Presidente de la CSJ retira de la agenda el antejuicio contra el magistrado Lucero Paz

Fuentes apuntan que podría tratarse de una estrategia para presionar al magistrado y conseguir apoyo en futuras decisiones del Poder Judicial.

Douglas Cuevas

6 de marzo de 2025 | 15:42h

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Teodulo Cifuentes es el primer presidente de la actual CSJ del periodo 2024-2029. (Foto Prensa Libre: Emilio Chang).

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) se reúne cada miércoles para conocer temas administrativos, amparos y solicitudes de antejuicio; sin embargo, en la sesión del 5 de marzo, se retiró de la agenda la petición de retiro del derecho de antejuicio contra uno de los 13 magistrados de la propia CSJ, según informó una fuente.

Se trata de una denuncia presentada contra el magistrado Carlos Rodimiro Lucero Paz, vocal I de la CSJ, quien en un primer momento buscó la presidencia del Poder Judicial.

La información disponible indica que Lucero Paz fue denunciado por un extrabajador de la CSJ, que fue removido de sus funciones. El antiguo colaborador pertenecía a la administración presidida por el entonces magistrado Óscar Cruz.

Durante la reunión plenaria del miércoles, el presidente de la CSJ, Teódulo Cifuentes, optó por retirar de la agenda el antejuicio, impidiendo que la Corte en pleno definiera si la denuncia era sólida para un eventual trámite o si debía ser rechazada definitivamente.

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Grupo de 8 y grupo de 5

La actual Corte Suprema de Justicia (CSJ), que asumió el 13 de octubre de 2024, se encuentra dividida en dos bandos: el primero, identificado como el grupo de ocho, y el segundo, como el grupo de cinco.

En la primera agrupación se encuentran los magistrados Gustavo Morales Duarte, Claudia Paredes, Jenny Teni, Igmaín Galicia, Carlos Contreras, Clemen Juárez, Luis Corado y el actual presidente, Teódulo Cifuentes.

Este grupo tiene la ventaja de necesitar solo un voto adicional para convertirse en una aplanadora judicial en temas administrativos y penales, ya que las decisiones del pleno de la CSJ se toman con al menos nueve votos a favor de los 13 magistrados que integran el pleno.

En el grupo de cinco están los magistrados René Girón, Estuardo Cárdenas, Flor de María García, Flor de María Gálvez y el antejuiciado Carlos Rodimiro Lucero Paz.

Fuentes cercanas al grupo de cinco indican que la estrategia es presionar al magistrado Lucero Paz, con la denuncia, para que apoye al grupo de ocho en algunas votaciones. En caso de que el antejuicio sea tramitado, pasaría al Congreso de la República, donde se integraría una comisión pesquisidora conformada por diputados.

Postuladora de fiscal general

La presidencia de Teódulo Cifuentes al frente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) finaliza el próximo 13 de octubre, cuando debe asumir el nuevo magistrado presidente, quien será electo por el pleno.

El rol de esta segunda presidencia será clave, según organizaciones sociales, ya que el futuro presidente del Poder Judicial también presidirá la Comisión de Postulación para la elección del nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público.

El rol de esta segunda presidencia será clave, a consideración de organizaciones sociales, ya que el futuro presidente del Poder Judicial también va a presidir la Comisión de Postulación para nuevo fiscal general.

En caso de que los magistrados no lleguen a un acuerdo antes del 13 de octubre, Cifuentes dejará el cargo y el magistrado Carlos Rodimiro Lucero Paz asumirá la presidencia en funciones de la CSJ por ser el vocal I. Lucero Paz obtuvo esta vocalía al haber sido el candidato que recibió la mayor cantidad de votos cuando fue electo por el Congreso.

El presidente de la CSJ, Teodulo Cifuentes, del grupo de 8, retiró del pleno un antejuicio contra el también magistrado Carlos Lucero Paz, del grupo de 5. Fuentes indican que la intención sería aplazar el caso para buscar que Lucero apoye al grupo de 8 en futuras decisiones. pic.twitter.com/XGdnbtlhrX

— Douglas Cuevas (@dcuevas_gtv) March 6, 2025

Presentan acción contra el presidente de la Comisión de Postulación de la CSJ

La acción presentada en contra de Miquel Cortés cuestiona su legalidad como presidente de la comisión al señalar que “no sería guatemalteco”.

