Violencia de pandillas en Guatemala: No descartan complicidad con Ciacs e insurgencia criminal

Extorsiones y narcomenudeo serían de las principales fuentes de “ingreso” de dinero para controlar cárceles y territorio.

La Redaccción

18 de agosto de 2025 | 00:10h

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El tipo de armamento que poseen las pandillas y las estrategias que emplean para ejecutar ataques armados podrían evidenciar características propias de los Ciacs, (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Además de disputar férreamente el control territorial, el dominio de las cárceles y la expansión del narcomenudeo a escala nacional, los grupos de pandillas demostrarían a las autoridades una estructura de operación que podría reflejar vínculos con Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (Ciacs), o bien, actuar como brazos criminales articulados.

El fenómeno criminal observado en los últimos días tiene varios componentes: ajustes de cuentas entre pandillas, pérdida del control por parte de las estructuras luego del traslado y aislamiento de sus cabecillas, así como un patrón que va más allá del control geográfico.

Analistas coinciden en que las acciones recientes buscan enviar un mensaje de terror a la ciudadanía y reforzar la percepción de que el Estado ha perdido el control.

Tácticas y armamento revelan insurgencia criminal

Francisco Girón, analista independiente en seguridad e inteligencia, consideró que el tipo de armamento que poseen las pandillas y las estrategias que emplean para ejecutar ataques armados podrían evidenciar características propias de los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (Ciacs). A partir de esta observación, introdujo el concepto de “insurgencia criminal”.

“La insurgencia criminal se presenta principalmente en países como México, aunque en Guatemala y El Salvador también se ha manifestado, aunque en menor medida. En ciertas regiones se registran enfrentamientos internos que permiten a las bandas adoptar tácticas y estrategias de combate frente a las fuerzas de seguridad”, explicó.

Añadió que algunas de estas estructuras presentan señales de complicidad con los Ciacs. “No es un fenómeno nuevo, pero estas acciones revelan un tipo de insurgencia criminal”, afirmó.

Según Girón, tanto en el área metropolitana como en varios departamentos del país se observa una preocupante capacidad logística y de combate por parte de estos grupos.

Manejan negocios desde prisión con alto poder operativo

Douglas González, analista político, señaló que las pandillas han escalado su nivel de organización, con división de roles y capacidades operativas. Los ingresos provenientes de extorsiones, venta de drogas y otros delitos como la trata de personas les permiten adquirir armamento de alto poder.

“Ese dinero facilita la compra de voluntades dentro de las cárceles y la adquisición de equipos de telecomunicación de última generación”, explicó. Desde los reclusorios, los reos administran múltiples negocios ilegales, además del narcomenudeo y las extorsiones, incluyendo flotas de taxis, autobuses y centros nocturnos. “Se han convertido en estructuras criminales con recursos, flexibilidad y una gran capacidad de adaptación”, puntualizó.

Diversifican delitos y podrían buscar cobertura política

Stu Velasco, exdirector de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil y analista en temas de seguridad, afirmó que las pandillas han diversificado sus actividades. Más allá de las extorsiones y los asesinatos de víctimas que no pagan, ahora incursionan en el tráfico y comercio de drogas, tanto a nivel nacional como internacional.

Velasco también advirtió que estos grupos podrían ser utilizados en determinadas coyunturas para actos violentos con fines de desestabilización, particularmente en contextos electorales.

“Es necesario investigar si estas estructuras han buscado —o ya lograron— establecer cobertura política que les garantice impunidad, ya sea en zonas específicas o en todo el país”, concluyó.

Corrupción y privilegios en cárceles alimentan poder de pandillas

Los analistas también se pronunciaron sobre el manejo del poder por parte de las estructuras criminales, a raíz del hallazgo de Q190 mil en efectivo en poder de un cabecilla pandillero en un centro penitenciario.

“¿Qué es lo que muestra? Que las pandillas mantienen poder dentro de las cárceles y que, de todos modos, se les permite el ingreso de esas cantidades”, afirmó Francisco Girón. Añadió que el simple hecho de haber introducido tal suma sin ser detectado evidencia un sistema penitenciario frágil, corruptible y desbordado.

