Homicidio en grado de tentativa en Guatemala: definición, artículos legales y penas

En Guatemala, el homicidio en grado de tentativa implica prisión menor que el homicidio consumado; conozca cuándo se considera y cómo se calculan los años de cárcel.

Glenda Burrión

15 de octubre de 2025 | 17:02h

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Un sujeto intenta quitarle la vida a otra persona, quien sobrevive gracias a intervención oportuna; el agresor enfrenta cargos por homicidio en grado de tentativa según el Código Penal. (Foto, Prensa Libre: captura de pantalla RRSS)

En Guatemala, el homicidio en grado de tentativa se considera una forma incompleta del delito de homicidio. 

Este delito está regulado por el Código Penal de Guatemala (Decreto 17-73), específicamente en los artículos 13, 14, 64 y 123. 

A continuación, con el apoyo de un abogado, se explica su definición, fundamento legal y la pena que corresponde según la legislación guatemalteca.

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Qué es homicidio en grado de tentativa 

El homicidio en grado de tentativa es una forma incompleta de ejecución del delito de homicidio, en la que existe intención homicida (dolo directo) y actos idóneos para causar la muerte, pero la consumación no se alcanza por causas fuera del control del autor. 

El delito de homicidio se encuentra definido en el artículo 123 del Código Penal de Guatemala (Decreto 17-73), el cual establece: 

“Comete homicidio quien diere muerte a alguna persona.” 

Por su parte, el artículo 13 del mismo cuerpo legal dispone: 

“El delito es consumado, cuando concurren todos los elementos de su tipificación.” 

La tentativa se regula en el artículo 14 del Código Penal, que establece: 

“Hay tentativa, cuando con el fin de cometer un delito, se comienza su ejecución por actos exteriores, idóneos y no se consuma por causas independientes de la voluntad del agente”. 

Por tanto, el homicidio en grado de tentativa se da cuando alguien intenta causar la muerte de otra persona, realiza actos idóneos para hacerlo, pero la muerte no se produce por circunstancias fuera de su control (por ejemplo, la víctima sobrevive gracias a atención médica).

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Pena aplicable al homicidio en grado de tentativa 

El delito de homicidio se encuentra tipificado en el artículo 123 del Código Penal de Guatemala (Decreto 17-73), el cual establece una pena de prisión de 15 a 40 años para quien diere muerte a otra persona. 

Artículo 123 – Pena en la tentativa: 

“Al homicida se le impondrá prisión de 15 a 40 años”. 

Para el homicidio en grado de tentativa, se aplica la regla general del artículo 64 del Código Penal, que dispone que el responsable de tentativa quedará sujeto a la pena correspondiente al delito consumado, rebajada de una tercera parte a las dos terceras partes. 

Artículo 64 – Pena en la tentativa: 

“A los cómplices de tentativa, se les impondrá la pena que la ley señala para los autores del delito consumado, rebajada en dos terceras partes” 

Por lo tanto, para calcular la pena aplicable, se toma como base la sanción prevista para el homicidio consumado (10 a 40 años) y se reduce conforme al grado de tentativa y las circunstancias del caso. 

Por ejemplo: 

• Si el juez considera que la pena base es de 10 años, puede reducirla hasta 6 años y 8 meses (una tercera parte menos). 

• Si la pena base es de 40 años, la reducción puede llegar hasta 13 años y 4 meses, según corresponda.

El juez determinará la reducción exacta atendiendo a la gravedad del hecho, el grado de ejecución y las circunstancias personales del autor, conforme a los criterios establecidos en el Código Penal. 

Diputados buscan eliminar la prisión provisional y que extorsionistas no gocen de medidas sustitutivas

Avanza propuesta para reformar el Código Procesal Penal respecto a la prisión preventiva.

Henry Montenegro

13 de enero de 2025 | 22:08h

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La propuesta para reformar el Código Procesal Penal debe ser conocida por el pleno del Congreso de la República. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La propuesta para reformar el Código Procesal Penal fue presentada por los diputados que integran la Comisión de Reformas al Sector Justicia busca eliminar la figura de prisión provisional que se ha aplicado en los últimos años en el sector justicia.

Principalmente por los casos de detenidos a quienes únicamente se les leen los motivos de detención, pero su primera declaración se programa para una siguiente fecha y son enviados a un centro de privación de libertad mientras llega ese día.

Con la propuesta se busca obligar a que se lleve a cabo la primera declaración en un máximo de 24 horas, como ya lo establece la Constitución Política de la República, según los legisladores.

También buscan obligar a que el Organismo Judicial (OJ) cuente con espacios destinados específicamente para el resguardo de las personas que esperan su audiencia de primera declaración.

Con esto los parlamentarios buscan que vayan a prisión preventiva solo las personas que queden ligadas a proceso; además, se pretende que a partir de ahora sea el Ministerio Público (MP) quien presente los indicios para que se considere que un sindicado obstaculizará la averiguación de la verdad o representa peligro de fuga, que son causales para no brindar una medida sustitutiva.

Extorsionistas

En la propuesta de reforma se pretende crear el artículo 264 Quater en el Código Procesal Penal para que no se le brinden medidas sustitutivas a las personas que sean ligadas a proceso por delitos como robo de celulares y extorsionistas.

Este es el listado de delitos por los cuales no se puede brindar medida sustitutiva:

• a) Reincidentes o delincuentes habituales
• b) Homicidio doloso, asesinato y parricidio
• c) Violación agravada, violación calificada, violación de menor de 12 años de edad, plagio o secuestro en todas sus formas;
• d) Sabotaje, robo agravado, robo de equipo y terminales móviles, extorsión, exacciones intimidatorias y obstrucción extorsiva del tránsito;
• e) En los delitos de portación ilegal de armas de fuego de uso civil y/o deportivas; tenencia o portación de arma de fuego con número de registro alterado, borrado o legalmente marcada por la Digecam.
• f) Los delitos comprendidos en el Capítulo VII del Decreto No. 48-92 del Congreso de la República, Ley contra la Narcoactividad.
• g) Adulteración de medicamentos, producción de medicamentos falsificados, productos farmacéuticos falsificados, dispositivos médicos y material médico quirúrgico falsificado, distribución y comercialización de medicamentos falsificados, medicamentos adulterados, dispositivos médicos y material médico quirúrgico falsificado; y establecimientos o laboratorios clandestinos.

Tampoco aplicaría para delitos de defraudación tributaria, defraudación aduanera y contrabando aduanero, excepto, caución económica.

La propuesta ahora debe ser leída por el pleno, para que regrese a la comisión que tiene previsto invitar a instituciones del sector justicia previo a darle dictamen y que comience su aprobación.

Con esta resolución se reactiva la ley que permitiría que personas acusadas de varios delitos, entre ellos corrupción, obtengan una reducción de condena.  

La CC publicó su resolución el pasado miércoles 1 de junio de 2022 y en ella establecieron que las objeciones presentadas en la acción “resultan inexistentes las contravenciones constitucionales denunciadas”, por lo que la las reformas al Código Procesal Penal podrán cobrar vigencia.  

Los diputados del Congreso de la República aprobaron el 12 de noviembre de 2019 las reformas al Código Procesal Penal en la que se incorporaron al menos 14 artículos para beneficiar a personas señaladas de diferentes delitos.  

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El decreto 10-2019 adiciona el título 6, Procedimientos especiales de aceptación de cargos, al libro 4, Procedimientos específicos, del Código Procesal Penal. 

