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MEM otorgó las credenciales de exportación para las mineras Mayaniquel y CGN, pero proceso de arbitraje de la primera compañía se mantiene

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) otorgó las credenciales de exportación para la minera Mayaniquel, y en el caso de CGN la emitió para el campo Niquegua Montufar, mientras que para el proyecto Fénix sigue en trámite, informaron por aparte las empresas.

Rosa María Bolaños

12 de diciembre de 2024 | 05:00h

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Mayaniquel tiene a su cargo el campo Sechol ubicado en Panzos, Alta Verapaz. En donde suspendió operaciones en diciembre del 2022, en diciembre del 2022. (Foto, Prensa Libre: archivo Mayaniquel).

Las credenciales de exportación que emitió el el MEM  son para Mayaniquel, firma que posee la licencia para el proyecto de extracción Minera Sechol (que se ubica en Panzos, Alta Verapaz). Mientras que para la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) la credencial se otorgó para el campo Niquegua Montufar (Los Amates, Izabal), pero sigue en trámite el de Fénix, (en El Estor), según indicaron las empresas.

Las compañías expusieron, sin embargo, que no tienen previsto reiniciar de inmediato la excavación ya que están preparando sus planes para llevar a cabo ese proceso.

Se consultó al MEM acerca del otorgamiento de las credenciales de exportación a ambas compañías, pero aún no ha respondido a la solicitud.

En tanto al ser consultado el Ministerio de Economía (Mineco), indicó que, además de las credenciales de exportación para Mayaniquel, se logró levantar la suspensión de las actividades mineras correspondientes al derecho minero Sechol, y de esta forma se cumplió con las demandas planteadas por el inversionista de esta compañía que notificó el 13 de junio último la intención de un arbitraje internacional de inversión contra el Estado de Guatemala.

La compañía International Metal Supply Holding, S. A. (IMSH), presentó la intención de un arbitraje internacional de inversión reclamando US$100 millones porque argumentan daños de las inversiones en Mayaniquel por el retraso en emitirles credenciales de exportación. El plazo de 90 días de la fase para conciliar vence mañana 13 de diciembre.

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IMSH, con sede en Suiza y la casa matriz e inversionista de Mayaniquel, respondió a Prensa Libre que el MEM entregó la credencial de exportación el 26 de noviembre último.

En tanto, que la empresa guatemalteca especializada en la extracción de mineral de niquel, informó en un comunicado en su página electrónica que recibió oficialmente su licencia de exportación lo cual le permite avanzar con sus actividades de exportación.

“Este logro marca un paso significativo para la empresa mientras se prepara para reanudar sus operaciones y volver a la normalidad en sus actividades comerciales”, agrega el documento, al indicar que el proceso requirió los esfuerzos colaborativos de profesionales dedicados, partes interesadas y entidades reguladoras, todos trabajando hacia una visión compartida de cumplimiento y progreso económico. Afirma que mantendrá altos estándares operativos y el apoyo a las comunidades locales.

Consultada acerca de los planes para reactivar las operaciones la firma IMSH indicó que empezará una fase de preparación que durará varios meses. Sin embargo, refirió que no se iniciará la extracción sino hasta contar con una capacidad operativa plenamente restablecida, aspecto que tomará aun varios meses más.

“Es muy pronto para hablar de comercialización del mineral. Su comercialización dependerá de las condiciones de mercado y financieras al momento de estar en condiciones de producir y vender”, añadió.

Arbitraje

Respecto a la intención de arbitraje de inversión contra el Estado de Guatemala, que IMSH notificó al gobierno el 13 de junio del 2024, y consultada además sobre la ampliación de dicha intención tomando en cuenta que en el Congreso de la República la Comisión de Energía y Minas emitió dictamen favorable para la iniciativa de ley que establece moratoria minera, la compañía refiere que “como inversionistas, confiamos y nos apoyamos en las leyes de Guatemala en materia de industria minera”. Señala que la Constitución establece que el uso de los minerales del país es de utilidad y necesidad pública, y en consecuencia sus inversiones reflejan y sostienen la responsabilidad que conlleva ser aliados de Guatemala en el desarrollo de la industria.

“Las intenciones del Gobierno de limitar o restringir el desarrollo de la industria minera, ya sea por licencias existentes o por solicitudes pendientes que constituyen derechos y activos, son extremadamente preocupantes”, expresa la compañía indicando que toda actividad del Estado o falta de ella que tienda a limitar, reducir, complicar o prohibir a los inversionistas en Guatemala operar o desarrollar sus inversiones normalmente, causa un daño económico.

Añade que por ello como inversionistas tiene todo el derecho de buscar una reparación por ese daño bajo cualquier protección legal que tenga, y que en el caso de IMSH, estas protecciones legales se encuentran en el acuerdo de protección recíproca de inversiones entre Guatemala y la Confederación Suiza.

IMSH argumenta que la notificación de intención de iniciar un arbitraje busca una comunicación abierta y conciliación con el Estado de Guatemala. Pero indica que a la fecha (al 10 de diciembre del 2024) no ha habido comunicaciones o interacciones formales importantes entre el Estado y la compañía para limitar, corregir o reparar el daño que ha sido causado por el incumplimiento del Estado de sus obligaciones legales.

Respecto al estatus, explica que el proceso de arbitraje no puede comenzar formalmente hasta que hayan pasado seis meses desde la notificación de intención, aunque no hay fecha límite para la conciliación. Y, refirió que la empresa sigue esperando que el Gobierno se siente a la mesa de negociaciones de manera que no haya necesidad de recurrir al arbitraje.

Estado reactivó credenciales

Las entidades del Estado decidieron reactivar las credenciales y se notificará que cumplió con demandas, que llevaron a la compañía a plantear un arbitraje internacional.