Andrea Domínguez

11 de agosto de 2024 | 09:30h

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(Foto Prensa Libre: Daniel Samayoa)

En la séptima reunión de la sesión permanente que se tiene en la Comisión de Postulación de Corte Suprema de Justicia 2024-2029, se presentó un memorial en contra de Miquel Cortés, presidente de esta comisión.

Ricardo Sagastume, de la firma Sagastume Vidaurre y Asociados, fue el encargado de dar a conocer este reclamo durante la sesión realizada este sábado 10 de agosto.

En la acción se cuestiona la legalidad de la presidencia al señalar que supuestamente este no sería guatemalteco, exponiendo seis artículos de la constitución política de la República de Guatemala.

El Padre Miquel Cortés Bofill, nacido en España, pero nacionalizado guatemalteco desde hace 5 años, es el rector de la Universidad Landívar, es un sacerdote jesuita con más de 29 años de experiencia de servicio en Latinoamérica y el pasado 6 de junio el Foro de rectores de las universidades del país lo eligieron para presidir la comisión de postulación. 

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Sin embargo se presentó una carta y una acción en el que se mencionan diversos artículos de la Constitución Política de la República, asegurando que no puede integrar esta comisión.

Con el encabezado “un hombre de bien nunca actúa de manera contraria a la ley”, Sagastume resaltó el artículo 153 de la Carta Magna Imperio de la Ley, señalando que esto se extiende a todas las personas que se encuentran en el territorio de la República.

Al igual que “a toda persona nacional extranjera residente o de tránsito basados en el artículo 5 de la ley del organismo judicial”. 

En el artículo 4 de la Constitución Política de la República de Guatemala habla sobre “el principio de igualdad consistente en que todos los seres humanos son libres iguales en dignidad y derecho pero alude también que todas se encuentran frente a la ley esto según el expediente 670 2003 con sentencia del 21 de diciembre de 2004 de la corte de constitucionalidad”. 

Sagastume también citó el artículo 162 en el que se señala que existen requisitos para el cargo de diputado y que se requiere ser guatemalteco de origen. Mientras que en el 185 menciona los requisitos para optar a cargo de presidente o vicepresidente de la República. Además el  artículo 186 menciona respecto a las prohibiciones para el artículo anteriormente descrito en el cual señala que no pueden ser partícipes los ministros de cualquier religión o culto.

En el escrito de Sagastume, también se hace referencia al artículo 207 donde se establecen requisitos para ser magistrado o juez, ya que deben ser guatemaltecos de origen según refiere. Ante todo lo expuesto, aseguró que Cortés Bofill no llenaría los requisitos.

Ante la acción interpuesta por Sagastume, el presidente de la Comisión de Postulación para CSJ y decano de la Universidad Landívar Miquel Cortés se defendió presentando su DPI y señala que está nacionalizado desde 2019. Enfatizó que dicha acción se conocerá en puntos varios. https://t.co/avx1PjeqVh pic.twitter.com/8QzLZRsk7n

— Andrea Domínguez (@andread_gtv) August 11, 2024

“Soy nacionalizado” 

Al ser consultado por Guatevisión y Prensa Libre, el presidente de la Comisión rechazó los cuestionamientos por su nacionalidad y los calificó de especulación y desinformación. 

“Lo que tengo entendido así me informó el secretario es un memorial que se ha trasladado en puntos varios de todas maneras tengo que decirle que yo soy guatemalteco naturalizado y tengo mi DPI”, puntualizó Cortés quién pasó a mostrarlo.

“Tengo mi pasaporte ese no lo tengo a mano pero muestro (mi DPI) para que no tengan dudas verdad, yo puedo votar en este país y puedo participar la Constitución me lo permite” reiteró Cortés.

“Por otro lado yo represento al Foro de Rectores de las 15 universidades del país y lo que dice la Constitución en el Artículo 215, que un rector de las universidades del país presidirá la Comisión; entonces yo estoy cumpliendo con la Constitución. Todo lo demás son especulaciones, todo lo demás son desinformaciones, lamento que haya ese desconocimiento porque no es un impedimento en ley para que yo pueda ejercer esta función que además es pública” finalizó Cortés. 

Miquel Cortés Bofill también señaló que esta acción interpuesta en su contra será conocida cuando se vean los puntos varios dentro de la agenda establecida en la Comisión.

Postuladora de CSJ todavía no define sede y falta de acuerdos detiene avance de sesiones

Los comisionados no consiguen acuerdos para definir la sede, pero un grupo de comisionados tampoco acepta continuar con otros puntos de agenda.