La norma permite que la persona acepte los cargos imputados por el Ministerio Público (MP) en las circunstancias de tiempo, modo y lugar, de forma consciente, libre, voluntaria e informada. 

El sindicado podrá pedir al juez una audiencia para aceptar los cargos y en ella el MP deberá presentar las pruebas sobre la imputación. La aceptación de cargos suspende el trámite del proceso común hasta que haya una decisión definitiva. 

El Congreso de la República publicó en el Diario de Centro América las reformas al decreto 51-92 del Código Procesal Penal el 16 de diciembre de 2019 y con ello se estableció que la normativa entraría en vigencia el 16 de enero de 2020. 

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El preciso día en que las reformas al Código Procesal Penal iban a entrar en vigor, Helen Mack Chang y Eleonora Muralles, presentaron a la CC un recurso de inconstitucionalidad a las 0.33 horas y los magistrados votaron de forma unánime y suspendieron de forma provisional dichas reformas, que incluían la aceptación de cargos.  

Ese día se analistas y abogados dijeron que, con la aceptación de cargos, quedaba abierta la puerta para que pandilleros o integrantes del crimen organizado se favorezcan porque los cambios permiten la aceptación para delitos como robo, estafa, fraude o delitos contra la seguridad pública.  

Desde ese día las reformas estaban suspendidas y fue hasta la publicación de la CC en el Diario de Centro América del pasado 1 de junio que se declaró sin lugar las acciones de inconstitucionalidad, con lo que la ley de aceptación de cargos quedó reactivada.  

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Las rebajas de penas 

El artículo 4 restringe la rebaja de penas por aceptación de cargos para los siguientes delitos: 

• Genocidio, desaparición forzada, ejecución extra judicial, tortura y delitos contra los deberes de la humanidad, homicidio, parricidio, asesinato, violación, agresión sexual, ingreso a espectáculos y distribución de material pornográfico a personas menores de edad, promoción, facilitación o favorecimiento de prostitución; promoción, facilitación o favorecimiento de prostitución agravada; actividades sexuales remuneradas con personas menores de edad, producción de pornografía de personas menores de edad, plagio o secuestro, trata de personas, robo agravado; extorsión, terrorismo, feminicidio y delitos contemplados en la Ley contra la Narcoactividad. 
• Los delitos que afecten la indemnidad, integridad de la niñez y adolescencia y los delitos contra la seguridad del Estado. 
• La rebaja de penas solo aplicará para las penas principales de personas naturales o individuales y no aplicará para “reincidentes habituales” por el mismo delito. 

El artículo 6 establece la reducción de penas, que dependerá de la fase procesal en la que la persona acepte su culpabilidad: 

• 50 por ciento de la pena si la persona acepta el delito en la audiencia de primera declaración o hasta antes del auto de apertura a juicio. 
• 33 por ciento si la persona acepta la culpa entre el auto de apertura a juicio y el inicio del debate. 
• 20 por ciento si la persona acepta la culpa durante el juicio, antes de la fase de recepción de pruebas. 
• Si el procesado recibe rebajas de penas por aceptación de cargos, y la pena excede los cinco años de cárcel, la primera tercera parte será inconmutable y el resto podrá cumplirla con dispositivo telemático. 

Si hay discrepancia entre la decisión del sindicado y el defensor sobre la aceptación de cargos, prevalecerá la del sindicado. 

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La rebaja de la pena solo tendrá efecto hasta que el sindicado hayan hecho reparación digna e integral a las víctimas o agraviados en sus componentes de indemnización, restitución, rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición. Tampoco surte efecto hasta que la persona haya entregado a las víctimas o al Estado el incremento patrimonial fruto del delito. 

Si la persona no tiene condiciones para pagar en un solo acto, el juez puede fijar una cuota inicial de entre 20 y 30 por ciento, y definirá la forma de pagar el resto, del cual deberá haber garantías reales o personales, y deberá haber un convenio de pago entre sindicado y las víctimas. 

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Luces y sombras de la aceptación de cargos

Se trata de la admisión de un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto 10-2019 presentado a las 12.33 de la madrugada de este 16 de enero por las activistas Helen Mack y Eleonora Muralles, el mismo día en que entraba en vigor.

El tribunal informó que la resolución fue unánime.

Fuentes de la CC informaron que la sesión comenzó pasado el mediodía, luego los magistrados hicieron un receso para asistir a un acto sobre Constitución y jurisprudencia, y luego retomaron la plenaria a eso de las 20 horas.

El proceso continuará en manos de la corte para una resolución definitiva.

La reforma al Código Procesal Penal, que adicionaba el título sexto, procedimiento especial de aceptación de cargos, aprobada el 12 de noviembre de 2019, permitiría que las personas ligadas a proceso puedan obtener hasta 50 por ciento de reducción de condena si aceptan los delitos imputados por el MP.

Sin embargo, analistas y abogados han observado que queda abierta la puerta para que pandilleros o integrantes del crimen organizado se favorezcan porque los cambios permiten la aceptación para delitos como robo, estafa, fraude o delitos contra la seguridad pública.

Aparte, hay analistas que consideran que el sistema podría beneficiarse con una reducción de los tiempos procesales y aliviar la mora judicial.

La fiscal general María Consuelo Porras había anunciado en noviembre que accionaría contra el decreto porque distaba mucho de una propuesta hecha por instituciones relacionadas con el sector justicia.

En medio de esa controversia, el expresidente Jimmy Morales sancionó el decreto el 16 de diciembre.

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Con estas modificaciones los señalados en procesos penales podrán ser beneficiados con una medida de aceptación de los cargos señalados.

El presidente Jimmy Morales sancionó el decreto, aunque guardó silencio durante los 15 días que tenía de plazo.

En la modificación se agregó el artículo 491 bis que señala que “toda persona ligada a proceso penal tiene derecho de aceptar los cargos que el Ministerio Público le formule en la imputación o acusación, en tanto hayan sido acogidos por el juez o tribunal”.

Señala también que “esto implica aceptar los hechos, con sus circunstancias de tiempo, modo y lugar, la responsabilidad sobre los mismos y su calificación jurídica”.

La aceptación de cargos debe realizarse por medio de su abogado defensor, la persona ligada a proceso podrá aceptar los hechos hasta antes de iniciar la recepción de pruebas en la audiencia y así obtener un beneficio de reducción en las penas.

En el proceso también se podrá conciliar entre el procesado y las víctimas para determinar una clase de reparación digna.

Será rechazada la petición de aceptación de cargos cuando el juez advierta vicios del consentimiento, coacción, desinformación o otro desconocimiento de garantías fundamentales.

La rebaja de penas no se aplicará a los delitos de Genocidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, delitos contra la humanidad, homicidio, parricidio, asesinato y agresión sexual.

También no aplicará para aquellos señalados por prostitución, producción de pornografía, secuestro, plagio, trata de personas, robo agravado, extorsión, terrorismo, femicidio y delitos contemplados en la Ley contra la Narcoactividad.

Tampoco aplicará a reducir los cargos los delitos contra la seguridad del estado y contra el orden constitucional.

Esta iniciativa entrará en vigencia a partir del próximo 16 de enero.

Beneficios de aceptar el delito

Si el procesado acepta los cargos en la primera declaración tendrá derechos a que la pena se rebaje a la mitad, mientras que si lo hace después de la apertura a juicio solo será en una tercera parte.

Mientras si acepta los cargos hasta iniciada la audiencia de debate tendrá derecho a una rebaja en una quinta parte.