Según Girón, con esos recursos el pandillero pretendía comprar voluntades para obtener privilegios en otro centro de reclusión.

Por su parte, Velasco señaló que la incautación de dinero en Renovación 1 es una prueba más del colapso de un sistema abandonado, donde impera la corrupción. Añadió que la falta de respaldo institucional y de seguridad para quienes intentan imponer orden —como los directores de centros penales— ha permitido que las estructuras criminales se mantengan activas desde las cárceles.

Además del dinero en efectivo, se encontraron un reloj de alta gama y varios dispositivos, lo que, según Velasco, refleja el deterioro profundo del sistema penitenciario, al que calificó de desahuciado. A su juicio, este deterioro favorece la permanencia de redes criminales y el aumento de homicidios.

Velasco planteó algunas medidas urgentes:

• Construir, en un plazo de 10 meses, un reclusorio con capacidad para 10 mil personas, similar al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador.
• Ubicarlo en una zona sin población civil.
• Formar nuevo personal penitenciario con estrictos controles de honestidad.
• Garantizar respaldo institucional y seguridad para que las autoridades penitenciarias puedan cumplir la ley.
• Trasladar allí a todos los pandilleros detenidos, sin clasificaciones internas.

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Por tal razón, el convenio aprobado entre el Estado de Guatemala y las Naciones Unidas define como Cuerpos Ilegales de Seguridad y los Aparatos Clandestinos de Seguridad (Ciacs) a aquellos que reúnan las siguientes características.

• Cometer acciones ilegales para afectar el pleno goce y ejercicio de los derechos civiles y políticos, y
• Estar vinculados directa o indirectamente con agentes del Estado, o contar con capacidad de generar impunidad para sus acciones ilícitas.

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En su último informe de labores, la Cicig afirma que en sus 11 años de trabajo, junto al Ministerio Público, ha logrado identificar más de 60 Ciacs, ha presentado más de 100 casos y, hasta noviembre de 2018, han procesado a más de 680 personas, de las cuales 60% con medida sustitutiva; y han logrado la condena de más 310 personas.

El informe apunta que entre septiembre de 2017 y septiembre de 2018, se han judicializado 16 casos en los que se han identificado, investigado y desarticulado aparatos clandestinos; entre estos:

• En las municipalidades: Caja de Pandora -relacionado con la municipalidad de Guatemala; Corrupción en las municipalidades de Huehuetenango y Totonicapán; así como el caso Corrupción en Quetzaltenango.

• En la administración tributaria: Caso traficantes de influencias.

• En el sector de la construcción: Caso Odebrecht y segunda fase de Construcción y Corrupción

• Sector transporte: Caso Transurbano y Caso Seguridad y Transporte.

• Corrupción en el Sistema de salud: Caso Igss Ambulancias (fase 2).

• Corrupción administrativa: Industria Militar y Registro Catastral

• Corrupción en la administración de justicia, con el Caso Comisiones Paralelas, en el cual se evidenció el funcionamiento de una estructura paralela a las comisiones de postulación de los magistrados de las Cortes, integrada por abogados, magistrados y diputados, con el objetivo de influir en el nombramiento de las más altas autoridades del poder judicial vulnerando principios fundamentales de la democracia y de la separación de poderes y afectando sensiblemente la independencia judicial. Además, se judicializó el Caso Manipulación de Justicia, que evidenció la manipulación de testigos y elementos probatorios para involucrar a personas sin responsabilidad en hechos delictivos.

• Corrupción en el Congreso: Investigación contra Mario Israel Rivera Cabrera por los delitos de lavado de dinero u otros activos, cohecho activo y  falsedad ideológica por equiparación de documentos.

• Financiamiento electoral ilícito: En 2018 se dieron a conocer dos nuevas fases del caso de Financiamiento Electoral Ilícito- FCN-Nación.

