David García: cuál fue la trayectoria política del concejal de Quetzaltenango que murió en ataque armado

El concejal titular cuarto de Quetzaltenango, David García, murió en un ataque armado el 6 de noviembre. García presidió e integró distintas comisiones municipales.

Hedy Quino y Lucero Sapalú

7 de noviembre de 2024 | 12:19h

Compartir en Facebook

Compartir en X

Compartir en LinkedIn

Compartir en Whatsapp

Copiar enlace

Guardar artículo

El concejal cuarto, David García, perdió la vida en un ataque armado directo. (Foto Prensa Libre: Facebook Municipalidad de Quetzaltenango)

En la noche del miércoles 6 de noviembre en la zona 1 de Xela, fue atacado a balazos el concejal titular cuarto de la Municipalidad de Quetzaltenango, David Armando García Camacho, donde perdió la vida.

Según las investigaciones, se presume que el ataque directo en contra de García Camacho fue por un “ajuste de cuentas”, y que estaría ligado a los cargos que ostentó a lo interno del concejo municipal en el 2023.

Perfil político

David Armando García Camacho fue reelecto como concejal titular de la comuna de Xela con el Partido Humanista de Guatemala (PHG), en las elecciones generales 2023.

García Camacho se mantuvo en la comuna de Quetzaltengo por el Partido Humanista, pues en las elecciones del 2019 también se postuló con la misma agrupación política y en esa ocasión fue electo como concejal titular tercero.

EN ESTE MOMENTO

Universidades cambian a decanos antes de la convocatoria de postuladoras para TSE y MP

Caso Melisa Palacios: las cuatro claves del nuevo intento de Fernanda Bonilla para apartar a la jueza Carol Berganza

El Partido Humanista es la misma organización con la que se reeligió el alcalde de Xela, Juan Fernando López Fuentes, en 2023; en las elecciones del 2019 también se postuló con dicha agrupación.

García Camacho fue el hombre de confianza del jefe edil, quien presidió e integró distintas comisiones municipales, en las cuales el alcalde y los otros miembros del consejo municipal lo designaron.

Cuotas de poder en la Municipalidad de Xela

El concejal titular cuarto, David Armando García Camacho, formó parte de varias comisiones del concejo municipal 2024.

• Presidente de la comisión de Fortalecimiento municipal, descentralización y participación ciudadana
• Presidente de la comisión de Drenajes
• Presidente de la comisión de Pueblos Indígenas
• Presidente de la comisión de Cultura, Educación y Educación Bilingüe
• Titular primero de la comisión de Energía eléctrica
• Titular primero de la comisión de Comunicación
• Titular primero de la comisión de Familia, mujer, niñez y proyección social
• Titular primero de la comisión de Urbanismo y ordenamiento territorial
• Titular primero de la comisión de Construcción Privada y Vivienda
• Titular primero de la comisión de Infraestructura
• Titular segundo de la comisión de Riesgos y seguridad
• Titular segundo de la comisión de Desarrollo y conservación de Centro Histórico

Además, fue nombrado presidente de la comisión que estuvo a cargo de la Xelafer 2024, festividad para la que se designó alrededor de Q5 millones.

García Camacho, solo en septiembre de este año recibió Q21 mil 847.16 en pago de dietas, según el informe mensual de la muni de Xela.

¿Cuál es la importancia de las comisiones?

De acuerdo con el Código Municipal, las comisiones de la Familia, la Mujer, la Niñez, la Juventud, Adulto Mayor o cualquier otra formada proyección social, las municipalidades deberán asignar un presupuesto no menor del 0.5% de los ingresos recibidos del situado constitucional.

Las comisiones presentarán al concejo municipal, por intermedio de su presidente, los dictámenes e informes que les sean requeridos con relación a los asuntos sometidos a su conocimiento y estudio; así como también propondrán las acciones necesarias para lograr una mayor eficiencia en los servicios públicos municipales y la administración en general del municipio, según el Código Municipal.

Cuando las comisiones del concejo municipal lo consideren necesario, podrán requerir la asesoría profesional de personas y entidades públicas o privadas especializadas en la materia que se trate.

En la modificación del artículo 10 referente a infracciones, la municipalidad podrá imponer sanciones por el incumplimiento del presente acuerdo.

Explica que la Dirección de Servicios Públicos como encargada de velar por el cumplimiento de esta disposición, tendrá la facultad para efectuar acciones antes de enviar el expediente respectivo al Juzgado de Asuntos Municipales y de Tránsito.