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Con el fin del período de sesiones ordinarias, aprobar la ley que está en segundo debate es difícil y algunos, incluso, prefieren que sea en la siguiente legislatura, en el 2020, que se vuelva a conocer y evitar así reformas espurias.

El ponente de la iniciativa, el diputado Leonel Lira, de Encuentro por Guatemala, reconoce que la propuesta fue buena y, aunque necesita algunos cambios, hay que vigilar que no sean cambios que perjudiquen el sistema. Él prefiere que la discusión se retome el próximo año.

“Le hicieron mucho daño a la iniciativa. Es un momento complicado y sumado a la aprobación de aceptación de cargos y el rechazo y la crítica que está teniendo, no sé si es buen momento para aprobarla”, dijo Lira a Prensa Libre.

Oportunidad perdida

La necesidad de reformar el Código Procesal Penal para modificar los criterios de prisión preventiva es una necesidad que comparten tanques de pensamiento, principalmente porque para el Sector Justicia es necesario ordenar el espacio carcelario.

Hasta ahora, de los 25 mil privados de libertad, hasta 14 mil están en prisión preventiva, una condición que promueve el hacinamiento y es el origen de violaciones a derechos humanos.

Un estudio del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), señala que de las 16 mil personas a las que se les dictó prisión preventiva entre 2016 y 2018, en promedio pasaron o llevaban 335 días en prisión preventiva, lo que hace imprescindible las reformas.

“En el 90% de cosas que se estaban proponiendo estábamos de acuerdo, porque se estaba modernizando la legislación, y atendía recomendaciones internacionales. El problema es que la ley surgió en un ambiente entre conflicto de interés de diputados y eso le terminó de echar tierra a algunos cambios propuestos”, dijo Wálter Menchú, investigador del Cien.

Lorena Escobar, investigadora de la Asociación de Investigaciones Económicas y Sociales (Asíes), también reconoció durante el proceso de discusión de la propuesta, que era necesaria la reforma para lograr que la prisión preventiva fuera la excepción y no la regla.

“Que se piense que a través de estas reformas se va a lograr una reducción en el hacinamiento, porque ese es uno de los objetivos, es difícil llegar a reducir la cantidad de reos, pero para que funcione debe ir acompañada de otras normas como la creación de más prisiones, una cultura distinta sobre la prisión preventiva, sobre todo en jueces y fiscales”, dijo Escobar.

El diputado Lira reconoce que aunque la comisión permanente puede convocar a una sesión e intentar aprobarla, no sería lo mejor.
Según Menchú, lo que faltó fue más liderazgo de Lira para impulsar la iniciativa y llevarla al Hemiciclo. “Faltó gente con solvencia para empujar el proceso y el hecho de ser una bancada minoritaria perdió el liderazgo”, dijo el analista.

Cambios dirigidos

Gran parte de las críticas a esta nueva reforma del Código Procesal Penal señala que podría estar dirigida a beneficiar a políticos que actualmente guardan prisión, muchos de ellos por delitos de corrupción.

Otro grupo de críticas son a favor de los cambios y destacan que con una regulación más estricta de la prisión preventiva se ordenaría el sistema carcelario.

“Pasó —la iniciativa— los dos primeros debates sin ninguna objeción, sin que ninguna bancada ni diputado hiciera algún señalamiento (…) previo a la tercera lectura surgen estos comentarios o chismes de que aquí se quería favorecer a ciertas personas, que iban a salir libres ciertos grupos”, reflexionó Lira, al reconocer que “se ha satanizado” la propuesta y, por ahora, no debería conocerse.

Las 17 nuevas enmiendas que surgieron la semana pasada vinieron de forma anónima. Otro hecho para sospechar de las intenciones.

“Genera dudas. En mi opinión, no apoyaría jamás estas enmiendas y habría que ver quién se atreve a presentarlas. El tema es que haya algún diputado que dentro del Pleno presente una enmienda de curul y que tenga los votos”, dice Lira.

Menchú también ve un riesgo de trastocar los cambios con algún interés paricular. “Cuando esto cae en manos de otros, con conflicto de interés, empiezan a meterle mano y es muy fácil que se cambien cosas, porque no hay quién defienda el espíritu de la ley”, comentó Menchú.

Sobre si los cambios a la prisión preventiva podrían beneficiar a políticos acusados de corrupción, Menchú reconoce que sí y asegura que serían los menos y hay que ver el beneficio general, que es mayor.

“No aprobemos nada de eso, pero hay que ver otra propuesta, porque hay que buscar soluciones al problema, una carga excesiva y lenta. Los temas de otro tipo de cosas no judiciales podrían ayudar, pero debe haber un paso previo que es la reforma y es necesaria la reforma al Código Procesal Penal”.

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En total, son ocho las enmiendas que se pueden hacer, explicó el diputado Leonel Lira, ponente de la iniciativa de ley y quien preside la mesa técnica en donde se discuten los cambios a esa propuesta.

Dicha mesa debería estar integrada por un representante de cada uno de los bloques en el Congreso, pero a la primera reunión, efectuada este 19 de noviembre, no se presentaron todos, incluidos los jefes de los bloques mayoritarios.

Cinco de las enmiendas fueron presentadas por Lira, las que fueron analizadas hoy, y las otras tres se discutirán luego de que se cumpla el plazo fijado para mañana miércoles, cuando se presentarán las inquietudes de cada bloque legislativo.

La discusión de las modificaciones continuará el jueves, cuando la mesa técnica se reúna de nuevo. Y luego de que se haya consensuado los cambios a la iniciativa de ley, esta será presentada al pleno.

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Entre los cambios presentados por Lira se establece un plazo a la Corte Suprema de Justicia para que en 90 días implemente una unidad para el control de medidas otorgadas y otra otorga un plazo de seis meses al Ministerio de Gobernación para que implemente la aplicación del control telemático.

Una tercera enmienda crea el delito de prevaricato para los fiscales del Ministerio Público y establece que quienes presenten una acusación falsa o utilicen información falsa deberán ir a la cárcel de tres a seis años.

El cuarto cambio es para corregir un error que se cometió durante la emisión del dictamen favorable, en donde se fija un plazo de tres meses, cuando es de cuatro, y la última modificación es para establecer la entrada en vigor de la ley en un plazo de seis meses.

Lira dijo que no se establecerá gradualidad en las solicitudes para salir de prisión preventiva, sino que, una vez entrada en vigencia la ley, quienes estén en prisión preventiva pueden comenzar a hacer sus solicitudes, sin importar el tiempo que tengan en la cárcel.

“Todos tienen derecho de solicitar una medida no privativa de libertad”, aclaró el diputado.

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La iniciativa de ley presentada en el Congreso es el resultado de una mesa técnica en la que participó el Organismo Judicial, el Ministerio Público, el Instituto de la Defensa Pública Penal y la Procuraduría de los Derechos Humanos.

El también diputado de Encuentro por Guatemala aseguró que la iniciativa de ley es considerada adecuada por los congresistas.

El proyecto de ley ingresó a Dirección Legislativa del Congreso el 18 de marzo; el pleno lo conoció el 3 de abril y el dictamen favorable de la Comisión de Reformas al Sector Justicia se emitió el 10 de octubre.

La iniciativa fue conocida en primer debate el 15 de octubre y en segundo, el 22 de octubre.

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Luces y sombras de la aceptación de cargos

La fiscal general María Consuelo Porras dijo este 18 de noviembre en rueda de prensa que la institución está actualmente confrontando el decreto aprobado por el Congreso y la propuesta de 2016 del sector justicia.