Grupos han mutado

La directora de la Fundación Myrna Mack, Helen Mack, manifestó que para redefinir las ciacs hay que remontarse a 1994, cuando se refería a los abusos que había los escuadrones de la muerte, que estaban involucrados en secuestros, asaltos y contrabando.

“De 1994 a la fecha ya estaban mutando las Ciacs, sobre todo cuando se cambia el sistema económico, cuando empezó la privatización de los bienes del Estado, y es en ese momento es cuando se empiezan a aprovechar de los contratos. Muchos empezaron a involucrarse, diputados y alcaldes, con el crimen organizado y en la mutación surgen lo que ahora conocemos como las redes político-económicas Ilícitas”, refiere Mack.

La directiva añadió: “Una de las características es que van de lo legal a lo ilegal. Entonces tenemos funcionarios -legales- pero que tiene relaciones que no son de gobierno con crimen organizado y un ejemplo de eso es La Línea y Cooptación del Estado, y en esta, incluso, participa el sector privado”.

Mientras que la exministra de Gobernación, Adela de Torrebiarte, considera que las ciacs han evolucionado conforme al tiempo.

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“Van evolucionando y capturando nuevas personas de las diferentes instituciones, porque esto está muy enraizado. Algunas se han desarticulado bastante, pero otras continúan. En algunos gobiernos se afianza más que con otros y eso lo podemos ver con el caso La Línea”, refirió.

Añadió: “El caso La Línea es muy representativo, fue una tarea que se libró realmente en esta etapa de la Cicig, con el comisionado Iván Velásquez, aunque creo que hubo casos que no son ciacs, pero que fueron -redes- desarticuladas”.

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Aunque algunos casos se resuelven rápidamente, la mayoría de las personas no logran ser ubicadas por las autoridades. Si bien no se puede afirmar que todas las desapariciones estén relacionadas con casos de trata, es muy probable que una gran cantidad de los secuestros sean realizados por redes criminales de tratantes que operan en el país.

De acuerdo con un informe presentado conjuntamente por Unicef y Cicig, existen 48 mil 500 víctimas directas de trata en la modalidad de explotación sexual y las ganancias ilícitas generadas por este delito alcanzan los 12 mil 300 millones de quetzales. Ambas entidades sostienen también que hay una cifra negra que podría incrementar exponencialmente el número de víctimas, porque hay casos que no se denuncian.

La trata de personas es una forma de esclavitud moderna y se da en todas partes del mundo. Por la posición geográfica y las condiciones económicas, Guatemala se ha convertido en un país de origen, destino y tránsito de víctimas de trata. Por ejemplo, muchos niños, niñas, adolescentes y mujeres migrantes son capturados durante su trayecto hacia México y Estados Unidos por redes de tratantes que los explotan sexualmente y además los extorsionan.

Aunque la explotación sexual es una de las formas de trata más conocida, también la explotación laboral (tortillerías, fincas), la venta de personas, el reclutamiento forzoso para integrar grupos delictivos y de crimen organizado, las adopciones ilegales, el embarazo y el matrimonio forzado o servil constituyen casos de trata de personas.

De acuerdo con datos del MP, las denuncias proceden en su mayoría de los departamentos de Guatemala, Escuintla, Huehuetenango, Alta Verapaz, Quetzaltenango, Petén y Suchitepéquez. La organización ECPAT-Guatemala reporta específicamente casos de trata en la Ciudad de Guatemala, Chiquimula, Panajachel, Retalhuleu, Mazatenango, Coatepeque, Tecún Umán, El Carmen, Malacatán, Santa Lucía Cotzumalguapa, La Mesilla, El Naranjo, Puerto Barrios, Lívingston, Jutiapa, Melchor de Mencos, Escuintla y Puerto San José.

La publicación Trata de Personas = Esclavitud, elaborada por la periodista Rosalinda Hernández Alarcón, deja claro que las condiciones de violencia y pobreza de un país aumentan de manera significativa que las personas sean víctimas de trata. Sin embargo, también señala que “los contextos y relaciones en las que predominan lógicas abusivas que mercantilizan todo, incluso, cuerpos humanos” causan este flagelo.