Douglas Cuevas

6 de agosto de 2024 | 16:30h

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La postuladora para la CSJ sesiona ante la mirada de observadores, organizaciones del sector justicia y periodistas que cubren el proceso en la Universidad Rafael Landívar. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

La renovación a tiempo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) parece más lejana luego de cada sesión de la comisión de postulación. Ayer, la mayoría de los comisionados, magistrados y abogados en representación del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), se opone a seguir con otros puntos de agenda hasta no definir cuál será la sede de trabajo, lo que entrampa el avance del proceso de postulación.

Mientras el debate se centra en la sede de trabajo, grupos de observadores del proceso advierten que nunca había sido una discusión definir el lugar de sesiones y el tema de fondo podría ser retrasar la renovación del Poder Judicial.

Ayer, una nueva ronda de votación para definir la sede dejó en evidencia que no existen acuerdos. Quienes apoyan continuar en la Universidad Rafael Landívar (URL) tuvieron14 votos, mientras que aquellos que buscan que las sesiones se trasladen a la CSJ consiguieron 20 votos. Para poder tomar una decisión se necesita que cualquier propuesta consiga el apoyo de 25 comisionados.

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Ante el desacuerdo para fijar una sede, el presidente de la postuladora, Miquel Cortés, rector de URL, propuso modificar la agenda para avanzar, pero solo lo apoyaron 17 comisionados y 19 insisten en que primero hay que definir la sede antes de conocer otro tema.

En su mayoría, quienes votaron en contra de avanzar en el proceso fueron electos por el Instituto de Magistrados, que a su vez son magistrados de Apelaciones, además de los comisionados que fueron electos por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang).

Entre las discusiones que se aplazan por no definir el lugar de sesiones está la aprobación del reglamento interno, el cronograma de trabajo, definir si habrá o no entrevistas para los futuros aspirantes, como puntos iniciales para avanzar con el proceso antes de la convocatoria a los aspirantes.

Poco tiempo

El presidente de la comisión de postulación, Miquel Cortés, al igual que lo reconoció el lunes último Raúl Arévalo-Alburez, presidente de la comisión de Apelaciones, afirmó que de no continuar con los puntos de agenda se pone en riesgo cumplir con los plazos para la elaboración de la nómina de 26 candidatos de dirigir la CSJ.

“Estamos retrasando este proceso. Todos queremos avanzar, pero no confiamos, pero tenemos nuestras posiciones (…) no tenemos ningún interés más que el país y mejorar la justicia en el país. Pero esto implica también ceder desde la razón”, dijo Cortés.

El presidente de la postuladora de CSJ reafirmó que no puede dar su voto para trasladarse a la CSJ porque ahí no tienen presupuesto para asumir con los gastos logísticos de la comisión y las condiciones de seguridad no son las más altas. Además, que el área de resguardo de los expedientes de futuros aspirantes no llena, a su juicio, los niveles de seguridad requeridos.

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Cortés hizo esa valoración luego de visitar el Palacio de Justicia, en donde reconoció que le pareció extraño que no fuera una reunión exclusiva con el presidente de la CSJ y, por el contrario, estuvieron presentes los magistrados que integran la comisión de postulación de Apelaciones.

“Me sorprendió muchísimo que entramos a la Sala de Vistas y cerraron la puerta a los medios, luego abrieron porque nosotros insistimos. Cuando entramos a la Sala de Vistas estaban comisionados de la otra comisión, eso no es correcto. ¿Dónde está la independencia que hablamos, la imparcialidad?”, dijo.

Ante los argumentos de Córtes, el comisionado Armando Ajín, electo por el Cang, defendió su punto de vista para respaldar a la CSJ, indicando que, incluso, ha sido víctima de ataques en las redes sociales por fijar una postura.

“No podemos dudar de los magistrados sabiendo que van a esta resguardando los procesos, no de comisiones de postulación sino los procesos judiciales. Ahí estarán los futuros magistrados ejerciendo sus funciones”, dijo Ajín.

El comisionado del Cang dijo que la CSJ cuenta con las garantías de seguridad requeridas para el trabajo de una postuladora, en cambio, en la URL algunas de las personas lo atacan a través de redes sociales y se identifican en sus perfiles como estudiantes de dicha casa de estudios.

