Daños en el puente El Chixoy en la RN – 7W alerta a pobladores y transportistas

La Municipalidad de Chicamán anuncia que a partir del 28 de octubre se llevarán a cabo reparaciones en las planchas metálicas del puente Chixoy.

Gabriel Molina

27 de octubre de 2024 | 15:20h

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La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres informa daños en el puente El Chixoy en el kilómetro 299 de la RN – 7W en Quiché. (Foto Prensa Libre: Conred).

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) dio a conocer que efectúa la evaluación y análisis de daños en el puente El Chixoy en el kilómetro 299 de la ruta nacional 7W en Chixoy, Chicamán, Quiché.

Desde la noche del 26 de octubre, usuarios en las redes sociales han difundidos videos donde se observa el desgaste y daños a la estructura del puente.

Esta ruta comunica a Quiché y Huehuetenango con las Verapaces.

Pobladores de Chixoy solicitan al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) que lleve a cabo acciones de respuesta de manera pronta, ya que el estado del puente pone en peligro la vida de los transportistas y conductores que circulan en el sector.

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La Municipalidad de Chiacamán informó a la Conred que el deterioro del puente El Chixoy es a causa de la falta de mantenimiento en las planchas metálicas por la institución encargada.

Equipo de la zona vial número 13 confirmó que los vehículos transitan con dificultad. La ruta está a cargo de la División de Supervisión de Construcciones (DGC).

El jefe edil también afirmó que a partir del 28 de octubre se desarrollarán labores. En ese sentido, la Conred le recomendó al alcalde evaluar la situación para determinar la seguridad vial.

De acuerdo con la Conred, aproximadamente 1 mil 500 vehículos transitan a diario en el puente.

#Quiché Sistema CONRED coordina acciones de respuesta por daños reportados en puente "El Chixoy" ubicado en el kilómetro 299, RN-7W, aldea Chixoy del municipio de Chicamán, Quiché.

Créditos: Eladio Xirum, Delegado Departamental de la CONRED. pic.twitter.com/fxggHPsJZm

— CONRED (@ConredGuatemala) October 27, 2024

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La Conred ha reportado 2 mil 397 emergencias durante la época de lluvias 2024 y se contabiliza 35 víctimas mortales.

Quiché es el departamento con más muertes registradas con seis, después se encuentra Suchitepéquez y Escuintla con cuatro y San Marcos, Totonicapán, Jutiapa y Sacatepéquez con tres.

Un total de 77 puentes han sido afectados por las lluvias y ocho destruidos.

Por su parte, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) afirma que el acercamiento y paso de la onda del este número 29 podría causar lluvias en Petén, Caribe, Franja Transversal del Norte y bocacosta.

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El 25 de octubre, el diputado José Chic, de la bancada VOS, presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) contra el presidente Bernardo Arévalo, y los ministros Félix Alvarado y Jonathan Menkos, de Comunicaciones y de Finanzas Públicas respectivamente.

El recurso legal tiene la finalidad que la CC ordene a los funcionarios tomar acciones por las condiciones en la red vial nacional.

 “La amenaza cierta e inminente de la limitación y obstaculización sistemática al derecho de gozar de la libre locomoción en toda la red vial del país, principalmente en las rutas internacionales, nacionales, interdepartamentales e intermunicipales”, dice el contenido del amparo.

El congresista sostiene que las constantes remociones de ministros, viceministros y directores en el CIV generan una inestabilidad institucional e interrumpe la ejecución presupuestaria en el mantenimiento y adjudicación de obras de infraestructura.

La cartera de Cultura publicó este miércoles 7 de diciembre de 2022 el Acuerdo Ministerial 1269-2022 en el que hizo la designación de dicho convite como patrimonio cultural.

Según esa dependencia, el Convite Centenario Siete de Diciembre Leonardo Anibal Gamaro Alvarado de Chicamán, Quiché, se ha realizado año con año, “siendo trasladado a varias generaciones, el cual se centra en las personas e integra dentro de sus elementos culturales: danzas, tradición oral, música, entre otros elementos propios de la región del departamento de Quiché”.