Por eso es necesario insistir una y otra vez en que además de la persecución penal y la sanción judicial contra los tratantes es preciso impulsar la transformación del sistema económico imperante que genera pobreza y extrema desigualdad.

Imprescindible, además, transformar la educación que se recibe en las familias, escuelas e incluso en las iglesias —basada en la mayoría de los casos en el machismo y el patriarcado— que considera a las mujeres, jóvenes, niñas y niños objetos que pueden ser vendidos, explotados y abusados.

Como en los casos de violencia contra la mujer, en la trata tiene mucho que ver una sociedad que jerarquiza a las personas, y coloca a algunas en situación de ventaja (hombres, blancos, heterosexuales) y a otras en completa desventaja (mujeres, indígenas, homosexuales). Por eso el abordaje debe ser integral.

“Existió una infiltración seria: hemos encontrado siete aparatos de grabación, dos cámaras ocultas, dos objetos similares en mi oficina privada de la zona 14 e indicios de un transmisor o receptor en la ventana de mi casa”, denunció Colom, notablemente nervioso y alterado, acompañado de algunos ministros.

Explicó que también encontraron varios aparatos en la oficina de su esposa, Sandra Torres de Colom, lo que consideró como “un hecho verdaderamente grave”.

“A partir de hoy, yo le declaro la guerra a todos los que escuchan llamadas, a todos los servicios de inteligencia privados no legales, porque aquí en Guatemala el orden y la ley se tienen que cumplir”, manifestó Colom.

La existencia de esos aparatos de comunicación ocasionó que el gobernante aceptara la renuncia de Carlos Quintanilla, jefe de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS), y de Gustavo Solano, de la Secretaría de Análisis Estratégico (SAE).

Colom sospechaba, meses atrás, que era víctima de espionaje telefónico, según lo declaró a Prensa Libre en su oportunidad. En esa ocasión expresó: “Siempre me pregunto de dónde se habrán enterado —los medios de comunicación—”.

Antes de la conferencia de prensa del mandatario, se veían movimientos poco comunes en las afueras de la Casa Presidencial: efectivos de la Guardia Presidencial (del Ejército) iban y venían, personal de la SAAS salía, y corría el rumor de que Quintanilla se había atrincherado y se negaba a abandonar el cargo. Algunos curiosos hasta se preguntaban si se trataba de un golpe de Estado.

Los soldados ingresaron en la Casa Presidencial forzando el portón de entrada de los vehículos oficiales en el callejón Manchén.

De inmediato los agentes de la SAAS fueron retirados de los puestos de vigilancia, y los empleados de las distintas dependencias que funcionan en esas instalaciones debieron abandonar el recinto.

Las dudas surgidas fueron disipadas por el mismo mandatario, quien, además de la denuncia pública de espionaje, también la presentó al Ministerio Público.

Por ese caso fue ligado a proceso Carlos Quintanilla, exjefe de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS), por incumplimiento de deberes, intercepción y recepción de comunicaciones y espionaje genérico.

El fiscal encargado de la investigación, Rony López, explicó, cuando Quintanilla fue ligado a proceso, que este había cometido hechos ilícitos al permitir que personas ingresaran en los lugares citados a instalar aparatos de espionaje.

Entre las evidencias que la Fiscalía presentó está el informe del Buró Federal de Investigaciones que aseguró que sí funcionaron siete aparatos de grabación y dos cámaras hallados en la Casa Presidencial.

Al final, Quintanilla fue absuelto en ese caso. El vicepresidente Rafael Espada también informó de que en su oficina fueron localizados tres micrófonos, los cuales estaban colocados en dos teléfonos y una calculadora.

Espionaje a Procurador

El 23 de agosto de 2002 trascendió que en el despacho del Procurador de los Derechos Humanos, Sergio Morales, se detectaron micrófonos y un aparato direccional instalado fuera de la institución. 