Consultado el Ministerio de Economía (Mineco) acerca de la intención de arbitraje planteado por IMSH y las reuniones para conciliación, explicó que se estableció una mesa interinstitucional con la participación de esta cartera, de la Procuraduría General de la Nación (PGN) y el MEM, equipo que analizó y dio seguimiento a la solicitud de la empresa.

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El viceministro de Integración y Comercio Exterior, Héctor Marroquín Mora expuso, por medio de la oficina de comunicación social, que como resultado de esta labor se logró levantar la suspensión de las actividades mineras correspondientes al derecho minero Sechol y se otorgaron las credenciales de exportación, cumpliendo con las demandas planteadas por la empresa.

Ahora el Mineco notificará formalmente a la compañía que su solicitud de consultas, presentada el 13 de junio, ha sido resuelta de manera satisfactoria por el MEM, cumpliendo con las pretensiones planteadas en la misma, agregó.

Informó el 10 de diciembre, que los inversionistas mantienen la solicitud de arbitraje y que este sigue vigente porque el plazo de seis meses establecido en el Acuerdo entre la República de Guatemala y la Confederación Suiza para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones para realizar consultas vence este 13 de diciembre del 2024.

CGN y Pronico

Por aparte a la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) se le otorgó la credencial de exportación correspondiente a la licencia del proyecto minero Niquegua Montúfar, ubicado en Los Amates, Izabal, hace alrededor de un mes, indicó la Oficina de Prensa de CGN y Compañía Procesadora de Níquel de Izabal (Pronico).

En el caso de la credencial de exportación para la licencia minera Fénix, ubicada en El Estor, también Izabal, aún está en trámite.

Mientras que Pronico cuenta con la credencial de exportar de ferroníquel desde agosto último, con lo que producto que vaya a ser procesado derivado de las licencias de Fénix y de Montúfar, puede ser exportado.

A la fecha ambas empresas están en la fase de búsqueda de financiamiento para reanudar sus operaciones, “cumpliendo altos estándares internacionales de la industria, así como con las leyes, regulaciones y mejores prácticas en ética, cumplimiento, protección ambiental y respeto a los derechos humanos”, agregó la oficina de prensa.

Contexto

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro El departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionó en noviembre del 2022 a tres empresas mineras en Guatemala, a las cuales relacionó con dos ejecutivos, uno ruso y una bielorrusa, señalados de actos de corrupción. 

En enero del 2024 la OFAC las eliminó de las listas de sanciones, y en Guatemala asumió el gobierno actual, el cual refirió que antes de emitir algún documento a las compañías solicitantes se evaluaría cada caso.

Mayaniquel

• Una de las sancionadas fue Mayaniquel, sin embargo, la compañía asegura que se trató de una designación errónea y que ese aspecto se demostró con las diferentes acciones que presentaron ante la OFAC. A mediados de diciembre de 2022 la empresa anunció la suspensión de sus operaciones de forma indefinida como “consecuencia de la errónea designación”, liquidó las prestaciones a sus trabajadores y pagó a sus contratistas.
• Y, en enero de 2024 la OFAC levantó las sanciones a las compañías y fue eliminada de esa lista, en este caso, según explicaron recientemente ejecutivos sin ningún compromiso u otra obligación impuesta sobre ella.
• En octubre del 2024 la empresa dio a conocer que planteó el 13 de junio una intención de arbitraje porque el retraso del Estado en otorgarles las credenciales de exportación y los daños a sus inversiones.

CGN

• Por aparte CGN Y Pronico fueron incluidas en la lista de sanciones por la OFAC, también en el 2022, argumentando que dos ejecutivos de las compañías, uno ruso y una bielorrusa, fueron señalados de actos de corrupción y de soborno.
• Estas dos empresas suspendieron operaciones y liquidaron a su personal en febrero del 2023.
• En octubre del 2023, lograron una licencia de la OFAC para reiniciar operaciones, afirmaron estas empresas, y la casa matriz suiza se comprometió a implementar nuevas políticas y procedimientos para continuar asegurando una operación. Y, días después señalaron al MEM de retrasas la emisión de credenciales de exportación.
• A estas dos compañías también le fueron levantadas las sanciones en enero del 2024, luego de asumir una serie de compromisos que incluyó registrar la propiedad de sus activos en Estados Unidos, además contar con un monitor independiente, programa anticorrupción y ubicación de las propiedades.

El 18 de noviembre de 2022, la OFAC sancionó al ciudadano ruso Dmitry Kudryakov y a la bielorrusa Iryna Litviniuk por supuestamente dirigir múltiples esquemas de soborno durante varios años, que involucraron a políticos, jueces y funcionarios gubernamentales. Kudryakov fue considerado por Washington como “el líder de las operaciones mineras de Solway en Guatemala”.

Ese mismo día, La OFAC también sancionó a CGN, Pronico y Mayaniquel que, según un comunicado de esa fecha, la OFAC mencionó que eran subsidiarias del Solway Investment Group, empresa rusa que ha explotado minas guatemaltecas desde 2011.

Tras la sanción, Mayaniquel anunció la suspensión de sus operaciones “de forma indefinida” a “consecuencia de la errónea designación” por parte de la OFAC.

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Sin embargo, este miércoles las tres compañías comunicaron el levantamiento de las sanciones por parte de la OFAC.

“Estamos agradecidos con las acciones tomadas hoy por la OFAC, las cuales rescinden totalmente las sanciones impuestas a Mayaniquel”, señaló en un comunicado esa empresa, que reitera que esta designación fue errónea”, por lo que ahora espera reactivar operaciones.