“El primer análisis concluye que hay muchísimos aspectos que distan de la propuesta del sector justicia”, dijo la jefa del MP.

Agregó, una vez el decreto sea publicado en el diario oficial -falta la sanción de la Presidencia de la República- para accionar legalmente contra aquellos aspectos que “desnaturalizaron” la propuesta y que sean contrarios a la ley.

Esa instancia estuvo conformada por el MP, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, entre otras instituciones.

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La reforma aprobada el 12 de noviembre permitiría que las personas ligadas a proceso puedan obtener hasta 50 por ciento de reducción de condena si aceptan los delitos imputados por el MP.

Sin embargo, analistas y abogados han observado que queda abierta la puerta para que pandilleros o integrantes del crimen organizado se favorezcan porque los cambios permiten la aceptación para delitos como robo, estafa, fraude o delitos contra la seguridad pública.

Aparte, hay analistas que consideran que el sistema podría beneficiarse con una reducción de los tiempos procesales y aliviar la mora judicial.

Mientras tanto, diputados han mostrado unidad para ir por reformas al modelo de prisión preventiva.

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El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Luis Fernández Molina manifestó que las reformas que incluyen el apartado de aceptación de cargos tienen aspectos positivos, en la medida que la maquinaria procesal es ineficiente y que de alguna forma ahora descongestiona y de otra forma facilita algunas condenas.

“No debemos criticar oficiosamente y se debería realmente tratar de ver algunos elementos positivos que conlleva. Tomando en cuenta lo frágil y lo poco efectiva que es la maquinaria penal, algunos dirán que les apliquen el peso de la ley, pero si se lo aplican qué bueno, pero ¿qué pasa con otra injusticia cuando hay muchas personas en prisión preventiva? Sí alguien cometió un delito, que lo condenen, pero que lo tengan en ascuas es incorrecto”, refirió.

El exmagistrado manifestó que está en contra de que se le hagan parches al Código y que ya es hora de que se hagan nuevos códigos.

“La sentencia se ha creado para castigar y disuadir, las teorías de vanguardia que decían que eran para rehabilitar es muy fantasioso. El disuasivo no se cae si la persona confiesa, la pena es de ocho años y le van a dar cuatro, a nadie le gustaría estar ese tiempo en la cárcel, por lo que se mantiene ese elemento disuasión”, señaló Fernández Molina.

Añadió: “La ley contiene un error muy importante que dice que rebaja 50 por ciento, tercera parte y quinta parte, pero las penas en general son de un mínimo y máximo, aquí debería de decir que es una rebaja de mitad, tercera o quinta parte de la mínima o de la máxima”.

Por su parte, el exmagistrado de la Corte de Constitucionalidad Roberto Molina Barreto afirmó que es bueno que poco a poco el sistema de justicia penal guatemalteco sea modernizado y que las reformas referidas serían una buena herramienta para agilizar y desentrampar muchos de los casos en el Organismo Judicial.

No obstante, Molina Barreto manifestó que debe haber mucho cuidado de parte de los jueces para que no se convierta en un instrumento de impunidad.

“Que todo aquel que de alguna manera tenga un castigo no se vaya acostumbrando a que solo acepta los cargos para arreglar su situación, espero que los diputados no hayan dejado una posibilidad o una facultad discrecional de los jueces, porque si es para lograr impunidad, eso sí sería lamentable”, dijo el exmagistrado.

El abogado manifestó que debería haber un criterio lógico sobre en qué casos se puede aceptar una situación de estas, pero que si en la práctica va a ser para lograr impunidad en determinado momento y si “va a ser maleficio a la sociedad guatemalteca”, habrá que hacer las correcciones del caso.

“Creo que esto va a depender de la aplicación de la ley de prisión preventiva y provisional que ha sido tan mal utilizada en el sistema judicial. Aparte, tiene que haber cuidado en que se dé la devolución de los beneficios que hayan tenido los delincuentes por el delito cometido y que esto no se vuelva una mala costumbre”, concluyó.

Impunidad

El artículo 4 de las reformas señaladas incluyen los delitos que se excluyen del procedimiento especial de aceptación de cargos. Para aprobar este apartado, 80 diputados votaron a favor, 16 emitieron su voto en contra, 44 estuvieron ausentes en el momento de la votación y 18 tenían licencia para no acudir a la sesión.

En el primer inciso de este artículo, que modifica el 491 Quáter del Código, se establece que la rebaja de penas por aceptar cargos no se aplicará a los delitos de genocidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, delitos contra los deberes de la humanidad, homicidio, parricidio, asesinato, violación, agresión sexual; ingreso a espectáculos y distribución de material pornográfico a personas menores de edad; promoción, facilitación o favorecimiento de prostitución agravada, actividades sexuales remuneradas con personas menores de edad, producción de pornografía de personas menores de edad, plagio o secuestro, trata de personas, robo agravado, extorsión, terrorismo, femicidio y delitos contemplados en la ley contra la narcoactividad.

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Yolanda Pérez Ruiz, exmagistrada de la Corte de Apelaciones, señaló que el motivo por la que se hace esta reforma es para descongestionar las cárceles y la mora judicial. Expresó: “La razón real, y que la inmensa mayoría de guatemaltecos compartimos es que es para buscar impunidad, tanto para los que ya están guardados como los que pudieran estar señalados en un futuro próximo”.

La también exjueza indicó: “Es una reforma en primer término ilegítima y en segundo término no es real, en virtud que no se dan los criterios técnicos que deben presidir este tipo de reformas, ni el sistema penitenciario se va a desfogar, ni el sistema judicial va a dejar de tener mora judicial, que según escuchaba es una mora judicial para tenerlos ocupados unos cincuenta años”.

La profesional considera que es necesario cambiar al sistema penitenciario y pensar en una refundación del sistema judicial que “está absolutamente colapsado y fuera de la realidad”.

“No es cuestión de que se debió o no aprobar -las reformas-, la dedicatoria es evidente, que pretende liberar de responsabilidad de cumplir las penas a determinadas personas, entre las cuales pueden estar algunos de los diputados que levantaron la mano”, indicó la exfuncionaria.

Pérez Ruiz considera que la aceptación de cargos podría beneficiar a pandilleros y “lo que es peor”, podría incrementar la delincuencia común, por delitos que no alcanzan los 10 años de cárcel.

“El robo no está dentro de las excepciones que esa ley dice y lo que está exceptuado es el robo agravado, ya se imagina que los robos van a aumentar”, comentó.

Agregó: “Creo que debe estudiarse las circunstancias y el momento en el que las leyes deben emitirse, no son como pedido de supermercado que se dan cuando se me da la gana, sino que es cuando la sociedad o las circunstancias lo ameritan”.

El exsecretario de Política Criminal del Ministerio Público Alejandro Rodríguez manifestó que los beneficios premiales buscan establecer una política criminal que invita a la autoconfesión de delitos. Sin embargo, en esta perspectiva el objetivo de reducir al mora judicial y hacinamiento en las cárceles no va a ser alcanzado, ya que el sistema de justicia está muy debilitado.

Rodríguez señaló que no se ha trabajado en la estructura del sistema de justicia. “Por ejemplo, tiene muy pocos jueces y la estadística así lo refleja, Guatemala tiene una de las cuotas de jueces más bajas en América Latina y además tiene una de las inversiones en recursos más baja, se habla de US$29 por cada habitante”, refirió.

