Público.

Falta de transparencia y de rendición de cuentas

El Dictamen de la iniciativa 6347 “contempla que las compras y contrataciones vinculadas a ciberseguridad se realicen bajo carácter reservado, con el argumento de proteger la seguridad nacional. Si bien ciertos aspectos técnicos pueden justificar confidencialidad, la reserva generalizada de adquisiciones públicas genera riesgos de corrupción, sobrecostos y falta de auditoría, debilitando la legitimidad de la política de ciberseguridad” según la mesa de Certeza Jurídica de Guatemala No Se Detiene.

De acuerdo con el análisis de ALTA, “para el sector empresarial, esto se traduce en riesgos de distorsión de la competencia, al permitir que contratos relevantes se otorguen sin procesos abiertos ni fiscalización efectiva, lo que desalienta la participación de oferentes y reduce la innovación en el mercado. La ausencia de transparencia y la amplitud de la reserva pueden erosionar la confianza de inversionistas nacionales e internacionales, al proyectar un entorno de discrecionalidad en las compras públicas”.

Mientras que el boletín de Alianza por un Congreso Eficiente, señala que “respecto al artículo 47 de la iniciativa relativo a la compra de equipo para ciberseguridad y ciberdefensa, se establece que para las adquisiciones de bienes, equipos, sistemas o tecnologías destinadas a la ciberseguridad y ciberdefensa deberán realizarse bajo reserva en virtud de su carácter estratégico y por estar vinculadas a la seguridad nacional. Sin embargo, la disposición normativa no especifica si va destinada al sector público o privado, dado que este cuerpo normativo no hace distingo”.

Añade que “se estaría transgrediendo la legislación en materia de adquisiciones aspectos como la “reserva” y la “confidencialidad” por el contrario el artículo 30 constitucional establece que todos los actos de la administración son públicos”.

Según ATAL, “el dictamen contempla que el nuevo ente regulador rinda informes únicamente al Consejo Nacional de Seguridad, en carácter reservado. También dispone que adquisiciones en ciberseguridad se realicen bajo confidencialidad generalizada, lo que incrementa riesgos de opacidad y corrupción”.

Impacto negativo en sector privado y derechos fundamentales

Para Guatemala no se Detiene “esta falta de claridad puede traducirse en duplicidad de obligaciones, procesos poco transparentes y dudas sobre la protección de la información sensible que las empresas entreguen a las instituciones del Estado, lo que afectaría directamente la confianza de clientes, inversionistas y socios internacionales en el entorno digital guatemalteco”.

“A ello se suma que el texto no contempla un régimen administrativo preventivo que establezca obligaciones claras de gestión de riesgos, plazos de notificación y sanciones proporcionales. Esto dejaría a las empresas sin una guía normativa para fortalecer sus capacidades de seguridad de forma anticipada, obligándolas a actuar solo una vez producido el ataque, con el consecuente aumento de la vulnerabilidad y de las pérdidas económicas” continúa.

Y para ALTA, “el artículo 17 de la Iniciativa, en su redacción actual, plantea ciertas preocupaciones jurídicas y económicas para las empresas y en general personas jurídicas, al establecer un régimen de responsabilidad penal amplio para las personas jurídicas que podría entrar en tensión con los principios de legalidad y culpabilidad reconocidos en los artículos 12 y 17 de la Constitución Política de la República y en los artículos 1 y 38 del Código Penal”.

ATAL coincide en que “disposiciones como el artículo 17 amplían la responsabilidad penal de personas jurídicas, en conexión con la Ley contra la Delincuencia Organizada, generando incertidumbre operativa y financiera que puede afectar la inversión y la competitividad”.

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Empresas guatemaltecas apuestan por el arbitraje: agilidad, ahorro económico y con certeza jurídica

El sistema arbitral entre empresas crece cada año con la adhesión de cláusulas en los contratos de negocios, con el fin de brindar certeza jurídica y resolver conflictos comerciales. Estudio reciente, refiere que ocho de cada 10 casos son por incumplimiento en aspectos contractuales en casos de fondo.

Urias Gamarro

16 de agosto de 2025 | 00:10h

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El sector construcción es el que más casos de controversias se conocen en los procesos arbitrales privados. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La resolución de conflictos entre empresas que realizan negocios cuenta con una alternativa: el mecanismo del arbitraje. En la última década, varias experiencias se han registrado por medio del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Guatemala (Cenac).

Las estadísticas muestran cómo se han desarrollado en el tiempo los distintos casos planteados por las partes y finalizados, así como los fallos emitidos.

Cada año, el Cenac conoce disputas de carácter interno que involucran a las partes. Por ello, se recomienda a los agentes económicos o tomadores de decisiones evaluar la inclusión de cláusulas arbitrales como una opción frente a la jurisdicción ordinaria.

Según expertos, el uso del arbitraje cobra cada vez más relevancia al acudirse a un panel arbitral. Existe mayor conocimiento e interés en esta figura por parte de diversos sectores, ya que uno de sus beneficios es la celeridad en los procesos, así como el ahorro económico, lo cual resulta conveniente para los involucrados.

“En la actualidad existe un mayor interés en la figura del arbitraje por parte de varios sectores, al observar mayor agilidad y ahorro en la resolución de sus conflictos”, agregó.

Además del Cenac, también opera la Comisión de Resolución de Conflictos (Crecig), adscrita a la Cámara de Industria de Guatemala. Ambos son cuerpos colegiados privados especializados en la administración de arbitrajes.

En Guatemala, el arbitraje se fundamenta en la Ley de Arbitraje, decreto 67-95, como mecanismo alternativo de resolución de conflictos.

Promover el arbitraje

Un informe del Cenac, que recopila información estadística, expone los resultados gestionados por los agentes económicos. Se trata de un consolidado de datos de al menos diez años, presentados en distintos foros públicos para su discusión y análisis.

En dicho informe se considera como objetivo clave promover el arbitraje como método alternativo de resolución de controversias, con Guatemala como sede arbitral, y posicionar al país como el primero en Centroamérica en presentar estadísticas al respecto.

Clases de arbitraje

El informe revela que el 99% de los casos conocidos por el Cenac son arbitrajes nacionales, y 1% internacionales.

El 90% se resuelve por equidad y el 10% por derecho. Además, el 84% responde a cláusula escalonada y el 16% es directa.

Composición del tribunal

Respecto de la conformación del Tribunal Arbitral, el 97% de los casos son resueltos por tres árbitros y el 3% por uno solo. En cuanto al nombramiento de los árbitros: el 90% corresponde al centro o a las partes; el 7%, únicamente al centro; y el 3%, exclusivamente a las partes.

En cuanto a la nacionalidad de los árbitros, el 98% son guatemaltecos y el 2% extranjeros. Además, el 24% de los casos presentó recusaciones, mientras que en el 76% no hubo.

Por género, el 69% de los integrantes del tribunal son hombres y el 31% mujeres. El 79% de las mujeres que integraron el tribunal fueron nombradas por las partes y el 21% por el centro.

En cuanto a los abogados de parte, el 82% son hombres y el 18% mujeres.

Cuestiones procesales

El documento también muestra estadísticas sobre los procesos planteados entre las partes.

El 70% se refiere a incompetencia; el 18%, a falta de legitimación; el 6%, a prescripción; el 3%, a incumplimiento de condición; y otro 3%, a declinatoria. Además, el 12% requirió medidas cautelares o asistencia judicial, y el 88% no.

Puntos de reclamación

El incumplimiento contractual representa el 88% de los reclamos de fondo en los casos conocidos.

Se entiende como incumplimiento contractual cuando una de las partes no cumple con sus obligaciones legales. Por ejemplo, no pagar en las fechas estipuladas o no despachar mercancías en el tiempo acordado.

Otros reclamos, aunque con menor ponderación, son: rescisión del contrato (4%), alocación de responsabilidad, pago de póliza de seguros, fijación de precios y participación en acciones.

En cuanto al sector económico de los casos, destaca la construcción con el 67%, seguido por las telecomunicaciones con el 11%. También figuran los sectores seguros, energía, farmacéutico, turismo, administrativo e inmobiliario.

Las disputas abarcan montos desde US$12 mil hasta US$40 millones.

Conclusiones del arbitraje

El informe oficial indica que el 89% de los casos concluye con laudo; el 8%, con desistimiento; y el 3%, con transacción.

El 95% de los laudos cita jurisprudencia o doctrina, y el 86% fue objeto de impugnación por medio del recurso de revisión.

Crece la inclusión de cláusulas arbitrales

El abogado litigante Edson López, presidente del Capítulo Guatemalteco del Club Español de Arbitraje (CEA), declaró que el arbitraje es un mecanismo alternativo a la jurisdicción ordinaria para resolver controversias.

Explicó que, aunque existen diversos tipos de arbitraje, los más comunes son los relacionados con inversiones —en los que un inversionista demanda al Estado en virtud de tratados de libre comercio o tratados bilaterales de inversión— y el arbitraje comercial.

Aclaró que este último se deriva del acuerdo entre las partes de un contrato de cualquier naturaleza, mediante el cual se establece que, ante un conflicto, en lugar de acudir ante un juez, se recurra a un panel arbitral para su resolución.

Citó como ejemplo contratos de construcción, tecnología o servicios logísticos, entre otros, que forman parte de la rama comercial entre privados.

“Cada día hay más cláusulas de arbitraje incluidas en contratos de todo tipo. La experiencia en el arbitraje comercial ha crecido; aún falta camino por recorrer, pero cada día es mejor y más sofisticada”, apuntó.

El especialista aseguró que el arbitraje comercial puede utilizarse en todo proceso contractual, aunque existen excepciones. En estos casos, el arbitraje funciona como un mecanismo disponible para quienes deseen recurrir a él.

“Las partes solo deben acordar incluir en los contratos la cláusula sobre el uso del arbitraje”, concluyó.

“Trámites impredecibles y muchos innecesarios”: Proponen ventanilla única para inscribir negocios

La licencia ambiental y la licencia sanitaria son dos de los trámites más tardados para iniciar un negocio en Guatemala. Expertos proponen crear ventanillas únicas, interoperabilidad y simplificación de trámites para reducir tiempos y no perder competitividad. 

Ximena Fernández

23 de enero de 2025 | 06:00h

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Recibir una licencia sanitaria en el país puede tardar meses, cuando el estándar internacional indica que podría durar días. (Foto Prensa Libre: Freepik)

“Para abrir una empresa se requieren alrededor de 200 días desde el inicio hasta el final”, destaca Giovanni Cardona, gerente general de Grupo Génesis, una empresa que desde hace 29 años se encarga de fabricar especialidades químicas. Debido a los productos que venden, la empresa está regida por el Ministerio de Salud. Así explica Cardona, quien señala que para solicitar la licencia sanitaria, es necesaria la licencia ambiental. 

