Inversión en Guatemala: EE. UU. observa avances y desafíos a superar para mejorar clima

Estados Unidos emitió su informe del 2025 acerca del clima para invertir en Guatemala, en donde reporta tanto avances que detecta en el país como diversos aspectos que aún deben resolverse.

Rosa María Bolaños

9 de octubre de 2025 | 12:26h

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Las condiciones para el clima de inversión en Guatemala presentan retos pero también avances, según el informe de Estados Unidos. (Foto, Prensa Libre: Shutterstock).

Estados Unidos destacó en su informe del 2025, algunos avances como el crecimiento económico, el impulso a reformas legales, el aumento de la inversión extranjera directa en Guatemala y acciones anticorrupción, sin embargo, advirtió sobre desafíos persistentes como la burocracia, la corrupción en ciertos niveles y la aplicación inconsistente de leyes laborales y ambientales, que siguen afectando el clima de inversión.

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El documento detalla que Estados Unidos es el socio económico más importante de Guatemala y representa la economía más grande de Centroamérica, al registrar un producto interno bruto (PIB) de US$113 mil 200 millones en el 2024, refiere el reporte acerca del clima de de inversión 2025, divulgado en el sitio electrónico del Departamento de Estado.

Ese año, la economía creció 3.7%, un mejor comportamiento respecto del 3.5% registrado en el 2023.

En el informe se menciona que el gobierno de Guatemala continúa impulsando acciones para mejorar la competitividad, promover oportunidades de inversión y trabajar en reformas legislativas destinadas a apoyar el crecimiento económico.

Da a conocer que más de 200 empresas estadounidenses y extranjeras tienen inversiones activas en Guatemala y se benefician del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica (CAFTA-DR).

Además, la inversión extranjera directa (IED) aumentó 5.2% en el 2024 respecto del 2023, y entre las actividades con mayor participación en los últimos tres años figuran las financieras y de seguros, manufactura, comercio y reparación de vehículos, información y comunicaciones, y servicios de agua, electricidad y saneamiento.

Sin embargo, el documento señala que una cantidad incierta de IED corresponde a inversión nacional canalizada mediante empresas guatemaltecas en Panamá.

El informe también resalta la convocatoria para la quinta licitación pública de contratos de largo plazo del Plan de Expansión de Generación (PEG 5), la cual se lanzó en abril del 2025 por las distribuidoras para contratar mil 400 megavatios.

EE. UU. también reporta retos e indica que, pese a las medidas para mejorar el clima de inversión en Guatemala, las empresas internacionales enfrentan importantes desafíos.

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Se citan como obstáculos las leyes y regulaciones complejas, decisiones judiciales inconsistentes, trabas burocráticas y corrupción.

También se advierte que el gobierno estadounidense ha expresado su preocupación al de Guatemala respecto de la aplicación de sus leyes laborales y ambientales, en el marco del TLC.

Acciones anticorrupción

Otro de los aspectos evaluados en el informe es la corrupción y las acciones para combatirla. Se refiere que la gestión del presidente Bernardo Arévalo ha priorizado los esfuerzos en esa materia. Entre ellos menciona la promulgación de un código de ética para empleados públicos, el establecimiento de unidades de probidad en varios ministerios y los esfuerzos por promover la transparencia mediante la digitalización.

“Transparencia Internacional ha señalado estas reformas como una de las razones por las que el lugar de Guatemala en el Índice de Percepción de la Corrupción mejoró por primera vez desde el 2013”, se cita en el informe. Añade que la embajada de EE. UU. no ha recibido reportes de corrupción en los niveles más altos, aunque advierte: “estas reformas aún no han cambiado drásticamente la corrupción arraigada en los niveles más bajos y locales del gobierno”.

El documento se divide en 12 secciones e incluye apertura y restricciones a la inversión extranjera.

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Se destaca que el gobierno continúa promoviendo oportunidades de inversión y reformas para mejorar la competitividad. En febrero del 2021, representantes del gobierno y del sector privado firmaron un acuerdo de cooperación público-privada para implementar el Plan Guatemala Avanzando. En junio del 2024, el gobierno lanzó la Estrategia Nacional para la Atracción de Inversión Extranjera Directa, centrada en los sectores con mayor potencial.

Entre el 2021 y el 2024, el Congreso aprobó legislación económica clave como la ley de arrendamiento, reformas a la ley de zonas francas, una ley para simplificar requisitos administrativos, la ley de insolvencia, la ley de competencia, la ley de infraestructura vial prioritaria y la relacionada con seguridad portuaria.

Detalla el marco jurídico para invertir en el país. También se menciona que algunos servicios profesionales solo pueden prestarse por personas con credenciales académicas reconocidas localmente. Los notarios deben ser guatemaltecos. Las empresas extranjeras pueden ofrecer servicios profesionales autorizados mediante contratos con empresas guatemaltecas. Así lo observó el USTR en su informe de barreras comerciales de marzo del 2025.

Se recuerda que en el 2011, la UNCTAD realizó un Examen de Políticas de Inversión (EPI) sobre Guatemala, en el que se destacaron esfuerzos por liberalizar el comercio y reformar normas como la ley de contratación pública.

Sin embargo, el informe actual señala que, hasta abril del 2025, no se había avanzado en recomendaciones clave como mecanismos alternativos de resolución de disputas o tribunales especializados.

Trámites

Respecto de la facilitación de negocios, las empresas extranjeras constituidas localmente pueden usar la ventanilla de registro mercantil en línea, aunque el sistema no está disponible para todas. Desde abril del 2025, registrar una sociedad mercantil toma dos días hábiles, y una sociedad de responsabilidad limitada entre cuatro y seis. No obstante, si se requieren licencias del Ministerio de Ambiente, Agricultura o Salud, se añade un tiempo considerable.

Regulación o burocracia

En la sección sobre régimen jurídico se indica que las leyes fiscales, laborales, ambientales y de seguridad no obstaculizan directamente la inversión.

Sin embargo, persisten obstáculos burocráticos tanto para empresas nacionales como extranjeras, con trámites largos para permisos y licencias, así como en aduanas. Además, el sistema legal puede resultar confuso y las decisiones administrativas, poco transparentes. Se denuncian requisitos ambiguos aplicados de manera inconsistente por distintas dependencias y tribunales.

En esto trabaja el país, según Invest Guatemala

Juan Esteban Sánchez, director ejecutivo de Invest Guatemala, detalló avances y retos del país en esta materia.

Indicó que uno de los logros está relacionado con el grado de inversión, ya que portales internacionales colocan a Guatemala con un riesgo financiero menor al de países que ya lo poseen.

Otro aspecto es el diálogo permanente entre el sector privado y el Congreso para avanzar en legislación de competitividad.

También se trabaja con el gobierno para implementar leyes ya aprobadas, como la de simplificación de trámites administrativos.

Añadió que hay esfuerzos para identificar cuellos de botella señalados por empresas ya instaladas y otras que exploraron Guatemala, pero se decantaron por otros destinos.

Estas observaciones han llevado al sector privado a buscar medidas conjuntas con las autoridades para mejorar costos, logística y tiempos de respuesta.

Otro reto es extender las condiciones de inversión hacia departamentos y municipios. Para ello, se estudia un protocolo de atracción territorial y mecanismos para cerrar la brecha de talento y reducir trámites.

Finalmente, Sánchez resaltó la necesidad de mejorar la infraestructura vial y portuaria e impulsar leyes como la de puertos, reformas a la de alianzas público-privadas y la ley de mercado de capitales.

Sin embargo, esta cifra representa el 71% de los US$1,600 millones proyectados para el cierre del ejercicio fiscal, dato que se confirmará en abril próximo, ya que esta información se publica con un trimestre de retraso o más.

Para el 2024, se estima que Guatemala estará atrayendo US$1 mil 720 millones por concepto de IED, lo que significaría una tasa de crecimiento del 7.5% respecto al 2023, en caso de alcanzar los US$1,600 millones indicados.

¿Qué sectores atraen mayor capital?

Las estadísticas de la banca central indican que tres actividades económicas lideran la atracción de recursos, considerando que han mostrado un comportamiento dinámico en los trimestres anteriores.

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En actividades financieras y seguros, el monto reportado a septiembre del año pasado es de US$290.2 millones; industria manufacturera, US$272.8 millones; y comercio y reparación de vehículos, US$243 millones. Estos sectores en su conjunto suman US$806 millones, que equivale al 71% del total.

