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5 ciberdelitos cuya redacción podría dejar impune a estafadores digitales, según expertos

Tue, 14 Oct 2025 12:00:00 +0000

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5 ciberdelitos cuya redacción podría dejar impune a estafadores digitales, según expertos

Experta en temas penales ve mala redacción y ambigüedades legales sobre inteligencia artificial en la Ley de Ciberseguridadd que se discute, y que podrían dejar impunes a estafadores digitales.

14 de octubre de 2025 | 06:00h

Ley de ciberseguridad podría dejar de lado la prevención civil. Para enmendarlo, es necesario contar con diálogos entre diferentes actores. (Foto Prensa Libre: Freepik)

La apropiación de identidad ajena, la falsificación informática y el abuso de dispositivos son algunos de los ciberdelitos incluidos en la Ley de Ciberseguridad que no benefician del todo al usuario. Esta situación podría desembocar en la impunidad de ciertos delitos o generar confusión al momento de aplicar la norma, según Marta Paola de la Cruz Bianchi, directora legal de Novales Abogados.

La iniciativa 6347, conocida también como Ley de Ciberseguridad, recibió críticas después de haber superado la primera y segunda lectura en el pleno. Sin embargo, los expertos consideran que aún podría corregirse para mejorar la seguridad de todos.

Para lograr enmiendas y garantizar mayor protección a los usuarios guatemaltecos, es necesario que se promueva un diálogo entre el sector público, la academia y los actores privados. “Nadie va a pelear con la ciberseguridad. Pero es preocupante que, bajo su sombra, se estén creando una serie de instituciones nuevas y facultades cuestionables”, advirtió un especialista de un bufete que analizó la ley pero que prefirió no ser mencionado.

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Los cinco delitos mal tipificados

El principal problema en la tipificación de delitos contemplados en la iniciativa es la mala redacción y su desactualización frente a los avances tecnológicos actuales, según De la Cruz.

Para De la Cruz, los delitos incluidos en la ley fueron redactados de forma repetitiva, ambigua o sin considerar todos los casos posibles, lo que podría perjudicar a los ciudadanos que resulten vulnerados por delincuentes cibernéticos.

“Una cosa es que aparezca que esté vigente una norma y otra cosa es que pueda ser ejecutada de forma adecuada”, señala De la Cruz.

Entre los ciberdelitos contemplados en la ley, De la Cruz menciona cinco de especial importancia para la seguridad de los usuarios y cuya deficiente redacción podría generar perjuicios.

1. Apropiación de identidad ajena

Este delito sanciona la acción de suplantar la identidad de otra persona en internet. No obstante, no contempla las consecuencias jurídicas de los actos cometidos por el delincuente mientras usurpaba dicha identidad. Esto implica que, si una persona estafa a otra utilizando el nombre de alguien más, el único delito sancionable sería la suplantación, y no la estafa, ya que esta, al haberse cometido por medios digitales, no está tipificada en el Código Penal, según De la Cruz.

Para mejorar este artículo, es necesario ampliar su redacción e incluir las consecuencias derivadas de los delitos vinculados con la suplantación, como la estafa cibernética, destaca De la Cruz.

2. Falsificación informática

La redacción de este delito es limitada. De la Cruz señala que el artículo solo menciona los verbos “introducir, alterar, capturar, borrar o suprimir”, por lo que excluye nuevas formas de manipulación digital vinculadas con la evolución tecnológica, como el uso de inteligencia artificial.

“Si el delincuente realiza cualquier otro tipo de acción que no esté entre esos verbos, ya no podríamos incluirlo en el delito de falsificación informática”, argumenta De la Cruz. Esto significa que, si alguien es víctima de manipulación digital mediante otras formas, no podría denunciar formalmente el delito.

3. Ataque a la integridad de los sistemas informáticos

Este delito, según la iniciativa, solo contempla ciertas formas de acceso a sistemas de información, lo que excluye otros mecanismos posibles. En particular, no considera que estos ataques puedan ejecutarse mediante inteligencia artificial.

La abogada señala que este tipo de intrusión no necesariamente es cometido por personas físicas. Al no incluir a sistemas automatizados, el delito podría quedar impune.

4. Abuso de dispositivos

Este artículo repite en su mayor parte la redacción y los verbos del delito anterior, de fraude informático, lo que genera confusión al momento de aplicar la norma o investigar el caso, ya que no se distingue con claridad de qué delito se trata, señala De la Cruz.

Cada delito, según la experta, debería contar con verbos propios, redacción específica y formas claras de comisión, para evitar ambigüedades en su interpretación.

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5. Fraude informático

Este delito no está desarrollado ni adaptado a la realidad actual de las estafas digitales. Para la abogada, la normativa no ofrece una protección adecuada a las personas potencialmente afectadas, ya que necesita una actualización conforme a las necesidades de la población guatemalteca.

Asimismo, advierte que Guatemala carece de herramientas informáticas suficientes para llevar a cabo las investigaciones penales requeridas en este tipo de delitos.

Otros problemas

Por otra parte, la ley se enfoca principalmente en la seguridad nacional, lo que deja desprotegidos a los usuarios más vulnerables, como los niños, adultos mayores y pequeñas empresas. Sigfrido Lee, investigador asociado al CIEN, señala que las grandes compañías cuentan con recursos para contratar ciberseguridad privada, mientras que los sectores más frágiles necesitan una red de protección más amplia.

La seguridad nacional no equivale a la seguridad civil, explica Lee, quien advierte que, al asignar a una entidad militar la responsabilidad de dar seguimiento a los ciberdelitos, la protección no será abordada desde una perspectiva ciudadana.

Además, la ley no garantiza la protección de datos sensibles como la correspondencia, los documentos o cualquier comunicación digital. “Creo que es importantísimo que en cualquiera de estas dos situaciones, sea ciberseguridad o ciberdefensa, se respete esto”, subraya el especialista de una firma de abogados.

Este colaborador también advierte que los ataques cibernéticos, aunque puedan originarse fuera del país, pueden ejecutarse mediante infiltraciones en servidores locales. Esta situación podría ser utilizada como pretexto para acceder a dichos servidores con el fin de investigar, poniendo en riesgo información sensible.

Soluciones

Si estos problemas no se corrigen, los ciudadanos guatemaltecos tendrán una falsa sensación de protección. En su lugar, el analista advierte que el país contará únicamente con un ente investigador con amplias facultades, pero sin capacidad real de prevenir la comisión de delitos.

Un país inseguro implica la pérdida de inversiones que podrían traducirse en más y mejores empleos para la población. Lee señala que este será uno de los costos más altos, ya que los inversionistas no percibirán a Guatemala como un lugar con garantías mínimas de seguridad.

PNC investiga a agente por divulgar videos íntimos de estudiantes en la academia policial

Fri, 10 Oct 2025 20:03:38 +0000

Guatemala

PNC investiga a agente por divulgar videos íntimos de estudiantes en la academia policial

La institución afirmó que ya identificaron al agente que divulgó las imágenes de estudiantes de la Policía Nacional Civil (PNC) mientras se bañaban en las pilas de la academia policial.

Rubén Lacán

10 de octubre de 2025 | 14:03h

Graduación de 3 mil agentes de la PNC en las instalaciones del Estadio Cementos Progreso, el pasado 29 de septiembre de 2025. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González) Juan Diego González. 290925

De acuerdo con David Custodio Boteo, director general de la PNC, se inició una investigación de oficio junto al Ministerio Público (MP), luego de detectar la divulgación de imágenes en las que aparecen alumnas desnudas, mientras se bañaban o durante una revisión médica en las instalaciones de la academia de esa institución.

Durante una citación con el diputado José Chic, el director de la PNC afirmó que ya fue identificada la persona que difundió los videos en los que aparecen las estudiantes.

“Me parece un tema bastante complicado, que incluso podría dar lugar a denuncias y persecución penal”, comentó el congresista a Custodio Boteo.

El director señaló que la jefa del Departamento de Delitos Sexuales de la PNC fue quien informó sobre las imágenes.

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“Dentro del marco legal, el artículo 190 del Código Penal indica que quien difunda videos de carácter sexual sin autorización de la persona puede enfrentar prisión de dos a cuatro años”, explicó Custodio.

En las imágenes se observa cómo un grupo de mujeres se baña en las pilas de la academia. A criterio del director, existen áreas destinadas para ello, pero algunas optan por hacerlo con guacales.

“A veces, por cuestiones de tiempo, ya que hay otras personas bañándose, algunas acceden a ducharse muy rápido. Y no solo sucede con mujeres, también con hombres”, dijo el funcionario.

Abelardo Cucul Maaz, subdirector de Estudios y Doctrina de la PNC, aclaró que los estudiantes no tienen permitido el ingreso de celulares a las instalaciones.

“Antes de ingresar, se inspecciona todo lo que traen: su vestimenta y lo que usarán durante su estadía, para evitar el ingreso de dispositivos como teléfonos”, indicó.

Las autoridades señalaron que la investigación preliminar indica que fue un agente en funciones quien divulgó las imágenes, aunque también se indaga si una persona externa fue quien las grabó.

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“También pudo ser alguna de las personas que trabajan en el lugar. Quien lo subió fue un policía, pero consideramos que pudo haber sido grabado por alguien externo”, explicó Custodio.

El congresista cuestionó la falta de controles en la academia, que permitiría a personas ajenas ingresar celulares y grabar en las instalaciones donde se forman los nuevos agentes.

“Me preocupa que no haya vigilancia. Si es alguien que trabaja para una empresa externa a la academia, resulta aún más preocupante que pueda ingresar y realizar este tipo de acciones sin supervisión alguna”, añadió Chic.

Cucul descartó que los trabajadores de la empresa contratada por la Policía hayan tomado los videos.

“Los trabajadores no pernoctan en la academia. Esos videos, considero, fueron tomados en la mañana. Por eso, creo que debió ser un policía uniformado. Así se descarta que haya sido personal externo”, concluyó el subdirector.

Qué delito se comete

Tomar, difundir o compartir imágenes del cuerpo de una persona buscando afectar su dignidad es un delito, está penado por la ley y existen casos que han llegado a sentencias marcando así un precedente en Guatemala, afirma el abogado Esteban Celada, especialista en Derechos Humanos.

Aunque el defensor reconoce que aún hace falta “sensibilización” del tema en los Tribunales, asegura que hay avances y cada vez son más las víctimas que buscan la asesoría legal para que sus agresores enfrenten la justicia.

Desde su experiencia defendiendo casos de esta índole, Celada explicó en qué consiste la violación a la intimidad sexual, en qué contextos se dan estos casos, y qué dicta la norma legal para quienes incurren en ese delito.

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Violación a la intimidad sexual

En marzo de 2009, cuando se aprobó la Ley Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, se incluyó una reforma al artículo 190 del Código Penal. A partir de ese cambio, se reconoció el delito de violación a la intimidad sexual.

En resumen, este artículo fortalece la legislación para proteger la intimidad sexual de las personas, imponiendo sanciones para aquellos que atenten o violen la intimidad sexual de una persona sin su consentimiento mediante la captación, acceso no autorizado y difusión de información y datos sensibles, lo cual incluye imágenes.

La norma abarca tanto medios físicos como electrónicos, adaptándose a la realidad digital actual, donde la privacidad puede ser violada a través de diversas tecnologías.

Captar sin consentimiento: Quien capture mensajes, conversaciones, comunicaciones, sonidos, imágenes en general o del cuerpo de una persona sin su consentimiento y con el propósito de afectar su dignidad, será sancionado con prisión de 1 a 3 años.
Acceso y uso no autorizado: Las mismas penas, prisión de 1 a 3 años, se aplican a quien, sin autorización, se apodere, acceda, o bien utilice o modifique comunicaciones o datos reservados con contenido sexual de carácter personal, familiar o de otro tipo. Estos datos pueden estar registrados en cualquier tipo de archivo o soporte ya sea informático, electrónico, telemático, etc., en perjuicio de la persona titular de los datos o de una tercera persona.

Al ahondar en lo anterior, tal como describe el artículo, las penas pueden aplicar a cualquier persona que, sin autorización, realice alguna de las siguientes acciones respecto a comunicaciones o datos reservados con contenido sexual de carácter personal, familiar, o de otro tipo:

Apoderarse: Tomar control o posesión de los datos o comunicaciones sin el consentimiento de la persona afectada.
Acceder: Entrar o visualizar estos datos o comunicaciones sin autorización.
Utilizar: Emplear los datos o comunicaciones para cualquier propósito sin el permiso de la persona afectada.
Modificar: Alterar el contenido de los datos o comunicaciones sin el consentimiento del propietario de la información.

Estos datos pueden estar registrados en cualquier tipo de archivo o soporte, incluyendo:

Informático: Como en computadoras, servidores, bases de datos, discos duros, etc.
Electrónico: En dispositivos como teléfonos móviles, tablets, memorias USB, etc.
Telemático: En sistemas y redes de telecomunicaciones, como correos electrónicos, servicios de mensajería instantánea (WhatsApp, Messenger), almacenamiento en la nube, etc.

Perjuicio a la persona titular de los datos o a una tercera persona:

Titular de los datos: La persona a quien pertenecen los datos íntimos o sensibles.
Tercera persona: Cualquier otra persona que pueda verse afectada negativamente por el acceso, uso, o modificación no autorizada de estos datos.

Sanciones más severas para la difusión

Para aquellos que difundan, revelen o cedan la información captada, las penas son más severas.

A diferencia del acto de apoderarse, captar, acceder, utilizar o modificar el contenido, que conlleva una pena de 1 a 3 años de prisión, para quienes difundan o compartan las imágenes o información captada, la imposición es de 2 a 4 años de prisión.

Ley de ciberseguridad: “Es una ley penal en blanco que no clarifica lo que se quiere sancionar”

Tue, 30 Sep 2025 11:00:00 +0000

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Ley de ciberseguridad: “Es una ley penal en blanco que no clarifica lo que se quiere sancionar”

Según Ana Antillón, de Guatemala No Se Detiene, la Ley de Ciberseguridad que discute el Congreso no define cuál es la conducta que se sanciona en el Código Penal. Si un caso llega a tribunales, la justicia no podrá aplicarse correctamente por falta de precisión en los textos, explica.

Ximena Fernández

30 de septiembre de 2025 | 05:00h

Según expertos como Ana Antillón. es necesario revisar las penas de la Ley de Ciberseguridad, ya que algunas podrían resultar "excesivamente altas". (Foto Prensa Libre: Freepik)

Cuatro grupos de expertos advirtieron que el dictamen de la Iniciativa 6347, Ley de Ciberseguridad, presenta riesgos por tener un modelo centrado en seguridad nacional, militarización y opacidad en la fiscalización. En este contexto, Ana Isabel Antillón, de la mesa de Certeza Jurídica de Guatemala No Se Detiene —uno de los centros que publicó su análisis— amplió a Prensa Libre puntos que preocupan desde la sociedad civil la regulación que se busca aprobar.

La iniciativa podría ser conocida en tercera lectura este martes 30 de septiembre en el pleno del Congreso de la República.

Otros organismos que se pronunciaron fueron la Alianza por un Congreso Eficiente, la Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo (ATAL) y el bufete de abogados ALTA. Señalan que la gobernanza propuesta carece de coordinación clara entre instituciones y excluye a la sociedad civil, la academia y al sector privado, lo que debilita la legitimidad del ente rector y aleja la iniciativa de las buenas prácticas internacionales.

Este es un extracto de la conversación que Antillón tuvo con Prensa Libre, quien aboga por revisar penas y conceptos de los ciberdelitos que tipifica el dictamen.

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¿Cuáles son los vacíos que ven a nivel de certeza jurídica en el texto de Ley de Ciberseguridad?

Hemos identificado algunos desafíos en el texto de la ley respecto a su concepción y estructura sobre cómo debe llevarse a cabo la ciberseguridad, partiendo del órgano de coordinación.

Encontramos que las entidades encargadas de coordinar acciones de prevención de ataques cibernéticos suelen ser de carácter civil o con gobernanza mixta, es decir, con participación del sector público, privado y de la sociedad civil, porque es un tema que involucra a todos. Muchas de las infraestructuras digitales relevantes para estos procesos pertenecen al sector privado.