Cardona explica que la licencia que ellos requieren es la B1. Para esta, se requirió una inversión de no menos de Q20 mil. La licencia debía ser entregada en 30 días. No obstante, tuvieron que esperar seis meses para poder obtenerla. Esto debido a los trámites prolongados que afectan diversos negocios en el país. 

El Índice de Burocracia 2024 —Index of Bureaucracy 2024, en inglés—, presentado por Adam Smith Center for Economic Freedom, señala a Guatemala como el antepenúltimo de 19 países evaluados en burocracia, la mayoría de Iberoamérica. Guatemala resultó como el tercer país más lento para abrir un negocio. El estudio reveló que para establecer un negocio en el país se deben invertir 4 mil 872 horas. 

Para abrir un negocio en Guatemala, es inevitable enfrentarse a trámites como las licencias ambientales y sanitarias, dos ejemplos claros del exceso de burocracia, según relata Sigfrido Lee, investigador asociado al Centro de Investigaciones Económicas Nacional (Cien). “Para darnos una idea, solo cumplir con el proceso de la licencia ambiental toma aproximadamente 56 días hábiles”, cuenta Lee. 

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Lee argumenta que la industria más grande del país es la del sector de alimentos, por lo que las tardanzas experimentadas para obtener una licencia sanitaria pueden tener un impacto en la ventaja competitiva del sector en donde se cuenta con más habilidades, experiencia e inversiones. 

Para Pamela Martínez, quien está a cargo de la regulación y normativa de la Gremial de Alimentos y Bebidas, una solución podría ser contar con una plataforma en la que se puedan ingresar todas las solicitudes. Sin embargo, sopesa que quien busca crear una empresa, siempre se toparía con un “cuello de botella”, debido a la poca cantidad de personal con la que cuentan Ministerios como el de Salud. 

Pasos “interminables” para los negocios

Comenzar con una empresa podría no resultar tan complicado. Lee señala que gracias a trámites digitalizados y simplificados, inscribir una empresa en el Registro Mercantil y en la SAT puede llevar alrededor de tres días. No obstante, después se deberán esperar seis meses para poder obtener la licencia ambiental y luego otros seis para la licencia sanitaria. “Todo eso que gané en los primeros pasos fue un pedacito de nada”, sentencia Lee. 

Ana Contreras, gerente de Agexport Consulting Group, recuerda que la licencia ambiental es importante para poner en funcionamiento la empresa. Y no es solo la licencia ambiental, Contreras enumera trámites de Conred, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), licencias de construcción e incluso podrían llegar a requerirse aprobaciones por parte de Conap. “Ahí es en donde el trámite puede durar incluso años”, señala Contreras. 

Además, aunque los trámites tienen un tiempo límite para ser procesados, a veces pueden tardar más de lo acordado. Contreras señala que la licencia ambiental, dependiendo de la categoría, no debería tardar más de dos o tres meses, no obstante, el trámite puede llegar a tardar, por lo regular, ocho meses. 

Solicitar la licencia sanitaria, suele también consumir tiempo. Martínez externa que para obtener dicha licencia, son necesarios los documentos emitidos por el Ministerio de Ambientes y Recursos Naturales (MARN) además del Registro Mercantil. “Dentro de los documentos que requiere el Ministerio de Salud está el estudio de impacto ambiental. Si el estudio no cumple con los requisitos que el Ministerio de Salud requiere entonces tienen que abocarse nuevamente con el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales para hacer actualización del documento que ya se tiene, entonces ahí empezamos con un proceso que puede tardar de 6 meses hasta un año”

Las ventanillas únicas y simplificación de trámites 

Para los consultados, una solución a este problema tan recurrente para quien quiere iniciar un negocio sería la creación de una ventanilla única. Tal es el ejemplo de El Salvador, país que en cuestión de un año bajaron el periodo de tiempo en el que se procesaban los trámites. Lee menciona que fueron tres puntos esenciales por las que lograron sus objetivos: la creación de sociedades simplificadas, la creación de una ventanilla única para realizar diversos trámites y se esforzaron de manera significativa para la reducción de requisitos innecesarios. 

Guatemala, aunque no ha avanzado a pasos agigantados como El Salvador, ofrece ejemplos sobre la reducción de la burocracia. El Ministerio de Economía (Mineco) cuenta ya con  trámites como el de Registro de la Propiedad Intelectual y Registro Mercantil en línea. Valeria Prado, viceministra de Asuntos Registrales del Mineco, señala que las operaciones registrales aumentaron un 15% durante el 2024, mientras que en 2023 crecieron solamente el 7%. “Registramos casi el doble de lo que se registró en años anteriores”, anunció la viceministra.

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Asimismo, Santos argumenta que existen tecnologías, como la denominada “Business Process Management”, o BPM, que podría comenzar a adoptar el gobierno para gestionar procesos. El fin de dicho software, según Santos, es el de interconectar más sistemas, por lo que a la hora de solicitar un trámite se podrían validar documentos de diversas entidades en un solo lugar.

Por otro lado, Prado señala que una estrategia para la digitalización de trámites fue la priorización de los mismos. Al destacar los que son prioritarios, eficientar el proceso para la digitalización y realizar pruebas, para más adelante abarcar nuevos trámites conforme a las prioridades. 

Trámites impredecibles y falta de personal 

Lee menciona también que los procesos pueden resultar también impredecibles. “Estamos diciendo que el tiempo esperado para obtener una licencia ambiental es de 56 días, pero encontramos ejemplos de hasta 180 días”. Lee argumenta que si el tiempo en el que un trámite se realiza coincidiera con el tiempo que promete la institución, favorece la apertura de negocios. 

La falta de predictibilidad a la hora de esperar un trámite puede desembocar en dos vertientes: no abrir el negocio o abrir el negocio de manera informal. “Estamos promoviendo la informalidad”, sentencia Lee.

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Además de eso, Lee señala que no basta con solo transformar los trámites a digital, pues serían los mismos seis meses pero desde la computadora. Para el investigador de Cien, no se trata solo de agregar los formularios a la página de web de un ministerio, sino realmente integrar procesos para la simplificación del trámite en cuestión. 

Cardona externo que, en el MSPAS es muy débil desde el punto de vista del personal. “Siempre que alguien viene a realizar una auditoría, se queja de que son muy pocos, que tienen pocos recursos, vehículos y combustibles. A esto, Martínez asegura que al tener más recursos, el MSPAS podría agilizar ese tipo de procesos para los que el recurso humano es indispensable. 

La meta por cruzar 

Wendy Mena, líder del equipo de atracción de inversiones de Invest Guatemala, señala que el punto al que como país se debería llegar, es el de tener una ventanilla única en donde se puede realizar todo. “Queremos algo operativo”, sentencia Mena, quien señala que debería crearse un único lugar para realizar todos los trámites pertinentes para abrir un negocio. 

La Ventanilla Ágil para la Construcción, relata Mena, es un punto único en el que se puede llevar el expediente y cumplir con todos los requisitos una vez. No obstante, de igual manera se necesitan otros trámites como los mencionados con anterioridad. Por lo que, para Mena, debería existir una ventanilla única que englobe a todos los ministerios. 

Para que esto suceda, Santos recalca la necesidad de que las instituciones puedan compartir información y que puedan colaborar entre ellas para intercambiar documentos  de importancia. Además, la interoperabilidad optimizaría los costos del gobierno, según Santos, puesto que no deben realizar impresión en todas las agencias, además de optimizar el tiempo. 

Al mismo tiempo, Mena argumenta que todas las instituciones deben cumplir primero con la simplificación y digitalización efectiva de todos los trámites. Luego de esto, los trámites podrían conectarse para poder englobar todo en un solo lugar. 

Encuentre más de Guatemala No Se Detiene en nuestros canales de video de Prensa Libre y Guatevisión, un contenido en alianza enfocado en periodismo de soluciones.

Opinión: El cambio para un Estado digital empieza por la voluntad política

Para que los guatemaltecos se beneficien de las gestiones digitales en instituciones públicas, es vital una autoridad central que coordine esfuerzos y que tenga recursos para la interoperabilidad, la conectividad y la inclusión digital.

Ana Isabel Antillón

12 de diciembre de 2024 | 05:59h

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La identidad digital es uno de los proyectos de la agenda de transformación digital que se busca impulsar en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Freepik)

La transformación digital del Estado requiere de una voluntad política expresa de los tres poderes del Estado y debe contar con una autoridad central, un marco regulatorio adecuado y la asignación de recursos suficientes. 

Desde hace algunos años Guatemala inició el recorrido de modernización y digitalización de las instituciones públicas, cada una a su ritmo, el cual, de la misma forma que el resto de los países del mundo se vio acelerado con motivo de la pandemia. Entre las instituciones precursoras en este campo podemos mencionar el Registro Nacional de Personas, que podría asumir el liderazgo implementado la identidad digital, y, la Superintendencia de Administración Tributaria, ambas instituciones iniciaron a compartir datos y a generar servicios para los ciudadanos en forma electrónica mucho antes del covid-19.

De igual forma la aprobación de la Ley de Simplificación de Trámites y Requisitos Administrativos, así como la implementación del modelo de ventanillas únicas ha venido a modificar la forma de acceder a los servicios, sobre todo aquellos dedicados a la facilitación del comercio. Sin embargo, todos estos avances, requieren de la estandarización de la forma de compartir información entre instituciones, de formas amigables en que el ciudadano accede a la información o bien de la estandarización de la forma en que se visualiza la información, es decir adaptar los procedimientos administrativos a la experiencia ciudadana y no al revés como ocurre hoy.

Priorizar las necesidades del ciudadano, en la forma de cómo accede a la información y a los servicios públicos requiere que Guatemala cuente con una autoridad rectora en materia de transformación digital, una institución que ejerza liderazgo y coordinación en la implementación de políticas públicas digitales. Esto permitiría una mayor eficiencia, transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública.

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Una autoridad central o rectora en transformación digital, creada por el Congreso de la República, es fundamental para implementar lo las siguientes acciones: a) Crear un marco normativo a nivel reglamentario, identificar y estandarizar el uso de la tecnología y las buenas prácticas, y en general proponer regulaciones que permitan la implementación efectiva de la transformación digital; b) Contribuir en el desarrollo de infraestructura digital para mejorar la conectividad y la infraestructura tecnológica para que todos los ciudadanos puedan acceder a servicios públicos digitales; c)  Fomentar la participación ciudadana, de manera que la transformación digital sea más incluyente; y, d) contribuir al desarrollo económico, mediante el impulso de la creación de empleos en el sector tecnológico e impactando en la atracción de inversión extranjera.