Rechazan bloqueos

Entre quienes apoyaron modificar la agenda destaca el presidente de la postuladora, la mayoría de los decanos, con excepción del representante de la Usac; y los abogados del Cang electos por Unidad x Justicia, Coalición Gremial y en esta votación también apoyó César Calmo de Unión.

Los decanos afirmaron que no continuar con otros puntos de agenda complicará respetar la renovación en los plazos constitucionales de la CSJ, cuya nueva magistratura tendría que asumir el 13 de octubre para el periodo 2024–2029.

“Comprendo que ha habido problemas con la puesta de acuerdos de donde se va a celebrar las reuniones. Pero mientras se lograba se podrían definir otros aspectos para el buen desempeño de este proceso”, dijo Enrique Sánchez, decano Universidad Panamericana.

También Ana Suasnavar, decana de Universidad de Occidente, pidió, sin éxito, continuar con otros puntos de la sesión. “Hemos sido convocados para realizar una nómina de candidatos que el Congreso va a elegir, pero para poder conformar esa nómina hay que hacer trabajo previo”.

Cuestiona a la OEA

Para la sesión de este martes la comisión de postulación contó con la presencia del grupo de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA). Delegación que fue cuestionada por el comisionado José Urrutia, del Cang.

Los argumentos del comisionado en contra de la misión de observación internacional se dan por aparentemente existir una intención de la OEA en tener una reunión con los decanos que integran las comisiones de postulación, situación que a su juicio podría ser considerada como una injerencia.

“Esto es una afrenta a las comisiones de postulación. Como es que un organismo que solo está de observador se atreva a mandar estar notas. Es algo bien delicado señores”, fundamentó.

Para Urrutia, se debe de tener cuidado con este tipo de reuniones que podrían dar pie, incluso, a procesos legales como ocurrió con el pasado proceso de renovación del Poder Judicial.

“En el pasado ya tuvimos casos penales por la injerencia de personas fuera de las comisiones que quisieron intervenir. La OEA, ni nadie, se puede estar reuniendo a puertas cerradas con ningún comisionado”.

Se consultó con un delegado de comunicación de OEA si la comunicación anunciada por Urrutia era verídica, pero no se ha obtenido respuesta. La delegación no tiene autorización de dar entrevistas y fijarán postura mediante un comunicado hasta que finalicen su visita en Guatemala.

Los comisionados siguen buscando la manera de desentrampar la agenda y seguir trabajando, pero de momento no han llegado a nada concreto.

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La delegación internacional arribó a Guatemala el pasado fin de semana tras una invitación del presidente Bernardo Arévalo.

Douglas Cuevas

6 de agosto de 2024 | 10:14h

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Una misión de la OEA está en Guatemala para observar el proceso de elección de cortes. (Foto Prensa Libre: Unsplash)

La comisión de postulación para Corte Suprema de Justicia (CSJ) tiene en este cuarto día de sesión la visita de la misión de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA). Delegación internacional que se suma a los grupos de vigilancia para la renovación de Cortes.

La postuladora continúa en su primera sesión de trabajo que se ha extendido por días tras no llegar a los acuerdos necesarios para definir sede. Por lo que la postuladora se tuvo que declarar en sesión permanente.

Esta mesa de trabajo tiene que entregar al Congreso de la República una nómina de 26 candidatos para dirigir la CSJ. De los cuales el Organismo Legislativo debe seleccionar a 13 para que ocupen las magistraturas titulares para el periodo 2024 – 2029.

La delegación de la OEA nace tras una invitación que hizo el presidente Bernardo Arévalo en el marco de la renovación de Cortes. La comisión arribo al país el pasado fin de semana y hoy es la primera vez que visitan el trabajo de las comisiones de postulación.

La delegación está integrada por los abogados Rosa Celorio, Luiz Marrey, Rodolfo Piza. También cuentan con el apoyo de la Secretaria General de la OEA, Franchesca Sterling y María Mellenkamp.

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Por el momento se desconoce si algún delegado de la misión de observación de la OEA brindará alguna declaración oficial luego de su primera visita a las comisiones de postulación.

En el pasado proceso de renovación de Cortes, en el 2019, acciones legales y cuestiones políticas impidieron la renovación del Poder Judicial. Lo que hizo que tanto la CSJ como las salas de apelaciones permanecieran más de cuatro años en el cargo.

Desde 2020, el Congreso ha agendado más de 240 veces la elección de las Cortes, sin embargo, nunca lo han concretado.

