Corte IDH visita Guatemala para celebrar audiencias públicas y verificar el cumplimiento de 5 sentencias

Los casos están relacionados con ejecuciones extrajudiciales, violaciones al derecho a la salud, derechos laborales, libertad de expresión y discriminación.

José Manuel Patzán

7 de mayo de 2025 | 10:53h

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La Corte IDH determinó que Guatemala violó derechos humanos en el caso Autopatrulla 603. (Foto Prensa Libre: hemeroteca PL)

Durante el 176 Período Ordinario de Sesiones, que se realizará en Guatemala, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) celebrará cinco audiencias privadas para supervisar el cumplimiento de sentencia en igual número de casos contra el Estado guatemalteco.

Durante la jornada del 19 al 23 de mayo, la Corte IDH celebrará tres audiencias públicas para casos de fondo, cinco audiencias privadas para casos de Guatemala en etapa de supervisión de cumplimiento de sentencia, un seminario académico abierto al público y algunos encuentros con autoridades nacionales.

Estos casos, según la Corte, abordan distintas problemáticas estructurales vinculadas con el acceso a la justicia, los derechos de los pueblos indígenas, el derecho a la salud, la protección de personas en condición de vulnerabilidad y la reparación integral a las víctimas.

Qué supervisan

Una vez emitida una sentencia, la Corte continúa su labor supervisando que el Estado cumpla con las reparaciones ordenadas. Esto puede incluir indemnizaciones, medidas de no repetición, actos públicos de reconocimiento de responsabilidad, reformas legales o institucionales, entre otros. Esta supervisión se mantiene hasta que el Estado cumpla plenamente con lo dispuesto.

La Corte está compuesta por siete juezas y jueces independientes, elegidos a título personal por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). Su mandato es de seis años, renovable una sola vez. Las juezas y jueces deben ser personas de alta autoridad moral, reconocida competencia en materia de derechos humanos, y no pueden desempeñar funciones que comprometan su imparcialidad o independencia.

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Los casos

• Caso Rodríguez Revolorio

El caso se remonta al 23 de mayo de 1996, cuando un tribunal ordenó la pena capital a Miguel Ángel Rodríguez Revolorio, Miguel Ángel López Calo y Aníbal Archila Pérez, por asesinato. Los tres eran agentes de la Policía Nacional cuando ocurrieron los hechos. Los jueces en su momento consideraron esa pena con base en el criterio de que las circunstancias del hecho, la ocasión, la manera y los móviles determinantes revelaron una mayor particular peligrosidad del agente.

Archila Pérez, López Calo y Rodríguez Revolorio protagonizaron el caso Autopatrulla 603, por el asesinato de Luis Pedro Choc Reyna e intento de asesinato de Edgar Estuardo Motta González.

Ambas víctimas fueron interceptadas al salir de un bar en la zona 6. Los agentes los llevaron en la autopatrulla 603 a un terreno baldío en la zona 16, donde los golpearon y dispararon, creyendo que los dos había muerto, pero Motta González sobrevivió y se convirtió en testigo.

Los reos plantearon recursos legales y fueron desestimados. Tiempo después, Archila murió en prisión, el 16 de julio de 1999. Más adelante, en 2012, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) modificó la condena e impuso 50 años a Rodríguez Revolorio y López Calo, quienes salieron de la cárcel en 2016 por buena conducta y trabajo.

La Corte IDH consideró responsable a Guatemala por la violación de la Convención Americana por la imposición de la pena de muerte y que el empleo del criterio de “peligrosidad del agente” es incompatible con el principio de legalidad de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La Corte declaró en 2019 la responsabilidad internacional de Guatemala por imponer la pena de muerte sin las debidas garantías, las condiciones inhumanas de detención y la falta de recurso efectivo para los señores Miguel Ángel Rodríguez Revolorio, Miguel Ángel López Calo y Aníbal Archila Pérez. En 2024 y 2025, la Corte verificó el cumplimiento de las medidas de reparación relativas a la publicación de la Sentencia y al pago de indemnizaciones.

• Caso Chinchilla Sandoval

María Inés Chinchilla Sandoval, una mujer con discapacidad física, falleció en 2004 mientras se encontraba privada de libertad en una prisión guatemalteca. Durante su detención, según la Corte IDH, Chinchilla Sandoval no recibió la atención médica adecuada, a pesar de su delicado estado de salud, lo que constituyó una violación de sus derechos a la vida, a la integridad personal y a la salud.

El día de su muerte, al no tener quien la desplazara, cayó de su silla de ruedas por una escalera. La Comisión consideró que Chinchilla Sandoval no recibió una protección judicial efectiva.

La investigación emprendida por el Estado no determinó si las causas establecidas de su muerte ocurrieron como consecuencia de la falta de atención médica adecuada y las condiciones de detención, de tal forma que hasta la fecha no se han establecido los diversos tipos de responsabilidades que pudieran haber surgido por tal hecho.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó que el Estado guatemalteco no garantizó condiciones de detención compatibles con la dignidad humana ni proporcionó los cuidados médicos necesarios, en un contexto de discriminación por motivos de discapacidad.

En su sentencia de 2016, la Corte ordenó al Estado implementar diversas medidas de reparación, entre ellas el pago de indemnizaciones a los hijos de Chinchilla Sandoval y la publicación de la sentencia. Para 2023, Guatemala había cumplido con las principales medidas ordenadas por la Corte.

• Extrabajadores del Organismo Judicial

En este caso, 65 extrabajadores del Organismo Judicial de Guatemala fueron despedidos luego de participar en una huelga en 1995 que fue declarada ilegal, en la que reclamaban mejores condiciones laborales y salariales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el Estado guatemalteco violó los derechos laborales, el debido proceso y la libertad sindical de los trabajadores despedidos. Concluyó que los despidos fueron arbitrarios y que el Estado no proporcionó recursos judiciales efectivos para impugnar las decisiones.

En su sentencia de 2021, la Corte ordenó al Estado implementar medidas de reparación, entre ellas la publicación de la sentencia y su resumen oficial. En 2023, se verificó el cumplimiento total de estas medidas por parte del Estado guatemalteco.

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• Caso Cuscul Pivaral

Este caso involucra a 49 personas que vivían con VIH entre 1992 y 2004 en Guatemala y que no recibieron atención médica adecuada por parte del Estado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó que el Estado guatemalteco violó los derechos a la salud, a la vida y a la integridad personal de las víctimas, al no proporcionarles tratamiento médico oportuno y adecuado. También señaló que el Estado no adoptó medidas efectivas para prevenir la discriminación y el estigma asociados al VIH.

