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CGC detalla qué servicios se pueden pagar con tarjeta de débito o crédito y cómo es el proceso

Sat, 13 Sep 2025 15:16:11 +0000

Comunitario

CGC detalla qué servicios se pueden pagar con tarjeta de débito o crédito y cómo es el proceso

Contraloría General de Cuentas habilita pagos de gestiones con tarjeta de débito y crédito y explica cómo funciona.

13 de septiembre de 2025 | 09:16h

La Contraloría General de Cuentas habilitó los pagos medio de tarjeta de crédito y débito. (Foto Prensa Libre: Cortesía la CGC)

La Contraloría General de Cuentas (CGC) informó este sábado 13 de septiembre que, con el objetivo de ofrecer mejor calidad en los servicios que presta, ha habilitado los sistemas de pago con tarjeta de débito y crédito para gestiones y sanciones económicas, mediante la emisión del Acuerdo A-046-2025.

La institución explicó que el usuario deberá hacer el trámite personalmente y, a partir de ahora, podrá pagar a través de POS en la tesorería de la CGC, ubicada en la 7ª avenida 7-32, zona 13, ciudad de Guatemala. También se podrá optar a visacuotas. Próximamente, el servicio estará disponible en línea.

El artículo 1 del acuerdo ordena que la CGC aceptará pagos mediante plataformas de comercio electrónico con tarjetas de crédito y débito, respaldadas por Visa, MasterCard y otras que puedan incorporarse en el futuro.

“Este avance digital permitirá que los ciudadanos ahorren tiempo y puedan realizarlo de manera más accesible y segura”, indicó la Contraloría.

EN ESTE MOMENTO

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El artículo 2 establece que la disposición será aplicable a todos los servicios que presta la institución, incluyendo sus dependencias administrativas y unidades responsables de la gestión de cobros y pagos.

Según la CGC, el objetivo es fomentar la prevención, la confianza ciudadana, la transparencia, la eficiencia y la modernización tecnológica, para facilitar el cumplimiento de trámites y responsabilidades mediante sistemas confiables.

¿Qué servicios pueden pagarse con tarjeta?

Registro de títulos de nivel medio
Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos (Finiquito)
Consulta de declaración jurada patrimonial
Rendición de cuentas de municipalidades
Habilitación de libro y de bitácora electrónica
Sanciones económicas (solo de forma presencial en la sede de zona 13), con opción a pagar con visacuotas

Para leer más: Dinero electrónico: El anteproyecto de ley que busca regular los pagos digitales en Guatemala

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Expertos responde con información técnica y soluciones responsables

Tue, 05 Aug 2025 22:02:20 +0000

Vida empresarial

Expertos responde con información técnica y soluciones responsables

La Cámara Guatemalteca de la Industria de la Construcción (CGC) aborda preocupación sísmica con panel de expertos para analizar, desde distintas dimensiones el origen geológico, vulnerabilidad de las edificaciones, normativa constructiva y la preparación institucional, en el foro Sismos en Guatemala: ¿alarma pasajera o riesgos estructurales reales?

Vida Empresarial

5 de agosto de 2025 | 16:02h

El análisis impulsado por la CGC, con el apoyo especial de ULTRACEM, dejó en evidencia que la actividad sísmica debe asumirse como un factor permanente de riesgo en el país, y que la única forma de reducir su impacto es fortaleciendo el cumplimiento de las normas técnicas, promoviendo una cultura de prevención y apostando siempre por una construcción segura.

En este esfuerzo, la Cámara reafirma su compromiso de actuar con responsabilidad y aportar soluciones concretas ante los grandes desafíos que enfrenta Guatemala.

“De nada sirve tener unos buenos diseños estructurales, si constructivamente no los aplicamos. Un 70% de la construcción en el país es informal, por lo que se presenta una oportunidad de capacitación y de exigencia a que se cumplan las normas existentes”, manifestó Ismael Ballestas, gerente general de Cemento Ultracem.

Los expertos

El Dr. David Monterroso, director de Mitigación de CONRED: habló respectó a que la planificación del territorio y los estudios de amenaza sísmica deben estar plenamente integrados. También expresó que, aún hay gobiernos locales sin planes actualizados de respuesta sísmica y que se requiere una coordinación efectiva con instituciones como CONRED para prevenir desastres mayores.

El Ing. Juan Pablo Ligorría, geofísico y consultor asociado a Geociencia Aplicada: abordó el tema de los enjambres sísmicos recientes en Sacatepéquez, Escuintla y el sur del país, que deben ser interpretados como una señal de alerta. Subrayó que el tipo de suelo, la ubicación y la altura de los edificios son factores que amplifican el impacto sísmico.

El Dr. Héctor Monzón, especialista en sismorresistencia y miembro de ACI, advirtió que más del 60% de las edificaciones en el área metropolitana presentan vulnerabilidades, especialmente en elementos no estructurales que podrían colapsar con un sismo moderado. Reiteró que el país no puede seguir ignorando estas señales de advertencia y que es fundamental construir con responsabilidad y conocimiento técnico.

El Ing. Byron Paíz, presidente de AGIES, aportó la visión del gremio especializado en ingeniería estructural y sísmica. Enfatizó que la normativa estructural ya existe, pero su cumplimiento aún es débil, tanto en el sector formal como informal. Afirmó que Guatemala necesita más profesionales y técnicos capacitados en diseño y supervisión estructural, y que la formación continua debe ser una prioridad nacional.

El Ing. Carlos Fuentes, presidente del ICS, destacó la responsabilidad del sector privado en promover el uso de materiales certificados, el cumplimiento de normas y la formación de mano de obra calificada. Subrayó que la construcción segura no puede ser una opción, sino un compromiso ético y profesional en todo el país.

Contraloría concede prórroga al Ministerio de Gobernación para justificar compra de pistolas Beretta a empresa vinculada con familiares de ministra

Fri, 11 Jul 2025 10:04:00 +0000

Guatemala

Contraloría concede prórroga al Ministerio de Gobernación para justificar compra de pistolas Beretta a empresa vinculada con familiares de ministra

La auditoría sigue su curso y ahora analiza señalamientos por sobrevaloración y el nexo familiar de la entidad con la familia de la ministra de Cultura.

Douglas Cuevas

11 de julio de 2025 | 04:04h

El ministro de Gobernación, Francisco Jimenez, fue notificado por la CGC de hallazgos en el proceso de licitación. Fotografía: EFE.

La Contraloría General de Cuentas (CGC) concedió al Ministerio de Gobernación (Mingob) una prórroga de cuatro días para que explique el proceso de licitación para la compra de 10 mil armas de fuego, evento adjudicado el 6 de junio a la empresa Mundo de las Armas.

La petición ingresó a la dependencia el pasado lunes, pero por la suspensión de labores del pasado miércoles, esta se retasó, por lo que se espera que el plazo venza el 15 de julio próximo.

Se trata de una sociedad anónima que ha registrado adjudicaciones con diversas entidades públicas desde el 2004, por contratos que suman Q150 millones, según el portal Guatecompras.

La adjudicación más reciente fue por Q84 millones 996 mil 800, correspondiente a la venta de 10 mil pistolas Pietro Beretta.

Esta empresa tiene como representantes legales a Eddy Arnoldo Gómez Gálvez, Óscar Francisco Grazioso Sierra y Renzo Ricardo Grazioso Sierra. Estos últimos son hermanos de Liwy Grazioso Sierra, actual ministra de Cultura y Deportes.

El proceso de licitación fue defendido públicamente por Francisco Jiménez, ministro de Gobernación, quien aseguró que todo se llevó a cabo conforme a la ley.

Reconoció el vínculo familiar entre la empresa adjudicada y una funcionaria del gabinete, pero afirmó que ello no influyó en la adjudicación.

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Las cinco dudas

Personal de la Subcontraloría de la Calidad del Gasto explicó que la auditoría comenzó el 21 de mayo, a raíz de una alerta emitida por la Dirección de Monitoreo y Alerta Temprana, que advierte sobre posibles irregularidades en procesos de compra.

El informe preliminar, con el fin de prevenir una contratación con posibles anomalías, fue notificado al titular del Mingob el 25 de junio y reiterado el 2 de julio.

La primera observación de la CGC es que el evento fue clasificado como “proveedor único”, lo cual no es usual.

La segunda se relaciona con la participación de tres oferentes, entre ellos Mundo de las Armas, lo que, según los auditores, debilita la justificación del modelo de compra.

La tercera duda surge de una inconformidad planteada por una empresa participante, resuelta sin argumentos sólidos, a juicio de la CGC.

En esa inconformidad se señaló que las armas ofertadas estarían sobrevaloradas, lo que generó la cuarta sospecha, aún bajo análisis.

La quinta se vincula a la confirmación pública del ministro de Gobernación sobre el vínculo familiar entre los representantes de la empresa adjudicada y una ministra de Estado, hecho también incluido en la auditoría.

Aunque el ministro Jiménez indicó en rueda de prensa que solicitaría cinco días para responder, los registros de la CGC indican que el plazo solicitado fue de cuatro días hábiles.

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No es usual

Para Manfredo Marroquín, director de Acción Ciudadana, ese modelo de compra no es común en la administración pública y despierta dudas.

“Simplemente si no hay otro proveedor en el mercado nacional, se justifica esa figura, pero no es algo que se use todos los días porque en la mayoría de mercados hay competencia”, explicó.

Según Marroquín, lo que más daña la imagen del gobierno no es la modalidad de compra, sino el vínculo familiar entre los representantes de la empresa y un funcionario.

“Esta modalidad despierta muchas sospechas, sobre todo por el parentesco entre el proveedor y un alto funcionario. La imagen del gobierno se afecta más por ese vínculo que por el tipo de compra”, concluyó.

El lunes reciente, el ministro de Gobernación indicó que evaluará con la CGC las acciones administrativas pertinentes, y reiteró que la licitación cumple con los parámetros legales, aunque no descartó que el proceso sea suspendido.

Mingob guarda silencio tras adjudicar licitación por Q84 millones a empresa de la familia de la ministra de Cultura

Fri, 04 Jul 2025 06:04:00 +0000

Guatemala

Mingob guarda silencio tras adjudicar licitación por Q84 millones a empresa de la familia de la ministra de Cultura

El portal electrónico Guatecompras detalla que se adjudicó el millonario evento por la compra de 10 mil armas de fuego.