En corrillos de la CC se ha escuchado el rumor de que en las próximas horas emitirán una resolución, basados en una debida ejecutoria presentada hace meses, que les ordena a los diputados del Congreso a elegir a los togados de las cortes del país.

Hasta ahora ninguna fuente oficial ha confirmado tal extremo. Sin embargo, de acuerdo con versiones extraoficiales, la CC habría resuelto una debida ejecutoria sobre un amparo que le otorgó a la fiscal general, Consuelo Porras, el 24 de febrero de 2020, sobre la integración de las Cortes.

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La información que ha trascendido es que los congresistas deben reunirse de inmediato, tienen plazo antes de que termine este 2023, y de no acatar lo ordenado se les certificaría lo conducente.

La CC ordenó el 6 de mayo de 2020 que los diputados debían elegir de viva voz a personas que cumplieran con los requisitos de capacidad, idoneidad, honradez y honorabilidad que establece la ley. Además, debían excluir a las personas que tuvieran señalamientos del Ministerio Público.

El Congreso debió iniciar con la elección el 23 de junio de 2020, pero la Junta Directiva y los diputados oficialistas no lo hicieron y no cumplieron con la sentencia de la CC.

El Congreso mantiene la actual nómina de 26 candidatos para integrar la CSJ, entre quienes resalta José Alejandro Córdova, actual procurador de Derechos Humanos, y de donde deben elegir a 13 titulares.

La nómina de Apelaciones la integran 270 abogados, de los cuales el Congreso debe elegir a 135 para integrar las distintas Salas.

Comisiones paralelas

Después de varios atrasos en el proceso de postulación, finalmente se integraba la nómina final de candidatos para que el congreso eligiera a los nuevos magistrados, en febrero de 2020.

Sin embargo, el 18 de febrero de ese año, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), hizo pública la investigación de Comisiones Paralelas 2020, donde se señalaba a Gustavo Alejos como un operador político que había manipulado la nómina de elegibles.

De acuerdo a la información de la Feci, Alejos, aún privado de libertad, se había reunido con diputados, jueces, magistrados, abogados e incluso comisionados con los que habría pactado la nómina final de la cual el Congreso integraría a las nuevas autoridades judiciales.

El caso Comisiones Paralelas 2020 detonó un amparo presentado por el Ministerio Público (MP) en contra del Congreso por “una amenaza real e inminente sobre el proceso de elección de Cortes en el país”, el cual fue admitido por la CC y detuvo la votación en el Congreso.

La Feci también presentó la solicitud de antejuicio contra 10 magistrados de la CSJ, a quienes señaló de “actividades posiblemente ilícitas realizadas en su función de comisionados de postulación para magistraturas de Salas de la Corte de apelaciones”.

Son investigados

En mayo del 2020, la CC otorgó un amparo en definitiva a la fiscal general, María Consuelo Porras, para que el Congreso de la República realizara la elección de magistrados de la CSJ, sin que se elija a aquellas personas investigadas por el MP.

“Por lo tanto, debe de excluirse del proceso de elección a aquellos profesionales cuya idoneidad y honorabilidad estén comprometidos”, refiere la resolución del expediente 1169-2020 de la CC.

Este punto era uno de los principales obstáculos que identificaban algunos diputados del Congreso al momento que la resolución constitucional llegó al Legislativo, indicando que con esta decisión se violentaba la presunción de inocencia.

Esta resolución también llamaba a los congresistas a hacer la elección a viva voz, lo que representaba complicaciones de tiempo a consideración de varios congresistas, que auguraban una elección que les llevaría meses, sino años, para ponerse de acuerdo con la integración de los nuevos magistrados.

Quienes no avalaron la propuesta fueron Fernando Antonio Chacón Urizar, presidente de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala; Esvind Alejandro Recancoj Ulín, presidente del Tribunal de Honor de dicho colegio profesional; Henry Manuel Arriaga Contreras, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos; y Jennifer Nowell Fernández, decana la Universidad Regional.

La Comisión discutió las propuestas que fueron presentadas por Guatemala Visible y algunas de varios decanos de Derecho y tomaron como base el documento aprobado en la Comisión del proceso 2018, mientras que la promovida el pasado lunes 31 de enero por el exdecano de la Universidad Da Vinci de Guatemala, Luis David Gaitán, quien renunció a la comisión no fue discutida, aduciendo que no estaba presente para aclarar las dudas.