“Hoy, OFAC ha reconocido expresamente que Mayaniquel no cumple con ningún criterio para dicha sanción. Como también declaramos desde diciembre de 2022, Mayaniquel no es y nunca ha sido una entidad relacionada, controlada, o propiedad de ninguna de las personas, compañías o grupos corporativos mencionados en el comunicado de OFAC”, agrega la comunicación de la compañía manera.

De acuerdo con Mayaniquel, durante el período de suspensión “forzada” a causa de la sanción de la OFAC, las operaciones de la empresa en Panzos, Alta Verapaz, han tenido daños comerciales y financieros, “los cuales afrontaremos”.

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“Esperamos reanudar nuestras operaciones, reinstalar a nuestros colaboradores en Guatemala y continuar apoyando el desarrollo de sus comunidades”, concluyó la comunicación de Mayaniquel.

Además, las compañías CGN y Pronico se pronunciaron al respecto.

“Las subsidiarias guatemaltecas de Solway Investment Group, una empresa minera global con sede en Suiza, fueron eliminadas hoy de la lista de sanciones de la OFAC. Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) y Compañía Procesadora de Níquel De Izabal (Pronico), las dos entidades mineras de níquel con sede en Guatemala, fueron sancionadas el 18 de noviembre de 2022 bajo la Ley Global Magnitsky”, dice un comunicado.

El documento añade que, tras su eliminación de la lista, CGN y Pronico pueden reanudar sus operaciones sin restricciones.

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“Ambas empresas se esforzarán por trabajar estrechamente con el presidente (Bernardo) Arévalo y su nueva administración en todos los aspectos, especialmente en relación con las comunidades indígenas locales, los derechos humanos y las preocupaciones medioambientales. Trabajarán de cerca con el nuevo ministro de Energía y Minería para obtener lo antes posible las credenciales de exportación necesarias para reanudar las operaciones y recontratar a los más de mil trabajadores empleados por ambas empresas”, detalla el comunicado.

Además, agrega que Solway se ha comprometido con “un amplio programa de anticorrupción, que incluye el nombramiento de un monitor independiente y el traslado de la propiedad de sus dos subsidiarias guatemaltecas a los Estados Unidos para asegurar que las dos empresas estén sujetas a las leyes y regulaciones estadounidenses. La nueva entidad, que se convertirá en propietaria de las dos subsidiarias, ya ha sido incorporada en el estado de Nueva York, y Solway tiene la intención de completar la transferencia formal de las subsidiarias en un futuro cercano”.

El pronunciamiento incluye declaraciones de Dan Bronstein, CEO de Solway, quien afirmó: “Las subsidiarias guatemaltecas de Solway generan miles de empleos directos e indirectos en Guatemala y producen níquel, que es esencial para la construcción y la transición energética. Estamos encantados de poder dedicar ahora nuestra energía a reiniciar operaciones y restablecer el empleo, la seguridad social y el desarrollo económico en las comunidades anfitrionas. Y nos enorgullece hacerlo cumpliendo con estándares de clase mundial en términos de cumplimiento y transparencia, y con el máximo respeto por los derechos medioambientales, humanitarios e indígenas”.

El funcionario explicó que el MEM deber realizar dentro de 15 días hábiles las resoluciones que se consideren para poder reactivar el proyecto minero.

Se estima que a más tardar los primeros días de enero del próximo año podría dictaminarse la reactivación del proceso minero, sin embargo, para que físicamente inicien los procesos de extracción ya queda a discreción de la empresa titular de derecho para establecer qué pasos son necesarios para poder hacerlo, agregó el funcionario.

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Al respecto el director general de CGN, Humberto Matheus, comentó que esperan que entre mediados y finales de enero del 2022 se restablezca la licencia el cual es un proceso administrativo del ministerio, sin embargo estiman que podrían reactivar operaciones a partir de marzo próximo.

Esto se debe a que una vez que la empresa sea notificada deberá preparar la convocatoria para el personal que tiene suspendido su contrato y para la contratación del personal de mano de obra local, este último forma parte de uno de los compromisos asumidos. Entre los dos grupos son alrededor de 100 a 150 personas, se añadió. También se debe verificar la maquinaria y restablecer procesos.

La licencia minera fue suspendida provisionalmente por la Corte de Constitucionalidad (CC) en julio del 2019, la cual ordenó la realización de la consulta, la decisión fue confirmada en sentencia de marzo del 2021. También ordenó la delimitación de la licencia a una extensión de alrededor de 6 kilómetros y no de 17 kilómetros como fue otorgada inicialmente.

Al ser consultado Matheus sobre cuánto volumen se dejó de extraer y las pérdidas monetarias en el plazo de suspensión, respondió la extracción va de la mano con la demanda pero se habla de unas 150 toneladas de tierra la cual dentro de sus componentes posee el níquel que se vende en el mercado internacional. El directivo hizo énfasis que ese es el único componente que tiene valor en el mercado, negando que exista uranio u otros componentes como se ha señalado.

Explicó que el principal cliente de Fénix es Pronico, empresa del mismo grupo, la cual al ser suspendida la extracción se empezó a proveer de Maya Níquel, otra de las empresas del grupo por lo que, según el ejecutivo como grupo no tuvieron grandes pérdidas.

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La firma se comprometió a brindar el equivalente a regalías voluntarias a través de inversiones sociales para proyectos elegidos por las comunidades y autoridades locales, por Q3 millones anuales.

Proceso y acuerdos

El MEM dio a conocer que como parte del proceso de consulta también se logró la suscripción de acuerdos que permitirán generar planes de desarrollo que ayudarán a la población del área de influencia del proyecto y que estos giren alrededor de un plan integral de desarrollo local con ejes principales como productividad y empleo; educación; salud; y cultura y espiritualidad.

También se acordó atender algunas peticiones puntuales de las comunidades como generación de empleo, fortalecimiento de capacidades, emprendedurismo, protección y cuidado del ambiente e infraestructura, añadió la entidad.