En el desglose, el sector de información y comunicaciones computó US$143 millones; otras actividades, US$82.5 millones; suministro de electricidad y agua US$46 millones; y explotación de minas y canteras US$32.8 millones.

Mientras que agricultura solo reportó capital fresco por US$14 millones; transporte y almacenamiento, US$6.7 millones; y las actividades de alojamiento y servicios de comida US$2.9 millones.

Por origen

El reporte oficial también hace una segregación por países de origen, y desde Centroamérica y República Dominicana se registraron US$441.6 millones que representa el 38.8%; y del resto del mundo, US$694.5 millones, o sea el 61.1%.

El principal inversionista en Guatemala a septiembre último es Estados Unidos con US$238.8 millones; México, US$185.2 millones; Luxemburgo, US$88.3 millones; Inglaterra, US$69 millones; y Perú, US$63.9 millones, que en su conjunto alcanzan US$645.2 millones del total, con una participación del 57%.

Al analizar las cifras, llama la atención de la parte de Centroamérica, ya que Panamá reportó US$348.5 millones; Honduras, US$53.7 millones; y Costa Rica, 25.4 millones, que en su conjunto hacen US$427.6 millones, o sea el 37.6%.

¿Fuga de capitales?

El documento “Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 2023” de la Comisión Económica para América Latina (Cepal) expone que el ingreso de flujos financieros se mantiene en un nivel relativamente estable, sostenido solo por la inversión directa, mientras que los demás rubros registran salidas netas en la región.

El organismo expone que la cuenta de capital y financiera de la balanza de pagos de América Latina presenta un superávit de US$126 mil 713 millones al primer semestre de 2023, lo que equivale a un 2.2% del PIB.

Tal como ocurrió en 2022, el saldo positivo de los flujos de capitales se explica por las entradas netas de inversión directa en la región, en tanto que la inversión de cartera y la partida correspondiente a otra inversión (en que se incorporan los créditos y depósitos transfronterizos, los derechos especiales de giro y los créditos comerciales) siguen reportando salidas.

La menor entrada de recursos financieros responde a la tónica que se ha observado a nivel mundial, caracterizada por una mayor percepción de riesgo, más volatilidad internacional y conflictos geopolíticos en distintas partes del mundo. A eso se suma de manera relevante el efecto que la persistencia de las tasas de interés elevadas en los países desarrollados tiene en la disponibilidad de capitales.

En el caso de Guatemala, la reciente coyuntura política ha modificado esa tendencia, aparte de que ha influido en las decisiones de los agentes económicos relacionados con el sector construcción: Los números indican que la ejecución del presupuesto para este ejercicio alcanzará el 96% o 96.5% que rondará los Q108 mil millones, pero la mayor parte de ese dinero (más del 60%) se destina al funcionamiento del Estado, por lo que las cifras de inversión son muy diferentes.

En la evolución del gasto de capital en ejercicios anteriores, es muy marcado el reporte en diciembre de cada año, con respecto al observado mensualmente. Por ejemplo, en diciembre del 2019 el monto fue de Q2 mil 544 millones; 2020 -año de pandemia- fueron Q3 mil 358 millones; en 2021, Q2 mil 399 millones; y en 2022 alcanzó los Q2 mil 983 millones.

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En el presente ejercicio el mayor monto de inversión registrada ocurrió en abril por Q1 mil 883 millones y el menor fue en enero, por Q902 millones.

Tendencia del gasto

En una entrevista con Prensa Libre, Edwin Martínez Cameros, ministro de Finanzas, informó que hasta el momento, la ejecución del gasto de inversión se encuentra en 78% que equivale a unos Q17 mil 133 millones, del monto total de Q21 mil 998 millones asignados.

Aclaró que todavía hay 30 días efectivos de ejecución, por lo que anticipa que el gasto mejore y se asignen los Q4 mil 865 millones restantes para liquidar la asignación del gasto de capital.

Entre las obras más destacables, el funcionario se refirió a la construcción de hospitales, escuelas e infraestructura vial, ya que el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) es el que más recursos absorbe en cuanto a inversión. Además, que se encuentran en su fase de construcción varios hospitales, centros y puestos de salud, así como escuelas, pero reiteró que lo más representativo es la infraestructura vial.

“Es importante que exista inversión en el gobierno, ya que el presupuesto representa el 10% del producto interno bruto (PIB) y la mayor parte del gasto de consumo es del sector privado, pero la inversión pública tiene un efecto multiplicador fuerte, no se detiene y siempre se están trasladando recursos, para que continúe y que es una fuente de empleo e ingresos para muchas personas”, manifestó el funcionario.

Informe del Banguat

En el segundo trimestre del 2023, el PIB trimestral tuvo un crecimiento del 3.8%, como resultado del incremento de componentes de la demanda interna tales como el consumo final de los hogares, consumo final del gobierno general e inversión, así como las importaciones de bienes y servicios, según el informe del Banco de Guatemala (Banguat) sobre la política monetaria a septiembre pasado.

Al medir el PIB por el destino de gasto, en el segundo trimestre se observó que hubo un incremento de 4.1% en el gasto de consumo privado, asociado a una mayor demanda de bienes y servicios de los hogares.

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En la parte de consumo del gobierno general, el informe detalla que se registró un incremento debido a las remuneraciones pagadas y a la ejecución en el rubro de bienes y servicios, por parte de la administración central, sobre todo en renglones -de gasto- relacionados con el mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común; mantenimiento y reparación de edificios; servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras.

El informe da cuenta que la inversión o formación de capital fijo aumentó 6.9%, asociado al incremento registrado del volumen importado de bienes de capital, en los que destacaron los destinados al transporte y la agricultura. También se observó una mayor construcción de edificaciones públicas, tales como centros educativos y hospitales, así como de edificaciones privadas, particularmente, bodegas, centros comerciales y oficinas.

Sin embargo, en el segundo trimestre del año, la actividad de construcción privada fue de 9.2% y es uno de los más altos registrados en ese periodo, con tiene una participación en el PIB del 5.7%.

Bloqueos afectaron la inversión privada

Para Fernando Estrada Domínguez, director de la Comisión de Estadísticas de la Cámara Guatemalteca de la Construcción (CGC), la serie de protestas que incluyeron bloqueos de carreteras durante tres semanas de octubre pasado, impactaron a las inversiones privadas en construcción y se pospusieron muchas obras.

Aunque reconoce que en el caso de la inversión pública ya se aceleró un poco más, es porque se trata de ejecutar la mayor cantidad presupuestada, antes de la transición de gobierno. “Eso no quiere decir que la inversión pública en infraestructura sea suficiente, pues el país necesita ese tipo de gasto de capital, aunque ha crecido en comparación con el año pasado por tratarse de un periodo electoral, el aumento y la capacidad de ejecución son muy pocos”, expuso.

En cuanto al desempeño del sector privado en la construcción, afirmó que durante todo el año se mostró dinámico y logró un crecimiento de hasta 9% en algunos meses, pero a partir de los bloqueos de octubre, se detectó una parálisis de la inversión y muchos empresarios decidieron posponer sus proyectos hasta 2024. “La incertidumbre afecta a la nueva inversión en el sector construcción”, afirmó.

Según el estudio “Impacto económico por bloqueo de carreteras en el sector construcción”, realizado por esa cámara, las empresas que resultaron más afectadas son las que se dedican a este tipo de actividad productiva, por la dificultad de obtener materiales y la imposibilidad de los trabajadores de presentarse a su lugar de trabajo.

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Por otra parte, los proveedores de materiales no pudieron realizar las entregas de pedidos programados durante las semanas que duró la crisis. De esa cuenta, el 90% de las empresas reportó retrasos o interrupciones en el suministro de materias primas o productos necesarios para sus operaciones.

El 87% de las compañías reportó que la totalidad de sus empleados tuvo dificultades para presentarse a su lugar de trabajo, mientras hubo ausencia parcial del restante 13%; el 38% expuso haber perdido clientes y un 62% indicó estar en constante comunicación con sus clientes para evitar perderlos.

Lo anterior repercutió en pérdidas monetarias, que se calcularon en montos desde Q200 mil hasta más de Q1 millón diario.

El sector de la construcción tiene una participación del 5.7% del PIB nacional y las pérdidas reportadas en estos días representan el 4% del PIB nacional medido de forma diaria. Además, se tuvo que incurrir en costos adicionales como transporte alternativo o almacenamiento, para mitigar los efectos de los bloqueos, calculados en Q30 mil diarios en promedio, por empresa, expuso la CGC.

El Índice de Confianza de la Actividad Económica (Icae) del sector privado señala que en agosto del 2023 el resultado fue de 43.97 puntos, el nivel más bajo en los últimos 12 meses.