Agrega que, debido a su valor cultural, artístico e histórico, el convite ha sido designado como Patrimonio Cultural Intangible de la Nación y también por contribuir al fortalecimiento de la identidad, la valorización cultural y sentido de pertenencia propio de Quiché.

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El ministerio instruye al Departamento de Registro de Bienes Culturales y Coloniales de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural del Viceministerio de Patrimonio Cultural y Natural del Ministerio de Cultura y Deportes, para que realice la inscripción correspondiente de esta designación, según se lee en el artículo 2.

También se instruye a la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural del Viceministerio de Patrimonio Cultural y Natural, a efecto que por medio de sus Direcciones y Departamentos Técnicos competentes dicten las medidas de protección, defensa e investigación pertinentes para la conservación de la manifestación cultural arriba designada.

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En el artículo 4 se aclara que la declaración de Patrimonio Cultural Intangible de la Nación, contenida en el presente Acuerdo Ministerial, no representa ninguna responsabilidad financiera para la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural del Viceministerio de Patrimonio Cultural y Natural del Ministerio de Cultura y Deportes.

Este acuerdo surte efectos legales el día después de su publicación en el Diario de Centro América, es decir el 8 de diciembre.

Según la información preliminar, se trata de siete exconcejales y exsíndicos, quienes durante la administración del 2012 – 2016 habrían participado en actos de corrupción.

Los capturados son: Ervin Leonardo Villatoro Carrillo, exsupervisor de obras de la Municipalidad, sindicado de falsedad ideológica.

Además, los exxíndicos Tomás Calel Tumy Roberto Vin Caal, por el delito de incumplimiento de deberes.

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Aparte, los exconcejales Mario Aníbal Salazar Samayoa, Édgar Randolfo Martínez Calderón,, Zacarías Cal Jom y Martín Hermelindo Herrera López, son sindicados de incumplimiento de deberes.

Exalcalde es buscado por el MP

El Ministerio Público emitió un comunicado para brindar detalles del caso, e indicó que está pendiente de ejecutar una orden de aprehensión contra el exalcalde de Chicamán, Diego Us López, así como contra el presidente del Consejo Departamental de Desarrollo de Quiché, Elías Heber Cabrera Mejía.

Según la investigación, el caso surgió luego de una denuncia presentada por la Contraloría General de Cuentas, que llevó a cabo una auditoría en la Municipalidad de Chicamán por contratos con el Consejo Departamental de Desarrollo.

#ComunicadoDePrensa
El Ministerio Público a través de la Fiscalía contra la Corrupción coordinó la aprehensión de integrantes del Concejo Municipal de la municipalidad de Chicamán, Quiché, período 2012-2016 por estar vinculados en actos de corrupción. pic.twitter.com/gTTHymcWD4

— MP de Guatemala (@MPguatemala) July 23, 2021

Se trata del proyecto registrado como Dotación de Estufas Mejoradas para comunidades de Chicamán, cuyo valor fue de Q276 mil.

Según la investigación, el Consejo Departamental trasladó a la Municipalidad un anticipo del 20% del proyecto, correspondiente a Q55 mil 387.60 y un primer aporte de Q210 mil 472.

Los funcionarios responsables “realizaron los pagos hasta un 95% del valor del contrato, sin que estos estén concluidos, según información recabada en la verificación física del proyecto, tomando una muestra de las personas beneficiadas”, detalló el MP.

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Según el funcionario, 1 mil 495 habitantes de comunidades de los municipios de Chicamán y Uspantán tuvieron que ser evacuados debido a las graves inundaciones y deslizamientos, por lo que 34 personas permanecen en albergues habilitados por la institución de protección civil.

De León detalló que 1 mil 550 personas fueron las afectadas y 165 viviendas quedaron con daños entre leves, moderados y severos por las lluvias.

Las inundaciones se registraron en las comunidades Lataña, Montecristo y La Parroquia Lancetillo, todas en Uspantán, Quiché, ubicado 200 kilómetros al norte de la Ciudad de Guatemala.

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Además, ocurrieron deslizamientos en las aldeas Santa Rosa La laguna y Las Pacayas, de acuerdo con el informe oficiales.

Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), el río Xacbal que se ubica en Playa Grande (Quiché) presenta este jueves una crecida de 3.5 metros cuando su nivel normal es de dos metros.