El cumplimiento de los compromisos será monitoreado por un Comité de Seguimiento, que se conformará durante los primeros meses del 2022.

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La licencia minera fue suspendida provisionalmente por la Corte de Constitucionalidad (CC) en el 2019, ordenando la realización de la consulta y delimitación de la licencia a alrededor de 6 kilómetros, la decisión fue confirmada en sentencia de marzo del 2021.

Entre los acuerdos logrados están:

• Los pueblos indígenas se comprometieron a trabajar en conjunto con la CGN los proyectos de desarrollo, respetar los plazos que dicha empresa tiene estipulados para la gestión e implementación de los proyectos de infraestructura solicitados y a participar en las jornadas de reforestación del área que se planifiquen en seguimiento a la protección y mejoramiento del medio ambiente.
• Otro compromiso fue evitar realizar la tala inmoderada en las áreas en las cuales existen cuerpos de agua que son vitales para el uso de las comunidades y contribuir en la difusión de medidas informativas o de concientización que puedan derivar del Comité de Seguimiento.
• La CGN se comprometió a dar continuidad al programa de capacitación y educación a los colaboradores, mantener los programas de desarrollo local incluyente y a priorizar la contratación de personal local.
• Además, proporcionará el equivalente a regalías voluntarias a través de inversiones sociales por Q3 millones anuales, las cuales serán realizadas y administradas por la empresa sujetas a la operación continua del proyecto, con supervisión y fiscalización del Comité de Seguimiento.

Las operaciones de la minera han sido señaladas de ser favorecidas por intervención de empresarios rusos que se han reunido constantemente con el actual gobierno según denuncias públicas surgidas este año en el Congreso de la República.

El gobierno decretó el domingo 24 de octubre del 2021 estado de Sitio en El Estor, Izabal, luego de tres días de enfrentamientos violentos entre policías y comunitarios que se oponen a un proyecto minero que opera en el lugar y que mantuvieron bloqueada la ruta por más de 15 días. Se reportaron más de 15 detenidos durante el plazo del estado de Sitio.

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Además, declaró sin lugar aclaraciones solicitadas por varias partes que adujeron que el Ministerio de Ambiente y de Recursos Naturales (Marn) había aprobado una ampliación al área del proyecto para una extensión de 17.05 kilómetros cuadrados, ya que al momento de aprobarse esa extensión por el Ministerio, ya se había emitido la licencia, por lo que no podía reunir el carácter previo que exige la ley.

Por ello, se mantiene la orden de recudir la licencia minera a un área de 6.29 kilómetros ya que solo esta extensión poseía Estudio de Impacto Ambiental  (EIA).

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) deberá cumplir con delimitar esa licencia además de realizar la consulta a las comunidades indígenas del área de influencia del proyecto, que se ubica en El Estor, Izabal.

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El MEM había decidido el 17 de febrero pasado suspender en forma preliminar la licencia un año y medio después de haberse emitido la primera resolución de la CC. La empresa señaló en esa ocasión que estarían en riesgo entre 300 a 2 mil empleos.

La Cámara de Industria de Guatemala (CIG) había emitido la noche del lunes un comunicado pidiendo a la CC que resolviera las ampliaciones y aclaraciones.

La suspensión de actividades de la Mina Fénix afecta a la economía e imagen del país, disminuyendo la atracción de inversión.

No permitamos que se pierdan las oportunidades de trabajo formal. #CIG pic.twitter.com/1EqrE9GojX

— Cámara de Industria de Guatemala (@industriaguate) March 2, 2021

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Se tomó esa decisión en cumplimiento de la resolución provisional decretada por la Corte de Constitucionalidad (CC) en julio del 2019 en la cual suspendió la licencia, dijo el ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel.

La empresa que la opera, la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), puede hacer uso de los recursos legales que considere, se expuso.

Antecedentes del proceso

En junio del 2020, la CC emitió la sentencia confirmando la suspensión y ordenando la consulta comunitaria, para la cual fija 18 meses.

En dicha sentencia se reduce el área que cubre la licencia emitida por el MEM de 247.99 kilómetros cuadrados (Kms2) a 6.29 Kms2 por que el resto no cuenta con el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), según la CC.

Por el momento no se ha delimitado el área de la licencia porque la resolución de 2019 no habla de un área en kilómetros y la de 2020 aún no está en firme, agrega el MEM.

Reacción empresarial: “No procede”

El sector minero considera que, si ya existe una resolución definitiva sobre ese caso con la sentencia de la CC en el 2020, no procede la suspensión con base en la provisional del 2019 sino que el MEM debía esperar a que cobrara firmeza la sentencia para proceder en lo que ahí se establezca.

David Orellana, gerente de Relaciones Públicas de CGN-PRONICO, agregó que la resolución del 2019 no surte efectos, ya que desde el 9 de enero de 2019 se resolvió el amparo en definitivo en la primera instancia Corte Suprema de Justicia (CSJ) por lo que, refirió, “hay que guiarse por la resolución del amparo definitivo de primera instancia, hasta que esté en firme la sentencia de apelación de amparo definitivo de segunda instancia”.

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Impacto económico de la suspensión

En el área que abarca la licencia de Fénix se detuvo la explotación (extracción) de mena de níquel el día siguiente que se recibió la notificación, se agregó. Con la detención de operaciones se dejan de explotar 120 mil toneladas de mena de níquel al mes, dijo Orellana.

Agregó que la compañía cuenta con más de 2 mil  colaboradores, de los cuales más de 1 mil 250 puestos de trabajo son de habitantes del municipio de El Estor, Izabal.

