¿Quiénes son Jorge Mario González Paz y Jorge Alberto Santiago Chen Sam, elegidos por el Congreso para la Superintendencia de Competencia en Guatemala?

El Congreso de Guatemala completó el nombramiento del Directorio de la Superintendencia de Competencia, designando a sus nuevos directores para impulsar la competencia en los mercados y proteger a los consumidores.

Glenda Burrión

13 de agosto de 2025 | 06:00h

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Juramentación de Jorge Mario González Paz como director titular y de Jorge Alberto Santiago Chen Sam como director suplente del Directorio de la Superintendencia de Competencia, para el período 2025-2031. (Foto, Prensa Libre: Érick Ávila)

El Congreso de la República, el martes 12 de agosto de 2025, nombró a Jorge Mario González Paz como director titular y a Jorge Alberto Santiago Chen Sam como director suplente de la recién creada Superintendencia de Competencia. 

Las votaciones arrojaron 131 votos a favor de González Paz y 124 votos para Santiago Chen Sam, impulsando finalmente la conformación de este organismo esencial para la regulación económica en Guatemala. 

La Superintendencia de Competencia tiene como objetivo proteger a los consumidores, prevenir abusos y garantizar la apertura de los mercados en Guatemala.

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Quién es Jorge Mario González Paz, director titular

Jorge Mario González Paz, abogado y notario guatemalteco con más de una década de experiencia en el sector público y privado, fue designado por el Congreso de la República como director titular de la Superintendencia de Competencia.

Especialista en Derecho de la Empresa, ha ocupado cargos de asesoría jurídica en ministerios y entidades estatales, además de ejercer como litigante independiente.

• Fecha de nacimiento: 29 de agosto de 1987 (37 años) 

• Formación académica: 
  • Maestría en Derecho de la Empresa (LLM UC), Pontificia Universidad Católica de Chile, 2024 
  • Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales; Abogado y Notario, Universidad de San Carlos de Guatemala, 2015 

• Experiencia profesional: 
  • Sector público: con cargos desde Asistente Profesional IV en el Ministerio de Desarrollo Social (2012-2016), Asesor en distintas instancias públicas—incluidos el Registro Nacional de las Personas (RENAP), la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia y el Ministerio de Desarrollo Social—hasta asesor en el Viceministerio Administrativo Financiero del Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Desarrollo Social (2024). 
  • Sector privado: abogado litigante desde 2017. 

• Contratista del Estado: 
  • Participó en 29 contratos públicos entre 2012 y 2024, por un monto total de Q1 millón 370 mil 640.86. 

• Participación previa en comisiones de postulación: 
  • En 2024 fue aspirante a magistrado de la Corte de Apelaciones (expediente CP-CA-2024-01075). 
  • En 2025 fue postulado por el Congreso como candidato titular o suplente para la Superintendencia de Competencia (expediente 18-2025). 

• Datos de contacto institucional: 
  • Perfil disponible en la plataforma Guatemala Visible — Sistema que monitorea elecciones de autoridades: Guatemala Visible 

Quién es Jorge Alberto Santiago Chen Sam, Director Suplente

Jorge Alberto Santiago Chen Sam, especialista en administración pública y gestión empresarial, fue designado por el Congreso de la República como director suplente de la Superintendencia de Competencia en Guatemala.

• Fecha de nacimiento: 28 de marzo de 1994 (31 años) 
• Formación académica: 
  • Doctorado en Alta Dirección Política y Administración Pública – Universidad Galileo, 2023
  • MBA y Executive MBA con especialidad en Liderazgo y Estrategia en la Dirección – Escuela de Negocios (formato educativo), 2022 
  • MBA en Administración y Gestión de Empresas – Universidad Galileo, 2021 
  • Ingeniería en Administración – Universidad Galileo, 2021 
  • Postgrado en negocios y gestión empresarial – Universidad Galileo, 2020 

• Experiencia profesional pública: 
  • Servicios profesionales en la Dirección Administrativa de la Contraloría General de Cuentas (2021-2025) 
  • Servicios técnicos en la Dirección General del Deporte y la Recreación del Ministerio de Cultura y Deportes (2019-2020) 

• Contratista del Estado: 
  • Participó en 10 contratos desde 2019 hasta 2025, con un monto total de Q772 mil 758.83. 