Por otro lado, la normativa también incluye los denominados ciberdelitos, es decir, delitos cometidos en el ciberespacio. La forma en que están regulados actualmente amerita una revisión, pues deberían abordarse como reformas al Código Penal. Además de enfocar la redacción en ese sentido, es necesario revisar las penas, ya que algunas podrían resultar excesivamente altas y generar desproporción, como ya lo han señalado ciertos centros especializados.

Asimismo, la redacción hace referencia a otros delitos contemplados en el Código Penal que no concuerdan. Incluso, uno de los artículos mencionados ya fue declarado inconstitucional por la Corte de Constitucionalidad.

¿Cuáles considera que deben ser los mecanismos de control ciudadano?

La efectiva rendición de cuentas, si se maneja desde un marco de seguridad nacional, no es viable, porque la información quedaría siempre como reservada, aun cuando cierta parte de ella es útil para las entidades de la sociedad civil. Esa información permite conocer de dónde provienen los ataques y preparar a instituciones, sector privado, empresas y organizaciones para responder, ya que también pueden ser víctimas. En consecuencia, el proceso de rendición de cuentas ante el Congreso de la República se dificultaría en cierto nivel. Claro está, hay asuntos que son de seguridad nacional y que la Constitución protege.

Sin embargo, sí existe un nivel de información que debería manejarse y al cual la población puede tener acceso. Otro aspecto preocupante es el de las compras públicas, que también se consideran de carácter reservado.

“Una de las críticas recurrentes es que la ley se centra en sancionar una vez cometido el delito, pero no establece un régimen preventivo”.

Para usted, ¿qué tipo de modelo de autoridad de ciberseguridad sería más adecuado para Guatemala, tomando en cuenta las experiencias de otros países?

El tema de la gobernanza es, en general, una decisión política que debe asumir el país. Sin embargo, es una discusión en la que deben participar distintas entidades: la academia, el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil y, por supuesto, las instituciones públicas.

Desde nuestra perspectiva, podría adoptarse un modelo que dependa, por ejemplo, de un Ministerio de Gobernación. No obstante, nos sentimos más cómodos con la creación de una nueva entidad autónoma que lleve este control. También podría ubicarse en otro ministerio, siempre que exista un consejo con participación de los actores mencionados. La academia, en particular, tiene hoy mucho que aportar: universidades con carreras, estudios y publicaciones sobre el tema. En Guatemala, la academia tiene un valor importante y debería ser parte de la toma de decisiones.

Otro aspecto que se ha criticado bastante en esta ley, y que usted misma mencionaba, es el de las compras públicas bajo reserva. ¿Cuáles son los problemas o los principales retos que podrían enfrentarse a partir de tener las compras públicas bajo reserva?

Se puede conocer que se está adquiriendo cierto tipo de tecnología, pero las características específicas son las que se vuelven reservadas. No todo el proceso de compra, sino únicamente las especificaciones técnicas. De lo contrario, no habría manera de saber qué tipo de software o hardware se está comprando, ni tampoco a quién o a qué país se adquiere esa tecnología.

Las compras pueden ir desde computadoras hasta software muy sofisticado. En ese sentido, considero que deberían establecerse criterios claros para definir qué adquisiciones corresponden realmente a seguridad nacional.

Para efectos de las compras, la propia Ley de Contrataciones del Estado debería contemplar estas características. Actualmente, por ejemplo, el Ejército compra sin estar sujeto a reservas. Por ello, es necesario precisar en qué casos una compra puede catalogarse como de seguridad nacional y quién tiene la potestad de hacer esa clasificación.

¿Cómo considera que podrían redactarse de mejor manera estos tipos penales para que respeten la ley que se tenía con anterioridad?

Como país debemos fortalecer la asistencia técnica legislativa de calidad para los diputados, facilitándoles ejercicios de derecho comparado y mostrando cómo otros países aplican estas normas. Existen convenios internacionales que contemplan este tipo de delitos y sería útil reflexionar sobre su redacción, pensando en una verdadera política criminal. Guatemala cuenta con expertos en derecho penal que pueden ayudar a redactar tipos penales más precisos y evitar leyes penales en blanco, como sucede en la propuesta actual. En delitos como propiedad intelectual, abuso sexual o pornografía infantil, se hace referencia a otras normas, sin definir en el propio texto cuál es la conducta delictiva.

En cuanto a prevención, una de las críticas recurrentes es que la ley se centra en sancionar una vez cometido el delito, pero no establece un régimen preventivo. Para ello, es necesario invertir en formación y desarrollo de capital humano, así como fortalecer equipos técnicos en las instituciones. También deben realizarse ejercicios controlados que pongan a prueba los sistemas, identifiquen debilidades y permitan ajustes, además de establecer protocolos y estándares mínimos que las instituciones deben cumplir para mantenerse alertas ante posibles ataques.

La generación de boletines sobre tecnologías y orígenes de los ataques es fundamental. Asimismo, debería contemplarse la aplicación de sanciones administrativas si no se cumplen los protocolos establecidos. De esa manera, se cerrarían los espacios que facilitan la comisión de delitos cibernéticos. Y, si estos ocurren, entraría en vigor la parte sancionatoria ya prevista como reformas al Código Penal.

¿Cuáles son los delitos, o analizando la tipificación de ciberdelitos que se menciona en la ley que usted considera que tal vez podrían redactarse de una mejor manera?

Todos los delitos necesitan una revisión de redacción para mejorarse e incorporarse con mayor claridad. Sin embargo, me preocupan especialmente dos artículos. El artículo 13, que se refiere a los delitos de propiedad intelectual, establece un aumento de las penas, pero remite directamente a la ley de propiedad intelectual. Por eso insisto en que es una ley penal en blanco: no define en el propio texto cuál es la conducta que se sanciona en el Código Penal. Este es muy específico, y necesitamos tipificar con claridad la conducta que se desea sancionar. De lo contrario, cuando llegue a tribunales, la justicia no podrá aplicarse correctamente por falta de precisión en los textos.

El otro es el artículo 14, sobre pornografía infantil. Señala que cuando se utilizan sistemas informáticos o tecnologías de la información para cometer delitos tipificados en ciertos artículos del Código Penal, se aplican sanciones. Sin embargo, hace referencia, por ejemplo, al artículo 196, que ya fue declarado inconstitucional dentro del expediente 1021-2002.

Ese tipo de situaciones se encuentran en el dictamen, por lo que se requiere una revisión completa de toda la normativa.

¿Considera necesario que se regrese esta propuesta de ley a comisión para su reevaluación y ajustes necesarios?

Creo que la mejor forma de hacer una discusión más detallada, como le mencionaba, tomando en cuenta los aportes de diversas entidades, sería facilitar el retorno del dictamen a la comisión.

QR falsos: la alerta por estafas en entradas para partido de la selección de Guatemala, conciertos de Ricardo Arjona y otros artistas

Fri, 05 Sep 2025 21:07:52 +0000

Comunitario

QR falsos: la alerta por estafas en entradas para partido de la selección de Guatemala, conciertos de Ricardo Arjona y otros artistas

Los boletos con códigos QR falsos vuelven a ser noticia. Primero fue Bad Bunny, ahora el partido Guatemala vs El Salvador y ahora la alerta recae sobre el concierto de Ricardo Arjona. Autoridades piden seguir recomendaciones.

Sandy Pineda

5 de septiembre de 2025 | 15:07h

Fraudes con boletos: primero en el concierto de Bad Bunny, luego la alerta por Ricardo Arjona y, más reciente, el partido Guatemala vs El Salvador. (Foto Prensa Libre: AFP/Keneth Cruz-PL/ )

La venta de boletos falsos sigue afectando a los aficionados en Guatemala, especialmente en eventos de gran demanda. Los casos recientes han involucrado conciertos y partidos de fútbol, dejando a los compradores en riesgo de fraude.

El caso más reciente involucra el partido de fútbol entre Guatemala y El Salvador que se llevó a cabo la noche del jueves 4 de septiembre del 2025, donde se detectaron boletos con códigos QR falsos y se registraron denuncias ante el MP.

Las autoridades advierten que la situación evidencia la necesidad de que los aficionados compren únicamente por canales autorizados y verifiquen la autenticidad de sus entradas antes de asistir.

En diciembre de 2022, decenas de personas reportaron haber adquirido entradas falsas para el concierto de Bad Bunny. Los códigos QR de los boletos fueron rechazados al intentar ingresar, y varios afectados acudieron al Ministerio Público para presentar denuncias.

Recientemente, se ha encendido la alerta para los conciertos de Ricardo Arjona, programados en la ciudad. Por esa razón, las autoridades y los expertos en seguridad recomiendan extremar precauciones al comprar boletos por redes sociales o plataformas no oficiales, ante la posibilidad de códigos falsificados.

Lea también: Entradas agotadas: Fedefut dio la boletería a una empresa nueva y sin experiencia

Casos recientes de boletos falsificados

Concierto de Bad Bunny (2022)
La Fiscalía de Distrito Metropolitano recibió un total de 23 denuncias, de las cuales 16 fueron presentadas de forma presencial y 7 de manera electrónica. Los afectados indicaron que adquirieron los boletos a través de redes sociales, pero al intentar ingresar al evento, los códigos QR fueron rechazados.
Concierto de Karol G (2024)
Un grupo de aproximadamente 30 personas fue estafado con boletos falsos. Las víctimas compraron las entradas a través de redes sociales y descubrieron el fraude al llegar al evento.
Concierto de Ricardo Arjona (2025)
Se emitieron alertas sobre la venta de boletos falsos para el concierto de Ricardo Arjona en Guatemala. Usuarios en redes sociales compartieron videos y testimonios advirtiendo sobre este tipo de fraudes.
Concierto de Daddy Yankee (2025)
En El Salvador, se desarticuló una banda dedicada a la venta de boletos falsos para el concierto de Daddy Yankee. Las investigaciones determinaron que operaban desde 2019 y habían estafado a múltiples víctimas por un monto total aproximado de 13 mil dólares.

En redes sociales circulan alertas sobre posibles boletos con códigos QR falsos para el concierto de Ricardo Arjona en Guatemala. (Foto Prensa Libre: captura de pantalla)

Consejos para evitar ser víctima de estafas

Tanto las corporaciones bancarias, como expertos consultados recomiendan tomar estas medidas para evitar ser víctima de este tipo de estafa. Estas son las principales consideraciones que debe tomar en cuenta:

Compre en sitios oficiales: Adquiera boletos únicamente en plataformas autorizadas y reconocidas por los organizadores del evento.
Verifique la URL: Asegúrese de que la dirección del sitio web comience con “https://” y tenga un candado de seguridad.
Desconfíe de precios demasiado bajos: Si una oferta parece demasiado buena para ser verdad, probablemente lo sea.
Evite pagos por transferencias directas: Prefiera métodos de pago seguros y reconocidos.
Consulte reseñas y opiniones: Indague sobre la plataforma o vendedor antes de comprar.

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Cómo detectar sitios falsos de venta de boletos

Señales de alerta

Revise direcciones web con errores de escritura o extensiones poco comunes (.xyz, .top, etc.).
Evite sitios sin certificado de seguridad (HTTPS).
Desconfíe de precios muy bajos o promociones dudosas.
Observar páginas con diseño deficiente, imágenes de baja calidad o errores ortográficos.

Verificación de autenticidad

Consulte opiniones en Google, redes sociales o sitios como Trustpilot.
Confirme si el sitio es un distribuidor autorizado en la página oficial del evento.
Use herramientas como ScamAdviser o WHOIS para revisar la antigüedad y reputación del dominio.

Métodos de pago seguros

Evite plataformas que acepten únicamente transferencias bancarias o criptomonedas.
Prefiera opciones como Visa, Mastercard o PayPal, que ofrecen mayor protección.

¿Qué hacer si cayó en una estafa?

Contacte de inmediato al banco para bloquear la tarjeta y evitar cargos adicionales.
Reporte el sitio a Google Safe Browsing o a las autoridades locales.
Revise movimientos bancarios y active alertas para detectar actividades sospechosas.

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MP da detalles sobre la venta de boletos falsos para el partido Guatemala vs El Salvador

Fri, 05 Sep 2025 20:04:51 +0000

Guatemala

MP da detalles sobre la venta de boletos falsos para el partido Guatemala vs El Salvador

Aficionados intentaron entrar al estadio con entradas que resultaron falsas. ¿Quiere saber cómo evitar ser víctima de este tipo de estafas en próximos eventos?

Sandy Pineda y Henry Montenegro

5 de septiembre de 2025 | 14:04h

El Ministerio Público recibió denuncias por compra de boletos para el juego entre Guatemala y El Salvador que tuvo lugar la noche del jueves 4 de septiembre en el estadio La Pedrera, zona 6 de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Emilio Chang)

El entusiasmo por el partido eliminatorio entre Guatemala y El Salvador, disputado anoche en el Estadio Cementos Progreso, se vio empañado por reportes de fraude en la venta de entradas.

El Ministerio Público (MP) confirmó que durante la jornada se recibieron nueve denuncias de guatemaltecos que fueron víctimas de boletos falsificados, adquiridos principalmente a través de plataformas digitales y redes sociales.

La Fiscalía de Delitos contra Turistas Extranjeros, en coordinación con la Fiscalía del Distrito Metropolitano y el Fiscal Regional Metropolitano, desplegó personal desde las 8 horas del jueves 4 de septiembre en las inmediaciones del estadio.

Con el apoyo de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) se individualizó a revendedores de boletos y se habilitaron quioscos para recibir denuncias.

Además de los boletos falsificados, los espacios también quedaron abiertos para atender casos de robo de celulares y taxis piratas, ofreciendo a los asistentes un canal directo y seguro para formalizar sus quejas.

Las denuncias serán trasladadas a la Fiscalía de Casos Especiales para darles el seguimiento correspondiente.

A pesar de los inconvenientes por la venta de boletos falsos, el ambiente en el estadio Cementos Progreso estuvo lleno de emoción. Miles de aficionados vivieron con intensidad el partido entre Guatemala y El Salvador. Estas son algunas imágenes que muestran cómo se vivió el encuentro:

FOTOGALERÍA

El Salvador derrota de visitante a Guatemala en partido de las eliminatorias rumbo al Mundial Fifa 2026

Una modalidad de estafa en auge

La venta de boletos falsificados con código QR inválido o alterado se ha convertido en un mecanismo de engaño para revender digitalmente, con estafadores que aprovechan el interés de los usuarios por asistir a ciertos eventos.

La reventa de boletos falsos no es nueva para los guatemaltecos. Esta modalidad empleada por cibercriminales ha afectado principalmente conciertos, como ocurrió anteriormente en presentaciones de Karol G y Bad Bunny.

El MP reiteró el llamado a la población a comprar entradas únicamente en plataformas autorizadas, y recordó que los reportes o denuncias también pueden realizarse en el sitio web oficial www.mp.gob.gt, en la aplicación MP Virtual o en cualquiera de sus sedes a nivel nacional.

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Señales de alerta para evitar boletos falsos

Para protegerse de estafas en la compra de entradas, los expertos recomiendan estar atentos a estas cinco señales:

Direcciones web con errores ortográficos o extensiones poco comunes (.xyz, .top, etc.).
Sitios sin certificado de seguridad (HTTPS) o con diseño poco profesional.
Precios demasiado bajos o promociones que parecen demasiado buenas para ser reales.
Vendedores que solo aceptan transferencias bancarias o criptomonedas.
Boletos ofrecidos fuera de plataformas oficiales o sin comprobante de compra.

Entradas agotadas y polémica por empresa sin experiencia

Previo al partido de fútbol, se di a conocer que la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala (Fedefut) contrató a Boletos de Acceso Guatemala, una empresa recién creada, para vender las entradas del partido entre Guatemala y El Salvador.

La compañía, propiedad de Diego Vincent Federico Muñoz Acajabón y constituida en enero de 2025, recibió un contrato por Q354 mil, operando como proveedor exclusivo de la Federación.