Diferentes sectores productivos requieren de mucha agilidad en sus procesos, es importante que los ministerios o entes reguladores cuenten con trámites automatizados y digitalizados para que los procesos de las empresas sean más ágiles. Por ejemplo, en Singapur se puede habilitar una empresa en 3 horas mientras que en Guatemala el tiempo es de 4,870 horas. Pensemos en las MIPYMES, en los emprendedores que están en el área rural o en los proyectos de inversión extranjera que se verían altamente beneficiados con el acceso a todos los servicios públicos en forma digital.

Una autoridad rectora en transformación digital es esencial para que Guatemala pueda aprovechar al máximo las oportunidades que ofrecen las tecnologías digitales. En la región latinoamericana nos aventajan otros países que cuentan con esta autoridad desde hace muchos años ya, dentro de los que podemos citar: Costa Rica con la Comisión de Alto Nivel de Gobierno Digital del Bicentenario; El Salvador con la Secretaría de Innovación de la Presidencia; Uruguay con la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic); modelos existen, y se han realizado múltiples estudios comparativos a disposición de las autoridades, falta que se tomen las decisiones legislativas del rumbo que se ha de seguir.

Sobre una ley marco, debemos destacar la importancia, de esta no solo porque establece la autoridad rectora a la que nos hemos referido sino porque además fija las pautas generales para la interoperabilidad de las diferentes plataformas digitales utilizadas por organismos de Estado, el ecosistema de justicia por ejemplo, entidades autónomas y descentralizadas, en síntesis entre las diversas entidades gubernamentales; aspectos de generales del uso de firma electrónica por los funcionarios públicos, los mecanismos de retroalimentación por el usuario final a las instituciones y estandarización de tecnologías.

Sobre la asignación de recursos, expertos extranjeros han expuesto, en diferentes foros públicos realizados durante 2024, que la más clara expresión de voluntad política se ve reflejada en las asignaciones presupuestarias efectivamente implementadas en planes y proyectos derivados de una agenda digital de país, en la que confluye la acción de tanto del sector público como diferentes actores de la sociedad. La importancia de contar con recursos financieros para la transformación digital de un país es primordial por varias razones, pero principalmente porque se necesita el desarrollo de una infraestructura sólida, contar con sistemas de almacenamiento en la nube y sobre todo para mejorar la conectividad  para reducir la brecha de población que no tiene acceso a la misma, debiendo invertir en educación para desarrollar habilidades digitales en la población y aumentado las posibilidades de educación en línea. Así mismo, la inversión se debe dirigir al fortalecimiento a nivel nacional en materia de ciberseguridad creando las instancias de respuesta a posibles ataques, así como la protección de infraestructura crítica.

En resumen, contar con recursos financieros para la transformación digital es básico para impulsar la innovación, mejorar la educación y la capacitación, fortalecer la ciberseguridad, promover la inclusión digital y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

La transformación digital del país es una tarea en la que contribuimos todos, es una transformación cultural que requiere compromiso, colaboración y visión de largo plazo, pero estoy convencida de que podemos construir ese estado digital, donde los servicios públicos sean accesibles, eficientes y transparentes, en donde cada uno de estos procedimientos automatizados, contribuyen a fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones, al fortalecimiento de la seguridad jurídica en el país. 

La autora es coordinadora del Eje de Certeza Jurídica en Guatemala No Se Detiene

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“Me declaro insolvente, señor juez”: Así funcionarán las nuevas salas que liquidarán negocios

Los nuevos juzgados especializados en insolvencias funcionarán a partir de que se apruebe el reglamento de la ley que lleva el mismo nombre. Aunque quedan tres años, expertos creen que el OJ debe apresurar el paso.

Ximena Fernández

2 de diciembre de 2024 | 06:00h

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La ley de inoslvencias requiere de un juzgado especializado para conocer casos de insolvencia. (Foto Prensa Libre: Freepik)

En Guatemala no hay juzgados especializados en liquidar la operación de una persona individual o empresa. Pero para 2027 nuevos juzgados especializados en insolvencias deberían haberse creado, de acuerdo a la Ley de Insolvencias. Sin embargo, según Enrique Moller, socio de la firma MollerLaw y parte de Cámara Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham), aunque el procedimiento no ha topado con la fecha límite, ya se encuentra atrasado. Esto debido a la cantidad de pasos necesarios para la creación de dichos juzgados y a la posible entrada en vigencia del reglamento de insolvencias en 2025, con el cual más casos podrían ingresar a las cortes que no cuentan con una especialización. 

La Ley de Insolvencias, también conocida como el Decreto 8-2022, se encuentra vigente desde 2022. Dicha ley, para ser funcional, debe ser acompañada tanto de un reglamento como de nuevos juzgados especializados en temas de insolvencias. Estos últimos cuentan con un plazo de cinco años para ser creados. Moller señala que se necesita un tiempo considerable para culminar con la creación de estos juzgados, por lo tanto, tomando en cuenta que la ley entró en vigencia hace aproximadamente dos años, “ya vamos muy tarde” reiteró Moller. 

“Todavía estamos a tiempo”, expresó Karin Gómez, magistrada presidente de la Sala II de los ramos Civil y Mercantil, quien recordó que la ley solo lleva dos años vigente. La magistrada argumentó que el proceso de creación y protocolo es responsabilidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), puesto que estos estarán dentro de la categoría de la primera instancia civil. 

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Pasos para crear los nuevos juzgados de insolvencia 

Según Moller, la creación de estos nuevos juzgados consta de cuatro pasos esenciales que deben comenzarse a trabajar en los próximos años: 

1. Dentro de la CSJ, se debe establecer un grupo de trabajo multisectorial dentro de la propia CSJ. A partir de esto, se determinará el procedimiento a seguir y cuál será el origen de estos tribunales. Además, según Moller, este grupo de trabajo deberían integrarlo por lo menos un magistrado de la CSJ para verificar que todo lo discutido se realice. 
2. Debe haber una planificación y presupuesto de los tribunales y su composición. Moller puntualizó que actualmente al crear un tribunal se busca la misma administración para todos los juzgados. No obstante, Moller calificó esa fórmula como anticuada y señaló que ya no se encuentra acorde con las velocidades y la forma en la que deberían resolverse los problemas. 
3. Luego se debe perfilar a los candidatos ideales para el puesto. Para Moller, Guatemala tiene una cantidad limitada de jueces especializados. El socio de Mollerlaw indicó que se deben buscar a las personas especializadas, las cuales pueden ser parte del mismo sistema. No obstante, Moller reiteró que, si se sacan jueces de la justicia ordinaria, se deben sustituir por otros. 
4. Como último paso, se debe salir a buscar los candidatos con el presupuesto determinado. A partir de esto, se puede determinar cómo se crearán los juzgados y de dónde saldrá lo que se necesita para formarlos.

Gomez señaló que a pesar de que es la CSJ la encargada de la creación de estos juzgados, se podría comenzar con una sala piloto o juzgado piloto de Insolvencias. Sin embargo, Gómez admitió que la creación de estos juzgados es una cuestión administrativa y que la CSJ debe revisar y realizar todas las cuestiones para la creación de estos juzgados.

A pesar de la falta de juzgados especializados, Gómez recalca que los magistrados han tratado el tema a nivel de análisis y estudio de la normativa correspondiente. 

Con reglamento, pero sin juzgados

Con la posibilidad de contar con un reglamento de insolvencias el año próximo, pero sin juzgados especializados en la materia, el Organismo Judicial tendría que apoyarse en los jueces del orden ordinario, según Moller. No obstante, según el directivo, las resoluciones serían más superficiales, menos profundas en cuanto a la aplicación de la ley; los casos serían más tardados y se resolvería privilegiando la forma y no el fondo. 

Gómez también argumentó que el procedimiento de una insolvencia es completamente distinto. A partir de la ley, en este nuevo juzgado se tendrá la opción para llevar a cabo un proceso general y uno abreviado. Además, se introducirán los administradores concursales, quienes tendrán un perfil específico para poder actuar dentro del proceso del concurso.

Según Moller, un juez ordinario no podría contar con la preparación o el conocimiento para estructurar ordenadamente un tema de insolvencias. Gómez destacó, a partir de esto,  que es esencial la capacitación a los jueces especializados, “lo que nosotros teníamos normado es diferente y cambia el procedimiento”, aseguró Gómez. 

En la misma línea, Moller recalcó que al contar con jueces no especializados tratando este tipo de temas y basándose más en la forma que en el fondo, se puede perder la eficiencia del tribunal. Esto, a su vez, desemboca en una denegación de justicia, no por la falta de acceso a un juez, sino por la falta de profundidad en el caso. 

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Esta ley tendrá un aspecto importante según Gomez, la reorganización. En esta, la actividad financiera del deudor nunca dejará de funcionar, en su lugar se tendrá una continuidad para que tenga una oportunidad de reorganizar sus finanzas. 

Dentro de la ley, añadió Gómez, se dictaminan ciertos parámetros en los que se establece que el proceso de reorganización es pactado entre las partes, autorizado por el juez concursal. A partir de esto, se pueden proponer las soluciones y plan para la reorganización y pagos al acreedor. 

En el momento en el que se pacta esto frente al juez, el cumplimiento de lo acordado es obligatorio y posteriormente si no se lleva a cabo, se llevaría a la liquidación, explicó Gómez. 

La magistrada pronunció que hay también una diferencia en los casos voluntarios de los necesarios. En los casos necesarios, quién va a ser el coordinador de todo el proceso será el administrador concursal. Mientras que si es voluntario es que el que tiene la administración, se le pueden encomendar al propio deudor. 

Avanza reglamento para insolvencias: PGN entregaría resolución a Mineco la próxima semana

La Procuraduría General de la Nación dice que devolverá el expediente del reglamento dela Ley de Insolvencias al Ministerio de Economía, entidad que envió dicho documento hace aproximadamente un mes y medio. 

Ximena Fernández

22 de noviembre de 2024 | 06:00h

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El reglamento es indispensable para el funcionamiento de la ley de insolvencias. (Foto Prensa Libre: Freepik)

Declararse insolvente en Guatemala podría ser una realidad en los próximos meses, ya que las reglas para la Ley que fue aprobada en 2022 está por quemar un nuevo hito.