• Negocios registrados: 
  • Vinculado con Ucha’Xik Agencia de Comunicación y Publicidad, registrado en Guatecompras. 

¿Qué busca la nueva Ley de Competencia? 

El eje central de la Ley es la protección del consumidor y la promoción de un entorno donde exista una variedad de oferentes y demandantes, evitando así monopolios que reduzcan la oferta, eleven los precios o deterioren la calidad de los productos y servicios.

Además, prohíbe prácticas como la venta por debajo del costo con el fin de eliminar o bloquear a competidores, así como las condiciones discriminatorias que generen desventajas injustas entre consumidores o proveedores en situaciones similares. 

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En el Congreso analizan un nuevo esquema de contratación pública para  la red vial

Diputados acuerdan un dictamen, que por el momento se encuentra en borrador, para la iniciativa 5431 que ahora se denominaría “ley de infraestructura vial prioritaria”.

Urias Gamarro

26 de julio de 2024 | 05:00h

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La iniciativa de ley 5431 que ahora será conocida como “Ley de infraestructura vial prioritaria”, ya tiene dictamen favorable de los miembros de la Comisión de Economía del Congreso de la República. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

La iniciativa de ley 5431 que ahora será conocida como “Ley de infraestructura vial prioritaria”, ya tiene dictamen favorable de los miembros de la Comisión de Economía del Congreso de la República, con un articulado diferente al que incluía anteriormente la “Ley General de Infraestructura Vial” que se presentó en 2018 y fue dictaminada favorablemente con modificaciones en noviembre de ese año, sin lograr más avances.

El pasado miércoles, diputados que integran esa comisión de trabajo, junto con el presidente del Congreso, Nery Ramos, dieron a conocer que “ley de infraestructura vial prioritaria”, tuvo un dictamen favorable, para que en los siguientes días pueda entrar a discusión en el Pleno.

La nueva normativa plantea cambiar el modelo actual de contratación, licitación y adjudicación de tramos carreteros que realiza el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi) en para la construcción, rehabilitación, operación y mantenimiento de los mismos y de primera mano asigna un saldo de caja de Q6 mil millones destinados a cubrir las primeras coberturas de pago.

Se reiteró que bajo esta nueva modalidad, no habrá ningún peaje o caseta de cobro para los usuarios.

El anuncio legislativo coincide con una visita que realizó a Guatemala esta semana Eric Jacobstein, subsecretario de Estado adjunto para América Central en la Oficina de Asuntos del hemisferio occidental, para tratar los avances de la iniciativa “Centroamérica Adelante” que busca promover la inversión en sectores como infraestructura vial, puertos y aeropuertos.

¿En qué consiste?

Sobre los alcances y limitaciones de la nueva iniciativa, el diputado Jorge Ayala, presidente de la referida comisión, explicó que el Pleno dispuso que se trasladara de nuevo a la comisión la anterior iniciativa -ley general de infraestructura vial- por lo que se trabajó en una nueva propuesta de dictamen.

Sobre las diferencias principales con el anterior proyecto legislativo, enumeró las siguientes:

• Por el lado de aplicación, en la iniciativa original era todo el sistema vial del país, pero  ahora se concentra en las carreteras centroamericanas (CA).
• Incluye los anillos tanto Metropolitano y Regional.
• Las CA que conectan a puertos y fronteras con fronteras.
• El ramal que comunica desde la aldea El Rancho, El Progreso, hacia las Verapaces.       

El parlamentario aclaró que se mantiene la institucionalidad del Micivi, mientras que el Fondo Social de Solidaridad, la Unidad de Conservación Vial (Covial) y la Dirección General de Caminos (DGC) conservan sus funciones, pero más limitadas en cuanto al ámbito de su aplicación.