El indicador está por debajo de la zona de expansión, que es de 50 puntos. En julio, se sitúo en 45.88, y en junio en 53.89, según el reporte oficial.

La función del Icae es medir la percepción de los agentes económicos en cuanto al clima de negocios, la economía y la inversión, y cuando está por encima de los 50 puntos hay una interpretación positiva en el desempeño de la actividad productiva, de confianza.

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El resultado obtenido en agosto se manifiesta en un período de transición política, cuando hay expectativas creadas por la llegada de nuevas autoridades, así como el inicio de la temporada de fin de año, cuando hay una mayor actividad productiva, sobre todo en los sectores de comercio, industria, finanzas y construcción.

No obstante, la proyección de crecimiento económico para el 2023 se mantiene positiva, en 3.5% como posición central, de acuerdo con las autoridades.

Reflejo político

Marcio Rolando Cuevas, vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria Guatemalteco-Mexicana, refirió que en todo el 2023, el proceso de las elecciones generales y la segunda vuelta presidencial siguió generando una inestabilidad social y política que incide en la economía, porque todos los actores económicos, de una manera u otra, está siendo afectados por la situación imperante en el país.

A su juicio, ello repercute en que los agentes económicos perciban que se reduce la posibilidad de que la evaluación económica se sitúe en terreno positivo, pues se sigue mencionando el tema de los comicios y la situación incierta en que se encuentra el partido electo, Movimiento Semilla.

Apuntó que de aquí a enero del 2024 se vislumbra inestabilidad política y un ambiente que genera cierta zozobra, lo que no brinda la certeza que necesita la actividad económica para retomar un curso positivo.

“En septiembre y octubre empieza la actividad comercial navideña, lo que podría revertir la tendencia, sobre todo para el sector comercio, por las importaciones de los productos para la temporada, que podría marcar una tendencia al alza del Icae, pero   los consumidores y los agentes económicos no están observando estabilidad político-social, lo que provoca incertidumbre y afecta al tema económico”, remarcó.

Roberto Santiago Servent, analista político independiente, coincide con Cuevas en que el resultado de agosto se debe al tema político-electoral, pues la incertidumbre de quién iba a ganar las elecciones genera una contracción de las inversiones, se detienen los proyectos nuevos y también el gasto innecesario de consumo.

Enfatizó que podría haber otras incidencias como una posible contracción económica, crisis financiera, reducción de costos que generaría desempleo, endeudamiento y recesión.

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El Banco de Guatemala informó sobre el comportamiento del índice mensual de la actividad económica, que en julio se situó en 4.4%.

Las actividades que tuvieron un mayor desempeño positivo fueron comercio y reparación vehículos, actividades financieras y de seguros, construcción, actividades inmobiliarias, actividades de servicios administrativos y de apoyo y agricultura.

Resultados precisos

El informe de la encuesta de expectativas económicas (EEE) al panel de analistas privados a agosto detalla que ocho de cada 10 consultados considera que el clima de negocios para las actividades del sector privado se mantendrá igual en los siguientes seis meses, mientras que 5.9% respondió que mejorará y un porcentaje similar dijo que empeorará.

De igual forma, el 70.6% considera que la economía no está mejor que hace un año y el 29.4% afirmó que sí. A la pregunta de si espera una mejora en la evolución económica del país en los siguientes seis meses, 76.5% dijo que no y 23.5% respondió sí.

Por último, el 82.4% afirmó que la coyuntura actual de las empresas en el país no es segura para efectuar inversiones y 17.6% de los encuestados respondió que es mal momento para invertir.

De acuerdo con el resultado, la confianza de los agentes económicos se mantiene en una franja de los 50 puntos, lo cual significa que, si el resultado se mantiene superior a esa cifra, es considerado aceptable; pero si está por debajo, no hay confianza en la economía (percepción) y en eso pueden influir diversos factores.

Por ejemplo, en enero este índice fue de 48.13 puntos, cuando se inició la convocatoria a elecciones generales; en febrero, 52.15% cuando la inflación (alza generalizada de precios en la economía) se sitúo en 9.92%; en marzo fue de 50.72 puntos; en abril, 50.27 puntos; en mayo, 50 puntos; en junio 53.89 puntos; y julio, 45.88 puntos, por debajo de la denominada zona de expansión.

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Las autoridades monetarias, expusieron esta semana en una citación en el Congreso, que la proyección de crecimiento económico para 2023 es de 3.5%, e igual porcentaje para 2024, como valor núcleo o central, mientras que la inflación se situó en julio en 4.93%, dentro de la meta programada.

Los resultados

Según el detalle de la EEE, a la pregunta, ¿Cómo considera que evolucione el clima de los negocios en los próximos seis meses en comparación con los últimos seis meses?, el 11.8% respondió que empeorará; 70.6% consideró que se mantendrá igual y 17.6% dijo que mejorará. En tanto, el 76.5% afirmó que la economía no está mejor que hace un año y el 23.5% aseguró que sí.

Además, el 64.7% expuso que no espera que la evolución económica del país mejore en los siguientes seis meses, mientras que 35.3% restante afirmó que sí. Finalmente, el 82.3% opinó que no está seguro de efectuar inversiones por la coyuntura actual; el 11.8% dijo que es mal momento; y solo 5.9% respondió que es buen momento.

Lo cual significa que…

Hugo Maul, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), afirmó que hay dos elementos importantes que se desprenden del reporte de julio: el primero es sobre la barrera psicológica de los 50 puntos, y lo que esa cifra revela es que si se está por encima es una respuesta más positiva que negativa y si se está por debajo, es que hay más respuestas negativas; y aunque se brinda información muy general, ese número conlleva una connotación importante y quiere decir que hay más personas que miran una perspectiva más negativa hacia futuro, de quienes lo está viendo de manera positiva.

En ese sentido, “simbólicamente los 50 puntos del Índice de Confianza de la Actividad Económica (lcae) es un punto de quiebre de las expectativas; hay un cambio de color y que el futuro no se ve tan blanco, sino negro. Lo más relevante, es que el indicador viene en caída constante desde hace siete meses, y se está acentuando un cambio de tendencia, luego de un periodo en el cual hace 24 o 12 meses, el índice mejoró y alcanzó máximos en 2022, pero ahora, de manera firme, el índice empieza a retroceder”.

A su criterio, si hay una tendencia de valores bajos, significa que hay un deterioro de las expectativas de manera constante y “darle vuelta” es algo que  tampoco puede ocurrir fortuitamente y se requieren acciones concretas, sostenibles y creíbles para poder recuperarlas. Y si nada cambia, no hay razón para que índice pueda mejorar de manera significativa en el corto plazo.

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El especialista opinó que los valores indicados están asociado al ambiente electoral, pues los últimos acontecimientos (judicialización de las elecciones) no se habían observado, lo que “en nada ayuda a cambiar las expectativas, alejar los miedos, fantasmas y temores en la población”.

Por otro lado, dijo que es muy natural que exista algún tipo de incertidumbre en la comunidad empresarial por el cambio de autoridades, pues puede haber cambios importantes en el manejo de la administración pública. A ello se suma la larga transición de un gobierno que va saliendo y uno entrante, más los problemas asociados a la infraestructura (hundimiento en Villa Nueva), en los puertos (APM Terminals- EPQ) y otros que generan una preocupación en la comunidad empresarial y no se sabe cómo terminará la situación.

En parte, eso se debería a que luego de los resultados de la primera vuelta electoral y las tensiones políticas generadas desde ese momento, Guatemala está en el radar de los inversionistas extranjeros, por el supuesto deterioro del clima de negocios.

Una nota de riesgo país les brinda a los propietarios del capital un panorama de los factores positivos y los de riesgo, por lo que los países compiten por lograr las mejores escalas. Y por otro lado, da una perspectiva a futuro inmediato (al menos de los siguientes 12 meses), que influyen en la toma de decisiones.

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Como está la región

A manera de contexto, hace algunos días, el Consejo Monetario Centroamericano (Cemca) con sede en San José, Costa Rica, publicó su último informe “Riesgo País”, que aglutina las calificaciones de riesgo y perspectivas de las principales fortalezas, retos y factores de sensibilidad para las economías de Centroamérica, Panamá y República Dominicana, región denominada CAPARD, con información de las agencias Fitch Ratings, Moody´s Investor Service y S&P Global Ratings.