En su sentencia de 2018, la Corte ordenó al Estado implementar diversas medidas de reparación, entre ellas el pago de indemnizaciones y reintegros a las víctimas, así como la publicación de la sentencia. Para 2022, se había cumplido parcialmente con el pago de indemnizaciones y reintegros, y totalmente con la publicación de la sentencia.

Entre los otros puntos resolutivos a cumplir están: brindar atención medica psicosocial de manera gratuita, garantizar, a través de las instituciones de salud, que la atención medica se otorgue en la clínica más cercana al lugar de residencia de las víctimas, asumiendo los costos de traslado.

También, implementar mecanismos de fiscalización y supervisión de los servicios de salud, mejorar la accesibilidad, disponibilidad y calidad de las prestaciones de salud para las personas que viven con el VIH.

• Pueblos indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango

Este caso, según la Corte, se centra en la imposibilidad de cuatro comunidades indígenas guatemaltecas (Maya Kaqchikel de Sumpango, Maya Achí de San Miguel Chicaj, Maya Mam de Cajolá y Maya Mam de Todos Santos Cuchumatán) de ejercer libremente su derecho a la libertad de expresión y sus derechos culturales a través de sus radios comunitarias.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó en el 2021 que la Ley General de Telecomunicaciones de Guatemala, al establecer como único criterio de adjudicación de frecuencias la mayor oferta económica, discriminaba indirectamente a los pueblos indígenas, quienes, debido a su situación de pobreza y exclusión social, no podían competir en igualdad de condiciones.

La Corte señaló que el Estado guatemalteco no adoptó medidas afirmativas para garantizar el acceso de los pueblos indígenas al espectro radioeléctrico, y que existía una política de criminalización de la radiodifusión comunitaria operada sin autorización, lo que resultó en la persecución penal de miembros de comunidades indígenas y en allanamientos de sus radios comunitarias. En su sentencia de 2021, la Corte ordenó al Estado adecuar su normativa interna para reconocer legalmente a las radios comunitarias indígenas y garantizar su acceso al espectro radioeléctrico.

En su momento, la Corte IDH, en un comunicado, señaló que “encontró al Estado de Guatemala responsable internacionalmente por la violación de los derechos a la libertad de expresión, la igualdad ante la ley y a participar en la vida cultural, en perjuicio de los pueblos indígenas.

Informe internacional señala al MP de abuso de poder y obstaculizar investigaciones de corrupción

Un informe del Centro Cyrus R. Vance para la Justicia Internacional dice que en Guatemala no existe un mecanismo para que el Fiscal General del Ministerio Público rinda cuentas sobre sus acciones, tal como lo establece el derecho internacional.

Voz de América

8 de octubre de 2024 | 13:42h

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Un informe de la Universidad de Stanford y el Centro Cyrus R. Vance concluye que el Ministerio Público de Guatemala abusa de su poder, así como no hay un mecanismo para que la Fiscal General rinda cuentas tal como dicta el derecho internacional. (Foto Prensa Libre: Archivo EFE)

El informe elaborado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Stanford y el Centro Cyrus R. Vance para la Justicia Internacional, que recopiló y analizó documentos oficiales de organismos multilaterales y de fuentes oficiales, concluyó que el Ministerio Público de Guatemala ha atacado de forma sistemática el Estado de derecho.

Agregó que ha obstaculizado investigaciones sobre corrupción, ha utilizado el derecho penal como herramienta para perseguir a operadores de justicia, periodistas y defensores de derechos humanos y ha intentado desestabilizar la democracia del país.

A su vez destacó que en la ley guatemalteca no existe un mecanismo independiente e imparcial que permita que la Fiscal General, Consuelo Porras, rinda cuentas como lo exige el derecho internacional.

Porras ha sido sancionada por más de 40 países que le han prohibido el ingreso por obstruir la lucha anticorrupción y socavar la democracia guatemalteca. Las sanciones se han extendido a por lo menos cinco de sus fiscales y colaboradores.

Lea más: La CIDH urge al país a implementar 40 medidas en materia de derechos humanos

The Associated Press consultó a la dirección de comunicación del Ministerio Público sobre el reporte y no obtuvo respuesta.

El reporte recordó que la gravedad de la situación llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a recomendar una revisión independiente del funcionamiento del Ministerio Público y de su impacto en los derechos humanos por su falta de objetividad.

El informe incluyó recomendaciones como establecer procedimientos disciplinarios claros y transparentes que aseguren que los fiscales rindan cuentas por posibles faltas en el ejercicio de sus funciones, así como garantizar la independencia de las investigaciones de casos que involucren a Porras.

También hacer reformas a las leyes y reglamentos en Guatemala para evitar que la estructura jerárquica del Ministerio Público sea un obstáculo para que los altos funcionarios de esa oficina rindan cuentas.

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La CIDH incluyó a Guatemala en su informe anual sobre la situación de los derechos humanos y afirmó que la Fiscalía General hace injerencias indebidas en el proceso electoral y ejercicio abusivo del poder con fines político-electorales, lo que fue rechazado por el Ministerio Público.

Además documentó que el deterioro del Poder Judicial en Guatemala se agudizó en 2023, año de elecciones generales. Recordó que la Fiscalía intervino en el proceso electoral de Guatemala en el que Bernardo Arévalo ganó la presidencia, a pesar de que las leyes y la constitución facultaban sólo al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para tales acciones.

Postura del MP

Por su parte el MP señaló que denota desconocimiento del sistema jurídico guatemalteco.

“El Ministerio Público según lo establece la ley es el ente encargado de velar por el estricto cumplimiento de la ley, lo cual ha garantizado en todo momento mediante su actuar objetivo e imparcial”, señala la Fiscalía.

Agrega: “El informe que emite está organización denota un enorme desconocimiento del sistema jurídico guatemalteco, de las funciones del Ministerio Público y del trabajo que desarrolla el ente investigador dando respuesta a las denuncias ciudadanas. Este informe se fundamenta en información parcializada y no considera en ningún momento datos oficiales del Ministerio Público, lo que lo convierte en sesgado y carente de sustento”.

Por último añade: “Es evidente que se alinea con una serie de acciones promovidas por diversos actores que buscan obstaculizar las investigaciones del Ministerio Público y evitar el esclarecimiento de la verdad”.