Douglas Cuevas

4 de julio de 2025 | 00:04h

Agentes de la PNC realizan una exhibición en moto durante un desfile por su aniversario. (Foto Prensa Libre: HemerotecaPL)

El Ministerio de Gobernación no brindó una postura tras ser cuestionado por la adjudicación de un contrato por Q84 millones a favor de la empresa Mundo de las Armas, Sociedad Anónima, entidad que tiene como representantes legales a familiares de la ministra de Cultura, Liwy Grazioso Sierra.

El evento de licitación, identificado con el número 25430939, fue publicado el 21 de abril en el portal electrónico Guatecompras. Recibió ofertas por espacio de 30 minutos el 5 de mayo.

Tres empresas presentaron ofertas para cubrir la necesidad de compra del Ministerio de Gobernación: Almacén El Bisonte, Sociedad Anónima; Tecnología, Importaciones Latinos, Sociedad Anónima; y Mundo de las Armas, Sociedad Anónima.

La adjudicación fue otorgada a esta última el 6 de junio. La empresa cuenta con tres representantes legales: Eddy Arnoldo Gómez Gálvez y los hermanos Oscar Francisco y Renzo Ricardo Grazioso Sierra, estos últimos hermanos de la ministra Grazioso.

“Eso podría ser un conflicto de intereses extendido porque la junta de licitación tuvo que haber revisado en Guatecompras cuál es la relación que hay con el Estado y los contratos”, opinó Marvin Flores, analista independiente en administración pública y transparencia.

Se enviaron consultas al Departamento de Comunicación Social del Ministerio de Gobernación, así como al titular de esa cartera, Francisco Jiménez, pero al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.

Una situación similar ocurrió con el Ministerio de Cultura y Deportes, al cual también se le consultó por el posible conflicto de intereses, pero no brindó declaración alguna.

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Inconformidades

Una de las empresas participantes manifestó su inconformidad, argumentando que no existían criterios técnicos claros para haber considerado como única oferente a una de las tres empresas.

“Las armas que desean adquirir son de venta común en el mercado guatemalteco por distintas entidades mercantiles, que podrían ofertarlas con mejores especificaciones técnicas y garantías para los agentes de la Policía Nacional Civil. Por lo tanto, la modalidad específica con proveedor único no aplica en esta adquisición”, indicó Almacén El Bisonte, Sociedad Anónima.

El documento también expone que las armas descritas en el concurso están quedando obsoletas en el mercado, siendo prácticamente descontinuadas para uso policial en el mundo.

“Justifican que el fin de la adquisición es el adiestramiento. La Policía Nacional Civil y la Subdirección de Estudios y Doctrina utilizan como mínimo tres modelos y marcas de pistolas, por lo que no aplica la modalidad específica con proveedor único, ya que los representantes varían por marca en Guatemala. Una pistola calibre nueve milímetros no es única en el mercado nacional; existen diversas marcas disponibles”, agrega el documento.

Hallazgos

La licitación fue objeto de una auditoría concurrente por parte de la Contraloría General de Cuentas (CGC), que detectó aspectos del evento que ameritan “acciones administrativas”, según documentos enviados al Ministerio de Gobernación.

La inspección determinó que la junta calificó las propuestas bajo la figura de “proveedor único”, al considerar que solo Mundo de las Armas ofrecía el modelo solicitado.

Ante ello, la CGC remitió cartas al ministro de Gobernación solicitando medidas administrativas, aunque se desconoce cuáles podrían ser.

Para Flores, los antecedentes de la empresa y las dudas sobre la adjudicación justifican su posible cancelación. “El Ministerio de Gobernación tendría que tomar, aunque no esté obligado, las recomendaciones de la CGC y cancelar el proceso”.

Agregó que, de no tomarse una medida correctiva, sería necesaria una denuncia para investigar si hubo un posible delito durante la adjudicación.

“Con todos los antecedentes que existen de la empresa, adjudicarle es un daño para el Estado. La Ley de Contrataciones indica que se debe velar por los intereses del Estado. Creo que debe emitirse un oficio al Ministerio Público, porque este contrato lo perjudica”, concluyó.

Según registros de Guatecompras, Mundo de las Armas ha obtenido contratos por Q150 millones 325 mil 810.42 Del 2004 al 2025.

Mingob adjudica compra de armas por Q84 millones, pese a anomalías detectadas por la CGC

Thu, 03 Jul 2025 15:30:00 +0000

Guatemala

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Mingob adjudica compra de armas por Q84 millones, pese a anomalías detectadas por la CGC

La Contraloría informó al ministro de Gobernación sobre los hallazgos, y sugirió a las autoridades de la cartera tomar medidas administrativas para subsanar las faltas.

Douglas Cuevas

3 de julio de 2025 | 09:30h

El Ministerio de Gobernación compró 10 mil pistolas para la Policía Nacional Civil, aunque la Contraloría General de Cuentas había recomendado que se revisara la adjudicación por algunas irregularidades en el proceso. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) tendrán nuevas armas de fuego, luego de que el Ministerio de Gobernación adjudicó la compra de 10 mil unidades. Sin embargo, una auditoría concurrente de la Contraloría General de Cuentas (CGC) había advertido aparentes irregularidades en el proceso de licitación.

Según el portal electrónico Guatecompras, el evento fue publicado el 21 de abril y la recepción de ofertas se mantuvo vigente durante 30 minutos el pasado 5 de mayo. Los registros dan cuenta de que tres empresas presentaron ofertas para vender las armas a la cartera del Interior.

Pero la junta de licitación, según un análisis de la CGC, reportó un “proveedor único”, a pesar de que se presentaron tres oferentes: Mundo de las Armas, Almacén El Bisonte y Tecnología Importaciones Latinos.

La licitación fue adjudicada finalmente el 6 de junio, por un monto de Q84 millones a favor de la empresa Mundo de las Armas, según consta en Guatecompras.

Las justificaciones entregadas por el personal a cargo de la adjudicación no convencieron a los auditores de la Contraloría que practicaron una auditoría concurrente, por lo que enviaron cartas al ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, el 5 de junio y el 2 de julio para advertirle de las irregularidades.

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Piden acciones

En la primera carta, la Contraloría comunicó al ministro los hallazgos de la auditoría y explicó que, pese a haber tres empresas distintas que participaron del evento, se consideró el evento como “proveedor único”.

En las conclusiones de esa comunicación, según actas a las que tuvo acceso Prensa Libre, la CGC detalló: “Se sirvan a analizar objetivamente el proceso de adquisición, previo a la suscripción del contrato, (que) podrá ser objeto de acción legal por existir incumplimientos al Decreto 57-92”, en referencia a la Ley de Contrataciones del Estado.

La segunda comunicación, el 2 de julio, insiste de forma más directa que es necesario que las autoridades de la cartera tomen medidas inmediatas en el proceso de adjudicación de la compra de las armas. Además, solicitó al Ministerio de Gobernación un informe que explique las acciones adoptadas.

“Deberán notificar al equipo de auditoría las acciones legales y/o administrativas, en un plazo no mayor de tres días hábiles de recibida la presente nota. Asimismo, deberán publicar en Guatecompras las acciones realizadas, para conocimiento general y público”.

El contrato

El Ministerio de Gobernación compró 10 mil pistolas marca Prieto Beretta, a un precio unitario de Q8 mil 499.68.

Esta adquisición forma parte del Programa Anual de Compras, aprobado para el ejercicio fiscal 2025 y son para uso del personal de la Policía Nacional Civil.

El requerimiento de la Policía consiste en 10 mil armas tipo pistola calibre 9×19 milímetros, con sistema de disparo de simple y doble acción, corredera de acero y de una sola pieza; armaduras de aluminio reforzado ultra liviano y con número de registro correlativo en la caja de mecanismo, corredera y cañón, entre otras especificaciones técnicas.

Además, cada pistola debe contar con tres cargadores estándar con capacidad de 15 cartuchos, un kit de limpieza por cada arma de fuego y un grabado en la corredera que se lea “PNC-GUATEMALA”.

CGC denuncia a exdirectora y a funcionarias de la SOSEP por falta de ejecución de Q4.4 millones en programa “Mis Años Dorados”

Wed, 18 Jun 2025 06:05:00 +0000

Guatemala

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CGC denuncia a exdirectora y a funcionarias de la SOSEP por falta de ejecución de Q4.4 millones en programa “Mis Años Dorados”

La Contraloría General de Cuentas (CGC) denunció ante el Ministerio Público que Q4.4 millones no fueron ejecutados en el programa “Mis Años Dorados”, dejando sin alimentación a adultos mayores en 49 centros a nivel nacional en el 2024.

Sandy Pineda

18 de junio de 2025 | 00:05h

La Contraloría General de Cuentas (CGC) presentó una denuncia para investigar supuestas deficiencias en la ejecución del programa "Mis Años Dorados", que dejó sin ejecutar más de Q4.4 millones destinados a la alimentación de adultos mayores durante el primer semestre de 2024. (Foto Prensa Libre: Sosep)

Miles de adultos mayores en situación vulnerable quedaron sin acceso a alimentación básica en el primer semestre del 2024, a pesar de que la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP) contaba con más de Q9.8 millones disponibles para cubrir ese servicio, según un hallazgo de la Contraloría General de Cuentas (CGC).

La CGC presentó una denuncia formal contra tres autoridades de la SOSEP, entre ellos la actual secretaria Zulma Calderón, por deficiencias en la ejecución del programa “Mis Años Dorados”.

El hallazgo principal señala un incumplimiento en la prestación del servicio de alimentación, con un presupuesto asignado que no fue ejecutado adecuadamente durante la mitad del 2024.

El informe detalla que, aunque el presupuesto asignado para la Atención Integral al Adulto Mayor en 2024 ascendía a Q12.5 millones —de los cuales Q9.8 millones estaban destinados específicamente para la compra de alimentos—, hasta el 30 de junio de ese año solo se ejecutaron Q70 mil en un único centro, ubicado en la ciudad de Guatemala.

Para entonces, quedaban pendientes de ejecución Q4.4 millones monto que debía garantizar la alimentación de miles de adultos mayores beneficiarios.

