Comisión pesquisidora recomienda no retirar la inmunidad a magistrados del TSE

Comisión Pesquisidora del antejuicio contra magistrados titulares del TSE destaca en su informe que la UNE no se presentó a ratificar la denuncia en contra de los togados, por lo que recomendó no retirarles la inmunidad.

César Pérez Marroquín

10 de julio de 2024 | 19:49h

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Integrantes de la Comisión Pesquisidora que conoce el antejuicio contra magistrados titulares del TSE recomienda no quitar la inmunidad a los togados. (Foto Prensa Libre: Tomada de @CongresoGuate)

La Comisión Pesquisidora que tiene a su cargo el análisis del caso de solicitud de retiro del derecho de antejuicio contra los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) recomendó este miércoles 10 de julio mantener la inmunidad de los togados al considerar que la denuncia es espuria, política e ilegítima, informaron fuentes parlamentarias.

La Comisión conoció el expediente 246-2024 que incluye la solicitud del retiro de los fueros en contra de los magistrados titulares del TSE Irma Elizabeth Palencia, Ranulfo Rafael Rojas Cetina, Blanca Odilia Alfaro, Gabriel Aguilera Bolaños y Mynor Custodio Franco.

Este miércoles, la Comisión, presidida por el diputado Luis Cáceres, entregó el informe circunstanciado que será remitido al Pleno del Congreso de la República, quien tendrá la última palabra en este proceso, promovido por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci).

De acuerdo con una publicación del Organismo Legislativo, Cáceres señaló que en el proceso de análisis aplicaron el principio de objetividad para llegar a la conclusión y señaló que esta se basó en los cuatro hechos expuestos en la denuncia relacionada a la supuesta duplicidad de actas, escrutinio precipitado y humanamente imposible de suceder, utilización del sistema informático de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y desobediencia de los integrantes del TSE.

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“Nos correspondió como comisión dictaminar si este antejuicio ha sido promovido por razones espurias, políticas e ilegítimas, plasmado en el informe circunstanciado que remitimos al Pleno del Congreso. Nuestra recomendación va entorno al principio de objetividad para llegar a la conclusión”, señaló Cáceres.

Además, el punto sexto del informe detalla que “esta Comisión Pesquisidora recomienda al Pleno del Congreso de la República de Guatemala, que la diligencia de antejuicio promovido en contra de magistrados titulares, por los delitos de incumplimiento de deberes y abuso de autoridad con propósito electoral, se declare no ha lugar a formación de causa, toda vez que no se logró establecer la existencia de hechos que fueron denunciados, como una actividad por su naturaleza deben ser conocidos por el órgano jurisdiccional”.

Con la presentación del informe circunstanciado del antejuicio identificado con el número 246-2023, finaliza el trabajo de esa instancia legislativa que fue instalada el 29 de abril pasado.

Conclusiones del informe

De la veracidad de los hechos. Aun, cuando la denuncia gira en torno a la segunda vuelta electoral desarrollada el 20 de agosto de 2023, hecho que es real y establecido en ley; no existen elementos de prueba que demuestren la veracidad de los hechos denunciados.

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De la probable participación del dignatario o funcionario en los mismos. Si bien, el ente investigador expuso las razones por las que solicitó control jurisdiccional y desarrollar una investigación penal en contra de los funcionarios antejuiciados; no aportaron elementos contundentes que convencieron a esta comisión de la posible participación de los funcionarios denunciados en los hechos expuestos. Por lo que es factible establecer que, no existen indicios fehacientes y razonables respecto a la posible participación de los Magistrados en los hechos que se denuncian.

Si la investigación se ha promovido por razones espurias, políticas e ilegítimas en afán de involucrar a tales funcionarios. Incluso, cuando esta Comisión Pesquisidora, en aras de demostrar imparcialidad y buena fe, citó en dos ocasiones a los representantes del partido político denunciante (citaciones a las que no hubo respuesta); es menester reconocer que, la denuncia nace de alguien que actúa desde su calidad como actor político, denunciando posibles delitos cometidos en contra del partido UNE, a partir de los resultados desfavorables que obtuvieron durante la segunda vuelta electoral; involucrando de esta manera a funcionarios que no tienen actuar alguno en la cuenta, digitación, verificación, validación y transmisión de resultados a través del Sistema de Trasmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

Al no presentarse siquiera a ratificar la denuncia, hay razones suficientes para determinar que quien promovió este antejuicio partió de un criterio subjetivo político, y al no contar con medios probatorios denota carácter espurio e ilegítimo.

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Según conclusiones preliminares de la Pesquisidora, no hay pruebas suficientes que determinen la participación de los Magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en los hechos denunciados.

Enrique García y Mauricio Álvarez

25 de junio de 2024 | 16:25h

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El diputado presidente de la comisión pesquisidora, Luis Cáceres, da lectura al informe en el que recomiendan no retirar inmunidad a magistrados del TSE (Foto Prensa Libre: Maria Reneé Gaytán)

Durante la reunión de la Comisión Pesquisidora que analiza el retiro de antejuicio promovido en contra de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), se dio lectura el informe circunstanciado emitido por el departamento de Asuntos Jurídicos del Congreso.

El documento legal detalla el proceso que ha realizado la Comisión para analizar la solicitud de retiro de antejuicio, así como conclusiones preliminares que recomiendan no quitar la inmunidad a los magistrados titulares, Irma Elizabeth Palencia, Ranulfo Rojas, Blanca Alfaro, Gabriel Aguilera y Mynor Custodio.

 La solicitud de retiro de antejuicio fue presentada por el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), por supuestas anomalías durante la segunda vuelta electoral.

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Conclusiones

• Estima ociosa que habiendo concluido el proceso electoral, se pretenda que se ordene el conocimiento de denuncias que ponen en duda la pureza del proceso electoral.

• No existen elementos de prueba que demuestren la veracidad de los hechos denunciados.

• La solicitud de antejuicio no aportó elementos contundentes y fehacientes que convencieran a la pesquisidora de la posible participación de los funcionarios denunciados en los hechos expuestos.

• La investigación se ha promovido por razones políticas e ilegítimas en afán de involucrar a los funcionarios.

• La comisión citó en dos ocasiones a los denunciantes y al no presentarse a ratificar la denuncia, son razones suficientes para determinar qué quién promovió el antejuicio partió de un criterio subjetivo político y al no contar con medios probatorios denota carácter espurio e ilegítimo.

Próxima reunión

La pesquisidora acordó reunirse nuevamente el próximo martes 2 de julio a las 14 horas para establecer el dictamen final y presentarlo al Pleno del Congreso.

El diputado del bloque Vamos, Mynor de la Rosa, aseguró que el informe circunstanciado fue entregado fuera de la fecha estipulada y por esta razón no tuvieron el tiempo necesario para analizarlo.

“El informe nos lo trasladaron vía whatsapp a las 8 de la mañana y la reunión era a las 9, el acuerdo de la semana anterior fue que el informe nos lo iban a trasladar la semana anterior para hacer el análisis”, expresó el congresista.

Por el contrario, el presidente de la Pesquisidora, Luis Cáceres indicó que la entrega del informe se amplió debido a que el diputado de la Rosa solicitó más tiempo por algunos errores de forma y por excusas de no haber leído la documentación.

Independientemente del dictamen de la comisión, los diputados deberán votar para decidir si se les retira o no la inmunidad a los magistrados. Con 107 votos a favor podrán despojarlos de su derecho de antejuicio.

Pesquisidora vuelve a citar a los denunciantes de magistrados del TSE

La audiencia para la Feci y la UNE se desarrollará el jueves de la próxima semana.

Douglas Cuevas

13 de mayo de 2024 | 17:11h

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La comisión pesquisidora también acordó citar a la parte denunciada para presentar pruebas de descargo. Fotografía: Prensa Libre (Juan Diego González).

La comisión pesquisidora que analiza el retiro de antejuicio contra los magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE) acordó volver a citar a los denunciantes. La diligencia se programó para el 23 de mayo.

Es la segunda vez que la referida instancia cita a los denunciantes para la ratificación. Se trata de los representantes de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) y el exdiputado Víctor Guerra, exsecretario en funciones de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) en el 2023.

Para la primera citación no acudió ningún representante de la UNE, mientras que los fiscales de la Feci se excusaron al argumentar que su integridad física corría peligro al llegar a la sede del Congreso.

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La pesquisidora pidió un análisis del Departamento Jurídico del Legislativo ante la primera inasistencia. La respuesta fue que podían continuar con las diligencias de desafuero, pero el criterio de la comisión fue volver a programar la cita.

Para el 24 de mayo la comisión acordó recibir las pruebas de descargo de los denunciados, audiencia a la que están invitados los magistrados del TSE.