La CIDH urge al país a implementar 40 medidas en materia de derechos humanos

La Comisión visitó el país en julio pasado, este viernes se publicó el informe preliminar.

Fátima Najarro

30 de agosto de 2024 | 10:29h

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La CIDH realizó una visita al país este año, luego de siete años. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Desde el 2017 hasta la fecha, la institucionalidad democrática y el estado de Derecho en el país se han enfrentado a un deterioro severo, según la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH). Este 30 de agosto se publicaron las observaciones preliminares de la visita realizada en julio de este año.

Los expertos recogen una serie de recomendaciones que se deben adoptar para superar los obstáculos identificados por la Comisión, las cuales abarcan a grupos vulnerables, defensores de derechos humanos, el sistema judicial y hasta el actuar de algunas instituciones y organismos del Estado.

“La instrumentalización del sistema penal para estos fines y bajo los patrones registrados representa uno de los mayores riesgos para la estabilidad democrática en Guatemala”, es una de las conclusiones expresadas en el informe.

Los problemas estructurales como la pobreza, desigualdad, discriminación y exclusión social, los cuales se agravan por los niveles de corrupción e impunidad. Además, que el incumplimiento de los Acuerdos de Paz ha repercutido en retrocesos e impunidad para las violaciones a los derechos ocurridos en el pasado, según la CIDH.

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“La CIDH advierte que la gobernabilidad democrática, la rendición de cuentas y la posibilidad de enfrentar los problemas estructurales del país se ven seriamente frenadas por un Poder Legislativo que se resiste a generar nuevas alianzas y acuerdos políticos en beneficio de la democracia y los derechos humanos de la población”, se lee.

Recomendaciones

La Comisión emite preliminarmente 40 recomendaciones que deben ser cumplidas porque el país es parte de la Convención Americana.

“Tomar medidas para garantizar que, en un corto plazo, el funcionamiento de la Procuraduría de Derechos Humanos se ajuste a su mandato constitucional en favor de la protección de los derechos humanos de la población guatemalteca”, es una de las primeras sugerencias que se realizan.

Además, que se fortalezca el marco legal de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh) sea de carácter permanente y se optimice su funcionamiento. Así como generar condiciones y un plan de reparación integral para las personas exiliadas.

“Realizar un examen independiente del funcionamiento del Ministerio Público (MP) y su impacto en los derechos humanos, que tome en cuenta las alegaciones de falta de objetividad ampliamente difundidas”, reitera la CIDH en su informe.

Agrega que debe cesar el uso indebido de del sistema penal usando el poder punitivo contra operadores de justicia, personas defensoras de derechos humanos, legisladores, periodistas, estudiantes, profesores, integrantes de partidos políticos, funcionarios públicos, entre otros.

Hace alusión también a la necesidad de asegurar por medio de las vías legales la separación de las funciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y fortalecer la autonomía del Tribunal Supremo Electoral, por medio del fortalecimiento del Consejo de la Carrera Judicial.

“Garantizar las condiciones necesarias para el funcionamiento de las Comisiones de Postulación para integrar la nómina de aspirantes para la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las Salas de la Corte de Apelaciones, a fin de que puedan realizar el proceso de selección con el tiempo suficiente para cumplir con el plazo legalmente establecido y conforme a los estándares interamericanos, bajo criterios en base al mérito y a las capacidades profesionales, y libre de injerencias indebidas de cualquier tipo”, urge la CIDH.

Las observaciones no dejan de lado la libertad de expresión, considera que se debe implementar un mecanismo de protección a periodistas para garantizar la vida e integridad; un plan nacional para investigar las violaciones a la libertad de expresión y adecuar la normativa interna en materia del espectro radioeléctrico.

También se menciona a los grupos de mujeres, personas con discapacidad, comunidad de la diversidad sexual, privados de libertad, pueblos indígenas, afrodescendientes, personas mayores, niñez y adolescencia.

MP se pronuncia

La Fiscalía remitió que lamentan que en el informe de la CIDH se haya invisibilizado la información que se les proporcionó sobre sus labores al momento de la visita.

“Durante la visita a la sede del MPtuvieron conocimiento de la información oficial y la Fiscal General fue enfática en solicitarle a los relatores que el reporte de observaciones preliminares consignara la información oficial del MP para que el mismo fuera objetivo y no parcializado”, señala la institución.

CIDH inicia visita a Guatemala para monitorear “debilitamiento” democrático

Delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos empezó visita a Guatemala para verificar la situación de la democracia.

Redacción AFP, Redacción EFE y Leslie Sánchez

22 de julio de 2024 | 11:18h

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Comisión de la CIDH en conferencia de prensa por inicio de visita a Guatemala. (Foto Prensa Libre: Esbin García)  

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inició este lunes 22 de julio una visita de cinco días a Guatemala para monitorear el “impacto” del “debilitamiento” de la democracia en el país.

“El propósito de esta visita es observar los impactos del proceso de debilitamiento de la institucionalidad democrática y la independencia judicial en el país a partir de la última visita realizada” en 2017, dijo a la prensa la relatora de la CIDH para Guatemala, Andrea Pochak.

“Ello, con especial atención a su impacto en la situación del Estado de derecho, la institucionalidad democrática y el sistema de administración de justicia, así como el impacto en la corrupción”, añadió.

La misión llegó por invitación del gobierno del presidente Bernardo Arévalo y es encabezada por la presidenta de la CIDH, Roberta Clarke.

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Durante su visita, la delegación se reunirá con autoridades de gobierno, diputados, líderes indígenas, periodistas y activistas sociales, entre otros.

El grupo también tiene previsto reunirse con “autoridades” del Ministerio Público, aunque Pochak no especificó si hablarán con la fiscal general Consuelo Porras.

En junio de 2022, en medio de una ola de detenciones de exfiscales antimafias, la CIDH añadió a Guatemala en su lista negra de países donde observa graves violaciones a los derechos humanos, en la que figuran también Cuba, Venezuela y Nicaragua.

El viernes pasado, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, al terminar una visita a Guatemala, dijo que estaba preocupado por la “persecución” contra los funcionarios judiciales, periodistas y activistas.

Específicamente, la comitiva de la CIDH “observará la situación de derechos humanos de grupos, en especial situación de vulnerabilidad, desde los enfoques étnico racial y de género”, además de verificar “la situación de la libertad de expresión, la seguridad ciudadana, los derechos a la memoria, la verdad y justicia, así como los derechos económicos, sociales y culturales en Guatemala”, en palabras de Pochak.