En el desglose del informe se confirma que se realizaron revisiones y actualizaciones en las calificaciones de duda soberana y perspectivas de riesgo para Guatemala, El Salvador y Nicaragua. En los casos de Guatemala y El Salvador, las revisiones realizadas implicaron cambios en sus calificaciones, mientras que para Nicaragua mejoró la perspectiva.

Para Honduras, Costa Rica, República Dominicana y Panamá, no se llevaron a cabo revisiones ni modificaciones por lo que mantienen sus calificaciones y perspectivas reportadas.

El documento indica que las revisiones se realizaron considerando el desempeño de indicadores como evolución de la actividad económica, déficit fiscal, necesidades de financiamiento local y externo, los análisis de ratios de deuda pública versus PIB (producto interno bruto), intereses de deuda/ingresos fiscales e indicadores del sector externo, entre otros.

Posición para Guatemala

El informe del Cemca hace una evaluación para cada país de la región, y en la cual describe su posición, así como balances de riesgos al alza y a la baja. Puntualmente, la calificadora S&P hizo una revisión al alza en su calificación para Guatemala durante el segundo trimestre del año. Las calificaciones de crédito país son:

• Fitch: BB
• Moody´s: Ba1
• S&P: BB con perspectiva estable

Según el Cemca, para el alza en la calificación que llevó a cabo S&P, tomó como fortalezas crediticias la resiliencia de la economía y la estabilidad macroeconómica mostrada por el país. Resalta la posición externa, la moderada razón de deuda/PIB, así como la política monetaria.

Sin embargo, recuerdan que se requieren medidas adicionales para promover el crecimiento de largo plazo y disminuir el nivel de pobreza. Insisten en que el país cuenta con instituciones públicas aún en desarrollo y “en un entorno político desafiante que podría limitar la efectividad de la formulación de políticas”.

En la parte de indicadores, el informe precisa que el índice mensual de la actividad económica (Imae) para abril se sitúa en 3.33% (3.4% a mayo), gracias al dinamismo de la construcción, el sector inmobiliario, finanzas y seguros, industria, servicios administrativos, actividades de alojamiento y servicio de comidas. En tanto que la inflación, se ubicó en 4.93%.

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Además, indica que, como resultado de medidas para contener el traspaso de los precios internacionales, el resultado fiscal desmejoró en 2022 con relación a 2021 y alcanzó en -1.7% del PIB. No obstante, según el documento, la razón deuda/PIB disminuyó en el 2022 hasta 27.7% y la deuda pública total se situó en US$26 mil 75.3 millones.

El Cemca enumeró otros factores positivos observados en Guatemala: fortaleza del sector externo; bajo déficit fiscal; y manejo cauteloso de la deuda pública.

Sobre los factores de riesgo también hizo ver que una degradación en la calificación obtenida podría darse si el desempeño económico es peor que el esperado o si tensiones políticas inesperadas afectan la trayectoria de crecimiento de largo plazo del PIB de Guatemala.

Mientras que la calificación podría mejorar aún más, si hay un contexto político favorable y las medidas tomadas por el gobierno aumentan la confianza de los inversionistas y generan un crecimiento económico mayor a lo esperado.

Grado de inversión ¿Inalcanzable?

Con base en lo anterior, si bien Guatemala tiene una sana calificación e indicadores, ¿cuáles son los factores que le impiden alcanzar el grado de inversión?

Johny Gramajo Marroquín, gerente económico del Banco de Guatemala (Banguat), durante un foro que organizó la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham), explicó que hay dos factores: el primero es una brecha social que se refleja en bajos indicadores de desarrollo humano, en los que tiene mucho que ver la cobertura y calidad de servicios esenciales como la educación y la salud de la población. Por tanto, se requieren reformas estructurales que no son de corto plazo.

El segundo factor es una brecha estrictamente económica, en la que se incluyen temas como una infraestructura débil (carreteras, puertos y aeropuertos), que se debe mejorar para efectos de eficiencia económica, que al final genere una mayor productividad.

Trevor Estrada, profesor en finanzas de posgrado de la Universidad Mariano Gálvez e investigador del Centro de Investigaciones de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, va más allá y señala por lo menos cinco factores que impiden alcanzar ese grado de inversión:

• El deterioro y debilidad institucional de las entidades y órganos públicos.
• Bajo nivel de eficiencia y efectividad del gasto público.
• Rezago crítico en el desarrollo de infraestructura económica estratégica y clave para el país, que es inversión productiva y social.
• ·Necesidad de fortalecer la capacidad productiva y social.
• Escaso avance en la reducción de la pobreza y brechas sociales en la población.

¿Cuáles son los beneficios potenciales?

Ambos consultados enfatizaron que una calificación grado de inversión tendría una repercusión en lo micro y macro, aparte de un alcance para los sectores público y privado.

Por ejemplo, Gramajo Marroquín citó que todos los países necesitan recursos del exterior para funcionar, los que complementan los fondos locales. Y cuando un país obtiene un grado de inversión, puede acceder a un monto más grande por la vía de créditos internacionales, a un precio menor y a un plazo más largo.

Además, atrae flujos de inversión extranjera, con capitalistas institucionales más sólidos, brinda más confianza y estabilidad en las políticas financieras.

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Estrada destaca que un grado de inversión incrementaría la percepción favorable de los inversionistas locales y externos, brindando oportunidades al Estado para tener acceso a recursos más baratos, para financiar el gasto e inversión públicos. Inclusive, posibilitaría el refinanciamiento de la deuda pública, negociando a una tasa de interés más baja, lo que también beneficiaría al sector privado, al acceder a recursos más competitivos para sus inversiones y operaciones, lo que atraería al país a nuevos inversionistas de talla mundial.

Entonces, para lograr el grado de inversión en las notas de las agencias, hay que pasar por un camino que comienza por exhortar al nuevo gobierno democrático a que incorpore dentro de las metas de los siguientes años, que Guatemala alcance una calificación soberana de grado de inversión, para que forme parte del grupo de países latinoamericanos que ya la poseen, como Panamá, México, Perú y Chile.

Por otro lado, es importante hacer un llamado a los diputados, para que apoyen iniciativas de ley que impulsen esta meta, ya que traería más ventajas financieras, no solo al Estado, sino al sector privado y la población en general, a través de la generación de beneficios y ahorros financieros (públicos y privados).

Ya con un grado de inversión, si se llegara a alcanzar, también habría que mantenerlo. Para eso se necesitaría evitar que se siga erosionando la fiabilidad del sistema institucional, y cita como ejemplo lo que ha ocurrido en las últimas semanas con los resultados electorales, dado que eso puede afectar la reputación (imagen).

También perjudica la percepción de corrupción, ya que incrementa la desconfianza general de país. “Guatemala tiene avances que ha logrado a través de los años y los debe cuidar, no echarlos por la borda, en materia de su calificación de crédito”, concluyó Estrada.

Es innegable que la incertidumbre política influye en las decisiones de los inversionistas. En países en los que existen bolsas de valores desarrolladas y un mercado cambiario extenso, las elecciones pueden implicar la caída en los precios de las acciones o la devaluación del tipo de cambio, si las perspectivas son negativas. Lo contrario ocurriría si las perspectivas son positivas.

En el caso de Guatemala, las bolsas de valores aún son demasiado incipientes y no proveen ninguna información sobre el “ánimo” de los inversionistas, por lo que se debe examinar si efectivamente, la economía cae o se desacelera en los períodos electorales.

Cinco indicadores clave

La variable que tiene más peso dentro de la economía guatemalteca es el consumo, ya que representa el 89% del producto interno bruto (PIB). Lo que se observa en las últimas dos décadas  es que el consumo de los hogares guatemaltecos no tiene un patrón relacionado con las elecciones.

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El crecimiento promedio del consumo entre 2002 y 2022 fue de 3.9%, mientras que en los años electorales fue de 4.6%. En ese sentido, la “incertidumbre” de las elecciones no provoca que los hogares restrinjan su gasto.

Este es un resultado bastante congruente con la teoría. A los consumidores no les gusta tener fuertes oscilaciones en su consumo, sino que prefieren que sea relativamente estable en el tiempo. Por otra parte, pareciera que los hogares no anticipan “un apocalipsis” en cada proceso electoral, que les obligue a restringir su consumo.

La otra variable importante es la inversión. La teoría predice que esta es mucho más volátil que el consumo, debido a que reacciona fuertemente a la incertidumbre, entre otros determinantes. Y efectivamente, la inversión en Guatemala ha sido bastante volátil: en el 2009 cayó 13%, mientras que en el 2021 subió 19.8%.