Durante la venta se reportaron quejas por acaparamiento, ya que no había límite máximo de boletos por comprador. Según datos del Congreso, algunas personas llegaron a adquirir más de 200 entradas, mientras que cientos de aficionados se quedaron sin acceso a los canales oficiales. Además, varias entradas terminaron en mercado informal con sobrecostos de hasta 50%.

El presidente de la Fedefut, Gerardo Paiz, reconoció las fallas en el proceso de comercialización y anunció que se implementarán ajustes para los próximos partidos, incluyendo la posible realización de sorteos previos o mecanismos de devolución para garantizar un acceso más equitativo a los aficionados.

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Estos son los nuevos ciberdelitos que se castigarían en Guatemala con penas hasta de 30 años

Tue, 26 Aug 2025 23:27:36 +0000

tecnología

Estos son los nuevos ciberdelitos que se castigarían en Guatemala con penas hasta de 30 años

La iniciativa 6347 sobre ciberseguridad recibió dictamen favorable y contempla penas desde los seis años de prisión, la creación de un centro de respuesta a incidentes y apoyo internacional en caso de ciberataques.

Ximena Fernández

26 de agosto de 2025 | 17:27h

La iniciativa de ley de ciberseguridad fue dictaminada el martes 26 de agosto y busca tipificar 13 delitos. (Foto Prensa Libre: Freepik)

La iniciativa de ley 6347 de ciberseguridad, que recibió dictamen favorable este 26 de agosto por parte de la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional del Congreso, propone tipificar y reforzar once delitos.

Según Ana Antillón, coordinadora de la mesa de Certeza Jurídica de Guatemala No Se Detiene, el país ha estado rezagado en materia legislativa relacionada con la transformación digital, especialmente en aspectos como la protección de datos e información.

Mario Menéndez, asesor de la comisión, explicó que todos los delitos incluidos en la propuesta son nuevos, aunque algunos se asemejan a tipos penales existentes, con la diferencia de que están vinculados al entorno digital.

Jorge Mario Villagrán, presidente de dicha comisión, informó que las penas para estos delitos oscilarán entre seis y 30 años de prisión. No obstante, Menéndez advirtió que, debido a la acumulación de delitos de esta índole, los jueces podrían imponer penas mayores.

Según el dictamen, se destaca la creación de una fiscalía especializada en Ciberdelincuencia, esta competencia será la encargada de la investigación penal, formulación de requerimientos y el litigio de los delitos contemplados en el ámbito digital. Asimismo, la red 24/7, señala José Pablo Mendoza, diputado ponente de la iniciativa, es una ventanilla específica que tendría el Ministerio Público, especializada y exclusivamente para atender a los delitos cibernéticos.

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Delitos propuestos en la iniciativa de ley de ciberseguridad

Según el documento de la iniciativa de ley, los delitos que serían tipificados como “ciberdelitos” son los siguientes:

Artículo 5. Acceso ilícito: Quien acceda sin autorización a todo o a una parte de un sistema informático y cuando el acceso se realice infringiendo medidas de seguridad o con la intención de robar datos informáticos.
Artículo 6. Interceptación ilícita: Quien sin autorización intercepte datos informáticos.
Artículo 7. Ataque a la integridad de los datos informáticos: Quien sin autorización oculte, dañe, borre, deteriore o suprima datos informáticos.
Artículo 8. Ataque a la integridad del sistema informático: Quien ataque interrumpa u obstaculice el funcionamiento normal de un sistema informático o sistemas que utilicen la información y la comunicación.
Artículo 9. Falsificación informática: Quien altere, borre o suprima datos o registros informáticos. Además a quien genere datos no auténticos para que sean tomados o utilizados como auténticos. Este delito puede costar hasta 30 años de cárcel si resulta en pérdidas económicas que interfieran o ataquen la integridad de los sistemas informáticos que afecten servicios esenciales, infraestructuras críticas o la seguridad nacional.
Artículo 10. Apropiación de identidad ajena: Quien sin autorización y sin utilizar cualquier forma, medio, técnicas de ingeniería social, usurpe, falsifique, adopte o suplante la identidad de otra persona individual o jurídica.
Artículo 11. Fraude informático: Quien sin autorización produce daño, perjuicio o defraudación en su patrimonio mediante la introducción, alteración o supresión de datos informáticos o realice cualquier interferencia en el funcionamiento de un sistema informático.
Artículo 12. Abuso de dispositivos: Quien produzca, venda, obtenga para su utilización, posea, importe, difunda o ponga en disposición cualquier dispositivo, programa informático, aplicaciones o sistema informático concebidos o adaptados principalmente para la comisión de cualquiera de los delitos previstos con anterioridad o contraseñas, códigos de acceso o datos informáticos similares que permitan el acceso a parte o todo un sistema informático, cree, utilice o transfiera de un dispositivo a otro los códigos de identificación y acceso al servicio o sistema informático.
Artículo 13. Delitos de la propiedad intelectual, derechos de autor, propiedad industrial y delitos informáticos: A quienes cometan delitos establecidos en leyes como: Ley de propiedad Industrial, Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos y los contenidos en el título VI del Código Penal, a una escala comercial y por medio de un sistema informático, se les aumentará la pena en una cuarta parte.
Artículo 14. Pornografía infantil: Cuando se utilicen sistemas informáticos para cometer los delitos tipificados en los artículos 173 bis, 174, 188, 189, 190, 192, 195 bis, 195 ter y 196 del decreto 17-73, las penas se aumentrán en conformidad con lo establecido en el artículo 195 Quinquies del Código penal.
Artículo 15. Uso ilegal de bloqueadores o inhibidores de señal: Comete el delito quien opere equipos que bloqueen, cancelen o anulen las señales de telefonía celular, radiocomunicación, transmisión de datos o imágen, con el fin de cometer acciones ilícitas.

Los delitos cuentan con una sentencia mínima de seis años y máxima de ocho. No obstante, debido a situaciones puntuales, las penas pueden aumentar hasta 10 años, dependiendo del delito.

Según lo establecido en el proyecto de ley, las personas individuales tendrán que enfrentar las penas establecidas en la ley. No obstante, las personas jurídicas, si fueron utilizadas para realizar un ilícito de la presente ley, se les impondrá una multa de Q100 mil hasta Q300 mil, dependiendo de la gravedad de las circunstancias.

Pilares de la iniciativa de ley de ciberseguridad

Carlos Cuéllar, miembro de Bancert (en inglés, Banking Computer Emergency Response Team, o la plataforma de ciberseguridad de la comunidad bancaria de Guatemala), indicó que anteriormente la legislación en materia de ciberseguridad era ambigua, por lo que fue necesario ajustarla y alinearla con los estándares internacionales establecidos por el Convenio de Budapest. Cuéllar añadió que el objetivo de contar con una ley marco es facilitar el apoyo internacional en caso de crisis cibernéticas.

Mendoza, explicó que esta se sustenta en tres pilares fundamentales: la tipificación de delitos con sus respectivas penas de prisión, la creación del Centro de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática de Guatemala (C-SIRT-GT) y el establecimiento de una red 24/7.

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Según el dictamen, el C-SIRT-GT sería la entidad responsable de la detección, análisis, gestión y respuesta ante incidentes de ciberseguridad en todo el territorio nacional. Además, tendría a su cargo el monitoreo permanente para atender incidentes cibernéticos, garantizar la continuidad operativa y el rendimiento de la red, así como brindar servicios proactivos y reactivos en materia de seguridad informática.

Antillón, indicó que esta institución deberá contar con equipos especializados en la atención de ataques cibernéticos. Agregó que cada entidad deberá tener su propio centro de respuesta a incidentes, algunos de carácter sectorial.

Próximos pasos para la aprobación de la ley

Villagrán afirmó que solicitarán a la junta directiva del Congreso que la iniciativa de ley sea conocida en el pleno el martes de la próxima semana.

Por su parte, el diputado José Pablo Mendoza indicó que el dictamen fue respaldado por tres bancadas distintas, lo que, en su opinión, facilitará los acuerdos y consensos necesarios para su aprobación.

Antillón, advirtió que, aunque se trata de una norma urgente, la ley contempla un plazo de entre 90 y 120 días tras su aprobación para establecer la institucionalidad pública y preparar a las entidades responsables para su implementación.

Del mismo modo, Cuéllar aseguró que la ley tiene carácter de urgencia nacional, ya que, además de tipificar los delitos, permitirá darles seguimiento y aplicar las sanciones correspondientes.

Nota del editor: Se actualizó la lista de delitos y sus tipificaciones con el texto final de la Iniciativa de Ley, que completa la información del dictamen.

Verificamos por usted: ¿Es real la venta de equipaje no reclamado en La Aurora como se anuncia en Facebook?

Wed, 26 Feb 2025 16:01:14 +0000

Comunitario

Verificamos por usted: ¿Es real la venta de equipaje no reclamado en La Aurora como se anuncia en Facebook?

El anuncio de una supuesta venta de equipaje no reclamado en el Aeropuerto La Aurora comenzó a circular en redes sociales. ¿Qué dicen las autoridades de Aeronáutica Civil al respecto?

Sandy Pineda

26 de febrero de 2025 | 10:01h

Antes de hacer clic en este tipo de anuncios, las autoridades piden verificar con fuentes oficiales. La alerta se debe a una oferta engañosa que circula en Facebook y dirige a un enlace fraudulento. (Foto Prensa Libre: captura de video – DGAC)

Otra institución alerta sobre una posible estafa, esta vez relacionada con una supuesta oferta de venta de equipaje no reclamado en el Aeropuerto Internacional La Aurora. La información falsa ha circulado principalmente en Facebook.

Diversos usuarios han cuestionado la veracidad de la publicación, ya que no habían escuchado antes sobre este tipo de ventas.

Ante esto, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) emitió un comunicado en el que advierte que la oferta es completamente falsa y que no existen ventas de equipaje no reclamado.

El anuncio fraudulento asegura que hay una venta anual de equipaje por solo Q16.11, con entrega en un plazo de 5 a 7 días, e incluye un enlace web.

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El mayor riesgo radica en ingresar a dicho enlace, ya que se trata de una modalidad de estafa en línea conocida como phishing. Este tipo de ataque busca engañar a las personas para obtener información confidencial, como contraseñas y datos personales.

Las publicaciones falsas suelen incluir comentarios de supuestos compradores que buscan reforzar la credibilidad del fraude.

En el caso de esta publicación, algunos de estos mensajes afirman:

“Finalmente conseguí mi maleta. Esperé casi una semana, pero me sorprendió haber pagado solo Q16.11. Mira lo que encontré dentro”.
“Había oído hablar de almacenes con equipaje perdido, así que hice el pedido sin dudarlo y recibí mi maleta hoy. Mi esposo aún no cree que solo pagué Q16.11”.
“Todavía estoy en shock. Hoy , el mensajero trajo mi maleta”.

Sin embargo, la DGAC ha desmentido estas afirmaciones y advierte que este tipo de publicaciones buscan engañar a los usuarios con ofertas falsas. Por ello, recomienda no caer en este tipo de fraudes y verificar siempre la información con fuentes oficiales.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) advierte que es falso un anuncio que circula en Facebook. (Foto Prensa Libre: captura de pantalla)

Otras instituciones alertan sobre estafas

Diversas entidades gubernamentales, como el Ministerio de Desarrollo y la Secretaría Presidencial de la Mujer (Seprem), han denunciado anuncios engañosos en redes sociales que suplantan su identidad con el fin de estafar a los usuarios.

El Ministerio de Desarrollo alertó el 29 de enero de 2025 sobre una estafa relacionada con un supuesto programa de “Bono Familia”, el cual no existe y ha sido utilizado para engañar a personas en condición de vulnerabilidad.

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Por su parte, la Seprem advirtió recientemente sobre una estafa similar en redes sociales, en la que se promociona un falso programa denominado “Bono Mujer”, que supuestamente otorga un apoyo económico de Q1 mil. Sin embargo, la institución ha reiterado que dicho beneficio no existe ni forma parte de sus proyectos.

La Seprem informa que en redes sociales está circulando una publicación de una página NO OFICIAL sobre la entrega de un "Bono Mujer", en la que se solicita el registro de datos personales a través de un enlace externo. pic.twitter.com/MgzB43zUN1
— SEPREM (@SEPREMGUATEMALA) February 17, 2025

Al igual que en el caso de Aeronáutica, estas instituciones enfatizan que el principal peligro radica en los enlaces externos incluidos en las publicaciones fraudulentas, los cuales buscan obtener información personal y sensible con el objetivo de cometer fraudes.

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¿Está preparado el país para un ciberataque a hospitales, plantas de energía y otros sectores?

Tue, 28 Jan 2025 12:00:00 +0000

no permita que lo estafen

¿Está preparado el país para un ciberataque a hospitales, plantas de energía y otros sectores?

Una propuesta de ley busca blindar las infraestructuras críticas para homologar protocolos de respuesta ante eventuales ataques a los sistemas.

Enrique Canahui

28 de enero de 2025 | 06:00h

Las redes de telecomunicaciones y de tecnología no cuentan con un marco general de reglas claras y uniformes para protegerse contra ciberataques en el país. (Foto Prensa Libre: Freepik)

En Guatemala, las infraestructuras críticas –como hospitales, bancos, plantas de energía, sistemas de agua potable y hasta el tráfico aéreo–, no cuentan con reglas claras y uniformes para protegerse contra ciberataques. Aunque algunas empresas privadas han tomado medidas por su cuenta para reforzar su seguridad, no hay una ley que establezca mínimos obligatorios ni que fomente que estas instituciones trabajen juntas para enfrentar amenazas digitales. Esto deja expuestos servicios esenciales para todos.

Además, de acuerdo con la Comunidad Bancaria de Ciberseguridad (Bancert), la falta de cultura de ciberseguridad y de coordinación entre sectores públicos y privados aumenta la vulnerabilidad de los activos sujetos de ser protegidos ante ese tipo de eventualidades.
Actualmente, en la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional del Congreso de la República se encuentra en espera de análisis para su dictamen respectivo, la propuesta de Ley General de Infraestructura Crítica Nacional, presentada por el diputado Jorge Mario Villagrán Álvarez.

El catálogo de infraestructuras

Esta propuesta de ley permitirá la legalización de elaborar un catálogo de infraestructura crítica, el cual, de acuerdo con la experiencia de otros países, debe contener componentes esenciales que incluyen su definición, clasificación, identificación de activos específicos, métodos y criterios para evaluar los riesgos asociados con cada activo y sus vulnerabilidades.

A criterio del presidente de la Cámara de Industria de Guatemala, Raúl Bouscayrol, es una ley que debería agregar valor a la protección de la infraestructura crítica. Por consiguiente, considera que se deberá elaborar el dictamen de dicha iniciativa, así como la consulta que deberá realizar a los distintos sectores.

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“Tenemos conocimiento de la iniciativa, pero consideramos que hace falta divulgarla con los sectores involucrados y la conformación de mesas técnicas para el análisis, incluyendo al sector privado”, indica el representante del sector privado industrial, el cual agremia a los sectores de hidrocarburos y telecomunicaciones entre otros, cuyos activos son considerados críticos para la seguridad y economía de la nación.

Los criterios que se observan en la iniciativa, para determinar la gravedad derivada de un ataque en una infraestructura crítica, consideran el número de personas afectadas y posibles consecuencias a la salud pública; pérdidas económicas; impacto ambiental e impacto público social.

Identificación de activos

De acuerdo con Marc Asturias, VP de Mercadeo y Field CISO de Gobierno para América Latina, Caribe y Canadá en Fortinet, proteger las infraestructuras críticas de Guatemala es clave, pues forman la columna vertebral de la economía y la seguridad de la nación. Sectores como energía, telecomunicaciones, finanzas, salud y transporte son esenciales para el funcionamiento del país. “Las posibles consecuencias de un ataque exitoso a estos sectores, son nefastas y van desde pérdidas financieras y la interrupción de servicios esenciales hasta comprometer la seguridad nacional”, expone el experto.

En tal sentido, la iniciativa pendiente de ser analizada, se indica que la elaboración del Catálogo Nacional de Infraestructuras Críticas, los operadores críticos, según el sector estratégico que representan, deberán identificar las infraestructuras críticas que les corresponde según su actividad laboral, económica o productiva de los servicios esenciales para el funcionamiento del país.