Según Luis Joel Recancoj, director de Consultoría de la Procuraduría General de la Nación (PGN),se trasladará la otra semana al Ministerio de Economía (Mineco) el dictamen jurídico respectivo. Valeria Prado, viceministra de Asuntos Registrales del Mineco, confirmó a Prensa Libre que aproximadamente hace un mes y medio fue enviado a la PGN para su revisión luego de cambios realizados a partir de petición de esta institución.  

La Ley de Insolvencias, también conocida como el Decreto 8-2022 estipula la creación de un reglamento que no se ha podido aplicar porque no se había elaborado desde la administración pasada.

Según Prado, el reglamento se elaboró en una primera redacción hace aproximadamente seis meses y fue enviado a la PGN para su revisión y aprobación. A partir de esto, Prado recalcó que la Procuraduría envió de regreso el reglamento con diversos cambios a realizar, los cuales se hicieron y se volvió a enviar a la espera de un dictamen favorable.

Recancoj explicó que al ingresar el expediente, se realizó un análisis de cómo se respondió a cada una de las consideraciones que se habían enviado por parte de la PGN y que luego deben enviarle el documento a él para que se otorgue el visto bueno al dictamen jurídico. “En este momento toca dar el dictamen y luego enviarlo al Ministerio (…) La próxima semana yo estaré trasladando el expediente a Mineco”, aseguró Recancoj. 

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Cambios solicitados 

Según Recancoj, en la PGN lo que se realiza es el análisis de la legalidad en la forma en la que se conformó el expediente administrativo. Añade que lo que buscan desde la institución es que el expediente cuente jurídicamente con todas las condiciones para que luego se pueda trasladar a la Presidencia para la firma y entrada en vigencia. 

Prado expresó que uno de los cambios fue sobre el ámbito financiero. “Hubo que  incorporar observaciones y recomendaciones proferidas por la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, las que se analizaron por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía y por la dependencia Financiera correspondiente”, expresó la viceministra. 

Además de esto, se corrigieron aspectos relacionados con la vía recursiva entre los cuales se encontraba incluir dictámenes concluyentes técnicos y jurídicos, constancias de simplificación de trámites de acuerdo con la ley y revisar que no entrara en conflicto con otra normativa vigente. 

La viceministra aseguró que los cambios que se realizaron son válidos, puesto a que el reglamento se inició desde antes de su  gestión y se centraban en la exposición de motivos y algunos temas legales que “si hacían sentido”.  

A partir de esto, Prado expresó que esperaría que la PGN no solicitara nada adicional a lo que ya se había pedido con anterioridad. “Lo lógico es que ya me entregaran un dictamen favorable porque yo hice las modificaciones que ellos me requirieron”, mencionó la viceministra. 

Ana Isabel Antillón, coordinadora de Certeza Jurídica de la iniciativa de Guatemala No Se Detiene, pronunció que a partir de este instrumento, el Organismo Judicial también podrá proceder a crear los juzgados especializados en esta materia, además del registro de administradores concursales, entidad que sería parte del Mineco y atendería los temas relacionados a insolvencias.  “Entonces para que realmente el mecanismo funcione, necesitamos tener el reglamento, tener el registro de administradores concursales y los juzgados especializados en el OJ”, señaló Antillón. 

Vigencia del reglamento

Para Prado, el reglamento debería entrar en vigencia lo antes posible. La viceministra aseveró que no debería pasar del primer semestre de 2025 sin la vigencia de este reglamento. “Se sale un poquito de mi competencia porque dependo de la PGN. Pero la PGN debiera resolver lo antes posible”, pronunció la viceministra.

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Reactivación económica

Antillón recordó que de acuerdo con los plazos de ley, la creación de este reglamento ya se encuentra atrasada, por lo que los instrumentos legales deberían estar lo antes posible para poder poner a funcionar dicha normativa de insolvencias. 

Por otro lado, Prado señaló que recientemente no se ha tenido una conversación con los de la PGN. En la misma línea, Recancoj mencionó que a nivel institucional, cuentan con 20 días hábiles para dar el informe según las normas y procedimientos.

Para la conformación de este reglamento no solo se cuenta con la participación del Mineco, y la PGN, sino también de la Secretaría General de la Presidencia y el Ministerio de Finanzas en el momento en el que se cree el registro. Y para todas estas instituciones, Antillón aseguró que el tema de insolvencias debería ser colocado como prioritario. 

En qué consiste el Gran Acuerdo por la Transparencia que busca “recuperar las instituciones”

A partir del Enade 2024, se propuso crear un gran acuerdo para generar proyectos que se centren en temas estructurales del país para promover una cultura de transparencia. 

Ximena Fernández

31 de octubre de 2024 | 13:38h

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El Gran Acuerdo por la Transparencia necesita de diversos actores para comenzar a plantear proyectos. (Foto Prensa Libre: Freepik).

El Gran Acuerdo por la Transparencia fue un término mencionado por Ana Isabel Antillón, quien lidera la mesa de certeza jurídica de la iniciativa Guatemala No Se Detiene durante el Enade 2024. Antillón mencionó que, para lograr este acuerdo que busca combatir la corrupción desde múltiples instancias, es necesaria la creación de un grupo promotor conformado por actores de diferentes ámbitos que impulsen una cartera de proyectos que se centren en temas estructurales del país. 

Antillón mencionó durante el congreso, que Guatemala actualmente cuenta con una puntuación de 23 puntos sobre 100 en el índice de Percepción de la Corrupción. Por esta razón, desde el 2022, la iniciativa Guatemala No Se Detiene, propone que se aborde un Acuerdo Nacional por la Transparencia, explicó Antillón, el cual busca generar proyectos para abordar problemáticas institucionales del país. 

Para este acuerdo, son necesarios diversos actores que provengan del ámbito religioso, público, académico y privado, según mencionó Antillón. “El abordaje que hagamos contra la corrupción tiene que ser integral y a largo plazo”, señaló Julio Flores, director ejecutivo de la Comisión Nacional Contra la Corrupción, quien agregó que para crear estas reformas para el combate de la corrupción, es necesaria la creación de consensos. 

“Cabe aclarar que esta lucha es junto con el sector privado, porque somos parte de un mismo equipo”, puntualizó Flores, quien aseguró que todos buscan el objetivo de recuperar las instituciones. Asimismo, Pablo Hurtado, secretario ejecutivo de Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), menciona que en este Acuerdo tendría que participar toda la sociedad para cimentar una cultura de transparencia en el país. 

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Flores expresó que el contar con instituciones transparentes es para conveniencia de todos, por lo que, este gran acuerdo, beneficiaría a que todos los sectores se puedan sentir representados en los consensos. Asimismo, asegura que el objetivo que tienen en común con todos los actores es el de recuperar las instituciones en favor de la población. 

Hurtado aseguró que la lucha contra la corrupción es posible bajo una promoción de la transparencia, la cual, a su vez, se logra a partir de un acuerdo entre todos los actores y los objetivos comunes que se esperan alcanzar y trabajar en estos. “Es importante pensar en un acuerdo de transparencia porque al vivir en una sociedad tan polarizada, es más fácil encontrar diferencias a lo que tenemos en común”. 

Próximas acciones

El primer paso, según Antillón, para concretar este acuerdo, es formar un grupo promotor. “Es en donde estamos”, señaló. Flores reafirmó que es necesario que todos los actores estén de acuerdo y que, desde el ejecutivo se han realizado consensos con los pueblos indígenas, el sector público e incluso con el sector privado. Asimismo, expresó que el Gran Acuerdo por la Transparencia es parte de las prioridades del Gobierno. 

Según Flores, existen diversos temas que coinciden entre las diferentes pláticas que se han realizado, entre las que se encuentra: conflictos de interés, servicio civil, contrataciones del estado y fortalecimiento del control interno. 

No obstante, Hurtado señaló que crear un acuerdo nacional requiere tiempo y necesita que se sumen los actores poco a poco. “Por supuesto que hay que diseñar incluso una estrategia para poder ir presentando a otros actores a otros sectores de lo que se trata y poder encontrar juntos, cuál es ese acuerdo, no se puede tratar de un acuerdo preestablecido y que sea solo para adherirse, sino tiene que ser un acuerdo que sea construcción de todos los de toda la sociedad guatemalteca”, expresó Hurtado. 

Del mismo modo, Flores argumentó que actualmente se cuenta con una instancia llamada Consejos Delegados dentro de la Comisión, en donde participan sectores como la academia, pueblos indígenas y el sector privado. Flores señaló que esta instancia es como un órgano de acompañamiento de asesoría a la Comisión que busca proponer medidas positivas que impactan todos los sectores de la sociedad. 

Futuros proyectos 

Después de la creación del grupo promotor, Antillón menciona que se debe comenzar con la creación de una cartera de proyectos que atiendan los problemas mencionados anteriormente. “Se tiene que terminar de definir en este diálogo y traducirse en un plan de trabajo con acciones concretas”. 

Desde el gobierno, Fuentes aseguró que se han iniciado iniciativas para proveedores transparentes y se encuentran trabajando en la revisión de bases de verificación para tener una competencia justa. Hurtado puntualizó que es necesaria la búsqueda de los acuerdos y los actores para poder analizar los puntos principales de este acuerdo. 

Trámites digitales reducirían el gasto de usuarios hasta en 60% y el tiempo hasta en 78%

La nula movilización, poca necesidad de personal y ventanillas de atención al cliente son aspectos que se consideran un ahorro tanto desde el sector interno de las instituciones como para los usuarios, indican expertos.

Ximena Fernández

25 de octubre de 2024 | 16:50h

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Uno de los mayores ahorros para la población a partir de la digitalización de trámites será la nula movilización por el tráfico. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

A partir del inicio de la digitalización obligatoria de todos los trámites del estado, los gastos indirectos de realizar un proceso de trámite podrían reducirse hasta un 60%, aseguraron Estuardo Paganini Socio de Deloitte Legal y Manuel Lara Gerente Senior de Deloitte Legal.

“Se llegó a este porcentaje comparando los gastos indirectos y el tiempo invertido que conllevan las gestiones al efectuarlos de forma digital versus forma tradicional”, indicaron los integrantes de Deloitte, quienes agregaron que el ejercicio se realizó principalmente en el Ministerio de Economía —con el trámite de dar de alta una sociedad en el Registro Mercantil— y en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social.

La digitalización de trámites de todas las instituciones del estado comenzó a partir de la ley 5-2021 para la simplificación de requisitos y trámites administrativos, la cual tenía estipulada que el 31 de agosto del presente año, los trámites de todas las entidades debían estar digitalizadas. Según Edie Cux, comisionado presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico (GAE), se encuentran disponibles en línea alrededor de 846 trámites. 