Sin embargo, no parece haber un patrón relacionado con los eventos electorales. Entre 2002 y 2022 la inversión creció 2.8%, mientras que en los años electorales aumentó 3.3%.

Podría argumentarse que en año electoral los gobiernos invierten más en infraestructura para ganar votos, pero la inversión pública es relativamente pequeña comparada con la privada y, por tanto, no tiene un efecto tan significativo.

Si hacemos el análisis sólo de la inversión extranjera directa (IED), podría pensarse que habría una mayor correlación entre elecciones generales y el flujo de ésta, debido a que los inversionistas del exterior serían mucho más cautos que los locales. Lo interesante es que tampoco parece haber una correlación entre ambas variables.

Lo que se observa es una tendencia creciente entre 2008 y 2013, seguido de una propensión a la baja entre 2014 y 2020, que se logró revertir en los últimos dos años. En ese sentido, la IED no parece verse influida por la incertidumbre de los años electorales, sino por factores relacionados con la falta de competitividad del país.

El crédito al sector privado es otra de las variables que podría afectarse por las elecciones. Se esperaría que, ante contextos de incertidumbre, los agentes económicos pospondrían la decisión de endeudarse. Sin embargo, lo que nos muestran los datos de las últimas dos décadas, es que tampoco se ve un patrón de crecimiento ligado a las elecciones. El crédito al sector privado creció 11.7% en promedio entre el 2000 y el 2022, mientras que en los años electorales lo hizo en 13.4%.

Por último, es importante ver el comportamiento de la economía en general, a través del crecimiento del PIB. Como era de esperarse con el análisis de las variables anteriores, la economía de Guatemala parece totalmente “indiferente” ante los procesos electorales.

El crecimiento promedio del PIB entre 2002 y 2022 fue de 3.6%, mientras que en los años electorales fue de 4.2%. Es interesante notar que incluso en el año 2015, cuando las elecciones se desarrollaron en medio de un “terremoto” político, la economía creció 4.1%.

Los motivos

Una de las razones que podría explicar este resultado, es que los agentes económicos se acostumbran a “navegar” en entornos de inestabilidad e incertidumbre política, por lo que las elecciones son un tipo de riesgo más.

Las instituciones republicanas y democráticas de Guatemala son bastante endebles, pero la población sabe que es parte de la cotidianidad y por tanto, realiza sus actividades “a pesar” de esa realidad. Incluso los inversionistas extranjeros que vienen al país conocen el tipo de riesgos e incertidumbre que enfrentarán. Es parte de la capacidad de adaptación del ser humano.

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En los países que gozan de mayor solidez institucional y que brindan mayores certezas a los ciudadanos, las crisis políticas usualmente sí tienen un impacto en sus economías. Los agentes económicos están acostumbrados a la tranquilidad de sus sistemas, por lo que las crisis políticas les toman por sorpresa y pueden paralizar momentáneamente sus decisiones.

La segunda explicación es sobre el tamaño del Estado. Al ser relativamente pequeño como proporción del PIB, los resultados electorales no afectarían en gran medida el curso de la economía. La mayoría de los ciudadanos guatemaltecos esperan poco o nada del Estado, ya que no hay grandes esquemas de subsidio o de intervenciones como en otros países, lo que hace al Estado en un elemento poco relevante en la marcha de la economía. Es más, la mayoría de las personas realizan sus actividades económicas en la informalidad, al margen de las regulaciones.

Y por supuesto, la variable más importante para explicar la marcha de la economía guatemalteca en los últimos años son las remesas y éstas han crecido sostenidamente hasta representar casi el 20% del PIB, brindando estabilidad macroeconómica y resiliencia a la economía.

Finalmente, ¿Se vería afecta la economía guatemalteca en este proceso electoral? Todo parece indicar que no. Lo más probable es que el PIB crezca alrededor de 3.5% este año, similar al promedio de los últimos veinte años.

En todo caso, las variables más relevantes para explicar la marcha de la economía en el contexto actual son externas y no internas. Para la economía guatemalteca, esta será una elección más. Es parte de su adaptación y resiliencia.

Con el producto y/o servicio apropiado y en el mercado adecuado, los negocios en la región parece que son tierra fértil para aquellos que buscan comenzar o expandir sus actividades.

Las oportunidades son amplias, ya sea con un proyecto de comercio electrónico, un negocio local, una empresa mediana o una compañía de grandes proporciones, pues cada país cuenta con características específicas a considerar, antes de tomar la decisión final.

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Por ejemplo, Guatemala mantiene vigentes varios acuerdos y tratados comerciales con diferentes países de la región y es un factor importante, más no determinante, para pensar en un inicio de operaciones.

Chile busca socios

Diego Alberto Lechuga, director Comercial de ProChile en Guatemala, informó sobre el interés de 11 empresas chilenas que buscan realizar negociaciones con compañías guatemaltecas y buscan concretar alianzas en el corto plazo.

Según Lechuga, la apertura comercial de Chile y la gran cantidad de acuerdos de comercio vigentes han sido un motor de desarrollo relevante para el crecimiento del sector silvoagropecuario de ese país sudamericano, a través de la facilitación del comercio, mejor acceso a mercados y promoción, convirtiéndolo en un pilar para el desarrollo económico.

La diversidad geográfica y climática de Chile les ha entregado una gran experiencia a las diferentes empresas para enfrentar desafíos técnicos en otros mercados. Una estrategia para potenciar estos sectores es desarrollar alianzas dentro de la cadena de valor con proveedores que puedan complementar su oferta exportadora.

Algunos de los productos que tienen potencial, por lo que les interesa establecer alianzas comerciales con empresarios guatemaltecos son las semillas, biotecnología, envase y embalaje, entre otros, detalló Lechuga. Los insumos pecuarios corresponden principalmente a ingredientes y suplementos para alimentación animal y productos farmacológicos.

A diferencia de otros países que proveen al productor ganadero del alimento preparado, en Chile elaboran su propia fórmula, pero deben comprar los ingredientes y la oferta exportable corresponde a insumos para alimentación.

Durante el 2020 el país exportó a Chile US$94.7 millones e importó US$137.2 millones, según datos del Banco de Guatemala. El mayor intercambio comercial se encuentra en el rubro de industrias agropecuarias y extractivas.

Espacio para crecer en México

Elizabeth Alburez, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio e Industria Guatemalteco-Mexicana (Camex), compartió que más de 80 empresas mexicanas han invertido en Guatemala por un monto superior a los US$4 mil millones y de acuerdo con la Dirección General de Inversión Extranjera Directa de México, hay 43 empresas guatemaltecas establecidas en ese país, con una inversión acumulada de US$205 millones.

La ejecutiva opinó que los productos con alto potencial de crecimiento son los alimentos procesados y bebidas no alcohólicas, medicamentos e insumos médicos, materiales para la construcción y ferretería liviana.

Alburez compartió los principales pasos que un empresario guatemalteco debe tomar en cuenta para hacer negocios en México:

• Conocer las condiciones de acceso al mercado mexicano (regulaciones arancelarias y no arancelarias).
• Diseñar una logística de exportación, considerando el trasiego o cambio de cabezal que se requiere en la frontera.
• Adecuarse a la forma de hacer negocios con empresarios mexicanos. Verificar que la empresa está debidamente constituida.
• Adecuar su producto a las condiciones de mercado (presentación, características, etc.). Especialmente con el cumplimiento de normas de etiquetado para productos procesados, y determinar si existe alguna restricción por temas de inocuidad, como suele pasar con los productos frescos.
• Determinar correctamente el precio de exportación utilizando metodologías aplicadas internacionalmente para que el precio sea competitivo y genere la rentabilidad adecuada.
• Es importante conocer los requerimientos de manera integral, para garantizar el éxito de las negociaciones.

Aliados estratégicos con Colombia

En el caso de Colombia, se convirtió en el segundo país inversionista en el primer semestre del 2020, con US$70 millones en sectores estratégicos como energía eléctrica, banca y seguros.

Óscar Martínez Puentes, director de ProColombia para Guatemala, El Salvador y Honduras, comentó a finales del año pasado, que Guatemala es un país que acoge al inversionista, y Colombia se ha convertido en un mercado atractivo para empresarios locales que fortalecen el intercambio comercial.

En esa ocasión, afirmó que están trabajando en atraer mayor inversión en sectores como software, fintech, BPO, autopartes, alimentos procesados, centros de servicio compartidos, farmacéuticos y agroquímicos.

En el caso de empresas guatemaltecas en Colombia, los temas agroindustriales, tecnológicos y de construcción son los más relevantes.