También el río Chixoy, que cruza por el municipio de Sayaxché, en el departamento norteño de Petén, ha superado en 50 centímetros su nivel debido a las copiosas lluvias y tiene una altura de 3,5 metros en su caudal, alertó.

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El ente científico advirtió que para este jueves continuarán las lluvias con actividad eléctrica por la tarde y noche, sobre todo en regiones del sur y del litoral del océano Pacífico.

De León manifestó que la Conred está en alerta para atender cualquier emergencia que provoquen las lluvias en Guatemala, uno de los países del mundo con mayor riesgo a los efectos del cambio climático.

La temporada de lluvias en el país va regularmente de mayo a octubre de cada año en Guatemala.

Las tormentas Iota y Eta provocaron a finales del 2020 más de 60 fallecidos, 1.7 millones de damnificados y 2.4 millones de afectados en Guatemala, sobre todo en regiones del norte del país centroamericano.

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“La CC declaró con lugar el recurso de apelación que planteó el MP y la FECI contra la sentencia de amparo otorgada por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Mayor Riesgo en calidad de tribunal extraordinario de amparo a Sergio Guillermo Enríquez Garzaro”, escribió la Fiscalía en sus redes sociales.

El MP señala que Enríquez Garzaro recibió por medio de una de sus empresas dinero que, según la pesquisa, se obtuvo a través de un fraude millonario en la municipalidad de Chicamán, Quiché.

Enríquez Garzaro se entregó a la justicia el 15 de marzo de 2017 señalado por el supuesto fraude a la municipalidad de Chicamán, Quiché, en un caso en el que también se vinculaba a la exdiputada Emilenne Mazariegos.

El Ministerio Público (MP) lo señala por lavado de dinero, por haber participado en la compra de un vehículo de lujo para la estructura vinculada en el desfalco.

De acuerdo con la investigación, el dinero para la compra del vehículo Mercedez Benz GLK200 2012, placas P-389 FFD, fue depositado a través de seis transacciones en efectivo por parte de Emilenne Mazariegos a la cuenta de la empresa Mis Mantas, S.A., cuyo socio y administrador era Sergio Enríquez Garzaro.

Los depósitos que hizo Mazariegos sumaron Q300 mil más Q80 mil que depositó Enríquez Garzaro, según el MP.

Posteriormente, el representante legal de Mis Mantas, S.A., Víctor Hugo Enríquez Morales –capturado-,- giró cheques por Q250 mil y compró un cheque de caja por Q133,864.91 para la compra del vehículo. Con eso se ocultó el origen real de los fondos cancelados para esa entidad.

El fraude

La exdiputada Emilenne Mazariegos y otros familiares, así como exfuncionarios de Chicamán, habrían desviado fondos de la comuna obtenidos mediante dos préstamos.

Los recursos, que serían para obras de mejoramiento en el municipio, habrían ido a parar a cuentas personales y con los cuales los miembros de la estructura compraron bienes inmuebles y vehículos, según la fiscalía.

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Boris Mazariegos, oficial de los Bomberos Municipales Departamentales, informó que el bebé goza de buena salud.

El bebé de aproximadamente 5 meses estaba envuelto en cobijas blancas y se desconoce quién es el responsable de haberlo abandonado.

Agentes de la Policía Nacional Civil afirmaron que informaron de lo sucedido a los representantes de la Procuraduría General de la Nación, con el fin de trasladar al niño a algún albergue.

Añadieron que, debido a la lejanía del municipio con Santa Cruz del Quiché, se espera que el trámite legal se efectúe este miércoles. El bebé permanece resguardado en un hospital de ese departamento.

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Blanca Gamarro, vecina de Chicamán, lamentó que el niño fuera abandonado, “no podemos señalar a la madre porque no sabemos qué fue lo que sucedió”, manifestó.

Caso similar

Otro caso similar se registró este martes en Huehuetenango, donde en Chiantla fue localizado un ataúd blanco con los restos de un recién nacido.

Autoridades comunitarias aseguraron que las mujeres embarazadas y los recién nacidos de Los Rosales, la Quebradrilla, Chiantla, se encuentran cabales, por lo que desconocen quiénes pueden ser los padres del recién nacido muerto que fue localizado.

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El alcalde auxiliar Leonardo Saucedo Carrillo informó que la población está atemorizada pues es la primera vez que ocurre un hecho de esta naturaleza, en la comunidad y en la región alta de los Cuchumatanes.

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Perteneció al Ejército

Osorio señaló que se llevó el vehículo porque un amigo se lo dio, pero no sabía cómo devolverlo. Además, manifestó haber pertenecido al Ejército, donde obtuvo el grado de sargento. Luego pidió disculpas a los propietarios de picop, quienes al final del castigo le dieron Q40 para su pasaje de regreso a Chicamán.

Video tomado de Facebook de Knal 4 Quiché

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Gerónimo Lux, propietario del vehículo, comentó que Osorio trabajaba para él, pero se identificó con otro nombre. “El 1 de agosto último le pedí que llevara a mi sobrino al instituto y nunca regresó. Cuando buscamos a Samuel -nombre que utilizó- no le encontrábamos, porque no era su nombre. Conseguí una foto y así lo localizamos en Chicamán”, comentó.

Osorio es la décima persona que recibe el castigo comunitario en lo que va del año, lo que causa preocupación a las autoridades, pues eso demuestra que la delincuencia va en aumento.

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Zapeta señaló que han notado la presencia de pandilleros, que según él, han llegado de la capital o han sido deportados de EE. UU., por lo que se reunirán que líderes comunitarios para tratar el tema.

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Gamarro Morales añadió que la denuncia fue interpuesta poco tiempo después de haber asumido el cargo y después se reunió con representantes de la Cicig y la fiscal general, Thelma Aldana, en noviembre anterior, y pidió apoyo para investigar y sancionar a quien resulte responsable.

“El faltante asciende a Q726 mil y fue un hallazgo de nuestro auditor interno poco después de que asumió la alcaldía, pues no cuadró el corte de caja que efectuamos.  La verdad no pudimos precisar qué hicieron con ese dinero ni quién es el responsable”, afirmó Gamarro.

Además, se quejó de que la administración municipal 2008-2012 adquirió un crédito por Q21 millones, del cual a principios de este año aún se debían más de Q9 millones.

“Entre intereses y capital, las dos administraciones anteriores pagaron Q11 millones y a nosotros nos corresponde pagar los restantes nueve millones, lo que perjudica mi plan de trabajo, pues no podré ejecutar proyectos relevantes a causa de los descuentos que se han hecho para amortizar la deuda que debe estar cancelada en el 2020”, aseguró Gamarro.

Se intentó obtener la postura del exalcalde Diego Us López, pero  no respondió las llamadas telefónicas. 

En septiembre de 2015, el exfuncionario dijo, en relación al crédito de Q21 millones, que el monto correspondía a  dos préstamos hechos por el Concejo de 2010 para emplearse en tres proyectos, pero estos nunca se ejecutaron porque hubo reprogramación de obras.

En aquella oportunidad, Us López, señaló que originalmente Q11 millones estaban destinados a un proyecto de agua entubada y los restantes Q10 millones para la construcción del segundo piso del mercado y del parque municipal. 

No obstante, el dinero fue empleado para pavimentar la calle principal del área urbana, para el mejoramiento del servicio de agua entubada, alcantarillas, la construcción de una pista para carrera de caballos y la edificación del estadio municipal. 

El último proyecto quedó abandonado con el 40 por ciento de avance y se sabe que se pagó  más del 80 por ciento del costo total.

Pobladores de más de 120 comunidades exigen a las autoridades que se le brinde mantenimiento a la ruta, de 139 kilómetros.

Consecuencias

Antonio Noriega, líder comunitario de Parroquia Lancetillo, Uspantán, dijo que es necesario que se repare la ruta de forma definitiva, pues para recorrer 14 kilómetros, a Chicamán, se llevan unas cinco horas; además, se han registrado accidentes con saldos trágicos.

“Estamos decepcionados de nuestras autoridades, porque la carretera se convirtió en paso de caballos. Hasta los vehículos de doble tracción y camiones se quedan atascados en el lodo. Comerciantes y transportistas hemos invertido nuestro tiempo y dinero para reparar la vía”, señaló Noriega.

“Hace pocos días hubo una reunión con representantes de las comunidades, en la que se acordó tomar medidas de hecho si en 15 días no envían maquinaria y dan mantenimiento al camino”, añadió Noriega.

Pedro Gamarro, alcalde de Chicamán, expresó que es necesario y urgente que las autoridades envíen maquinaria para habilitar el paso de vehículos, pues el tramo es intransitable.

Licitación

Estuardo Galdámez, diputado del partido oficial por Quiché, dijo que conversó con el ministro de Comunicaciones y con el director de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, quienes ratificaron que la construcción de esa ruta está en licitación.

“Entiendo la molestia de la población, porque han pasado varios inviernos y nunca le han dado mantenimiento a la carretera. Eso afecta la economía y salud, lo que limita su desarrollo por la falta de un acceso digno”, señaló Galdámez.

El congresista añadió que no es posible enviar maquinaria al lugar porque se afectaría el proceso de licitación. Además, aseguró que el préstamo de US$125 millones está intacto, en las arcas del citado ministerio.

“La versión de los pobladores de la aldea La Parroquia Lancetillo es que la noche del jueves, la víctima se conducía en su vehículo en la ruta a Unidad Pacalá, Chicamán, cuando Tiu Nájera le cortó el paso en su automotor y le disparó tórax”, informó Casimiro Hernández Méndez, fiscal distrital del Ministerio Público (MP) de Quiché.

“Los agentes de la PNC no reportaron el incidente y no se sabe de su paradero, situación por la que los vecinos sospechan que tratan de proteger al aprehendido, ya que  fueron vecinos de La Parroquia Lancetillo los que alertaron a las autoridades”, explicó el fiscal.

Hernández añadió que cuando el personal del MP llegó a la sede policial no se encontró a ninguno de los elementos de turno y las instalaciones estaban cerradas. 

Agregó que por lo complicado del acceso, el personal de la fiscalía tardó seis horas en llegar al lugar, por lo que comenzó su labor investigadora a las cinco de la mañana de este viernes.  

“Fueron vecinos de la comunidad Sachina los que detuvieron a Florindo Tiu y a su guardaespaldas luego que abandonaron el vehículo en el que se conducían y emprendieron el regreso a pie. Los tuvieron en su poder hasta la llegada del MP quien ordenó su traslado a Nebaj para que resuelva su caso el  Juez de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente” dijo Abinadá Jerez, alcalde Auxiliar de turno en La Parroquia Lancetillo.

Agregó que pobladores intentaron destruir la estación de policía en protesta por el asesinato de Tiu Najera, sin embargo, fueron detenidos por autoridades comunitarias.

“Contamos con el cedro más alto jamás registrado en el país, de más de 300 años de antigüedad. También hay árboles de hormigo, nogales y plantas ornamentales que son fáciles de identificar durante el recorrido de dos horas que ofrecemos a los visitantes”, señaló García.

Agregó que cuentan con un área de hospedaje, pero también existe la opción de acampar para tener contacto directo con la naturaleza y meditar junto a la estructura del sitio arqueológico, para conocer como vivieron los mayas.

Falta apoyo

De acuerdo con García, hace falta apoyo del Estado y municipalidades para que el ecoturismo de la región se desarrolle, como ocurre en Costa Rica, donde esa actividad constituye un soporte para la economía.

“Invito a los alcaldes de Uspantán y Chicamán para que vengan a conocer las joyas naturales con que contamos, y a la población le pido que se acerque a este paraíso natural para disfrutar de las riquezas naturales propias de Quiché”, refirió García.

“La reserva natural privada de la finca El Recuerdo es un recurso forestal, hídrico, animal y arqueológico que lamentablemente no ha sido promocionado para que genere fuentes de trabajo y se traduzca en desarrollo para la región, ya que forma parte de las 19 mil hectáreas que han sido resguardadas por programas de incentivos forestales y porque se ha declarado área protegida”, explicó Elías Barrera, técnico del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap).

Añadió que la intención de promover la riqueza natural y la arquitectura maya de la finca es lograr que vecinos de comunidades vecinas y turistas nacionales y extranjeros conozcan que se conservan árboles de maderas preciosas, monos aulladores, tigrillos, coches de monte, tepezcuintles, cotuzas, cinco variedades de quetzal, serpientes y unas 285 especies de aves.

Leonardo Palacios, visitante, reconoció el valor natural e histórico de la finca. Expresó que el lugar solo se puede comparar con sitios inexplorados de Petén, debido a la espesura de sus bosques.

“En Santa Cruz del Quiché existe la ciudad de Q’um’arcaj; en Huehuetenango, Zaculeu; pero ninguna tiene la belleza natural que encontré en El Recuerdo. Además, hay estelas mayas y piedras con inscripciones que pocas personas han visto”, refirió Palacios.

Riqueza forestal

En la finca hay más de 250 árboles de cedro, entre ellos el que ha sido calificado por expertos del Instituto Nacional de Bosques como el más alto de Guatemala, pues mide unos 55 metros de altura.

Esa particularidad hace que autoridades forestales y los propietarios de la finca fortalezcan los programas de conservación, pues por tratarse de especies preciosas son blanco fácil de traficantes de madera.

Cómo llegar

La finca está ubicada a 124 kilómetros de Santa Cruz del Quiché, y los primeros 102 kilómetros corresponden al trayecto que va de la cabecera a Chicamán, ruta en la que se puede apreciar la belleza de San Pedro Jocopilas, Sacapulas, Cunén y Uspantán. Ya en Chicamán, se enfila por una carretera por la que, luego de hora y media de recorrido, permite el arribo a la finca El Recuerdo.

Quienes deseen conocer el lugar lo pueden hacer los 365 días del año sin restricción de horario y el costo por hacer el recorrido es de Q20 por persona, y Q40 para quienes quieran acampar.

Según las investigaciones, los esposos murieron el 17 de enero último,  cuando fueron atacados a balazos por individuos desconocidos en el kilómetro 230 de la ruta entre Chicamán y el río Chixoy,

La mujer murió en el lugar; mientras, que su esposo falleció cuando era ingresado al Hospital Distrital de Uspantán.

Investigadores informaron que a los capturados se les decomisó un arma de fuego, la cual formará parte de las pruebas.

Aseguraron que tienen documentos que demuestran que son los dueños de parte del terreno que ocupa la hidroeléctrica.

Añadieron que el gobierno los escuche, de lo contrario construirán champas para  permanecer en el lugar.

Según los inconformes, a causa del proyecto, unas mil 330 personas viven en extrema pobreza, ya que perdieron sus recursos.   

Benito Morán, líder comunitario de La Campana, indicó que decidieron circular el área en donde pasa el límite territorial entre Alta Verapaz, Baja Verapaz y Quiché, para que las autoridades sepan que ese terreno les pertenece, y según él,  les fue quitado sin su consentimiento.

“No queremos mesas de diálogo ni reuniones en la capital o Cobán.  Lo único que queremos es que las autoridades vengan al embalse que es de nuestra propiedad y nos pague  los Q125 millones que exigimos porque ya no queremos más burlas”, enfatizó Morán.

Alfredo Marroquín, gobernador de Quiché, catalogó de drásticas las medidas de hecho adoptadas por los inconformes, quienes impide al personal de la hidroeléctrica pasar por el lugar.

“Por el factor distancia he pedido  apoyo e intervención de José López, gobernador de Alta Verapaz, para que facilite la instauración de una mesa de negociación con los manifestantes,  y ver cómo  podemos brindarles una respuesta a sus demandas”, manifestó.

Antecedente

El 22 de agosto del 2014, unos 300 pobladores de  La Campana, Chicamán,  acordaron permitir el acceso a las instalaciones  de la hidroeléctrica Chixoy, que mantenían bloqueado para demandar la indemnización por terrenos que les quitaron para la construcción del embalse, en 1977. 

Beneficiados en Baja Verapaz

El 20 de noviembre 2015, El ex vicepresidente de Guatemala, Juan Alfonso Fuentes Soria, llegó a la colonia El Naranjo, Cubulco, Baja Verapaz, donde entregó  el segundo pago de resarcimiento a los afectados por la construcción de la hidroeléctrica.

El ataque fue perpetrado a inmediaciones del kilómetro 230 de la ruta que de Chicamán conduce al río Chixoy, límite natural entre Quiché y Alta Verapaz.

Boris Mazariegos, de la estación 30 de los Bomberos Municipales Departamentales de Chicamán, informó que una llamada telefónica los alertó del ataque ocurrido anoche.

“El cuerpo de Soto Soberanis era trasladado a bordo de un vehículo particular, pero cuando nos encontramos en la carretera lo trasladamos a la ambulancia, pero lamentablemente murió pocas cuadras antes de llegar al Hospital Distrital de Uspantán”, contó Mazariegos.

El socorrista añadió que Ilse Mazariegos murió en el lugar del incidente cuando, aparentemente, se dirigía a pie a su vivienda junto a su esposo.

“Este martes se cumplieron dos días de estar cerrada la municipalidad, y no se habilitará el servicio hasta que se haga efectiva nuestra demanda.  No pedimos limosna, necesitamos el dinero que ya  ganamos”, manifestó Francisco Tum, representante del grupo de manifestantes.

Añadió que  entre los empleados afectados se encuentran conserjes, guardianes y personal administrativo de la comuna.
Según Tum, a unos empleados les adeudan Q22 mil 500, por nueve meses de trabajo; mientras, que a otros les deben hasta Q27 mil 500 por concepto de 11 meses laborados.

“El alcalde no ha venido a la municipalidad en los últimos días, y la última vez que hablamos con él, afirmó que la deuda obedece a que no hay dinero en las arcas de la municipalidad”, enfatizó.

Byron Godínez, vecino, lamentó la situación de los empleados afectados, y añadió que la población que requiere algún trámite es la perjudicada, porque no hay atención.

El jefe edil, Diego Us López, afirmó que su administración recibió una deuda de Q21 millones, que fue el resultado de préstamos efectuados para proyectos que no se culminaron.

“De ese monto ya se ha amortizado más de Q11 millones, cuyo desembolso ha impedido la ejecución de proyectos y nos mantiene endeudados.  Por aparte, la baja recaudación ha impedido que tengamos solvencia económica para cubrir los compromisos adquiridos, incluido el pago de los empleados”, aseguró.

Anunció que en los próximos días se realizará el pago a nueve empleados, a quienes se les adeuda varios meses de salario. “Las puertas de la comuna están cerradas por la feria y no por una manifestación”, dijo Us.

“Solicito al señor presidente Maldonado Aguirre que se nos incluya en el programa de resarcimiento y reparación de daños, beneficio que  están recibiendo otras comunidades afectadas por el embalse”,   agregó López.

Plazo de 15 días

Juan de Paz Mendoza, otro líder comunitario, mencionó  que el Inde y el Gobierno invadieron su  propiedad sin autorización y por ello exige sea  resarcido.  “Damos un plazo de 15 días hábiles para que las autoridades gubernamentales  vengan a Los Pajales Chicamán e  instalen  una mesa de diálogo.  Si hacen caso omiso de esta respetuosa petición, tomaremos la represa de Pueblo Viejo, porque tan guatemaltecos son los que ya recibieron la compensación como lo somos nosotros”, afirmó.

De Paz hizo saber que  al año pagan el tres por millar del Impuesto Único sobre Inmuebles, porque está registrada la finca en el Segundo Registro de la Propiedad Inmueble de Quetzaltenango.

Marcelino González, presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo, afirmó que hace tiempo solicitaron apoyo de la Coordinadora de Comunidades Afectadas por la Construcción de la Hidroeléctrica de Chixoy, para lograr el resarcimiento, pero se les negó bajo el argumento de que ellos ya tenían avanzada su negociación. 

“Si estamos reclamando es porque la tierra que está bajo el agua es propiedad de todos los que vivimos en esta comunidad”, resaltó González.

La referida información fue confirmada por seguidores de la agrupación Líder, quienes dijeron que el propietario del inmueble es Martín Xoná, miembro de ese partido.

“Desconocemos los motivos y quién o quiénes perpetraron el hecho,  lo cierto es que Xoná no se encontraba en su vivienda al momento del siniestro y eso pudo salvarle la vida”, manifestó Romeo Cal de Líder, organización que se ha atribuido las protestas para exigir la repetición de las elecciones para alcalde.

Seguidores de la referida agrupación política, aseguran haber encontrado decenas de papeletas amarillas marcadas a favor de ese partido y según ellos no fueron contabilizadas en los resultados; sin embargo, cabe resaltar que estas fueron utilizadas para la elección de diputados al Parlacén y no para alcalde. 

“Vamos a esperar a que el Ministerio Público  venga a Belejú a dar fe del hallazgo.  Si pasa miércoles y jueves sin respuesta de nuestras autoridades, la población adoptará otra postura” afirmó un manifestante.

Autoridades informaron que  el lunes último,  en la aldea Belajú los manifestantes retuvieron a nueve personas, entre ellas  a las que trasladarían el material electoral; sin embargo, luego del diálogo, fueron dejadas en libertad. 

“Esta persona compartió información en Facebook en la que nos acusaba de ladrones a los integrantes de la JEM.  Ante esto, los miembros de varias JRV nos confrontaron, nos trataron de ladrones y argumentaron que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) pagaba Q400 a cada integrante de las JRV, y que en Zacualpa queríamos robarnos el dinero”, aseguró Noriega.

“Esto es un boicot al proceso electoral y por ello denunciamos al responsable ante el Ministerio Público (MP) de Joyabaj, para que el responsable se haga cargo de desmentir lo expuesto públicamente”, añadió Noriega, quien expuso que debido a ello varios integrantes de las JRV renunciaron a participar en el proceso electoral.

“La persona que provocó esta crisis, con su infundada publicación, debe disculparse y orientar correctamente a la población de Zacualpa”, concluyó Noriega.

Temen ataques

Carlos de la Cruz, presidente de la JEM de Chicamán, indicó que las personas que habían integrado las JRV renunciaron por el temor de que peligre su integridad física en los centros de votación instalados en la aldea Belejú.

“Se requiere de mucho valor para enfrentar a los más de 6 mil empadronados de esta aldea.  Lamentablemente existen antecedentes de enfrentamientos, y no nos ha quedado más remedio que dialogar con los fiscales de cada partido político, para que calmen a sus seguidores.  Seis presidentes de JRV han renunciado, tres en Belejú y tres más en Rosario Monte María” dijo De la Cruz.

Agregó que un candidato a la alcaldía de esa localidad ha manifestado que si no gana las elecciones se suicidará, pero que antes habría otros incidentes.

Aparte, la presidente de la Junta Electoral Departamental, Maritza Natareno, indicó que en Zacualpa, Sacapulas, Chicamán, Canillá, Joyabaj, Chichicastenango, y otros municipios, se trabaja horas extras para completar de nuevo a las JRV desintegradas.

“En algunos municipios, las JRV han decidido dimitir por las denuncias de que quemarían urnas electorales y bloquearían carreteras de acceso a cada jurisdicción”, dijo Natareno.

Añadió que por petición de la población, en algunas localidades prefieren el resguardo de efectivos del Ejército de Guatemala, en vez de la Policía Nacional Civil, y por ello se coordinará con la Quinta Brigada de Infantería de Huehuetenango y las Reservas Militares de Quiché.

Los inconformes también convocaron a una manifestación pacífica para el 25,26 y 27 de agosto próximos en la que se unirán otras organizaciones indígenas y campesinas del referido departamento para que las autoridades mencionadas retomen los temas.

“Si la Corte y los legisladores hacen caso omiso a la propuesta, comenzaremos una campaña nacional para que la población no acuda a votar el próximo 6 de septiembre” dijo Osmundo Oxlaj, participante en el platón.

Agregó que desde hace cuatro meses el pueblo exige que le sea retirada la inmunidad al Presidente para que sea enjuiciado por la corrupción en su Gobierno.

La Asamblea Social y Popular está integrada por el Consejo de Pueblos K' ichés y la Asociación Ixmucané, entre otras.

Otras mil 500 personas manifestaron frente a la Municipalidad de Chicamán contra la corrupción y para expresar apoyo a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y al Ministerio Público.