La auditoría constató que el servicio de alimentación no se brindó en 49 Centros de Atención Diurna (CAD) de 14 departamentos, vulnerando un derecho establecido por ley para los beneficiarios.

¿Qué reveló la auditoría?

El informe de auditoría evaluó el funcionamiento del programa durante el período del 1 de enero al 30 de junio de 2024.

Durante ese tiempo, la CGC visitó 13 Centros de Atención Diurna en cinco departamentos, en los cuales verificó el incumplimiento de la normativa que exige el servicio de alimentación como parte esencial de la atención integral a los adultos mayores.

Las compras se realizaron mediante el Fondo Rotativo Institucional, y uno de los proveedores fue Douglas Alexander Sarti, registrado como comerciante individual bajo el nombre Distribuidora La Confianza. No obstante, al verificar la dirección registrada, no se encontraron indicios de que la empresa realmente operara en el lugar.

Además, el proveedor está vinculado a otras dos empresas: Distribuidora La Universal y Multicultural, lo que generó dudas a la Contraloría sobre su capacidad instalada.

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La versión de los centros

A junio de 2024, la dirección de Mis Años Dorados reportó 2 mil 950 adultos mayores beneficiarios en los centros del país, quienes debían recibir atención integral, incluyendo tres tiempos de comida al día, conforme lo establece el reglamento del programa.

Según el informe, los testimonios de encargados de centros en Jalapa y Jutiapa confirmaron el incumplimiento.

En Jalapa se indicó que no se brindaba alimentación y que las actividades dependían de gestiones externas. En Santa Catarina Mita, Jutiapa, el centro informó que permaneció sin atender a beneficiarios durante todo el año.

En otro centro de la zona 3 de Jutiapa, se reportó que las actividades se realizaban de forma esporádica y sin servicio de comida, por falta de recursos.

¿Quiénes son las responsables?

La denuncia de la CGC establece una responsabilidad mancomunada contra una exfuncionaria y dos actuales:

Zulma Calderón, secretaria de Obras Sociales.
Aleydy Contreras, subsecretaria de Promoción Social.
Mariana Pérez, exdirectora del programa Mis Años Dorados.

La auditoría concluyó que Calderón, en su calidad de máxima autoridad institucional, tenía la obligación de supervisar el cumplimiento de políticas públicas y gestiones administrativas.

Aunque argumentó que su papel era solo de gestión y no de ejecución directa, la Contraloría señaló que tenía conocimiento del presupuesto aprobado mediante una resolución. La CGC consideró que las acciones tomadas a partir del quinto mes resultaron tardías e insuficientes.

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La versión de la SOSEP

En respuesta a las consultas planteadas por Prensa Libre tras la denuncia de la CGC, la SOSEP aseguró que desde el inicio de la actual administración se impulsaron auditorías internas para evaluar a detalle la eficiencia de cada uno de los programas, incluido “Mis Años Dorados”.

Sobre la falta de ejecución de más de Q9.8 millones, la Secretaría explicó que fue necesario revisar primero el estado real del programa y su población objetivo, proceso que, según la Secretaría, “tomó tiempo, pero permitió identificar oportunidades de mejora en la gestión y ejecución”.

“Parte del compromiso de nuestra gestión fue revisar con detalle cada uno de los programas, su eficiencia y alcances. Desde el día uno iniciamos con auditorías internas y procesos para transparentar las acciones”, respondió la SOSEP sobre los esfuerzos iniciales.

“Precisamente enfocados en esa supervisión, necesitábamos saber primero cómo se encontraba el programa y a quiénes iba dirigido, esa revisión nos llevó algún tiempo, pero logramos detectar algunas oportunidades de mejora en la gestión y ejecución”, indicó la institución al referirse al señalamiento de la CGC sobre el presupuesto no ejecutado.

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En cuanto a la responsabilidad de los funcionarios que supervisaban directamente el programa, la institución señaló que, desde el inicio de la nueva administración, se dio una instrucción precisa de enfocarse en la transparencia y eficiencia en su ejecución.

Al ser consultada directamente sobre su papel como máxima autoridad, Calderón afirmó que en esta administración se implementó una línea de supervisión que no existía anteriormente, como parte de un nuevo enfoque centrado en transparencia y calidad del gasto. Aseguró que actualmente están en proceso de presentar su defensa formal ante las autoridades competentes.

Además, Calderón reiteró que su función es de carácter administrativo y no de ejecución directa:

“Dentro de la estructura del presente hallazgo no tengo vinculación técnica con el mismo, debido a que mi función como Secretaria de Obras Sociales no es de ejecutar. Sin embargo, he realizado las gestiones administrativas oportunas para que la Subsecretaría de Promoción Social, por medio de la Dirección de Mis Años Dorados, cumpla con su función conforme al Manual de Organización y Funciones vigente”, se lee en el documento de descargo presentado por Calderón ante la CGC.

Los otros descargos

Por su parte, Aleydy Contreras, subsecretaria de Promoción Social, también presentó argumentos de defensa. Indicó que los expedientes de compra se elaboraron hasta el 15 de mayo del 2024, aunque reconoció que no logró gestionar oportunamente la planificación ni supervisó de forma efectiva a la exdirectora del programa.

Sin embargo, la CGC describió que detectó contradicciones en sus declaraciones. Mientras Contreras atribuía la falta de ejecución a un Plan Anual de Compras (PAC) inadecuado heredado, la Secretaría defendía que se había implementado un plan de supervisión extraordinario en julio, del cual, hasta el momento según la Contraloría, no hay resultados concluyentes.

En el caso de Mariana Pérez, exdirectora del programa, su contrato fue rescindido.

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Según el informe, argumentó que sí coordinó acciones y solicitó asesoría técnica, pero la CGC estableció que no se brindó el servicio durante el período evaluado.

También alegó que la falta de personal —como subdirector, ingeniero de proyectos y asistentes administrativos— afectó el funcionamiento de la Dirección.

Aun así, el informe señala que era su deber garantizar el cumplimiento del programa, más aún considerando que existía presupuesto disponible y sin ejecutar.

Perjuicio a la población adulta mayor

El informe de la CGC señala que el incumplimiento de funciones causó un perjuicio directo a los adultos mayores, al no garantizarles un derecho básico como la alimentación, lo cual está claramente establecido en la normativa interna del programa.

A pesar de las reuniones, ajustes y justificaciones presentadas por las autoridades, al 30 de junio de 2024 casi Q4.5 millones seguían sin ejecutarse, evidenciando una falla estructural en la planificación, ejecución y supervisión del programa.

Lea también: Auditorías revelan fallas: Contraloría General de Cuentas impone sanciones millonarias por anomalías detectadas en 2024

*Nota del editor: este artículo se modificó el miércoles 18 de junio para agregarle una postura ampliada de la Sosep, respecto a los hallazgos de la Contraloría.

CGC presenta 47 denuncias por dudas en el manejo de Q215 millones

Sat, 14 Jun 2025 11:00:00 +0000

Guatemala

CGC presenta 47 denuncias por dudas en el manejo de Q215 millones

El equipo de auditores también impuso 932 sanciones millonarias contra dependencias del Estado por el mal manejo de los recursos públicos.

Douglas Cuevas

14 de junio de 2025 | 05:00h

Las acciones legales son por procesos de fiscalización que concluyeron en 2024. Fotografía: CGC.

En los últimos seis meses del 2024, equipos de la Contraloría General de Cuentas (CGC) finalizaron auditorías sobre 230 instituciones públicas y sus períodos de gestión anteriores a esa fecha. El resultado del ejercicio de fiscalización dejó, además de sanciones administrativas, la presentación de 47 denuncias por dudas en el manejo de más de Q215 millones.

Cada uno de esos casos fue presentado ante el Ministerio Público (MP), que deberá asignar cada expediente a la fiscalía más apta para comenzar el proceso de investigación.

El resultado de las auditorías finalizadas en el último semestre del año pasado concluyó en que pudieron cometerse delitos que requieren una investigación penal por aparentes actos de corrupción, extremos que la investigación del MP tendrá que confirmar o descartar.

El listado total de las auditorías practicadas a las 230 dependencias públicas fue presentado en el Diario de Centro América, en su publicación legal del 13 de junio, en cumplimiento con las normas internas de la CGC, que obligan a divulgar los resultados de los ejercicios de fiscalización.

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De las 47 denuncias que fueron presentadas por el equipo de auditores, dos ministerios lideran la lista por contener la mayor cantidad de señalamientos en períodos de gestión anteriores al 2024.

El primero de ellos es el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), que recibió 12 denuncias. Los señalamientos contra esa cartera ascienden a Q36 millones 534 mil 773.68.

La segunda entidad con mayor número de denuncias fue el Ministerio de Educación (Mineduc), que recibió 11. Las dudas alrededor de esa cartera son por un monto de Q4 millones 41 mil 937.45.

Otros casos

El informe de las auditorías también señala a otras dependencias del Estado que recibieron menos denuncias, pero las dudas sobre el manejo de sus fondos son, a criterio de la institución fiscalizadora, considerables, en la gestión del gobierno anterior.

La Dirección Departamental de Redes Integradas de Servicios de Salud de Guatemala, Área Nororiente, recibió dos denuncias por un monto de Q1 millón 526 mil 764.07.

El Ministerio de Cultura y Deportes obtuvo una denuncia por un monto que asciende a Q48 millones 512 mil 962.34, mientras que el Ministerio de Economía recibió otro señalamiento por Q33 millones 798 mil 814.16 durante la gestión del 2023.

Asimismo, el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) recibió una denuncia por el aparente mal manejo de Q63 millones, según el reporte de casos fiscalizados por la CGC.

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También figuran entre las instituciones denunciadas nueve municipalidades, dos hospitales, dos entidades enfocadas en proyectos habitacionales, Ferrocarriles de Guatemala, la Procuraduría de los Derechos Humanos, el régimen de pensiones de la Empresa Portuaria Quetzal y la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (Sosep).

La CGC explicó, por medio de un comunicado, que las auditorías presentadas no corresponden exclusivamente a casos del 2024, ya que pueden encontrarse informes ordenados con anterioridad, pero que apenas llegaron a su fin.

Sanciones

Mediante un comunicado, la CGC explicó que además de la presentación de las 47 denuncias como producto de su ejercicio de fiscalización, también emitieron sanciones de carácter administrativo.

