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Incrementan ciberataques a empresas y particulares

Experto recomienda el buen uso de las plataformas digítales en los equipos de trabajo.

José Manuel Patzán

24 de agosto de 2024 | 05:00h

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Los ciberataques van dirigidos a usuarios que desconocen de las herramientas de protección digital (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La tecnología avanza cada día y la inteligencia artificial (IA) ya no es utilizada solo como herramienta de trabajo y distracción, sino para cometer ciberataques   contra  particulares, empresas y entidades de gobierno por asuntos económicos, sociales y políticos, reveló el representante de una empresa experta en ciberseguridad.

 NetReady, que se dedica a la ciberseguridad, gestión corporativa, redes y telecomunicación, indicó que los ciberataques a particulares son constantes porque desconocen cómo utilizar las herramientas digitales y no saben cómo evitar riesgos, pues  la mayoría piensa que “no le pasará nada” y cae en las trampas de promociones y supuestos premios que recibe de usuarios desconocidos que buscan obtener información personal.

Luis Ortiz, representante de NetReady en Guatemala, entidad que ha otorgado asesoría a empresas nacionales e internacionales sobre cómo blindar sus sistemas informáticos, refirió que hace 20 años los ataques cibernéticos se cometían únicamente mediante la instalación de virus. Sin embargo, con la llegada de la IA, cualquier persona tiene acceso a intervenir sistemas.

“Hay capacidad de cualquier persona. Ahora es mucho más sencillo, hay muchos estudiando tecnología en los colegios, en las universidades, hay mejor preparación. Ahora no es complicado”, afirmó.

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Agregó que “con ingeniería, una plataforma se puede hacer pasar por una empresa financiera para pedir datos confidenciales, usurpar identidades y manipular la información con fines económicos, sociales y políticos”.

El experto dijo que los ciberataques van dirigidos a “usuarios de casa” porque no tienen conciencia de lo que les puede pasar y no usan herramientas para prevenir ciberamenazas, por lo que el riesgo contra ellos es más alto.

“El principal problema es la falta de concientización. La mayoría piensa que no les pasa nada y piensan que pueden dar clic en cualquier link, responder una promoción en el WhatsApp, en una página en la que navegamos o en un portal para hacer la tarea de los niños”, advirtió.

Ejemplificó que, así como tenemos cuidado de andar en la calle, hay que tener cuidado cuando se camina por internet, porque hay quienes buscan lucrar con nuestra información.

Ortiz recomienda buscar herramientas digitales de protección que no sean solo antivirus y pagar mensualmente, si es necesario, para no ser víctimas un jaqueo.

Según el experto en ciberseguridad, el 70 por ciento de las compañías en Guatemala no cuentan con programas para proteger sus sistemas y la cantidad de ataques al sector empresarial se ha incrementado en un 200 por ciento, comparado con 2023.

Ortiz sostuvo que muchos de los ataques cibernéticos ocurren en bancos y aseguradoras  porque buscan beneficios económicos, en tanto que en las entidades de gobierno intentan afectar, además de un servicio público, su imagen.

También pueden irrumpir en empresas, no precisamente financieras, para afectar el inventario o la facturación con algún propósito.

“En Guatemala, el año pasado, grandes empresas no financieras fueron víctimas de ataques. Hay compañías a las que les secuestran información y pagan millones de dólares para que se las devuelvan”, precisó.

Agregó que algunos ataques cibernéticos a compañías en Guatemala han sido muy fuertes, a tal punto que los cibercriminales han obtenido información de las cuentas bancarias de los colaboradores.

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Para evitar esos problemas, Ortiz aclaró que las campañas de las empresas deben ir dirigidas a sus colaboradores, para concientizarlos sobre la buena utilización de las plataformas que utilizan en sus equipos de trabajo.

La tecnología va en evolución, dijo Ortiz, y mientras salen herramientas para ingresar de forma ilegal a sistemas informáticos, también surgen herramientas para impedirlo, por lo que   compañías grandes   han sufrido fuertes ataques cibernéticos  sin repercusiones porque ya cuentan con medidas de protección.

También advirtió de que un ciberataque puede ocurrir en milésimas de segundos, y en Guatemala, las pequeñas y medianas empresas (Pymes) son las más desprotegidas en cuanto a sistemas cibernéticos de seguridad.

Sobre si los ciberataques provienen de Guatemala o del exterior, el representante de la empresa indicó que la mayoría viene de otros países, aunque asegura que también son nacionales, porque existen páginas digitales en las cuales los usuarios piden asesoría de otros expertos para lograr ingresar a plataformas privadas.

“Guatemala tiene camino por recorrer, hemos visitado clientes en México, Brasil, y hace falta que las compañías hagan programas de ciberseguridad, que tengan un presupuesto único para optimizar eso. Las compañías no creen que les pueda servir para algo y no lo hacen”, explicó.

Según datos proporcionados por NetReady, los ataques cibernéticos en Latinoamérica han ido en incremento, en especial en países como Brasil, que ocupa el primer lugar; Colombia, el segundo; y Chile, el tercero. En Centroamérica, por ejemplo, en Costa Rica han atacado en especial a organizaciones gubernamentales.

Capturados habrían suplantado identidad de su víctima para despojarlo de dinero

La investigación señala que los capturados supuestamente remplazaron la tarjeta sim de telefonía y obtuvieron datos de la víctima para despojarla de dinero.

Oscar García

24 de abril de 2024 | 10:15h

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Investigadores del Ministerio Público efectúan diligencias por delitos relacionados con temas financieros. (Foto Prensa Libre: Ministerio Público)

La Fiscalía contra Delitos Transnacionales, con el apoyo del Fiscal Regional y en coordinación con la delegación de Ciberdelitos de Policía Nacional Civil, efectúa este miércoles 24 de abril 15 diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia.

Las diligencias se desarrollan en los departamentos de Guatemala, Alta Verapaz, Sacatepéquez y Chiquimula.

Trece de los allanamientos obedecen a la investigación de la fiscalía con relación al desapoderamiento de más de Q687 mil 300 de cuentas bancarias, utilizando como medios de ejecución las tecnologías de la información y comunicación a través de la metodología SIM SWAPPING.

Durante el operativo, se ha reportado la aprehensión de dos personas, quienes podrían pertenecer a una organización criminal la cual logró en un aproximado de 18 horas suplantar la identidad de la víctima, remplazando la tarjeta sim de telefonía, para después al tener acceso a SMS y llamadas telefónicas, obtener verificación de códigos de enlaces a correos electrónico y servicios de banca virtual, y así hacer diferentes transferencias a terceros para ocultar el rastro del destino del dinero.

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Mientras que las otras dos diligencias obedecen a investigaciones relacionadas al delito de lavado de dinero u otros activos por alrededor de Q1 millón 498 mil 059.04.

Según el MP, esta cantidad ha ingresado al sistema financiero de Guatemala a través de cuentas bancarias de personas que de manera premeditada, concretan el retiro de los fondos en el extranjero. Las diligencias continúan en desarrollo.