Hasta el 22 de febrero del 2021 se han suspendido de conformidad con la ley, 75 contratos laborales y se espera la suspensión de 300 más a inicios del próximo mes, agregó el ejecutivo quien mencionó que la suspensión de la licencia impactará al menos a 11 sectores económicos, debido al incumplimiento de contratos con más de 300 proveedores que generan alrededor de 4 mil empleos de forma indirecta.

La compañía ha invertido en el proyecto alrededor de US$700 millones (unos Q5 mil 300 millones). A criterio de Orellana, la cancelación de este desincentiva al sector y refuerza un mensaje negativo a cualquier potencial inversionista que tenga la intención de invertir en el país, además que cada año se invierte más de US$1 millón, en proyectos de desarrollo social sostenible en las comunidades del área aledañas.

Pendiente vigencia de la sentencia

La compañía está a la espera de que la CC resuelva los recursos de Aclaración y Ampliación para dejar en firme la sentencia de apelación de amparo definitivo, emitida en junio de 2020 para comenzar con los procesos administrativos ante las instituciones del Estado.

También esperan el proceso de consulta comunitaria que debe realizar ahora el MEM, aunque según Orellana este sería el tercer ejercicio que se efectúa en las comunidades del área de afectación del proyecto, ya que en 2005 se convocó uno y otro en 2018. En ambos casos, las comunidades estuvieron a favor del proyecto, expresó.

Respecto al área que cubre la autorización, explicó que la licencia fue emitida por el MEM en 2006, cuando una compañía canadiense era dueña del proyecto, por lo que desconocen por qué dieron la licencia de 247.99 kilómetros cuadrados.

“Suponemos que se presentó un estudio técnico-económico, en donde justifica que, por tratarse de depósitos lateríticos dispersos, la extensión territorial de 20 kms no era suficiente y se solicitó la extensión de 247 km2”, respondió Orellana.

Añadió que no están de acuerdo con los 6.29 Kms2 que pide delimitar la CC, ya que según el EIA aprobado por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales en el 2018, abarca 17 Kms2.

A la fecha la empresa está pendiente de la respuesta a los recursos de Aclaración y Ampliación para que la CC aclare por qué no consideraron el EIA de 2018, se agregó.

“Una señal negativa”

Alfredo Gálvez, vocero de la Gremial de Industrias Extractivas, dijo que la decisión del MEM es otra señal negativa para el sector minero y que “lejos de fortalecerse el estado de derecho y las reglas claras, nuevamente quedamos sujetos a las disposiciones subjetivas de Corte de las autoridades con interpretaciones a su manera de lo que dice la Constitución que establece que la explotación de los recursos del subsuelo es de utilidad y necesidad pública”.

“El proyecto Fénix era el último proyecto de minería metálica que estaba operando”, dijo Gálvez. Agregó que tomando en consideración las inversiones de la empresa, la planta iba a trabajar por lo menos 50 años.

Juan Pablo Carrasco presidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (Amcham) y de la Asociación de las Cámaras de Comercio Binacionales (Ascabi) dijo que la suspensión de los diferentes proyectos mineros no solo afecta la minería sino a toda la inversión extranjera ya que disminuye la certeza jurídica.

Esto se debe a que “son proyectos que ya vienen operando de años atrás con permisos y autorizaciones otorgadas por el Estado. Que la CC desconozca estos temas y suspenda proyectos ya activos manda una señal negativa a todos los agentes económicos especialmente a los inversores extranjeros”, dijo el directivo.

Carrasco expresó además que” este tipo de resoluciones mandan una señal muy negativa ya que esencialmente se convierten en expropiaciones a inversiones ya realizadas en el país, lo cual genera preocupación a inversionistas extranjeros de cualquier sector, especialmente a las inversiones en el área rural del país que es donde más se necesita”.

En @AmChamGT manifestamos nuestra preocupación por la suspensión a la Minera Fénix, por la @CC_Guatemala, no solo porque afecta a la minería, sino también desanima la atracción de inversión extranjera. Exhortamos a las autoridades a buscar resoluciones a favor de la economía. pic.twitter.com/PBWqZwkc18

— AmCham Guatemala (@AmChamGT) February 24, 2021

En breve

• 2006: MEM emite licencia de explotación LEX-049-05 para el Derecho Minero Fénix.
• 2005 y 2018: la compañía asegura que en esos años el MEM consultas a las comunidades del área de influencia.
• 2018 y 2019: La Gremial de Pescadores de El Estor, presentó dos medidas legales para pedir la suspensión de la licencia indicando que no se realizó la consulta a los pueblos indígenas, regulada en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
• 2019: La CC suspendió de forma provisional la licencia, en julio de ese año.
• 2020: La CC emite sentencia definitiva y mantiene suspendida la licencia, ordena realizar consulta comunitaria y delimitar área que cubre la licencia. Está pendiente de resolverse aclaraciones y ampliaciones para que cobre firmeza.
• 2021: MEM suspende en forma temporal la licencia de explotación minera, la decisión cobra vigencia el 17 de febrero. La empresa empezó a reducir personal ya que indica no puede operar.

Otros casos

• La operación de la Puya, que se ubica en San José del Golfo y en San Pedro Ayampuc, departamento de Guatemala, fue suspendida en el 2016 por un amparo definitivo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de forma provisional por la CC.  En junio del 2020 la CC emitió sentencia, confirmó la suspensión y ordenó realizar una consulta comunitaria. Inversionistas del proyecto demandaron un arbitraje internacional en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) por US$300 millones, caso que no ha concluido.
• En julio de 2017 la CSJ suspendió el área El Escobal de Minera San Rafael, ese mismo año emitió suspensión provisional la CC y la cual emitió sentencia en septiembre del 2018 indicando que podría operar pero antes deberá efectuar la consulta comunitaria la cual no se ha efectuado. En enero de 2021 el MEM anunció que en abril de este año tiene programado iniciar la preconsulta a comunidades del área de influencia del proyecto para luego pasar al proceso de consulta según el convenio 169 de la OIT. El Parlamento del Pueblo Xinca expresó que participará en la preconsulta solo si se cumple con la ley por las otras partes.  El proyecto se ubica en el municipio San Rafael Las Flores, Santa Rosa.