Estas, a su vez, representan una sanción económica que, según los datos de las auditorías, asciende a un monto millonario. “Como resultado de estas auditorías se emitieron 932 sanciones administrativas que representan un monto total de Q67 millones 496 mil 753.66”, explicó la CGC.

También presentaron 25 formulaciones de cargo por un valor de Q7 millones 119 mil 146.04, relacionadas con hallazgos que podrían implicar responsabilidades económicas por parte de municipalidades y otras entidades, detalló la Contraloría.

Denuncias al TSE

La CGC también presentó en su oportunidad denuncias contra autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE), casos que posteriormente fueron judicializados, es decir, se les asignó un juez contralor para coordinar los requerimientos de la investigación a cargo del MP.

Las dos denuncias a la autoridad electoral obedecen a hechos ocurridos durante el período de las elecciones generales del 2023, relacionados con la compra de equipo de cómputo y de un sistema informático.

El TSE gastó Q148 millones para la adquisición del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep), que, a consideración de las auditorías, pudo haber sido una compra sobrevalorada, extremo que deberá investigar el MP.

Una práctica similar fue detectada por el TSE al evaluar la compra de una serie de herramientas tecnológicas, que también fueron utilizadas en el pasado evento electoral.

Durante la presentación de su informe anual, la CGC explicó las dos denuncias relacionadas con el TSE, pero no brindó mayores detalles sobre esos hallazgos debido a que ahora los casos están en control del MP.

*Nota del editor: este artículo se modificó el 18 de junio, para ampliar la información en relación a las auditorías realizadas. La Contraloría General de Cuentas no especificó en su publicación las fechas exactas en las cuales se practicaron los exámenes; sin embargo, sí aclaran que se trata de procesos que terminaron en el segundo semestre del 2024, por lo que corresponde por las fechas a gestiones hasta el 2023.

Auditorías revelan fallas: Contraloría General de Cuentas impone sanciones millonarias por anomalías detectadas en 2024

Fri, 13 Jun 2025 01:41:34 +0000

Guatemala

Auditorías revelan fallas: Contraloría General de Cuentas impone sanciones millonarias por anomalías detectadas en 2024

El ente fiscalizador también presentó denuncias ante el Ministerio Público por actos que podrían ser considerados delitos.

Douglas Cuevas

12 de junio de 2025 | 19:41h

Además de las sanciones, se detallan 47 denuncias ante el MP- Fotografía: Prensa Libre.

La Contraloría General de Cuentas (CGC) presentó el listado de las auditorías finalizadas en el segundo semestre del 2024, publicando el listado de verificaciones en el Diario Oficial. Procesos de fiscalización que dejaron sanciones millonarias para entidades públicas por aparente mal manejo de fondos públicos.

La CGC presentó recientemente su informe de labores anual, pero algunas auditorías no formaron parte de este, debido a que los procesos de indagación comenzaron previamente al año 2024.

El proceso de comunicación sobre las auditorías concluidas de manera semestral es una obligación de la CGC, que aparece detallado en el artículo 9 de la ley interna de la organización.

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“En forma semestral, la Contraloría General de Cuentas divulgará por medio del Diario Oficial la nómina de las entidades que fueron examinadas durante el período semestral anterior. Cuando se concluya la auditoría de cada entidad auditada y se oficialice el resultado, se ordenará la publicación en el Diario Oficial y en el boletín de la Contraloría General de Cuentas”, mencionó la CGC.

Sanciones y denuncias

Como parte de los resultados de las auditorías finalizadas se emitieron 932 sanciones administrativas, mismas que representan un monto de Q67 millones 496 mil 753.66.

También se presentaron 25 formulaciones de cargo por Q7 millones 119 mil 146.04, vinculadas con hallazgos que podrían implicar responsabilidades económicas por parte de municipalidades y otras entidades.

Asimismo, remitieron al MP 47 denuncias por un monto conjunto de Q215 millones 323 mil 211.08, en casos donde se detectaron posibles hechos constitutivos de delito, informaron las autoridades de la CGC.

Contraloría denuncia irregularidades: Fegua habría pagado Q4.7 millones a 150 personas sin contratos

Sat, 07 Jun 2025 21:20:18 +0000

Guatemala

Contraloría denuncia irregularidades: Fegua habría pagado Q4.7 millones a 150 personas sin contratos

Una auditoria especial de la Contraloría General de Cuentas (CGC) detectó desembolsos a 150 personas sin que existan contratos para la prestación de servicios.

Douglas Cuevas

7 de junio de 2025 | 15:20h

Una auditoría especial de la Contraloría General de Cuentas (CGC) reveló aparentes irregularidades en Ferrocarriles de Guatemala (Fegua). Lo anterior refleja el aparente mal uso de fondos públicos que ascienden a Q4 millones 761 mil 332.75.

Los datos obtenidos durante las inspecciones de un equipo de auditores, comprendidas del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2021, detectaron que 150 personas no fueron contratadas, pero la dependencia pública desembolsó recursos para el pago de honorarios de junio a octubre de 2021.

Las personas que estaban descritas como personal 029 no fueron contratadas; no presentaron facturas que respaldaran los pagos; incluso los datos dan cuenta de que Fegua no contaba con la “disponibilidad financiera” para los pagos descritos. Ese renglón corresponde a personal que no guarda relación de dependencia y se utiliza para la contratación de servicios técnicos y profesionales, destinados a dar asesorías o trabajos específicos.

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La denuncia fue asignada a la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público (MP), que deberá evaluar los documentos recabados durante la auditoría y validar si la sospecha de los auditores sobre aparentes actividades delictivas es acertada.

Los denunciados

La denuncia de la CGC fue presentada contra Augusto Romeo Ponce Barrientos, quien se desempeñó como interventor de Fegua del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2021.

La documentación que recopilaron los auditores refleja que por su cargo, Ponce fue quien autorizó la serie de pagos que salieron desde una de las cuentas de Fegua sin ningún documento de respaldo.

También se denunció a Carlos Enrique Osorio González, quien fue jefe financiero de Fegua durante el periodo que duró la auditoría. La denuncia señala que la dependencia, pese a no tener solvencia financiera, realizó pagos en concepto de “anticipos” para los 150 trabajadores.

La CGC no hace referencia a las posibles conductas penales a las que pudieron recurrir las dos exautoridades de Fegua, por lo que adjunta nueve informes que esperan ayuden a los agentes fiscales a esclarecer los hechos.

Otras denuncias

Recientemente, la CGC presentó su informe de labores de 2024, dando a conocer que como producto de las auditorías se han presentado otras denuncias para que los agentes fiscales del MP procedan a hacer investigaciones.

Una de estas denuncias está relacionada con programas de fertilizantes dentro del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga), posibles anomalías que habrían ocurrido durante la gestión del actual gobierno.

Otras denuncias están relacionadas con eventos de compra realizados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), casos de los que no se brindaron mayores detalles en el informe debido a que el expediente ya se encuentra judicializado y bajo reserva.

Exministro del MAGA y Q30 millones: los 5 señalamientos de la Contraloría en la compra de fertilizantes

Fri, 06 Jun 2025 11:00:00 +0000

Guatemala

Exministro del MAGA y Q30 millones: los 5 señalamientos de la Contraloría en la compra de fertilizantes

La Contraloría denunció al exministro de Agricultura, Maynor Estrada, por irregularidades en la compra de insumos agrícolas. El monto señalado contra el exfuncionario asciende a Q30 millones.

Sandy Pineda

6 de junio de 2025 | 05:00h

Fertilizantes entregados en Sololá en diciembre del 2024, que según una auditoría, no tenía documentación oficial que respaldara la planificación y distribución. (Foto Prensa Libre: Maga)

El exministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), Maynor Estrada, fue denunciado ante el Ministerio Público (MP) por la Contraloría General de Cuentas (CGC), junto con dos exviceministros y otros exfuncionarios, por presuntas irregularidades en la adquisición de fertilizantes que comprometen más de Q144.8 millones.

La denuncia se basa en los hallazgos de la auditoría del 2024, en los cuales se señala al exministro por un monto de Q30.4 millones, mientras que otros siete exfuncionarios deberán responder por valores que oscilan entre Q7.1 millones y Q23.2 millones, relacionados con el mismo proceso de compra.

De acuerdo con el reporte del informe de la CGC, el Maga utilizó Q400 millones asignados para la compra de fertilizantes a través del mecanismo de compra directa con oferta electrónica.

La auditoría reveló múltiples deficiencias en el proceso de adquisición de fertilizantes por parte de la cartera de Agricultura. Una de las principales irregularidades que se señalan es que se adjudicaron contratos sin verificar las marcas de los productos ni el cumplimiento de los requisitos técnicos, tanto fundamentales como no fundamentales, establecidos en los términos de referencia del evento.

Además, los insumos entregados, como el abono tipo gallinaza, carecían de empaque adecuado e identificación de marca. Estos productos fueron almacenados a la intemperie y en lugares distintos a los estipulados contractualmente, lo cual comprometió su calidad y seguridad.

También se detectaron discrepancias entre los documentos relacionados con la entrega, como las actas de recepción, facturas y direcciones consignadas.

La Contraloría también señaló la falta de transparencia en la distribución de los fertilizantes, ya que, según el informe, el Maga no proporcionó la base de datos de beneficiarios ni la planificación de entregas, a pesar de que la auditoría lo solicitó en reiteradas ocasiones.

Finalmente, aunque el Ministerio informó públicamente sobre entregas simbólicas en el departamento de Sololá, no se encontró documentación de respaldo que demostrara una planificación previa o notificaciones formales, lo cual, según la Contraloría, representa una violación a los procedimientos legales establecidos.

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Además, solo se ejecutó el 40% del presupuesto adjudicado, Q148.9 millones. El 60% restante no se pagó debido a incumplimientos contractuales.

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Contraloría aclara el motivo de la denuncia

Durante una citación con diputados de la bancada VOS, Hugo Briones, funcionario de la CGC, explicó que el hallazgo más relevante está relacionado con la compra de fertilizantes.

“La denuncia va por incumplimiento en cláusulas de los contratos, no tanto por malversación, porque realmente se pagó solo lo que se recibió. La mayoría de los proveedores no cumplió con entregar todo el producto”, detalló.