Para leer más: Lo señalan de lavado de dinero: Cómo un hombre habría adquirido Q1.8 millones para hacer transacciones sospechosas

#Allanamientos #MPfuerteYfirme
La Fiscalía contra Delitos Transnacionales, con el apoyo del Fiscal Regional y en coordinación con la delegación de Ciberdelitos de Policía Nacional Civil, se encuentra ejecutando 15 diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de… pic.twitter.com/rXRQ3k3y96

— MP de Guatemala (@MPguatemala) April 24, 2024

El 4 de agosto de 2022, el Congreso de la República emitió el Decreto Número 39-2022 en el que aprobó dicha ley, que creaba figuras delictivas y adecuaba normas penales frente a delitos cibernéticos, pero recibió varias objeciones de diversos sectores.

La normativa contenía 44 artículos en los cuales se intentaron regular los avances de las tecnologías de la información y las comunicaciones, creando una ley especial que defina las conductas delictivas a fin de proteger los datos personales e intimidad informática con mayor énfasis a los niños y adolescentes, que son los más vulnerables a grupos ilícitos que operan a través de las redes sociales.

Expertos consideraban que ley vulneraba la libertad de expresión y podría callar críticas contra funcionarios y políticos.

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El 24 de agosto pasado, con 112 votos a favor, diputados aprobaron las objeciones al decreto 39-2022, mejor conocido como ley de ciberdelitos y ordenaron archivarla.

Durante la plenaria, los congresistas también iban a conocer otras objeciones presentadas por opositores, que arguyen que el decreto podría servir como un instrumento para “acallar a la prensa y perseguir a opositores”. Sin embargo, estas observaciones no fueron debatidcibas porque la ley se archivó después de la primera votación.

En el Acuerdo 14-2022 publicado este 1 de septiembre de 2022, el Congreso hace referencia al Precedente Número 2-2017, aprobado el 15 de septiembre de 2017, el cual regula que si previo a enviar un decreto aprobado para su sanción y publicación, este recibiere observaciones y objeciones con respecto a la constitucionalidad, oportunidad o conveniencia nacional, Junta Directiva lo pondrá en conocimiento del Pleno del Congreso y si las observaciones fueron aceptadas por el Pleno del Congreso, como máxima autoridad del Organismo Legislativo, el Decreto aprobado no se remitirá al Organismo Ejecutivo y quedará en el Archivo de la Dirección Legislativa del Congreso de la República, haciéndose constar la decisión del Pleno en Acuerdo Legislativo.

Añade que como se recibieron observaciones invocando el precedente mencionado, esto llevó a un análisis exhaustivo sobre la oportunidad o conveniencia del Decreto Número 30-2022 del Congreso de In República.

Fue por eso que por decisión del Pleno del Congreso de la República, se suspende en definitiva el procedimiento de formación de la ley del Decreto Número 39-2022 del Congreso de la República, Ley de Prevención y Protección contra la Ciberdelincuencia y que como resultado de lo anterior, se instruya a la Junta Directiva observar la no remisión del mismo al Organismo Ejecutivo.

Añade que se ordena el traslado del Decreto Número 39-2022 del Congreso de la República al Archivo Legislativo de la Dirección Legislativa, poniendo de ese modo, “fin inmediato y en definitiva al procedimiento de formación de la ley del citado Decreto, a efecto que no cobre efecto jurídico alguno”.

El acuerdo entra en vigor inmediatamente y será publicado en el Diario Oficial.

La referida ley que ha recibido críticas de expertos que señalan que vulnera la libertad de expresión, quedó archivada, no será enviada al Ejecutivo, ni entrará en vigor.

Para la aprobación de las objeciones, 112 diputados votaron a favor, 16 en contra y 32 ausentes.

Durante la plenaria, los congresistas también iban a conocer otras objeciones presentadas por opositores, que arguyen que el decreto podría servir como un instrumento para “acallar a la prensa y perseguir a opositores”. Sin embargo, estas observaciones no fueron debatidas porque la ley se archivó después de la primera votación.

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Un grupo de diputados señaló que el contenido de la ley podría generar “interpretaciones diversas”.

Las observaciones en contra de la normativa fueron planteadas por cinco parlamentarios oficialistas: Aníbal Rojas, de VIVA; Cándido Leal, de VAMOS; Manuel Conde, de PAN; y Édgar Reyes Lee y Óscar Argueta, de la UNE. Los primeros cuatro votaron en favor de aprobar la ley durante la sesión del 4 de agosto, mientras que el último se ausentó a la reunión.

El recién pasado 4 de agosto, luego de varias horas de sesión, diputados aprobaron la referida Ley que crea figuras delictivas y adecúa normas penales frente a delitos cibernéticos.

La Ley fue creada gracias a la iniciativa 5601 y tiene como objetivo castigar las actividades de la Ciberdelincuencia que ha tomado auge por el uso de dispositivos con conexión a internet.

Entre algunos de los aspectos que contempla ley están: Proteger a los guatemaltecos y sus datos personales de los ciberdelincuentes y tipifica delitos como ciberdelincuencia, ciberdelitos, ciberdefensa, fraude informático y protección de datos personales en internet.

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Expertos ven la necesidad de proteger a los menores de edad contra ciberdelitos, mientras que otros han advertido que podría atentar contra la libertad de expresión al callar críticas contra funcionarios y políticos.

La normativa, aunque detalla la definición de algunos términos crea nuevos delitos, como el acoso por medios cibernéticos o ciberacoso, creando una brecha legal con diversas interpretaciones que podrían, incluso, servir como herramienta legal con fines represivos, prohibiendo el divulgar imágenes de sátira o información sobre funcionarios  y políticos, que podrían alegar verse afectados por su honor, dignidad, la de su familia y otros entornos sociales.

La ley desde su aprobación encendió las alarmas sobre la posible violación al derecho constitucional de la libre emisión del pensamiento.

Para ver más: Agrupaciones de prensa ven peligro en aprobación de ley de ciberdelincuencia y piden que sea vetada

El @CongresoGuate aprueba las objeciones al decreto 39-2022, mejor conocido como Ley de ciberdelitos.

¿Y ahora? La ley, que ha recibido críticas de expertos que señalan que vulnera la libertad de expresión, queda archivada. No será enviada al Ejecutivo ni entrará en vigor. pic.twitter.com/jz2cFWIcDj

— Carlos Kestler (@CKestler_GTV) August 24, 2022

La Ley fue creada gracias a la iniciativa 5601 y tiene como objetivo castigar las actividades de la Ciberdelincuencia que ha tomado auge por el uso de dispositivos con conexión a internet.

Pappier escribió que la ley de ciberdelitos “contiene disposiciones vagas que se prestan para procesos penales abusivos”.

Añadió que: “en un país donde la justicia se ha instrumentalizado para perseguir a periodistas, fiscales y jueces independientes, esta norma puede usarse para acosar a críticos”.

Guatemala: la ley de ciberdelitos contiene disposiciones vagas que se prestan para procesos penales abusivos.

En un país donde la justicia se ha instrumentalizado para perseguir a periodistas, fiscales y jueces independientes, esta norma puede usarse para acosar a críticos.