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De acuerdo con la abogada argentina, la delegación visitará los departamentos de Guatemala, Alta Verapaz, Izabal, Petén, San Marcos, Sololá, Totonicapán y Quetzaltenango, donde “se reunirá con autoridades locales” y miembros “de la sociedad civil”.

La misión efectuará una rueda de prensa el próximo viernes 26 de julio para divulgar “las observaciones preliminares” de la visita, que se extenderá durante toda la semana. Es por ello que durante la semana no harán declaraciones a la prensa.

Para leer más: Volker Türk presenta informe de visita a Guatemala y resalta que “aún hay niveles de corrupción elevados”

La @CIDH envió al país una comisión para observar "los impactos del debilitamiento de la institucionalidad democrática y la independencia judicial en el país a partir de la última visita realizada en 2017" según Andrea Pochak, relatora para GT @Guatevision_tv @prensa_libre pic.twitter.com/B2k5EOWdDx

— Leslie Sánchez (@lsanchez_gtv) July 22, 2024

Delegación de la CIDH visitará Guatemala para observar situación de derechos humanos

La CIDH ha anunciado este miércoles que del 22 al 26 de julio una delegación suya visitará Guatemala para observar la situación de derechos humanos.

Pavel Arellano

10 de julio de 2024 | 17:40h

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La última visita hecha por una delegación de la CIDH en Guatemala fue en 2017. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Este miércoles la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció que llevará a cabo una visita in loco a Guatemala, tras una invitación por parte del Gobierno.

De acuerdo al comunicado emitido por la CIDH este 10 de julio, la visita, que se hará del 22 al 26 de julio, será para “observar los impactos del proceso de debilitamiento de la institucionalidad democrática y la independencia judicial en Guatemala”.

“En especial, observará la situación de derechos humanos de grupos en especial situación de vulnerabilidad, desde los enfoques étnico racial y de género”, detalla la CIDH.

Otras situaciones que tendrá en cuenta la CIDH durante su visita a Guatemala será la seguridad ciudadana, la justicia, los derechos económicos, sociales, culturales, la libertad de expresión y los derechos a la memoria.

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La delegación de la CIDH que visitará a Guatemala estará conformada por la presidenta Roberta Clarke, el primer vicepresidente, Carlos Bernal, el segundo vicepresidente, José Luis Caballero; el Comisionado Arif Bulkan, y las Comisionadas Andrea Pochak, Relatora para Guatemala y Gloria De Mees, la Secretaria Ejecutiva.

También estarán Tania Reneaum, la Secretaria Ejecutiva Adjunta, María Claudia Pulido, la Jefa de Gabinete, Patricia Colchero y especialistas de la Secretaría Ejecutiva. así como los Relatores Especiales para la libertad de Expresión, Pedro Vaca y sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Javier Palummo.

#CIDH realizará una visita in loco a #Guatemala del 22 al 26 de julio para observar los impactos del proceso de debilitamiento de la institucionalidad democrática y la independencia judicial en el país a partir de la última visita realizada en 2017.#CIDHEnGuatemala … pic.twitter.com/XIIP5u1Jq4

— CIDH – IACHR (@CIDH) July 10, 2024

La CIDH, además de estar en la ciudad de Guatemala, también estará en departamentos como Alta Verapaz, Izabal, Petén, San Marcos, Sololá, Totonicapán y Quetzaltenango.

“La delegación mantendrá reuniones con representantes de los diferentes poderes del Estado, y sostendrá encuentros con activistas, personas defensoras de derechos humanos y operadoras de justicia”, señala el escrito.

Posterior a la visita, la delegación de la CIDH dará una rueda de prensa el 26 de julio para presentar sus observaciones.

Los representantes de comunidades indígenas desplazadas en el norte de Guatemala, exigieron este martes al Estado ser reubicados, durante el 189 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrado en Washington.

“No tenemos condiciones dignas de vida y necesitamos que el nuevo gobierno vea nuestra situación y resuelva pronto”, explicó ante la CIDH Constantino Vásquez, uno de los líderes de la comunidad de Laguna Larga, que desde junio de 2017 fue desplazada a la línea fronteriza entre la selva que divide a Guatemala de México.

La comunidad de Laguna Larga fue quemada por militares y policías en 2017 de acuerdo con testimonios de los habitantes del lugar, por lo que se vieron obligados a desplazarse a la zona de adyacencia entre México y Guatemala.

Desde diciembre de 2017, la CIDH otorgó medidas cautelares a los habitantes de Laguna Larga, considerando que se cometieron daños irreparables a sus derechos.

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De acuerdo con el abogado Juan Castro, representante legal de la comunidad, los más de 490 pobladores viven en una “total violación a su derechos básicos” y deben ser “reubicados por el Estado guatemalteco”.

Los representantes de esta comunidad resaltaron ante la CIDH que existe una gran complejidad para acceder a alimentos y su conservación es compleja por carecer de condiciones para preservar su comida.

Durante la sesión, la representante de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) de Guatemala, María Eugenia Rivera, indicó en favor de la comunidad de Chaab’il Ch’och’ que también se espera que sean reubicados tras su desalojo en 2017.

Gobierno reconoce violaciones a derechos

Por su parte, Oswaldo Samayoa, director Ejecutivo de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH), indicó que el primer paso es “reconocer que existen violaciones a derechos humanos para poder solventar“.

Samayoa agregó que el compromiso del presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, que asumió el poder el pasado 14 de enero, es “detener las violaciones sistemáticas a derechos” y “restablecer el diálogo que se rompió hace muchos años”.

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El pasado 7 de febrero, Arévalo de León firmó junto a las principales organizaciones campesinas del país, un acuerdo para atender la conflictividad agraria y el acceso a la tierra que afecta a miles de campesinos en todo el territorio.

De acuerdo con estudios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la conflictividad agraria en el país centroamericano es un problema grave que se deriva de la tenencia desigual de la tierra y cuyas dinámicas no favorecen a las comunidades campesinas.

El documento fue presentado el 30 de noviembre en nombre del exembajador McFarland por el Laboratorio de Impacto sobre el Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de Stanford (SLS).