Además, se crea la Dirección de Proyectos Prioritarios para atender todo el proceso de contratación de obras en los tramos carreteros mencionados, mientras que el Micivi continuaría atendiendo las carreteras nacionales secundarias y tercerías.

Esa Dirección tendría una figura desconcentrada, pero bajo el mando del Micivi con un Directorio:

• Dos ministros de Estado o sus viceministros.
• El presidente del Colegio de Ingenieros.
• Un representante de los usuarios de transporte internacional.
• Un representante de la Cámara Guatemalteca de la Construcción.

Ayala dijo que también habría dos representantes del sector privado, la academia y la parte pública.

Responsables de la operación y mantenimiento

En la iniciativa se estructura un fondo y se asignarán recursos anuales. Se crea la figura del pago por disponibilidad, que son los contratos de construcción, rehabilitación, operación y mantenimiento, que permitirán que un contratista que participe en una licitación pública internacional construya el tramo carretero asignado y luego recibirá su pago diferido, por plazos que van de 20 a 25 años, pero la misma constructora es la responsable de operar y mantener el trayecto asignado.

Según el diputado, se garantiza la construcción de carreteras de óptima calidad y con estándares internacionales, por lo que para poder ser elegible para el pago de su anualidad deben alcanzarse ciertos indicadores y así se evita el problema de que el contratista se desliga  al momento de la entrega del proyecto.

Ahora la empresa ganadora, deberá ser la responsable de su mantenimiento y contar con los parámetros que se establecerán en el contrato. “Ninguna carretera CA será privatizada ni se cobrará peaje”, puntualizó.

Fuentes de financiamiento

Ayala apuntó que el fondo que se crea se financiará con el impuesto a la distribución de petróleo (IDP) y sus derivados, ya que en el imaginario de las personas y usuarios, hay una creencia que se destina para el mantenimiento vial, así como el impuesto sobre la distribución de vehículos (ISCV).

Se explicó que del IDP, de los Q4.70 que se paga ahora por cada galón de gasolina súper, Q1 va para Covial, Q0.30 para las municipalidades y la diferencia que es Q3.40 van al fondo común -que administra el Ministerio de Finanzas-.

Pero con la nueva propuesta, esos recursos irán íntegramente al fondo para liquidar los pagos anuales para las empresas. De esa forma, cada año el fondo se estará alimentando -vía los impuestos- el IDP y ISCV, así como el 30% del saldo de caja de los fondos no ejecutados en cada ejercicio fiscal.

Los recursos se estarían destinando exclusivamente a la infraestructura vial y se aclaró que no se revisarán ni crearán nuevos impuestos para ese fin. El nuevo Directorio sería el responsable del manejo de los recursos que se recauden, por medio de la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios.

Intervención

Las rutas CA en las cuales se intervendrá representan el 10% del total de la infraestructura vial del país, que es de los 17 mil 500 kilómetros, por lo que en este modelo, se estaría trabajando en 1 mil 500 a 2 mil kilómetros, por donde transita el 70% del tránsito comercial y el 60% del desplazamiento de la población del total de país.

“El enfoque está muy claro”

Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) declaró que en esta iniciativa se encuentra un enfoque muy claro de las necesidades más urgentes del país.

Recalcó que los cambios al dictamen le dan una viabilidad política más acelerada, pues se atiende la ampliación, rehabilitación, operación y mantenimiento, así como el uso, aprovechamiento y conservación de las rutas centroamericanas, así como de las rutas perimetrales que forman parte de un estudio de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (Koica), con el que ha venido apoyando a la Municipalidad de Guatemala, que incluye el Anillo Metropolitano, el Anillo Regional y algunas circunvalaciones que se necesitan en el departamento de Guatemala.

“Se mantendría una institucionalidad al crear la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios dentro del Micivi, en lugar de una Superintendencia Vial, lo que sería un órgano desconcentrado”.