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Los actores que conforman el marco institucional del Sistema Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas deberán elaborar el Plan Nacional respectivo, los planes estratégicos sectoriales, de seguridad de Operaciones Críticas y de Apoyo Operativo. Estos últimos deberán ser elaborados por el Ministerio de la Defensa (Mindef) y el Ministerio de Gobernación (Mingob), para poder ejecutar el plan de protección específico, apoyando con acciones de vigilancia, prevención, protección y reacción de forma complementaria con los operadores críticos, tanto a nivel individual como sectorial.

Por aparte, la Secretaría de Protección de Infraestructuras Críticas que depende del Consejo Nacional de Seguridad, como ente rector, deberá elaborar, revisar y actualizar el Plan Nacional respectivo.

Definir activos

Villagrán explica que, para que los activos sean considerados como infraestructura crítica, primero deben cumplir con la definición estipulada en la misma, como los activos esenciales de hidrocarburos, por ejemplo, para que sean de almacenamiento en puerto o centros de distribución.

En el caso de salud, un hospital es considerado como infraestructura crítica, pero no una ambulancia. En el caso de la movilidad, la infraestructura crítica es la red vial, semáforos que ordenan el tráfico. Por ejemplo, si un sistema de estos funciona por medio de la red de Internet, se vincula a la Ley de Ciberseguridad.

De igual manera, dice quien también fungía como presidente de la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional en 2024, una planta de agua figura como infraestructura crítica. Si su funcionamiento se automatiza por medio de tecnología digital, además de la Ley de Infraestructura Crítica, se involucra la Ley de Ciberseguridad.

Agrega que la Ley General de Infraestructura Crítica Nacional va a indicar qué es lo que se
tiene que proteger y cómo se tiene que proceder con esa protección. Luego las leyes de Ciberseguridad y de Protección de Datos van a completar ese conjunto de leyes.

Involucrar sectores

Como se ha indicado, expone Bouscayrol, es importante la socialización de la propuesta y el establecimiento de mesas técnicas que permitan el involucramiento del sector privado organizado, velando por el respeto a la propiedad privada y generando acciones que permitan el resguardo de infraestructura crítica ante eventos disruptivos.

Según la propuesta, para garantizar la protección de estos sectores se incluye la definición de infraestructura crítica que permite identificar ese tipo de activos esenciales como estratégicos para la seguridad nacional.

Para German López, quien forma parte de Bancert, es fundamental identificar qué activos tecnológicos y operativos son esenciales para el funcionamiento de cada sector. Por ejemplo, dice, en telecomunicaciones, los centros de datos y las redes troncales deben considerarse activos críticos. Así mismo, la capacitación constante es un gran aliado de esta propuesta. La resiliencia depende del conocimiento humano, por lo que se debe considerar la implementación de programas regulares de formación para empleados desde técnicos, hasta personal operativo. “Un error humano como abrir un correo de phishing, puede poner en riesgo una infraestructura completa”, subraya el entrevistado.

La propuesta considera infraestructuras críticas como todas las instalaciones físicas, redes, sistemas, equipos físicos y de Tecnología de la Información y cibernéticas, incluyendo servicios alojados en la nube –sean privados o públicos– que funcionan dentro del territorio nacional y de los cuales depende el funcionamiento de los servicios esenciales del país. Por su condición de “criticas”, si éstas fueran dañadas, se pondría en riesgo la seguridad y la economía de la nación.

“Consideramos importante apoyar la creación de esta ley. Proteger la infraestructura crítica del país tiene un impacto directo en la estabilidad económica y social. Estamos dispuestos a colaborar con el Congreso y otras instituciones para garantizar que la ley incluya perspectivas técnicas, operativas y de riesgos”, asegura López.

En nuestro sector, dice, “dependemos de telecomunicaciones y energía confiables para operar y la interrupción de estos servicios podría afectar a miles de usuarios, tanto financieros como empresariales”.

En la percepción de López, la Ley de Infraestructuras Críticas no debe verse únicamente como un marco legal, sino como un compromiso nacional hacia la resiliencia digital. Por consiguiente, la propuesta debería contemplar, la protección frente a amenazas emergentes, como la inteligencia artificial utilizada por atacantes para vulnerar sistemas; simulacros multinacionales. Es decir, considerar alianzas con países de la región para realizar simulacros de ciberataques que fortalezcan las capacidades locales.

“El avance en la ciberseguridad no solo protege las infraestructuras críticas, sino que fomenta la confianza en los sistemas tecnológicos, incentivando inversiones y mejorando la calidad de vida de todos los guatemaltecos”, expone el miembro de Bancert.

Este contenido se produce bajo la alianza editorial “No permita que lo estafen”, en conjunto con la Asociación Bancaria de Guatemala, un convenio que busca crear conciencia a los guatemaltecos sobre los peligros de las estafas en línea.

Qué hará el centro de “respuesta a emergencias informáticas” que propone la Ley de Ciberseguridad

Mon, 13 Jan 2025 12:00:00 +0000

ciberseguridad

Qué hará el centro de “respuesta a emergencias informáticas” que propone la Ley de Ciberseguridad

A partir de cambios dentro de la Ley de Ciberseguridad, se incluirá un nuevo ente que funcionará como una especie de comando, encargado de dirigir y coordinar la respuesta a incidentes de seguridad informática.

Ximena Fernández

13 de enero de 2025 | 06:00h

Nueva versión de Ley de Ciberseguridad creará un centro que regulará acciones para la protección informática. (foto Prensa Libre: Freepik)

La iniciativa de ley de Ciberseguridad que se encuentra pendiente de discusión en el Congreso propone la creación de un Centro de Seguridad Interinstitucional de Respuesta Técnica ante Incidentes Informáticos de Guatemala (CSIRT-GT), según confirma Jorge Villagrán, presidente de la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional durante el 2024. Por su lado, Germán López, miembro de la Comunidad Bancaria de Ciberseguridad (Bancert), en Guatemala no existe aún un organismo encargado de responder a ataques dentro de la web.

Desde febrero de 2024, en la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional del Congreso, se discute la iniciativa 6347, Ley de Ciberseguridad. No obstante, varios integrantes de esta Comisión advirtieron el año pasado que la ley no era del todo viable. Victoria Palala, de la grupo de diputados de Semilla explica que la iniciativa contiene puntos que deben adaptarse al contexto nacional.

Para Villagrán, la iniciativa original no contaba con ninguna falla y el cambio que se observa en la nueva versión de la Ley de Ciberseguridad es la creación de un Centro de Seguridad Interinstitucional de Respuesta Técnica ante Incidentes Informáticos de Guatemala (CSRT-GT).

López externó que la creación de este centro es oportuna y esencial para Guatemala. “Actualmente existen ataques cibernéticos de diversa índole y no existe un organismo centralizado que coordine la respuesta, fomente la prevención y garantice la resiliencia del país ante esas amenazas”, mencionó López.

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¿Qué es este nuevo centro?

Según una definición proporcionada por el equipo de comunicación de Villagrán, este centro contará con las facultades para dirigir y coordinar la respuesta a incidentes de seguridad informática con instituciones públicas y privadas; sean estos relativos a la ciberseguridad y ciberdefensa del Estado de Guatemala.

Además de esto, el centro tendría como objetivo establecer la institucionalidad, principios y normativa general que permitirá estructurar, regular y coordinar las acciones de ciberseguridad de los diferentes organismos del Estado y particulares. Asimismo, buscará regular los actos que devengan de operaciones de ciberguerra que atenten contra la soberanía del Estado por medio de la ciberdefensa.

López argumentó que un centro de esta índole podría funcionar como un “comando central” y propuso ejemplos como México y Colombia, lugares en donde los equipos de respuesta a emergencias cibernéticas (CERTs), han sido cruciales para contener ataques masivos.

Para López, un centro como el que busca crear la ley debería tener al menos las siguientes características clave:

Coordinación interinstitucional: Este debería facilitar la cooperación entre el sector público, el privado y la academia.
Capacidades de respuesta rápida: Debería contar con un equipo especializado en responder a incidentes en tiempo real. Este equipo a su vez, debería contar con expertos en análisis forense digital, inteligencia de amenazas y remedición de incidentes.
Educación y sensibilización: El centro debería liderar campañas de concienciación para ciudadanos y empresas para promover buenas prácticas como el uso de contraseñas fuertes, actualización de software e identificación de correos fraudulentos.
Marco legal y regulatorio: Para la efectividad del centro, este debe operar dentro de un marco legal sólido, tal como una ley de ciberseguridad que defina responsabilidades, sanciones y procedimientos.
Infraestructura tecnológica: El centro debería contar con tecnología avanzada para monitorear y analizar amenazas cibernéticas, tales como sistemas de inteligencia artificial que detecten comportamientos anómalos.

Por último, López señaló que el centro debería contar con un enfoque inclusivo y orientado a construir confianza entre los ciudadanos.

Tratados internacionales y ambiente político

Villagrán aseguró que el ambiente político es ideal puesto que se trata de una iniciativa nacional y de varios sectores del país. “Si no se cuenta con una ley de este tipo el país quedaría rezagado en temas tecnológicos no solo a nivel nacional sino también a nivel mundial por no contar con las garantías suficientes para proteger la infraestructura, al usuario y a los intermediarios”.

Además de esto, cabe recalcar que Guatemala aún se encuentra pendiente de aceptar y ratificar el Convenio de Budapest.

Hector Aldana, diputado de la bancada Vamos por una Guatemala Diferente (Vamos), durante una entrevista a Prensa Libre, declaró que, independientemente del Convenio de Budapest, es necesaria la creación de un marco normativo del ciberespacio en el país.

10 mensajes que utilizan los estafadores en línea para robarle su dinero

Sat, 21 Dec 2024 12:00:00 +0000

ciberdelitos

10 mensajes que utilizan los estafadores en línea para robarle su dinero

Los actos fraudulentos se pueden realizar a partir de aplicaciones como WhatsApp, Facebook, Instagram o mensajes de texto.

Ximena Fernández

21 de diciembre de 2024 | 06:00h

Debido al avance acelerado del internet y redes sociales y herramientas digitales, cada vez se observan más casos de estafas a través de los dispositivos electrónicos. Los mensajes utilizados por los estafadores son enviados comúnmente por medio de mensajes de texto o grupos de WhatsApp, aunque también pueden estar presentes dentro de grupos de Facebook o mensajes directos de Instagram. Los fraudes actualmente pueden tomar diversas formas, por lo que es importante conocer los mensajes que los estafadores usualmente envían al querer lograr su cometido.

Juan Carlos Tohom, analista de la Dirección de Análisis Criminal del Ministerio Público (MP), en una entrevista a Prensa Libre, destacó que según registros de la Fiscalía, desde el 2020 la estafa por venta de productos ha aumentado un 86%. Además de esto, según una presentación proporcionada por …, titulada “El Phishing a nivel global 2022”, 1 de cada 5 personas a nivel global, durante el 2022, están expuestas a ser víctimas de Phishing y se han reportado más de US$16 mil millones en pérdidas.

Según la misma presentación, las seis formas más comunes en las que un estafador puede hacerse presente es a partir del abuso de confianza simulación de sitios oficiales a través de links en buscadores o adjuntos en correo electrónico, llamadas o chats solicitando credenciales, venta de acciones a partir de utilizar imágenes de una institución en específico. También pueden intentar cometer fraude a partir de indicar posible robo de un dispositivo electrónico o la suplantación de la tarjeta SIM.

Tohom señaló en su momento que un aspecto importante para identificar una estafa es cuando los estafadores buscan suplantar una empresa grande, como Amazon o Youtube. Además de esto, cuando estas entidades fraudulentas buscan que el usuario proporcione números de cuenta para recibir depósitos o realizar transferencias.

Según la página oficial del Ministerio Público, existen ciertas recomendaciones que los usuarios pueden seguir para evitar ser víctimas de una estafa a partir de medios digitales:

Utilizar solamente plataformas electrónicas seguras.
Siempre verificar el perfil del vendedor o comprador con el que se está tratando al comprar o vender un producto.
Evitar compartir datos personales tales como dirección, nombres de otros familiares o números de tarjeta de crédito o débito.
Optar por pagos contra entrega al solicitar un producto.
Un sorteo o concurso que es verídico, no le pedirá enviar dinero para reclamar el premio.
No ingresar a enlaces de mensajes de ofertas que lleguen por medio de WhatsApp o mensajes de texto de números desconocidos.
Comprobar siempre las fuentes, números y correos de dónde proceden los mensajes.

Por otro lado, la PNC sugiere lo siguiente:

Verificar que los mensajes recibidos a través de correo electrónico provienen de fuentes oficiales.
Marcar como spam cualquier mensaje que resulte sospechoso, para evitar seguir recibiendo mensajes del mismo origen.
Al tener contacto con familiares o amigos a través de plataformas digitales, estar alerta a la solicitud de acciones sospechosas, tales como transferencias bancarias o favores poco comunes.
Al recibir un mensaje de texto con un código de verificación o al recibir un texto requiriendo dicho código, no compartirlo puesto que podrían buscar iniciar sesión desde otro dispositivo.
No dar click a enlaces desconocidos o de origen dudoso.
Verificar que las notificaciones que induzcan a dar click, no redirijan a sitios desconocidos o poco seguros.

Cómo operaba en redes sociales y WhatsApp red de supuestos estafadores desarticulada por PNC

Sat, 23 Nov 2024 21:16:13 +0000

Justicia

Cómo operaba en redes sociales y WhatsApp red de supuestos estafadores desarticulada por PNC

Por medio de redes sociales y WhatsApp una supuesta red de estafadores engañaba a sus víctimas con el supuesto envío de encomiendas desde el extranjero.

César Pérez Marroquín

23 de noviembre de 2024 | 15:16h

Una de las presuntas integrantes de una red de estafadores por redes sociales mientras era trasladado a la Torre de Tribunales. (Foto Prensa Libre: PNC)

Las redes sociales y WhatsApp eran las principales herramientas de un grupo de supuestos estafadores que fueron capturados recientemente por investigadores de la unidad de Ciberdelitos e Informática Forense de la División de Investigación Criminal (DEIC) de la PNC.

Las fuerzas de seguridad dieron a conocer la forma de operar de esta supuesta red de estafadores, que engañaba a sus víctimas con el aparente envío de encomiendas por parte de familiares y amigos desde el extranjero, por lo que instan a la población a no dejarse sorprender por mensajes o llamadas de ese tipo.

De esa cuenta, el pasado miércoles agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) efectuaron allanamientos en Mixco y Villa Nueva, donde cuatro personas fueron capturadas por los delitos de lavado de dinero u otros activos.

Ese mismo día se reportó la detención de la supuesta cabecilla de la estructura criminal que presuntamente recibió más de Q1 millón.

“Según la investigación, esta estructura criminal operaba por medio de perfiles falsos de redes sociales a través de los cuales contactan a las víctimas aparentando ser familiares o amigos, al tener la atención de la víctima y teniendo más información migran la conversación por medio de WhatsApp, utilizando en su mayoría números telefónicos, los cuales según el código de área pertenecen a Estado Unidos, México, Guatemala, Perú, Colombia y Bolivia”, detalló la PNC.

Añade que estas personas generan confianza con la víctima y le hacen creer que van a viajar para Guatemala y que van a mandar encomiendas como celulares, computadoras y otros objetos de valor.

Detalla que luego las víctimas son contactadas por personas que se hacen pasar por trabajadores de entidades internacionales de envío de paquetes y en ocasiones se hacen pasar por trabajadores de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), engañándolas sobre la existencia de algún paquete enviado a su nombre y cobrándoles por exceso de carga en las supuestas encomiendas que recibirían de sus familiares o amistades desde el extranjero.

En otros casos también hacen cobros ilegales por no haber declarado dinero en efectivo que supuestamente viene en las encomiendas y que no fue declarado.

“De esta manera las engañan y quienes acceden a efectuar los pagos solicitados, con cantidades que van desde los Q1 mil hasta los Q200 mil, dinero que es depositado a cuentas bancarias de personas radicadas en el país y en ocasiones enviado al extranjero a través de remesas”, refiere la PNC.