El amicus curiae se presenta en el marco de un amparo interpuesto por ciudadanos y abogados guatemaltecos, solicitando la intervención de la CC al señalar riesgos en la preservación de la democracia y la alternabilidad de poder, el cual se otorgó provisionalmente en octubre de 2023.

En el escrito dirigido a los magistrados de la CC, firmado por McFarland y Amrit Singh, directora ejecutiva del Laboratorio de Impacto sobre el Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de Stanford, se destaca que “preservar la independencia de los organismos electorales encargados de tomar decisiones sobre reclamaciones electorales” es una obligación del Estado, así como “garantizar una administración de justicia equitativa, autónoma, independiente e imparcial”.

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Intervención de McFarland

En el amicus curiae, McFarland expresa su preocupación por la situación actual en Guatemala y comparte con la máxima Corte los estándares internacionales que contempla pertinentes para evaluar las acciones entre “ataques sistemáticos y selectivos” que considera afectan al partido Semilla, sus miembros, candidatos y votantes.

El escrito aborda “la instrumentalización las investigaciones y procesos penales para socavar los órganos electorales independientes y servir a fines políticos”.

El exembajador argumenta detalladamente que estas acciones “violan normas jurídicas internacionales”, incluyendo las obligaciones del Estado guatemalteco relacionadas con el principio democrático, el derecho al voto y la no imposición de restricciones indebidas al derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos.

Repasa además hechos de la política reciente en Guatemala, como el registro del Movimiento Semilla como partido político en julio de 2017, y la salida de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) dos años después.

También cita el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de 2021, que señaló graves retrocesos en la lucha contra la impunidad y corrupción en Guatemala, resaltando ataques a la independencia judicial. Y que la salida de la CICIG en 2019 exacerbó la situación.

Primera vuelta electoral y observación internacional

Se agrega que el 25 de junio de 2023, Semilla obtuvo el segundo lugar con el 11.78% de los votos en la primera vuelta electoral, que contó con la mayor observación internacional en la historia de Guatemala.

Aunque la jornada fue elogiada, previamente se señalaron irregularidades, como exclusión de candidaturas y uso indebido de recursos estatales para campaña.

Se explica también que el 30 de junio de 2023, nueve partidos denunciaron un presunto fraude en la primera vuelta, obteniendo un amparo provisional de la CC que suspendió la oficialización de resultados por parte del TSE.

Y que, tras un recuento sin cambios significativos, la CC permitió la segunda vuelta el 10 de julio de 2023. Cita que la Misión de Observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) expresó preocupación por la judicialización del proceso electoral. “Además, advirtió que la instrumentalización de la justicia para impugnar resultados legítimos pondría en riesgo la institucionalidad democrática del país”, se lee en el escrito de McFarland.

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Amparo ciudadano

Otros puntos que posteriormente se repasan, es la investigación que el Ministerio Público (MP), a través de la a Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) emprendió contra de Semilla y que el 12 de julio de 2023 informó que el Juzgado Séptimo Penal ordenó la suspensión de la personalidad jurídica de Semilla.

Seguidamente, se expone una cronología de la investigación que la FECI inició basada en la acusación en que aproximadamente 5 mil personas fueron afiliadas al partido sin su consentimiento, que al menos 12 personas fallecidas también fueron registradas como afiliadas, y que existían irregularidades en las hojas de adhesión de Semilla.

Se detalla que ante las acciones del MP contra el partido del binomio electo, el 6 de octubre, un grupo de ciudadanos presentó un amparo para “garantizar la efectiva y oportuna toma de posesión y ejercicio de sus cargos de los funcionarios electos en sufragio universal”, y que se concedió provisionalmente.

Se cita que, a largo de los últimos meses de 2023, debido a estos escenarios políticos Guatemala fue escenario de protestas, paros y bloqueos en diversos departamentos y amparos interpuestos por el sector empresarial.

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Argumentos y conclusiones

En ese contexto el amicus curiae describe como argumentos legales que “la persecución penal sistematizada y focalizada ejercida por el MP,  avalada por el Juez Penal, en contra de Semilla, de sus integrantes y candidatos viola las obligaciones de Guatemala de garantizar el principio democrático, el derecho al voto y a no imponer restricciones o ejercer injerencias indebidas al derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos”.

Además, el documento destaca que, según su perspectiva, las elecciones fueron auténticas y que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó la legalidad de esta elección el 10 de julio de 2023. En el contexto de los hechos presentados en el escrito, se resalta la existencia de múltiples ataques institucionales por parte del MP.

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En conclusión, el amicus curiae sostiene que los actos considerados violan las obligaciones internacionales de Guatemala, incluyendo el principio democrático, el derecho al voto, la participación en la dirección de los asuntos públicos a través de elecciones auténticas, así como garantizar el acceso a funciones públicas en condiciones de igualdad.

La argumentación ante la Corte de Constitucionalidad indica también son argumentos expuestos “esperando apoyen su loable labor en el presente caso y en su caso resuelva reconocer la violación de los derechos políticos de los demandantes, del partido Semilla y sus integrantes, declarar la suspensión provisional de Semilla como contraria a las obligaciones internacionales y constitucionales de Guatemala” y que se adopten medidas “garantizando así el respeto de la democracia y el Estado de Derecho en Guatemala”.

En dicho informe la Comisión rechazó las “injerencias indebidas” en el proceso electoral y de transición presidencial cometidas por el MP, ya que considera que son acciones de carácter político que podrían afectar el resultado del proceso, lo cual es “inaceptable” en un sistema democrático.

“Las injerencias del MP son el resultados de la erosión del sistema de pesos y contrapesos del Estado democrático que tiene lugar en Guatemala desde los últimos años”, estableció Tania Reneaum, secretaria ejecutiva de la CIDH.

A juicio de la Comisión, las acciones del caso Toma Usac: botín político “ponen en evidencia una vez más” el abuso del poder y la falta de independencia en los poderes del Estado.

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También mencionaron las solicitudes de retiro de antejuicio de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), las cuales reconocen como un síntoma de la ausencia de la garantías del poder judicial y del cumplimiento de su rol constitucional.

“La CIDH llama al estado de Guatemala a cesar con las acciones injerencistas que afectan el orden democrático y la voluntad soberana de la población”, acotó la Comisión.

Piden informe objetivo

Por parte de Guatemala fue Eddy Cano, director ejecutivo de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh), quien compareció a través de un audiovisual donde reiteró la petición a que los informes de la Comisión deben de ser objetivo basado en información científica.