Cierre de negociaciones con Ecuador

Ecuador y Guatemala concluyeron negociaciones para profundizar y ampliar el alcance del acuerdo comercial vigente desde el 2013 entre ambos países.

La ampliación del Acuerdo de Alcance Parcial permitirá que nuevos productos puedan ser comercializados libres del pago de aranceles, además de la posibilidad para entablar nuevos negocios entre las dos naciones.

Se podrán exportar textiles, manufacturas de aluminio y caucho, agroquímicos, aparatos eléctricos, muebles de madera, baterías eléctricas, aceites, productos de confitería, ron, jugos, frituras, hortalizas y frutas preparadas.

Las nuevas medidas de intercambio comercial, que sumarán más productos a los 593 que ya gozan de desgravación arancelaria, entrarán en vigor luego de que ambos países efectúen los trámites, añadió Edith Flores, viceministra de Integración y Comercio Exterior del Ministerio de Economía.

En 2020, Guatemala y Ecuador registraron un intercambio comercial por US$92.6 millones, y en el primer semestre de 2021 llevan US$76.1 millones. Los principales despachos son alimentos para animales, detergentes, jabones, productos farmacéuticos y agroquímicos.

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Adhesión de Guatemala al TLC con Corea del Sur

Guatemala busca retomar la adhesión al Tratado de Libre Comercio (TLC) que Corea tiene con el resto de los países centroamericanos. Para lograrlo, el Ministerio de Economía organizó una visita oficial que iniciará este 28 de septiembre en el país asiático.

La delegación guatemalteca se integra con el ministro de Economía, Antonio Malouf y la viceministra de Integración y Comercio Exterior, Edith de Molina, quienes estarán acompañados de representantes de diversos sectores productivos del país, entre ellos el vicepresidente de la entre ellos el vicepresidente de la Junta Directiva de Agexport, Gabriel Biguria.

“Cerrar el acuerdo con Corea, además de beneficiarnos en la parte de acceso a mercados, también puede significar aumentar la inversión coreana en el país en diversos sectores, especialmente en el de los electrónicos y, además, se abren oportunidades para nuevos negocios”, destacó Malouf.

El sector exportador guatemalteco estima que, al consolidarse este Tratado, permitirá que se exporten artículos de manufactura, agrícolas y acuícolas.

Guatemala exportó US$85 millones a Corea del Sur e importó de ese país US$248 millones. Entre los principales productos guatemaltecos que se enviaron al mercado asiático están: azúcares de caña, café oro, desperdicios y desechos de cobre y aluminio, así como plomo.

El país importa de Corea del Sur: colorantes, reactivos y preparaciones a base de los colorantes antes mencionados, vehículos, químicos de diagnóstico de laboratorio y látex, entre otros.

La Cámara Guatemalteca Coreana de Comercio refiere que, en los últimos 12 años, empresarios coreanos en Guatemala han invertido US$581.47 millones.

Acuerdo Comercial con Israel

Asimismo, con el cierre técnico de la Mesa de Acceso a Mercados, llevado a cabo recientemente por los equipos de negociadores de Guatemala e Israel, se abre el camino hacia la firma de un Acuerdo Comercial.

El siguiente paso en el proceso es resolver aspectos relacionados con los anexos de reglas de origen y asistencia mutua aduanera, así como la revisión legal de los textos y la firma del documento oficial. Después, el documento será presentado ante los respectivos parlamentos para su aprobación y posterior vigencia.

Así ven a Latinoamérica para hacer negocios

Por otro lado, según el Índice Global de Complejidad Corporativa (GBCI) 2020, elaborado por la consultora TMG Group, Brasil y Argentina se posicionaron entre las tres naciones más complejas a nivel mundial para hacer negocios, solo por debajo de Indonesia.

En contraparte, las diez jurisdicciones menos difíciles son: Mauricio, Islas Caimán, Irlanda, El Salvador, Países Bajos, Islas Vírgenes Británicas, Dinamarca, Jamaica, Estados Unidos y Curazao, en ese orden.

El GBCI, que se entrega de manera anual, estableció que, de los 77 países analizados, entre los diez más complejos del mundo, seis son latinoamericanos, siendo Brasil, Argentina y Bolivia los que ocupan el segundo, tercero y cuarto puesto respectivamente; Nicaragua y Colombia el séptimo y sexto; y Ecuador el décimo. México se ubica a solo tres lugares después y Guatemala ocupa la posición 32.

El documento dado a conocer por parte de la entidad especialista en servicios de contabilidad, nómina e internacionalización para empresas, determinó que el informe se vio “eclipsado por la desestabilización económica y social masiva causado por el covid-19”.

Lo anterior, basado en que “muchas empresas tienen que navegar por aguas desconocidas y han tenido que abandonar sus planes de inversión, cancelar asesorías y dejar de pagar dividendos ante caídas dramáticas de la demanda. Las consecuencias del Covid-19 para las reglas corporativas y para el comercio internacional siguen sin estar claras”, determinó el informe.

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La empresa exportadora de atún aumentará su capacidad de producción para hacer frente a la demanda venidera, sobre todo a España, a donde se destina el producto.

Con la nueva inversión y la capacidad instalada se espera pasar de exportar de la materia prima, en promedio de US$100 a US$150 millones anuales para los siguientes años.

La planta procesa tres líneas: lomo de atún crudo, cocido, harina y aceite de pescado, con un total de inversión de US$4 millones —unos Q31 millones—, de las cuales las primeras dos se habilitaron ayer.

La planta se encuentra en el kilómetro 97 de la autopista a Puerto Quetzal, Escuintla.

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Guillermo Rodríguez Mahuad, director gerente de Rianxeira, declaró que con la ampliación de las naves industriales la capacidad aumentará de tres mil toneladas de pescado a cinco mil 500 toneladas de producción de los lomos como de almacenamiento.

Precisó que hay un pedido de aumento de la materia prima en las dos presentaciones: en el crudo, en la cual pasa por un proceso de la retirada de la piel en una línea de producción, y el cocido, el atún, ya queda listo para ser envasado.

La inversión, de US$2.5 millones —Q19.2 millones—, consistió en ampliar el área de producción de lomo de atún y en la construcción de un módulo frigorífico de almacenaje de última generación.

El mayor porcentaje del capital se destinó para el cuarto frío, a fin de mantener en almacenaje  el atún cuando descargan en el muelle de la Empresa Portuaria Quetzal.

Procesamiento

La tercera inversión consiste en la renovación de los equipos para producir harina y aceite de pescado siempre instalados dentro del complejo industrial.

En esa sección se invertirán US$1.5 millones -Q11.5 millones- para adquirir una secadora industrial y producir los derivados.

La harina y aceite se producen con los desechos del pescado que se procesa en la planta, así como de la recolección y compra a pescadores artesanales de la zona.

Ahí se manufacturan subproductos luego de la limpieza del atún, como viseras, cola y careta entre otros desperdicios.

Rodríguez Mahuad, manifestó que la harina de pescado y aceite se utiliza para concentrado de animales, sobre todo para ganado bovino por el alto porcentaje de proteína que cuenta.

Las nuevas máquinas estarían en operación en septiembre próximo, y también pretende aumentar los volúmenes de esos subproductos.

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En el acta, se informó que se rechazó las ofertas presentadas por las empresas Tecuntrac, S.A., que ofertó Q461.5 millones y Construcciones Integrales Avanzadas, S.A., por Q479.8 millones.

El evento fue publicado el 31 de diciembre del 2020, y el cierre de recepción de ofertas fue el 17 de febrero.

En su oferta la empresa Supervisión, Construcción y Mantenimiento, S.A., indicó como tiempo de entrega final, 547 días calendario, cuyo representante legal, según Guatecompras, es Alejandro Matheu Escamilla.

La EPQ es el principal puerto de Guatemala por su movimiento de carga anual.

En 2020 EPQ tuvo una caída en el movimiento de carga marítima de -7.8%, y transportó 12.4 millones de toneladas, menor a las 13.4 millones del 2019, según las estadísticas.

El sistema portuario nacional movilizó 27 millones 228 mil toneladas métricas, menor a los 27 millones 984.9 toneladas del 2019, lo que representó -2.7% en 2020.

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El Icae cerró en el 2020 por debajo de la zona de expansión que es de 50 puntos, es decir, que entre más alto es ese indicador, los empresarios tienen más confianza en la economía, y entre menor es esa referencia, significa que no hay confianza para invertir.