La renuncia de Gaitán se dio a conocer minutos antes de que la sesión de este jueves iniciará, por lo que dicha casa de estudios no estuvo representada. Será sustituido por Rosa María Morales de Ríos.

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Por unanimidad fue avalada otra cualidad “que en su desempeño profesional en la función pública no haya demostrado posiciones de independencia frente a diversos actores de la sociedad civil, incluyendo los sectores de poder político y económico” se lee en el literal f.

Los postuladores tomaron un receso de 20 minutos mientras discutían las competencias académicas que deben llenar los aspirantes a dirigir el Ministerio Público (MP).

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Al comenzar la segunda sesión la presidenta de la postuladora, Silvia Valdés, informó sobre algunas solicitudes que ingresaron en la que piden que se inhiba del proceso de elección de Fiscal General, a lo que ella expresó que “esta no es una decisión personal de participar, sino una obligación constitucional” y por eso no podría declinar de seguir participando en la misma.

Las peticiones fueron presentadas por el abogado Ramón Cadena y el diputado Aldo Dávila por considerar que podría tener conflicto de interés derivado a que fue señalada en un proceso penal denominado Comisiones Paralelas, a lo que Valdés aduce que el antejuicio promovido en 2020 y “el cual fue rechazado y plantearon amparo contra el mismo y no fue decretado” dijo.

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Cualidades éticas

• Que en su vida personal se conduzca con rectitud, honradez y decoro.
• Que su ejercicio profesional se ajuste al Código de Ética Profesional.
• Que carezca de sanciones firmes en el ámbito administrativo, gremial o judicial, que evidencien la inobservancia de normas éticas.
• Que no haya representado o asesorado en forma habitual a personas vinculadas con el crimen organizado, narcotráfico, lavado de dinero, fraude, evasión impositiva, delitos financieros o contra la administración pública, adopciones irregulares, violaciones a los derechos humanos, corrupción o abuso de poder.
• Se excluye a los abogados que ejercen su función en el Instituto de la Defensa Pública Penal.
• Comprometido con el Estado de Derecho

Competencias académicas

• Con estudios a nivel de postgrado en el ámbito penal.
• Docencia universitaria o impartida en las distintas instituciones vinculadas al sector justicia en el ámbito penal.

Tabla de gradación

De forma unánime, la Comisión de Postulación logró el primer consenso en la segunda reunión en la cual fijaron la tabla de gradación con la que evaluarán a los aspirantes.

Dicho instrumento les permitirá calificar a los aspirantes a Fiscal General 2022-2026, la cual quedó establecida con mayor ponderación en aspectos de experiencia profesional.

Por mayoría se aprobó la valoración para la tabla de gradación con la siguiente ponderación para las siguientes áreas:

• Formación académica 30 puntos
• Experiencia profesional 65 puntos
• Proyección Humana 5 puntos

Por unanimidad la Comisión acordó para el aspecto académico con la siguiente ponderación:

• Títulos académicos 15 puntos
• Docencia 7 puntos
• Eventos académicos 2 puntos
• Elaboración de estudios 4 puntos
• Méritos obtenidos 2 puntos

El equipo de Prensa Libre realiza una remembranza de acontecimientos importantes que sucedieron durante el proceso de elección para fiscal general en 2018, el cual fue dirigido por José Antonio Pineda Barales, actual magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Uno de los eventos que cobro relevancia fueron los requisitos que debían presentar las tachas contra los aspirantes, en el que establecieron que los señalamientos no podían fundamentarse en demandas, sino con una resolución definitiva o condenatoria, sin recursos pendientes; además, incorporaron requerimientos en el perfil de idoneidad, los cuales no fueron evaluados debido a que no se establecieron indicadores específicos en la tabla de gradación.

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Además, fue criticada la tabla de gradación en la cual se establecieron tres aspectos a evaluar los méritos académicos con 30 puntos, aspectos profesionales con 65 y proyección humana con 5.

 La mitad de los decanos integran nuevamente

De los 12 decanos que integran la actual Postuladora, por lo menos la mitad formaron parte de la comisión anterior y avalaron que Porras Argueta fuera incluida en la nómina definitiva y se convirtiera en la tercera mujer al frente del MP.

Se trata de Hugo Rolando Escobar Menaldo, de Universidad Rafael Landívar; Milton Estuardo Argueta Pinto, de la Francisco Marroquín; Luis Antonio Ruano Castillo, de la Mariano Gálvez; Enrique Fernando Sánchez Usera, de la Panamericana; Luis Roberto Aragón Solé, de la San Pablo de Guatemala y Ana Mercedes Suasnávar Palma, de Occidente.