“La ley es de carácter inquisitiva, otorga beneficios indebidos a los que son culpables y a algunas personas que son inocentes los puede inducir a aceptar indebidamente los cargos. En Estados Unidos el 95 por ciento de estos casos se resuelven en negociación y son a través de las leyes premiales”, dijo Rodríguez.

Añadió: “Vemos que puede ser contraproducente, vemos que muchas personas se pueden beneficiar indebidamente como los que están señalados por delitos por corrupción y en ese sentido no se puede negar que esta ley es una ley que fue concebida para los que están en Mariscal Zavala, básicamente”.

Aclaración

Prensa Libre recibió el 13 de noviembre una misiva firmada por el presidente Jimmy Morales, en la que solicita se aclare la afirmación que se hace en la edición digital del 13 de noviembre, en el artículo Reformas a Ley del Instituto de la Víctima podrían beneficiar a diputada Alejandra Carrillo en la que se señala que diputados aseguraron que Carrillo será nombrada por el mandatario como directora del Instituto de la Víctima, lo cual fue parte de las negociaciones para aprobar el procedimiento especial de aceptación de cargos.

Morales asegura que “es una mentira, pues en ningún momento he hecho ninguna negociación con diputados al Congreso de la República, ya que soy respetuoso de la independencia de poderes”.

Agrega: “si bien me otorga la facultad de nombrar al director, también indica que este será elegido de una terna que presentará la sociedad civil, lo que contradice totalmente la afirmación hecha en la nota, pues desconozco quiénes integrarían ese grupo de tres personas”.

Nota del editor:

En la publicación se consignó que para aprobar el procedimiento especial de aceptación de cargos, diputados acordaron que para aprobar esas modificaciones debían también cambiar el procedimiento para nombrar al director del Instituto de la Víctima. Estos diputados pertenecen a varias bancadas. La reserva de fuentes está garantizada en la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que reza: “Todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales”, por lo que el periodista tiene derecho a mantener bajo resguardo los nombres de los diputados que confiaron la información y no revelarlos como lo ruega el gobernante.

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Los jefes de bloque consultados en el Congreso se distanciaron de las iniciativas presentadas, al considerar que por el momento las desconocen y por ende no pueden dar una postura institucional, la cual se hará al momento de finalizar el análisis respectivo.

El jefe de la bancada del Partido de Avanzada Nacional (PAN), Manuel Conde Orellana, dijo que evalúa esa iniciativa, por lo que no podría dar una posición al respecto.

“Pero como lo hacemos en el partido analizamos las iniciativas que son sometidas a discusión, estamos en el análisis de esas propuestas”, dijo Conde.

El jefe del bloque Fuerza, y ministro designado de Desarrollo Social, Raúl Romero, dijo que por el momento solo hay comentarios especulativos porque la comisión podría dar dictamen negativo o positivo o positivo con enmiendas y que estas podrían cambiar el sentido de la iniciativa.

“Sin conocer un dictamen, dar una opinión es opinar sobre supuestos y de repente se le cambia el sentido y para dar una declaración seria se debe conocer el dictamen”, señaló Romero.

Juan Manuel Díaz-Durán, jefe del bloque Visión con Valores, considera que esas leyes hay que modificarlas, pero que la iniciativa como tal no la conoce.

“Cuando hay testigos tenemos que ver la idoneidad, si es alguien que está condenado por falso testimonio, para mí, no es idóneo, tampoco alguien que haya sido cabecilla de una banda de secuestradores, por lo que considero que hay que hacer ciertos ajustes, la iniciativa no la conozco, por lo que no sé qué sentido le están dando”, aseguro el diputado.

El jefe de la bancada Unión del Cambio Nacional (UCN), Rudy Castañeda, también manifestó que las iniciativas están en análisis por lo que no se podría pronunciar al respecto.

La diputada Nineth Montenegro, jefa de la bancada de Encuentro por Guatemala, manifestó que desconoce el contenido de las iniciativas, pero sabe que se presentaron.

“Yo no podría apoyar algo que no conozco, tengo que leerlas y nada que implique retrocesos o que tenga nombre y apellido, si eso fuera así después del análisis, yo no las apoyaría. Todo lo que implique retroceso en los avances que ha habido en la lucha contra la Impunidad nadie lo debería de apoyar porque estamos debilitando la institucionalidad, sobre todo en la aplicación de justicia”, dijo Montenegro.

Óscar Chinchilla, jefe de la bancada Compromiso Renovación y Orden (Creo), dijo que se analiza en el bloque este tema, ya que para reformar el Código Penal o Código Procesal Penal se deben estudiar las propuestas.

“De no estudiarse bien podría pasar lo del 15 de septiembre del 2017 – cuando un grupo de diputados habría hecho acuerdos bajo la mesa para aprobar leyes-, nadie se iba a imaginar lo que pasó y creo que son temas que hay que someter a todos los bloques legislativos para luego someterse a discusión en el pleno”, refirió.

Amílcar Pop jefe de bancada Winaq dijo que hay dos iniciativas que lamentablemente no cuentan con un respaldo o un consenso técnico especialmente en un marco de conflicto de intereses.

“Pareciera que el objetivo es generar impunidad o liberar de responsabilidad en temas como lavado de dinero y procedimientos penales que están en curso, yo no apoyaría estás iniciativas y hay diputados con ese nivel de duda en el Congreso”, explicó Pop.

El parlamentario indicó que debido a que falta una firma y  no consigue más apoyo, debe ser el Pleno el que  decida el futuro de la reforma y el cumplimiento de la exhortación de la Corte de Constitucionalidad (CC),  que fue la que solicitó la reforma al delito de financiamiento ilícito.

Castañón dijo que los diputados Luis Hernández Azmitia, del bloque Movimiento Reformador, y José Martínez Dell, de  Todos,  manifestaron su apoyo al documento, pero aún no  lo han firmado.

“En el Congreso siempre ha ocurrido esto, como hay dictámenes favorables los hay desfavorables, pero el Pleno es el soberano y será el que decidirá”, afirmó Castañón.

Siguen análisis

Hernández Azmitia, al respecto, afirmó que sigue en el análisis legal del proyecto de dictamen y   antes de eso no lo firmará.

“Nos pidieron que redefiniéramos el delito y hay cosas en las que hay dudas y se debe hacer un análisis profundo”, indicó el congresista.

Aseguró que “no hay que correr” y  debe haber tiempo para “tomar decisiones correctas”.

Por su parte, Martínez Dell aseguró que también hace un análisis con los asesores de la bancada Todos y que aún no tiene una decisión final sobre  el dictamen.

El legislador comentó que el análisis podría durar entre tres o cuatro semanas. “Vamos a tomar el tiempo que sea necesario, ya que es una decisión importante”, dijo y añadió que faltó más análisis y discusión en la Comisión.

Propuesta

La iniciativa de reforma al Código Penal busca separar las penas para el delito de financiamiento ilícito y el anónimo. Estos serían algunos cambios:

• Se establece prisión conmutable de 1 a 5 años a quien reciba o aporte dinero u otras contribuciones.
• Se propone una multa equivalente al 50 por ciento de la contribución no reportada.
• Quien se declare culpable no podrá ejercer cargos públicos ni ser contratista del Estado por cinco años, y la pena se agrava si es funcionario.

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Entérese

Las bancadas que se unieron por la impunidad

De acuerdo con el secretario de Política Criminal del Ministerio Público, Rootman Pérez, la disposición legislativa deja al menos 404 delitos que podrán evitar la prisión con el pago de una caución económica, es decir, el 89 por ciento de los delitos contemplados en el sistema penal guatemalteco.