La confirmación de que la economía decreció -1.5%, los daños causados por el paso de las tormentas Eta e Iota, mientras que, en el plano político, no se aprobó el proyecto de presupuesto para 2021 y continuaron las jornadas de protesta de renuncia al binomio presidencial.

Por otro lado, se informó que el Índice Mensual de la Actividad Económica (Imae), mostró una recuperación en positivo de 1.3% en octubre, y una recuperación del 6% del envío de las remesas familiares.

Recuento

Durante el 2020, el Icae inició con un primer trimestre por encima de los 50, pero fue precisamente en abril cuando cae a 32.64 puntos que fue el valor más bajo en los últimos dos años y por cuatro meses consecutivos se mantuvo débil. Fue hasta septiembre cuando se recupera a 53.38 puntos y octubre con 52.24 puntos.

Por la emergencia sanitaria, hubo disposiciones presidenciales que mantuvieron restricciones de movilización y horarios, que fueron la principal causa que influyó en las decisiones para los empresarios e inversionistas.

Visualizan mejora

Por otro lado, para los siguientes seis meses y con la llegada de la vacuna a Guatemala, que, según las autoridades del Ministerio de Salud, podría ser en febrero, los tomadores de decisiones prevén una mejora en la confianza.

El 50% de los consultados por el Banguat respondió que mejorará el clima de negocios para las actividades productivas comparado con los últimos seis meses, mientras que otro 43.8% dijo que se mantendrá igual y 6.3% empeorará.

El 100% de los empresarios encuestados confirmó que la economía no está mejor que hace un año.

Mientras que siete de cada 10 consultados dijo que la economía mejorará en los siguientes seis meses y tres de cada 10 opinó que no.

Finalmente, el 50% aseveró que no es buen momento para efectuar inversiones por la coyuntura actual, 18.8% mencionó que es buen momento y 31.2%, que es un mal momento.

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Si el Congreso no aprueba el proyecto, se tendría que indemnizar a la firma que ganó el concurso que llevó a cabo la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie). El monto estimado de la indemnización rondaría los Q30 millones.

Sandro Testelli, presidente de Marhnos Guatemala, explicó que la obra tiene una inversión estimada de Q960 millones.

“Vemos que hay buenas actitudes de algunos legisladores y otros que mantienen las dudas y lo que estamos tratando de hacer es aclarar estas dudas de cómo funciona una APP y que todos tenga la misma información y con esos datos decidan desde su óptica cual es la mejor premisa”, subrayó el ejecutivo en conferencia de prensa al dar a conocer el estatus del proyecto que tiene 44 kilómetros.

Dos caminos

Comentó que están conscientes de que se puede perder el proyecto –al no aprobarse por el Congreso– y reiteró que están las dos vías: seguir adelante con la obra o por algún motivo la no aprobación del contrato y caer en la indemnización.

Testelli dijo que el riesgo que han observado es no contar con la autopista y pagar la indemnización, que es el peor de los escenarios, aunque aclaró que es una decisión que le compete al organismo Legislativo.

Dijo que se cree que el proyecto es una buena señal bajo el esquema de APP para los inversionistas extranjeros, “ya que Guatemala necesita 20 mil kilómetros de infraestructura y no 40”.

Reiteró que el caso de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal no hay que verlo como un proyecto si no como un mecanismo para hacer infraestructura, marcará la señal para los próximos años para la creación de infraestructura, que en este caso se convertirá en el principal brazo logístico de Centroamérica.

Por ese tramo circula más del 50% de las importaciones y exportaciones de Guatemala.

René Muñoz Barnoya, director de Asuntos Corporativos de Convía, añadió que, por el monto de inversión estimada, y el impacto de empleo que se generará, es un motor para reactivar la economía, golpeada por los efectos del coronavirus y recientemente por la tormenta Eta e Iota.

La banca local estaría financiando la ejecución del proyecto, si se concreta.

El pasado 4 de noviembre la Corte de Constitucionalidad ordenó al Congreso conocer la tercera lectura del contrato, que, por ley, deberá conocerlo.

A casi 40 días para la llegada de nuevas autoridades los tomadores de decisiones mantienen mejores horizontes.

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En noviembre el Icae se ubicó en 58.16 puntos y subió con respecto a octubre cuando fue de 52.92 puntos.

En ambos meses, el indicador está por encima de los 50 puntos que es considerado como la zona de expansión, es decir, que hay mejores expectativas en la producción nacional.

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Sin embargo, desde enero del 2018 hasta septiembre, el indicador estuvo por debajo de los 50 puntos, lo que significó que había menos confianza en la economía y que afectó el clima de negocios.

El Icae es un instrumento que emplea el Banco de Guatemala (Banguat) para medir la percepción de los agentes económicos en el clima de negocios y la inversión.

“Era de esperase”

Todo indica que la mejora de la percepción en la economía por los tomadores de decisiones está atribuida al ambiente político sobre todo de los resultados electorales de agosto pasado que dieron ganador a Alejandro Giammattei Falla como presidente y a César Guillermo Castillo Reyes, como vicepresidente, explicó Emilio Ruiz, analista de la Asociación de Investigación de Estudios Sociales (Asíes).

“Es un segundo semestre que concluye con la incertidumbre política y brinda ahora certidumbre con los resultados de las elecciones generales”, comentó el analista político.

Ruiz manifestó que los agentes económicos también han reaccionado por el perfil ideológico de Giammattei, y su vicepresidente Castillo Reyes por la trayectoria en la Cámara de Comercio de Guatemala y el nombramiento del ministro de Economía, Antonio Malouf, que viene del sector exportador y textil.

“Era de esperarse esta sensación de confianza en la economía por los empresarios consultados”, afirmó Ruiz.

Por su parte Eduardo Girón, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), expresó que hay un ambiente con mayor nivel de confianza desde julio, que es producto de la temporada electoral y el resultado de las elecciones.

No obstante, dijo que ese optimismo o expectativas sigue siendo perjudicado por la incertidumbre jurídica de fallos constitucionales.

Resultados

Mientras tanto, la Encuesta de Expectativas Económicas (Eee) al Panel de Analistas Privados a noviembre detalla que el 52.9% de los consultados opinó que se mantendrá igual para los siguientes meses la evolución del clima de negocios; un 35.3% consideró que mejorará y 11.8% que empeorará.

Además, el 70.6% consideró que la economía no está mejor que hace un año y el 29.4%, aseguró que sí.

El salto más significativo es en la pregunta sobre la evolución de la economía para los siguientes seis meses, ya que el 75% de los consultados afirmó que sí (con un nuevo gobierno) y el 25% dijo que no.

A la misma pregunta, pero en octubre, el 56.3% respondió que sí y el 43.7% dijo que no.

Finalmente, el 64.6% de los consultados expuso que no está seguro de efectuar inversiones, el 17.7% dijo que es buen momento, y el 17.7%, respondió que es mal momento.

Transición

Para el ministro de Economía, Acisclo Valladares Urruela, los resultados de ambas encuestas se deben a que se está desarrollando un proceso de transición política ordenado y que está brindando las señales de continuidad para los agentes económicos.

Recalcó que, de acuerdo con los últimos pronósticos del Banguat, la economía estaría creciendo este año en 3.5%, en medio del período electoral.

“Hay un impacto en la percepción de los tomadores de decisiones y las señales de confianza entre el sector público privado en este proceso de transición”, aseguró.

Curva de aprendizaje

Ruiz advirtió de que las nuevas autoridades podrían tener un primer semestre de gobierno complicado en cuanto al manejo de las finanzas, ya que deberán entender y conocer la administración pública y los procesos de compra y adquisiciones.

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“Tendrán una curva de aprendizaje y luego que no se aprobó el presupuesto tendrán problemas de ejecución y deberán acudir al Congreso para realizar las modificaciones al plan de gasto”, consideró el analista.

Indicó que el ritmo de ejecución se estaría normalizando en el segundo semestre del 2020, pero con un primer semestre muy complejo por las readecuaciones.

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Inversionistas colombianos en el sector eléctrico presentaron un reclamo al Estado de Guatemala que fue admitido por el Ministerio de Economía (Mineco) y la Procuraduría General de la Nación (PGN).

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El expediente es una notificación de solución de controversia, el cual según el referido capitulo, tiene un procedimiento a seguir, inclusive hasta un arreglo amistoso entre las partes.

Causas del reclamo

El ministro de Economía, Acisclo Valladares Urruela, confirmó que se trata de una intención de litigio en el sector energético, que, en este caso, coincide con otros reclamos similares.

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La notificación de controversia fue promovida por el Grupo de Energía de Bogotá, según se confirmó en la PGN.