Aciertos y desaciertos

De acuerdo con Marielos Fuentes, directora de Guatemala Visible, compartió sobre los eventos que realizó la Postuladora anterior y que considera que valen la pena mantener “el acceso al público en general y a los medios de comunicación”.

Con relación a la honorabilidad de los candidatos refiere que “sigue siendo un campo subjetivo, en el cual hay opiniones de los comisionados, no han podido manifestar de manera concreta” debido que es difícil comprobar la misma y hace énfasis en el papel importante de toda la sociedad que “tenga información relevante y concreta, tendrían la obligación de presentarla ante la postuladora” dijo.

Fuentes considera que al momento de elaborar el perfil, este debería responder al cargo que va cubrir y no responder con requerimientos que respondan a ciertos interés porque sería “como mandar hacer un traje, a la medida de las personas que quiero que ocupe el puesto” indicó.

Para Mario Fuentes Destarac, de la Cámara de Periodismo indicó que es importante que la CSJ y el Colegio de Abogados y Notarios, brinden como “una base de datos actualizada” a los Comisionados que podría ser como una herramienta importante que contenga registro como créditos profesionales y las evaluaciones del Consejo de la Carrera Judicial.

Fuentes Destarac considera que es importante “la experiencia profesional de los candidatos y sobre todo por la cobertura actual que tiene el MP” y necesario el conocimiento tanto en la parte operativa, como en la administración pública.

¿Cómo fue la votación?

En una sola ronda de votación que se desarrolló en tres horas y media, los integrantes de la Comisión de Postulación para fiscal general en 2018, votaron para integrar la nómina de seis candidatos, la cual fue entregada a el expresidente de la República, Jimmy Morales, el 17 de abril de 2018.

La actual fiscal general Consuelo Porras Argueta, logró el aval de 13 de los 15 comisionados, los que votaron en contra fueron Gustavo Bonilla y Yuri David Búcaro Chicas, decanos de Derecho de la Universidad San Carlos de Guatemala y Regional, respectivamente.

De los 14 candidatos fueron electos seis para integrar la nómina y fueron: Brenda Dery Muñoz Sánchez, María Consuelo Porras Argueta, Miguel Ángel Gálvez Aguilar, Patricia Elizabeth Gámez Barrera, Gladys Verónica Ponce Mejicanos y Edgar Estuardo Melchor Solórzano, de quienes se desconoce si lo volverán a intentar.

La designación de Porras

Ninguna ley vigente establece un procedimiento específico para que el Presidente elija al Fiscal General entre los 6 aspirantes. El exmandatario Jimmy Morales entrevistó a puerta cerrada a los candidatos, sin brindar detalles sobre los temas que abordó, ni de los criterios de evaluación.

Fue el 3 de mayo de 2018, que el expresidente Morales informó a través de un comunicado que había elegido a María Consuelo Porras, como fiscal general y no expuso los motivos de su elección. Y el 16 de mayo de ese mismo año fue juramentada en el Salón Banderas del Palacio Nacional, en un acto que duro 8 minutos.

La comisión de postulación la preside la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Silvia Patricia Valdés y la integran los 14 decanos de las facultades de Ciencias Jurídicas de las universidades del país.

Perfiles de los comisionados

Prensa Libre recogió los perfiles públicos de los 15 comisionados que a su cargo tienen elegir a los seis candidatos a fiscal general.

El proceso, aunque comenzó con nombramientos de último momento, como el caso de la Universidad Da Vinci, Del Istmo y Rural, inició y la expectativa sobre cómo se elegirá a los candidatos crece.

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Algunos de los decanos aceptaron aceptaron responder a Prensa Libre qué esperan del proceso de selección que terminará con la nómina de la cual el presidente Alejandro Giammattei elegirá al jefe del Ministerio Público para los próximos cuatro años.

Decanos hablan

Milton Argueta Pinto, decano de la Universidad Francisco Marroquín, destacó que espera que “el proceso se desarrolle siguiendo todos los lineamientos y criterios objetivos del ordenamiento jurídico” que se encuentran plasmados en la Constitución Política de la República, la Ley de Comisiones de Postulación y la Ley Orgánica del Ministerio Público.

Argueta Pinto agregó que “el apegarse estrictamente a los procedimientos y que genere objetividad dentro de la comisión y desde el punto de vista de la opinión pública” refirió.