Este proceso de retiro de antejuicio promovido por la UNE expone dudas sobre actas de los resultados de la segunda vuelta, contienda en la que Sandra Torres, de dicha agrupación, perdió la presidencia frente a Bernardo Arévalo.

La comisión no ha informado en qué fecha entregará su informe, el cual debe recomendar si procede el retiro de inmunidad.

Quedan integradas pesquisidoras por antejuicios contra magistrados del TSE

Dos denuncias cuestionan los resultados de la segunda vuelta del 20 de agosto y la fugaz inscripción de Manuel Baldizón como candidato a diputado en las pasadas elecciones.

Douglas Cuevas

16 de abril de 2024 | 12:30h

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Los magistrados del TSE son señalados por aparentes anomalías en los resultados de la segunda vuelta. (Foto Prensa Libre: HemerotecaPL / Roberto López)

El pleno del Congreso de la República volvió este martes 16 de abril a tener en sus manos la inmunidad de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE). El parlamento programó para la sesión para integrar las dos comisiones pesquisidoras para que evalúen los dos antejuicios.

La sesión, programada para las 14 horas, y la integración de las comisiones formaba parte de los puntos principales de la agenda. Justamente en el cuarto y quinto punto de la sesión plenaria.

Los magistrados electorales volvieron a enfrentar procesos de antejuicio después que el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tramitó dos denuncias nuevas. Pero aunque existen acciones de amparo que cuestionan el trámite, el Congreso estaba obligado en conocer los expedientes e integrar las comisiones pesquisidoras.

El primer antejuicio va en contra de los cinco magistrados titulares del TSE, Blanca Alfaro, la actual presidenta, junto a Rafael Rojas, Irma Palencia, Mynor Franco y Gabriel Aguilera.  Los últimos cuatro no pueden ejercer su rol por una resolución de sala por estar sujetos a proceso penal dentro del caso Trep.

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El segundo antejuicio es en contra de los magistrados titulares Irma Palencia, Mynor Franco y el magistrado suplente Álvaro Cordón. Hasta ahora se tiene conocimiento que los magistrados Palencia y Cordón presentaron acciones de amparo cuestionando la tramitación del amparo.

Las comisiones

La primera comisión pesquisidora, contra los cinco magistrados titulares, tendrá como presidente y secretario a los diputados independientes, electos por Movimiento Semilla, Luis Cáceres y Román Castellanos, respectivamente. Como vocales están los diputados Mario Gálvez de la UNE, Rodrigo Pellecer de Comunidad Elefante y Mynor de la Rosa del bloque Vamos.

La segunda comisión, contra dos titulares y un suplente, quedó con el diputado Christian Joél Martínez, del bloque Vamos, como presidente; Luis Javier López, de la UNE, como secretario; mientras que los vocales son Nery Rodas de Cabal, Luis Ventura diputado independiente electo por Movimiento Semilla y Gerardín Díaz de Valor.

Los hechos

En la primera denuncia, la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) cuestiona actas de la segunda vuelta electoral por dudar de los resultados finales. La candidata presidencial de la UNE, Sandra Torres, perdió frente a Bernardo Arévalo en las votaciones del 20 de agosto.

En la segunda denuncia se ataca a los magistrados que aceptaron la inscripción de Manuel Baldizón como candidato a diputado. Pese a que fue condenado por lavado de dinero en los Estados Unidos, dejando de lado algunos magistrados criterios de honorabilidad e idoneidad para su inscripción.

Baldizón duró pocos días como candidato para diputado porque el Pleno del TSE se retractó de su decisión y anuló la inscripción. Pero según el magistrado Cordón, este antejuicio no tiene razón de ser.

El funcionario explicó mediante documentos que presentó, junto a una acción de amparo a la Corte de Constitucionalidad (CC) e información que trasladó al Congreso, que esa denuncia ya fue conocida en 2023. Abocando el principio que nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos.

La documentación del funcionario da cuenta que la anterior CSJ conoció la denuncia y la rechazó, pero los señalamientos por la inscripción de Manuel Baldizón se presentaron de manera física y digital, siendo la segunda denuncia la que se elevó de manera reciente a la CSJ donde ahora el Pleno decidió admitirla a trámite.

La decisión se tomó apenas este miércoles 29 de noviembre en horas de la mañana, habiendo tres votos a favor y dos en contra de la recomendación, que de manera formal llegará a las autoridades del Congreso después de las 15 horas, en medio de la plenaria convocada para este día.

Los congresistas que votaron a favor del retiro de la inmunidad son Julio Longo, del Frente de Convergencia Nacional (FCN – Nación); junto a Douglas Rivero y Flavio Muñoz, ambos integrantes de la bancada de Partido Humanista.

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Quienes votaron en contra de recomendar el retiro de la inmunidad fueron los diputados Enrique Montano, de Partido Unionista y presidente de la Comisión Pesquisidora, y Osmundo Ponce, de Urng–Maíz.

Los argumentos

La decisión se tomó a puerta cerrada, la última discusión de la Comisión Pesquisidora no fue pública, pero minutos antes que el salón parlamentario donde sesionar los congresistas abriera sus puertas, una serie de aplausos alertaron a los medios de comunicación.

Uno a uno los diputados comenzaron a salir, pero ninguno quiso dar declaraciones, indicando que era una tarea que únicamente le compete al presidente de la pesquisidora.

Montano, aun con los documentos pendientes de firma, informó a los periodistas que la decisión que se tomó, por mayoría, fue retirar la inmunidad a los magistrados del TSE.

“El argumento fue todo lo de estos 10 días, cada quien tiene derecho a circunstanciar su voto, que es lo que yo voy a hacer y tenemos de acá a las tres de la tarde”, dijo Montano.

Durante las últimas reuniones, los diputados que votaron a favor de recomendar el retiro de la inmunidad, cuestionaron tanto al Ministerio Público (MP) como a los magistrados del TSE que comparecieron a la postuladora, por una aparente sobrevaloración en la compra del sistema informático utilizado en las elecciones del 25 de junio y 20 de agosto.

El Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep), tuvo un costo de Q148 millones, que según un informe de la Contraloría General de Cuentas pudo ser sobrevalorado.

El argumento de Montano para votar en contra del retiro de la inmunidad es que hubo mucha información a la que no tuvieron acceso, por lo cual no pudo emitir un análisis del caso con la profundidad que hubiese querido.

“Yo recomiendo que no, porque hay ciertos vacíos legales, la defensa penal es personalísima, pero lo que dije en estos 10 días es que no hubo suficiente tiempo”, refirió Montano.

El presidente de la pesquisidora, agregó: “Todavía no he recibido muchas cosas para yo tomar una decisión justa, compensada. Por ejemplo, el antejuicio del vicepresidente ya lleva casi 15 días, basado en esto yo no puedo tener un juicio y decir sí o no, si no tengo toda la información pertinente del caso”.

Montano dijo que es la primera vez integró una Comisión Pesquisidora, pero a su criterio este informe fue “apresuradísimo, no se puede tener un juicio en 10 días”, el tener una decisión de manera apresurada, a su criterio, podría afectar los derechos de las personas denunciadas.

¿Cuándo conocerá el Pleno?

A consideración del presidente de la comisión pesquisidora, ya que el informe llegará pasando las 15 horas, sería lo más adecuado que el Pleno entre a conocer el documento mañana, pero la agenda de este miércoles puede ser modificada si el Pleno así lo decide.

“Yo creería que es hasta mañana por todos los puntos de agenda que hay, pero alguien podría pedir la palabra, interrumpir la agenda y pedirlo – que se conozca el informe – eso está por verse, hay que ver que diputados votan, quedará evidenciado quien está con quien en el tema político”, dijo Montano.

El informe de una pesquisidora, según lo dicta la ley, solo puede ser conocido durante una sesión legislativa dentro del periodo de sesiones ordinarias, y la actual legislatura está por finalizar su segundo periodo ordinario mañana, es decir, este jueves 30 de noviembre.

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¿Quiénes son los magistrados?

Los cuatro magistrados a quienes la Comisión Pesquisidora recomendó el retiro de la inmunidad son: Irma Palencia, Rafael Rojas, Mynor Franco y Gabriel Aguilera.

Palencia, antes de llegar al TSE, fue magistrada de Corte de Apelaciones. Su pasó por el TSE cobró relevancia porque ocupó la presidencia del órgano electoral en buena parte del año preelectoral, para la convocatoria a elecciones, para las votaciones y oficialización de resultados. Palencia no compareció ante la pesquisidora pese a que fue citada.

Rafael Rojas y Mynor Franco, vienen de una carrera en el Organismo Judicial (OJ), ambos fueron magistrados titulares de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Rojas acudió a la postuladora, mientras que Franco presentó sus pruebas de descargo de forma escrita.

Gabriel Aguilera, antes de ser magistrado del TSE, ocupó un cargo público como Ministro de Trabajo, durante la administración de Jimmy Morales.