Funcionarios de la Contraloría General de Cuentas participaron en una citación con diputados donde explicaron los hallazgos. (Foto Prensa Libre: FB/Bancada VOS)

Estrada, quien renunció el 8 de mayo del 2025 y fue candidato a la alcaldía de Antigua Guatemala por el Movimiento Semilla en las elecciones pasadas, no se ha pronunciado públicamente ante los hechos denunciados.

Se intentó obtener la postura del exministro por mensaje y llamada telefónica, sin obtener respuesta. No obstante, en sus descargos ante la auditoría, el exministro sostiene que los procedimientos señalados no eran de su competencia directa, conforme al artículo 7 del Reglamento Orgánico Interno del Maga.

Alega que las comisiones receptoras de insumos fueron designadas por el Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Visan), y no por él, y que dichas comisiones eran responsables de verificar la calidad del producto entregado.

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Sobre la falta de identificación en los empaques, indicó que no era requisito contractual incluir marca o logotipo, ya que los proveedores presentaron fianzas de garantía.

Asimismo, defendió la legalidad del procedimiento utilizado, argumentando que el Decreto 17-2024 del Congreso autorizó la modalidad de compra directa con oferta electrónica, y que se estableció un manual técnico para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas.

Finalmente, calificó los señalamientos como “erróneos y carentes de objetividad” y aseguró que su actuación se apegó a la normativa vigente.

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La CGC detecta irregularidades en el uso de Q2 mil 814 millones del presupuesto nacional del 2024 y emite sanciones

Fri, 23 May 2025 17:02:56 +0000

Guatemala

La CGC detecta irregularidades en el uso de Q2 mil 814 millones del presupuesto nacional del 2024 y emite sanciones

En el informe se detallan denuncias que todavía provienen de la pasada administración de gobierno durante la gestión de Alejandro Giammattei.

Douglas Cuevas

23 de mayo de 2025 | 11:02h

El informe fue enviado a las autoridades de Congreso. Fotografía: Prensa Libre.

El aparente mal uso de fondos públicos destaca en el informe anual de la Contraloría General de Cuentas (CGC). Documento que fue enviado este viernes 23 de mayo de 2025 a las autoridades del Congreso.

El documento expone como, aparentemente, no se ejecutó de la manera correcta una cantidad de Q2 mil 814 millones 375 mil 761 del presupuesto nacional del 2024. Informes de auditorías que dejaron una serie de acciones a las autoridades involucradas.

Este informe se entrega de manera anual a las autoridades del Organismo Legislativo basándose en la Ley Orgánica de la CGC, que estipula la entrega de su análisis al menos 150 días después del cierre del ejercicio fiscal anterior.

Para evaluar el buen uso de los recursos públicos, la Contraloría desarrolló 1 mil 446 auditorías de fiscalización; 146 auditorías de probidad; para hacer un total de 1 mil 592 auditorías.

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Para evaluar a detalle para los procesos de fiscalización se realizaron 3 mil 528 nombramientos de presencia de verificación, es decir, personal designado para evaluar presencialmente algunas de las instituciones de gobierno bajo sospechas.

Las auditorías realizadas aglutinan una cantidad de Q2 mil 814 millones 375 mil 761 del presupuesto del año pasado, que dejaron:

115 denuncias en materia de fiscalización
38 denuncias en temas de probidad
20 denuncias por falsificación de títulos

En total son 173 denuncias que pasan a ser tarea del Ministerio Publico (MP) para el proceso de investigación.

Algunos casos

Aunque el periodo de investigación abarca el 2024, es decir, el primer año de la administración de Bernardo Arévalo, de las cinco entidades con mayor cantidad de denuncias tres son relacionadas a la actual administración y todavía dos a la anterior del expresidente, Alejandro Giammattei.

Las denuncias involucradas en la actual administración de gobierno aparece el Fideicomiso de Inversión para la Vivienda (FIV), el Instituto Guatemalteco de Migración y el Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación (Maga).

Al hablar de las denuncias que todavía tienen posibles vínculos con la anterior administración destaca la Dirección Superior del Ministerio de Comunicaciones, entidad que contiene dos denuncias.

También existen algunos casos que relacionan al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y una vinculada al Caso B410, pero por estar judicializados no se tienen mayores detalles por estar bajo reserva.

La @Contraloria_gt entregó al @CongresoGuate el informe de auditorías sobre el presupuesto 2024.
Los hallazgos son:
115 denuncias penales por Q. 2 mil 620 millones 924 mil
3,353 sanciones económicas por Q. 134 millones 263 mil
38 formulaciones de cargos por Q59 millones
— Leslie Sánchez (@lsanchez_gtv) May 23, 2025

CGC denuncia mal uso de fondos por Q7 mil 853 millones

Tue, 03 Dec 2024 11:00:00 +0000

Guatemala

CGC denuncia mal uso de fondos por Q7 mil 853 millones

Las acciones obedecen por 462 auditorías a entidades públicas que finalizaron el primer semestre del 2024

Douglas Cuevas

3 de diciembre de 2024 | 05:00h

La Contraloría General de Cuentas también emitió sanciones económicas tras los ejercicios de auditoria.(Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL).

La Contraloría General de Cuentas (CGC) dio a conocer los resultados de las auditorías que concluyeron en el primer semestre del 2024 y en el informe expone aparente uso irregular de Q7 mil 583 millones 899 mil 885.

La CGC auditó 462 instituciones que manejan fondos públicos y luego de ello se presentaron dos mil 365 sanciones económicas por Q68 millones 413 mil 845.

Entre el marco de competencia de la CGC se formularon cargos civiles y juicios de cuentas con las que se espera una devolución del dinero mal utilizado, que asciende a Q14 millones 116 mil 346.

Pero las acciones de mayor peso, que a criterio del equipo de auditores podrían significar la comisión de uno o más delitos fueron presentadas al Ministerio Público (MP) por medio de 68 denuncias.05

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Algunos casos

Entre los casos figuran denuncias al Ministerio de Comunicaciones y señalamientos presentados contra los programas ejecutados en la administración de presidencial de Alejandro Giammattei.

Entre estas se encuentra el proyecto de Escuelas Bicentenario, aparentemente por favorecer a algunos contratistas, así como el programa Cocinas Dignas, por supuestas irregularidades en la compra e instalación de estas. En los casos relacionados con este ministerio, los montos se elevan a Q7 mil 720 millones.

También destaca como institución denunciada el Tribunal Supremo Electoral (TSE), por Q143 millones 268 mil 432. De este monto, Q90 millones obedecerían al supuesto pago de horas extras a trabajadores durante las elecciones generales del 2023, remuneración sobre la cual la CGC no encontró respaldos.

La entidad con mayor número de denuncias fue el Fideicomiso de Inversión para la Vivienda, con 26, por Q55 millones 425 mil 694. En este caso, la CGC detectó aparentes incumplimientos de contratos.

Prevención

El analista Marvin Flores, de Acción Ciudadana, opina que las denuncias de este tipo ya son habituales, pero considera prudente que las entidades fiscalizadoras se enfoquen un poco más en la prevención.

“Es muy difícil recuperar el dinero. Sería prudente que la CGC, según mi criterio, ponga más empeño en la prevención, porque con la sanción, independiente de qué tipo sea, no se recupera el dinero ni la credibilidad”, sugirió.

Flores explicó que existen leyes y códigos de ética para el buen uso de los fondos públicos, pero en la práctica no se cumple con esas instrucciones, además de que, en ocasiones, las inversiones no son estratégicas.

“No es que todos los fondos se lapiden en temas de corrupción, sino que es necesario que exista también calidad del gasto en la inversión pública”, enfatizó.

CGC presenta denuncias por el aparente mal uso de Q7.9 mil millones en el primer semestre del 2024

Mon, 02 Dec 2024 18:15:17 +0000

Guatemala

CGC presenta denuncias por el aparente mal uso de Q7.9 mil millones en el primer semestre del 2024

Las denuncias son por auditorías finalizadas en el primer semestre de 2024, destacando el Ministerio de Comunicaciones y el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Douglas Cuevas

2 de diciembre de 2024 | 12:15h

La Contraloría General de Cuentas también emitió sanciones tras los ejercicios de auditoria.(Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL).

La Contraloría General de Cuentas (CGC) finalizó en la primera mitad del año 462 auditorías, por las cuales se presentaron denuncias por dudar del destino de Q7 mil 936 millones 430 mil 76.90 de fondos públicos.

Los casos se encuentran distribuidos en fiscalías del Ministerio Público (MP), que deberán de hacer los procesos de investigación por cada caso. El monto que señalan las auditorias de la CGC fueron presentadas en 68 denuncias.

Entre algunas de las entidades que destacan son el Ministerio de Comunicaciones, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Fondo de Solidaridad, el Instituto de Previsión Militar y la municipalidad de Escuintla.

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Producto de las auditorias se presentaron 2 mil 365 sanciones por un monto de Q68 millones 413 mil 845.55. También presentaron 24 formulaciones de cargos con lo que esperan que los posibles involucrados devuelvan el dinero mal utilizado que asciende a Q14 millones 116 mil 346.35.

Pero las 68 denuncias que fueron presentadas solo por las auditorias concluidas en la primera mitad del 2024 abarcan una cantidad considerable de fondos por Q7.9 mil millones. Procesos de auditorías que comenzaron con la pasada administración de gobierno.

Algunos de los casos que detallan las principales denuncias, según un comunicado de la propia CGC, destaca el ministerio de comunicaciones por un monto de Q7 mil 270 millones 467 mil 833.63.

Le sigue el TSE que recibió cuatro denuncias por el aparente mal uso de Q143 millones 268 mil 432.22; después aparece el Fondo Social de Solidaridad con Q104 millones 766 mil 166.32; y el Instituto de Previsión Militar con Q88 millones 556 mil 170.56.

Reservas de información en la CC y la CGC deben llamar a la reflexión, dicen expertos

Fri, 28 Jun 2024 11:00:00 +0000

comunitario

Reservas de información en la CC y la CGC deben llamar a la reflexión, dicen expertos

Especialistas aseguran que decisiones de la Corte de Constitucionalidad y Contraloría de Cuentas llaman a reflexionar sobre qué ocurre con la Ley de Acceso a la Información Pública.