Debe alarmar

Pérez dijo en una entrevista en Emisoras Unidas que estas reformas al Código Penal deben “alarmar” a la ciudadanía porque de nada servirían los grandes operativos contra extorsionistas para llevarlos ante los Tribunales, si a la hora de ser sancionados podrían beneficiarse con una pena conmutable.

“Nos preocupa como institución encargada de la investigación y persecución penal. ¿De qué le sirve al sistema de justicia fortalecer sus capacidades (…) si al final del día una persona que extorsiona o que roba” podría ser beneficiada?, dijo.

“Desde luego que consideramos que son decisiones legislativas que debilitan, sin lugar a dudas, el sistema de justicia”, indicó Pérez.

El funcionario manifestó que para reducir el hacinamiento en las cárceles, argumento de uno de los considerandos de las reformas, se deben crear condiciones reales de reinserción social “y no sencillamente aprobar una norma que va a abrir las puertas de las prisiones”.

Pérez agregó que debido a que “este tipo de normas son de aplicación retroactiva”, las personas que ya fueron condenadas podrían optar al beneficio de multa por cárcel.

Pago por cárcel

Según Pérez, entre los delitos que podrán evitar la prisión están las extorsiones, robo agravado (robo de vehículos, robo de viviendas, robo de celulares), peculado, malversación, testaferrato, enriquecimiento ilícito, entre otros. También ciertas variantes del homicidio podrán ser beneficiadas.

Otras fuentes analizaron que estos cargos también pasarían a ser conmutables: de la administración pública: abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, incumplimiento de prestar declaración jurada patrimonial, falsedad en declaración jurada patrimonial y desobediencia, cohecho pasivo, cohecho activo y malversación de fondos.

Además, asociación ilícita, chantaje y riña.

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Se eliminó la reserva contenida en el artículo 51, que decía que son inconmutables los delitos “cuando así lo prescriban otras leyes”.

Con esto se consigue que los cargos tengan alternativa a la prisión, los contenidos en las leyes contra la Delincuencia Organizada, contra el Femicidio, Lavado de Dinero, Electoral  y de Partidos Políticos, Acceso a la Información, entre otros.

También a los condenados por aborto en sus distintas modalidades, violación, entre otros.

No se benefician

El decreto no otorga conmutabilidad para delitos como defraudación tributaria y aduanera, contrabando aduanero, apropiación indebida de tributos y resistencia a la acción fiscalizadora de la administración pública, con los cuales algunos exfuncionarios del extinto Partido Patriota están procesados y en prisión.

Tampoco se favorecen quienes representen un peligro para la sociedad, los reincidentes y delincuentes habituales.

Lo electoral

Los diputados también reformaron el Código Penal en lo que refiere al financiamiento electoral ilícito. En la actualidad el artículo 407 N habla sobre el financiamiento ilícito el cual también lo conforman el financiamiento anónimo y el no registrado.

Los diputados reformaron el artículo 407 N y crearon los artículos 407 O y 407 P. Ahora en el financiamiento no registrado el responsable es el contador del partido y ya no los secretarios generales. Llama la atención que tanto el presidente Jimmy Morales como los diputados Orlando Blanco y Roberto Villate son señalados de esta situación.

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El antejuicio contra el presidente Jimmy Morales

Óscar Shaad, fiscal de Asuntos Electorales, indicó que no tiene conocimiento entero de las reformas pero argumentó que “existe el principio denominado el favor rei” que es llevar el estricto cumplimiento de la Ley.

“Obviamente si existe algún tipo de reformas a algún tipo de delitos nosotros tendremos que apegarnos a las investigaciones con respecto a cómo están regulados”, dijo Shaad.

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Al ser consultado como cómo afectaría esto las investigaciones respondió: “Las investigaciones se adecuarían a la norma vigente que tengamos en el país”.

El fiscal destacó que el Ministerio Público “tiene el compromiso de ser objetivo y trabajar para Guatemala como ha sido siempre. Lo único que buscamos en la averiguación de la verdad”.

El mandatario  afirmó que la legalización de la pena de muerte como penalización del secuestro en la forma más simple era positiva, pues de acuerdo a las circunstancias  en que vivían los guatemaltecos, no perdonaría  la aplicación  de la pena capital a los secuestradores, cuando los tribunales dicten un fallo en tales extremos.

“El secuestro es uno de los más abominables crímenes y no puede quedar sin castigo. Por eso enviaré la iniciativa de ley para que el Congreso reforme el Código Procesal Penal y que la ley sea aplicada” afirmó el 15 de febrero de 1994.

La ley formaba parte de las reformas que en la aplicación de la justicia  solicitó el presidente Ramiro de León Carpio, dicha ley quedó contenida en el Decreto 38-94 la cual  reformo el artículo 201, del Código Penal (Decreto 17-73).

La solicitud para la aplicación de la pena capital fue enviada por el presidente De León Carpio a la Comisión  de Legislación y Puntos Constitucionales la cual hizo algunas enmiendas; luego desplazó el dictamen a la Comisión de Gobernación de ese organismo, que solamente pedía de 25 a 30 años como castigo.

El artículo 201 del Código Penal decía así: “El plagio o secuestro de una persona, con el objeto de lograr rescate, remuneración, canje de terceras personas, así como cualquier otro  propósito  ilícito, lucrativo de iguales características e identidad se castigaría  con la pena de 25 años de prisión.

Mientras  el Decreto 38-94 decía que la pena de muerte se aplicará en los casos del secuestro de menores de doce años o personas mayores de sesenta años o cuando motivo u ocasión del plagio o secuestro la persona  secuestrada resultare  con lesiones graves o traumas psíquicos, psicológicos o falleciera durante su cautiverio.

Al autor de este delito que se arrepintiere en cualquiera de sus etapas, o diere datos para lograr la feliz solución del plagio o secuestro se le podría atenuar la pena capital.

Iglesia a favor de la vida

El arzobispo metropolitano, monseñor  Próspero Penados  del Barrio dijo que la Iglesia católica defendía el derecho a la vida pero quienes secuestran niños, y personas inocentes deberían ser castigados  con esa pena.

“Hay circunstancias  en las que debe pensar en la pena de muerte. Por principio nos oponemos a su aplicación, sin embargo en otros casos  debe aplicarse la pena inmediatamente inferior o sea los 30 años de prisión ni un día más ni un día menos” indicó monseñor Penados del Barrio. Respeto el criterio del presidente Ramiro de León  en cuanto a la aplicación de la pena de muerte  a los secuestradores, “le recuerdo al presidente  que sólo Dios  es el autor de la vida  y sólo el la puede quitar”.

Las autoridades  legítimas pueden aplicar o no la ley, pero creo que la pena de muerte debe aplicarse solamente  en casos especiales, como lo menciona la actual Constitución de la Republica, concluyó el prelado.

Opina Gobernación

Arnoldo Ortiz Moscoso, titular de la cartera del interior al ser consultado por Prensa Libre dijo “ La pena de muerte no resuelve  el problema de la delincuencia”.

La pena de muerte tampoco es capaz de disminuir ningún tipo de delito, sin embargo, el estado puede variar esa situación si las circunstancias lo exigen, y la pena de muerte  a las autores del delito de secuestro, es saludable, por lo cual apoyo el proyecto como encargado de la seguridad del país, concluyó Ortiz.