Los magistrados que frenaron el proceso de antejuicio, por tener un amparo provisional de la CC son: Blanca Alfaro, actual presidenta del TSE; y los tres suplentes, Marco Antonio Cornejo, Marlon Barahona y Álvaro Cordón.

Para este miércoles 29 de noviembre la pesquisidora tenía como punto de agenda la cita al vicemandatario. Castillo presentaría sus pruebas de descargo ante los diputados.

Pero en horas de la mañana, la diputada Andrea Villagrán, presidenta de la comisión, recibió un oficio firmado por la vicepresidencia donde el funcionario se excusaba de la cita.

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El argumento del vicepresidente fue que la pesquisidora no ha escuchado al denunciante, quien no se presentó para ratificar la denuncia, además de contar con una amplia agenda de trabajo que le imposibilitaba acudir a la reunión.

Castillo solicitó a los diputados que su cita pudiera ser reprogramada para después del 4 de diciembre, pero la diputada Villagrán propuso que fuera hasta el 9 de enero de 2024.

La comisión pesquisidora aceptó la propuesta de Villagrán, pero él no será el único citado para esa fecha. También se acordó citar a representantes de la Oficina Nacional de Servicio Civil, la Secretaría Nacional de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed) y la Contraloría General de Cuentas (CGC).

El proceso de antejuicio contra Castillo se debe a aparentes anomalías en un nombramiento de la Senabed, denuncia que pasó algunos años detenidos por un amparo que tenía de forma provisional ante la Corte de Constitucionalidad (CC).

El informe de la comisión pesquisidora aún no se ha terminado y este martes 28 de noviembre los comisionados no lograron un acuerdo, por lo que volverán a reunirse este miércoles 29 de noviembre para continuar deliberando el contenido del informe y la consecuente recomendación que deben hacer al pleno respecto a la inmunidad de los magistrados del TSE.

Los diputados Julio Longo, de FCN Nación, Douglas Rivero y Flavio Muñoz, ambos del Partido Humanista, durante la semana de trabajo de la comisión se manifestaron más a favor del retiro de la inmunidad de los magistrados electorales, mientras que Enrique Montano, del Partido Unionista, y Osmundo Ponce, de Urng-Maíz, fueron más de la tendencia de profundizar en las entrevistas antes de fijar una postura.

La reunión de los pesquisidores fue a puerta cerrada, diferente a las audiencias de la última semana.

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El informe final de la pesquisidora se acordó que fuera entregado este martes 28 de noviembre a la  Dirección Legislativa, resumiendo el trabajo de la pesquisidora. Ahora corresponde que esta dirección del Congreso trasladar el documento a la Junta Directiva cuando esté listo y esta a su vez ponerlo a disposición del pleno.

La Ley en Materia de Antejuicio explica que los informes de las comisiones pesquisidoras tan solo se pueden entrar a conocer en sesiones del periodo ordinario, mismo que concluirá este jueves 30 de noviembre.

Aunque en el orden del día para las últimas dos sesiones ordinarias de la actual legislatura, previstas para miércoles y jueves, no se incluye el antejuicio contra los magistrados, en los pasillos legislativos corre el rumor que congresistas afines a la alianza oficialista impulsarían una moción para incluir el tema en una de estas sesiones.

“Todas las decisiones que se toman aquí en el Congreso son colegiadas, yo no me atrevería a decir si lo van a presentar o no –el informe–, porque ellos -los comisionados- serán quienes estén conociendo este tema, y si lo recibimos, se va a conocer”, explicó la diputada Shirley Rivera, presidenta del Congreso.

Diputados de distintos bloques y orientación política fueron consultados sobre este antejuicio, pero hasta ahora ninguno se atreve a decir abiertamente que votaran a favor o en contra del retiro de la inmunidad de los magistrados del TSE.

Esperan el informe

La recomendación que emitió la comisión pesquisidora no es vinculante, lo que significa que el pleno del Congreso puede aceptarla o no, pero hasta este martes ninguna bancada se atreve a decir que apoyara al TSE, o, por el contrario, que apoyarían un retiro de la inmunidad.

“Estaremos esperando que llegue ese informe, de acuerdo a lo que ellos aconsejen, actuaremos en su debido momento”, dijo el diputado Carlos Roberto Calderón, subjefe del bloque oficial, Vamos.

La semana pasada Prensa Libre publicó algunos de los hallazgos preliminares de un informe de la Contraloría General de Cuentas (CGC), que apuntan a una sobrevaloración y mala calidad del gasto por un estimado de Q174.8 millones.

El fin de semana, la CGC también denunció a los magistrados Irma Palencia, Rafael Rojas, Mynor Franco y Gabriel Aguilera, junto al encargado de informática del TSE, Jorge Santos por estos hallazgos.

A consideración del diputado Boris España, integrante actual del bloque Todos, y reelecto para la nueva legislatura por Vamos, es necesario analizar a detalle los hechos denunciados.

“Yo creería que aún falta más por conocer. El informe de la CGC ayuda a poder tomar mejores decisiones por parte de los miembros de la comisión pesquisidora, pero yo desconozco a profundidad las imputaciones que se hacen a cada uno de los magistrados”, señaló.

Otras bancadas que han votado alineados al oficialismo en buena parte de la legislatura, como Bienestar Nacional (Bien), Compromiso Renovación y Orden y la misma Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), dijeron que aún están afinando criterios a lo interno de sus bloques.

“Como partido pedimos que se haga lo que está en ley. Que se priorice la ley, porque uno no puede hacer un prejuzgamiento hasta que no conozca realmente el informe”, dijo el diputado Víctor Guerra, jefe de la UNE, la bancada mayoritaria de la actual legislatura.

Sin tampoco dar un sí de manera abierta, el diputado Rudy González, subjefe de Visión con Valores (Viva), considera que pese a que se escuchó a los magistrados del TSE, algunas dudas todavía se mantienen.

“Al final nosotros no somos jueces, pero si tenemos la facultad para poder decidir si le retiramos o no el antejuicio a los magistrados. Creemos, por lo que nos han explicado, que hay algunos indicios que si requieren investigación del MP para que esto se dilucide”, dijo el congresista.

Oposición analiza

Otras bancadas que han sido oposición, o que se han sumado a ella en los últimos meses de la actual legislatura, también analizan las versiones escuchadas en la pesquisidora del TSE, y tampoco dicen abiertamente si apoyarían o no un retiro de inmunidad.

“Tenemos que esperar el informe de la comisión, lo que hemos escuchado es algo subjetivo, vamos a esperar el documento para estudiarlo. Yo creo que falta revisar la información que nos trasladen, hay que estudiarla”, explicó Juan Carlos Rivera, jefe del bloque Victoria.

La diputada Sonia Gutiérrez, jefa de bloque de Winaq, sin decir abiertamente que sí, considera que los hechos denunciados por la CGC podrían ser decisivos para votar a favor del retiro de la inmunidad.

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“De acuerdo a lo que la CGC ya emitió un informe preliminar es que si pudo haber una mala calidad del gasto público no sería vinculante a un llamado fraude electoral, en todo caso serían procedimientos administrativos. Es posible – que votemos a favor del antejuicio – todavía lo estamos considerando, no hemos tomado la determinación, hacemos ahora la evaluación de todos los argumentos”, refirió.

Por su parte, Álvaro Arzú Escobar, jefe de bloque de Partido Unionista, dijo que prefiere leer el informe antes de expresar públicamente un criterio. “No hemos definido ningún criterio porque no hemos visto el informe, obviamente al momento que el informe sea presentado lo analizaremos y tomaremos una decisión”.

Los denunciados

La Fiscalía de Delitos Administrativos del MP presentó la solicitud de antejuicio contra los magistrados del TSE por los delitos de fraude, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad.

Esa denuncia iba tanto contra todos los magistrados titulares como los suplentes, pero hubo algunos que lograron frenar el proceso de antejuicio en su contra por obtener un amparo provisional por la Corte de Constitucionalidad (CC).

Quienes lograron dejar en pausa el proceso de pesquisas en su contra son Blanca Alfaro, magistrada titular y actual presidenta del TSE; así como los suplentes Marco Antonio Cornejo, Marlon Barahona y Álvaro Cordón.

Los otros cuatro magistrados titulares contra quienes sí avanzó el proceso de pesquisas, y que podrían perder la inmunidad si el Pleno del Congreso así lo decide son: Irma Palencia, quien fue la presidenta del TSE desde la convocatoria a la oficialización de resultados, así mismo se encuentran los magistrados Rafael Rojas, Mynor Franco y Gabriel Aguilera.

Todo el Pleno del TSE fue denunciado por el Ministerio Público (MP) por una serie de aparentes anomalías en la compra de su sistema informático que fue utilizado en las votaciones generales en Gutemala, de 2023.

El sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) tuvo un costo de Q148 millones, que a consideración de una auditoria de la Contraloría General de Cuentas (CGC), fue sobrevalorado.

La denuncia contra los magistrados del TSE se centra en los cargos de fraude, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad, según las solicitudes de antejuicio formuladas por la Fiscalía de Delitos Administrativos.

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Aunque son ocho los magistrados denunciados, entre titulares y suplentes, el proceso de antejuicio que mantiene la Comisión Pesquisidora solo se centró, en este momento, contra cuatro magistrados, los restantes obtuvieron un amparo provisional.

Palencia no asiste

La magistrada Irma Palencia, quien fue presidenta del TSE para la convocatoria de las elecciones, la primera vuelta, segunda vuelta y para la oficialización de los comicios, no acudió a la Comisión Pesquisidora.

Palencia pidió a la mesa legislativa ser citada en otro momento, indicando que al momento de ser citada no se adjuntó toda la información que ha tenido de conocimiento la Comisión Pesquisidora.

Según un oficio firmado por la magistrada, al que los diputados dieron lectura, la magistrada pedía ser citada en una nueva fecha, pese a que el plazo que la comisión se fijó para entregar su informe es este martes 28 de noviembre.

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De los cinco diputados que integran la comisión, solamente Osmundo Ponce, de URNG – Maíz, solicitó que se aceptara la petición de la magistrada, el resto voto en contra de la petición.

“Me parece que no podremos dar un informe si no se ha tenido el derecho de audiencia a todos los magistrados en igualdad de condiciones, y creo que nosotros tenemos que seguir con el debido proceso, con la igualdad procesal y el derecho a la debida defensa, eso nos evitará caer en arbitrariedades”, dijo.

Magistrado presenta descargos por escrito

El segundo magistrado denunciado, Mynor Franco, evacuó sus pruebas de descargo de forma escrita. Memorial que fue leído durante la reunión de la Comisión Pesquisidora.

Franco enfatizó sus argumentos diciendo que la denuncia no tiene ningún fundamento técnico, pidiendo que no se acepte la denuncia que presentó el MP.

“En el presente caso se debe de presentar un juicio de valor sobre la denuncia presentada por el MP, que se da por la denuncia de los ciudadanos Geovanni Fratti y Karen Fisher”, indicó el memorial de Franco.

El magistrado reiteró que los hechos son de una naturaleza “espuria e ilegítima que motivo la denuncia”, reiterando que se expone “un hecho falso, el cual se entiende como algo fingido”.

El magistrado pidió, en más de una ocasión, que no se recomiende el retiro de la inmunidad porque “las motivaciones no son técnicas o constitutivas de delito, hacen una referencia de mi persona a grupos de izquierda, niego rotundamente, la solicitud de antejuicio en contra de mi persona es espuria e ilegítima”.

Tras la presentación de este memorial, el diputado Ponce dilató, por algunos minutos, la presentación de los magistrados Rafael Rojas y Gabriel Aguilera que si comparecieron ante los diputados.

Ponce se negó a que se aceptará la evacuación de Franco por escrito, y pidió que se modifique el trámite, ya que por igualdad de condiciones la presentación debe de ser verbal, ya que él tenía varias dudas contra los diputados.

Rojas y Aguilera asisten al Congreso

Los únicos magistrados que comparecieron ante la Comisión Pesquisidora fueron Rafael Rojas y Gabriel Aguilera, quienes presentaron de manera verbal sus pruebas de descargo por el proceso de antejuicio.

Al igual que Franco, enfatizaron que la denuncia que recibieron es espuria e ilegítima, reafirmando que no existen elementos sólidos que permitan dar con lugar a una denuncia de este tipo.

El primero en exponer ante los diputados fue Rojas. “A mi parecer la denuncia es totalmente espuria. Es de conocimiento público que los dos personajes que presentan la denuncia, en redes sociales han cuestionado desde el 2020 la integración del TSE, pero en el año preelectoral toda la planificación para los mecanismos de adquisición, que permitió dotar de insumos a todos los órganos electorales”.

El magistrado añadió que el TSE es el órgano encargado de contratar todos los elementos de tecnología que permitan la celebración adecuada de las votaciones, lo que incluiría la contratación del TREP, utilizada para las votaciones del 25 de junio y 20 de agosto.

Reafirmó que la Dirección Electoral realizó un trabajo de logística, detectando puntos clave para los centros de votación, que permitieron “acercar el voto”, trabajo conjunto con la Dirección de Informática, ya que se tuvo que coordinar acciones.

“Es absurdo que se me atribuya el delito de abuso de autoridad, dicen que yo como magistrado, en principio siendo abogado, magistrado de CSJ y Cortes de Apelación, debe de haber un modo, lugar y fecha que permita encuadrar acciones en un modo penal, y no lo veo en ninguna parte de la denuncia que presenta el MP”, agregó Rojas.

El magistrado explicó que la sumatoria de los votos fue una competencia de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), que en ningún momento se delegó está competencia a una empresa “entonces que me diga un juez penal como incumplí, es espurio y absurdo que digan que cometí un delito”.

Sobre la posible sobrevaloración, Rojas explicó que no se puede comparar un estado de México con el desarrollo de las votaciones en toda Guatemala. “En Puebla no sé, ni me interesa, en Guatemala fueron cinco elecciones donde se eligió a las autoridades que tenían que ser electas, y tuvimos la segunda vuelta”.

El magistrado Aguilera “explicó que como magistrados no tuvieron un detalle de precio por precio a detalle, que fue un precio global”, lo que les ofreció la empresa Datasys para el funcionamiento del TREP.

“No se queden con la idea que es solo multiplicar el precio de los celulares, es un precio intangible, es un valor de propiedad intelectual, pero nosotros solo vimos un precio global al momento de adjudicar”, amplió Aguilera.

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El contrato que suscribió el TSE fue el desarrollo del programa informático para las elecciones, conlleva un trabajo arduo, explicó el magistrado, quien aseguró que cada empresa valúa los costos de cada uno de los programas que es su núcleo de negocio.

Aguilera explicó que la auditoria del Tecnológico de Monterrey veló porque no hubiera ataques al sistema, para medir que este no tuviera problemas. “El TREP nunca se fue, tuvimos un sistema fuerte, nunca hubo una caída del sistema”.

Agregó que el servicio de Datsys incluía a técnicos que capacitó a personal del TSE, junto a un plan de contingencia y 18 meses de soporte técnico, lo que indica que también conlleva un costo que está dentro de la cantidad total.

“El precio como tal no es solo el programa, conlleva muchos elementos más para llegar a ese producto total, de momento solo se ha realizado un pago”, señaló el funcionario, “han gastado más de lo que se les ha pagado – y la empresa – lo ha demostrado con facturas”.

Por ejemplo, según Datasys no hubo una subcontratación de Podernet, para ellos el termino correcto es una “unión de personas”, por lo que rechazaron este extremo que también expuso el Ministerio Público (MP) al momento de ratificar la denuncia.

“Nosotros para dejarlo claro, no hicimos ninguna subcontratación a ninguna empresa, lo que hicimos fue una participación, no hicimos ninguna subcontratación, es una unión de personas”, dijo Hugo Lemus Herrera, representante legal de Datasys.

La empresa se presentó ante los diputados con 25 años de experiencia en la materia, pero a consideración del congresista Douglas Rivero, esos años no se vieron reflejados porque a su juicio si tuvieron que recontratar a otra empresa para que les ayudara.

“Fue más caro, salió más caro porque tuvieron que contratar a otra empresa porque ustedes en esos 25 años de experiencia no podían”, dijo Rivero, quien fue acuerpado en este punto por el diputado Julio Longo, “si tiene 25 años y ustedes no lo pudieron hacer”.

Por su parte la abogada Mónica Ardón, asesora jurídica de Datasys, refutó los señalamientos, diciendo que no hubo una sobrevaloración, debido a que no hay ningún antecedente previo en Guatemala de una compra de este tipo.

“Nunca hicimos algo que no fuera correcto, también quisiera decirles que se hizo un trabajo en conjunto en beneficio de todos los guatemaltecos, fue un trabajo arduo en conjunto”, señaló.

El contrato firmado ante el TSE fue por la empresa Datasys, y posteriormente las ganancias se dividieron entre las empresa que hicieron la unión de personas. “Quien firma el contrato es Datasys, el costó son las ganancias, y la división de ganancias ya depende entre las empresas. En el contrato están las obligaciones que a cada uno le concierne”, dijo Ardón.

Los accionistas de Datasys son Jorge Ruiz Salazar Valverde, Isaías Alberto Salazar Valverde y Datasys Group Sociedad Anónima, según documentos entregados a la Comisión Pesquisidora.