En un boletín emitido el lunes 19 de agosto refieren que dar a conocer este dato “para el conocimiento de los señores Magistrados de la Corte de Constitucionalidad” (CC).

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Se indica que fue el MEM el ente encargado de realizar la consulta a las comunidades del área de influencia del Proyecto Minero Fénix, según los parámetros de las sentencias dictada por la CC en el caso de la hidroeléctrica Oxec emitida en mayo del 2017.

La compañía explican que en el 2005 se realizó la consulta a las comunidades y desde entonces se ha mantenido el diálogo.

Además, en diciembre del 2018 dicho ministerio realizó “una consulta de actualización” en la cual, según se explica en el boletín, se le dio participación a las comunidades del área de influencia del proyecto en el proceso de consulta.

La segunda consulta se efectuó a solicitud de representantes de las comunidades del área de influencia ante el MEM para que se realizara una actualización respecto de la efectuada en el 2005. La petición surgió ante la preocupación de una posible suspensión de actividades del proyecto debido a un amparo presentado por el grupo de pescadores del Estor.

Esta solicitud fue efectuada el 20 de septiembre de 2018 y el primer acercamiento se realizó el 17 de octubre de 2018, agrega la compañía.

En dicho proceso de actualización de la consulta se alcanzaron diferentes acuerdos entre las comunidades del área de influencia y la empresa, se explica en el boletín:

• Acuerdos en cuanto a los mecanismos de diálogo continuo
• Acuerdos ambientales
• Acuerdos por el desarrollo sostenible

La CGN y el Gobierno han mantenido un diálogo permanente con los comunitarios, en idioma maya q´eqchi´, a partir del 2005. En ese proceso se acordó desarrollar mecanismos de diálogo continuo por medio del departamento de relaciones comunitarias como:

• Recibir peticiones de las comunidades
• Realizar reuniones por medio de mesas de diálogo
• Realizar proyectos de desarrollo sostenible en conjunto con las comunidades del área de influencia del proyecto además de que avalan el cumplimiento de los parámetros relacionados, se agregó.

Departe del MEM no se espera ninguna decisión, ahora se espera la decisión de la CC, indicó Maynor Álvarez, representante de la CGN.

“Esperamos que la CC emita una resolución favorable para la empresa y por ende para las comunidades del Estor en el caso de la apelación del amparo definitivo para que la empresa siga operando tomando en la cuenta que las consultas fueron realizadas ya dos veces, en 2005 y en 2018”, agregó Álvarez.

El ejecutivo no brindó detalles de las pérdidas que está representando la suspensión. Expuso que están pensando en los diferentes tipos de pérdida que se están generando por la suspensión para los beneficios para la comunidad, para el desarrollo comunitario, puestos de trabajo, ser pierden inversiones para el país y el gobierno deja de recibir impuestos.

Al respecto, Rafael Maldonado, abogado de las agrupaciones que interpusieron el amparo contra la licencia del proyecto minero, respondió que las consultas del 2005 fueron solo reuniones del Consejo Departamental de Desarrollo (Codede) de Izabal, con el ministro de Energía y Minas y con el Gobernador, pero expones que estas no llenaron los parámetros o ninguna circunstancia para considerarlas como una consulta comunitaria, libre previa e informada.

Agregó que no tiene conocimiento de las supuestas consultas del 2018, pero argumentó que si estas son una actualización no tendrían validez porque se basan en las reuniones del 2005 que no tienen características o parámetros de una consulta.

La CC suspendió de manera temporal la licencia de derecho de explotación de la minera Fénix, frente al Lago de Izabal, que opera CGN.

Vecinos reclamaron que no se agotó el proceso de consulta comunitaria en torno al proyecto, aunque la compañía responde que sí se hizo.

En un fallo previo a esta instancia, la Corte Suprema de Justicia  (CSJ) había otorgado un amparo a los vecinos en febrero del 2019, pero no suspendió a la minera, a lo cual apelaron ante el tribunal constitucional.

El proyecto permite la explotación del mineral durante 25 años, para lo cual la empresa ha invertido US$670 millones (unos Q5 mil 025 millones).

Se estima que esa operación minera genera unos 3 mil puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos.

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Sin embargo, una de las soluciones, si continúa por más tiempo la suspensión, sería recortar de manera gradual los 2 mil empleos directos que laboran en la mina.

Álvarez no especificó con detalle, porque esperan los resultados de la vista pública que se llevará a cabo mañana 25 de julio en la CC.

Para los trabajadores esta suspensión temporal la interpretan como un “cierre” y afirman que les están negando el derecho a un empleo digno, pero según autoridades de la empresa, no tienen contemplado tal extremo, pero son más de 3 mil personas que están preocupadas por su futuro, tanto colaboradores como familias.

El ejecutivo de CGN indicó que la empresa hasta la fecha invirtió US$670 millones que aún no han recuperado.

En ese sentido, Humberto Mateus, director administrativo de CGN afirmó que las inversiones actuales y futuras están en riesgo a falta de certeza jurídica.

Según Mateus la empresa proyectó generar nuevos puestos de trabajo, pero con la resolución de la CC se detienen los planes de crecimiento.

Humberto Mateus, director administrativo de CGN afirmó que la suspension temporal de operaciones de la mina Fénix afecta 2 mil empleos directos y mil indirectos, además aseguró que temen por las inversiones a falta de certeza jurídica. pic.twitter.com/2ZD2kAcvCF

— Natiana Gándara (@ngandara_pl) July 24, 2019

Impacto en cadena de suministros

Rony Méndez, alcalde de El Estor, Izabal dijo que la población se ha beneficiado con los proyectos sociales que la empresa CGN realizó en el municipio y afirmó que el impacto económico perjudicará a toda la comunidad.