— Juan Pappier (@JuanPappierHRW) August 19, 2022

Pappier también se había referido recientemente al país, al considerar que en Guatemala existe un “declive muy grave” en cuanto al respeto a los derechos humanos y la justicia, con cierta proyección a la situación que vive Nicaragua, aunque también con otros matices.

“Guatemala está en un momento de declive muy grave en la vigencia del Estado de Derecho en el país, con muy pocas garantías para el ejercicio de los derechos humanos porque hoy la enorme mayoría de las instituciones están cooptadas”, aseguró Pappier en una entrevista con EFE que fue publicada el 27 de julio pasado.

Añadió que en el país “no hay independencia judicial” y “cualquier fiscal u operador de justicia que se atreva a investigar a los corruptos tristemente sufre demandas penales espurias y algunos de ellos han sido arrestados o han tenido que salir al exilio”.

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El 1 de agosto pasado, Pappier fue consultado por Prensa Libre y Guatevisión sobre la captura del José Rubén Zamora, presidente de elPeriódico, detenido el pasado 29 de julio y ligado a proceso por los delitos de tráfico de influencias, chantaje y lavado de dinero u otros activos.

En esa oportunidad expresó que lo que representa dicha captura es “un punto de quiebre para las garantías de libertad de expresión” en Guatemala, y puede ser “el más grave en los últimos años”.

El profesional resaltó que perseguir a los periodistas representa un atentado contra la democracia y genera temor en el gremio, quienes “deben pensar dos veces antes de publicar una investigación por temor y los riesgos ante una detención”, dijo.

La ley de ciberdelincuencia

La Ley de prevención y protección contra la ciberdelincuencia fue aprobada por el Congreso de Guatemala el pasado 4 de agosto y con ella se crean figuras delictivas y adecúa normas penales frente a delitos cibernéticos.

“También estipula reglas procesales para incorporar los medios digitales que permitan la obtención de evidencias, pruebas electrónicas en el proceso penal y la creación de órganos competentes para una investigación eficaz”, señala una publicación del Congreso.

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Agrega que “define el ciberdelito como la acción u omisión típica, antijurídica, ilícita, dolosa o culposa, imputable, continua o aislada de carácter penal, cometida contra personas individuales o jurídicas, que utilicen las tecnologías de la información para lesionar bienes jurídicos o personales, patrimoniales o informáticos de la víctima”.

Añade que “la ciberdelincuencia es considerada como actividades delictivas de alcance nacional o transnacional realizadas a través de sistemas informáticos o sistemas que utilicen tecnologías de la información y las comunicaciones y que tienen como objeto lesionar bienes jurídicos personales, patrimoniales o informáticos de la víctima”.

La normativa contiene 44 artículos en los cuales se intentaron regular los avances de las tecnologías de la información y las comunicaciones, creando una ley especial que defina las conductas delictivas a fin de proteger los datos personales e intimidad informática con mayor énfasis a los niños y adolescentes, que son los más vulnerables a grupos ilícitos que operan a través de las redes sociales.

Detalles de la ley

• Protege a los guatemaltecos y sus datos personales de los ciberdelincuentes
• Fortalecer las reglas de convivencia social-digital en el país
• Actualiza la legislación nacional en esta nueva era tecnológica
• Tipifica delitos como ciberdelincuencia, ciberdelitos, ciberdefensa, fraude informático y protección de datos personales en internet
• Crea el Centro de Seguridad Institucional de Respuesta Técnica ante Incidentes Informáticos
• Fomenta la realización de acciones para prevenir los ataques a datos o sistemas informáticos
• Crea alertas para detectar y dar atención a los casos de emergencia de ciberseguridad y ciberdefensa

El espíritu de la ley

La aprobación del decreto 39-2022, Ley de Prevención y Protección contra la Ciberdelincuencia ha generado diversas reacciones, críticas y rechazo en varios sectores de la población

En la nueva ley también se crean nuevos delitos, como el acoso por medios cibernéticos o ciberacoso, creando una brecha legal con diversas interpretaciones que podrían, incluso, servir como herramienta legal con fines represivos, prohibiendo el divulgar imágenes de sátira o información sobre funcionarios públicos y políticos, quienes podrían alegar verse afectados por su honor, dignidad, la de su familia y otros entornos sociales.

José Rodrigo Valladares, diputado por el Listado Nacional del bloque Todos en la legislatura 2016-2020 y uno de los ponentes de la ley, en su momento, dijo en una entrevista reciente con Prensa Libre que el espíritu de la ley era poner a Guatemala “a la altura de otros países en el tema de protección contra los ciberdelitos”, tomando en cuenta que el país no es la excepción y por ello es necesario tipificar delitos que se cometen utilizando “la tecnología de la información y las comunicaciones, desde donde se cometen y hacia donde”.

Hizo referencia a que algunas instituciones gubernamentales constantemente sufren ataques cibernéticos y eso sucede cualquier persona podría tener acceso a información importante de los guatemaltecos.

Reconoció que la normativa puede ser mal utilizada, pero le apuesta a el criterio de los jueces que conozcan los diferentes casos por los ciberdelitos, quienes podrían “desestimar los mismos por considerarlos sin fundamento o que carecen de medios de prueba”. Además, aceptó que la normativa sí lleva un fondo de “proteger la vida privada del funcionario público, más no su actuar en la función del cargo”.

Riesgo

El constitucionalista Gabriel Orellana, consultado por Prensa Libre hace una semana sí ve un riesgo directo a la libertad de expresión. Y agregar en la ley que no está sujeta a casos legislados a través del derecho internacional, es un despropósito, cuando se atenta directamente al derecho de libre expresión.

“Es inconstitucional esta ley y su problema fundamental es una pésima redacción, y da la impresión de que no es una legislación concebida y redactada aquí, sino que la copiaron, por eso tiene ciertas inconsistencias con nuestro derecho”, citó en esa oportunidad.

“La ley es sumamente compleja, porque creo que la diseñaron a propósito para esconder figuras de las que luego podrían abusar”, resume Luis Assardo, investigador y consultor experto en temas digitales.

“La ley tiene varias carencias y es confusa, ambigua y no define apropiadamente muchos conceptos básicos”, agregó Assardo.

Assardo explicó que “la redacción en general es desordenada y ambigua. Abre la puerta a muchas interpretaciones y no define claramente muchos de los conceptos incluidos, por ejemplo, en los bienes jurídicos tutelados”.

Los detenidos fueron identificados como Carlos Arnoldo Gálvez Zuleta, Lester Ricardo Donis Castañeda, José Rolis Gómez Contreras, Edwin Ariel Soto Pérez y Leonardo Ismael Argueta, señalados por los delitos de estafa propia y lavado de dinero u otros activos.

Según Jorge Aguilar, vocero de la PNC, esta banda criminal de ciberdelincuencia había robado identidades y ha obtenido cientos de miles de quetzales, según los primeros datos de la investigación, mediante estafas en redes sociales.

Informó que los integrantes de la banda delincuencial utilizaban redes sociales como Facebook, para obtener fotos y datos de posibles víctimas.