Morales informó que había contratado a un experto en detección de micrófonos. “Nuestra sorpresa fue que mediante un detector especial se localizaron señales de varios micrófonos instalados en una de las paredes de mi despacho, por lo que decidí presentar la denuncia inmediata al Ministerio Público, para que realicen las investigaciones”, expresó el procurador.

En la diligencia participó un experto en sonido quien utilizó un detector de micrófonos fabricado en Israel y utilizado en contrainteligencia. El detector captó, por medio de una luz verde, una señal de radio en la pared, ubicada frente al escritorio del Procurador, con lo cual quedó confirmada la existencia de micrófonos en el lugar. 

Al conocerse la noticia de un posible espionaje a la PDH, agrupaciones de derechos humanos y de justicia manifestaron su rechazo ante tal práctica la cual hacía retroceder al país con prácticas sombrías e ilegales, algunos de ellos habían atribuido el hecho al desaparecido Estado Mayor Presidencial. 

Las pesquisas se realizaron al día siguiente de la denuncia y la búsqueda de los aparatos no dio los resultados esperados. Además la señal que había sido captada un día antes había desaparecido, lo cual era improbable ya que el sector estaba acordonado por agentes de la Policía Nacional Civil lo que hacía casi imposible sacar un aparato en estas circunstancias. 

Sobre la SAAS

• La Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad fue creada para cuidar al presidente y vicepresidente de la República.
• Fue creada el 14 de enero del 2000, en respuesta al Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática, que demanda formar un cuerpo de seguridad civil, en sustitución del Estado Mayor Presidencial.
• Su objetivo es brindar seguridad y apoyo permanente al presidente y vicepresidente de la República y sus familias, así como proporcionarles apoyo administrativo y logístico en sus actividades oficiales y personales.
• Es una institución con organización jerárquica y profesional, con especialidad en seguridad y de naturaleza civil.
• Su misión es resguardar la institucionalidad democrática del Estado de Guatemala, la cual está representada por la Presidencia.

Las investigaciones muestran cómo el PP —un Ciacs convertido en partido político— encontró el camino para legitimarse a través de los procesos electorales y tomar por asalto al Estado. Las detenciones de los exministros de la Defensa Ulises Anzueto y Manuel López Ambrosio y del exministro de Gobernación Mauricio López Bonilla, todos exmilitares de la contrainsurgencia, terminan de cerrar la ecuación que empezó con las capturas del caso La Línea.

A partir de ahí desfilaron ante nuestros ojos integrantes de los más diversos sectores, lo que ejemplifica muy bien que el problema no son unas cuantas manzanas podridas (individuos), sino que nos enfrentamos a un problema de fondo, de sistema. Por eso hemos visto las salas de los juzgados atiborradas de funcionarios públicos, políticos, diputados, empresarios —tradicionales y emergentes, nacionales y extranjeros— militares, abogados, jueces, magistrados y sindicalistas señalados de diversos delitos, que van desde el tráfico de influencias hasta la asociación para delinquir.

Pero también han aparecido en el tablero los empresarios de la comunicación. Salvador González (Eco) y Edín Barrientos, de Siglo 21, el monopolio de la televisión abierta y el presidente del grupo A, Éric Archila, cuya familia es también propietaria de uno de los oligopolios radiales en el país. Archila, además, fue ministro de Energía y Minas en el gobierno de Pérez Molina y llamativamente los anunciantes de sus medios son las generadoras de energía, las mineras y empresas vinculadas a los ámbitos de acción de ese ministerio.

Y es que en esto de la cooptación del sistema los medios juegan un papel central, no solamente a través del financiamiento y la negociación de pauta en las campañas electorales, que les brinda enormes ganancias en publicidad y les garantiza la renovación de sus frecuencias, sino en la generación de opinión pública y en la instalación y reproducción de un discurso que contribuye a su sostenimiento.