El jefe edil indicó que la compañía paga impuestos como USI, Boletos de Ornato y entrega regalías anuales, que constituyen parte del presupuesto municipal, si la suspensión llegara a ser definitiva estimó que se perderían 50 empleos al no recibir esos recursos.

En opinión de Walter Montejo, contratista de la mina los efectos de la suspensión temporal ya son evidentes y la preocupación más grande es cómo generarán ingresos las miles de familias que dependen de la operación.

En el caso de la pequeña empresaria Norma Morales, quien instaló un comedor cerca de la mina para ofrecer alimentos a los colaboradores afirmó que del negocio dependen al menos 12 madres solteras que residen en la comunidad, y aseguró que de continuar la situación no podrá mantener el personal actual.

Más de 10 pescadores de la Asociación de Pescadores Bocas del Polochic señalaron que aunque no dependen de manera directa de la mina Fénix, la empresa los apoya cuando es tiempo de veda (tiempo durante el cual está prohibido pescar en un determinado lugar o especie).

Los pescadores afirmaron que no han detectado ningún tipo de contaminación por parte de la empresa y están atentos como asociación de que el ambiente no sea perjudicado en la zona de influencia, además llevan a cabo proyectos independientes para cuidar los recursos naturales.

Con este proyecto se benefician 11 sectores incluidos los pescadores.

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También algunos pobladores de El Estor y otras comunidades aledañas se presentaron con pancartas en apoyo a la mina que debió suspender sus operaciones de manera provisional.

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La licencia de derecho de explotación de la minera Fénix, ubicada en El Estor, Izabal, es propiedad de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), también conocida como Pronico.

El amparo provisional que otorgó la CC a la Gremial de Pescadores de El Estor revoca la resolución emitida por la Corte Suprema de Justicia el 7 de marzo de 2018, y se mantendrá vigente hasta que se emite una resolución definitiva.

El Ministerio de Energía y Minas otorgó la licencia número 1208 el 17 de abril de 2016.

En la acción presentada, los comunitarios expusieron que al otorgar la referida licencia se violentó el derecho a la consulta a los pueblos indígenas de los municipios de Senahú, Cahabón y Panzós del departamento de Alta Verapaz y de El Estor, en Izabal.

Los 50 líderes y líderesas que presentaron el amparo a manera personal mencionaron que vulneraron sus derechos de consulta previa, participación, otorgamiento de consentimiento libre, previo e informado, así como el principio de protección a los grupos étnicos.

“No representan a todos”

Mynor Álvarez, representante de CGN afirmó que la compañía es respetuosa de las leyes guatemaltecas y decidieron acompañar a los colaboradores en la manifestación con el objetivo de que prevalezca la paz y que la inconformidad no interrumpa la libre locomoción de las personas.

Álvarez agregó que están a la espera de la próxima audiencia (jueves 25 de julio) en la CC para poder revocar dicho amparo y esperan que continúe el funcionamiento de la minera.

Santos Boj Coc, representante de las comunidades que trabajan con la empresa en El Estor, Izabal comentó que están sorprendidos con la resolución de la CC y afirmó que los 50 líderes que presentaron el amparo no representan a los más de 3 mil trabajadores que laboran en la mina.

Boj explicó que solicitaron una audiencia a los magistrados de la CC, pero hasta el momento no habían sido atendidos, de lo contrario regresarán el próximo jueves para presenciar la vista pública.

Rafael Maldonado, abogado que representa a los líderes comunitarios afirmó que efectivamente los 50 líderes no pueden representar a todos, porque no existe nadie que represente al 100% de la población, pero cuando se da una violación a los derechos humanos siempre habrán actores a favor y en contra.

“Algunas personas apoyan la operación de la empresa, pero me atrevería a asegurar que otro grueso de la población no lo está, casi un 50%, especialmente en el caso de El Estor, los pobladores están en contra”, expresó el profesional del derecho.

Maldonado enfatizó que quienes decidieron ejercer ese derecho que otorga la Constitución Política de la República Guatemala y la Ley de Amparo, lo llevaron a cabo en el orden correspondiente, primero se acudió a la Corte Suprema de Justicia y luego a la CC.

Proyecciones truncadas

Según datos de la Gremial de Industrias Extractivas adscrita a la Cámara de Industria de Guatemala con el cierre de la Minera Fénix, (luego del cierre de Minera San Rafael y el retiro de la Mina Marlin), solo quedan las empresas nacionales que explotan materiales de construcción, lo cual significa unos Q200 millones para el país.

De acuerdo con información de la CGN, subsidiaria de Solway Investment Group, el plan de desarrollo del proyecto Fénix contempla 3 fases, y en los primeros 18 meses de operación se tenía previsto alcanzar una producción de 35 mil toneladas anuales de ferroníquel (12 mil toneladas de níquel).

Después de 30 meses, la producción llegaría a 75 mil toneladas, y para el cuarto/quinto año de operaciones la cifra sería de 150 mil.

Asimismo, refiere que el yacimiento de ferroníquel se ubica entre los 10 más ricos y puros del mundo, el cual coloca a Guatemala en la mira de los productores internacionales. Esta compañía estima que la inversión durante todas las fases será de US $1 mil 500 millones.

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Este complejo modelo ha sido uno de los más deficientes en nuestro medio, y a ello se debe que la corruptela haya alcanzado niveles intolerables, al extremo de que hace una década se debió aprobar la creación de un ente internacional para combatir las estructuras criminales incrustadas en el Estado, de lo cual ahora aflora una abundante pero triste memoria.