En cuanto a la capitalización de Q6 mil millones del saldo de caja, se reconoce que no se intervendrá en la actual institucionalidad del Micivi, al mantenerse Covial y la DGC “por lo que está bastante bien el dictamen y lo que viene es la parte política, con el logro de los consensos necesarios para su aprobación”.

Mejorar en indicador

Guillermo Díaz, coordinador del Instituto de Investigación en Ciencias Socio Humanistas de la Universidad Rafael Landívar (URL), reiteró que la infraestructura es un activo importante de país y es un pilar para medir la competitividad, aparte de que cuenta con su índice respectivo, por lo que es ahí donde Guatemala es mal calificada.

Con la situación actual, el índice no mejorará y a su vez incide en la baja inversión extranjera directa y en la imagen nacional. “Por más que se cuente con una mejor calificación de riesgo país y estabilidad macroeconómica, los inversionistas internacionales le prestan atención a la infraestructura”.

Sobre la participación de compañías internacionales, indica que sería positivo para este tipo de mercado que “está cooptado por algunas empresas locales, pues las obras están direccionadas hacia intereses políticos y económicos a conveniencia”.

Recordó que, en los últimos 20 años, no se ha construido una nueva carretera de trascendencia y en promedio se habilitan unos 200 kilómetros por año en caminos rurales, “por lo que es una buena alternativa y ojalá que los diputados puedan hacer su trabajo en beneficio del país, porque se necesita una ley que expedite la construcción y rehabilitación de la infraestructura vial”.  

De acuerdo con la iniciativa con número de registro 5917, los principales cambios que se pretenden son: dotar a la institución de autonomía técnica y financiera; centralización y publicación de datos; y la creación de un Registro Único de Beneficiarios actuales y potenciales de los programas sociales, entre otros aspectos.

“La idea de estas reformas es fortalecer y robustecer a la institución para que pueda producir información y datos estadísticos que son fundamentales para la toma de decisiones en el país y para el uso de la ciudadanía”, dijo el diputado Estuardo Rodríguez-Azpuru, vicepresidente de esa comisión legislativa.

Los cambios

La primera modificación propuesta busca dotar de autonomía al INE, ya que actualmente es una entidad semiautónoma adscrita al Ministerio de Economía (Mineco). En la propuesta de ley se lee: “Se crea el Instituto Nacional de Estadística, cuya denominación será INE, con carácter de entidad estatal autónoma, con patrimonio propio y plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones que tiendan al desarrollo de sus fines”.

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A juicio del legislador, es fundamental que el INE tenga autonomía y que no sea una institución cautiva, sino la capacidad de manejar sus propias políticas, pues su independencia es necesaria para contar con un sistema estadístico objetivo, imparcial y basado en estándares internacionales.

David Casasola, analista del Centro de Estudios Económicos Nacionales (CIEN), consideró necesario el fortalecimiento institucional del INE para que alcance el nivel de otros institutos de estadística de la región. “Que asegure (la autonomía institucional), los recursos financieros y la capacidad de atraer y formar un recurso humano idóneo. Algo que resulta complejo de alcanzar bajo la estructura actual”, enfatizó.

Entre los otros cambios propuestos también está la centralización y publicación de datos a través de un Sistema Estadístico Nacional, a fin de evitar la duplicidad en la recopilación de datos y mejorar la calidad estadística oficial.

“Deberá contar con un sistema de consulta electrónica, pública y gratuita. La información deberá publicarse en un sitio web de acceso libre, abierto y gratuito de datos, y deberá publicarse en forma completa, oportuna y sistemática en formatos abiertos y estructurados”, establece la iniciativa de ley.

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Otra novedad es la creación de un Registro Único de Beneficiarios (RUB) que contendrá una base de datos sobre los beneficios actuales y potenciales de los programas sociales, las características socioeconómicas de los hogares beneficiarios y su entorno, de forma física y/o electrónica, con el objeto de conocer y cuantificar quiénes son.