Lo anterior tiene que ver en primer lugar con la concentración de la propiedad de los medios en pocas manos y con un procedimiento de acceso a frecuencias radioeléctricas basado únicamente en el factor económico (subasta) que favorece los monopolios y los oligopolios. Sería interesante ahora que estamos hurgando en el origen de los Ciacs, investigar cómo fueron entregadas la mayoría de frecuencias radiales y televisivas durante los gobiernos militares, cómo se han “renovado” las concesiones y cómo se ha manejado la pauta para premiar y castigar la cobertura mediática.

Esta concentración se traduce en falta de pluralidad en la transmisión de la información y en el análisis de la realidad, en la invisibilización de temas, actores y sectores, en la muerte civil de personajes incómodos, en la perpetuación del racismo, en la exaltación de lo privado en detrimento de lo público y en una agenda complaciente con el poder, solo por citar algunos ejemplos.

Si a lo anterior —que ya es gravísimo para la construcción de la democracia— le agregamos los ilícitos de los que están señalados los empresarios de la comunicación, ¿no es necesario iniciar ya el debate para terminar con la concentración en la propiedad de los medios?

@MarielosMonzon

A la luz de las revelaciones realizadas, se reafirma que el PP no es más que “la consumación moderna de un cuerpo ilegal y aparato clandestino de seguridad (CIACS) convertido en partido político que accede al poder para garantizar negocios, enriquecimiento ilícito e impunidad”. (Punto de Encuentro, 19/4/16).

Sin embargo el modelo no es nuevo. Se remonta a la década de los 70 cuando el Ejército creó las redes de inteligencia y contrainteligencia y las insertó en las instituciones gubernamentales. El objetivo era combatir al “enemigo interno” y controlar el territorio. De forma paralela iniciaron con los negocios criminales para financiarse (contrabando, tráfico de personas y de armas, venta de niños a través de adopciones ilegales, etc.) que podían realizarse gracias al control absoluto que tenían de la institucionalidad.

Desde el Ministerio de Finanzas, por ejemplo, lograron controlar áreas estratégicas como los puertos, las aduanas y la recaudación de impuestos y desde el Estado Mayor Presidencial (EMP) articular un estado paralelo. Ahí es precisamente donde está el germen de lo que se ha denominado “poderes ocultos”.

Por eso no es casualidad que los casos que conocemos hasta ahora estén centrados en defraudación aduanera (La Línea), defraudación fiscal (Aceros de Guatemala) y enriquecimiento ilícito a través de negocios amañados (TCQ). Ese fue el modus operandi en el pasado y lo sigue siendo en la actualidad.

Tampoco es de extrañar que los personajes se repitan: ahí está el expresidente Otto Pérez Molina, que proviene precisamente de las estructuras de inteligencia y que fue miembro activo del EMP. A su nombre se suman otros, como alias teniente Jerez, Luis Mendizábal, Juan de Dios Rodríguez y Gustavo Martínez, que integraron en su momento estructuras paralelas como el Sindicato o mafias criminales como la Red Moreno. Falta ver un caso que involucre a los miembros de La Cofradía.

Con la apertura democrática y la firma de la paz, estas estructuras paralelas mutaron —nunca desaparecieron— y continuaron desarrollando actividades ilícitas y criminales, en el marco de lo que se denomina empresarialidad criminal compleja. Importante es hacer notar que tampoco abandonaron las prácticas de escuchas ilegales, ejecuciones judiciales, vigilancia y extorsión, que se siguen practicando en ámbitos públicos y privados.

Lo novedoso es cómo estas redes político-económicas ilícitas (RPEI) encontraron el camino para legitimarse a través de los procesos electorales, en el marco de la legalidad. Su victoria en las urnas (caso FRG, caso PP) les permitió penetrar a través de los partidos políticos a las estructuras estatales y tomar control de los organismos del Estado y del poder local.

Por supuesto que en este asalto al Estado los políticos no están solos. La semana pasada nos referíamos a los actores privados que forman parte de la trama a través del financiamiento ilegal e ilícito. Ya Aldana y Velásquez señalaron con lujo de detalles a las modalidades de cooptación y a los actores involucrados: banqueros, empresarios tradicionales y emergentes, constructores, firmas trasnacionales y dueños de conglomerados y monopolios mediáticos.