A partir de esta digitalización, Enrique Cossich, exdirector de la GAE y parte de la formulación de esta ley, expresó que el ciudadano en lo único que tendría que invertir es en las tarifas que las instituciones cobran por los diferentes trámites. Asimismo, desde el ámbito interno, Cossich aseguró que se busca la automatización del servicio, desembocando así, los costos de operación. “Presentar el servicio de forma presencial es más caro que prestarlo en forma digital, estos ahorros también, de alguna forma, se tienen que trasladar al ciudadano”, puntualizó Cossich. 

Según un estudio publicado en el 2018 por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), titulado “El fin del trámite eterno”, los trámites digitales se demoran un 74% menos que los trámites presenciales, tienen menores costos y reducen la incidencia de corrupción. Asimismo, dentro de este mismo estudio, se destacó que en Guatemala se necesitaban un promedio de 4 horas para la realización de un trámite, en comparación con Chile, país que en ese entonces era un ejemplo de la digitalización y cuyos tiempos descendían a dos horas por trámite. 

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Reducción de gastos 

Según Cossich, los ahorros vienen desde distintos ámbitos debido a la digitalización y destacó los que se pueden generar a nivel interno y externo, o sea, dentro de la institución y de cara al usuario. 

El exdirector de la GAE enfatizó en la movilización como uno de los gastos primordiales que se realizan cuando un trámite es físico, especialmente para los que habitan en el interior del país. “ Desde el hecho de que pueda hacer un trámite desde su casa y no tenga que apartar días para hacer el viaje a la ciudad, o quedarse en la ciudad si el viaje le va a tomar varios días”, expresó Cossich.

Dentro de la misma línea, Devadit Barahona, miembro de la junta directiva de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), externó que el desplazamiento suele ser más caro que hacer la gestión por medio de un teléfono o una computadora. “Hay trámites que están centralizados en la ciudad”, señaló Barahona, quien mencionó que los costos de una persona que vive en los departamentos más alejados sería mucho más alto que el de una persona que solo debe trasladarse un par de zonas dentro de la ciudad.  

Por otro lado, desde dentro de la institución, Cossich recalcó que la digitalización permite que no se necesiten tantos trabajadores en el sector de trámites, por lo que este personal puede dedicarse a otras áreas productivas. Del mismo modo, el exdirector de la GAE precisó que hay instituciones que manejan bodegas llenas de documentos, por lo que se observan gastos en el escaneo de documentos, impresiones y papel. 

“Hay mucho costo asociado con el trámite presencial”, aseguró Cossich, quien mencionó que mantener las ventanillas de atención al público también son un ahorro gracias a la digitalización. Ejemplificó esto con los antecedentes policiales, el exdirector de la GAE expresó que en donde antes se necesitaban 20 ventanillas, ahora se necesitan solamente de dos a tres aproximadamente. 

Inversiones y retos 

Paganini y Lara expresaron que a pesar de que aún es temprano para identificar y/o cuantificar la pérdida de oportunidades de inversión extranjera por la  falta de digitalización de trámites, se puede estimar que el hecho de no ofrecer estos servicios de manera digital pueden hacer de Guatemala un sector menos atractivo para las oportunidades externas que podrían presentarse. 

En su lugar, al contar con procesos digitales, Paganini y Lara reconocieron que permite al país ser más eficiente y rentable a nivel de inversión de tiempo y resultados deseados. De esta manera, Paganini y Lara pronunciaron que los usuarios podrían realizar sus trámites con certeza y confiabilidad en el sistema. 

Por qué no se podrá lograr la meta de digitalizar el 100% de trámites en diciembre

Lograr que los ministerios estén conectados y que entidades como Salud dispongan de todos sus trámites en digital, son primeros desafíos para lograr meta en el sector público.

Ximena Fernández

22 de octubre de 2024 | 06:00h

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Trámites del Ministerio de Salud no se digitalizarán a tiempo para completar antes de que se termine el año. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

A pesar de que el presidente Bernardo Arévalo, durante su discurso en el Encuentro Nacional de Empresarios por el Desarrollo (Enade), aseguró que todos los trámites de todas las dependencias del estado se encontrarían digitalizados antes de terminar el año, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) confirmó que no finalizará la digitalización de trámites este año. 

Desde el 31 de agosto del presente año, los trámites de todas las entidades públicas debían estar digitalizados al público, según la ley 5-2021, para la simplificación de requisitos y trámites administrativos. Actualmente, hay alrededor de 846 trámites ya disponibles a los usuarios en formato digital, expresó Edie Cux, comisionado de Gobierno Abierto y Electrónico (GAE). Cux mencionó que  de estos trámites, algunos ya se están cobrando mientras que otros están esperando todavía el marco normativo que se encuentra, según Cux, ya avanzado.

Cux expresó que la mayoría de los sistemas ya se encuentran en línea, funcionando y operando. “Hemos estado monitoreando instituciones como el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga) y el Ministerio de Ambientes que ya prácticamente tienen sus plataformas en línea”, indicó el director de la GAE, quien agregó que espera que a finales de año se tengan disponibles al público todos los sistemas ya completos. 

El MSPAS es uno de los retos más grandes, expresó Cux, quien explicó que se ha trabajado en conjunto con el ministro para avanzar en cuestiones de digitalización, especialmente con los más urgentes. No obstante, Ana Luisa Olmedo, vocera de salud del MSPAS, indicó que a pesar de los avances realizados, no considera que sea posible tener todo listo para este año. “No creo que los tiempos nos favorezcan para pensar en finalizarlo todo” puntualizó Olmedo, quien argumentó que para noviembre se podrán lanzar ocho de los trámites pendientes de digitalización, los cuales están relacionados con regulación de alimentos y autorizaciones sanitarias.

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Amán Sánchez, abogado y notario, explicó que una institución pública, para poder digitalizar un trámite, primero debe fundamentarse en ley lo que quiere decir que deben ver las leyes que los rigen para luego simplificar los trámites. “Se hace un análisis de simplificación para determinar cómo quedaría el trámite digitalizado y qué ventajas va a tener al ponerlo en línea”, aseguró Sánchez, quien mencionó que luego de esto, ya se puede comenzar con la creción de sistemas y las aplicaciones para que los usuarios puedan utilizar los trámites.

En el análisis jurídico, Sánchez indicó que las entidades podrían tardarse alrededor de uno a tres meses y en análisis de simplificación podría tardarse de tres a seis meses. Asimismo, indicó que para la creación de los sistemas se podrían tardar de uno a dos años. Por lo cual, el MSPAS, el cual no contaba con sistemas a principios de año, según Sánchez, sería casi imposible. “A menos que tengan bastante dinero para un equipo grande de informáticos”, argumentó Sánchez.

Una buena tramitología 

Devadit Barahona, miembro de la junta directiva de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), expresó que digitalizar procesos y trámites es un proceso muy amplio. “Decir que el 100% de los trámites serán digitalizados es un avance”, indicó Barahona, no obstante. indicó que no es suficiente para el usuario, puesto que falta mucho por hacer todavía, entre esto, la simplificación de pasos dentro de los trámites. 

Barahona argumentó que los ministerios, hasta cierta medida, cumplieron con la digitalización, sin embargo, el miembro de la junta directiva de Agexport expuso que no se siente una diferencia en cara al usuario. Esto último, explicó, podría deberse a un tema de fondo que se trae desde el levantamiento de los trámites que se definieron en el momento de la definición de la ley. 

“Lo que pasa es que algunos trámites, en lugar de hacerse físicos, se pasaron a digital en el sentido de que se descargan, se firman físicamente y se escanean para cargarse de nuevo”, expresó Barahona, quien aseguró que esto es una forma de digitalización incorrecta. En su lugar, Barahona expresó que los archivos deberían ser nativos digitales para que puedan llenarse y solicitarse desde un dispositivo electrónico. 

A esto, Cux expresó que efectivamente, no se trata de solo subir formularios. El director de la GAE aseguró que entre los puntos de digitalización se tienen abarcados puntos como la firma electrónica, y las pasarelas de pago. Estos puntos, aseguró Cux, estarán listos también a finales de año. 

Próxima interoperabilidad 

Asimismo, Barahona expresó que para realizar una buena digitalización, debe haber interoperabilidad entre los sistemas de las diferentes dependencias del estado. Todas las bases de datos, según Barahona, deberían poderse conectar entre sí, tanto dentro del mismo ministerio como con las otras instituciones públicas. Sin embargo, Barahona indicó que para que esto suceda, debe haber una mayor madurez de los ministerios para poder aliarse entre sí y sus bases de datos para luego poder conectarse con los demás. 

Cux aseguró que desde la GAE ya se encuentran recuperando información de los diferentes sistemas utilizados por las entidades para poder generar un estándar de interoperabilidad. Cux expresó que han tenido apoyo por parte de Estonia, país que les ha ayudado a desarrollar estándares a tener y la infraestructura tecnológica para lanzar proyectos piloto a partir del siguiente año. 

“La idea de la interoperabilidad es que se genere un lenguaje único para todos, es una red de confianza”, explicó Cux. El director de la GAE aseguró que esto serviría como una verificación de estatus, en la cual las dependencias podrán requerir información internamente haciendo innecesario realizar un trámite dos veces. 

Presidente del Enade 2024 plantea que en cinco años la digitalización ayudará a crear un Observatorio de Certeza Jurídica

Durante el Encuentro Nacional de Empresarios (Enade) se presentará propuesta para mejorar el clima de negocios y certeza en el país.

Urias Gamarro

7 de octubre de 2024 | 05:00h

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Stefano Olivero, presidente del comité organizador del Enade 2024 que se llevará a cabo este jueves 10 de octubre. (Foto Prensa Libre: María Reneé Barrientos)

Este año el tema central del Encuentro Nacional de Empresarios (Enade) 2024, es “Certeza jurídica, un estado digital y transparente para un país más eficiente”, que se realizará este jueves 10 de octubre en un hotel de la ciudad de Guatemala.

Stefano Olivero, presidente del comité organizador del Enade, expuso la importancia del por qué abordar este tema, así como una visión de lo que se esperaría en el corto plazo con la propuesta que se planteará por la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) durante el evento empresarial.

¿Por qué Guatemala debe dar ese giro hacia la digitalización?

Debe hacerse el compromiso firme para dar el paso a la digitalización dado que las instituciones lo necesitan. No se puede hablar, solo de ese compromiso, sino que también de los riesgos, por lo que es una serie de componentes que hacen que esa responsabilidad hacia adelante se vuelva una realidad.

¿Qué se necesita hacer?