Raúl Barreno Castillo

28 de junio de 2024 | 05:00h

La Corte de Constitucionalidad y la Contraloría General de Cuentas decidieron reservar información esta semana. No obstante, la segunda institución dio marcha atrás ante la presión social. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL).

Anabella Morfin, expresidenta del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon) y Pablo Hurtado, secretario ejecutivo de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), coinciden en que es momento de reflexionar sobre la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) y su papel, que ha sido fundamental desde 2008, cuando nació a la vida jurídica.

Ambos expertos aseguran que las decisiones de la Corte de Constitucionalidad (CC) y la Contraloría General de Cuentas (CGC) llaman a verificar qué ocurre con la aplicación de la ley, y el papel fundamental que juega la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) en su cumplimiento.

Para la expresidenta del Cedecon, Anabella Morfín, las decisiones de los últimos días afectan lo constitucional porque son decisiones arbitrarias para no revelar información pública que debería de estar al alcance de la población.

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“La Constitución establece que todas las acciones administrativas del Estado son públicas, con las excepciones puntuales de actos diplomáticos y de seguridad nacional”, opina.

Incluso, explica, sobre la seguridad nacional, la CC ha hecho análisis al respecto y resuelto que se trata del cuidado de la nación frente a otros Estados, pero no de la seguridad de personas. Por esa razón, explica Morfín, le resulta arbitrario que hayan tomado tales decisiones.

Para Morfin el manejo correcto de los recursos públicos inspiró la Ley de Acceso. “Si hicieron una erogación deben rendir cuentas. Los recursos públicos deben manejarse en forma transparente”, asegura.

Para la expresidenta del Cedecon “es preocupante que haya empezado la CC con reservar la información, y seguido la CGC, porque ¿Quién controla a la CGC? Que tiene como fin vigilar y supervisar el gasto de todas las instituciones, pero nadie los audita a ellos de cómo manejan los recursos”.

Morfin considera que limitar el acceso a la información es inconstitucional. “El mensaje que manda con estas decisiones es que hay cosas ocultas que no quieren que se sepan”, reflexiona.

“Hay situaciones que en siete años se nos olvidan, pero tienen 20 años de obligación por la Constitución para aclararlas”, analiza.

Morfin cree que los ciudadanos tienen derecho a acceder a la información porque son poseedores constitucionalmente de ese derecho. “Es necesario que den marcha atrás a esas decisiones arbitrarias”, opina.

“Para nada favorece a los guatemaltecos en la lucha por erradicar la corrupción este tipo de decisiones”, resalta Morfin.

Morfin tiene claro que la “publicidad de los actos administrativos es incuestionable. La actitud del nuevo gobierno es impugnar, cuestionar y usar los procesos correspondientes. No se puede tolerar todo esto en la lucha contra la corrupción”. Morfin, puntualiza que deplora que la CC lo haya hecho.

Importante y vital

Pablo Hurtado, secretario ejecutivo de Asies, explica que la implementación de la LAIP hace más de15 años ha sido importante y vital.

“El hecho de que en este momento algunas instituciones, incluida la CC, dispongan de reservar la información, es un llamado de atención para reflexionar y retomar la naturaleza y el propósito de la LAIP”, expresa Hurtado.

Para Hurtado los presupuestos del Estado no le pertenecen a nadie, sino que son producto del pago de impuestos y otros ingreso. “La población concede este derecho para cumplir los fines de cada institución”, asegura.

Hurtado es de la opinión que en la administración pública “debe prevalecer la máxima publicidad, salvo los casos puntuales en que se pueda reservar la información”.

“La decisión de la CC, más el intento en la CGC, nos deben invitar a reflexionar y evaluar si todos los gobernantes y gobernados estamos en la misma sintonía. Tener claro los elementos”, asegura Hurtado.

Para el secretario ejecutivo de Asies “el mensaje que mandan, con las decisiones, es que no estamos en la misma sintonía sobre cuál es la información pública y sobre qué se puede reservar”.

“En el caso de la CC se alega un argumento de seguridad. Sabemos que han sido víctimas de riesgos, y se preserva, pero no puede ser a costa de la publicidad de la información. Debe ser accesible”, argumenta.

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La CGC dejó sin efecto la resolución A-068-2024, que publicó el 26 de junio en el Diario de Centro América y donde declaraba que cierta información no sería pública por los próximos siete años.

El rechazo de diversos sectores a la medida, que no solo pudo haber beneficiado al gobierno actual sino a los dos anteriores por la información que intentaban dejar en “privado y sin acceso a la población”.

No obstante, en comunicado de dos párrafos, la CGC, aseguró: “La Contraloría General de Cuentas expresa su firme convicción y respeto a la observancia del acceso a la información pública en el marco de la transparencia y rendición de cuentas”.

“En ese contexto y de acuerdo con la alta importancia de fortalecer todos los mecanismos e instrumentos que hagan viable ese derecho, la Contraloría General de Cuentas informa a la sociedad guatemalteca la decisión de dejar sin efecto la Resolución A-068-2024”.

Reservan esquema de seguridad

La Corte de Constitucionalidad (CC) fue la primera en declarar reservada información relacionada con acciones de la alta magistratura. Lo hizo dos días antes que la CGC.

La CC publicó el 24 de junio de 2024, en el Diario de Centroamérica, la resolución 1-2024 de fecha 19 de junio de 2024, en la que declara “clasificar de información reservada aquella que tenga que ver con los magistrados titulares y la descripción del esquema de seguridad, la identificación del personal que les presta seguridad, la descripción del tipo de armamento que porta el personal de seguridad y la descripción de las asignaciones de vehículos a los magistrados de la CC”.

La información que se clasifica y reserva es “el contenido total de los documentos identificados como 0278, 0277, 0279, 0280, 3068, 3069, 3216, 3269, 4085, 4596, 4598, 4928, 4944, del Departamento de Inventarios de la Dirección Financiera; del libro control de asignación de personal de seguridad a magistraturas, esquemas de seguridad y equipo, de los folios cero uno (01) al treinta y tres (33) del Departamento de Seguridad”.

La justificación de la CC fue porque “durante los últimos meses se ha dado un incremento de incidentes que han constituido amenazas reales y tangibles contra la integridad de los magistrados de esa instancia”.

Según la presidencia de la CC, estos hechos provocaron la presentación de denuncias penales y también ante organismos internacionales.

Hasta ahora, el Ministerio Público (MP) no ha dado a conocer si es afirmativo que hay denuncias de magistrados titulares por amenazas o ataques.

Contraloría General de Cuentas expone dudas sobre el manejo de Q8 mil millones

Sat, 25 May 2024 11:00:00 +0000

Guatemala

Contraloría General de Cuentas expone dudas sobre el manejo de Q8 mil millones

La entidad reportó en el informe 2023, hallazgos en la ejecución del presupuesto del último año de la presidencia de Alejandro Giammattei

Douglas Cuevas

25 de mayo de 2024 | 05:00h

El expresidente Alejandro Giammattei y Raúl Romero durante las votaciones para la elección de la Junta Directiva del Parlacen. (Foto Prensa Libre: María Reneé Barrientos)

Las acciones de la Contraloría General de Cuentas (CGC) destacan posibles anomalías en el uso de fondos públicos durante el último año de la presidencia de Alejandro Giammattei. Solo las auditorías especiales dejaron sanciones y denuncias por dudas sobre la ejecución de Q7 mil 702 millones 528 mil 793.12.

También hubo auditorías de cumplimiento que representaron Q394.55 millones en hallazgos.

En total, son Q8 mil 097 millones en hallazgos en auditorías especiales y de cumplimiento, que incluyen 96 denuncias penales.

Las auditorías, tanto de cumplimiento como especiales, se practicaron en todas las dependencias que ejecutan fondos estatales asignados en el presupuesto 2023, clasificados por áreas de inversión que van desde el sector de salud hasta obra pública y fideicomisos.

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Las posibles irregularidades detectadas por la CGC servirán para el proceso de investigación que emprenda el Ministerio Público.

El 2023, por ser el último año de gobierno y año electoral, analistas políticos y expertos en fiscalización y transparencia advirtieron de que en ese período los recursos públicos podrían usarse en forma clientelar.

Las estadísticas del informe dan cuenta de que hubo 286 hallazgos en cuanto a los ejercicios de fiscalización practicados a municipalidades y consejos de Desarrollo, superados solo por 552 detectados por la presentación de denuncias en el ente fiscalizador.

En las auditorías de cumplimiento resaltan mil 632 hallazgos por incumplimiento de procedimientos en municipalidades, lo que representa Q39.1 millones.

También hubo 83 hallazgos de irregularidades en el manejo de fideicomisos, que equivalen a Q532 millones.

No sorprenden

La cantidad de s hallazgos, a criterio de analistas, no sorprende, ya que durante la gestión de Giammattei hubo casos que hicieron dudar de posible corrupción.

“No es una novedad que se dé este tipo de hallazgos. Todos fuimos testigos de los niveles de corrupción durante la administración de Alejandro Giammattei”, expuso Marvin Flores, experto en fiscalización de la organización Acción Ciudadana.

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Flores destacó oportuna la acción de la CGC, que cumplió con su responsabilidad y tomó medidas legales.

En un sentido similar se expresó Francisco Quezada, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), quien destacó que la entidad cumplió con su mandato.

“Estas cifras siempre son bastante altas. Entonces, el desglose y ver qué tanto logran recuperar es clave. Eso podría servir para medir la efectividad de las auditorías de la CGC”, indicó.

La presidencia de Alejandro Giammattei fue cuestionada por sectores sociales del 2020 al 2024. En este período destacaron préstamos solicitados para la atención de la pandemia, el contrato por las vacunas Sputnik V, que mantiene una investigación penal; el desaparecido Centro de Gobierno y aparentes sobornos que señalaba públicamente la oposición política.

La Subcontraloría de Calidad del Gasto también señaló acciones preventivas.

Los datos del informe señalan que hubo tres mil 373 acciones de prevención para combatir la corrupción. De estas fueron atendidas, según el documento, el 85.50%.

DECRETO DEL CONGRESO

Ministerio de Comunicaciones

El informe detalla la existencia de una denuncia contra el exministro de Comunicaciones, Javier Maldonado, quien llegó al cargo en julio de 2021. El monto de la denuncia asciende a Q6 mil 960 millones ya que se adquirieron compromisos no sustentados estos estipulados en el decreto 21-2022, Ley para Fortalecer el Mantenimiento y Construcción de Infraestructura Estratégica.