“EI RUB debe operar como base predominante en todas las Instituciones, entidades, secretarías y ministerios del Estado. EI Código Único de Identificación (CUI) será el identificador para cada persona beneficiada por los programas sociales”, se lee en el proyecto de ley.

“Sin duda, los hacedores de políticas públicas necesitan tomar decisiones basadas en evidencia, algo que no se logrará si el sistema estadístico sigue desactualizando y enfrentando dificultades para atraer y retener recurso humano idóneo. La medición de pobreza, inflación y las estimaciones de población para el cálculo de distintos indicadores como la tasa de homicidios, son clave para la toma de decisiones estratégicas para el país”, agregó Casasola.

Otras reformas

Entre otros cambios, la iniciativa de ley establece que el INE debe regir su función bajo los principios de máxima publicidad y accesibilidad de las estadísticas nacionales; constante innovación y actualización de sus métodos de recopilación de datos; imparcialidad y objetividad en la producción estadística y uso de buenas prácticas internacionalmente reconocidas.

Adicionalmente, se establece la obligatoriedad de las dependencias gubernamentales, entidades descentralizadas, autónomas y semiautónomas, incluyendo las municipalidades, de facilitar el acceso del INE a sus datos y registros estadísticos. Asimismo, permite al INE establecer convenios con el sector privado para obtener información que permita construir estadísticas públicas.

Se intentó obtener una postura de las autoridades del INE sobre la propuesta y su discusión, pero la respuesta fue: “Acerca de este tema no se tiene ninguna opinión, debido a que no está siendo promovida por el INE”, por medio de un correo electrónico Flor de María Figueroa, directora de Comunicación y Difusión de esa entidad.

Según Kevyn Valencia, director ejecutivo en funciones de la Anadie, por instrucción del Consejo Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Conadie), el primer gran cambio que se estudia es que el Congreso ya no tenga que aprobar los proyectos de Alianzas Público-Privadas (APP) como ocurrió con el contrato entre el gobierno de Guatemala y la empresa adjudicada para rehabilitar y operar la autopista Escuintla-Puerto Quetzal.

“Se están haciendo los análisis correspondientes para determinar si los contratos deben ser aprobados por el Congreso o se quedan únicamente bajo la responsabilidad del órgano superior de la Anadie y bajo la Ley de Contrataciones del Estado, similar a lo que sucede en otros países latinoamericanos”, dijo el funcionario.

Según el artículo 13, inciso d) de la ley, tras aprobar el contrato, el Conadie debe trasladarlo para conocimiento y aprobación del Congreso.

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Ámbito municipal

El otro cambio que se analiza es que los proyectos de infraestructura en educación, salud y agua sean incluidos como parte de las APP.

El artículo 2 de la ley vigente, establece que las municipalidades y mancomunidades de municipios podrán realizar proyectos de infraestructura bajo este marco legal, siempre que cuenten con las autorizaciones previas, conforme las normas establecidas en el Código Municipal, pero señala: “La presente Ley no será aplicable a la infraestructura en educación, salud y agua”.

El diputado Estuardo Rodríguez-Azpuru, vicepresidente de la Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso, opinó que están a la espera de recibir la propuesta de reformas al marco legal indicado para agilizar su dictamen, ya que en 11 años, solo se ha aprobado un proyecto de ese tipo.

“Creo que algunos proyectos de APP no deberían pasar por el congreso, pero con un estudio técnico correcto. Quizá solo los proyectos grandes que puedan afectar la macroeconomía de un país deben ser aprobados por el Pleno”, opinó.