Primero lo que debemos hacer es desarrollar la infraestructura tecnológica, mejorar la red y sus servicios, así como la red eléctrica, que tienen que ir acompañados por la educación y formación para que las personas las puedan utilizar.

Esos son los componentes y compromisos para poder dar ese giro por qué es un ecosistema que tiene diferentes tipos de influencia. Se necesita que el ciudadano lo crea, ya que va constantemente al cambio, y lo que necesitamos es reforzarlo. Aquí es donde vienen los riesgos, porque la digitalización debe ir de la mano de la ciberseguridad y la protección.

En una conceptualización, ¿por qué es importante para la sociedad?

Guatemala no es muy distinta de cualquier otro de los países en vías de desarrollo o desarrollados; lo que necesitamos ahora es poder dar ese paso. Durante la pandemia, el mundo cambió, y una de las lecciones que nos dejó, es cómo se van a mejorar las relaciones, comprender las nuevas formas de comprar y consumir; el entretenimiento y todo lo relacionado a ello va caminando hacia la digitalización.

¿Por qué no pensar de manera ambiciosa?, en que los servicios que presta un estado hacia los ciudadanos deben ir hacia esa misma línea, y cómo podemos acercar los modelos de digitalización a las personas para hacerlos más eficientes para que ayuden a facilitar esa interacción con el estado de Guatemala.

¿Cuáles sería las claves para una digitalización?

Lo que se busca es cómo se le brinda más certeza jurídica al ciudadano, es decir, en devolverle la confianza en las instituciones que tanto se necesita y la digitalización es el vehículo dentro del cual vamos a lograr una mayor certeza jurídica.

Aclaro que no es la solución, por qué no estamos hablando de una certeza jurídica a través de la digitalización, sino que es el vehículo que vamos a utilizar.

¿Por dónde iría la propuesta en el Enade?

Por un estado cien por ciento digital, así de cómo se puede modernizar el Organismo Judicial, por lo tanto, buscamos de como sea más moderno y que con ello pueda prestar un mejor servicio a los ciudadanos que necesitamos, ya que la justicia es vital en la sociedad. La modernización, no solo es la digitalización, sino de otras reformas a las leyes vigentes, reglamentos, y quisiera que en el Enade podamos concluir en que a un ciudadano el estado le presta un buen servicio, y que por ahí vamos.

También hay un gran acuerdo nacional por la transparencia que pretende reunir a todos los actores de la sociedad civil, sector privado organizado, academia, sector público, la iglesia y que todos demos un paso hacia el compromiso para que nazcan propuestas de reformas al Servicio Civil, reformas a la Ley de Amparos, incluso hasta reformas a la elección de magistrados, por lo que observamos recientemente, y buscar modernizar las normativas que hoy nos han funcionado y que hemos utilizado durante varios años, pero qué ahora se necesita un cambio.

También, cómo se le puede brindar el seguimiento después del Enade, por lo que se propone la creación del Observatorio de Certeza Jurídica, que tendrá las funciones de brindar el seguimiento a todos estos procesos que estamos implementando, incluyendo la digitalización, y cómo se puede apoyar a todas las instituciones que, en forma individual o colectiva están implementando un mejor servicio por medio de la digitalización para todos con una medición con cifras.

Dentro de este ecosistema hacia la digitalización, ¿cómo se pude ganar la confianza al ciudadano? 

Estamos hablando de un gran esfuerzo para poder cambiar en la forma en que se hacen las cosas ¿quién en la calle ahora no cuenta con un dispositivo inteligente?, que le ayuda a facilitar temas de información o comunicación eso significa que ya estamos acostumbrados.

Entonces, brindar ese paso en el que las personas ya no necesitan asistir a todas las instituciones, pedir permiso en sus trabajos o salir de los hogares, pues de alguna manera, es poder brindar esas herramientas para que puedan interactuar, pero deben estar respaldadas con cierta certeza de lo que se está realizando y que cuente con esa seguridad.

Es una transformación que estaríamos viendo, y que todos la pueden utilizar y beneficiarse de ello. No estamos comenzando desde cero, pero hay ciertos retos, y queremos buscar que todas las instituciones se conecten, se comuniquen a través de la tecnología que es el reto para trabajar en los siguientes años.

En su horizonte, ¿qué visualiza para los siguientes cinco años?

Este Enade 2024 tiene que abrirnos los ojos a todos de que esto es posible. Primero, porque ya lo tenemos y ya lideramos en muchos temas tecnológicos, por lo que dar ese paso a la digitalización no es difícil. Con esos ciertos avances e iniciativas tenemos que adoptarlo como un compromiso de estado, pero debe haber un ente rector, porque no lo puede hacer por su lado el Ministerio de Economía, o la cartera de Finanzas, la Municipalidad por el otro, sino que una sola autoridad que los coadyuve, pero sin generar la burocracia, para no entramparlo.

¿Qué vislumbró de aquí a cinco años?, que todas esas instituciones puedan brindar ese paso que puedan y comienzan a prestar un mejor servicio a los ciudadanos, se reduzcan los tiempos de espera, los costos y que de alguna manera se reduzca la corrupción.

Al dar ese paso, reitero, el futuro que nos menciona, que podamos ser mucho más eficiente y brindar mejores resultados, así como poder incorporar la inteligencia artificial a todos estos procesos.  Hace poco tuvimos un consultor chileno, que nos explicaba que la inteligencia artificial, no viene a reemplazar el trabajo, sino que explicaba que es una herramienta, que es matemática y que en microsegundos les explica a las personas cómo hacer mejor su trabajo.

¿Por qué es importante para el clima de negocios la digitalización y la modernización?

Cualquier empresario o tomador de decisión estará ahora, en este momento en el sector en que se encuentre utilizando la tecnología para sus ventajas; las están empleando para ver como mejora sus procesos, sus ventas, la atención al servicio al cliente y mejora todo en el sector privado.

Entonces, el sector privado lo está ejecutando entonces ¿por qué no lo puede hacer el sector público?, y al momento que se pueda incorporar le brindará un mejor servicio a los agentes económicos, que se traduce en confianza, y eso es la certeza. Si se puede regresar esa confianza y certeza al inversionista, que mejor que pueda invertir más, y a los que ya están acá crezcan y que se expandan, por qué aquí sus inversiones están bien cuidadas. 

La digitalización es el vehículo que nos genera la certeza jurídica y eso le da confianza a los empresarios, a los tomadores de decisiones, a los ciudadanos, al consumidor, el comerciante, es un beneficio integral que alcanzará a toda la población.

Documental busca combatir corrupción en inversiones de infraestructura en Guatemala

La Cámara Guatemalteca de la Construcción (CGC) presentó el documental “Relaciones peligrosas: infraestructura, la corrupción como costumbre”, como parte de un plan de acción que busca contribuir a una reforma institucional y legal que integre la transparencia, certeza jurídica y la eliminación de conflictos de interés en la toma de decisiones y la gestión de la obra pública en Guatemala.

Vida Empresarial

16 de febrero de 2024 | 16:05h

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Según un comunicado emitido por la CGC el documental arroja luz sobre los desafíos y las prácticas corruptas en la contratación, ejecución y supervisión de obras públicas en el país y evidencia el compromiso de los asociados de la CGC de apoyar todos los esfuerzos destinados a transparentar los procesos relacionados con la obra pública en Guatemala.

 “La exposición de la cooptación del sistema es un paso crucial para impulsar cambios significativos y mejorar la planificación, contratación y ejecución de proyectos”, expone el comunicado.

 El director ejecutivo de Cámara Guatemalteca de la Construcción, José Fernando Orellana Wer, explicó que uno de los principales problemas identificados es la falta de planificación basada en criterios técnicos, en la que prevalecen intereses y compromisos políticos. “La Cámara considera que cualquier medida de política pública en este ámbito esté orientada en una planificación basada en criterios técnicos para evitar conflictos de interés y garantizar beneficios tangibles para los usuarios”, expresó.

El directivo agregó que Cámara Guatemalteca de la Construcción destaca la importancia de que cualquier política de infraestructura forme parte integral de la estrategia de desarrollo económico nacional. Enfatizó la necesidad de establecer un sistema competitivo de empresas constructoras, y promover la transparencia, la cultura de legalidad y la certeza jurídica para atraer contratistas de calidad.

Asimismo, Orellana Wer resaltó que la sobrevaloración y la baja calidad de obra son problemas persistentes que requieren soluciones inmediatas. “Nuestra Cámara aboga por la obtención de información de mercado precisa y la vinculación de la inversión en compras y contrataciones a datos de calidad, materiales y precios. La proyección de este documental es parte de un plan de acción, que incluirá actividades y proyectos adicionales en los próximos meses, para contribuir a una reforma institucional y legal que integre la transparencia, certeza jurídica y la eliminación de conflictos de interés en la toma de decisiones y la gestión de la obra pública. Juntos, trabajemos hacia un futuro donde la infraestructura sea un motor de desarrollo y progreso para Guatemala”, concluyó.

El documental fue producido por Naranja Media.

El Reporte de Libertad Económica 2022, es una iniciativa del Instituto Fraser, elaborado por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) y la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad y evalúa los avances en los países en cinco áreas: Tamaño del gobierno; Sistema legal y derechos de propiedad; Acceso a una moneda estable; Libertad al comercio internacional; y Regulación de los mercados de crédito, trabajo y empleo.

El descenso mencionado estuvo determinado por las limitaciones en comercio internacional, regulaciones al sector privado, aumento de subsidios, el debilitamiento del Estado de derecho, del sistema de justicia y de la certeza jurídica, destaca el informe. Esto demuestra que se están limitando las libertades individuales, lo que obstaculiza el desarrollo de una economía más productiva y competitiva.

Las peores notas

Verónica Spross, investigadora asociada del CIEN, detalló que en el reporte 2022, la peor calificación de Guatemala está en la variable de regulación de los mercados, donde se ubica en la posición 105, derivado de las barreras burocráticas y administrativas que limitan el derecho a la libertad económica e individual.

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Según Spross, en el sistema legal y derecho de propiedad del país ocupó el puesto 97, por lo que “todavía es necesario hacer mayores reformas a la justicia y que exista una certeza jurídica para las libertades individuales y económicas. Sobre todo, proteger los derechos de propiedad privada, no más impunidad y lograr cortes independientes”, indicó.

La integridad y eficacia del sistema legal en Guatemala es muy baja, aunque en 2019 tuvo 4.41 y subió a 4.78 en 2020. Esto repercute en la falta de certeza jurídica, debido a que los jueces, magistrados y fiscales de las cortes han sido acusados de corrupción y tráfico de influencias a favor de grupos de políticos comprometidos con grupos clientelares o el crimen organizado.