Advierte que quien incumpla con lo estipulado será sancionados con multa que deberá regularse entre Q500 a Q2 mil 500 y cierre provisional de cinco días.

LE PUEDE INTERESAR

Video: trabajadores de Fegua llegan a vacunarse en tren y sorprenden a transeúntes

Si fuera reincidencia, el doble de la multa y cierre provisional de 10 días y; si cometiere una tercera falta será enviado al Juzgado de Asuntos municipales y de tránsito.

El juez de Asuntos Municipales y de Tránsito de conformidad con lo que establece el Código Municipal, podrá imponer multas que se graduarán de conformidad con el artículo 151 para los establecimientos comerciales dedicados a la reparación y mantenimiento de vehículos, que incumplan con las regulaciones del presente acuerdo.

Lea también: Carretera de Ixcán, parte de un proyecto del gobierno de Giammattei, sigue colapsada y afecta a unas 45 comunidades

Las sanciones contempladas anteriormente no tendrán orden de prelación y podrán ser impuestas en forma discrecional por el Juez de Asuntos Municipales y de Tránsito atendiendo a la magnitud o gravedad del caso concreto. Esta nueva disposición de la comuna entre en vigencia este miércoles 29 de septiembre.

Tarifa para los establecimientos

La comuna de Mixto también modificó el artículo 3 en relación con la tarifa para los establecimientos. El pago es mensual, informó la comuna.

DE SU INTERÉS

Dos supuestos narcos son capturados y decomisan miles de plantas de marihuana

Tuilpó es el caserío 51 deL municipio que está conformado por un cantón, 21 parajes, 21 aldeas un sector.

De acuerdo con la comuna, los vecinos presentaron al Concejo el expediente con los requisitos mínimos para cambiar la categoría de la comunidad.

Según el Código Municipal un caserío se conforma con una población promedio de 2 mil a 3 mil habitantes, debe tener un índice de alfabetismo del 10 por ciento de su población, contar con viviendas formales, calles, red de drenajes para aguas pluviales y negras, red de agua entubada y un tanque, además las calles deberán contar con alumbrado público.

Tuilapó pertenece a la aldea Antiguo Tutuapa y según la comuna seguirá perteneciendo a la misma aldea, pero el comité de vecinos que promovió el cambio de paraje a caserío detalló que esperan que la población aumente y trabajarán para mejorar los servicios y a mediano plazo solicitar un nuevo cambio de caserío a aldea.

Concepción Tutuapa tienen una población de 68 mil 184 habitantes, según el Censo 2018.

A partir de noviembre el paraje oficialmente se denomina caserío Tuilapó, aldea Antiguo Tutuapa, Concepción Tutuapa, San Marcos.

Los pobladores de Tuilalpó pertenecen a la etnia Mam, son productores de maíz, frijol, trigo, papa, maní, aguacate, durazno, granadilla y lima.

En la actualidad en Tuilapó se construye un salón comunal con fondos municipales, la inversión será de Q599 mil 375 mil y la obra está a cargo de la empresa Coinpro.

Contenido relacionado

>Sandra Torres se niega a ser evaluada por especialistas del Inacif

>Sandra Torres es ligada a proceso por no reportar más de Q5.9 millones al TSE

>Exfiscal acusa a María Consuelo Porras de obstruir caso para favorecer a Sandra Torres

Esa situación se da porque el Código Municipal deja a criterio de los concejos la fijación de dietas por asistencia a sesiones y no contempla límite de reuniones al mes.

La norma indica que los cargos de síndicos y concejales “son de servicio a la comunidad” y el pago de dietas será cuando “la situación financiera lo permita y lo demande el volumen de trabajo”.

Una peculiaridad es que el secretario municipal, aunque no es electo de forma democrática, integra el concejo, sin derecho a voto, y cobra dietas.

El más oneroso

El Concejo de Mixco aprobó que cada miembro reciba Q3 mil de dietas, por sesión.

Documentos a los que tuvo acceso Prensa Libre precisan que en los últimos siete meses ese concejo sesionó, en promedio, 16 veces al mes, lo que significa que cada integrante ha recibido unos Q48 mil en dietas.

El concejo mixqueño está compuesto por 15 personas —alcalde, secretario municipal, tres síndicos y 10 concejales—, por lo que cada mes la comuna ha desembolsado no menos de Q720 mil por dietas, y en esos siete meses, poco más de Q5 millones.