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Portafolio de proyectos de APP de la Anadie

• Centro Administrativo del Estado, inversión estimada US$240 millones. En fase de precalificación finalizada. Estudios técnicos y aprobaciones, a nivel local.
• MetroRiel, requiere US$770 millones. En estudios de factibilidad.
• Vía Exprés Nor-Oriente, por US$300 millones. En estudios de prefactibilidad.
• Modernización del Aeropuerto Internacional La Aurora, US$120 millones. En revisión de nuevos estudios de preinversión.
• Puerto Intermodal Tecún Umán II, US$40 millones. Ejecución de la primera fase (interconexión ferroviaria entre Guatemala y México) y construcción patio logístico tren-camión.
• Metro subterráneo o sistema de transporte público masivo del eje oriente-occidente del área metropolitana de Guatemala. Pendiente de definir el monto de inversión.

Juan Ignacio Quijada, presidente de la Comisión de Economía para el periodo 2022 – 2023, explicó que al hacer una primera evaluación detectaron como, al menos, ocho iniciativas para la reactivación económica no han sido aprobadas por la presente legislatura.

El diputado presidente forma parte del bloque de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), y aunque considera que quizás no logren aprobar todas las iniciativas pendientes hay algunas que temen de tomar como prioridad.

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Añadió que entre esas industrias que serán priorizadas para la agenda legislativa, por la naturaleza de los proyectos legales que permanecen pendientes de aprobación, destacan las zonas francas y todo lo relativo al sector del turismo.

¿Cuáles son los objetivos que tiene la Comisión de Economía para el 2022?

El próximo miércoles, en conjunto con la comisión, vamos a hacer el programa para todo el año. Primero estamos recopilando todos aquellos proyectos de ley que no fueron aprobados en el 2021.

Luego de eso vamos a trazar una serie de objetivos, pero la propuesta que yo llevo es que mejoremos la economía de Guatemala. Hay muchos aspectos que esperamos abordar en esta reunión del miércoles, incluso está citado el ministro de Economía y sus viceministros; así mismo el Canciller.

Queremos ver con los funcionarios temas relacionados a los tratados de libre comercio que existen con otros países y algunos otros proyecto que se puedan ir implementando en materia de comercio.

¿Cuántas iniciativas de ley para la reactivación económica quedaron pendientes?

Tengo recopilado, en promedio, ocho iniciativas de ley y estamos viendo con los diputados de la Comisión un análisis para identificar si existen otras iniciativas en la misma línea de la reactivación económica

Si habláramos de dos iniciativas en materia económica que deban ser aprobadas antes de mediados de año. ¿Cuáles podrían ser esas?

Una de ellas es la Ley de Zonas Francas, también queremos presentar un proyecto de ley para involucrar a la zona hotelera y de restaurantes.

Según información que tenemos el Ministerio de Economía tiene un fondo de Q400 millones para otorgarle a las pequeñas y medianas empresas, nosotros vamos a hacer un evaluó de todos los hoteles y restaurantes para que exista una organización y poderles atender.

Usted sabe que se debe de incrementar el turismo en Guatemala porque es una de las industrias que genera muchos recursos para nuestro país. Esto sería mediante una nueva iniciativa de ley.

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¿Qué ha hecho bien la novena legislatura en materia de reactivación económica?

Se han aprobado varias iniciativas en el Congreso. Nosotros propusimos que se le diera un apoyo económico a la mediana empresa, recuerdo que eran Q250 mil, pero el sistema bancario puso muchos requisitos. Nosotros hacemos la ley pero el reglamento lo hicieron las empresas, lamentablemente no se colocaron muchos fondos.

También ya se trató bastante el turismo, pero nosotros lo que queremos hacer cuanto antes es una legislación y hacer algunas ampliaciones a las leyes que ya existan.

¿Qué tan complejo será el año preelectoral para lograr consensos en la aprobación de iniciativas para la reactivación económica?  

Nosotros tenemos un programa de sesiones establecidas, nos vamos a reunir las primeras semanas de cada mes, ya consideramos también todo lo que se viene con la Semana Pasada, el receso parlamentario y las distintas actividades propias de diputados para cuestiones preelectorales.

Tenemos un equipo que va a trabajar y va alcanzar el quórum necesario para poder hacer nuestro trabajo.

Al hablar de las medidas relativas a la pandemia que tendría que pesar más. ¿La salud o la reactivación económica?