“El Estado de Guatemala  por tercer año consecutivo ha instado a la CIDH a generar indicadores metodológicos para cumplir con lo establecido en el art 59.5 del reglamento de la Comisión en lo relativo a utilizar información confiable y convincente para que sus informes tengan un sustento científico y metodológico y no sea producto de un proceso subjetivo basado en información sin fundamentos percepciones y sin indicadores que permitan verificar su veracidad”, expresó el director.

Insistió en que desde febrero se empezó a trabajar con la metodología a utilizarse para la transición. Resaltó que  en 2022 y 2023 no se limitó ningún derecho constitucional y que no se decretó tampoco ningún Estado de Sitio, Excepción o similares.

“Señalamos al Consejo Permanente que como Estado de Guatemala rechazamos la posición contenida en el informe anual”, concluyó.

Además, en el comunicado las instituciones solicitaron al Estado “respetar el derecho a la libertad de expresión y de prensa, y a abstenerse de utilizar el poder punitivo para amedrentar a personas que se manifiestan de forma crítica al Gobierno”.

La CIDH y la RELE señalaron que, desde el 29 de julio de 2022 habían recibido información que en el caso de Zamora se presentaban “afectaciones a las garantías del debido proceso, el uso prolongado de la prisión preventiva y graves limitaciones al derecho de defensa“.

“Zamora debió cambiar de representación legal en varias oportunidades, llegando a contar hasta con diez defensores diferentes debido a hechos de hostigamiento, acoso, e inclusive la interposición de denuncias penales en su contra de quienes ejercían su representación legal”, señala la CIDH en el comunicado.

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La CIDH recalca también que advirtió acerca de la criminalización de Zamora en 2022, en el informe sobre Guatemala incluido en el Capítulo IV.B de su Informe Anual de ese año, y afirmó en ese momento que observó con preocupación que el “contexto de afectaciones a la independencia judicial en Guatemala ha contribuido a exacerbar un clima de censura de otras personas que cumplen un rol relevante en la vida pública”.

Investigación contra periodistas y cierre de elPeriódico

En el comunicado se detalla que la RELE tuvo conocimiento acerca de la apertura de una investigación penal en contra de periodistas y columnistas de elPeriódico.

“También advierte que, además del presente caso, José Rubén Zamora enfrenta otros dos procesos penales, uno de ellos por el supuesto delito de conspiración para obstruir la justicia y otro por supuesto uso de documentos falsos de manera continuada“., señala el comunicado.

La CIDH añade que, desde 2003 Jose Rubén Zamora es beneficiario de medidas cautelares, debido a motivos vinculados con su labor periodística.

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Otro de los temas que ha manifestado preocupación de la CIDH y la RELE fue el cierre de elPeriódico el pasado 12 de mayo, ya señalan que se debió a “consecuencias de los obstáculos denunciados para poder seguir operando con normalidad desde la detención de Zamora, la intensificación de la persecución judicial contra sus integrantes, así como presiones políticas y económicas”.

#CIDH y @RELE_CIDH manifiestan preocupación por la condena a José Rubén Zamora en #Guatemala
Comunicado de Prensa https://t.co/I4sFhDxepi#DerechosHumanos pic.twitter.com/VKgPKXiE17

— CIDH – IACHR (@CIDH) June 21, 2023

Rechazo de comunicado

La CIDH y la RELE enfatizaron que, el Estado de Guatemala, luego de rechazar el comunicado, aseguraron que en el país “se rige el respeto por la libertad de expresión y en ningún momento se ha empleado el sistema penal contra periodistas o medios de comunicación a razón de su labor periodística”.

Según la CIDH, el Estado señaló que la condena contra Jose Rubén Zamora por los delitos de lavado de dinero no tiene relación alguna con su derecho a la libertad de expresión, sino que “se trata de un ciudadano enfrentando la justicia por actos ilícitos comprobados en juicio”.

Ante esto, la CIDH y la RELE señalan que se trata de un medio indirecto de censura “el uso del derecho penal como una forma de represalia e intimidación contra periodistas y comunicadores que investigan asuntos de elevado interés público”.

Al final del comunicado, las dos instituciones exhortan al gobierno de Guatemala a “adecuar sus prácticas internas a la jurisprudencia vigente en materia de libertad de expresión“, y hacen un llamado a las autoridades a resolver el caso de Zamora “bajo los estándares internacionales de Derechos humanos”.

“Finalmente, la CIDH reitera su disposición, por medio de su RELE, de realizar una visita in situ de supervisión de las medidas cautelares a favor del Sr. Zamora“, señala la entidad.

Con ‘La situación de la libertad de expresión en Guatemala’ inició esta mañana el 185 Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que escuchó tanto las denuncias de organizaciones defensoras de derechos fundamentales como la respuesta de cada Estado aludido.

“Mi papá es claramente un perseguido político, el Estado lo tiene secuestrado” dijo José Carlos Zamora, hijo del periodista detenido y procesado por –según la Fiscalía- lavado de dinero y chantaje.

“Más allá de la persecución de un periodista y del intento por cerrar un medio de comunicación, es un mensaje contundente a todos los periodistas de Guatemala, que perseguirán a todos aquellos que les parezcan incómodos, lo han usado como un ejemplo para amedrentar y acallar a la prensa utilizando una estrategia efectiva y eficiente, utilizada por los regímenes autoritarios en la región, como Venezuela y Nicaragua”, apuntó Zamora hijo en su intervención.

Siete organizaciones encabezadas por Bufete Jurídico de Derechos Humanos y la Red Rompe el Miedo Guatemala, que aglutina a un variado grupo de colectivos dieron voz a los procedimientos sumarios contra comunicadores. Algunos como Zamora, encausados penalmente, otros han logrado huir antes de su captura.

Esta red calcula que al menos 36 personas han sido “detenidas o enfrentan procesos” algunos incluso por facilitar información a medios de comunicación como parte de denuncias ciudadanas.

El Estado niega persecución

La representación del Estado de Guatemala, a cargo de Ramiro Contreras, director ejecutivo de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH), negó categóricamente que en Guatemala se persiga a periodistas.

Señaló que los casos judiciales en proceso penal, como aquel por el que se encuentra detenido de manera preventiva el periodista Jose Rubén Zamora, “no tienen relación con su trabajo periodístico”, sino por asuntos como empresario.

“En la república de Guatemala hay una total emisión y acción del pensamiento y se niega que en Guatemala se estén violando esos derechos”, dijo Contreras en referencia a la libertad de expresión y el libre ejercicio del periodismo.