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Explicó que en las redes sociales muchas personas acostumbran a compartir detalles e imágenes de su familia, viajes, logros y otra información personal, que era aprovechada por los delincuentes para robar información.

Las estafas

Según las autoridades, los delincuentes luego de robar la identidad de las personas contactaban a sus víctimas mediante Facebook o Messenger y les hacían creer que eran parientes de ellos que viven en el extranjero.

Luego de ganarse la confianza de las personas, les pedían el contacto de WhatsApp para comunicarse más directamente y así consumar sus estafas.

Los delincuentes les decían a las personas que les enviarían una encomienda con algunos regalos valiosos y que serían contactados por la empresa de transporte o por un agente aduanero para que pudieran recogerla.

Otro miembro de la banda, se comunicaba con las víctimas y se hacía pasar por empleados de aduanas y de las empresas de encomiendas y les decían a las personas que la caja que les había enviado su familiar tenía cosas valiosas y que para sacarla debían pagar cierta cantidad de dinero y depositarla a una cuenta bancaria.

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En ocasiones, la excusa que daban los delincuentes era que dentro de la encomienda habían detectado dinero en efectivo, y que era necesario pagar una multa para que pudiera salir de la aduana.

Según Jorge Aguilar, ha habido personas que fueron víctima de este tipo de estafas que incluso pagaron hasta Q75 mil para sacar la encomienda que supuestamente les habían enviado.

Pidió a la población verificar que lo que publica en sus redes sociales y que no sea algo que pueda ser utilizado por este tipo de ciberdelincuentes.

También dijo que las personas deben ser cautas y tener formas alternas para comunicarse con sus parientes en el extranjero, tener claves para las conversaciones y así verificar que no se trata de delincuentes que tratan de estafarlos.

Dijo que si en algún momento les llegan mensajes de este tipo, no duden en poner la denuncia en el Departamento de Delitos Financieros y Económicos o Departamento contra Ciberdelincuencia de la PNC.

Querían estafarlo

Carlos Ávila es un perito contador que recientemente fue víctima de un grupo de ciberdelincuentes que trataron de estafarlo.

Contó a Prensa Libre y Guatevisión que un día recibió un mensaje por WhatsApp de un número desconocido y en este le escribieron su nombre y le preguntaron si sabía quién le escribía a lo que respondió que no.

Ávila ya estaba al tanto de las estafas de este tipo y decidió seguirle la corriente a los delincuentes.

Agregó que en otro mensaje le dijeron que si recordaba de alguien que recientemente había viajado a Estados Unidos, y él les contestó que sí, e inventó que una prima había migrado hacía unos meses y les dio el nombre.

Los delincuentes respondieron que sí, que era ella la que se estaba comunicando y que le daba gusto saber de él nuevamente.

Durante varios días los delincuentes le contaban cosas de la vida en Estados Unidos y de lo bien que le iba trabajando allá, pero evitaban temas personales. Al poco tiempo le informaron que le enviarían unas maletas con computadoras y teléfonos celulares nuevos para que los vendiera en Guatemala y así pudiera ganar dinero.

A los días fue contactado por un supuesto agente aduanero que le contó que su prima en Estados Unidos, y le dio el nombre, le había mandado una maleta con artículos de tecnología y que era necesario depositar Q5 mil a una cuenta bancaria, para poder pagar los impuestos de los productos que le habían mandado.

Ávila ya no respondió y recibió varios mensajes durante otros días, pero finalmente los delincuentes desistieron.

3 mil 500 denuncias en el año

De acuerdo con los registros del Ministerio Público (MP) en los últimos 31 meses han sido promovidas 12 mil 650 denuncias por hechos ilícitos cometidos a través de Facebook, Instagram y WhatsApp.

De acuerdo con el desglose de datos del MP, del 1 de enero al 9 de agosto de 2022, se han registrado unas 3 mil 554 denuncias por diversidad de actos ilegales que se cometen por medio de las aplicaciones anteriormente mencionadas, dicha cifra refleja que son unas 506 denuncias presentadas mensualmente, aproximadamente.

Las localidades donde más se cometen estos ilícitos son: Guatemala con 1 mil 316 denuncias, seguido de Quetzaltenango con 219, Alta Verapaz con 177 y Chiquimula con 172, según datos proporcionados por el MP.

La normativa contiene 44 artículos en los cuales se intentaron regular los avances de las tecnologías de la información y las comunicaciones, creando una ley especial que defina las conductas delictivas a fin de proteger los datos personales e intimidad informática con mayor énfasis a los niños y adolescentes, que son los más vulnerables a grupos ilícitos que operan a través de las redes sociales.

Sin embargo, la normativa, aunque detalla la definición de algunos términos crea nuevos delitos, como el acoso por medios cibernéticos o ciberacoso, creando una brecha legal con diversas interpretaciones que podrían, incluso, servir como herramienta legal con fines represivos, prohibiendo el divulgar imágenes de sátira o información sobre funcionarios públicos y políticos, quienes podrían alegar verse afectados por su honor, dignidad, la de su familia y otros entornos sociales.

El espíritu de la ley era poner a Guatemala “a la altura de otros países en el tema de protección contra los ciberdelitos”, tomando en cuenta que el país no es la excepción y por ello es necesario tipificar delitos que se cometen utilizando “la tecnología de la información y las comunicaciones, desde donde se cometen y hacia donde”, justificó uno de los ponentes de la legislación, José Rodrigo Valladares, diputado por el Listado Nacional del bloque Todos en la legislatura 2016-2020.

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Valladares hizo referencia a que algunas instituciones gubernamentales constantemente sufren ataques cibernéticos. Puso el caso de la Superintendencia de Administración Tributaria, el Registro Nacional de las Personas y el Instituto Guatemalteco de Migración: “cuando estos son vulnerados cualquiera podría tener acceso a información importante de los guatemaltecos”.

Empleada con otros fines

El exdiputado, sin embargo, reconoce que la normativa puede ser mal utilizada, pero le apuesta a el criterio de los jueces que conozcan los diferentes casos por los ciberdelitos, quienes podrían “desestimar los mismos por considerarlos sin fundamento o que carecen de medios de prueba”. Además, aceptó que la normativa sí lleva un fondo de “proteger la vida privada del funcionario público, más no su actuar en la función del cargo”.

“No debe irradiar en la irresponsabilidad tanto de los ciudadanos como de los periodistas, porque en algunas ocasiones se publica información que es de ámbito privado”. José Rodrigo Valladares

Valladares mencionó que “cualquiera puede poner una denuncia por un meme que le hagan”, y comparte que todo funcionario está sujeto al escrutinio público, no obstante, considera que esto “no debe irradiar en la irresponsabilidad tanto de los ciudadanos como de los periodistas, porque en algunas ocasiones se publica información que es de ámbito privado”. El exparlamentario sí dijo estar de acuerdo que se realice una critica y fiscalización “cuando es utilizando recursos públicos, abusando del puesto, tráfico de influencias, coacción a subalternos”.