Los diputados trataron de averiguar detalles sobre la especificación de los costos, bases de la licitación y cuánto dinero obtuvo Podernet, empresa a que a juicio de algunos diputados si fue subcontratada, pero la empresa no supo precisar estos datos a los diputados, quienes acordaron enviar nuevos requerimientos de información por escrito.

Pero el titular de la cartera de Comunicaciones no presentó sus pruebas de descargo, acudió para recusar al pesquisidor Armando Castillo, de Visión con Valores (Viva), debido a que el congresista estuvo en al frente de la Unidad Ejecutora de Conversación Vial (Covial), teniendo, a juicio del ministro, conocimiento del caso.

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“Fue director de Covial del 13 de mayo del 2016 al 7 de abril del 2017, lapso dentro del cual se encontraba vigente dicha unidad ejecutora al requerimiento del pago por un monto de Q256 mil”, explicó el ministro.

Por tener conocimiento del caso, a criterio de Maldonado, el congresista tendría conflicto de intereses para conocer de manera objetiva el proceso de antejuicio en su contra.

El diputado respondió al señalamiento de Maldonado diciendo que las acciones del ministro tan solo buscan entorpecer las diligencias de la pesquisidora, y no acepto los hechos señalados por el ministro.

“Todo se da del 2019 en adelante. El objeto de este antejuicio no es por no haber pagado una deuda, no es por acceder a un proceso de pago, es por haber desobedecido una sentencia judicial y no había sentencia judicial hasta ese año”, dijo el diputado.

Castillo agregó: “Es evidente que la presente acción de recusación es un acto dilatorio y de la mala fe, toda vez que, de lo contrario, la misma se hubiera presentado al momento que se conociera de mi integración en la presente pesquisidora”.

Armando Castillo no aceptó la recusación, no obstante, presentó una excusa, diciendo que no tiene ningún objetivo personal contra el funcionario señalado y pidió que las actuaciones se presenten al pleno para que sea ahí que se determine cuál será el futura de la pesquisidora.

La denuncia fue remitida a la Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia y Sindicalistas para la investigación correspondiente, añadió el ente investigador.

La denuncia se deriva de los señalamientos que efectuó el diputado Enrique Montano, al señalar que Pineda estaría detrás de ataque en su contra en la red social X.

El 22 de noviembre recién pasado, Montano, presidente de la Comisión Pesquisidora del Tribunal Supremo Electoral (TSE), reconoció públicamente que teme por su vida y la de su familia, tras recibir, lo que dijo ser, una serie de ataques por medio de la referida red social.

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El legislador publicó una serie de mensajes en esa red social en la que dijo cuál es la cuenta que estaría detrás de las intimidaciones en su contra.

En esa ocasión, el MP indicó que la denuncia de Montano fue aceptada y tramitada para el proceso de investigación, pero el secretario del MP aludido, también analizaba medidas legales.

En su publicación en X, el legislador afirmó que era víctima “por hacer un trabajo limpio y a conciencia”.

Para leer más: Diputado Montano vuelve a denunciar amenazas, ahora contra su familia

Este viernes 24 de noviembre, continuó la reunión de la comisión pesquisidora por el tema de los magistrados del TSE y Montano denunció públicamente amenazas de muerte, esta vez en contra de su familia.

La empresa Datasys fue quien ganó la contratación y fue la encargada de proveer al TSE el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep), herramienta que difundió la tendencia del voto en las elecciones del 25 de junio y del 20 de agosto.

Los diputados de la mesa legislativa habían acordado citar a la empresa para tener por menores del contrato y su constitución, pero no fue posible entregar la notificación para la diligencia.

“Yo mandé a notificar, porque queremos saber quiénes son los accionistas, cuál es la estructura, queremos saber quiénes son los dueños; sin embargo, mandamos -la notificación- ayer y en el edificio de la zona 10 no existe –la oficina-, no está la empresa constituida, hace ocho o seis meses que no están”, dijo Enrique Montano, presidente de la pesquisidora.

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El que la empresa no pueda ser localizada cuando el contrato por el servicio que prestó está siendo cuestionado, es algo que, a criterio de Montano, generan dudas.

“Es una acusación delicada, seria; porque primero, ningún extranjero debiera tener esa función como lo dice la ley, y que no estén en el país y que no se puedan contactar si genera sospechas, sospechas serias”, añadió.

La dirección que utilizó la pesquisidora para enviar la notificación es la que consta en los documentos e información que les ha proporcionado tanto el TSE como el MP, pero no fue posible ubicar a ningún representante de Datasys.

Pese a que el trabajo de la pesquisidora es público, así como la citación hecha a Datasys, los congresistas tampoco han recibido algún tipo de mensaje de parte de la empresa, algún representante o incluso asesores, estos últimos en su momento sí llegaron a las reuniones del TSE y estuvieron presentes en los tres simulacros que se realizaron del sistema, así como en los dos eventos de votación.

“Todas las versiones son importantes, pero queremos saber, primero que nada y perdone que insista, en quienes son los accionistas, de dónde viene la empresa, su estructura, libro de accionistas al día, lo tienen que tener, porque es una empresa seria, que ganó Q148 millones en una licitación”, enfatizó Montano.

Si no es posible localizar a la empresa Datasys, a criterio del presidente de la pesquisidora, será la Fiscalía la que deberá comenzar a indagar directamente a la empresa, que es uno de los actores principales de la denuncia que pesa sobre el TSE.

El encargado de informática del TSE, Jorge Santos, informó a la pesquisidora que ellos fueron notificados por la empresa Datasys sobre el cambio de dirección, mismo que se les informó, según Santos, desde el 1 de agosto, dato que la Comisión Pesquisidora desconocía y que imposibilitó la entrega de la notificación.

TSE y CGC

El pleno de magistrados del TSE deberá de comparecer el próximo lunes ante los cinco pesquisidores.

La mesa parlamentaria citó a los ocho magistrados denunciados, cinco titulares y tres suplentes, a pesar que la presidenta, Blanca Alfaro, así como los suplentes cuentan con un amparo provisional que frenó las diligencias de antejuicio.

También se espera que la próxima semana la Contraloría General de Cuentas (CGC) rinda un informe ante la comisión, en donde evaluarían los detalles del Trep y su contratación.

De manera preliminar se conoce que el informe detallaría un posible mal manejo de fondos, tanto en el contrato del Trep, así como en los recursos destinados para la planificación y elaboración de las elecciones generales del 2023.

La comisión pesquisidora trabaja a marchas forzadas porque ellos mismos acordaron entregar su informe circunstanciado al pleno el próximo 28 de noviembre, dos días antes de que finalice el período ordinario de sesiones.

Justo cuando se conocía una excusa de la Contraloría por no asistir, y las consideraciones de los comisionados, el diputado Enrique Montano pidió permiso para abandonar el salón por unos minutos.

Menos de cinco minutos después, Montano regresó a la sala y tomó la palabra para explicar el motivo de su ausencia.

“Pido disculpas por haberme levantado (…) sigue habiendo amenazas en mi contra. No sé cuál es la presión que me están poniendo desde que asumí esta comisión, yo solo soy un mediador, pero son presiones de índole político impresionante”, dijo a los comisionados.

Según el diputado, abandonó por un instante la reunión porque recibió vía telefónica un mensaje de amenaza, esta vez en contra de su hija, lo que lo hizo abandonar la reunión.

Visiblemente molesto, Montano arremetió en contra de los mensajes anónimos que ha recibido.

“Acabo de recibir un mensaje que tenga cuidado mi hija, que soy un narcotraficante, que me reuní con los magistrados Palencia, Aguilera y Rojas (…) qué chingados le pasa a la gente en Guatemala”, cuestionó el legislador.

Agregó: “¿Cuál es la gana de joder? Aquí solo estoy haciendo un trabajo que asumí por tómbola -sorteo-, ¿qué poderes ocultos hay aquí?”

El diputado también reflexionó en su intervención: “son presiones de gente muy poderosa, pero no me van a amedrentar, es más, me van a envalentonar más y en mi opinión lo que quieren es que no quede Bernardo Arévalo como presidente, es la realidad y lo digo públicamente y todo esto es un jueguito para eso y es mi opinión, y soy irresponsable de mi opinión aquí en el Congreso de la República”.

Para finalizar, el diputado sentenció: “sigamos adelante con esta estupidez de sesión que está más arreglada que todo lo demás”.

Fischer y Fratti, acreditados como integrantes de la organización Guatemala Inmortal, llegaron la mañana de este viernes 24 de noviembre a la cita. Llevaban copia de la denuncia por escrito y otros materiales digitales, que les entregaron a la comisión, presidida por el diputado Enrique Montano.

“Nosotros comparecemos y ratificamos la denuncia que presentamos ante el Ministerio Público, la cual ya fuimos a ampliar la licenciada Karen Fischer y yo ante la Fiscalía”, dijo Fratti para formalizar la intervención, durante la cual explicaron los fundamentos para asegurar que hay delitos que perseguir.