Entre los posibles responsables de estas sospechas en la ejecución de fondos están los siguientes exfuncionarios: ministro de Comunicaciones, viceministra de Desarrollo Urbano, viceministro de Infraestructura, director general, Coordinador Ejecutivo, Coordinador Ejecutivo, viceministro de Edificios y el director Interino. El caso que está bajo investigación del Ministerio Público.

Cifra que costó el proyecto: Q6 mil 960 millones 843 mil 983.83

ESCUELAS BICENTENARIO

Ministerio de Comunicaciones

La Contraloría General de Cuentas evidenció un segundo caso, el cual corresponde al proyecto de construcción de las Escuelas Bicentenarias. El monto de la denuncia corresponde a Q258.2 millones y están judicializados el ministro, jefe interino, director del despacho ministerial, el viceministro de Edificios y el director interino.

La denuncia se presentó porque los requisitos en las bases de los eventos limitaron la participación de oferentes para la construcción de estas escuelas. Este expediente ya se encuentra en poder el ente investigador, pero junto al trabajo de auditoría hay investigaciones periodísticas que expusieron las aparentes irregularidades en el proyecto.

Cifra que costó el proyecto: Q258 millones 242 mil 423.91

COCINAS DIGNAS

Ministerio de Comunicaciones

Los funcionarios que serían responsables y contra quienes se presenta esta tercera denuncia dentro del ministerio está el ministro quien ejercía funciones, así como contra otras cinco personas que tenían un cargo dentro de la dependencia.

El caso corresponde al proyecto Cocinas Dignas que tuvo una inversión de Q51.3 millones. En este se detallan aparentes irregularidades en los procesos de adquisición e instalación de módulos prefabricados de las cocinas temporales, habiéndose efectuado el pago de 12 procesos de adquisición e instalación de módulos sin ser instaladas.

Cifra que costó el proyecto: Q51 millones 382 mil 075.89

DESNIVELES

Fondo Social de Solidaridad

Dentro de los denunciados con posibles responsabilidades están: el propietario de la empresa Novarq, el coordinador de supervisión, el coordinador de operaciones, monitor de ejecución y supervisor de proyectos, así también como el dueño de la empresa mercantil Cebco y su coordinador ejecutivo.

El caso corresponde a la construcción del paso a desnivel de la avenida Petapa en la zona 12. La sanción asciende a Q104. 7 millones.

Los supuestos hechos que expuso la auditoría especial de la CGC señalan que se incumplieron cláusulas contractuales del proyecto en la construcción del paso a desnivel Puente Petapa.

Cifra que costó el proyecto: Q104 millones 766 mil 166.32

HORAS EXTRAS

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

La denuncia penal contra el TSE obedece a que presuntamente se incumplió con el pago de horas extras para personal permanente y que solo en este rubro se pagaron aproximadamente Q90 millones. En las elecciones del año pasado, el TSE tuvo extensas jornadas de trabajo ante el proceso que se realizó y se contrataron más de 14 mil personas en diferentes renglones.

Entre los posibles responsables en esta denuncia están: el director de Recursos Humanos, el Gerente Administrativo y Financiero.

Cifra: Q90 millones

REMOZAMIENTO

MINISTERIO DE AGRICULTURA

No se tienen mayores detalles de las personas que tendrían cierto grado de responsabilidad en esta denuncia. Pero obedece a posibles irregularidades en un proyecto a cargo del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación (Maga).

El monto por el que el proyecto fue denunciado ante las autoridades y asciende a Q15.8 millones, según la inspección realizada por la CGC.

Los hechos obedecen a irregularidades en la contratación de servicios referentes al evento de licitación de “Remozamiento de Edificios de la Escuela de Formación Agrícola de Cobán, Alta Verapaz”, que es una de las extensiones rurales que tiene el ministerio.

Cifra: Q15 millones 876 mil 824.64

REMOZAMIENTO

Hospital General San Juan de Dios

La denuncia por aparentes irregularidades está relacionada a la operatividad del Hospital General San Juan de Dios, pero esta no desglosa a los posibles responsables. Aunque fuentes de la CGC informaron que la entidad presentó dos denuncias contra Francisco Coma, exministro de Salud durante la administración de Alejandro Giammattei.

Los hechos son aparentes pagos para el remozamiento del hospital sin que los mismos fueran realizados. La inspección de los auditores enlista un monto por Q18 millones 386 mil 435.

La red hospitalaria ha enfrentado constantes problemas por falta de medicamentos y otros temas, mismos que han afectado a la población que acude en busca de los servicios de salud.

Cifra: Q18 millones 386 mil 194

VIVIENDA

Fideicomiso para la Inversión de la Vivienda

La Contraloría General de Cuentas detectó aparentes anomalías en el fideicomiso. Mismas de las que no se detalla quienes podrían ser lo posibles involucrados en la denuncia.

Los hechos obedecen ya que presuntamente hubo un incumplimiento al contrato del proyecto de obra a precio fijo y tiempo determinado, según el número de contrato 9 mil 508 de municipio de San Marcos.

El proyecto se habría otorgado por un costo de Q12.6 millones. Según los resultados de la fiscalización realizado por la CGC ameritan una investigación penal.

Cifra: Q12 millones 60 mil 194

ALIMENTOS

Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente

Los posibles responsables de las irregularidades detectadas por la Contraloría General de Cuentas no son detalladas. Pero obedece a resultados de una auditoría que concluyó en 2023. La cantidad reportada es de Q60.7 millones, que se relaciona con aparentes irregularidades en la compra de alimentos en la dependencia vinculada a la presidencia durante la gestión del expresidente Alejandro Giammattei.

La motivación de la denuncia fue por falta de transparencia en la ejecución presupuestaria, adquisición de alimentos relacionada en los programas de atención integral de primaria infancia y atención integral al adulto mayor.

Cifra: Q60 millones 765 mil 959.35

Documental busca combatir corrupción en inversiones de infraestructura en Guatemala

Fri, 16 Feb 2024 22:05:28 +0000

vIDA eMPRESARIAL

Documental busca combatir corrupción en inversiones de infraestructura en Guatemala

La Cámara Guatemalteca de la Construcción (CGC) presentó el documental “Relaciones peligrosas: infraestructura, la corrupción como costumbre”, como parte de un plan de acción que busca contribuir a una reforma institucional y legal que integre la transparencia, certeza jurídica y la eliminación de conflictos de interés en la toma de decisiones y la gestión de la obra pública en Guatemala.

Vida Empresarial

16 de febrero de 2024 | 16:05h

Según un comunicado emitido por la CGC el documental arroja luz sobre los desafíos y las prácticas corruptas en la contratación, ejecución y supervisión de obras públicas en el país y evidencia el compromiso de los asociados de la CGC de apoyar todos los esfuerzos destinados a transparentar los procesos relacionados con la obra pública en Guatemala.

“La exposición de la cooptación del sistema es un paso crucial para impulsar cambios significativos y mejorar la planificación, contratación y ejecución de proyectos”, expone el comunicado.

En el marco de la proyección, se efectuó un panel de discusión con la participación de la Ministra de Comunicaciones, Jasmín de la Vega; el excontratista de obra pública, Eduardo Cabarrús; y el consultor independiente para obra civil, Juan Pablo Ligorría. (Foto Prensa Libre: Cortesía CIV)

El director ejecutivo de Cámara Guatemalteca de la Construcción, José Fernando Orellana Wer, explicó que uno de los principales problemas identificados es la falta de planificación basada en criterios técnicos, en la que prevalecen intereses y compromisos políticos. “La Cámara considera que cualquier medida de política pública en este ámbito esté orientada en una planificación basada en criterios técnicos para evitar conflictos de interés y garantizar beneficios tangibles para los usuarios”, expresó.

El directivo agregó que Cámara Guatemalteca de la Construcción destaca la importancia de que cualquier política de infraestructura forme parte integral de la estrategia de desarrollo económico nacional. Enfatizó la necesidad de establecer un sistema competitivo de empresas constructoras, y promover la transparencia, la cultura de legalidad y la certeza jurídica para atraer contratistas de calidad.

Asimismo, Orellana Wer resaltó que la sobrevaloración y la baja calidad de obra son problemas persistentes que requieren soluciones inmediatas. “Nuestra Cámara aboga por la obtención de información de mercado precisa y la vinculación de la inversión en compras y contrataciones a datos de calidad, materiales y precios. La proyección de este documental es parte de un plan de acción, que incluirá actividades y proyectos adicionales en los próximos meses, para contribuir a una reforma institucional y legal que integre la transparencia, certeza jurídica y la eliminación de conflictos de interés en la toma de decisiones y la gestión de la obra pública. Juntos, trabajemos hacia un futuro donde la infraestructura sea un motor de desarrollo y progreso para Guatemala”, concluyó.

El documental fue producido por Naranja Media.

Defensa dice que desconoce anomalías en IPM y espera avance de investigación

Fri, 09 Feb 2024 00:52:58 +0000

El Instituto de Previsión Militar (IPM) está en la mira de las autoridades investigadoras, luego que una evaluación de la Contraloría General de Cuentas (CGC) detectó aparentes anomalías en el uso de sus fondos.

La auditoría que practicó la CGC dejó una serie de hallazgos que evidencian, a criterio de los auditores, aparentes anomalías en el uso de Q159.7 millones, lo que dejó sanciones y dos denuncias ante el Ministerio Público (MP).

El IPM cuenta con representantes del Ejército, pero según lo manifestó Henry Sáenz, ministro de Defensa, no tenían conocimiento de los hallazgos que reveló la CGC.

“El IPM para el Ministerio de la Defensa es una dependencia semi autónoma, que se maneja con sus leyes específicas y el Ministerio de la Defensa hace el aporte”, dijo.

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Los indicios de la CGC, dan cuenta que el IPM ha hecho inversiones a empresas que no le generan utilidades desde el 2018, en donde al menos 10 sociedades se resistieron también al trabajo de fiscalización.

También los auditores documentaron como existe una serie de préstamos por Q7.3 millones de las que no se dio seguimiento a los procesos de cobros, de los que incluso en algunos casos se desconoce información de los deudores, según la CGC.