También advirtió que la ley faculta al Ministerio Público a rastrear quién o quiénes han difundido información que se enmarque en delito, porque “quien reenvié el contenido de una persona sin su consentimiento, está siendo parte de esa cadena de difusión y podría ser acusado”. Reconoció que  dependerá de la capacidad del sistema de los entes encargados en realizar la investigación para “determinar el origen de la fuente que generó el delito”, derivado a que todo tiene su rastro digital y advirtió que los padres de familia que le otorga un celular a sus hijos, “el cual va a quedar registrado a nombre del papá o mamá”, y son ellos sobre quienes podría recaer cualquier responsabilidad penal por el tipo de contenido que difunda el menor.

La ley desde su aprobación encendió las alarmas sobre la posible violación al derecho constitucional de la libre emisión del pensamiento. Respecto a este extremo, el exdiputado indicó que en la ley fueron excluidos “los casos de la libertad de expresión reconocidos en los tratados y convenciones de los Guatemala forme parte en materia de derechos humanos, y los otorgados expresamente en la Constitución”.

El ponente recordó que en el país ya se encuentra tipificado la difamación y calumnia, pero “no se ve aquella cantidad de denuncias o que se haya recargado el sistema judicial, por estos tipos penales”, y considera que el ciudadano “mide hasta donde puede poner en riesgo tanto su integridad como la de su familia, o la dignidad, para poder actuar”.

Bozal a la libre expresión

Muy lejos de los argumentos políticos del ponente de la ley, el constitucionalista Gabriel Orellana sí ve un riesgo directo a la libertad de expresión. Y agregar en la ley que no está sujeta a casos legislados a través del derecho internacional, es un despropósito, cuando se atenta directamente al derecho de libre expresión.

De los 44 artículos que contiene la normativa, uno podría atentar contra la libertad de expresión, el número 19, en su penúltimo párrafo, en el cual se expone “la poca calidad de nuestros legisladores, y no es con ánimo peyorativo, porque ningún tratado regula esos casos, simple y llanamente está hablando de los derechos de emisión del pensamiento y de la libre expresión”, dijo Orellana.

“La poca calidad de nuestros legisladores, y no es con ánimo peyorativo, porque ningún tratado regula esos casos, simple y llanamente está hablando de los derechos de emisión del pensamiento y de la libre expresión”. Gabriel Orellana

A criterio del profesional del Derecho, es innecesario el referido párrafo porque la Carta Magna prevalece sobre cualquier ley, así como los tratados y convenios en materia de derechos humanos prevalecen sobre cualquier ley de derecho interno. Según Orellana, se está tratando de “crear un bozal a la libre expresión, pero le están dando el ‘dulcito’ de decir que en esos casos no se aplica”.

“Es inconstitucional esta ley y su problema fundamental es una pésima redacción, y da la impresión de que no es una legislación concebida y redactada aquí, sino que la copiaron, por eso tiene ciertas inconsistencias con nuestro derecho”, y de cobrar vigencia la normativa previa a las elecciones su fin sería “acallar la voz de todos aquellos que manden mensajes de determinados políticos” por medio de redes sociales. El experto en derecho constitucional subrayó que “un funcionario público no tiene vida privada y debe cuidar su reputación”.

Además, recordó Orellana, la Convención Americana de Derechos Humanos sí establece un caso que “sería el único donde podría aplicarse esa ley, que es cuando se afecte a menores de edad, o personas con discapacidad o defecto físico, los cuales puedan ser utilizados como una burla”.

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La sátira es un derecho

Diversidad de memes, videos y frases vertidas hacia funcionarios y políticos son utilizados como una crítica y circulan en las diferentes redes sociales, con la nueva normativa podrían ser encuadrados en un tipo penal como ciberdelitos, no obstante “la sátira no puede darse como un hecho ilícito, porque es una expresión lúdica o cómica que se acostumbra hacer, y es una de las formas de libertad de expresión”, que se realiza contra funcionarios públicos y políticos pero está debe mantener el respeto a la intimidad y vida social, indicó Omar Barrios, quien forma parte de la Unidad de Delito y Crimen, de la Organización de Naciones Unidas.

“No constituye ilícito ninguna clase de crítica, denuncia o sátira contra funcionarios públicos”, dijo Barrios, quien señaló que los alcances de la tecnología son amplios y es un fenómeno que será difícil de detener y la sociedad debe madurar mucho para abordar está temática.

Guatemala estancada en ciberdelincuencia

Guatemala pierde una gran oportunidad de regular sobre la ciberdelincuencia y se estanca en el combate de los tipos penales que se cometen en el ciberespacio con “una ley sumamente difícil de entender, como podría interpretarla los abogados y los jueces, son leyes que podrían tomar cualquier camino”, advirtió Francisco Quezada, analista jurídico del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien).

El profesional considera que es necesario que el presidente Alejandro Giammattei vete lo aprobado por el Congreso y reconoce que sí hay necesidad de legislar sobre la ciberseguridad, pero está nueva ley solamente dejarían un entuerto legal. Quezada, al igual que Orellana, reconoce que la norma tiene una mala redacción y, además, en el camino de su aprobación enfrentó muchos cambios que la alejaron de su objetivo inicial.

“La ciberdelincuencia es una realidad mundial. Es uno de los delitos que más está progresando y se pierde una gran oportunidad”, dijo Quezada.

El analista reconoció que necesario que se someta a una revisión profunda que involucre a equipos altamente técnicos, expertos en derecho penal, tecnología y que “no se mezcle política con normativa, que permita redactar una ley sencilla pero clara”.

Ambigua, compleja y peligrosa

“La ley es sumamente compleja, porque creo que la diseñaron a propósito para esconder figuras de las que luego podrían abusar”, resume Luis Assardo, investigador y consultor experto en temas digitales.

“La ley tiene varias carencias y es confusa, ambigua y no define apropiadamente muchos conceptos básicos”, agregó Assardo.

Assardo explicó que “la redacción en general es desordenada y ambigua. Abre la puerta a muchas interpretaciones y no define claramente muchos de los conceptos incluidos, por ejemplo, en los bienes jurídicos tutelados”.

De esta cuenta, las definiciones en ocasiones son redundantes y no incluyen delitos digitales de los que se habla en la región.

En el artículo 13, analiza el experto en temas digitales, “genera confusión en casos como el de la falsificación informática cuando desarrolla los delitos informáticos, que luego habla de suprimir datos informáticos, que en realidad debiera estar en forma separada, como un delito aparte”.

En el artículo 19, añade Assardo, “unen varios conceptos de delitos que debieran estar en forma separada y es ahí donde surgió la mayor crítica a esta normativa en distintos sectores.

“Por ejemplo, hablan de cyberbullying –acoso cibernético–, y revenge porn –porno venganza–. Solo estos dos conceptos merecen una separación, porque, aunque podrían realizarse de forma conjunta son cosas distintas. Además, no usan los nombres usuales en el ámbito de la ciberseguridad, y al intentar definirlos son ambiguos, abriendo la puerta a múltiples interpretaciones”, aclaró.