El funcionario gubernamental desestimó uno a uno los señalamientos y casos argumentados por los peticionarios de la sociedad civil, y dijo que las investigaciones corren de manera independiente por parte del Ministerio Público, encabezado por la fiscal general Consuelo Porras.

La revalidación de Porras para un segundo mandato, en mayo de este año, avalada en la confianza depositada por el presidente Alejandro Giammattei, generó preocupación desde la Unión Europea, Estados Unidos y la Organización de Naciones Unidas.

Porras además está, además, incluida en la Lista Engel de EEUU reservada para “actores corruptos y antidemocráticos”, como matizó el José Carlos Zamora para recordar a la Comisión la situación del país.

La CIDH, presta a visitar Guatemala

El relator especial para Libertad de Prensa, Pedro Vaca, dijo que el monitoreo constante que lleva la Relatoría Especial desde el seno de la CIDH no concuerda con los planteamientos del Estado al indicar total “normalidad”.

Y que ante las posiciones diametralmente opuestas entre los miembros de la sociedad civil y el Estado es claro que hay “un abismo” entre las partes y profundizó en sus valoraciones a partir de las compilaciones de testimonios que lleva la Relatoría para revisar la situación.

Por su parte la vicepresidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay observó que la detención del comunicador por 85 días y a partir de las condiciones expuestas en ese y otros casos deja ver que el proceso no está claro ni apegado “en los estándares de derechos humanos” ya que “la libertad de los periodistas debería ser absoluta para expresarse”.

La CIDH ha mostrado anuencia para hacer una visita a Guatemala y revisar la situación de los detenidos y fomentar un diálogo entre las partes para encontrar caminos que lleven a solventar la problemática.

Uno de los peticionarios recordó al cierre a la Comisión que el hecho de poner voz a la denuncias como en su caso en se momento de la audiencia ya genera un riesgo personal, de persecución acoso, e incluso repercusiones para ejercer su profesión como abogado de la república.

La actividad estuvo organizada por la Comisión Interamericana de Derechos de Humanos (CIDH) y participaron funcionarios de esa institución, funcionarios en el tema de justicia de Guatemala y representantes del Estado guatemalteco.

La CIDH manifestó que le preocupa el contexto de los operadores de justicia y la independencia judicial en Guatemala. También resaltó la estrategia de antejuicios contra jueces como una forma de persecución.

La relatora Esmeralda Arosemena de Troitiño manifestó que el Estado ha señalado que hay efectividad en las medidas cautelares para jueces y magistrados, pero la otra parte dice lo contrario.

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“51 antejuicios, el solo hecho de presentar tal cantidad de peticiones de antejuicios nos indica una situación de conflicto, de realidad de conflicto en el sistema judicial y en la labor que realizan los jueces”, agregó.

Mostró el interés en buscar el diálogo que construya una situación de confianza en el sistema de justicia para la independencia judicial.

El comisionado Joel Hernández expresó que le preocupa el alto número de antejuicios. También señaló que resulta inusitado que un operador de justicia tenga que estar litigando en su defensa en contra de acusaciones que son en función por su trabajo.

La jueza Erika Aifán en su intervención manifestó su preocupación por los jueces de mayor riesgo Pablo Xitumul, Miguel Ángel Gálvez y Yassmin Barrios, quienes cuentan con medidas cautelares de parte de la CIDH.

“Diariamente enfrentamos ataques sistemáticos por parte de grupos que se consideran agraviados por nuestra labor de impartir justicia, recibimos constantes amenazas contra nuestra vida e integridad física y la de nuestras familias”, manifestó Aifán.

Añadió que también son víctimas de mensajes de odio y hostigamiento; además, son sujetos de vigilancia y seguimiento “con vehículos sin placas, atacan nuestra condición de juezas y de mujeres”.

A decir de Aifán, también se ven sometidos a procesos de criminalización sin fundamento alguno, como ataques por medio de redes sociales transmitidos desde cuenta de netcenters “a fines al gobierno que usan referencias a épocas del conflicto armado interno en el que las desapariciones forzadas, secuestro, tortura y muerte eran realizadas impunemente”.

Afirmó que en los mensajes se les tilda de guerrilleros y amenazan con venganza por la lucha contra la corrupción.

Señaló que es usual que los netcenters cuenten con información reservada y se anuncien actos que luego son ejecutados por parte del Estado, como la emisión de órdenes de aprehensión, el despojo de inmunidad o condenas al exilio.

Infiltración de personal

Aifán afirmó que otra forma de atacarlos es por medio de la infiltración de personal en los juzgados para que filtren información, espían, graban y sustraen actuaciones y expedientes.

Señaló que también son objeto de denuncias penales y administrativas infundadas.

Más de 40 denuncias penales

Dijo que actualmente hay más de 40 denuncias penales en contra de cuatro jueces de mayor riesgo, algunas datan del 2021. Indicó que junto a otros tres jueces, han acudido a la fiscal general para solicitar la resolución definitiva de estos casos sin fundamento, pero han pasado más de tres meses y siguen sin respuesta.

Estrategias de antejuicios

La juzgadora señaló que la estrategia de presentación de antejuicios “es la más utilizada” para intentar despojarlos de su inmunidad y dictarles prisión preventiva o para obligarlos al exilio.

Afirmó que en este tema de antejuicios se conforma la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sin seguir el procedimiento establecido en la ley, “integrándose con magistrados con interés directo en el asunto, quienes dan trámite sin que existan pruebas en contra nuestra”.

Afirmó que el Ministerio Público (MP) y las altas Cortes han sido ineficaces para garantizarles la vida, integridad física y emocional, como el respeto a la independencia judicial.

Dijo que las denuncias interpuestas por violaciones a sus derechos han sido desestimadas y archivadas. Recordó que después de varios años no se ha individualizado a los actores de los delitos cometidos en contra de jueces.

Enfatizó que las denuncias no son investigadas. Indicó que las acciones que promueven ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para garantizar sus derechos, están siendo manipuladas para revisar su competencia ordinaria en los casos de alto impacto.

Externó que el patrón de criminalización se ha convertido en un ciclo sin fin con denuncias con apariencia de legalidad. Dijo que estas acciones vulneran el derechos de las personas a una justicia independiente.