En buena medida eso llegó a ocurrir por la inoperancia o la cooptación de instituciones medulares para frenar el avance de la inmoralidad, pero al fallar hicieron necesario que entes externos —como es el caso de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala— hayan entrado al rescate de las instituciones y, sobre todo, en el combate de las mafias.

Una de estas entidades nacionales llamadas a velar por el uso responsable de los recursos públicos es la Contraloría General de Cuentas (CGC), cuya principal labor es auditar el manejo responsable del dinero de los contribuyentes. Esto ha sido cumplido a medias, precisamente porque la designación del titular ha estado históricamente en manos de pactos de corruptos, prestos a frenar cualquier investigación.

Sin embargo, la corrupción alcanzó niveles vergonzosos e intolerables en Guatemala, lo que hizo que principalmente desde el Ministerio Público se iniciara un combate frontal contra la criminalidad en el Estado, y esto condujo a una reacción positiva en la conducción de la CGC, situación que no fue así durante el anterior mandato del actual contralor.

Hoy se ha iniciado un nuevo proceso para elegir al sustituto de Carlos Mencos, quien termina su segundo mandato en octubre. Este caso es digno de señalar, porque la reelección no está permitida; es decir, cualquier segunda vez, pero en una interpretación absurda del término se inventó que se puede aplicar por un excontralor luego de que haya transcurrido un período intermedio. Según el diccionario, significa “volver a elegir”, en cualquier tiempo posterior.

El segundo período de Mencos fue muy diferente al primero, cuando sirvió de comparsa a los grupos mafiosos enquistados en el poder y, al igual que sus antecesores, se hizo de la vista gorda de la creciente corrupción que copaba importantes instituciones, desde las cuales prosperaban mezquinos negocios de los más importantes funcionarios, entre ellos representantes de los más altos poderes del Estado, muchos hoy tras las rejas, a la espera de los procesos relacionados con acusaciones de tráfico de influencias, abuso de poder o enriquecimiento ilícito.

El combate decidido contra la corrupción en los últimos años también condujo a un desempeño más responsable del actual contralor, y aunque dejó muchas dudas, prevalece la imagen de que es posible fiscalizar el manejo de recursos millonarios, y ese debería ser un primer paso para quienes hoy tienen en sus manos elegir a los mejores aspirantes a dirigir la CGC.

En reunión con la Comisión de Energía del Congreso, ejecutivos de ambas firmas indicaron que la empresa brasileña Nitre, proveedora de la caldera, indicó que en un mes entregará el informe sobre la explosión. Esta se encargará del pago de seguro y otros gastos de las víctimas.

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Los parlamentarios solicitaron a los ejecutivos y funcionarios que se les entregue el informe al respecto. 

Uno de los cuestionamientos de los parlamentarios son las medidas de seguridad que se siguen en las empresas, a lo que Mario Fernando Vega, director administrativo de CGN y Rodolfo Gutiérrez Soria, especialista en seguridad, indicaron que se tienen estándares y protocolos de seguridad para los cuales se capacita al personal. 

También se cuestionó que el MEM no tiene facultad para detener las operaciones mientras se siguen las investigaciones. Chang respondió que la ley permite las operaciones de minería, y por aparte de generación de energía para su propio abastecimiento y ese ente no tiene facultades para suspenderlas. 

Pero no es la única, pues como se ha podido constatar con las frecuentes denuncias hechas por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, existen muchas otras vías que los políticos convertidos en funcionarios emplean para iniciar un rápido enriquecimiento personal, donde no existen límites ni modelos éticos que puedan frenar tales ímpetus.

Sin embargo, también existe la combinación de esas modalidades con una conducta de irresponsabilidad en el Estado, y es cuando esa mezcla solo tiene como objetivo el expolio de los recursos públicos.

Mucho de esto es lo que se observa en el reciente informe brindado por la Contraloría General de Cuentas, en el que se encuentran importantes hallazgos sobre el funcionamiento de varias dependencias, en las cuales la administración de recursos hace obligatorio que se esclarezca todo sobre su manejo, y esto implica que se agoten todas las instancias.

Una de estas instituciones sobre las que pesan reparos millonarios es el Ministerio de Gobernación, cuyo monto sobrepasa los Q2 mil millones, lo que se traduce en dudas o malos manejos de los fondos de esa institución en el 2015, que implican por lo menos a dos exministros patriotistas.

El impacto de lo denunciado por la CGC es tal que muchos de sus hallazgos han pasado a la siguiente etapa, que consiste en hacer la respectiva denuncia penal en el MP, porque son graves las omisiones y porque también son millones de quetzales los que se habrían malversado.

Una de las denuncias más recurrentes es el incumplimiento de deberes, que se traduce en otorgamiento de contratos a los oferentes más altos, pagos millonarios que tampoco contaban con el sustento legal y, en el peor de los casos, erogaciones por estudios de prefactibilidad para remodelación de comisarías que nunca se efectuaron.

Dos hallazgos que llaman la atención porque según la CGC incumplieron normas de procedimiento es uno relativo al anticipo por la remodelación de un centro de detención en Escuintla, cuyo desembolso implicó el pago de más de 150 millones de quetzales, cuando era improcedente, y otro por más de 262 millones por servicios de videovigilancia que podrían resultar en una sobrevaloración.

Hay muchos otros hallazgos de montos menores, aunque no por eso menos importantes, que las anteriores autoridades deben esclarecer, pero también el MP tiene que investigar, porque existen indicios suficientes para establecer responsabilidades.

También es importante destacar que muchas de estas denuncias afloran por primera vez con mayores detalles y son cursadas al MP, lo que antes no sucedía, lo que significa que la misma Contraloría había incumplido con sus propias obligaciones, y ante ello el contralor actual debe rendir cuentas.