Incluso, la auditoría da cuenta de cómo aparentes acciones del IPM habrían ocasionado la perdida de Q33 millones por una inversión internacional hecha en el año 2011.

En conjunto, las aparentes anomalías que documentó la CGC, hacen Q159.7 millones, hechos que tendrán que ser evaluados por los representantes del MP en un proceso de investigación.

Esperan la investigación

El ministro de la Defensa, destacó que es positiva la presentación de estos hallazgos, ya que permiten dar el seguimiento oportuno y velar por los recursos que cuenta el IPM, “mis felicitaciones al señor Contralor porque está haciendo su trabajo”.

Sáenz, dijo que no consideran adherirse a la denuncia, ya que es demasiado pronto. “Cada responsable deberá ventilar su situación de acuerdo a los documentos y pruebas presentados por la CGC ante los tribunales correspondientes”.

El ministro de la Defensa dijo que lleva 32 años haciendo aportes al IPM, de los cuales no ha recibido todavía un solo beneficio por estar activo en su servicio, pero esperaría que los fondos a los que acceden los jubilados del Ejército, no peligren.

“Si las cuentas son claras nosotros vamos a estar tranquilos que nuestros aportes siguen resguardados de manera clara y proba, si no son claros, pues partir de eso los responsables van a dar cuentas de las acciones que ellos individualmente han cometido”, señaló.

El titular de la cartera de la Defensa dijo que continuarán de puertas abiertas para informar, pero pese a los hallazgos no pueden frenar los aportes económicos que hacen al IPM.

“Hay una ley específica que el sistema debe de continuar, hay que aportar de nuestro sueldo, hay un porcentaje que el ministerio también hace como patrono, debemos de cumplir las leyes y debemos de ser transparentes y probos”, concluyó.

CGC duda del destino de Q28 millones de los hospitales San Juan de Dios y Roosevelt y plantea denuncias

Thu, 25 Jan 2024 21:40:10 +0000

La Contraloría General de Cuentas (CGC) presentó denuncias a finales del año pasado contra las autoridades de los hospitales General San Juan de Dios y Roosevelt por dudas en el destino de por lo menos Q28 millones, informaron este jueves 25 de enero autoridades de la Dirección de Auditoría al Sector Salud y Seguridad Social.

De acuerdo con la CGC, durante la auditoría no quedó claro el manejo de Q25 millones en el Hospital General San Juan de Dios; además, hay dudas del destino de Q3 millones que autoridades del Hospital Roosevelt destinaron para pagar un arrendamiento.

Se informó que el Ministerio de Salud es una de las instituciones del Estado que se encuentra bajo monitoreo permanente por parte de la CGC, por lo que en la actualidad se encuentra en proceso una auditoría financiera.

Además, se detalló que en la Dirección de Salud se emitieron cuatro nombramientos de auditoría de cumplimiento con “nivel de seguridad limitada”, de las cuales tres son para el Hospital General San Juan de Dios, donde, además, se generaron tres denuncias.

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La primera denuncia, según la CGC, es por “pagos improcedentes” por trabajos de remozamiento no efectuados por Q18 millones, y que fueron hechos a la Empresa Construced.

Otra denuncia que se planteó en contra de las autoridades de ese entonces del San Juan de Dios es por el pago de Q7 millones para la compra de batas no estériles, pero estas no fueron entregadas al nosocomio.

Además, hay otra denuncia por un “pago improcedente por otros servicios no realizados en canaletas plásticas de cableado en diferentes áreas, tuberías de vapor y readecuación y pulido de cabina de acero inoxidable de los elevadores del hospital”. El proveedor es Voltar intermedia, según la CGC.

En tanto, en el caso del Hospital Roosevelt, la CGC colocó una denuncia por dudas en el manejo de los fondos en el arrendamiento de una bodega que “no cumplía con las especificaciones del contrato”, y por la cual se pagaron Q3 millones.

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Auditorías

Se informó que en la actualidad para el Hospital San Juan de Dios hay en proceso cinco auditorías, una a requerimiento del Ministerio Público (MP), dos a requerimiento de la sociedad civil y dos a requerimiento del Congreso de la República.

En tanto, para el Hospital Roosevelt hay dos auditorías en proceso, las cuales fueron requeridas la sociedad civil, señaló la CGC.

Congreso de la República elige a Frank Helmuth Bode Fuentes como contralor general de Cuentas

Wed, 09 Nov 2022 01:56:40 +0000

Con 148 votos, el pleno del Congreso de la República eligió este martes 8 de noviembre a Frank Helmuth Bode Fuentes como contralor general de Cuentas para el periodo 2022-2026, en sustitución de Edwin Salazar, informaron fuentes parlamentarias.

Bode Fuentes fue seleccionado de una nómina de seis aspirantes al cargo: Carlos Humberto Echeverría Guzmán, Adriana Estévez Clavería, Marvin Antonio Berdúo Matzir, Julio Ottoniel Roca Morales y Jorge Luis Maldonado Maldonado.

Luego de la votación, los diputados juramentaron a Bode, ya que se encontraba en el Congreso de la República. Ahora ya podrá asumir el cargo.

En la tabla de gradación, Bode Fuentes fue de los tres mejores calificados al obtener 81.53 puntos. Fue incluido en el listado de los seis candidatos que fue enviado al Congreso en la cuarta ronda de votación con 16 votos.

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El nuevo contralor sustituye a Edwin Humberto Salazar Jerez quien el pasado 12 de octubre dejo el cargo por mandato Constitucional.

Bode Fuentes posee un doctorado en auditoría gubernamental y rendición de cuentas y transparencia en la gestión pública por la Universidad Galileo.

Cuenta con una maestría en auditoría gubernamental y rendición de cuentas y transparencia en la gestión pública por la Universidad Galileo; además, es contador público y auditor por la Universidad de San Carlos de Guatemala.

El nuevo contralor general de Cuentas es asesor del Despacho Superior en la administración de Salazar Jerez. Fue gerente de auditoría externa, Bufete Consultores para el Desarrollo Sostenible y es docente en la Universidad de San Carlos de Guatemala.

También fue ejecutivo de vinculación financiera, Dirección General de Administración (DIGA), universidad de San Carlos de Guatemala, fue coordinador de Equipos de Auditoría y director de Entidades Descentralizadas y Autónomas de la Contraloría General de Cuentas y Coordinador Administrativo y Financiero del Proyecto de Desarrollo Integral de Comunidades Rurales, unidad adscrita a la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP).

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CGC multa a funcionarios del Inguat por irregularidades en el pago del diseño de la imagen de la “Marca País”

Tue, 13 Sep 2022 02:51:20 +0000

La Contraloría General de Cuentas (CGC) impuso una multa de Q7 mil 285.80 a seis funcionarios del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), luego de que se determinara que se requiriera la contratación de una empresa para la creación de la “Marca País”, sin haberlo programado en el Plan Anual de Compras para el 2021, es decir, no estaba planificado.

“Al no incluir la adquisición del servicio en el Plan Anual de Compras -PAC- de manera oportuna, provocó que no se contara con una adecuada programación de la ejecución presupuestaria para el ejercicio fiscal 2021, asimismo, falta de transparencia en los procesos e incumplimiento a la normativa legal vigente”, señala la Contraloría General de Cuentas en el reparo que está incluido en el informe de auditoría del 2021, que se entregó al Congreso en mayo pasado.

Los detalles del hallazgo fueron dados a conocer este lunes 12 de septiembre durante una citación del Grupo Parlamentario de Oposición que convocaron a las autoridades del Inguat, pero no acudieron, por lo cual los parlamentarios se trasladaron hasta la sede del Instituto, en el Centro Cívico, donde fueron recibidos por el subdirector de la entidad, Alejandro de León, quien fue cuestionado por el desembolso millonario por la nueva imagen del país.

“El 43 % (del gasto) fue destinado, según la firma, para hacer una investigación, que no fue solo acá, sino en más de 10 países”, justificó de León, quien además enfatizó que la adjudicación del evento se hizo en junio del 2021, es decir, había otros funcionarios en el cargo.

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María Verónica Morasky Ávalos, quien durante ese tiempo ocupaba el cargo de jefa interina de la sección de Presupuesto del Inguat, señaló que se hizo una modificación presupuestaria del renglón 121 al 189. La funcionaria fue sancionada con Q1 mil 214.30 y aseguró que aún no los ha pagado.

Según la CGC, el 13 de mayo del 2021 se encontraba en estado de solicitud “no aprobada” este apartado por Q200 mil; sin embargo, no cubre el monto del evento licitado que fue por Q6.8 millones.

Los parlamentarios también cuestionaron que el Inguat se haya inclinado por la oferta más cara, que se adjudicó a la empresa Regional de Comunicaciones S.A. por Q6 millones 800 mil 086 y no se optó por la oferta de Ogilvy por Q3 millones 399 mil.

De León justificó que la decisión se tomó porque las otras ofertas no llenaban los requisitos.

“No es solo el nombre de acá, sino el respaldo de la firma que tiene experiencia”, señaló el funcionario.

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“Saco un concurso y me presentan ofertas y miro una gran diferencia entre las ofertas que, incluso, entre la primera y la segunda es más del 50%, independientemente de si la segunda no llenó, aquí hay algo, nadie está obligado a adjudicar”, cuestionó el diputado Orlando Blanco.

Durante la visita al Inguat los diputados evidenciaron que las personas que fueron sancionadas, en su mayoría, ya no laboran en el Inguat, y otras se encontraban en reuniones.

Cuestionan logo

El youtuber y diseñador español, Marco García, publicó en su canal “Marco Creativo” una crítica hacia el diseño de la “Marca País” de Guatemala, donde cuestionó, principalmente, el tiempo que tardaron en elaborarla ya que, a su criterio, este tipo de trabajos requieren hasta dos años, cuando el proyecto de Guatemala se elaboró en unos siete meses.

“Hay algo que se menciona mucho, Guatemala está en el centro de las culturas, por qué no jalas de estas premisas”, cuestionó García.

Además, enfatizó que la paleta de colores utilizada es representativa de la flor de la Jacaranda y de la Semana Santa, que no son propias de Guatemala, y en su lugar, cuestiona por qué no se inclinaron por la alusión a los trajes indígenas.