Suspensión

La aplicación de la pena de muerte quedo suspendida en el año 2000 por la Corte de Constitucionalidad al aceptar un recurso de inconstitucionalidad presentado por un grupo de abogados quienes afirmaban que existía un vacío legal debido a que el ex presidente Alfonso Portillo pidió en ese entonces al Congreso la derogatoria de que el presidente era el que debía conceder indulto a los condenados.

La decisión benefició a 29  secuestradores de diversos casos.

• 2 de la banda El Zacatón
• 3 por  el Caso Beverly
• 2 de la banda los Guanacos
• 8 miembros de la banda Los Pasaco
• 2 de la banda El Tejano
• 6  de la banda Agosto Negro
• 2  del caso Autopatrulla 603
• 4 por otros delitos,  entre ellos  varios secuestros

El 24 de mayo 1997 inicia la construcción del modulo de la muerte  el cual serviría para  la ejecución de la pena de muerte por inyección letal en la Granja Penal Pavón.

Las ejecuciones más sonadas

El 25 de junio de 1942  Agustina Linares Alvarado, fue la única mujer ejecutada  luego de comprobarse que había matado a otra mujer, en los alrededores del Hipódromo del Norte, zona 2.

José Miculax Bux, fue fusilado el 18 de julio de 1946,  este caso fue el más sonado, debido era un asesino en serie al haber violado y estrangulado a 15 niños. La ejecución se realizó en el Cementerio General, en presencia de centenares de capitalinos.

El 19 de marzo de 1952 Francisco Enriquez Ovando alias “Panchito”, Delfino Rivera  Orellana, Elias Lemus Carrera, Justino Gutierrez Santos  y Juan Chávez Pérez fueron fusilados  por el  crimen contra cinco miembros de la familia  Hidalgo propietarios del almacén  El Torreón.

El 14 de septiembre de 1,996 Pedro Castillo y Roberto Girón son fusilados en Pavón, por haber violado y asesinado a la niña Sonia Marisol Alvarez García de 6 años en Guanagazapa  Escuintla.

Últimos ejecutados

El 31 de mayo del 2000, son ejecutados  medio de inyección letal  Luis Amílcar  Cetino  Pérez y Tomás Cerrate Hernández, de la banda  de secuestradores los Pasaco, que secuestró  y asesinó a Isabel  Bonifasi de Botrán en noviembre de 1996. Fueron los últimos en ser ajusticiados.

El 31 de mayo 2000 son ejecutados por medio de la inyección letal  Luis Amílcar  Cetino  Pérez y Tomás Cerrate Hernández, miembros de la banda  de secuestradores Los Pasado, quienes secuestraron  y asesinato de la señora Isabel  Bonifasi de Botrán hecho ocurrido en noviembre de 1996.

Reportaje sobre la pena de muerte y los fusilamientos en Guatemala. (Video tomado de YouTube)

Las oficinas del MP en Escuintla, Mixco y Chinautla  incrementaron diez veces, en 2015, los expedientes rechazados en comparación con el 2014, según informes internos  a los que Prensa Libre tuvo acceso.

Las fiscalías liquidadoras, encargadas de desestimar u ordenar que se reanuden las investigaciones en los casos antiguos,  fueron creadas para facilitar salidas a esos procesos, explicó Rottman Pérez, secretario de Política Criminal del MP.

Aun cuando se trata de casos que estuvieron abiertos durante las décadas de 1990 y principios del 2000, el problema que varios expertos jurídicos ven es la celeridad y los criterios para depurar.

“Será necesario hacer un estudio sobre la calidad de la gestión de la Fiscalía Liquidadora y que esta no se convierta en una maquinaria más de impunidad de casos que, por diversas razones, no quisieron ser investigados”, dijo  la analista Carmen Aída Ibarra.

En el pasado, la desestimación y el archivo fueron desnaturalizados como salidas procesales, recordó.

Discrecionalidad

El hecho  de que se presente la denuncia de un delito no implica que este exista pero  “lo importante es establecer criterios de desestimación. El  MP apenas tiene presencia en 34 municipios  y hay mucha discrecionalidad en los fiscales y poco control en el interior de la República”, comentó el penalista Juan Rodolfo Pérez Trabanino.

“La desestimación no es positiva bajo ningún aspecto”, de acuerdo con Marco Sagastume, presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Estas medidas probablemente sean tomadas por la falta de una parte pidiente, documentación incompleta y sobresaturación de casos, justificó.

El número de desestimaciones no es desproporcionado, a criterio de Mario Taracena Coyado, presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados. Advirtió, sin embargo, que muchas víctimas desconocen sus derechos.

“El MP debe notificar al denunciante  que esta fue desestimada y que puede  acudir a un juzgado. El fiscal debe ser careado y explicar los motivos para desecharla. El juez puede o no confirmar la decisión”, detalló.

Prescritos

Una de las razones por las cuales muchos casos son desechados es que están prescritos, asegura el secretario de Política Criminal del MP. La prescripción —en Derecho— se refiere a la  conclusión y equivale a que deja de tener efecto legal.

Hay tres salidas  para un caso: La primera es la desestimación en sede fiscal, y  depende de la decisión del mismo fiscal que recibe el caso. La segunda es someter la decisión a criterio de un juez, quien aprueba que el caso se archive.

La tercera salida es la investigación o reactivación de las pesquisas.

El Código Procesal Penal establece, además, el criterio de oportunidad que se aplica cuando la pena del delito perseguido no supera  cinco años y la participación del implicado es mínima.

Esa misma normativa incluye la suspensión condicional de la persecución penal para los  delitos culposos y los tributarios, recordó Pérez.

Petén figura en la lista de los departamentos más violentos, en donde  se registraron más de 50 homicidios por cada cien mil habitantes, según datos de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad. Esa sede desechó mil 736 expedientes en el 2014,  y 14 mil 705, en el 2015.

Fiscalías como esta tenían un “acumulado histórico” de denuncias, pues en la administración anterior se les pedía a los fiscales no rechazarlas, justificó Pérez.

El exsecretario privado del MP, Javier Monterroso,  niega ese extremo: “Estos son números con los que debe tenerse mucho cuidado, pues elevan las desestimaciones para reducir las cifras de impunidad”.

 Según los datos proporcionados por la misma Fiscalía Liquidadora, por medio de la vocera del MP, Julia Barrera,    220 mil casos han sido  desestimados.

Fiscales entrevistados afirmaron que se les pide una cuota de  20 a 30 casos mensuales.

En  Quetzaltenango,  en el 2014 fueron desestimadas mil 181 denuncias, y el año pasado esa cifra se ubicó en 12 mil 226 —935 por ciento más—.  Ante los altos índices de delincuencia y corrupción fue instalada una nueva sede de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

La Fiscalía de Alta Verapaz  eliminó los números rojos de las denuncias no tratadas en un 562 por ciento. En el 2014, los expedientes rechazados fueron dos mil 44,  y pasaron a 13 mil 530 en el 2015.

Procesos

Rechazos en 2016

• Durante el 2016, el Ministerio Público (MP) desestimó 113 mil 562 denuncias.
• Las desestimaciones efectuadas en las fiscalías son encabezadas por el delito de amenazas, seguidas por las lesiones leves y los hurtos.
• En los juzgados, en cambio, el delito más rechazado fue el de violencia contra la mujer, seguido del hurto agravado y  robo agravado.
• El MP también desestimó 974 casos de homicidios.
• A la lista se suman 683 denuncias de violación.
• También figuran 75 denuncias de tráfico y almacenamiento ilícito  que no fueron tomadas en cuenta.
• Denuncias  de abandono de niños y personas desvalidas, estupro,  agresión sexual y cohecho pasivo han sido también desechadas.