Fischer fue más allá y sí aseguro que “se presume que existe un fraude electoral”. Y se puso la denuncia porque “hay una preocupación de muchos guatemaltecos, desde antes de la primera vuelta”.

No obstante, en la fase de preguntas de los comisionados, Fratti subrayó: “el fraude al que se refiere el Ministerio Público hace dos días, es el fraude al erario público, es el fraude a los dineros del Estado por la compra con sobreprecio, a ese fraude nos estamos refiriendo y es el que consta en la denuncia, a nada más”.

Fratti aseguró que el TSE contrató a la empresa Datasys para prestar el servicio de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep), una herramienta de tecnología para enviar los resultados electorales y copia digital de las actas, sin embargo, según el denunciante, el Tribunal no supervisó el proceso y no lo tuvo bajo su control.

“Se brinda esta responsabilidad a una empresa que no se audita”, dijo Fratti, recordando ante los pesquisidores que “no se puede delegar la función pública a una empresa”.

El denunciante explicó que, a su criterio, el TSE no solo compró el sistema para la transmisión de datos, sino también delegó todo el control y supervisión, y a pesar de que hubo problemas técnicos e incumplimiento en algunos aspectos de la empresa, los magistrados no denunciaron ni ejecutaron las fianzas de cumplimiento.

“Nosotros pensamos que las Juntas Receptoras de Votos hicieron el trabajo lo mejor posible, pero quien debe analizar las actas en el sistema es el TSE”, insistió Fratti sobre las responsabilidades que tenía el Tribunal, no obstante “se brinda la responsabilidad a una empresa extranjera que no se auditó”.

Antecedentes

La denunciante Karen Fischer reconoció que ha presentado más denuncias contra el TSE, además de la que ahora llevó a los magistrados a una pesquisidora en el Congreso.

Explicó que la denuncia, presentada el 24 de agosto pasado, y su consecuente ratificación la han hecho por la preocupación que existe por un supuesto fraude electoral y porque “todo se llevó de una manera anómala”, en relación con la gestión de las elecciones generales pasadas.

“Fue una oferta sobrevalorada por Q148 millones, mientras que la otra empresa ofertó por menos de dicha cantidad y existen antecedentes como en el caso del Estado de Puebla, en México, donde el mismo sistema fue adquirido por MXU$50 millones -unos Q20 millones-.

La denunciante también subrayó que, como síntomas de las irregularidades en el TSE, “nadie quiso aplicar al cargo de director de informática del TSE”, algo que pudo obedecer a que “lo hicieron para evadir la responsabilidad penal, porque en las elecciones pasadas, el director y subdirector de informática terminaron en prisión”.

¿Apagón del sistema?

Fischer también habló sobre un apagón del sistema en los comicios de junio, una contingencia que no fue reportada.

Según la denunciante, el 20 de junio se cayó el sistema informático alrededor de las 9.30 y comenzó a recibir actas a través del Trep alrededor de las 12.05 de la medianoche; sin embargo, durante toda la noche se transmitieron resultados a través de medios de comunicación y redes sociales, por lo que antes de comenzar a recibir las actas oficiales de las Juntas Receptoras de Votos, ya se sabían los resultados.

“En la denuncia que obra en el expediente aparecen los nombres de quienes presentaron las primeras 10 actas del Distrito Central. Eran voluntarios que llegaron a preguntar qué hacían”, expuso Fischer.

La abogada denunciante también cuestionó la contratación de tres personas, asesores del TSE, originarios de El Salvador, Colombia y México. Según Fischer, los tres abandonaron el país cuando trascendieron las primeras denuncias y el TSE no ha explicado en qué asesoraban. Tampoco justificó el origen de varios viajes a distintos países, los cuales le costaron al Estado Q9 millones en viáticos durante la presidencia de Irma Palencia.

Agregó: “Yo conseguí el informe migratorio de estos tres personajes extranjeros que se esfumaron y también presenté el informe migratorio de la expresidenta Irma Palencia, dejemos que todos esos viajes fueron pagados con los impuestos, sino encima de todo, no justifican esos viajes. Hubo viajes a El Salvador, Panamá, México, son Q9 millones en viáticos en dos años”.

Durante la jornada de hoy, el encargado de informática del TSE, Jorge Santos, rechazó las versiones de los denunciantes, negando que se diera un “apagón” en el sistema utilizado en las votaciones. “No se fue el sistema, siempre estuvo funcionando”, agregó el informático mostrando a los diputados gráficos del funcionamiento del TREP en las pasadas votaciones.

Nuevo amparo

La Comisión Pesquisidora del TSE, recibió una notificación por una nueva acción de amparo que presentó la magistrada Irma Palencia, expresidenta del TSE previo, durante y después de las votaciones del 2023.

En la notificación que la comisión dio lectura, se les pidió un informe, trámite habitual para este tipo de acciones legales, para que la Corte pueda tener los antecedentes necesarios para tomar una decisión. La CC decidió de manera reciente no otorgar un amparo provisional a la magistrada Palencia, esta sería una segunda acción legal a su nombre.

Para el próximo lunes la Comisión Pesquisidora citó a los magistrados del TSE, y se espera que la próxima semana la Contraloría General de Cuentas (CGC) rinda un informe sobre los hallazgos localizados en el contrato del TREP y sobre el uso que se le dio a los recursos destinados para la planificación y ejecución de las votaciones.

Para hoy, la agenda de la Comisión Pesquisidora se centraba en escuchar las pruebas de descargo de los magistrados del TSE, pero estos enviaron una serie de oficios pidiendo ser escuchados después que los ciudadanos que presentaron la denuncia, para conocer los argumentos puntuales por los cuales son atacados.

Pero la comisión se fragmentó entre aquellos que sí deseaban darles audiencia para este viernes, seguidamente de los denunciantes, y los que buscaban que el TSE expusiera sus pruebas este mismo jueves.

Los diputados Enrique Montano y Osmundo Ponce apoyaron que el TSE expusiera mañana, pero Douglas Rivero, Flavio Muñoz y Julio Longo optaron por escuchar de inmediato a los magistrados.

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El tema en discusión generó incluso un intercambio de palabras entre los diputados Rivero y Montano. El primero buscaba que el tema fuera sometido a votación, mientras que el segundo consideraba adecuado posponerles la audiencia.

“Solo oímos, citamos, hacemos un informe al Pleno. Se ve como que si algunos quisieran alargarlo y algunos no, el cronograma fue presentado con la única intención de que presentemos nuestro informe al Pleno que tendrá que tomar la decisión, nosotros queremos saber la verdad”, dijo Rivero.

El tema finalmente fue sometido a votación, ganando de manera inicial tres a dos los que apoyaron que las pruebas de descargo del TSE se presentaran de manera inmediata.

Montano, razonaba su voto cuando, “es una cuestión de lógica, y a la lógica se suma la ley”, Rivero se sintió aludido por una frase e interrumpió a Montano quien le respondió al congresista.

“Estoy razonando mi voto, déjeme razonar mi voto. No lo estoy haciendo como presidente de la comisión. No lo estoy aludiendo a usted, estoy diciendo mi punto de vista y usted tiene que respetar lo que estoy diciendo”, dijo.

Mientras los diputados discutían, algunos de los magistrados comenzaban a llegar al hemiciclo, a la espera de si podrían o no contar con tiempo de espera para sus pruebas de descargo, ya que pese a una primera votación, la pesquisidora optó por un receso para afinar criterios y posteriormente acordó escucharlos el próximo lunes.

Sin sobrevaloración

En la sesión de la pesquisidora de este miércoles, el Ministerio Público (MP) informó que detectaron una posible sobrevaloración en la compra del sistema informático utilizado para las elecciones del 2023.

El sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), tuvo un costo de Q148 millones, cantidad a consideración del MP pudo ser elevada.

En respuesta, el magistrado del TSE, Gabriel Aguilera, dijo lo siguiente: “No existe ningún tipo de sobrevaloración, tenemos todos los argumentos para respaldar dicha afirmación. Siempre hemos contribuido con la Contraloría General de Cuentas como con el MP, entregando toda la información que nos solicitan”.

Ante la aparente premura para la presentación del informe de la pesquisidora, Aguilera añadió: “Lo único que pedimos es objetividad, porque así como escuchan a los demás, que nos escuchen a nosotros, que podamos manifestar nuestros argumentos y que podamos aclarar cualquier situación”.

El magistrado Rafael Rojas, expresidente del TSE, se sumó a la postura de su colega, indicando que por cuestiones legales siempre se debe de escuchar antes a la persona que presenta la denuncia, motivo por el que pidieron tiempo.