Los capturados

En Nueva Monserrat, zona 3 de Mixco, fueron detenidos María “N”, de 35 años; y Kevin “N”, 30; mientras que en la colonia El Milagro, zona 6 de Mixco, fue detenido Aaron “N”, 31; y en la colonia Castañas, zona 11 de Villa Nueva, fue capturada Gilda “N”, 48, supuesta líder de la estructura criminal de estafadores.

Según la PNC, esta persona habría recibió más de Q1 millón producto de las estafas; además, en ese lugar se embalaron varias boletas de depósitos bancarios.

Los investigadores dieron cumplimiento a las órdenes de captura de fecha 13 de noviembre de un juzgado de la capital, por el delito de lavado de dinero u otros activos.

Estos son 8 ciberdelitos que se busca sancionar en Guatemala, sus multas y penas de cárcel

Tue, 12 Nov 2024 12:00:00 +0000

no permita que lo estafen

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Expertos recomiendan una revisión más profunda en cuanto a la parte jurídica de la Ley de Ciberseguridad, para que sea más concreta, pues hay verbos que no están bien definidos y, en la práctica litigante, pueden convertirse en vacíos legales o reiterarse con lo establecido.

Enrique Canahui

12 de noviembre de 2024 | 06:00h

Pese a que la comisión legislativa que analiza la Ley de Ciberseguridad dice que se hicieron las consultas pertinentes para tipificar los nuevos delitos, juristas tienen comentarios. (Foto Prensa Libre: Freepick)

En Guatemala, el Código Penal tipifica ciertos delitos informáticos, para los cuales, hay penas asignadas. Sin embargo, estos no corresponden a las modalidades de los ilícitos que se cometen utilizando redes o sistemas informáticos.

Esa ausencia es la que pretende suplir la iniciativa 6347, Ley de Ciberseguridad que la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional del Congreso de la República tiene en revisión previo a ser dictaminada para presentarla a discusión ante el pleno. Pero, en opinión de profesionales del derecho consultados por Prensa Libre, aún requiere de una revisión profunda desde el punto de vista penal.

Según esta propuesta, los profesionales del derecho pueden interpretar la proporcionalidad en función del tipo y la afectación del delito cometido, alineándose también con los estándares internacionales del Convenio de Budapest, el cual enfatiza la proporcionalidad en la persecución y sanción de ciberdelitos, especialmente cuando involucran el uso de tecnologías para afectar derechos fundamentales, dice el costarricense, Juan Ignacio Zamora Montes de Oca, máster en Derecho Informático.

“Se tipifican delitos existentes”

El objeto principal de la iniciativa 6347, entre otros según su Artículo 1, es “la tipificación de conductas delictivas, para prevenir erradicar y sancionar los ciberdelitos. Así mismo, se estipulan reglas procesales necesarias para incorporar los medios de prueba digitales que permitan la obtención de evidencias y pruebas electrónicas en el proceso penal, para una investigación eficaz y la cooperación interinstitucional e internacional en la materia”.

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De acuerdo con ese planteamiento, la Ley de Ciberseguridad que se pretende aprobar en el Congreso de la República, estaría tipificando, como su nombre lo indica, los “ciberdelitos” o “delitos informáticos” que, específicamente no existen en la legislación del país.

En ese aspecto, los abogados entrevistados coinciden en que dicha tipificación tanto en la definición de las figuras delictivas como en las penas que se les asignan guardan concatenación con el Código Penal, aunque no necesitan hacerlo por el hecho de que cada ley es totalmente autónoma y cada país va gravando según su conveniencia y la naturaleza de lo que se quiere proteger.

Estos son algunos de los hechos ilícitos tipificados en el Título II, los cuales se basan en el número del salario mínimo vigente, para actividades no agrícolas.

Artículo 7. ACCESO ILÍCITO prisión de 4 a 6 años y multa de 20 (Q.72,691.80) a 200 (Q.726,918.00) salarios mínimos mensuales vigentes para actividades no agrícolas.

Artículo 8. INTERCEPTACION ILICITA prisión de 6 a 10 años multa desde 100 (Q.363,459.00) a 200 (Q.726,918.00) mínimos mensuales vigentes para actividades no agrícolas.

Artículo 9. ATAQUE A LA INTEGRIDAD DE LOS DATOS INFORMÁTICOS

Prisión será de 5 a 7 años y multa de 100 (Q.363,459.00) a 200 (Q.726,918.00) salarios mínimos mensuales vigentes para actividades no agrícolas.

Prisión será de 6 a 8 años y multa de 200 (Q.726,918.00) a 500 (1,817,296.50) salarios mínimos mensuales vigentes para actividades no agrícolas.

Artículo 10. ATAQUE A LA INTEGRIDAD DEL SISTEMA INFORMÁTICO

prisión de 6 a 9 años y multa de 100 (Q.363,459.00) a 300 (Q.1,090,377.90) salarios mínimos mensuales vigentes para actividades no agrícolas.

prisión 7 a 10 años y multa de 100 (Q.363,459.00) a 500 (1,817,296.50) salarios mínimos mensuales vigentes para actividades no agrícolas.

Artículo 11. FALSIFICACIÓN INFORMÁTICA. Prisión 2 a 6 años y multa de 20 (Q.72,691.80) a 200 (Q.726,918.00) salarios mínimos mensuales vigentes para actividades no agrícolas.

Artículo 12. APROPIACIÓN DE IDENTIDAD AJENA.

prisión de 3 a 6 años y multa de 40 (Q. 145,183.60) a 100 (Q.363,459.00) salarios mínimos mensuales vigentes para actividades no agrícolas.

prisión de 4 a 7 años y multa de 40 (Q. 145,183.60) a 200 (Q.726,918.00) salarios mínimos mensuales vigentes para actividades no agrícolas.

Artículo 13. ABUSO DE DISPOSITIVOS. prisión de 3 a 6 años y multa de 20 (Q.72,691.80) a 200 (Q.726,918.00) salarios mínimos mensuales vigentes para actividades no agrícolas.

Artículo 14. FRAUDE INFORMÁTICO. prisión de 4 a 8 años y multa de 100 (Q.363,459.00) a 300 (Q.1,090,377.90) salarios mínimos mensuales vigentes para actividades no agrícolas.

Fuente: Iniciativa de Ley 6347.

Derecho reparador o sancionador

Zamora refiere que la iniciativa 6347 propone procedimientos para la confiscación de activos obtenidos a través de actividades fraudulentas. En los artículos 24 y 25 se mencionan las medidas de recuperación de activos, instando a la colaboración interinstitucional e internacional para localizar y recuperar bienes mal habidos. Ambos se alinean al estándar internacional en el combate de ciberdelitos.

Si bien el Convenio de Budapest no fija montos ni penas exactas, en su Artículo 13, el mismo respalda la idea de penas efectivas y disuasorias. “Ambos documentos (la iniciativa 6347 como el Convenio), reflejan la importancia de adaptar las penas a la naturaleza y la severidad del delito, en función de su impacto en la seguridad pública”, indica Zamora.

Por otro lado, observa; “la iniciativa sugiere penas que podrían variar entre los 2 y 10 años de prisión dependiendo de la gravedad del ciberdelito, el impacto en la sociedad y la infraestructura crítica. Aquí es donde debe de tomarse en cuenta qué busca el Derecho Penal a nivel de Guatemala y del proceso, si pretende aplicar un derecho penal reparador o sancionador”, observa Zamora.

Para el abogado litigante César Calderón, los delitos contenidos en el proyecto de ley, así como los verbos que han puesto para cada delito, avanza la mayor cantidad de fenómeno criminológico cibernético. “Si en el futuro se inventa algo más, bastará con agregarle nominaciones adjetivos o verbos a la ley”, indica.

Hay que tomar en cuenta que ninguno de los delitos de esta iniciativa de ley puede ser considerado un delito menos grave, por lo que son competencia de los Juzgados de Primera Instancia. Por consiguiente, el procedimiento que deberá seguirse obligadamente es el penal común, expresa Abraham Girón, abogado penalista y consultor.

Observa que, con la creación de la figura de “Fraude informático” contenido en el artículo 14 de la iniciativa de ley, se impone una pena de 4 a 8 años; sin embargo, la redacción de ese artículo es confusa desde su punto de vista y podría representar un problema determinar cuándo se debería aplicar ese delito y cuando se aplica la estafa que se señala en el Código Penal, cuya penalización va de 6 meses a 4 años, por lo que es considerado como un delito menos grave y por lo tanto excarcelable.

¿Una ley de traspaso?

Según Girón, en lo que a la confiscación en particular se refiere, la iniciativa de ley no aporta nada diferente a lo ya regulado en la legislación procesal vigente, al punto que no hay un artículo en concreto que se refiera a esos elementos. “Remite al Código Procesal Penal, con lo que ni siquiera debieron regular tal tema en esa iniciativa”, subraya.

De acuerdo con el abogado y notario litigante Wellington Puac, a la iniciativa le falta mucho para que sea una ley técnica. “La ley es muy ambigua. Como abogados litigantes, vemos muchísimos vacíos que los defensores pueden utilizar para tener sentencias absolutorias, dando como resultado que las acciones queden impunes”.

Para Girón, “siendo la ley de ciberseguridad un tema que no se ha regulado en el país, sí requiere de una discusión profunda y merece una mayor revisión, porque precisamente la ciberseguridad debe iniciar con un sistema legal completo, claro y eficiente que permita la flexibilidad y agilidad que conlleva el mundo digital, debería de pensarse un poco en el “soft law”, como modalidad para proveerle eso a la regulación sobre ciberseguridad”, apunta.

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“Ley debe ir más allá”

Por otro lado, si bien el Convenio de Budapest no fija montos ni penas exactas, su exposición en cuanto a los tipos penales que maneja, se lee más sencilla y clara, con respecto a cómo se plantea en la iniciativa de ley en proceso de aprobación. Esto es debido a que los convenios son guías directivas sobre las regulaciones mínimas que deben tener los Estados Parte. “En ese sentido, la iniciativa de ley debería arriesgarse a ir más allá en los mínimos propuestos en el Convenio y adecuarlo más a la realidad criminal que afronta el país en lo cibernético” apunta el abogado Girón.

Hace la observación de que ese Convenio tiene dos protocolos adicionales los cuales regulan diferentes aspectos. “Estos no son considerados por la iniciativa, por lo cual sería oportuno que, si se va a dar la aprobación de una ley en materia de ciberseguridad, se aproveche a efectuar una regulación general que aborde todos los aspectos relacionados al Convenio de Budapest”, expresa el jurista.

El abogado Puac, observa que en el Titulo II, de la iniciativa 6347 el cual regula los “Ciberdelitos”, lo que hay, son acciones (no hay omisiones), por lo tanto, son acciones dolosas, realizadas con intención de causar un daño, típicas, antijuridicas, culpables y punibles, reguladas con el fin de proteger y/o restaurar un bien jurídico que protege la legislación guatemalteca. Por consiguiente, a su criterio, con el fin de no gozar de medidas sustitutivas, la pena mínima de prisión debería ser de 6 años y la máxima de 15.

Por aparte el fiscal Raúl Pérez Bámaca, de la Fiscalía contra Delitos Transnacionales del Ministerio Público (MP), indica que se han discutido los elementos de las nuevas figuras delictivas contenidos en la iniciativa de ley y consideran que, al menos con la pena mínima de seis años de prisión, se tendrá la oportunidad de ejercer una persecución penal efectiva y eficaz para neutralizar el fenómeno criminal. De esa cuenta, los operadores de justicia ya no tendrán la excusa de obligar a fases conciliatorias o administrativas previas como sucede ahora.

Revisar regla de reparación digna

Para el abogado Calderón, al especificarse en la iniciativa de ley que las penas tienen de 4 a 6 años de cárcel, está indicando que al pasar de 5 años no va a ser excarcelable y que necesariamente el sentenciado va a ir a la cárcel hasta por 10 años.

Ahora, lo que va a variar, dice, es la multa, ya que aquí entran varios elementos y entre estos va la reparación digna. Si en la reparación digna la defraudación ha sido mediante informaciones contables, bancarios de empresas mercantiles y la pérdida es alta, así va a ser la reparación digna. Si se defraudaron Q5 millones, entonces va a ser tan exagerada como el monto que pudieron haberse apropiado mediante el ciber delito.

En ese aspecto, la reparación digna que se da en una de las últimas fases en el proceso penal está establecida en la iniciativa que la confiscación se hará en la investigación y estará en resguardo del MP. En tal sentido es necesario hacer una evaluación de un equipo multidisciplinario para verificar si el ente perseguidor tiene la capacidad de resguardar los datos, o la mora de investigación producirá más daños que el propio delito, advierte el abogado Puac.

Para el abogado litigante Miguel Balsells, el texto sobre cómo recuperar los datos de las personas que los supuestos ciberdelincuentes hayan obtenido por medio de actividades fraudulentas, no es muy específico.

Según Zamora, el Convenio de Budapest, en sus Artículos 14 y 19, establecen de manera general, mecanismos específicos para la preservación rápida de datos y la cooperación para la recuperación de activos ilícitos.

Descargo

En la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional, a cargo de analizar la iniciativa en cuestión, han recibido opiniones similares de otros profesionales a los que han consultado en ese procedimiento, las cuales “se han atendido y se han venido corrigiendo”, indica el diputado Jorge Mario Villagrán, presidente de dicha comisión.

“En dado caso, cuando es necesario, se han realizado las modificaciones respectivas, dependiendo de la temática y el fondo de la misma. Los comentarios observados se basan en la iniciativa original, tal cual se recibió en la Comisión y resuelven muchas de estas inquietudes emitidas” indica el diputado.

Añade que esos argumentos 2ya fueron procesados por el Ministerio Público y por jueces del Organismo Judicial “en donde están de acuerdo en que la tipificación del delito como está es la correcta. De ahí la discordancia de lo comentado con la realidad”.

“En la página Web del Organismo Legislativo está la iniciativa original 6347, la cual es la que llega a la Comisión. Ya la versión revisada por la Comisión no, porque esa versión revisada es la que se dictamina y es la que pasa a pleno para su lectura, ese es el procedimiento. Esa versión nunca se publica antes”, enfatiza el diputado Villagrán.

Consultado Diego Ronquillo, asesor legal del diputado José Pablo Mendoza, ponente de la iniciativa 6347, aclara que la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional “se encuentra analizando las penas para elevarlas según los principios de racionalidad, proporcionalidad y realidad del derecho penal”.

Añade que, en cuanto a los protocolos no considerados del Convenio de Budapest, “actualmente están en discusión de la Comisión, porque hay materias de los protocolos que ya están regulados en las leyes del país”.

“A diferencia del delito de estafa propia, el delito de fraude informático contempla como móvil del delito, el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (Tics); asimismo, el bien jurídico tutelado es el activo patrimonial de las personas” defiende Ronquillo.

Piden que ley de ciberseguridad respete el libre pensamiento al regular delitos y sanciones

Tue, 15 Oct 2024 12:00:00 +0000

no permita que lo estafen

Piden que ley de ciberseguridad respete el libre pensamiento al regular delitos y sanciones

Sectores de sociedad civil y expertos reconocen necesidad de normar ciberdelincuencia sin que proceso implique vulnerar libertad de expresión.

Enrique Canahui

15 de octubre de 2024 | 06:00h

La Comisión que analiza la ley también contempló crear la unidad de policía especializada en delitos electrónicos. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

La nueva iniciativa de ley sobre ciberseguridad para perseguir delitos como las estafas en línea, la suplantación de identidad o el fraude electrónico debe evitar vulnerar la libre expresión, según especialistas del sector privado y de la sociedad civil.

Las consultas a los expertos se dan en el contexto de el más reciente intento de promulgar una ley similar que terminó siendo archivada por el Congreso el pasado 1 de septiembre de 2022. En esa oportunidad, se archivó el Decreto Número 39-2022, que contenía la “Ley de Prevención y Protección contra la Ciberdelincuencia. La ley creaba figuras delictivas y adecuaba normas penales frente a delitos cibernéticos, pero recibió varias objeciones de diversos sectores por considerar que vulneraba la libertad de expresión y podría callar críticas contra funcionarios y políticos.