Y es que efectivamente de esta manera opera y así se constituye un CIACS. Memoria histórica para entenderlo, acción concreta y movilización social para desarticularlos, nada menos.

@MarielosMonzon

El jefe de la Cicig, Iván Velásquez, señaló que en la actualidad los Ciacs han mutado, se han convertido en redes político-económicas para mantener un control político, como el caso del gobierno liderado por Otto Pérez Molina.

“En la actual coyuntura del país, los Ciacs son redes político-económicas ilícitas que se interrelacionan con el fin de ejercer control y generar negocios rentables; desarrollan actividades políticas y económicas que se caracterizan por infiltrar prácticas políticas y transacciones ilícitas”, dijo Velásquez el 24 de marzo de 2015, durante el foro “Los nuevos caminos de cooptación del Estado”.

Con lo revelado el jueves 2 de junio recién pasado, por el MP y la Cicig, “el Partido Patriota se convirtió en una estructura criminal mafiosa que había cooptado el poder por la vía de las urnas y cuyos principales dirigentes eran Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti”, dijo Velásquez, quien explicó que varias instituciones claves del Estado fueron cooptadas por la red mafiosa, que utilizó un esquema financiero —con apariencia de legalidad—, pero cuyo fin principal era el enriquecimiento ilícito de los miembros de la estructura, sin importar siquiera la precariedad financiera de las instituciones.

Buscaron impunidad

Ante esta realidad, expertos consideran que el Partido Patriota llena el perfil expuesto por Velásquez, ya que sus altos dirigentes utilizaron a la organización política como un vehículo electoral para alcanzar posiciones de relevancia, y en el poder se activaron las redes político económicas que ejercieron un control que los llevó a buscar impunidad al nombrar a magistrados de la Corte Suprema de Justicia con el apoyo del partido Libertad Democrática Renovada, Líder, que apuntaba a ganar las elecciones pero finalmente fracasó.

La mayoría del comité ejecutivo, y fundadores del PP que nació en el 2002, guardan prisión preventiva, entre ellos los ex secretarios privados de Pérez Molina y de la ex vicemandataria Baldetti, aunque la lista se extiende a exdiputados, exministros y otros exfuncionarios que son investigados.

Hay otros partidos

El experto en seguridad del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) Walter Menchú le dio la razón al comisionado cuando presentó el informe Financiamiento de la política en Guatemala, al señalar que existen varias organizaciones políticas que encuadran en la figura de los Ciacs.

“La cúspide la alcanzó el partido naranja cuando llegó al poder en el 2012. Al final los partidos son vehículos electorales que sirven a las personas para acceder al poder y a los recursos que se administran en el Estado”, dijo Menchú.

El politólogo José Carlos Sanabria, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), señaló que con esta teoría el PP es un Ciacs y se deja en evidencia la debilidad de las agrupaciones políticas.

“Se evidencia la búsqueda del poder; en este caso, a través de las luchas partidarias que reflejan interés por cooptar las instituciones del Estado y beneficiarse de ellas. Son estructuras organizativas que se arman para acceder al poder por la vía electoral y utilizar la autoridad de los cargos para beneficiarse”, afirma Sanabria.

Sin similitudes

A decir del exministro de Gobernación Francisco Jiménez, la estructura del PP, a pesar de los delitos atribuidos, no encuadra en la definición de un Ciacs, por dos razones: si bien han sido evidenciados por ser una estructura de carácter criminal y tener una organización que les permite estar activas dentro del Estado, el PP era en todo caso una organización partidista, pero al tener sus propias crisis no se mantuvo como estructura típica de un Ciacs.

“No fue un Ciacs porque era una estructura partidaria legalmente constituida, y aunque sus objetivos se mezclaron y al final fue utilizada para cometer algún delito, eso es posible, pero eso no lo hace un Ciacs necesariamente. Debido a que en el camino hayan asumido otros roles no es un Ciacs”, aseveró Jiménez.