“Se nos convocó, pero solamente se presentó el MP, entonces por una cuestión de pura lógica y técnica jurídica nosotros deberíamos de saber los argumentos de las personas que nos denunciaron”.

Resultados inamovibles

La magistrada presidenta del TSE, Blanca Alfaro, también fue citada pese a que cuenta con un amparo provisional, e indicó que en estos momentos los esfuerzos estatales deberían de ser otros.

“Debiéramos de estar trabajando para que esa alternancia del poder y ese traslado del mando fuera fuerte, pero parecerá que en estos momentos no nos interesa el traslado de los cargos públicos, pareciera que lo más importante es el caso de los magistrados del TSE, ojalá yo esté equivocada”, dijo.

La magistrada presidenta no respondió que escenarios se podrían visualizar si llegan a retirarles la inmunidad, o si incluso llegan a perder el cargo. “Estamos inmersos en un tema que a donde va a llevar. Ojalá que sí nos quitan a nosotros, se arreglaran todos los problemas del país, que bueno, pero no va a ser así”.

Pese a la coyuntura, la presidenta reafirmó nuevamente que los resultados electorales son inamovibles. “Los resultados están validados y están oficializados y no se pueden alterar. Los funcionarios ya tienen sus acreditaciones, muchas vienen de las Juntas Electorales, no vienen el de TSE”.

La Comisión Pesquisidora del TSE citó a todos los magistrados, incluidos aquellos que recibieron un amparo provisional, bajo el argumento que el Congreso no fue notificado de la resolución.

Montano, previamente a hacer el anuncio de la intimidación en la reunión de la pesquisidora, publicó una serie de mensajes en su red social, en donde dijo cuál es la cuenta que estaría detrás de las intimidaciones.

Durante la reunión de la Comisión Pesquisidora de este miércoles, la mesa legislativa recibió la ratificación de la denuncia por parte de agentes de la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público (MP).

Momento en el que el legislador aprovechó para pedir a los agentes fiscales apoyo para darle seguimiento al caso, ya que considera que los mensajes que ha recibido son serios y ameritan una investigación.

Montano es integrante de la bancada de Partido Unionista, quien mediante un sorteo fue electo como presidente de la Comisión Pesquisidora que tiene que analizar los señalamientos contra los magistrados del TSE.

“Señalamientos absurdos”

Por el tipo de mensajes que difundo en su red social X el diputado Montano, en donde hacía alusión a un representante del MP, se buscó una postura institucional, en donde el Departamento de Comunicación Social respondió lo siguiente:

“Son señalamientos absurdos y sin fundamento por lo que se le invita al diputado a que presente la denuncia correspondiente y adjunte los elementos que sustenten lo que manifiesta en su publicación”.

El ente investigador agregó que la denuncia de Montano fue aceptada y tramitada para el proceso de investigación, pero el secretario del MP aludido, también analiza medidas legales.

“En virtud de lo que el diputado Enrique Montano manifestó ante los fiscales del MP en la Comisión Pesquisidora, se tomó denuncia y se remitió a la Oficina de Atención Permanente para que se designe a la fiscalía correspondiente. De igual forma, el Secretario General del Ministerio Público, Ángel Pineda, analiza acciones legales a emprender”, indicó el MP.

La tesis que argumentaron los agentes fiscales Manuel Aldana Paiz y Marilin Castillo Castillo, es que pudo existir una sobrevaloración en el costo del sistema de Trasmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep),  el que se utilizó para las elecciones de este 2023.

Este sistema fue adquirido por la empresa Datasys, que a su vez subcontrato a la empresa Podernet, una maniobra administrativa, que a decir de los agentes fiscales, amerita una investigación en profundidad.

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El costo por el que el sistema fue adquirido fue de Q148 millones, una cantidad que a consideración de los investigadores pudo ser sobrevalorada.

La Fiscalía detalló que en un Estado de México se utilizó el mismo sistema, por un costo de aproximadamente 55 millones de pesos, es decir, poco más de Q20 millones.

Otro de los argumentos que utiliza la Fiscalía es que hubo un segundo oferente, una entidad que ofreció el servicio informático a un costo menor, por lo que les genera dudas si la decisión fue la más adecuada y apegada a derecho.

La ratificación que hizo el MP fue contra cuatro magistrados titulares; Irma Palencia, Rafael Rojas, Mynor Franco y Gabriel Aguilera, ya que el ente investigador fue notificado la tarde de este martes sobre un amparo provisional.

Dicho amparo, que fue emitido por la Corte de Constitucionalidad (CC), dejó en suspenso el trámite de la Comisión Pesquisidora contra Blanca Alfaro, presidente del TSE; y los suplentes Marco Antonio Cornejo, Marlon Barahona y Álvaro Cordón.

Para la reunión de este jueves 23 de noviembre, la comisión pesquisidora recibirá a los magistrados del TSE que no fueron amparados, para que puedan presentar sus pruebas de descargo.

Magistrado solicita reprogramación de audiencia

El magistrado del TSE, Mynor Franco, solicitó a la Comisión Pesquisidora del Congreso que reprograme la audiencia que tiene prevista para el 23 de noviembre en la que está citado, debido a que este 22 de noviembre los denunciantes Karen Fisher y Giovanni Fratti requirieron reprogramación de su audiencia y no ratificaron su denuncia.

Franco señaló que es necesario que primero se escuche a los denunciantes para que luego él presente sus descargos.

“Solicito en observancia del principio de igualdad, derecho de defensa y debido proceso, una vez ratifiquen su denuncia los ciudadanos Karen Marie Fischer Pivaral y Giovanni Fratti Bran, se reprograme fecha posterior la comparecencia de mi persona como Magistrado Titular del Tribunal Supremo Electoral. Lo anterior permitirá a mi persona escuchar los argumentos de los denunciantes y preparar mi defensa e informacion que considere pertinente, para que los miembros de la Comisión Pesquisidora cuenten con elementos de juicio objetivos y contando la versión de todos los involucrados”.

El primer encuentro de los integrantes de dicha pesquisidora fue marcado por los señalamientos sobre el supuesto interés de apresurar o atrasar el proceso en contra del vicemandatario, según lo dio a conocer Villagrán quien, incluso, dijo que el comportamiento de los otros diputados integrantes es “machista e ilegal”.

La inconformidad de Villagrán se debe a que, según ella, luego de haber finalizado la reunión de la Pesquisidora, los otros cuatro integrantes, Napoleón Rojas, Rudy Pereira, Julio César Longo y Rudy González, prosiguieron con la discusión.

“Exijo a la Junta Directiva del @CongresoGuate que RESPETE la Presidencia de la Comisión Pesquisidora que presido. Que llame al orden y disciplina a los miembros de la comisión que de forma MACHISTA e ILEGAL eligieron otra presidencia e instauraron una comisión ilegal paralela. Esto evidencia la desesperación de los GOLPISTAS”, escribió Villagrán en sus redes sociales.

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La parlamentaria dio a conocer que durante la primera reunión de la pesquisidora se tocaron temas como el desistimiento de quien solicitó el antejuicio contra Castillo, por lo que se solicitará un informe circunstanciado al Ministerio Público (MP).

Villagrán agregó que luego de finalizar la sesión “los diputados integrantes decidieron continuar con la sesión de forma ilegal, usurpando funciones, atribuyéndose cuestiones que no les corresponden porque en mi caso como presidenta de la Comisión Pesquisidora soy yo quien abre y cierra las sesiones”.

“Es algo nunca visto, nunca he visto semejantes ilegalidades, porque se cerró la sesión y ellos decidieron, por lo que pude escuchar, de forma completamente ilegal atribuirse las funciones de la Presidencia de la Comisión Pesquisidora. es algo lamentable, nosotros vamos a seguir, en mi caso presidente de la Comisión, haciendo un trabajo responsable y serio.

“Lo que pasó hoy es una barbaridad. Estamos viviendo un momento histórico bastante convulso, donde vemos a grupos antidemocráticos estar vulnerando nuestra democracia, pero sobre todo atentando contra nuestro orden constitucional”, reiteró Villagrán.

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“Desconozco cuáles pueden ser esos intereses de agilizar el proceso del antejuicio contra el vicepresidente (…) en un momento en la historia política que tenemos que ser muy responsables y mesurados sobre lo que está sucediendo”, reiteró la parlamentaria.

Por su parte, el diputado Pereira señaló que “el pleno del Congreso escogió a cinco integrantes y les dio el cargo que van a tener dentro de la Comisión, pero la misma ley dice que nadie puede negarse a participar en la Comisión, y en mayoría, en ausencia de alguno de los miembros las sesiones no pueden parar”, señaló el parlamentario.

Además, dijo que no tienen ningún interés de adelantar el proceso como lo dijo la diputada Villagrán.