“Incluso, empresarios se han adaptado a este sistema poco transparente. Esto dificulta que nuevos empresarios puedan invertir libremente y generar competitividad con sus negocios porque se encuentran con barreras en el sistema legal, privilegios fiscales, prácticas que rayan en áreas grises de la institucionalidad y otras trabas que dificultan su operación”, detalla el informe.

María Isabel Bonilla, directora del área legal del CIEN, consideró que los indicadores del reporte deben llevar a la ciudadanía a cuestionarse ¿Cuál es la política pública que se impulsa desde el gobierno y otros organismos estatales para gozar de la libertad?, o ¿qué significa seguir ocho años con la misma Corte Suprema de Justicia, porque el Congreso no ha cumplido con nombrar nuevos magistrados?

La investigadora del CIEN añadió que en materia de transferencias y subsidios, Guatemala había mantenido una media de 9.88 entre 2010 y 2019. Sin embargo, en 2020, año base para el informe 2022, bajó a 8.96 puntos, lo que equivale a una caída de 92 decimales.

De acuerdo con el informe, el alza internacional de precios de los combustibles, las materias primas, la crisis en la cadena logística del comercio y la guerra entre Rusia y Ucrania, impactaron la economía de las personas. De ahí que el gobierno de Alejandro Giammattei y el Congreso de Guatemala hayan impulsado subsidios a la energía eléctrica, al gas propano, al combustible y a estipendios para agricultores.

Según Congreso Eficiente, citado en el reporte, en el primer período legislativo 2022, el Congreso aprobó cuatro subsidios y seis decretos con ampliaciones presupuestarias y un préstamo. “Al cierre del ejercicio fiscal 2022, se estima como saldo en circulación de la deuda pública un monto de Q222 mil 552.4 millones, que corresponde al 32% del Producto Interno Bruto (PIB) estimado por el Banco de Guatemala para dicho año”, se lee en el documento.

Lo positivo

No obstante, en el Informe de la Libertad 2022, Guatemala mantuvo la primera posición del ranking de 165 países en la categoría del tamaño de gobierno, debido a que mantiene un gasto público limitado y una recaudación fiscal moderada.

Para el Nicholás Virzi, director de Análisis Estratégico de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), más que tener un Estado pequeño, lo que se observa en Guatemala es un aparato estatal ineficiente y rígido. Consideró que hace falta una mejor calidad del gasto público, pues “con los mismos recursos actuales, se podría hacer más en política pública”.

Por otra parte, en la categoría de dinero robusto, Guatemala está en la posición 32 y subió 7 posiciones en 2022, ya que a pesar del aumento de la inflación, la moneda es fuerte ante el contexto internacional, aparte de que el sector privado y el gobierno han mantenido una relación cercana.

Con relación a la libertad de comerciar internacionalmente, el país se ubica en la posición 53, esto significa que está entre los países que reportan mayor libertad de intercambiar entre países, al comprar, vender y formalizar contratos, entre otros.

Mirada regional

Hugo Maúl, director del Área Económica del CIEN, indicó que esta es la octava edición regional del Reporte de Libertad Económica, lo que permite contar con un indicador que determine avances y retrocesos en las distintas variables.

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Al comparar el comportamiento de los países centroamericanos, se observa que:

• Costa Rica es el país con mayor libertad económica, ocupando la posición 29 en el ranking.
• Nicaragua está en el número 82 y presenta un rezago considerable respecto al resto de países centroamericanos.
• El Salvador se ubica en el puesto 64 de 165 países y registra importantes avances en tres indicadores estudiados.
• Honduras está en el puesto 70.
• Panamá está en la posición en el 31.

Gabriel Biguria, vicepresidente de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), consideró que lejos de comparaciones entre países, se deben ver los indicadores de forma regional, dada la interconexión comercial, pues el desempeño de la libertad económica en cada país puede repercutir en los otros.

Dato de interés:

Posición de Guatemala respecto de 165 países

• 2021: puesto 32
• Puntuación: 7.8 puntos
• 2022: puesto 31
• Puntuación: 7.59 puntos

“Trabajar para fortalecer nuestra certeza jurídica es importante para continuar posicionando a Guatemala como el destino ideal para aprovechar las ventajas del nearshoring y, sobre todo, dado que es un aspecto que eleva la confianza del país y de sus instituciones. Este convenio pondrá énfasis en la aplicación de la Ley para la Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos, con el fin de digitalizar los trámites en Guatemala y hacer una transición a la modernización de la prestación de servicios”, dijo el ministro de Economía, Janio Rosales.

Según Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa, entidad que acompaña y brinda asesoría técnica en los procesos de digitalización, señaló que, mediante este convenio, los representantes de las instituciones firmantes del convenio asumen el compromiso de fortalecer sus capacidades de cara a la digitalización de los servicios que prestan a la población.

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Entre los firmantes del convenio están representantes de los ministerios de Finanzas, Salud, Ambiente, Agricultura y la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico; además de la comuna capitalina y de la CGC. “El mayor beneficio de la digitalización es reducir los costos de cualquier operación o trámite ante los diferentes ministerios. Se descentralizarán y simplificarán los servicios al poder realizarse en línea y desde cualquier lugar”, agregó Zapata.

Tareas

De acuerdo con el convenio, la mesa técnica se enfocará en cuatro aspectos: fortalecimiento de la vinculación interinstitucional en esta temática, elaboración de propuestas de mejora de trámites administrativos; creación de portales interinstitucionales para trámites que se relacionen con un mismo fin o que estén vinculados a un sector específico; e identificar iniciativas que permitan la implementación de un laboratorio digital que ayude a la modernización y digitalización del Estado.

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“La ruta planteada en cuanto a la certeza jurídica es transversal al resto de las mesas que conforman el Plan Guatemala no se Detiene y tengo que destacar que es una ruta ambiciosa y de largo plazo, cuya implementación coadyuvará a mejorar la competitividad del país, pero sobre todo, a crear más y mejores fuentes de empleo”, afirmó José Santiago Molina, representante del plan Guatemala no Se Detiene.

En el marco del dicho plan, se han suscrito otros tres convenios de cooperación, siendo estos el de la mesa de atracción de inversión, el de infraestructura y el de capital humano.

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En una carta abierta emitida por dicha entidad insta tanto a la población como a las instituciones de planificación política, así como a las organizaciones involucradas en el desarrollo de los planes de gobierno, planes de promoción comercial, de crecimiento económico y de desarrollo del país a considerar dentro de sus propuestas y aportes para el desarrollo las siguientes acciones:

• Certeza jurídica

La certeza jurídica es necesaria para que se produzca inversión extranjera y crecimiento económico, equidad y respeto entre los poderes del Estado.

Esto garantiza su funcionamiento y permite establecer y mantener reglas claras para la atracción de inversión local y extranjera.

La organización refiere que la certeza jurídica es pilar fundamental para el desarrollo de Guatemala y dentro de ésta existe sin duda la necesidad de contar con una Ley de Competencia.

Además, es necesario promover condiciones legales para un pleno desarrollo de inversión extranjera, que permita incrementar la oferta de puestos de trabajo en la economía formal.

• Comunicaciones

En comunicaciones se requieren propuestas de solución a la infraestructura del país, que permita una locomoción y movilidad entre ciudades y grandes urbes.

El Aeropuerto Internacional La Aurora y la mejora de carreteras es un tema urgente.

Dar continuidad a planes de medios de transporte público, como el Metro Riel, que resuelvan las necesidades actuales y que tengan suficiente previsión a futuro para satisfacer las necesidades de transporte según el crecimiento de la población.

• En educación y salud

Fomentar las condiciones que permitan el desarrollo integral y capacitación general de todo tipo de técnicos y profesionales para mejorar la calidad de vida en el país.

Estos son pilares básicos para el desarrollo del país, donde resulta necesaria una modernización del sistema y planes de formación profesional, que integren la participación de la vida privada.

Alemania cuenta con el sistema de Educación Dual que es un ejemplo de los alcances que tiene este método, se agrega.

• Economía y turismo

Fomentar las soluciones para el acceso a créditos y microcréditos a la población, así como a la exportación.

La modernización y desarrollo de los puntos de conexión de Guatemala con el mundo debe continuar.

Definir la marca país de Guatemala para ser competitivos en el área internacional.

Atraer a los sectores productivos del país para concretar alianzas estratégicas con la iniciativa privada y para desarrollar proyectos público privados y que estos no solamente queden en planificación.

Menciona también que es necesaria la infraestructura turística en nuevos destinos como El Mirador en Petén o segmentos de aventura extrema en Las Verapaces. Esas acciones aumentarán la atracción de visitante locales y extranjeros que influirá en más inversión en hotelería y gastronomía.

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Mishell Grotewold, analista de la Fundación de Desarrollo de Guatemala (Fundesa) explicó que a estos resultados se les puede considerar como un retroceso para el país en materia de libertad económica.

Además, agregó, que estos resultados pueden ahuyentar las inversiones por la falta de certeza jurídica y la conflictividad social han impactado negativamente en la inversión en los últimos cinco años, lo cual se ve reflejado en el potencial de crecimiento económico que tiene el país.

Las bajas importantes fueron en los siguientes puntos:

• La libertad de comercio (-5)
• La libertad de hacer negocios (-3.7)
• La integridad gubernamental (-0.9),
• La efectividad judicial (-0.8)
• La libertad monetaria (-0-6).

Las limitaciones más importantes para la libertad económica de Guatemala incluyen la corrupción generalizada del gobierno, un marco institucional débil, una fuerza laboral poco calificada, una infraestructura energética deficiente, restricciones fiscales, la endeble protección de los derechos de propiedad debido al carente Estado de Derecho y la falta de acceso al financiamiento a largo plazo, obstáculos para el desarrollo empresarial, para el crecimiento del empleo y por ende para el desarrollo económico.

Por otro lado, el país mejoró levemente en: Materia de salud fiscal (+0.9), libertad laboral (+0.4) y gasto gubernamental (+0.3).

Según Grotewold, a pesar de experimentar un retroceso, Guatemala aún se encuentra por encima del promedio regional (59.6 puntos) y mundial (60.8). Asimismo, el país mantuvo su puntuación en otras variables tales como: carga tributaria, libertad de inversión y libertad financiera. Sin embargo, debemos llevar a cabo reformas estructurales para mejorar nuestra puntuación.