Las actas de ese concejo dan cuenta de que en muchas reuniones se conocen desde exoneración de multas por pago de impuesto único sobre inmuebles y agua hasta donativos para artistas locales.

El alcalde Neto Bran justifica el pago de dietas, por “la gran demanda de trabajo” que existe en la comuna.

A ese municipio con pagos altos por dietas le sigue Villa Nueva, cuyos miembros reciben Q4 mil por sesión y en promedio se reúnen una vez por semana, indicó el alcalde Edwin Escobar.

Como en Mixco, aquel concejo tiene 15 integrantes, y por cada sesión se erogan Q60 mil, y al mes, Q240 mil.

En tercer lugar se encuentra la comuna de Villa Canales. Sus miembros reciben Q3 mil por sesión y se reúnen una vez por semana, lo que significa Q180 mil al mes y Q45 mil por sesión.

Sesiones

Según el Código Municipal, las sesiones de concejo serán presididas por el alcalde o el concejal que legalmente lo sustituya temporalmente. No podrá haber sesión extraordinaria sin citación personal y escrita a los miembros  con el asunto por tratar.

Esa instancia podrá declararse en sesión permanente, si la importancia y urgencia del asunto lo amerita.

No hay cómo pagar

A diferencia de las comunas donde se pagan altas sumas de dinero mensualmente a los miembros del Concejo por dietas, hay algunas municipalidades que no pueden hacer ese pago.
 
Mario Estrada Ruano, alcalde de Jalapa, explicó que no cobran dietas desde hace varios meses por la precaria situación de la comuna. Autoridades de Escuintla explicaron que no cuentan con fondos para esos pagos.

Gasto variable

Según el Tribunal Supremo Electoral, el año pasado fueron electos dos mil 685 autoridades ediles, entre alcaldes, síndicos y concejales.

Hay concejos de 7, 8, 10 y 14 personas, y aunque el pago de dietas no es el mismo, al hacer cálculos se puede apreciar que los pagos son altos.

Si cada electo recibiera Q400 de dieta por sesión y la Ley manda que se reúnan al menos una vez por semana se gastarían Q4 millones.

EROGACIÓN

• La municipalidad que menos gasta por dietas según los datos recopilados es Cobán, Alta Verapaz.
• Los 15 integrantes de ese concejo reciben Q1 mil 500 por sesión y se reúnen cuatro veces al mes. Eso significa un desembolso de Q18 mil por sesión y Q72 mil al mes.
• El concejo  con menos dinero aprobado para dietas es Quetzaltenango, donde por cada sesión sus integrantes reciben Q446.87; pero se reúnen cinco veces por semana, por lo que al mes la comuna eroga Q134 mil 61 en sus 15 integrantes.

El secretario municipal, Héctor Cifuentes, señaló que este artículo es potestativo, y no obligatorio, por lo tanto Arzú no presentará su renuncia, explicó Cifuentes.

“Cuando es potestativa la persona puede acogerse a la norma que quiera, lo que dice la norma es que los síndicos, concejales y el alcalde dentro de las causales pueden retirarse del Concejo al llegar a los 70 años; pero esto no obliga que al llegar a los 70 años la persona se tenga que retirar. Hay una gran cantidad de alcaldes concejales y síndicos que han tenido más de 70 años”, dijo Cifuentes.

El secretario habló de la exsíndico, Elsa Ruby Amenábar Gálvez, quien tiene 82 años, y que por tres periodos fue parte del concejo a pesar de ello no dejó el cargo,

En el 2015, durante el proceso electoral, la candidatura de Arzú fue impugnada por Anabella de León, quien también compitió por la alcaldía capitalina. La acción la presentó el abogado, Otto Gómez García, señalado estar ligado al Partido Patriota, la petición no fructificó, Arzú fue inscrito y ganó la alcaldía con alto margen contra el resto de sus opositores.

El Concejo está integrado por 14 personas, 11 son de la alianza Creo-Unionista (incluido el alcalde), dos son de Visión con Valores (Viva) y uno Libertad Democrática Renovada (Líder) –ahora independiente-.

Aunque Arzú decida presentar su renuncia, no sería aceptada debido a que tiene la mayoría dentro del ente colegiado.