“Es la quinta vez que se intenta crear esta ley. Es un tema que tiene que ir de la mano con otras leyes adicionales como el ciberdelito, la de privacidad de los datos y la tipificación de los delitos”; indica Jorge Utrera, analista forense digital e investigador asesor de Sistemas Aplicativos (Sisap).

“Es importante aclarar que la iniciativa 6347, en discusión, no está en contra de la libre emisión del pensamiento. En ninguno de sus artículos se refiere a prohibición alguna en este aspecto. Lo que hace es perseguir delitos específicos, como una estafa por medio de herramientas digitales. Cuidamos mucho las palabras que contiene porque una mala interpretación puede botar su aprobación como sucedió en el 2022, al ser tergiversada la ley”, expone el diputado presidente de la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional del Congreso de la República, Jorge Mario Villagrán Álvarez.

Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana –que es el capítulo de Transparencia Internacional en Guatemala– recomienda una coordinación “muy efectiva” para que la ley no quede en letra muerta por la urgencia de aprobarla. “Ya tenemos la experiencia anterior, de esos “mamarrachos” que responden a intereses políticos y no a un interés nacional. Esa es una buena lección de lo que no se debe hacer”, recuerda.

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Insumos para el accionar legal

Esta propuesta, dice Villagrán, contiene delitos específicos en temas de ciberseguridad que incluyen sanciones penales como económicas. Eso implica dotar de las herramientas legales necesarias, tanto al Ministerio Público (MP) como al Organismo Judicial (OJ) para que procedan automáticamente con las denuncias en materia de ciberdelitos que lleguen a sus manos.

Al convertirse en ley, se contempla la provisión de insumos a esos organismos para la creación de fiscalías como juzgados especializados que van a requerir personal capacitado previamente. En este caso, son las instituciones las que deciden, de acuerdo con su normativa interna, si pueden o no, hacerlo antes de que la ley exista y lo exija, comenta Luis Morales, asesor de la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional, quien sigue de cerca el proceso de ciberdefensa que se incluye en la iniciativa 6347. “En la iniciativa se consideran penas altas pues se busca que la normativa impulse un disuasivo para que la gente evite incurrir en este tipo de delitos”, agrega el asesor de la Comisión.

Consultada la Fiscalía contra Delitos Transnacionales del Ministerio Público, indica que los delitos que propone la ley hacen la diferencia entre los que ya existen y los enfocados en temas de ciberseguridad. Los nuevos tipos penales que contiene la iniciativa 6347, se basan en la convención de Budapest. Son los mismos tipos penales que se han conocido en por lo menos cinco iniciativas, incluyendo la actual en discusión.

La Fiscalía aclara que el marco de actuación del MP es constitucional, el cual está sometido a “controles de convencionalidad”. Por consiguiente, la presente iniciativa “no le puede otorgar herramientas de actuación que vulneren esos principios”.

Actualmente, prosigue la fiscalía, “al no existir un marco normativo que regule la comisión de ilícitos penales especiales para estos casos de supuestas estafas menores, la sociedad y los jueces los analizan como delitos menores graves, obligando, en cierto momento a, agotar procedimientos conciliatorios o etapas administrativas previas a poder deducir de primera mano, una responsabilidad penal, limitando al MP, el accionar con efectividad y eficacia, ya no digamos, para poder requerir información a otros países, cuando la persecución delictiva es de índole internacional. De ahí que, aún, existiendo la posible comisión de un delito que no está tipificado en la legislación, sea necesario contar con ese marco jurídico, para deducir responsabilidad penal a aquellas personas que se aprovechan de las TICs, para llevar a cabos hechos delictivos de esa índole”.

Policía especializada

Villagrán explica que, de acuerdo con la propuesta de ley, el procedimiento de investigación se divide en dos. Primero, tiene que haber una denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC) o el MP. El ente perseguidor debe determinar si únicamente ocurrió a nivel nacional y tiene que seguir su curso como tal, con investigación, sanciones, multas y todo lo que debe proceder.

Si tiene alcance internacional, con impacto económico, en el curso de investigación se involucra al Centro de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática de Guatemala (CSIRT); que es un equipo de expertos en seguridad de las tecnologías de información y comunicación encargado de prestar el apoyo necesario a entidades públicas y privadas para recuperar los sistemas. Mientras la investigación por parte del MP sigue su curso.
Obviamente, aquí se involucran más instituciones en coordinación con la cooperación internacional para dar con las personas detrás de ese delito. Para estas acciones es oportuna, entre otras ventajas, las alianzas y convenios internacionales.

Es por eso que, aprovechando la reforma de la Ley de la PNC, que está en tercera lectura en el Legislativo, la Comisión contempló crear la unidad de policía especializada dentro de la ley de ciberseguridad, indica el diputado presidente de la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional.

A lo anterior, el analista forense digital e investigador asesor de Sisap, comenta que.
“es una forma rápida de contar con un equipo de respuesta a incidentes solicitada por la ley. Cada institución debe tener una organización de departamentos con personal que reúna esas calidades y competencias”.

Los delitos por perseguir tipificados en la ley son acceso ilícito, interpretación ilícita, ataque a la integridad de datos informáticos, ataque a la integridad de los sistemas informáticos, falsificación informática, apropiación de identidad ajena, abuso, acceso no autorizado a dispositivos, fraude informático como tal y faltas a la obligación de propiedad intelectual mediante uso de tecnologías de información o, medios tecnológicos, así como el tema de pornografía infantil, asegura Villagrán.

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Respaldo de información digital

De acuerdo con el procurador de Derechos Humanos José Alejandro Córdova, en el reglamento debe asegurarse de que las obligaciones impuestas a las empresas no afecten su operación diaria, como garantizar que no se implementen medidas que expongan a las empresas a vulnerabilidades adicionales o impongan cargas desproporcionadas.

Al respecto, la Fiscalía contra Delitos Transnacionales, subraya que proteger a los ciudadanos y su información, así como contrarrestar la actividad delictiva cometida por las organizaciones criminales, es el mandato legal que tiene el MP, el cual, por medio de esa fiscalía, ya ha abordado este tipo de crímenes informáticos, respetando, como siempre, el derecho a la privacidad y dignidad de las personas. De igual manera, que toda diligencia se hace con autorización judicial.

En ese contexto, de acuerdo con el presidente de la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional, uno de los cambios a la iniciativa 6347 tiene que ver con el artículo 22, que inicialmente daba potestad al MP de capturar los equipos en un caso delictivo, fuera en el ámbito público o privado. Si esto ocurriera, se podría interrumpir el curso de la productividad económica principalmente. En lugar de dicha captura, el procedimiento es realizar respaldos de los servidores o de los equipos que sea necesario. Con esa información de respaldo, las operaciones no se interrumpen.

Ese es un tema que fue analizado en la Comisión con especialistas de la Comunidad Bancaria de Ciberseguridad (Bancert) quienes plantearon la opción, pues se corría el riesgo de interrumpir la actividad económica del país a raíz de un proceso de investigación.

Para Marroquín, en el futuro inmediato van a haber más amenazas que pueden afectar la seguridad tanto de datos públicos como privados y Guatemala tiene que estar preparada para eso. “Debe haber un cuerpo legal que incluya a todas estas amenazas, pero también la creación de una institución que pueda rendir cuentas de cómo va la implementación de esta ley. Tiene que contar con presupuesto propio. No pueden asignarles tareas a todos los ministerios en esta área sin dotarlos de presupuesto y esa, es una parte que no tenemos claro cómo van a quedar plasmados en la ley”, subraya.

Protección ciudadana

En materia de investigación y persecución de ciberdelitos, la PDH recomienda un enfoque equilibrado que permita al MP combatir el cibercrimen sin vulnerar los derechos fundamentales. Cita en este caso, la importancia de garantías procesales que protejan tanto a los usuarios como a las empresas en el tema digital.

Por ejemplo, se debe contar con orden judicial para la recolección de datos y la obtención de evidencia, que garantice el derecho de privacidad. Además de aplicarse el principio de proporcionalidad para evitar que se convierta en una herramienta de vigilancia masiva, expone Córdova.

Por consiguiente, en opinión del PDH, “la inclusión de la sociedad civil en el proceso legislativo de una ley trascendental como ciberseguridad y cibercrimen es un derecho de participación pública y acceso a la información”.

Villagrán defiende que desde la Comisión se han hecho las consultas con profesionales del sector público –en el Ministerio de la Defensa Nacional, de Gobernación, el MP, y el OJ– así como del sector financiero, donde “la mayoría de los consultados son profesionales expertos certificados en la materia”.

La inclusión de la sociedad civil en el proceso legislativo de una ley trascendental como ciberseguridad y cibercrimen es un derecho de participación pública y acceso a la información, en la opinión de Córdova Herrera.

Para la Comisión, si bien puede haber personas individuales o entidades interesadas en conocer tanto el contenido de la ley como el proceso que se siguen para su pronta aprobación, como ciudadanos, estos se tienen que involucrar. “Cuando no se involucran, sucede que toman acciones sin conocimiento pleno. Si como ciudadano me interesan ciertas leyes, en la página del Congreso hay acceso a todas las iniciativas de ley. La Comisión está abierta a recibir todas las sugerencias y someterlas al análisis con las mesas de trabajo que tenemos con asesores de las bancadas representadas”, apunta Villagrán.

Lo importante al final de todo este proceso, es que la ciudadanía pueda estar de alguna manera protegida de robo de identidad, de una cuenta bancaria, de información personal. Que en todo caso se provea a las entidades del Estado de las herramientas suficientes para perseguir a las bandas de cibercriminales. “Hoy estamos desprotegidos totalmente, por lo que tiene que haber una ley fuerte en la defensa y en el ataque”, concluye Marroquín.

Este contenido se produce bajo la alianza editorial “No permita que lo estafen”, en conjunto con la Asociación Bancaria de Guatemala, un convenio que busca crear conciencia a los guatemaltecos sobre los peligros de las estafas en línea.

Estructura criminal obtenía contraseñas para acceder a bancas virtuales y hurtar dinero de usuarios

Wed, 02 Oct 2024 21:10:13 +0000

Justicia

Estructura criminal obtenía contraseñas para acceder a bancas virtuales y hurtar dinero de usuarios

Investigadores capturaron a cuatro personas señaladas de hurto de dinero por medios de transacciones no autorizadas en banca virtual.

Óscar García

2 de octubre de 2024 | 15:10h

Investigadores capturan a uno de los cuatro señalados del hurto de dinero por medio de transacciones ilegales. (Foto Prensa Libre: PNC)

Una investigación llevó a la captura de cuatro personas señaladas de hurto, manipulación de información y robo de información.

Investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio Público (MP) efectuaron ocho allanamientos, inspección y registró en inmuebles en Villa Nueva, Villa Canales, San Juan Sacatepéquez, Santa Catarina Pinula, Mixco y la capital.

Las detenciones este miércoles 2 de octubre fueron en seguimiento a una investigación en contra de una estructura criminal que se dedicaba al hurto de dinero.

Cómo operaban

El MP explicó que, para obtener el efectivo, los señalados obtenían datos sensibles de las víctimas y luego efectuaban transacciones electrónicas no autorizadas.

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Además, obtenían información confidencial, como contraseñas y nombres de usuarios, esto les permitía acceder a bancas virtuales u otras plataformas de pago, para luego hacer transferencias no autorizadas en nombre de los titulares.

Investigadores del Departamento de Investigación de Ciberdelitos e Informática Forense efectuaron las detenciones en las zonas 1 y 12 de la capital, Santa Catarina Pinula y San Juan Sacatepéquez.

Los capturados

En la 10 avenida y 19 calle, zona 1 de la capital, fue detenida Mariela “N”, de 41 años; mientras que Alex “N”, 34, capturado en la zona 12.

En Santa Catarina Pinula se registró la detención de Ana “N”, 29. Serapio “N”, 39, fue detenido en el kilómetro 40 a San Juan Sacatepéquez.

Para leer más: Estafas por WhatsApp: Alertan sobre nueva modalidad de engaño en Guatemala

#Actialización #MPfuerteYfirme
Estas se realizan en seguimiento a investigación en contra de una estructura criminal que se dedica a hurto de dinero, obteniendo datos sensibles de las víctimas con los cuales se realizan transacciones electrónicas no autorizadas. https://t.co/A3F7DVAbfk pic.twitter.com/Pk063SCJ6N
— MP de Guatemala (@MPguatemala) October 2, 2024

La ley que facilitaría perseguir a estafadores en línea en Guatemala

Tue, 17 Sep 2024 12:00:00 +0000

no permita que lo estafen

La ley que facilitaría perseguir a estafadores en línea en Guatemala

Pese a la necesidad de una regulación de ciberdelincuencia en Guatemala, expertos demandan a diputados una discusión abierta con los sectores y garantizar la protección de datos personales y empresariales.

Enrique Canahui

17 de septiembre de 2024 | 06:00h

Las acciones criminales para obtener información confidencial o tomar control de los dispositivos o aplicaciones —ya sea WhatsApp, correo electrónico o una llamada telefónica— aumentaron un 400 % desde el año pasado.

Sea por abuso de confianza —cuando el fraude lo comete un familiar—, solicitar credenciales bajo información falsa por correo, llamadas o mensajería instantánea, o mediante engaños para capturar información de tarjetas de crédito, las modalidades de estafas electrónicas que afectan a los usuarios son cada vez más comunes.

El año pasado, un reporte de Inteligencia de Amenazas de Check Point Research, presentado en conjunto con Soluciones Seguras, alertaba que, en seis meses, en Guatemala se contabilizaron 6 mil 316 ataques: 2 mil 635 fueron a empresas y 3 mil 681 al Gobierno. El 92 % de dichos ataques cibernéticos ingresaron por correos electrónicos, en los cuales la víctima hizo clic en un enlace que contenía un programa maligno para secuestrar información.

Lo anterior es una alerta para que sectores, tanto privados como el mismo Gobierno, apremien la creación de una ley de ciberseguridad que mantenga el equilibrio de defensa institucional y, al mismo tiempo, proteja a los ciudadanos, indica Edie Cux, comisionado presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico (GAE).

Según Cux, las acciones criminales para obtener información confidencial o tomar control de los dispositivos o aplicaciones —ya sea WhatsApp, correo electrónico o una llamada telefónica— aumentaron un 400 % desde el año pasado.

En la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional del Congreso de la República, desde febrero pasado, se discute la iniciativa 6347, Ley de Ciberseguridad. “Guatemala requiere una ley de cibercrimen que tipifique y sancione penalmente este tipo de acciones, además de una relacionada con la privacidad de los datos, para entonces hablar verdaderamente de ciberseguridad”, dice Cristian Álvarez, jefe de la bancada Compromiso, Renovación y Orden (Creo), quien, junto con su correligionario, el diputado José Mendoza, impulsa la referida propuesta de ley.

Poco respaldo legal

Hoy, si un guatemalteco busca presentar una denuncia por robo de datos financieros o de dinero por vías electrónicas, la ley solo le permite hacerlo por estafa menor.

“Primero es necesario contar con la regulación y la tipificación de los delitos para que puedan ser perseguidos y asignadas las sentencias. Esto se debe a que, en muchas ocasiones, el MP no puede actuar por falta de esa tipificación, y aunque se tenga fehacientemente a los responsables, no hay condena”, alerta German López, miembro de la Comunidad Bancaria de Ciberseguridad (Bancert).

Bancert es el grupo de oficiales de seguridad de la información (o CISO, por sus siglas en inglés, Chief Information Security Officer) de los bancos, perteneciente a la ABG (Asociación Bancaria de Guatemala).

“Al contar con una legislación, el MP podría iniciar investigaciones de los responsables de fraude electrónico y rastrear las redes. Esto serviría para advertir a los cibercriminales que se está actuando en su contra”, aclara el experto.

Desafío de la discusión

Tanto desde esa comisión legislativa como desde la Mesa de Transformación Digital, que está promoviendo la presidencia dentro del Comité de Modernización, se tiene claro que debe existir un equilibrio entre lo que puede ser ciberdefensa, ciberdelincuencia y el respeto a los derechos del usuario.