Estamos todavía con la pandemia, nosotros sugerimos a todos los empresarios de hotelería y restaurantes, incluso salones de reuniones, para que guarden el distanciamiento y todos los protocolos que tiene el Ministerio de Salud, porque cerrar un restaurante o un hotel como se hizo en 2020 fue afectar la economía.

También que la gente use de manera correcta su mascarilla y su gel como están haciendo ahorita, protegernos de este virus para no contagiarnos y así se puede dar una reactivación económica.

Si usted va a un restaurante y si guarda las medidas de distanciamiento, es cierto, si antes atendían ahora lo hacen con una cantidad menor, pero muchos han mejorado sus menús reduciendo la cantidad de alimento para tampoco incrementarle los precios a los platos, es algo que la gente mira bien.

Hace algunos días el doctor Edwin Asturias comentó en sus redes sociales que sería oportuno que comercios soliciten una constancia de vacunación a sus clientes. ¿Sería prudente legislar en esta vía?

Yo creo que es prudente porque así como tienen los comercios en su entrada aplicación en gel y control de temperatura también deberían de estar pidiendo un carnet de vacunación, hacerle conciencia a la gente que si va a ir a un lugar debe de cargar su constancia de vacunación.

El problema sería con la gente que todavía no cree en la vacunación, la vacunación no es obligatoria y habría problemas al no dejar entrar a alguien, pero los dueños de los negocios tendrían que poner las medidas para que a ellos se les pueda atender en otra área.

Me dice que sería prudente pero de momento no hay legislación en esta materia. ¿Su comisión podría proponer una iniciativa de ley para esto?

Podría ser, lo vamos a analizar en la comisión. Ahorita recién se aprobó la ley de vacunación y habría sido puedo incluir un punto donde este tema sea considerado pero se le podría hacer alguna ampliación a la ley. Es un tema a considerar en lo interno de la comisión.

¿Quién es el presidente de la comisión?

• Nombre: Juan Ignacio Quijada Heredia.
• Bloque: Unidad Nacional de la Esperanza (UNE)
• Experiencia legislativa: Primera vez como diputado y además de presidir la Comisión de Economía es integrante en las mesas de Trabajo, Energía y Minas, Juventud y Asuntos Sobre Discapacidad.
• Otros cargos: Ingeniero Civil de profesión, pero Guatemala Visible ni Congreso Eficiente tienen registro de experiencia política previa.

Concuerdan que la mejora de la infraestructura debe de ser prioridad, sobre todo en este tramo que comunica a la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), el puerto con mayor movilidad, y a APM Terminals.

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Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo (Fundesa) y Antonio Ralda, directivo de Guatemágica —el circuito turístico de Retalhuleu—, aseguraron que el tramo es fundamental para el desarrollo de la actividad productiva.

“La iniciativa privada puede llevar mucho mejor la inversión para mejorar la competitividad del país”, expuso Ralda.

Agregó que se necesita mejorar la velocidad de transporte de productos, eliminar túmulos, no pasar por poblados urbanos y que el tráfico pesado circule por  áreas céntricas.

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Ralda considera que el modelo de alianza público-privado es viable para este tramo, pero debe haber voluntad política de parte de los diputados, sobre todo de los partidos más fuertes que deberán de dar su voto para que camine la aprobación, sin embargo, dijo que por ser un año electoral es un “poco difícil” que avance la discusión.

El contrato del proyecto carretero Escuintla-Puerto Quetzal, que está pendiente de que la Comisión de Comunicaciones del Congreso emita dictamen, se le denomina CA-9 sur “A” y empieza desde el kilómetro 60.9 hasta el 102.1 y tendrá una inversión estimada de Q600 millones unos US$80 millones.

Esperan contrato

René Muñoz, director de asuntos corporativos de Consorcio Autopistas de Guatemala (Convia), —empresa que fue adjudicada— declaró que la obra, tiene una importancia para el desarrollo en una carretera que tiene una alta movilidad para las exportaciones e importaciones.