La propuesta fue presentada este miércoles por la bancada Todos, cuyo jefe Juan Ramón Lau, explicó que la iniciativa pretende reducir la mora judicial y fortalecer el Estado de Derecho.

La iniciativa pretende adicionar a la Ley el artículo 521 bis, que señala que “habiéndose ordenado la libertad del procesado mediante desistimiento, sobreseimiento o archivo, el Estado de Guatemala o el querellante adhesivo en su caso, indemnizará al procesado con 50 salarios mínimos, salario mensual vigente para las actividades no agrícolas”.

Además, se podría indemnizar con 100 salarios mínimos, del salario mensual vigente para las actividades no agrícolas, si el sindicado es absuelto “en sentencia firme debidamente ejecutoriada”.

• Para el 2016 el salario mínimo mensual, para las actividades no agrícolas, es de Q2 mil 497.04.

Junto al resarcimiento, también se deberá publicar, en por lo menos dos diarios de mayor circulación, las circunstancias en las que se ordena dicho pago.

La propuesta también busca modificar el artículo 268 del Código Procesal Penal, que se refiere a la cesación del encarcelamiento, para que las prórrogas de privación de libertad se otorguen una sola vez y por no más de seis meses.

Lau explicó que con esta reforma se pone un plazo a las salas de Corte de Apelaciones y a la Corte Suprema de Justicia, para que cuando se soliciten prórrogas de privación de libertad estas no se otorguen como ahora, que se hace “cuantas veces sea necesario”.

El diputado dijo que “no es justo que una persona esté detenida hasta cuatro años y después el Estado solo diga, disculpe, pero usted no era culpable. Esto conlleva agravios para cualquier persona que esté detenida porque provoca desintegración familiar, pérdida de empleo y la estigmatización ante la sociedad”.

“El remedio a la violencia está más bien en la aplicación de políticas de desarrollo social”, afirmó Vizcaíno.

Según los funcionarios de la iglesia católica de Guatemala, el artículo 18 de la Constitución le otorga al Congreso la facultad para abolir la pena de muerte.

La CEG aseguró tener conciencia de que la población estaba cansada de la ola de violencia, corrupción e impunidad que imperaban en el país.

Sagastume, obispo de Santa Rosa, dijo en aquel momento: “Invitamos a la población guatemalteca a crear una verdadera cultura de la vida, y que se oponga a la anticultura de la muerte, por medio de nuestro compromiso diario en el camino de la conversión, la reconciliación y la construcción de la verdadera paz”.

La Iglesia Católica también reprochó la promoción de la pena capital como propaganda política, ya que reafirmaba la ineficacia del sistema judicial.

El legislador Roberto Villate, jefe de la bancada Libertad Democrática Re- novada (Líder), quien promovía la aplicación de la pena de muerte, consideraba que la medida era un método disuasivo ante la ola de violencia.

“Desde el año 2000 que se dejó de ejecutar, se ha incremento el número de muertes casi al doble”, dijo.

“Si seguimos esperando unos 10 años, se puede aumentar el número de muertes a 40 diarias.. Nosotros sí creemos que la pena de muerte es un disuasivo”, aseguró Villate.

Evangélicos, a favor

César Augusto Ayala, vocero de la Alianza Evangélica, dijo que, su organización es “pro vida”, creían que cuando un delincuente es reincidente, por sus faltas a la moral y a la ética, “hay justificación para aplicar la pena capital”.

“Como un disuasivo es bastante difícil verlo; más bien, es como una confirmación de la justicia y su cumplimiento”, sostuvo Ayala.

Historia de pena capital

El Código Penal guatemalteco, el cual data desde 1973, contempla la pena de muerte, y antes de las dos ejecuciones de 1996, por medio del fusilamiento, se tiene registro de cuatro sentencias llevadas a cabo en 1982 por medio de la inyección letal.

Otras 11 personas fueron ejecutadas en 1983, bajo el amparo del decreto de emergencia 46-82, promulgado durante el estado de Sitio impuesto por el gobierno de facto de Efraín Ríos Montt. Los reos fueron llevados ante el fuero especial el cual consistía en jueces sin rostro .

Durante la aplicación de ese decreto se castigaba con la pena de muerte a parricidas y homicidas con circunstancias agravantes. También se incluía el homicidio del presidente y del vicepresidente de la República.

La pena de muerte estaba regulada mediante la Ley de Indultos, aprobada en la Asamblea Legislativa de 1982, en el régimen de Ríos Montt.

Paradójicamente, fue el Congreso presidido por el general retirado el que derogó esa ley el 11 de marzo del 2000, durante el gobierno de Alfonso Portillo.

La discusión se retomó en el 2006, en el gobierno de Óscar Berger, pero la iniciativa impulsada por el Partido Unionista fue bloqueada por el Frente Republicano Guatemalteco (FRG).

El presidente Álvaro Colom vetó otros dos decretos que pretendían restablecer el indulto presidencial.

Fusilamiento por violación

El 14 de septiembre de 1996 fueron fusilados Roberto Girón y Pedro Castillo Mendoza, por haber violado y asesinada una niña. Los medios de comunicación presenciaron la ejecución, lo cual conmocionó a la población, dando lugar a introducir la inyección letal.

Inyección letal

Tomás Cerrate Hernández, de 39 años, y Luis Cetino, 38, fueron ejecutados por inyección letal el 29 de junio de 2000. Ambas sentencias se llevaron a cabo con una hora de diferencia. Se les juzgó por el secuestro y asesinato de la empresaria guatemalteca Isabel Bonifasi de Botrán.

Diez condenados a muerte

El Juzgado Primero de Ejecución dejó pendientes cuatro condenados a la inyección letal; y en el Juzgado Segundo de Ejecución, hay seis reos sentenciados a la pena capital por los delitos de asesinato, asesinato en grado de tentativa, plagio o secuestro y violación.

Tres gobiernos

La discusión sobre el indulto presidencial consumió la primera década del presente siglo.

Derogan Ley de Indultos

11 de mayo de 2000 el Congreso derogó el decreto ley 1,549 de 1892, conocido como Ley de Indultos, que regulaba el recurso de gracia presidencial, con el que decidía si se ejecutaba o no al sentenciado.

12 de febrero 2008 el Congreso restituyó la figura del indulto presidencial para los condenados a muerte. Con ello, puso fin a un vacío legal que desde el 2000 impedía aplicar esa pena.

Primer veto de Colom

14 de febrero 2008 El presidente Álvaro Colom veta la ley y la regresa al Congreso, al considerar que el de- creto 06-2008, aprobado el 12 de febrero, viola varios artículos de la Carta Magna.

Restituyen el indulto

5 de octubre 2010 Los diputados aprueban de urgencia nacional la iniciativa de ley que restituye el indulto presidencial para la aplicación de la pena capital, la cual podría entrar en vigor en el 2012.

Segundo veto de Colom

3 de noviembre 2010 El presidente Colom veta el decreto 37-2010, por considerar que aplicar la pena de muerte no era la solución contra la inseguridad, y le pide al Congreso abolirla.

UE pide abolición

6 de noviembre 2010 Los representantes de la comunidad Europea exigen al Congreso abolir la pena de muerte y se muestran preocupados de que esta medida sea publicada por el Legislativo en el diario oficial.