La ley, según el analista en temas digitales, no desarrolla nada en particular que defina claramente cómo se organiza el Estado para proteger la privacidad de datos y comunicaciones, “ni quien será el responsable de dar un seguimiento al desarrollo de políticas públicas de ciberseguridad”.

“El artículo 28, que obliga a entregar las credenciales y datos, abre la puerta a obligar a periodistas a revelar fuentes, y a las empresas de telecomunicaciones a normalizar la vigilancia y acceso a espacios de los usuarios que debieran ser inviolables”, advirtió Assardo.

Otra de las observaciones que hace el experto en asuntos cibernéticos es que el artículo 29 habla no solo de secuestro de medios, sino de preservación, lo cual genera bases de datos de información sensible.

En el capítulo 5, según Assardo, habla de crear los Centros de Seguridad Interinstitucional de Respuesta Técnica ante Incidentes Informáticos – Guatemala (SIRT-GT) pero estos ya existen.

“Esta nueva ley solo los oficializa, pero no los regula, y lo deja en manos de los ministerios. Algo sumamente peligroso, considerando las herramientas a las que tienen acceso estos centros o equipos”, puntualiza.

Según el analista, la ley solo habla de un ente coordinador –el Sistema Nacional de Seguridad– que sí es correcto que sea, pero solo lo menciona sin que se defina claramente quien toma las decisiones.

Necesario proteger a la niñez y adolescencia

Para la directora de la Fundación Sobrevivientes, Claudia Hernández, la ley aprobada era necesaria para combatir los delitos cibernéticos. La mayoría de los artículos aprobados “incluyen temas informáticos y de comunicaciones, que contempla acciones que se cometen en la actualidad con frecuencia”, como estafas, amenaza, intimidación, capturas de información con imágenes, contenido personal, familiar, comercial.

A criterio de Hernández, uno de los tipos penales que es necesario que nazca a la vida jurídica para la posterior sanción son “la seducción y el chantaje a través de usos tecnológicos en contra de la niñez y la adolescencia, lo que permite ampliarse a otros delitos” que evidencian mayor incidencia. También califica de necesario contar con mecanismos tecnológicos para poder identificar a estos grupos criminales que están actuando en las redes sociales.

Entre los retos que enfrentará el sector justicia al cobrar vigencia dicha normativa es la adquisición de paquetes tecnológicos, capacitar al personal del Ministerio Público, Policía Nacional Civil, del Organismo Judicial, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses y la divulgación del objetivo y lo que perseguirá la ley.

Los grupos más vulnerables a ser víctimas de la ciberdelincuencia son los niños, adolescentes, adultos jóvenes y mujeres, quienes son engañados con frecuencia por grupos de estafadores, trata de persona, tráfico de armas y fraudes; los cuales se están dando en la actualidad frecuentemente y está normativa podría responder a estos flagelos, sin embargo, es lamentable que los legisladores “siempre van a buscar como alternativas para poder disfrazar el objetivo final y el querer figurar ante un proceso electoral para ganar simpatía” dijo Hernández.

En esta línea, Omar Barrios coincide en que la ley en cuestión “es una legislación positiva, pero que enfrenta un gran reto” por ser una norma que por primera vez buscará combatir hechos ilícitos que se comentan en el ciberespacio y a lo anterior se le suma que “se implementa con unos 10 años de rezago”. Considera necesaria la creación de una ley de protección de datos personales, que “es un derecho humano, la cual debe regular sobre los datos personales y sensibles”, y establecer los órganos que estarán a cargo de estos y es el Estado quien debe educar a los centros educativos sobre la temática.

A criterio de Barrios la normativa recién aprobada sí “brinda cobertura a la mayoría de los delitos que se cometen en la actualidad y que vulnera a los menores de edad”, quienes en algunos hechos se ven enredados con grupos dedicados a trata de personas, delitos sexuales u otros ilícitos.

La controversia del ciberacoso

La ley de prevención y protección contra la Ciberdelincuencia en el artículo 19 regula el acoso por medios cibernéticos y establece que:  “Comete el delito de acoso por medio cibernéticos, la persona individual, grupo o grupo de delincuencia organizada que públicamente en el ámbito escolar, laboral y otro ámbito determinado … lleve a cabo por medio de un sistema informático o sistema que utilice tecnologías de la información y las comunicaciones, cualquiera o ambos de los supuestos siguientes:

1. Intimidar o asediar a una persona o grupo de personas con contenido falso o cruel, en posesión legitima o no del sujeto activo a través de las tecnologías de la información o comunicaciones, puede ser con la intención de ejercer dominio sobre la víctima, o para que esta realice actos contra su voluntad; o
2. Divulgar información confidencial de otra persona que afecten su honor o su salid física o psicológica, actuando o no de forma anónima y por cualquier sistema informático o cualquier medio de comunicación electrónico.

En ambos se impondrá una pena de uno a dos años de prisión y si la victima es menor de edad, el castigo será de seis a doce años y puede ser aumentada en dos terceras partes si el infante tiene incapacidad cognitiva o volitiva.

En su antepenúltimo párrafo excluye de la aplicación “los casos de libertad de expresión reconocidos en tratados y convenciones de los que Guatemala forme parte, en materia de derechos humanos y los derechos que otorga expresamente la Constitución Política de la República” se lee.

Otros aspectos

La normativa fue aprobada con 100 votos la noche del jueves 4 de agosto de 2022 y el siguiente paso es la sanción o veto del presidente Alejandro Giammattei y su posterior publicación en el Diario Oficial.

Las penas que contempla la ley van desde los tres hasta los siete años de prisión y una multa de 20 a 400 salarios mínimos mensuales vigentes para actividades no agrícolas. Y contempla un agravante especifico en el artículo 18, con un aumento de la pena en una tercera parte cuando las víctimas son niños y adolescentes.

Según el artículo 2 de la referida ley, protege los datos personales, datos informáticos sensibles y la intimidad informática, indemnidad sexual de los niños, niñas y adolescentes; la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información y datos contenidos en sistemas informáticos o sistemas que utilicen tecnología de la información y las comunicaciones o transmitidos por esos medios.

Mientras que el artículo 8 explica que comete “un delito de acceso ilícito quien acceda de forma deliberada e ilegítima”, a todo o parte de un sistema informático en los casos siguientes:

1. Cuando el acceso se realice infringiendo medidas de seguridad
2. Cuando el acceso se realice con la intención de obtener datos informáticos o con otra intención delictiva.

Además, define que este delito será acción pública dependiente de instancia particular, salvo si se vean afectados datos protegidos por la Ley de Acceso a la Información Pública, o afectación masiva.

Además, contempla varias reglas para incorporar medios digitales para la obtención de evidencias, creación de órganos y pruebas en el proceso penal y ordena la creación de un Centro de Seguridad Institucional de respuesta técnica ante problemas informáticos y se crean las alertas para detectar casos de emergencia de ciberseguridad, de acuerdo con el artículo 27 de la ley.

Carlos García Rubio, tercer viceministerio de Prevención del Ministerio de Gobernación, mencionó que en años anteriores ese ministerio había identificado que una de las formas de reclutamiento de menores de edad para que integrarán las pandillas se concentraba afuera de los establecimientos educativos.