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“Manifiesto mi profunda preocupación y les solicito que hagan un llamado contundente al Estado de Guatemala a que cese la criminalización en contra de los jueces y juezas para que podamos cumplir con nuestra labor de impartir justicia”, expresó.

El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, señaló cooptación del Estado y según él, se quiere seguir igual o peor. Añadió que el sistema de justicia en Guatemala atraviesa una crisis preocupante porque los grupos de poder han coaptado el sistema de justicia y hay ataque sistemático a funcionarios independientes.

Enfatizó que el sistema de justicia está en crisis con el objeto de obstaculizar la investigación y las sanciones en casos de corrupción.

Mencionó la no elección de las Cortes, lo que debilita más el sistema de justicia y se ha desatado una persecución contra funcionarios de este sector.

El exfiscal Juan Francisco Sandoval señaló que desde la llegada de la actual fiscal Consuelo Porras al MP, se han implementado estrategias para obstaculizar las labores de investigación, sobre todo de los casos a cargo de la Feci.

Añadió que ejemplo de esto es la orden de la fiscal sujetando el apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC) a una autorización directa de ella.

Indicó que el movimiento y traslado de personal y la incorporación de fiscales con impedimentos legales para liderar investigaciones, “es utilizado por la fiscal general para entorpecer las labores de investigación, una de las acciones más graves es el traslado conveniente de investigaciones de la Feci hacia otras fiscalías cuando el investigado podría ser el presidente de la República o personas allegadas a él”.

Sandoval documentó 24 ocasiones en las que la fiscal general buscaba agilizar alguna investigación para procesar a sus adversarios y detener investigaciones que se vincularan con los organismos del Estado, actos por lo que en su momento hará las acciones correspondientes.

Al menos 10 en el exilio

Señaló que por su trabajo lo forzaron al exilio y suman en esta condición ocho fiscales y dos magistrados.

Afirmó que las denuncias que pone personal de la Feci por acciones en su contra son ignoradas por el MP. Informó que una Fundación tiene acceso a información confidencial del MP lo que evidencia una estrategia articulada.

Añadió que preocupa la desprotección del personal activo de la Feci en casos de alto impacto y la seguridad les ha sido retirada.

Jorge Santos, defensor de los Derechos Humanos, señaló que la situación se agrava en Guatemala y la escalada de agresiones contra personas defensora es más visible.

Dijo que el registro de la Unidad de Protección a Defensores de Derechos Humanos en Guatemala reporta 755 casos de agresiones en 2021, de las cuales 189 fueron contra operadores de justicia, entre las que se incluye hostigamiento y amenazas en redes sociales.

Entre los grupos más agredidos son los funcionarios de justicia, defensores de acceso a la justicia y periodistas.

Peticiones al Estado

Claudia Paz y Paz, exfiscal general de Guatemala, solicitó a la CIDH dar seguimiento a la alarmante situación de riesgo en la que están jueces, magistrados y fiscales. Que el Estado cese el hostigamiento y acoso judicial.

“Solicitamos que inste al MP a cesar la criminalización contra funcionarios de justicia, incluyendo quienes están en el exilio, asegurando una revisión imparcial y desestimando todos los procesos infundados”, manifestó.

Pidió que el Estado reitere a la fiscal general su deber de no usar maliciosamente el sistema penal para limitar la actuación e imparcialidad judicial.

También que la CIDH inste al Estado a dejar de utilizar los procesos de antejuicio como una herramienta de hostigamiento para levantar inmunidad de los funcionarios de justicia, como en los casos de Aifán y Pablo Xitumul.

También pidieron se inste al Congreso a la elección de las altas Cortes.  Solicitaron termine la represión contra las comunidades indígenas y campesinas.

El Estado responde

Por parte del Estado participó una delegación presidida por la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos. También la Procuraduría General de la Nación, y representantes del Ministerio de Gobernación, Ministerio de Relaciones Exteriores y la CSJ.

En respuesta, funcionarios respondieron que el Estado está organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y sus libertades.

En el tema de la lucha conta la corrupción, recordaron que la Cicig era temporal y luego se generó un traslado de capacidad al MP de Guatemala.

Resaltaron que la Feci fue introducida a la estructura general del MP y la han fortalecido. Afirmaron que el trabajo de esta ha dado como resultado condenas y estructuras criminales desarticuladas.

Aseguraron que posee esquema para mantener la seguridad del personal que integra la Feci.

Añadieron que actualmente Sandoval, aunque no se encuentra en Guatemala, tiene a sus disposición agentes de seguridad y vehículos institucionales y un chaleco de protección balística. También les dan seguridad a los padres del exfiscal.

Indicaron que el Estado realiza las acciones pertinentes para dar cumplimiento a las medidas cautelares para operadores de justicia.

Resaltaron la creación de la Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia y Sindicalistas para conocer los delitos contra este sector. También el Ministerio de Gobernación implementa estudios de análisis de riesgo contra magistrados y jueces.

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De enero a octubre 2021, se reportan 54 análisis de riesgo, de estos para 11 se recomendó medidas de seguridad personalizadas y 43 medidas de seguridad perimetral.

Dijeron que algunos funcionarios con medidas cautelares no asisten a las reuniones para el seguimiento de las medidas.

Informaron que entre 2016 y 2021 la CSJ conoció 51 solicitudes de retiro de antejuicio contra magistrados de la CC y 41 fueron rechazados.

Afirmaron que el Estado afirma su compromiso de mantener el diálogo y lo que pueden negociar es trasgredir los procesos que nos rigen.

Dijeron que en materia de antejuicio se constituye como garantía a personas a servicio del Estado y garantizar la función pública.

Señalaron que anteponer o limitar la posibilidad de que un ciudadano pueda manifestar su inconformidad con acciones judiciales, no es negociable de ninguna forma, pues el Estado se debe al ciudadano.

Vea aquí la audiencia

Posibles causas del ataque

Uno de los reos comentó que la matanza se efectuó contra un grupo de pandilleros que extorsiona y asalta a parientes de los reclusos durante los días de visita, y señaló que algunos guardias permiten el ingreso de armas y objetos ilícitos.
Personal de la Procuraduría de los Derechos Humanos comentó el lunes último que desde hace algunos meses se había notificado sobre el problema de hacinamiento que afecta a los reos de ese centro de detención, pero que las autoridades no han planteado soluciones.
Se informó que dos mil agentes de la Policía Nacional Civil, del SP e investigadores  ingresaron a la cárcel y retomaron el control.