También se considera no interferir en la operación de empresas o instituciones durante una investigación para no afectar la economía. Se toma en cuenta que un ciberataque puede comprometer infraestructuras críticas, y que no se cuentan con suficientes recursos humanos y tecnológicos como país, comenta López.

“En esta propuesta de ley no se profundizan temas de privacidad de datos. De hecho, actualmente se están realizando mesas de trabajo para diferentes propuestas de ley; una de ellas es la de protección y privacidad de datos, que busca regular, además de los convenios internacionales relacionados con los derechos humanos, la privacidad de los datos e incluir los controles necesarios para protegerlos”, añade López.

Para Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana, todavía hay “muchos temas por discutir para que la ley a aprobar esté completa. Por ejemplo, la protección de datos personales y empresariales, ya que nada de esto está regulado”.

“Que el MP tome las evidencias es correcto, pero se debe considerar que las empresas tienen que seguir operando y no deberían verse afectadas por una investigación que implique el secuestro de dispositivos. Hay formas de hacer una investigación y un análisis forense de los sistemas sin necesidad de secuestrar equipo”, recomienda López. Para ello, añade, “el MP debe especializarse y contar con el apoyo de terceros que tengan las capacidades técnicas para hacer ese análisis forense”.

Marroquín opina que se deben utilizar legislaciones de otros países como referencia, que ya están vigentes y han recorrido un camino en la lucha contra la ciberdelincuencia.

Además de la regulación chilena, existen otros modelos como los de Colombia y España, países que tienen más tiempo tratando ciberdelitos y cuentan con personal capacitado en instancias gubernamentales. De igual manera, tienen una estrategia bien definida de ciberdefensa y ciberseguridad que sirve de marco para otros países o instituciones, agrega López.

No obstante, los avances en consultas y revisiones, a la fecha hace falta mayor divulgación sobre lo que se pretende dictaminar. Para Marroquín, se deben involucrar sectores académicos, tecnológicos, expertos, y el mismo sector privado, pues muchos aspectos de la ciberseguridad tienen que ver con los mercados, que cada vez más operan en plataformas tecnológicas.

Aspectos clave a fortalecer

Si la ley entra en vigor, instituciones como el Ministerio Público (MP) y el Organismo Judicial (OJ) deberán tomar acciones relacionadas con la demanda de justicia y preparar, respectivamente, a fiscales y jueces especializados en ciberseguridad y cibercrimen, apunta el diputado Álvarez.

Por ello, es importante que la iniciativa sea bien discutida para crear un instrumento sólido que sirva, en primer lugar, a Guatemala y, como segunda prioridad, permita la apertura a acuerdos y convenios internacionales de cooperación. Uno de ellos es el Convenio de Budapest, el primer tratado internacional sobre delitos cometidos a través de internet y otras redes informáticas, cuyo plazo para adherirse vence en abril próximo.

En caso de no lograrlo, existe la opción de adherirse a un mecanismo similar por parte de la Organización de las Naciones Unidas, que está en implementación.

Más allá de esto, la necesidad de contar con una ley de ciberseguridad y cibercrimen es urgente, ya que los donantes internacionales y los inversionistas extranjeros suelen vincular sus inversiones con la existencia de una Ley de Ciberseguridad que los proteja. Estas son algunas de las aristas que deben analizarse, explica David Osorio, director de la Comisión de Gobierno Abierto y Electrónico (GAE).

Quedaría pendiente legislar sobre la protección de datos, el comercio electrónico y la inteligencia artificial.

Carrera a contrarreloj

Para el diputado presidente de la comisión respectiva, la iniciativa 6347 cumple con todos los requisitos en materia de cooperación nacional e internacional, avalados por diferentes instancias, como el Ministerio de la Defensa, el Ministerio de Gobernación, el Ministerio Público (MP), jueces del Organismo Judicial (OJ) y la Comunidad Bancaria de Ciberseguridad (Bancert). Además, han tenido acercamientos con el Centro de Estudios de Defensa Hemisférica William J. Perry, de Estados Unidos.

Que la iniciativa sea aprobada pronto o no en el pleno dependerá de la agenda legislativa que acuerde la junta de jefes de bloque.

En el caso de un ataque a Guatemala, similar al que sufrió Costa Rica en 2022 contra su infraestructura crítica, que le costó US$250 millones, particularmente en el sector de salud, la cooperación con organismos internacionales, como el Convenio de Budapest, sería un alivio para enfrentar ese tipo de amenazas latentes. “Hay que recordar que, en un ciberataque de esas magnitudes, el tiempo es un factor clave”, advierte López, de Bancert.

Qué podría incluir la Ley de Ciberdelitos

Lo deseable en el contenido de la iniciativa de ley 6347 es la tipificación de delitos cibernéticos, como el acceso ilícito a sistemas informáticos, los ataques a la banca virtual, el robo de identidad y el fraude informático, así como la creación del Centro de Seguridad Interinstitucional de respuesta técnica ante incidentes informáticos.

También se plantea la implementación de un Comité Técnico en Ciberdefensa y Ciberseguridad, integrado por varias instituciones estatales, y la creación de la Red de Asistencia Mutua Contra Delitos Informáticos.

Además, se propone la asignación de responsables en temas de ciberseguridad dentro del gobierno, la obligación de los diferentes sectores públicos y privados de implementar medidas o controles para prevenir ciberataques, y la adopción de controles mínimos alineados a un estándar aceptable, como los del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST), agencia del gobierno de Estados Unidos encargada de desarrollar y promover normas, medidas y tecnologías para mejorar la seguridad y la competitividad económica.

Asimismo, se prevén sanciones o penalizaciones inconmutables ante ciberdelitos, que sirvan realmente de ejemplo o precedente; la responsabilidad tanto del sector público como del privado en la educación y concientización en todos los niveles; la definición y protección de infraestructuras críticas; la creación del Computer Emergency Response Team (CERT), un equipo especializado en la prevención, detección y respuesta eficaz a los incidentes de seguridad del país, y la colaboración entre diferentes sectores.

Fuente: Bancert/ABG

Detenidos por phishing: revelan cómo 10 personas habrían retirado dinero de cuentas bancarias

Mon, 17 Jun 2024 22:02:24 +0000

Justicia

Detenidos por phishing: revelan cómo 10 personas habrían retirado dinero de cuentas bancarias

El MP reveló el modus operandi de los detenidos, con el que habrían robado información personal de usuarios para retirar dinero de sus cuentas bancarias.

Hedy Quino, Miguel Barrientos y Gabriel Molina

17 de junio de 2024 | 16:02h

La PNC y el MP realizaron allanamientos este lunes 17 de junio en distintos puntos del país, donde se capturaron a diez personas señaladas de hurto y manipulación de información. (Foto Prensa Libre: PNC)

La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la detención de 10 personas señaladas de cometer posiblemente los delitos de hurto y manipulación de información, al realizar, supuestamente, transacciones bancarias ilícitas por medio de phishing —práctica utilizada por ciberdelincuentes para obtener información confidencial de los usuarios—.

De acuerdo con la entidad policial, en seguimiento a una investigación relacionada a una estructura que realiza actividades ilegales a través de técnicas de phishing, para suplantar sitios web, obteniendo información confidencial, este lunes 17 de junio, se realizaron 11 allanamientos en distintos puntos del país.

La División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de Ciberdelitos e Informática Forense junto al Ministerio Público (MP) dirigieron las diligencias. Las cuales se llevaron a cabo en:

Mixco
Zona 18
Fraijanes
Amatitlán
Villa Canales
Quetzaltenango
Baja Verapaz
Chiquimula
Escuintla
Jutiapa

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Las aprehensiones

Según la PNC, en la colonia San Rafael II, zona 18, se detuvo a Claudia “N”, de 47 años, y en la colonia Paraíso II, también en zona 18, se capturó a Johnny “N”, de 32.

Mientras que, en la zona 2 de Boca del Monte, Villa Canales, se aprehendió a Fredy “N”, de 48 años; mientras que en el barrio La Cruz, Amatitlán, fue detenido Julio “N”, de 40.

En San Miguel Sigüilá, Quetzaltenango, fueron detenidos los hermanos Cristian “N”, de 27 años; Dany “N”, de 25; y Jeferson “N”, de 21.

Además, en la vía pública en Quiché se aprehendió a Kevin “N”, y se reportaron las detenciones, de Urías “N” y Kevin “N”.

“Estas capturas se dan en seguimiento a denuncias de personas que han sido víctimas de estafas a través de transferencias no autorizadas, desde sus cuentas de banca virtual”, explicó la PNC.

Agregó, que los detenidos son requeridos por un juzgado de Mixco, desde el 16 de junio, donde se les sindica de hurto y manipulación de información.

#Allanamientos #MPfuerteYfirme #OperativoPishingFaseI

Concluyen diligencias realizadas por la Fiscalía Municipal de Mixco, como resultado se coordinaron 10 órdenes de aprehensión, se trata de:

1.Dany Ottoniel Alvarado Maldonado
2.Jeferson David Alvarado Maldonado
3.Cristian… https://t.co/TNGH3mG3V9 pic.twitter.com/cHSJfELBAX
— MP de Guatemala (@MPguatemala) June 17, 2024

MP investiga la estructura

El MP indicó que la Fiscalía Municipal de Mixco inició la pesquisa de 14 carpetas ministeriales.

Por medio de la investigación criminal y forense se determinó la existencia de un modo operativo para sustraer dinero de las cuentas bancarias de las víctimas y transacciones financieras ilícitas.

“Estas se iniciaban mediante la obtención ilícita de información personal del acceso a las cuentas bancarias de las víctimas, obtenida a través del envío de links falsos o correos electrónicos que simulaban proceder de entidades bancarias, para posteriormente acceder a los fondos de las víctimas, para tomar el dinero, y transferirlo a las cuentas bancarias de los victimarios”, detalló el MP.

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Dónde hay más denuncias

De acuerdo con el MP, la mayor cantidad de denuncias por casos de phishing se concentra en el área metropolitana, especialmente en la Ciudad de Guatemala y Mixco, mientras que en la provincia, Quetzaltenango, Alta Verapaz y Jutiapa son los más afectados, respectivamente.

Para evitar ser víctima de este delito, el MP recomienda a los usuarios de plataformas bancarias “activar los servicios de notificación”, porque “es importante que ellos puedan tener algún servicio de mensajes y al momento de que puedan observar una transacción no es autorizada comunicarse inmediatamente con el banco”.

También se recomienda a las personas “ser muy celosas en el uso de sus documentos de identificación, porque se ha identificado que una fase previa al ataque de phishing es obtener los documentos de la persona”.

Cómo protegerse de las estafas por Facebook, Instagram y WhatsApp en Guatemala y cuántas denuncias van en 2023, según el MP

Fri, 03 Nov 2023 21:03:10 +0000

En las últimas semanas se han incrementado las denuncias en redes sociales sobre los intentos de jaqueo a usuarios de las plataformas Facebook, Instagram y WhatsApp.

La constante es que reciben mensajes de personas conocidas que les piden hacer transferencias monetarias, y en otros, les alertan que su cuenta está en riesgo y les llevan a abrir enlaces que los redirigen para luego robar las cuentas y cometer estafas a sus amigos de la red social.

Uno de estos casos tuvo como víctima a la abogada Ana Lucía Alejos Botrán, quien denunció el hecho en sus redes sociales y contó cómo le robaron recursos económicos tras conversar con una persona que se hizo pasar por una amiga de confianza.

Alejos contó que por medio de la red WhatsApp recibió la comunicación de una amiga suya, de mucha confianza, y quien ha sufrido quebrantos de salud en los últimos meses.

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Durante todo el hilo de la conversación, relató, creyó en la solicitud que le hacía porque ella sabía por lo que estaba pasando. Alejos Botrán aseguró que creyó en lo que le decía su amiga, porque le contaban cosas muy específicas que solo ellas sabía.

Y entonces confió en hacer unas transferencias monetarias a cuentas que le indicó quien dijo ser su amiga. Las hizo efectivas, pero para confirmarlas, le llamó por teléfono a su amiga, quien le dijo que le había mandado un correo electrónico para alertarla de que le habían jaqueado su cuenta de WhatsApp.

Aunque recurrió a su entidad bancaria, y le prestaron el apoyo requerido, nada pudieron hacer para recuperar el dinero porque lo habían retirado de inmediato. El caso de Alejos Botrán no es único en este 2023.

De acuerdo con Moisés Ortiz, del departamento de prensa e información del Ministerio Público (MP), lo registros de la institución suman 37 expedientes relacionados con el caso que le ocurrió a la abogada Alejos Botrán.

“Hasta la fecha se registran un total de 37 expedientes relacionados con la modalidad de estafa denunciada en el vídeo que circula en redes sociales”, explicó Ortiz.

Agregó que lo hechos denunciados fueron cometidos por medio de las redes sociales Facebook, Instagram y WhatsApp.

Estos casos, según Ortiz, los tiene a su cargo la Unidad de Reacción Inmediata (URI) del MP.

@alejosbotran ♬ sonido original – Alejos Botran

De acuerdo con fuentes del Departamento de Investigaciones de Ciberdelitos e Informática Forense bajo el mando de la División Especializada en Investigación Criminal (Deic) de la Policía Nacional Civil (PNC) actualmente se registra una modalidad en la que ciberdelincuentes se apropian de manera indebida de credenciales de acceso a usuarios de diferentes plataformas de redes sociales como Facebook e Instagram, entre otras.

Así mismo, explican, de alguna manera logran el acceso y control total de cuentas de aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp y Telegram y hacen uso de estas para contactar a familiares o amigos de las víctimas con la finalidad de obtener algún beneficio económico mediante engaños.

De acuerdo con las autoridades es necesario “que la población adopte medidas de seguridad para protegerse de estos ciberdelincuentes”.

Sugiere la PNC tomar las siguientes medidas de seguridad:

Aplicar medidas de ciberseguridad de los datos personales en el ciberespacio.
No dar clic a enlaces desconocidos o de dudoso origen
Al recibir notificaciones que induzcan a dar clic, verificar que no redirijan a sitios desconocidos.
Al momento de recibir mensajes o notificaciones a través de correo electrónico, verificar que provengan de fuentes oficiales.
Al momento de detectar alguna notificación o mensaje sospechoso, marcarlo como spam; para evitar seguir recibiendo mensajes del mismo origen.
Con relación a Whatsapp y Telegram, al momento de recibir mensaje de texto con el código de verificación de la aplicación, no compartirlo y alertarse porque alguien más está intentando iniciar sesión desde otro dispositivo.
Configurar la verificación en dos pasos y resguardar el PIN de manera personal.
Al momento de tener algún contacto con amigos o familiares a través de plataformas digitales y durante esta interacción se solicite la realización de acciones sospechosas (transferencias bancarias o favores no comunes) cerciorarse de que la comunicación se está sosteniendo con la persona real.

Seguimiento

La abogada Alejos Botrán sugirió, a partir de su experiencia, llamar por teléfono a la persona que le está escribiendo, para cerciorarse que sea su amistad o familiar.

Agregó: “Creo que es de suma importancia que tanto la Superintendencia de Bancos como la Junta Monetaria, la Intendencia de Verificación Especial, apoyen al sistema bancario y les respalden en estos temas para combatir este tipo de estafas”.

Phishing: Qué es, cuánto ha crecido en Guatemala y qué deben hacer los usuarios de cuentas personales y empresariales

Tue, 03 Oct 2023 14:30:22 +0000

En palabras sencillas, el phishing es el delito de engañar a las personas para obtener información sensible como usuarios y contraseñas de cuentas bancarias.

La forma más común en la que los ciberdelincuentes logran que sus víctimas caigan en la trampa es, enviando un mensaje de correo electrónico o un mensaje de texto suplantando la identidad, en este caso, del banco en donde el cuentahabiente tiene depositado su dinero.

Cuando la víctima abre el correo electrónico o el mensaje de texto, normalmente encontrará un mensaje pensado para alarmarle, que le exige que vaya a un sitio web y actúe de inmediato para no tener alguna consecuencia. Esto implica entrar a su cuenta ingresando sus credenciales.