Explicó que con la llegada de la pandemia del coronavirus y la suspensión de las clases presenciales en escuelas y colegios la modalidad de los grupos delincuenciales también cambió y ahora utilizan las redes sociales como nuevo sistema de reclutar a menores para las pandillas.

En dónde reclutan más las pandillas

Las autoridades mencionaron que se ha determinado que el reclutamiento de pandillas se concentra en el departamento de Guatemala, con el 38%; Escuintla, 8.1%; Alta Verapaz, 6%; Chimaltenango, 4.4%; Petén, 3.7% y el resto de los departamentos presentan abajo del 3%.

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También se ha determinado que la incidencia criminal ha aumentado en departamentos como Guatemala y Escuintla, debido a la cantidad de población que hay, en esos lugares hay más denuncias por extorsión, al igual que en Puerto Barrios, Izabal; en Chimaltenango ha incrementado la cantidad de integrantes de pandillas que están delinquiendo.

A nivel del departamento de Guatemala se ve también incidencia criminal en Villa Nueva,  Chinautla, San Raymundo y San José del Golfo. En la ciudad de Guatemala, la zona 18 es la que en este momento se encuentra repuntando en crímenes.

“Hemos especializado ahora a las personas que se dedican puntualmente al tema de cibercrimen y ciberdelitos. Nosotros puntualmente estamos abordando de una manera integral a todas las personas en el programa de Escuelas Seguras a través de plataformas digitales y virtuales, pero este delito ha mutado de igual forma y ellos -los pandilleros- han venido a beneficiarse y apropiarse de las plataformas digitales para delinquir”, explicó el viceministro.

“Nosotros hemos venido capacitando y especializando al personal, específicamente en cibercrimen, para poder abordar estás metodologías”, informó.

Recomendación

García Rubio recomendó a los padre de familia y adultos a que de alguna manera intervengan en los permisos que se les dan a niños, niñas y adolescentes en sus redes sociales. Que investiguen un poco las características que tienen estas plataformas y así puedan limitar de alguna manera el acceso tanto a páginas que puedan presentar contenido inadecuado como al acceso que puedan tener a las diferentes redes sociales, pues se han convertido en una plataforma para que los grupos delincuenciales recluten a los menores de edad.

Dijo que también es importante monitorear las salidas y hacia dónde se dirigen los niños, niñas y adolescentes ya que pueden estar siendo Víctimas de phishing (método para engañar y hacer que comparta contraseñas, números de tarjeta de crédito, y otra información confidencial); sexting (consiste en enviar mensajes, fotos o vídeos de contenido erótico y sexual personal a través del teléfono); o sextortion (es una forma de explotación sexual en la cual se chantajea a una persona por medio de una imagen de sí misma desnuda que ha compartido a través de Internet mediante sexting).

El viceministro García Rubio puntualizó que estas prácticas son las nuevas modalidades usan los criminales, quienes ya se han visto limitadas en su accionar gracias a plataformas y herramientas que las autoridades han habilitado en materia de prevención de la violencia y el delito.

Acciones

Ante esta situación, la Policía Nacional Civil también ha comenzado a implementar en estas áreas el denominado plan 60-21en dónde se tienen horarios y días específicos a nivel de colonias y zonas para realizar intervenciones así como reforzar y reconcentrar a grupos especializados como Los Lobos Grill para poder tener diferentes patrullajes a nivel municipal y zonas específicas donde en ciertos horarios se han incrementado características de incidencia criminal.

Esto ha permitido identificar a grupos delincuenciales específicos y zonas en dónde están operando y en breve se podrán efectuar capturas.

Se trata del robo de dinero por parte de un grupo de piratas informáticos que luego lo donan a obras de caridad.

Los hackers Darkside -como se autodenominan- afirman haber extorsionado en el pasado a empresas por millones de dólares, pero dicen que ahora quieren “hacer del mundo un lugar mejor”.

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En una publicación en la internet oscura, los hackers ladrones mostraron recibos por US$10.000 en donaciones de Bitcoin a dos organizaciones benéficas.

Una de ellas, Children International, dice que no se quedará con el dinero.

Cómo funciona el ataque informático

En la publicación del blog del pasado 13 de octubre, los piratas informáticos afirman que solo apuntan a grandes empresas rentables con sus ataques de ransomware.

Estos ataques mantienen como rehenes a los sistemas informáticos de las organizaciones hasta que pagan un rescate.

“Creemos que es justo que parte del dinero que han pagado las empresas se destine a la caridad”, escribieron los ciberdelincuentes.

“No importa lo malo que crean que es nuestro trabajo, nos complace saber que ayudamos a cambiar la vida de alguien. Hoy enviamos las primeras donaciones”, continuaron.

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Los ciberdelincuentes publicaron la donación junto con los recibos de impuestos que recibieron a cambio de los 0,88 Bitcoin que habían enviado a dos organizaciones benéficas, The Water Project y Children International.

Children International apoya a niños, familias y comunidades en India, Filipinas, Colombia, Ecuador, Zambia, República Dominicana, Guatemala, Honduras, México y Estados Unidos.

“Si la donación está vinculada a un pirata informático, no tenemos ninguna intención de quedárnosla”, aseguró un vocero de Children International a la BBC.

The Water Project, que trabaja para mejorar el acceso al agua potable en África subsahariana, no ha respondido a solicitudes de comentarios.

¿Ladrones con culpa?

Para Brett Callow, analista de amenazas de la empresa de seguridad cibernética Emsisoft “lo que los delincuentes esperan lograr con estas donaciones no está del todo claro”.

“¿Quizás les ayude a mitigar su culpa? O tal vez por razones egoístas quieren ser percibidos como el personaje encapuchado de Robin Hood en lugar de extorsionadores sin conciencia”, opinó.

“Cualesquiera que sean sus motivaciones, es ciertamente algo muy inusual y, hasta donde yo sé, es la primera vez que un grupo de ransomware dona una parte de sus ganancias a la caridad”, dijo.

El grupo de piratas informáticos Darkside es relativamente nuevo en la escena, pero el análisis del mercado de criptomonedas confirma que están extorsionando activamente a sus víctimas.

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También hay evidencia de que pueden tener vínculos con otros grupos delictivos cibernéticos responsables de ataques de alto perfil contra empresas, incluida Travelex, que fue víctima en enero.

La forma en que los piratas informáticos pagaron a las organizaciones benéficas también es un motivo de preocupación para las autoridades.

Los ciberdelincuentes utilizaron un servicio con sede en EE.UU. llamado The Giving Block, que lo utilizan 67 organizaciones sin fines de lucro en diferentes de todo el mundo, incluidas Save The Children, Rainforest Foundation y She’s The First.

The Giving Block se describe a sí mismo como “la única solución sin fines de lucro para aceptar donaciones en criptomonedas”.

La compañía se creó en 2018 para ofrecer a los “millonarios” de las criptomonedas la capacidad de aprovechar el “enorme incentivo fiscal para donar Bitcoin y otras criptomonedas directamente a organizaciones sin fines de lucro”.