“Una de las metas a futuro está en la infraestructura que el país necesita para los siguientes años”, puntualizó.

Cargando

El directivo expuso que una vez tenga la luz verde del contrato por el Congreso, el proyecto arrancará ocho meses después.

Eduardo Velásquez, investigador del Centro de Estudios Urbanos (Ceur) de la Universidad de San Carlos, dijo que el proyecto es atractivo y rentable.

En todo caso, si no es aprobado por el Congreso, que sea el Estado que lo construya y que crea una empresa estatal con alto perfil técnico para su operación.

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“Una autopista que conecta al puerto sin duda es una de las inversiones más importantes”, afirmó.

Héctor Fajardo, directivo de la Federación Centroamericana de Transporte (Fecatrans), dijo que todo lo relacionado a infraestructura vial es importante y clave para mejorar la competitividad, aunque no se oponen al proyecto, el pago de un peaje castigará al sector del transporte pesado.

Otros proyectos

Víctor Manuel Martínez, ministro de Finanzas y presidente del Consejo Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Conadie), informó que existen otros proyectos bajo el esquema de alianzas público-privadas.

En la cartera de proyectos bajo este esquema, mencionó el funcionario, está el metro riel o tren de cercanías, así como el periférico metropolitano, que podrían desarrollarse si hay interés este año.

También estará el Aeropuerto Internacional La Aurora.

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La reunión del próximo jueves será decisiva y de no ponerse de acuerdo, la decisión pasaría al Presidente de la República.

Aumentos

Reynoso indicó que el sector trabajador propuso un incremento de Q125 diarios para las actividades no agrícolas y de vestuario y textil, y de Q140 para la agrícola.

La parte patronal no hizo propuesta.

El salario mínimo vigente este año es de Q2 mil 747.04 para las actividades agrícolas y no agrícolas, y de Q2 mil 534.15 para la maquila y exportación, que incluyen la bonificación de ley de Q250.

Eso equivale a un salario diario de Q81.87 para las dos primeras actividades y de Q74.89 para la segunda.

“Lo que se busca es atacar las prácticas abusivas del monopolio o de una posición de dominio en el mercado”, explicó el diputado Carlos Barreda.

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Se explicó que los casos se discutirán en los ámbitos administrativo y contencioso-administrativo, por lo que el castigo no sería de cárcel sino con sanciones de entre 8% y 10% de los ingresos de la empresa.

Se crea una superintendencia, pero se cambió la propuesta original y las multas no formarán parte de su presupuesto.

Además, se creó un capítulo específico que regula la prohibición o aceptación, bajo condiciones, de las concentraciones de servicios —como fusiones, compras o absorciones—, los cuales la superintendencia tendría que aprobar o improbar antes de efectuarse y para lo cual dispone de un plazo de 90 días. Ese ente solo podrá efectuar inspecciones en las empresas con orden de juez.

Se crea un capítulo para defensa y descargo de señalamientos. Se requiere de Q20 millones para funcionar el primer año.

Rubén Morales, ministro de Economía, dijo que está satifecho a pesar de los cambios, ya que luego de 25 años se logró hablar del tema.

Barreda recordó la necesidad de una ley de este tipo para cumplir con exigencias internacionales como los acuerdos de Asociación con la Unión Europea, DR-Cafta, el TLC con Perú y otros acuerdos centroamericanos.

Agregó que Guatemala es el único país de Latinoamérica que no tiene una Ley de competencia y que con esto también incumple con el artículo 130 de la Constitución, que prohibe los monopolios.

Se espera empezar con las audiencias de socialización en breve y constituir una mesa técnica, con la esperanza de que sea aprobada antes de noviembre próximo.

El proyecto, según Barreda, fue elaborado con el apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Barreda agregó que la iniciativa, que se ha trabajado con la Comisión de Economía del Congreso, y el acompañamiento del ministro de economía y asistencia técnica de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales.