La posibilidad de que se impugne de nuevo el instrumento que permite a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) acceder a información bancaria de los contribuyentes, es latente.

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Tanto el superintendente Abel Cruz Calderón, como analistas, fiscales y especialistas en derecho, consideran que una vez cobre vigencia la medida que reactiva las solicitudes de información bancaria con fines de fiscalización, se puede volver a plantear una inconsistencia similar.

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“Estamos esperando que se publique en el Diario de Centro América la sentencia para empezar los planes, pero aún debemos esperar si no se acciona de nuevo con un amparo u otra impugnación”, advirtió el superintendente.

La misma postura reflejó el intendente Jurídico de la SAT, Manuel Mejicanos, quién resaltó que esa posibilidad existe, “pero no se puede atacar con el mismos argumento”.

De fondo

Para el auditor y especialista en derecho tributario Miler Estrada, el recurso de inconstitucionalidad fue mal planteado y los magistrados de la CC no se fueron al fondo del asunto: la protección del contribuyente.

En este sentido, el contribuyente tiene derecho a estar informado de que es investigado por temas fiscales por la SAT.

Es decir, según Estrada, la resolución de la CC no trató el hecho de que las investigaciones “se hacen a escondidas del contribuyente” sin tomar en cuenta los principios que rigen el derecho administrativo y tributario que garanticen el derecho de defensa y al debido proceso.

“La SAT está realizando un proceso de investigación que no debe ser a espaldas de los contribuyentes y cuenta con todas las herramientas –independientemente– de si se cumplió o no con las obligaciones tributarias y no hay nada de malo que se informe a la persona”, aseveró Estrada.

El mismo criterio plantean los analistas tributarios Juan Carlos Paredes y Óscar Chile Monroy, que nuevamente, confirman que se ejecutarán las auditorias a los tributantes sin estos conocer que son objeto de investigación.

A la SAT no le causa “ningún perjuicio” que se informe al contribuyente que debe ser informado sobre un proceso de investigación, opinaron.

“Toda duda razonable la SAT se puede investigar con el acceso a la información bancaria por parte de un juez, de las operaciones comerciales, que generen impuestos y con los estados de cuentas se pueden hacer cruces para confirmar si hay o no algún indicio de defraudación, falta de pago de impuestos o que se tengan impuestos y no se estén facturando”, citó Paredes.

En todo caso, explicó que se mantiene el proceso para que la SAT (por medio de la Gerencia de Investigación Fiscal) pueda acudir a juez para hacer las solicitudes.

Chile Monroy destacó que sería interesante saber qué va a pasar cuando sea publicada la sentencia, se comience a aplicar el instrumento y, si será sometido a recursos por parte de contribuyentes.

El intendente Mejicanos subrayó que los requerimientos de información bancaria se realizan a solicitudes de otras intendencias como la de Fiscalización, Recaudación, Jurídica y Aduanas, en aquellos procesos en los cuales se genera dudas razonables de los contribuyentes, o sus niveles de riesgo.

El superintendente dijo que cuando cobre vigencia la medida se estarían aplicando nuevos modelos de trabajo.

La gerencia de investigación fiscal fue creada por el exsuperintendente Juan Francisco Solorzano Foppa, quien también fue fiscal del Ministerio Público.

Alternativas

Los analistas consultados recomendaron que una de las alternativas es hacer reformas al reglamento y normar la parte donde el contribuyente no conoce o sabe que es sujeto a una investigación.

“Ahí tiene ventaja la SAT y lo ideal es que se pueda informar o brindar un aviso al contribuyente que es investigado”, agregó Estrada.

Paredes y Chile Monroy coinciden en que hacer una reforma al reglamento lleva su tiempo, y en todo caso, que la SAT pueda brindar un “aviso” que el contribuyente este sujeto a una investigación, que es un criterio que puede resolverse.

Por el momento, el superintendente declaró que podrían darse cambios o ajustes a los procedimientos, pero eso se conocerá por medio un plan no antes de que sea publicada la sentencia por la CC.

Papeles en orden

Lo que sí recomendaron los consultados a los contribuyentes es ser ordenados en el manejo de sus cuentas en el sistema financiero.

Es decir, separar las cuentas personales y las mercantiles.

“Es muy común que muchos contribuyentes hacen una mezcla de sus cuentas bancarias del negocio con sus personales y eso ya no puede seguir así, porque puede generar ajustes”, declaró Chile Monroy.

Añadió que una operación personal, que no esté documentado y que sea detectada podría interpretarse como un giro que la SAT pueda procesarla.

Estrada dijo que anteriormente y finalizada la auditoria se solicitaban la información bancaria de los contribuyentes, pero ahora el movimiento es distinto y cuando se empieza la auditoria también se hace el requerimiento de información al juez.

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Además, dijo Estrada, la SAT también podría detectar posibles casos de lavado de dinero y denunciarlos a la Intendencia de Verificación Especial (IVE).

“Los contribuyentes deben transparentar todos sus procesos, ser disciplinados y ordenados para evitar inconvenientes si llegan ser sujetos a auditorias”, agregó Paredes.

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Lo que más está causando problemas en la aplicación de la ley del ISO es referente a su acreditamiento al ISR y que actualmente está siendo fiscalizado por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Respecto de la forma de acreditarlo, está regulado en el artículo 11 y este indica que el ISO y el ISR se pueden acreditar entre si y para el efecto deja a opción del contribuyente dos formas, contenidas en los incisos a) y b). El primero señala que el ISO que sea pagado durante los cuatro trimestres del año calendario, podrá ser acreditado al pago del ISR hasta su agotamiento durante los tres años calendario inmediatos siguientes, tanto el que deba pagarse en forma mensual o trimestral como el que se determina en la liquidación definitiva anual. El segundo inciso regula que el ISR trimestral puede acreditarse al ISO en el mismo año calendario. En esta segunda forma de pago, claramente dice la ley que no se podrá cambiar sin autorización de la Administración Tributaria, lo que quiere decir que la SAT debe emitir Resolución de Autorización.

Los contribuyentes que han optado por la formula b), han sido cuestionados en aquellos casos que han efectuado pago del ISO en efectivo, porque se interpreta que los pagos que se hacen bajo esta opción no dan derecho a usar el Impuesto de Solidaridad como crédito al ISR. En nuestra opinión el monto del ISO que se desembolsó efectivo para cubrir dicho impuesto si es crédito, toda vez que así lo establece el mismo artículo 11 y sino fuese así se estaría atentando contra las normas Constitucionales de capacidad de pago, equidad y justicia, entre otros más.

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En el caso de la exigencia que se consigne el nombre del contribuyente comprador, si nos atenemos solo a lo que establece la ley, se puede incurrir en error cuando se trate de una persona individual, ya que la interpretación hay que completarla con lo que indica el artículo 30 del Reglamento de la Ley del IVA, Acuerdo 5-2013 el cual establece que la factura debe emitirse con los nombres y apellidos completos del adquirente, si es persona individual; razón o denominación social, si es persona jurídica. El error, en el caso de las personas individuales es que la factura se emita a nombre del negocio y ello es incorrecto.

La Ley indica que se debe emitir a nombre del contribuyente y el Reglamento al exigir que se emita a nombre de la persona individual está congruente con lo que establece la ley, ya que el contribuyente es la persona y no el negocio.

En tal sentido si la persona propietaria individual tiene 3 nombres y obviamente dos apellidos, sus facturas de compras y demás gastos, debe pedir que se incluyan esos 5 datos. En el caso de una persona jurídica, puede suceder algo parecido, que la factura se expida al nombre comercial del negocio y ello, conforme a lo indicado anteriormente no es correcto, ya que deben ser a nombre de la razón o denominación social.

Otro de los puntos importantes de resaltar y que podrían resultan con problemas fiscales, es que las facturas no contengan en forma detallada el concepto, unidades y valor de la compra y en el caso de los servicios se exige que se deben especificar. En otras palabras, todas aquellas facturas que en su descripción digan solamente por su compra o bien por servicios prestados, no estarían conforme a lo que la ley y el reglamento exigen.

Por último, lo que no aparece en la ley ni en el reglamento es la obligación de consignar la dirección del adquirente.

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