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Si un usuario pica el anzuelo y hace clic en el enlace, se le envía a un sitio web que es una imitación del legítimo, en donde debe ingresar su usuario y contraseña. Si es lo suficientemente ingenuo y lo hace, la información de inicio de sesión llega al atacante, quien la puede utilizar para, no solo, saquear cuentas bancarias, sino también para robar identidades, vender información personal en el mercado negro, secuestrar información, entre otras ilegalidades.

Así lo explicó Pablo Barrera, experto en ciberseguridad en ES Consulting y aliado de la Escuela Bancaria de Guatemala, quien además indicó que el phishing es una de las principales fuentes de fraude informático.

“El problema en estos casos es que, sobre las amenazas no hay control, y las organizaciones bancarias hacen grandes esfuerzos colocando cada vez más blindaje para que sea más difícil ingresar o extraer fondos; pero este ataque está dirigido hacia los usuarios, no hacia las infraestructura de los bancos“, comentó haciendo conciencia que es importante que las personas se informen.

“Incremento gigantesco”

De acuerdo con Barrera, a raíz de la pandemia, el phishing aumento hasta 400% desde la pandemia, porque las personas se volcaron hacia la utilización de la tecnología para hacer transferencias, evitando así usar dinero físico para reducir los contagios. Por lo que, en este contexto, se aceleró este tipo de soluciones, sin embargo, “los criminales están dónde el usuario está y a esto atribuimos el aumento”, agregó.

El experto compartió que el equipo de respuesta a incidentes de la empresa de ciberseguridad para la que labora, en lo que va del año, ha dado de baja más de 4 mil sitios fraudulentos.

¿Cómo se lleva a cabo un ataque de phishing?

De acuerdo con información de un artículo publicado en Visión Financiera de la Superintendencia de Bancos (SIB), en su sección de tecnología, escrito por Sandra Lemus, ingeniera en Ciencias y Sistemas y master en Auditoría de Tecnología de Información, los pasos para llevar a cabo un ataque de phishing son los siguientes:

Identificación del objetivo:

El atacante identifica el objetivo del ataque y obtiene información general de la víctima
Crea el mecanismo o medio para el engaño a través de suplantación de identidad

Perpetuación del engaño:

El atacante envía el medio de engaño a la víctima (correo electrónico, mensaje de texto, página de internet, u otro).

La víctima cae en el engaño y el atacante obtiene información confidencial:

La víctima recibe el mensaje (mecanismo de engaño) y “cae” brindando información confidencial al atacante (números de cuenta, nombre de usuario, contraseña, números de tarjetas, u otros).

Utilización anómala de la información obtenida:

El atacante recibe la información y la utiliza para su beneficio, materializando la estafa (robo a través de transferencias ilícitas o compras ilegales, lavado de dinero, u otros).

Cómo evitar estafas por phishing

Para empresas

Mantener activos los mecanismos de control ante este tipo de amenazas
Capacitar constantemente al personal involucrado, en este tipo de temas y sus modalidades

Para usuarios individuales

Es importante desconfiar de todo correo que llegue sin solicitar información y nunca dar clic en un link adjunto, sin antes verificar con el banco
Validar la página de la banca en línea antes de ingresar usuario y contraseña, proviniendo de un correo o mensaje de texto, aunque este no le cause desconfianza
Activar todos los controles de prevención que los bancos proveen para evitar ser víctimas de este ataque
Mantener los equipos actualizados, porque el phishing también busca infectar a la computadora o el dispositivo móvil para extraer información o secuestrar datos
Contar con una herramienta robusta de protección

Al percatarse que fue víctima

PASO 1:

Notificar al banco y pedir reinicio de credenciales

PASO 2:

Verificar si la computadora o el dispositivo móvil está o no, infectado con el virus que extrae los datos.

“Se hacían pasar por empresa de encomiendas”: así operaban presuntos estafadores que engañaban a sus víctimas por la red

Wed, 31 Aug 2022 23:04:07 +0000

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que efectuó varios allanamientos en los que capturó a dos personas que supuestamente s dedicaban a estafar por internet.

Las capturas se dieron “como resultado de cuatro allanamientos realizados por investigadores del Departamento de Investigación de Ciberdelitos e Informática Forense de PNC y el Ministerio Público en las zonas 1, 3 y 7 en Quetzaltenango”, explica la institución policial.

Los aprehendidos son Jhonny Khristian Alberto Caal Fernández, de 29 años, y Alexa Galilea Rodas López, de 21, presuntamente relacionados con estafas a través de supuestas encomiendas.

Durante la diligencia también se incautaron dos teléfonos, seis tarjetas de débito y crédito.

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“Estas personas son sindicadas de casos especiales de estafa, asociación ilícita o asociación ilícita para delinquir y usurpación de funciones, según la orden de captura en su contra de fecha 25 de agosto, emitida por un juzgado de Guatemala”, explicó la PNC en un reporte.

¿Cómo operaban?

Las autoridades explicaron que las capturas se dieron en seguimiento a unas denuncias por estafa.

Los capturados se hacían pasar por supuestos trabajadores de una empresa de encomiendas, para lo cual rastreaban a sus potenciales víctimas a través de las redes sociales.

Se contactaban con las personas, se identificaban como empleados de una empresa de envíos y les informaban a sus víctimas que familiares les habían mandado paquetes del extranjero.

Les decían que los productos enviados a su nombre eran, principalmente, electrodomésticos de mucho valor.

Sin embargo, les “advertían” de que el motivo de su llamada era para decirles que al pasar por el escáner las cajas traían cierta cantidad de dinero en efectivo oculta (a veces US$75 mil) y que esto les acarrearía problemas serios legales.

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Las víctimas debían “pagar la cantidad de Q200 mil, otorgándoles números de cuenta bancaria a nombre de los sindicados”, explica la PNC.

Bajo ese método, los capturados habrían recibido distintas cantidades que van desde los Q23 mil a los Q69 mil 186.95, puntualiza el reporte.

Human Rights Watch critica la Ley contra los ciberdelitos de Guatemala y dice que esta podría usarse para acosar a críticos

Fri, 19 Aug 2022 19:08:35 +0000

El investigador sénior Juan Pappier, que hace parte de la división para las Américas de Human Rights Watch (HRW), publicó este viernes 19 de agosto en su cuenta de Twitter un mensaje en el que se refiere a la Ley de prevención y protección contra la ciberdelincuencia, que fue aprobada por el Congreso de la República de Guatemala el pasado 4 de agosto.

La Ley fue creada gracias a la iniciativa 5601 y tiene como objetivo castigar las actividades de la Ciberdelincuencia que ha tomado auge por el uso de dispositivos con conexión a internet.

Pappier escribió que la ley de ciberdelitos “contiene disposiciones vagas que se prestan para procesos penales abusivos”.

Añadió que: “en un país donde la justicia se ha instrumentalizado para perseguir a periodistas, fiscales y jueces independientes, esta norma puede usarse para acosar a críticos”.

Guatemala: la ley de ciberdelitos contiene disposiciones vagas que se prestan para procesos penales abusivos.

En un país donde la justicia se ha instrumentalizado para perseguir a periodistas, fiscales y jueces independientes, esta norma puede usarse para acosar a críticos.

— Juan Pappier (@JuanPappierHRW) August 19, 2022

Pappier también se había referido recientemente al país, al considerar que en Guatemala existe un “declive muy grave” en cuanto al respeto a los derechos humanos y la justicia, con cierta proyección a la situación que vive Nicaragua, aunque también con otros matices.

“Guatemala está en un momento de declive muy grave en la vigencia del Estado de Derecho en el país, con muy pocas garantías para el ejercicio de los derechos humanos porque hoy la enorme mayoría de las instituciones están cooptadas”, aseguró Pappier en una entrevista con EFE que fue publicada el 27 de julio pasado.

Añadió que en el país “no hay independencia judicial” y “cualquier fiscal u operador de justicia que se atreva a investigar a los corruptos tristemente sufre demandas penales espurias y algunos de ellos han sido arrestados o han tenido que salir al exilio”.

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El 1 de agosto pasado, Pappier fue consultado por Prensa Libre y Guatevisión sobre la captura del José Rubén Zamora, presidente de elPeriódico, detenido el pasado 29 de julio y ligado a proceso por los delitos de tráfico de influencias, chantaje y lavado de dinero u otros activos.

En esa oportunidad expresó que lo que representa dicha captura es “un punto de quiebre para las garantías de libertad de expresión” en Guatemala, y puede ser “el más grave en los últimos años”.

El profesional resaltó que perseguir a los periodistas representa un atentado contra la democracia y genera temor en el gremio, quienes “deben pensar dos veces antes de publicar una investigación por temor y los riesgos ante una detención”, dijo.

La ley de ciberdelincuencia

La Ley de prevención y protección contra la ciberdelincuencia fue aprobada por el Congreso de Guatemala el pasado 4 de agosto y con ella se crean figuras delictivas y adecúa normas penales frente a delitos cibernéticos.

“También estipula reglas procesales para incorporar los medios digitales que permitan la obtención de evidencias, pruebas electrónicas en el proceso penal y la creación de órganos competentes para una investigación eficaz”, señala una publicación del Congreso.

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Agrega que “define el ciberdelito como la acción u omisión típica, antijurídica, ilícita, dolosa o culposa, imputable, continua o aislada de carácter penal, cometida contra personas individuales o jurídicas, que utilicen las tecnologías de la información para lesionar bienes jurídicos o personales, patrimoniales o informáticos de la víctima”.

Añade que “la ciberdelincuencia es considerada como actividades delictivas de alcance nacional o transnacional realizadas a través de sistemas informáticos o sistemas que utilicen tecnologías de la información y las comunicaciones y que tienen como objeto lesionar bienes jurídicos personales, patrimoniales o informáticos de la víctima”.

La normativa contiene 44 artículos en los cuales se intentaron regular los avances de las tecnologías de la información y las comunicaciones, creando una ley especial que defina las conductas delictivas a fin de proteger los datos personales e intimidad informática con mayor énfasis a los niños y adolescentes, que son los más vulnerables a grupos ilícitos que operan a través de las redes sociales.

Detalles de la ley

Protege a los guatemaltecos y sus datos personales de los ciberdelincuentes
Fortalecer las reglas de convivencia social-digital en el país
Actualiza la legislación nacional en esta nueva era tecnológica
Tipifica delitos como ciberdelincuencia, ciberdelitos, ciberdefensa, fraude informático y protección de datos personales en internet
Crea el Centro de Seguridad Institucional de Respuesta Técnica ante Incidentes Informáticos
Fomenta la realización de acciones para prevenir los ataques a datos o sistemas informáticos
Crea alertas para detectar y dar atención a los casos de emergencia de ciberseguridad y ciberdefensa

El espíritu de la ley

La aprobación del decreto 39-2022, Ley de Prevención y Protección contra la Ciberdelincuencia ha generado diversas reacciones, críticas y rechazo en varios sectores de la población

En la nueva ley también se crean nuevos delitos, como el acoso por medios cibernéticos o ciberacoso, creando una brecha legal con diversas interpretaciones que podrían, incluso, servir como herramienta legal con fines represivos, prohibiendo el divulgar imágenes de sátira o información sobre funcionarios públicos y políticos, quienes podrían alegar verse afectados por su honor, dignidad, la de su familia y otros entornos sociales.

José Rodrigo Valladares, diputado por el Listado Nacional del bloque Todos en la legislatura 2016-2020 y uno de los ponentes de la ley, en su momento, dijo en una entrevista reciente con Prensa Libre que el espíritu de la ley era poner a Guatemala “a la altura de otros países en el tema de protección contra los ciberdelitos”, tomando en cuenta que el país no es la excepción y por ello es necesario tipificar delitos que se cometen utilizando “la tecnología de la información y las comunicaciones, desde donde se cometen y hacia donde”.

Hizo referencia a que algunas instituciones gubernamentales constantemente sufren ataques cibernéticos y eso sucede cualquier persona podría tener acceso a información importante de los guatemaltecos.

Reconoció que la normativa puede ser mal utilizada, pero le apuesta a el criterio de los jueces que conozcan los diferentes casos por los ciberdelitos, quienes podrían “desestimar los mismos por considerarlos sin fundamento o que carecen de medios de prueba”. Además, aceptó que la normativa sí lleva un fondo de “proteger la vida privada del funcionario público, más no su actuar en la función del cargo”.

Riesgo

El constitucionalista Gabriel Orellana, consultado por Prensa Libre hace una semana sí ve un riesgo directo a la libertad de expresión. Y agregar en la ley que no está sujeta a casos legislados a través del derecho internacional, es un despropósito, cuando se atenta directamente al derecho de libre expresión.

“Es inconstitucional esta ley y su problema fundamental es una pésima redacción, y da la impresión de que no es una legislación concebida y redactada aquí, sino que la copiaron, por eso tiene ciertas inconsistencias con nuestro derecho”, citó en esa oportunidad.

“La ley es sumamente compleja, porque creo que la diseñaron a propósito para esconder figuras de las que luego podrían abusar”, resume Luis Assardo, investigador y consultor experto en temas digitales.

“La ley tiene varias carencias y es confusa, ambigua y no define apropiadamente muchos conceptos básicos”, agregó Assardo.

Assardo explicó que “la redacción en general es desordenada y ambigua. Abre la puerta a muchas interpretaciones y no define claramente muchos de los conceptos incluidos, por ejemplo, en los bienes jurídicos tutelados”.

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Según expertos como Ana Antillón. es necesario revisar las penas de la Ley de Ciberseguridad, ya que algunas podrían resultar "excesivamente altas". (Foto Prensa Libre: Freepik)

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El encuentro de futbol entre las selecciones de Guatemala y El Salvador, se jugó en el estadio Cementos Progreso, zona 6 de la ciudad de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Emilio Chang).

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El cuadro titular de la selección de Guatemala, posa para la fotografía oficial, momentos antes de iniciar el encuentro contra su similar de El Salvador, en el estadio Cementos Progreso, Guatemala. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila).

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Aficionados guatemaltecos alientan a su selección de futbol, durante el encuentro eliminatorio en contra de El Salvador. (Foto Prensa Libre: Douglas Suruy).

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El cuadro titular de la selección de El Salvador, momentos antes de enfrentar a su similar de Guatemala, en el estadio Cementos Progreso, zona 6 de la ciudad de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Douglas Suruy).

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Óscar Santis, de la selección de Guatemala, remata el balón durante el juego contra la selección de El Salvador. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila).

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Hernán Gómez, técnico de El Salvador, saluda a Luis Fernando Tena, técnico de Guatemala. Momentos antes de iniciar el encuentro eliminatorio rumbo al Mundial Fifa 2026. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila).

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Las selecciones de Guatemala y El Salvador juegan el primer encuentro eliminatorio, del Grupo A, de Concacaf, rumbo al Mundial Fifa 2026. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila).

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El estadio La Pedrera, ubicado en la zona 6 de Guatemala, luce sus mejores galas durante el juego entre Guatemala y El Salvador, eliminatorio rumbo al Mundial de futbol Fifa 2026. (Foto Prensa Libre: Emilio Chang).

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El jugador guatemalteco Rubio Rubín remata al arco, frente a los defensas de El Salvador, durante el encuentro de las eliminatorias rumbo al Mundial Fifa 2026, en ciudad de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila).

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Mario González, guardamenta de El Salvador, evita el gol de Guatemala, en el encuentro disputado hoy en el estadio La Pedrera, eliminatorio para el Mundial Fifa 2026. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila).

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La selección de Guatemala recibe a su similar de El Salvador, en partido eliminatorio para el mundial Fifa 2026. (Foto Prensa Libre: Douglas Suruy).

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Oscar Santis remata a portería, en el encuentro contra El Salvador, en el estadio La Pedrera. (Foto Prensa Libre: Douglas Suruy).

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La selección de El Salvador, anota el 0-1 frente a su similar de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

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Harold Osorio, de El Salvador, anota el 0-1 frente a su similar de Guatemala, en partido eliminatorio rumbo al Mundial Fifa 2026. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila).

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Aficionados muestran su tristeza en el Parque Central de la Ciudad de Guatemala, luego de que la selección de Guatemala perdiera 0-1 frente a su similar de El Salvador. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González).