El ministro declaró que es la casa matriz de empresas que operan en Guatemala.

“Hay intenciones de que exista un litigio más contra Guatemala en el tema energético, principalmente que es una repetición de los mismos temas que surgen en reclamos en el tema de SAT con un componente impositivo y el cargo que se conoce como VAD en materia energética”, afirmó el funcionario.

Básicamente las reclamaciones ocurren sobre esas dos prácticas, reiteró el funcionario, al ser consultado sobre la controversia.

El VAD es el valor agregado de distribución que fija la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE).

“Ellos establecen observaciones en el VAD y hay un tema de interpretación impositivo”, mencionó Valladares Urruela, quien confirmó que se trata del primer caso de controversia invocando el acuerdo comercial.

Dijo que están en la mejor disposición en llegar a un arreglo amistoso, que lo establece el capítulo, pero al tratarse de una reclamación, también están dispuestos a llegar hasta el final haciendo la debida defensa.

El expediente fue conocido por la Dirección de Administración de Comercio Exterior (Dace) que es la administradora de los TLC.

En los siguientes días, la Comisión Interinstitucional de Apoyo a Procesos de Arbitraje estaría conociendo el expediente.

Devolución

Manuel de Jesús Mejicanos, intendente de Asuntos Jurídicos de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), expuso que antes de acudir a una instancia de demanda internacional o de solución de controversias contra el Estado, se debe acudir a varias instancias y contar con la anuencia y los puntos que se establecen.

El intendente explicó que esta compañía realizó pagos indebidos, que es uno de los objetivos de la controversia.

Es decir, la empresa ejecutó pagos de más a la SAT y si hubieran realizado el procedimiento se le devuelven los montos que se liquidaron, afirmó Mejicanos, sin acudir a la notificación de controversia.

“Era un trámite que se tenía que hacer y es uno de los tantos puntos de la reclamación”, aseveró el intendente.

Los pagos de más, que pueden ser millonarios, no se debieron ejecutar, indicó el funcionario, ya que en el tema tributario se le conoce como un “pago en exceso” o “pago indebido”, por lo que se debe de hacer una gestión ante la SAT para la respectiva devolución. El caso se presentó en el ejercicio fiscal 2017.

Ruta legal

El diputado Amílcar Pop afirmó que en los TLC existen los arreglos amistosos y Guatemala ya tiene un recorrido en los arbitrajes internacionales y en los laudos arbitrales en los cuales se han sometido.

Las demandas también corren el riesgo de perderse si no se agotan los distintos régimenes arbitrales y establecido en los TLC, apuntó el legislador, pero a la vez el Estado debe establecer los mecanismos de defensa.

“El tema de fondo es que se discute el pliego tarifario, las condiciones económicas y ganancias del mercado centroamericano, que ofrece grandes ventajas y que ha sido de capital colombiano”, recordó Pop.

Flujos

Del 2007 al primer semestre de este año la inversión extranjera directa (IED) de Colombia es de US$1 mil 427 millones y figura dentro de los primeros cinco países de origen.

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Las cifras globales de inversión en el sector electricidad (totales) suman US$2 mil 328 millones en ese período. Solo en el primer semestre, Guatemala atrajo inversión por US$41.8 millones.

Estatus

La Procuraduría General de la Nación informó que se conocen varios procesos de reclamos contra el Estado de Guatemala en distintas etapas en la parte de arbitraje, así como intención:

Caso                                                                                      Estatus

• Teco Guatemala Holdings                                                     Activo (nueva sumisión)
• Iberdrola Energía, S. A                                                           Activo
• IC Power Asia Developtment LLCC                                        Activo
• Daniel W. Kappes y Kappes, Cassiday & Asociados               Activo
• Group Martitim TCB S.L                                                         Intención
• Estrella Coöperatief B.A.,                                                      Intención
• Fuente: PGN

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El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) trabaja de la mano de autoridades guatemaltecas para apoyar los proyectos de infraestructura bajo la sombría de la ley de  Alianzas Público Privado (APP).

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Carlos N. Melo, representante de ese organismo multilateral en Guatemala, confirmó ayer que han diseñado un programa de asistencia técnica y consultoría a la Agencia Nacional para Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie), para el diseño de la licitación nacional e internacional de diferentes proyectos.

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Explicó que mantienen operación a los programas de inversión de cada obra, ya que cada una es muy específica para hacer licitaciones, requerimientos y concursos.

De momento, dijo, trabajan en el avance del Metro Riel —sistema de transporte masivo en la ciudad capital—, brindando apoyo técnico para una posible   licitación en el futuro.

“Los proyectos deben cumplir ciertos criterios, indicadores, para que sea el punto adecuado para la realización de esta herramienta, pero hay un menú de herramientas que se pueden utilizar”, indicó el ejecutivo.

Explicó que la idea es acompañar e identificar los proyectos, para generar las herramientas que busca el sector público, con el objetivo de generar mayor valor a las inversiones públicas en las que se aplica, y eficiencia del sector privado en su gestión.

Cartera

Melo dijo que la institución cuenta con una línea de crédito para fomentar el desarrollo de las APP para los países y que están destinadas para los agentes privados, que asumen los riesgos, sin la garantía soberana, contrario a otras operaciones que se hacen con los gobiernos.

A esa división se le conoce como ventanilla BID-Invest, que ha financiado obras en varios países de Latinoamérica en modelos como concesiones y alianzas público-privadas.

Según ese organismo, los países que cuentan con mayores avances y experiencia en APP son México, Colombia, Brasil y Perú, en proyectos con plazos de 20 a 30 años.

Además, la mayoría de las obras está relacionada con infraestructura vial, transporte masivo de personas, terminales portuarias y energía eléctrica.

Melo reiteró que, en el caso de Guatemala, hay recursos disponibles y serán los agentes privados los que pueden acudir para poder financiarse.

El Congreso discute la aprobación del primer contrato de la APP, que es la autopista de Escuintla hacia Puerto Quetzal.

Por ley, el Legislativo debe aprobar este contrato, que tiene una inversión —privada— proyectada de unos Q600 millones.

René Muñoz, vocero del Consorcio de Autopistas de Guatemala, confirmó que han tenido acercamientos con el BID, sin embargo, hasta que el contrato mencionado sea aprobado por el Congreso estarían profundizando en lograr alguna operación con esa entidad.

Portafolio de inversión

En la propuesta del proyecto de ingresos y egresos para el 2020 se presentó la cartera de proyectos de APP para Guatemala.

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Los proyectos planteados son Metro Riel, Modernización del aeropuerto La Aurora,  Sistema de transporte público masivo, Centro administrativo del Estado, Vía exprés Nororiente y puerto Intermodal Tecún Umán II, San Marcos.

Es la primera vez que estas iniciativas se incluyen en el proyecto del presupuesto para que el Congreso las apruebe.  Algunos diputados han cuestionado esta modalidad, al considerar que ese organismo no fue tomado en cuenta en discusiones previas.

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El ejecutivo consideró que las inversiones de largo plazo existentes en el país, sobreviven “a estos ciclos políticos electorales”, por ser previamente establecidos.

“Se debe esperar para saber cuál será la política del nuevo gobierno y la política de promoción y protección a nuevas inversiones”, puntualizó Carrasco.

En ese sentido, coincidió Pelayo Llarena, presidente de la Cámara Guatemalteca de la Construcción (CGC), quien indicó que los proyectos no se “apagan y se encienden de un día para otro”, por lo tanto deben continuar, de lo contrario, dijo, “serían pérdidas millonarias”.

Al referirse a nuevas construcciones indicó que “es de pensarlo por el momento”, concluyó Llarena.

macroeconomía

Nils Leporowski, presidente de la Cámara del Agro (Camagro), destacó la necesidad de mantener la buena estabilidad macroeconómica del país.

Rodrigo Tilve, consejero económico y comercial de la Embajada de España, agregó que aspectos como desarrollo del capital humano, tamaño del mercado o grado de apertura de la economía al exterior también influyen en las decisiones de inversión.

“La creación de la unión aduanera entre Guatemala y Honduras despierta el interés de empresarios españoles, pues conlleva una ampliación del mercado consumidor con muy buenas perspectivas de crecimiento”, enfatizó Tilve.

Roberto Barrera, experto en el tema energético, informó que ve un riesgo en la minería, porque son inversiones en arriendo.

“Les afecta porque se cotizan en bolsas de valores y esas noticias tienen un efecto importante en el valor de las acciones porque lo ven como un riesgo político”, advirtió.