Respecto a la reunión de la Pesquisidora, el parlamentario detalló que lo que se debe hacer es escuchar al vicepresidente a quien solicitó que se le retirara el derecho de antejuicio para luego determinar la ruta a seguir.

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Al vicepresidente Castillo se le pretende investigar por un supuesto nombramiento ilegal en 2020 de Ángela Figueroa como titular de la Secretaría de Bienes de Extinción de Dominio.

Según la ley guatemalteca, la comisión que investiga a Castillo debe hacer un informe para recomendar o no el retiro de su inmunidad, pero la misma solamente puede concretarse si la mayoría del Congreso apoya la moción.

El vicepresidente se encuentra distanciado desde 2020 del presidente, Alejandro Giammattei, con quien llegó al poder el 14 de enero de 2020 de la mano de la agrupación política Vamos.

De acuerdo con diversos analistas políticos, una posible remoción de Castillo tiene vínculos con los planes de ciertos sectores en Guatemala para evitar la investidura en enero próximo del presidente electo, Bernardo Arévalo de León.

Castillo ha defendido su inocencia ante los cargos en su contra y ha calificado la denuncia como “espuria”.

Con información de EFE

Esta comisión estará presidida por Julio Montano, del Partido Unionista; Julio Longo, de FCN Nación, será el secretario; los vocales son Flavio Muñoz y Douglas Rivero, ambos de Partido Humanista; y el último vocal es Osmundo Ponce, de URNG-Maíz.

Llegar a este punto del orden del día no fue sencillo. Problemas en la red eléctrica afectaron el sistema informático que utiliza el Congreso, lo que dilató por un par de horas el desarrollo de la sesión plenaria.

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Cuando fue posible reactivar el sistema, la presidente del Congreso, la diputada Shirley Rivera, llamó a dos diputados como testigos del sorteo de la comisión.

Se trató de las diputadas Petrona Mejía, del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) y Sonia Gutiérrez, del partido político Winaq.

Para el sorteo de la comisión pesquisidora tan solo se excluyó la pelota que representa a la presidenta del Congreso, y posteriormente se dio lectura al listado total de diputados para que estuvieran atentos del sorteo.

El Congreso integró la comisión pese a que algunos magistrados del TSE informaron al Legislativo, mediante documentos, que tenían acciones de amparo en la Corte de Constitucionalidad (CC) pendientes de ser resueltas.

La integración de la Comisión Pesquisidora contra el TSE se dio cuando en el hemiciclo había 147 diputados, cantidad que ha sido poco usual en las últimas sesiones de Pleno, en donde ha sido habitual la falta de cuórum.

Los hechos

La Comisión Pesquisidora contra el TSE tendrá que evaluar las solicitudes de antejuicio que presentó el MP contra los magistrados, motivada por una denuncia que presentaron los ciudadanos  Giovanni Fratti y Karen Fisher.

A consideración de los denunciantes, el Pleno del TSE pudo cometer los delitos de fraude, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad por la compra del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

Herramienta informática que utilizó el TSE para las votaciones del 25 de junio y del 20 de agosto, cuya función era transmitir los resultados preliminares de las votaciones.

Los resultados oficiales, según dicta la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp), competen a las Juntas Electorales Departamentales y del Distrito Central, que luego son oficializados por el Pleno del TSE.

Los denunciantes estiman que el sistema informático que fue comprado a la empresa Datasys pudo haberse concretado en medio de una serie de posibles ilegalidades, incluso detallaron en su denuncia que esta empresa ha beneficiado en votaciones de otros países a partidos políticos de izquierda.

El antejuicio contra los magistrados del TSE llevó semanas en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), incluso fueron necesarias tres reuniones de Pleno para tramitar los antejuicios.

Los amparos que presentaron los magistrados del TSE, entre sus argumentos, exponen aparentes errores en la tramitación de la denuncia, debido a que la decisión quedó en manos, en su mayoría, de magistrados suplentes.

El presidente de la Comisión Pesquisidora del TSE, Julio Montano, quien deberá de citar a la mesa de trabajo para su primera reunión, no acudió a la sesión de pleno de este miércoles.

Estar a cargo de juicios políticos y retirar la inmunidad a funcionarios es ilegítimo e inmoral cuando los parlamentarios son señalados de corrupción y por su mal desempeño, según analistas.

“Cuán legítimo es ante la ciudadanía que los diputados juzguen a un funcionario por este tipo de procesos, cuando ellos también están señalados. Pero así lo estipula ley, que se integre una comisión por sorteo para analizar si existen indicios. Si no, ¿quién más lo tendría que hacer?”, se pregunta Alejandro Valverth, director del Observatorio Legislativo.

Asimismo, añade que aunque no todos los congresistas están señalados, el trabajo parlamentario, en general, fue deficiente durante este mandato.

“El Congreso no fortalece a la democracia, al estado de Derecho; no apoya a la lucha contra la corrupción, sino que es partícipe de un andamiaje para la cooptación del Estado. Su trabajo ha deficiente y hasta perverso”, en opinión de Valverth.

Para el próximo período legislativo el panorama se vislumbra difícil, prosigue, si se toma en cuenta que aunque la bancada de Movimiento Semilla, a su juicio, ha votado bien y ahora contará con más diputados, no tiene mayoría.

“Si la bancada del partido Vamos es tachada de pertenecer al pacto de corruptos, entonces será difícil y hará una oposición infructífera para las necesidades del pueblo. Por desgracia, en Guatemala no entendemos la importancia del Congreso para elegir las mejores opciones”, sostiene.

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Reivindicación

“En el caso del vicepresidente, esperaría que los diputados sean íntegros en analizar el tema, porque la sindicación que se le hace no es para que se le quite la inmunidad. Pero son procesos con los que pueden reivindicar su trabajo, en especial si están señalados de corrupción”, expresó Raquel Zelaya, presidenta de la Asociación de Estudios Económicos y Sociales (Asíes).

“El desempeño de los parlamentarios ha sufrido un deterioro durante este gobierno. Es urgente que se elija a los magistrados de las cortes, porque tenemos la incomodidad de una violación a la Constitución al superarse los plazos”, agregó.

Zelaya argumenta que no todos los diputados han sido malos y cita como ejemplo a Nineth Montenegro, quien, según ella, dejó “huella y escuela en la forma de legislar”.

También considera que hay mucha “especulación” sobre cómo funcionará la próxima legislatura, debido a los procesos legales que enfrenta Semilla.

“Cuando se conforme la nueva Junta Directiva se darán señales de cómo se hará el trabajo más adelante”, concluyó Zelaya.

Aceptar proceso

Para María Isabel Bonilla, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), hay una parte de la ciudadanía que duda de la calidad moral de los diputados. No obstante, los procesos están en ley.

“No tenemos otro mecanismo, a menos que las bancadas solicitaran que en estos procesos no se permita la participación de diputados señalados en diferentes situaciones. En ese caso, sería aceptar esos señalamientos, que son a base de percepciones y no por juicios”, valora.

“Así es el sistema y hay que aceptarlo. Lo que pide la población es que se actúe con objetividad y que todo el proceso sea del conocimiento público”, puntualizó.

Para evitar este tipo de escenarios, Bonilla recomienda que los diputados sean electos por nombre —no por planilla, como hasta ahora—, pues al momento de buscar ser reelectos, su reputación tendría mucho peso y su trayectoria “será su proyección ante la sociedad”.

En la lista

Entre los diputados señalados por la Ley Magnitsky están Allan Rodríguez y Jorge Estuardo Vargas. Este último forma parte de la pesquisidora para analizar si se le retira la inmunidad al ministro de Comunicaciones, Javier Maldonado.

Además, en la lista Engel fueron incluidos los legisladores Sofía Hernández, Boris España y Felipe Alejos.
En fecha reciente, la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, confirmó que Estados Unidos le había retirado su visa, días después de que dicho gobierno dio a conocer que había tomado la medida con unos 12 guatemaltecos “que participaban en socavar la democracia”.

El vicepresidente Guillermo Castillo será investigado por el nombramiento al parecer irregular de Ángela Marina Figueroa Molina, quien de forma interina dirigió la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio.

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Entre los parlamentarios que integran la comisión pesquisidora está Napoleón Rojas, de la extinta bancada Unión del Cambio Nacional, fundada por Mario Estrada, quien guarda prisión por delitos relacionados con el narcotráfico, en Estados Unidos.

Además, Rudy Pereira Delgado, inscrito por el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en el 2019 por el partido FCN-Nación, pese a que era investigado por los delitos de tráfico de influencias y abuso de autoridad.

A los anteriores se suma Rudy González Cardona, quien fue vinculado al caso de su secretario, Elder Morales, detenido en flagrancia cuando cobraba una comisión a dos personas que habían sido contratadas en el Fondo Social de Solidaridad.

Hoy se conocería quiénes son los diputados que integren la pesquisidora de los magistrados del TSE.