En qué consiste el Índice de Libertad Económica

La definición de libertad económica abarca todas las libertades y derechos de producción, distribución o consumo de bienes y servicios. El Índice de Libertad Económica se calcula como un promedio simple de 12 libertades diferentes agrupadas en 4 grupos, cada una vital para el desarrollo de la prosperidad de las personas y las naciones, asignando una calificación entre 0 y 100, donde los valores más altos indican mayores niveles de libertad.

Las libertades evaluadas son las siguientes: Estado de Derecho, Gobierno Limitado, Eficiencia Regulatoria y Apertura Comercial.

¿Cómo se puede mejorar?

Por lo tanto, para poder revertir y mejorar estas calificaciones, es necesario combatir la corrupción, mediante reformas importantes a la Ley de Servicio Civil, Ley de Contrataciones; la Ley Electoral y de Partidos Políticos y continuar fortaleciendo la institucionalidad del país, recomendó la analista de Fundesa.

• Libertad económica: Llevar a cabo reformas regulatorias para mejorar el clima de negocios. Entre ellas se encuentra el tema del manejo de los permisos de construcción y aprobar la Ley General de Infraestructura Vial.
• Integridad gubernamental: Combatir la corrupción en las agencias aduaneras a través de su modernización para garantizar procesos eficientes y transparentes (fortalecer la infraestructura tecnológica de las aduanas, implementar sistemas de trazabilidad de la carga y disminuir la cantidad de inspecciones intrusivas de manera sistemática).
• Efectividad judicial: Mejorar la eficiencia del sistema de justicia criminal a cargo del Ministerio Público y Organismo Judicial, a través de una coordinación interinstitucional efectiva, una visión compartida y el fortalecimiento de las unidades de gestión de información.

Los países mejor evaluados fueron:

• Chile (75.4)
• Uruguay (68.6)
• Perú (67.8)
• Colombia (67.3)

Los países peor evaluados:

• Venezuela (25.9)
• Bolivia (42.3)
• Ecuador (46.9)
• Brasil (51.9)

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Dejar el tema de la certeza legal o jurídica solo a los abogados es un grandísimo error, debemos entrar en el debate y en la discusión porque el derecho debe garantizar orden por medio de procedimientos claros y sencillos, sin orden no hay sistema que se mantenga, basta recordar que el Gobierno y el Congreso boicotearon la reforma constitucional porque lo menos que quieren es uniformidad e independencia judicial.

Los temas jurídicos en el país “tienen épocas de moda”, y por eso debemos ser más serios, esperar milagros donde no hemos movido un dedo para crear estructuras que permitan exigir certeza es absurdo, veamos los ejemplos de tierra, agua e impuestos.

Si somos un país capitalista que respeta la propiedad privada y la libertad de comercio e industria y a la vez somos principalmente agrícolas sería lógico suponer que contáramos con verdaderos esfuerzos por crear un régimen que logre brindar seguridad a todos quienes son dueños de la tierra; sin embargo, el Registro de Información Catastral (RIC) es de aquellas instituciones guardadas y olvidadas con metas absurdas y que, a la fecha, se conoce de ella solo por sus altísimos niveles de corrupción, discrecionalidad e ineficiencia.

No puede existir un sistema que garantice la propiedad sobre nuestras propiedades inmobiliarias sin un catastro seguro y eficiente, por otra parte, no hay posibilidad de impulsar políticas públicas que nos beneficien a todos sin información catastral. A la fecha el Registro General de la Propiedad, tanto el de Guatemala como el de Quetzaltenango, funcionan ajenos al RIC, además los municipios catastrados por el RIC son una burla para los millones de millones invertidos, sin perjuicio de que existen serias dudas sobre el trabajo desarrollado.

Si la propiedad de la tierra no tiene certeza hablemos del uso del agua. La ley de aguas que exige la Constitución desde 1986, a la fecha duerme en el Congreso porque allí ya sabemos cómo funciona la cosa. Basta percatarse que en varias zonas de la capital hay proliferación de construcción de edificios y condominios y a todos nuestra Municipalidad les dice que hagan su pozo porque Empagua es de aquellas instituciones antañonas que le brinda el servicio a quien le da la gana y también es un centro de negocios bastante opaco. El negocio del agua es un negocio oscuro y, mientras tanto, que cada quien vea cómo se agencia del líquido. Hablar del agua para grandes plantaciones es subversión y así el líquido, cada vez más escaso y contaminado, se vuelve un lujo sin que las autoridades muevan un dedo. Amatitlán es el mejor ejemplo de lo que señalamos.

Por último, ¿cómo queremos obtener certeza si, de buena o mala fe, las entidades públicas pueden hacer lo que les da la gana? Hace unas semanas trascendió que una gerencia de investigaciones de la SAT era ilegal, de hecho, el propio superintendente debió salir en medios explicando lo inexplicable, pero el punto importante del asunto es que a la fecha ¿dónde está toda la información que fue obtenida? En un país serio, la información obtenida de manera ilegal de cualquier contribuyente estuviera a disposición de ese contribuyente, o por lo menos, bajo depósito judicial, acá de titulares de prensa no pasamos.

Los escándalos son del orden del día y los políticos son especialistas en sus promesas para darnos cuentos chinos y, por supuesto, dejar que el país “se arregle solito”.

@Alex_balsells

El hecho es particularmente importante porque en torno a este hubo presiones contra los jueces y fiscales, la mayoría de ellas por oenegés locales y extranjeras que exigían la absolución porque según ellos era juzgado por su actividad como dirigente social.

El caso de Caal no es aislado. Muchos de los grupos cuyas acciones de protesta implican cometer delitos escudan atropellos contra terceros y la consecuente violación de la ley bajo el derecho de protesta. Atacan instalaciones privadas, toman por asalto e invaden fincas y fábricas, obstruyen el tráfico y protestan “pacíficamente” usando tablas con clavos, piedras y palos para imponer a la fuerza su voluntad.

La violación a la ley y el daño al derecho de terceros, sin excepción, deslegitima la protesta, no porque cambie su esencia por el delito cometido, sino porque es inaceptable buscar justicia cometiendo ilegalidades, a veces criminales, o a costa de otras injusticias.

La presión de grupos ha logrado que sindicalistas reclamen mejoras a sus condiciones laborales, y para ello paralizan un hospital o suspenden clases. Lo mismo ocurre cuando se busca obligar a un fallo en tribunales, como ocurrió con el caso Ríos Montt y otros similares. Y algo por el estilo estuvo cerca de ocurrir en caso de Bernardo Caal, pues unas horas antes de su sentencia un grupo de diputados europeos lo visitó para constatar las condiciones de detención en que se encuentra, con las consiguientes repercusiones en las redes sociales.

El hecho de que una delegación extranjera visitara a un detenido en las horas previas a su sentencia no podía pasar inadvertido. En estos tiempos en que la discusión sobre la soberanía está tan en boga, era obvio que se interpretaría esta acción como un acto de presión.

Afortunadamente para el país, el tribunal sentenció un delito debidamente demostrado, ajeno a las actividades de Caal en su activismo social. Había cometido un robo con condiciones de agravamiento, pues con el apoyo de seguidores retuvo violentamente a trabajadores y los despojó de sus pertenencias, equipo de trabajo y teléfonos celulares.

Protestar no es delito. Lo que sí lo es se resume en la metodología empleada por los manifestantes para hacerse escuchar, ya que toda vez se violenta el derecho ajeno para imponer criterios, irremisiblemente se viola la ley y esto obliga a un castigo.

Es indispensable entender este tema. Los hechos fueron irrebatibles y el tribunal procedió a castigar un delito, lo cual también devuelve la confianza en el sistema de justicia y en la parte probatoria que en esta ocasión llegó a buen término con los argumentos presentados por el Ministerio Público, que de paso ya anunció que apelará la sentencia, porque se había solicitado un castigo mayor.

El panorama que presentó Paulo de León, director de Cabi, es demoledor. El sector eléctrico ha sido uno de los más pujantes durante las últimas dos décadas, lo que ha llevado a Guatemala a una situación que es ejemplo en la región. Este proceso tuvo su génesis en la aprobación de la Ley General de Electricidad, que, aunque se podría mejorar, es bastante buena y ha permitido que en apenas dos décadas las inversiones se dispararan como no se había visto casi en ninguna parte. Uno de los factores más importantes dentro de este esquema es la certeza jurídica que la ley prometía a los inversionistas.

Lamentablemente, ese sector tan pujante de la economía se está descarrilando como consecuencia de lo que Paulo denomina “conflictividad ilegítima”, que no es más que un ataque al desarrollo por parte de grupitos de interés pequeños pero bien financiados, cuyo objetivo pareciera ser acabar con la inversión en Guatemala y, como consecuencia, lograr que los guatemaltecos vivan cada vez en mayor pobreza.

Lamentablemente, la certeza jurídica que prometía la ley ha sido menoscabada por los tres organismos del Estado. El Congreso, al aprobar tratados que después irresponsablemente no se digna a normar. ¿Cómo es posible que aprueben un acuerdo tan importante como el 169 de la OIT y después se hagan las ranas de establecer el marco de cómo se debe implementar en el país? Hasta la misma Corte de Constitucionalidad (CC) ya les conminó a que aprueben el reglamento para aplicar los procesos de consulta establecidos por ese acuerdo, pero a los diputados les ha venido del norte.

Las cortes, incluida y especialmente la CC, han alimentado la falta de certeza jurídica con fallos absurdos e incoherentes, deteniendo inversiones que han cumplido con toda la legislación y regulación vigente, mientras que, por el otro lado, el MP no se digna a investigar y acusar a los grupos criminales que invaden propiedades, arruinan maquinaria y bloquean el acceso y la circulación. Y el Ejecutivo también tiene culpa, al no hacer valer la ley —como es su obligación— ante todos estos grupos criminales que se escudan en esa impunidad resultante.

No se debe ceder ante esos grupos criminales y se les debe llamar correctamente así, separándolos de aquellos grupos que sí son honestos y que tienen reclamos válidos. Si no se detiene ahora este proceso, ya no será solo el sector eléctrico y algunos otros pocos, sino todos los que sufriremos las consecuencias. Recordemos que la energía es vital para el desarrollo, y si se detiene la inversión en nuevos proyectos de generación, transmisión y distribución de energía, dentro de pocos años regresaremos a las épocas de apagones y racionamientos.

Dentro de la presentación hubo una gráfica que lo resume todo: durante todo el 2018 las inversiones de bienes de capital han sido negativas, lo cual se refleja en el cada vez más bajo desempeño de la economía. No podemos seguir así. Necesitamos que regrese la certeza jurídica para que puedan empezar a regresar las inversiones.

Fb/jjliber