The Giving Block le dijo a la BBC que no sabía que estas donaciones habían sido hechas por ciberdelincuentes.

“Estamos trabajando para determinar si estos fondos fueron realmente robados. Si resulta así, por supuesto, comenzaremos el trabajo de devolverlos al propietario legítimo”, afirmaron.

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La compañía no aclaró si esto significa devolver el dinero robado a los delincuentes, o intentar averiguar a cuál de las víctimas criminales pretendía reembolsar y cómo.

The Giving Block, que también es un defensor de las criptomonedas, agregó: “El hecho de que hayan usado criptomonedas hará que sea más fácil, no más difícil, atraparlos”.

Sin embargo, The Giving Block no dio detalles sobre la información que recopilan sobre sus donantes.

La mayoría de los servicios que compran y venden monedas digitales como Bitcoin requieren que los usuarios verifiquen su identidad, pero no está claro si esto se ha hecho aquí.

Como experimento, la BBC intentó donar de forma anónima a través del sistema en línea de The Giving Block y no se le hizo ninguna pregunta de verificación de identidad.

Complicado y peligroso

Los expertos dijeron que este caso muestra la complejidad y los peligros de las donaciones anónimas.

“Si entras en una tienda de caridad con una máscara, donas US$10.000 en efectivo y luego pides un recibo de impuestos, probablemente deberían hacerte preguntas. Esto no es diferente”, describió el experto en criptomonedas Philip Gradwell de Chainanalysis.

“Los investigadores y las fuerzas del orden se han vuelto expertos en rastrear fondos en criptomonedas a medida que se mueven de una billetera a otra. Pero encontrar quién es el propietario de cada billetera es mucho más complicado“, analizó.

“Al permitir donaciones anónimas de fuentes potencialmente ilícitas, abre el peligro de lavado de dinero“, dijo Gradwell.

“Todas las empresas de criptomonedas necesitan una gama completa de medidas contra el lavado de dinero, incluido un programa “Conozca a su cliente” (KYC, en inglés) de verificaciones de antecedentes básicas, para que puedan comprender quién está detrás de las transacciones que facilita su negocio”, detalló.

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La BBC consultó a otras organizaciones benéficas que aceptan donaciones a través de The Giving Project.

Save the Children dijo a que “nunca tomaría dinero obtenido a través del crimen a sabiendas”.

She’s the First, una organización benéfica para la educación de las niñas en todo el mundo, afirmó que no se sentiría cómoda aceptando dinero de fuentes anónimas, posiblemente criminales.

“Es una pena que los malos aprovechen la oportunidad de donar criptomonedas para fines personales. Esperamos que incluso los donantes anónimos compartan los valores de nuestra comunidad”, aseguraron.

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Sexting alcanza a uno de cada siete niños

De acuerdo con Luisa Fernández, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), cada vez más los niños tienen contacto con dispositivos que les permiten tener acceso a internet y, dado a su inocencia, tienden a confiar en todo lo que ven en el espacio virtual, por lo cual son más vulnerables a cualquier tipo de acoso y violencia en la red. De esa cuenta es importante empoderarlos y enseñarles “que las reglas de protección en la vida real también se aplican en el ciberespacio”, refiere.

En el 2018, la Policía Nacional Civil reportó un incremento del 149 por ciento, con relación al año anterior, de crímenes facilitados en internet contra la dignidad de niños. Mientras que la Fiscalía contra la Trata del Ministerio Público reportó 231 denuncias relacionadas con distribución de pornografía infantil, que es una modalidad de trata, y de estas el 17 por ciento corresponden a casos efectuados a través de internet.

En 2017, el 67 % de los menores de edad compartieron fotografías con desconocidos, el 33% de ellas comprometedoras y el 55% no tenían ningún tipo de seguridad en sus redes.

Para reducir ese peligro, la exhibición que se abrió en el Museo de los Niños busca educar a la población infantil en el tema de los ciberdelitos a través del juego en el mundo virtual.

“Es importante que (los niños) tengan esta información, porque la tecnología ha venido para quedarse y no concebimos la vida sin ella. De igual manera, la mayoría de delitos se están cometiendo por medio del mal uso de las tecnologíaa o mal uso del internet”, refirió Nayelly Loya, jefa regional del Programa Global Contra el Cibercrimen de UNODC, quien agregó que con esta exhibición se culmina el proceso del fortalecimiento del sector justicia que la organización internacional comenzó en Guatemala en el 2016.

Hora de jugar

María Beatriz Fernández Letona, de 8 años, fue una de las personas que ingresó a la nueva exhibición. “Aprendí que no debo juntarme con gente que no conozco y decirle a mi mamá todo lo que veo en las redes sociales”, dijo la niña tras participar en el juego de realidad virtual, que está creado para niños en edad escolar.

Al ingresar a la sala del museo, el visitante se sentirá como dentro de una nave espacial. En el interior hay varios asientos en forma de cápsulas, donde las personas deben ubicarse para entrar al mundo virtual.

Unos lentes de realidad simulada, audífonos y un control remoto son los implementos que permitirán al jugador comenzar la aventura.

Ya en el mundo virtual, cada niño debe realizar una importante tarea, y para llevarla a cabo debe elegir un traje especial que lo convierte en miembro de una fuerza élite. Su misión es combatir a los camaleones, esas personas que pueden adquirir cualquier personalidad para moverse en internet, que crean perfiles falsos para engañar y acosar en línea a los niños. A este delito se le conoce como grooming.

El jugador debe ayudar a una víctima del delito a encontrar y denunciar a los camaleones, y en el camino aprenderá a identificar a personas mal intencionadas que ingresan a internet para dañar a los niños y conocerá la manera de protegerse.

No aceptar a extraños en las redes sociales y no compartir fotografías y videos con personas que no conocen es parte de lo que los niños aprenderán durante el recorrido. Por cada lección aprendida, el jugador recibirá una estrella.

El grooming es solo uno de los peligros a los que se enfrentan en la red. También está el sextortion -chantaje para no difundir fotografías o videos comprometedores- y el cyberbullying -acoso a través de redes sociales, correo electrónico o chat-.

Otra modalidad de interacción en internet y las redes sociales es el el sexting. Se sabe que uno de cada siete menores de 18 años puede estar involucrado en esta práctica, que consiste en el envío de mensajes sexuales, eróticos o pornográficos a través de teléfonos inteligentes.

La exhibición Educación por la justicia llevó dos años de desarrollo, con el apoyo de Canadá. Este es un juego de realidad virtual de 360 grados y en 3D con un hardware de última generación. Con ella se espera llevar las medidas de prevención del ciberdelito y seguridad en internet a más de 30 mil niños que visitan el museo al año.

Se convierte en el primer “laboratorio mundial” creado para derrotar a los camaleones que se esconden en internet y así combatir el cibrecrimen en Guatemala.

El artífice de este guión del juego es Luis de León, de origen kaqchikel que confeccionó su idea un día en el cine con su hija adolescente. Ahí vio una película de avatares y decidió que esa era la mejor forma de entrar “a la psiquis del niño” para tocar el aspecto “emocional”.

*Con información de EFE

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