Arzú había ganado las elecciones de alcalde en 1982, pero fueron anuladas debido a un golpe de Estado. En 1985 participa de nuevo con el comité cívico Plan de Avanzada Nacional, gana la nominación y gobierna la capital de 1986 a 1990. Ya conformado el Partido de Avanzada Nacional gana la Presidencia de la República para el periodo 1996 al 2000.  Del 2004 a la fecha se mantiene al frente de la comuna.

Sierra no es el único congresista que pretende tratar el tema, Ferdy Elías, presidente de la Comisión Extraordinaria de Recursos Hídricos, tiene otra iniciativa encaminada a regular el uso del agua, y una tercera propuesta podría surgir de la Comisión de Salud y Asistencia Social.

Sierra se inclina por revisar la “iniciativa de ley que sitúa bajo la rectoría técnica y administrativa del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales a las autoridades a cargo de los diferentes cuerpos de agua”, que data de 2008.

El proyecto de ley avanzó hasta segundo debate, y cómo ocurrió con otros de esa naturaleza, quedó estancado.

La futura normativa debiera contener, según Sierra, regulaciones sobre el uso del agua para consumo humano, la agroindustria y la conservación de los recursos hídricos.

Una norma de esta naturaleza serviría para calcular, por ejemplo: “si hay cien mil habitantes en una meseta, las fuentes de agua disponibles, de dónde provienen, cómo pueden ser utilizadas y si son suficientes para garantizar los 30 metros cúbicos que, en promedio, le corresponden a una familia de cinco integrantes y cuánto tiempo durará esa cantidad de líquido”, explica Sierra.

Cualquier uso del agua en el país a partir de una ley requeriría un inventario actualizado de las fuentes de ese recurso, la cual no existe.

Un registro, además, facilitará a las municipalidades supervisar la calidad del agua, su uso industrial y diseñar planes de conservación y de contingencia, agrega Sierra.

¿Mejor calidad?

Tener sistemas de agua, sin embargo, no se traduce en que el acceso a esta sea el mejor, debido a que no se cuenta con procedimientos estandarizados de saneamiento o cloración.

Las reglas del juego que rigen al sector están contenidas por ahora en la Constitución de la República, la Ley de Descentralización, el Código Municipal y de Salud, pero no hay un marco específico, según el estudio Servicios de agua potable y saneamiento en Guatemala, de Emilio Lentini.

La Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso evaluará los otros proyectos de ley de agua existentes y propondrá, de ser necesario, uno nuevo.

La Constitución garantiza el derecho a la salud, el cual es violado por las municipalidades, según el diputado Luis Hernández, presidente de esa sala legislativa.

“El situado constitucional debe ser para el mejoramiento de la salud, y eso obliga a los alcaldes a invertir los recursos con ese fin. Una de las causas prevenibles de enfermedades es el agua saludable”, refiere.

Existen préstamos por US$100 millones para el Programa de agua potable y saneamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, destinados al área rural, que no han sido liquidados, afirma el legislador.

“Estos empréstitos debieron haber sido ejecutados por el Instituto de Fomento Municipal, en coordinación con las comunas, pero no fue así”, asegura.

El acuerdo del Ministerio de Salud 1148-098 establece que son las direcciones de áreas de Salud y los distritos municipales los encargados de velar por el cumplimiento del manejo y abastecimiento de agua potable, y en esto recae la obligación de purificarla.

Para reducir a la mitad el déficit de cobertura de agua entre 2008 y 2011, debió haberse hecho una inversión de US$290 millones, según las cifras registradas por Lentini, del Plan Nacional de Servicios Públicos de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano.

Divergencias

No hay una sola iniciativa de consenso. Incluso se prepara una nueva, con la participación de las autoridades indígenas, comenta el diputado Amílcar Pop.

Cualquier intento de aprobación, a juicio del legislador, encontrará al menos tres escollos: el uso industrial del agua, su utilización como bien público y la resistencia cultural.

La utilización del líquido vital en la industria incluye normar, por ejemplo, el aprovechamiento que hacen las mineras, dice el diputado.

El empleo del agua como bien público implica “garantizar el acceso a fuentes potables y la debida utilización como bien público por las municipalidades”, añade.

Un tercer valladar es la resistencia cultural de algunos pueblos que han desarrollado sus propios mecanismos para defender el agua como un bien colectivo, como en Sololá y Totonicapán.

“Cualquier iniciativa encontrará retos porque habrá sectores económicos que no querrán pagar impuestos y compensar el uso de grandes cantidades de agua. No será un camino fácil”, advierte Pop.