Para Fernando Antonio Chacón Urízar, presidente de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, se buscará “hacer un buen trabajo” apegado a las normativas vigentes para la elección fiscal general.

Con relación a la transparencia dijo que “al final es un trabajo en conjunto y las decisiones se tomarán por mayoría”.

“Todos los profesionales que estamos allí respondemos siempre a la ética y legalidad y cada uno de los procesos seguramente serán públicos” agregó.

Para Henry Arriaga, decano de en la Universidad de San Carlos de Guatemala, recordó que la ley marca que los integrantes deben alcanzar acuerdos para ir generando un calendario de actividades y existen plazos en las normativas los cuales se deben ir respetando. Arriaga aseguró que velará porque se cumplan con todos los procedimientos y que los mismos se den de forma transparente.

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El decano de la Universidad Da Vinci, David Gaitán, compartió que parte de sus expectativas como integrante de la comisión es hacer “un aporte que siente un precedente en la imprescindible transparencia que estos procesos requieren para el fortalecimiento del estado de derecho y la elección de funcionarios idóneos, capaces, y honestos”.

Con relación a la transparencia refirió que las leyes establecen que “todos los actos de las comisiones son públicos” y la mejor garantía es el cumplimiento de lo establecido en el marco legal, así como “la adopción de sistemas eficaces”.

En cuánto a la calidad e idoneidad de los candidatos, Gaitán ofreció revisar cada perfil y “analizar su capacidad e idoneidad y anticipar situaciones de riesgo como, por ejemplo, potenciales conflictos de interés en el ejercicio de sus funciones, en el caso de asumir la responsabilidad de fiscal general” indicó.

La presidenta de la Postuladora, Silvia Valdés luego de ser juramentada en el Congreso de la República decidió guardar silencio y hasta el momento no ha brindado detalles sobre la fecha en que se desarrollará la primera reunión, tampoco cuál será la sede de las sesiones y se desconoce sus expectativas al integrar la comisión y sus lineamientos de trabajo.

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Los otros ocho magistrados votaron en la misma línea que el grupo que se identifica con el exrector de la Universidad de San Carlos, Estuardo Gálvez. La fracción se evidenció al momento de las votaciones de este lunes, sobre todo para elegir al secretario y secretario suplente, ya que en el segundo hubo 10 rondas para elegirlo por la incapacidad de llegar a consensos.

La división empezó al repetirse la elección de comisionados. La planilla 1, de Monterrosa, tenía seis representantes en la Postuladora, otro grupo cinco y uno un grupo minoritario; sin embargo, en este nuevo proceso el grupo de Monterrosa perdió comisionados, y los otros dos grupos ganaron 1 cada uno.

La directora ejecutiva del Movimiento ProJusticia, Carmen Aída Ibarra, indicó que la primera reunión de este nuevo proceso marcó dos componentes: los magistrados de apelaciones vienen divididos y en confrontación, y aparte se percibe un ambiente de incertidumbre por las dudas que tienen, dijo Ibarra.

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“En las diferentes votaciones la planilla 1 se separo totalmente de las planillas 2 y 3, y como estas se fueron sumando a otros grupos ya establecidos en la comisión. Se acercan muy notoriamente al grupo del exrector Estuardo Gálvez”, dijo Ibarra.

La activista del sector Justicia considera que la confrontación pesa porque algunos grupos hayan perdido, y en cuenta uno de los grupos que antes tenia seis y en la nueva elección de postuladores regresó con cuatro.

Por aparte, se percibe un ambiente de incertidumbre en el proceso de postulación. Sobre qué pueden hacer, si pueden avanzar en los perfiles de los candidatos.

“Ante esa incertidumbre fue pertinente que crearán un grupo de estudio para que la comisión tenga las recomendaciones y empiecen a forjar una ruta de trabajo con lo que podrán avanzar y en donde se quedarán”, explicó Ibarra.

Esta comisión quedó integrada por los decanos, Jary Méndez y Luis Aragón, por parte del Colegio de Abogados Miriam López Mirayes y Julio César Cuyuch y por los magistrados de Apelaciones, Fausto Maldonado y Edwin Ruano. Los seis profesionales deberán de entregar un informe el próximo 23 de octubre y así esclarecer los pasos a seguir por la comisión.

Cumplimiento de Ley

El presidente de la Comisión, Félix Serrano, indicó que como lo establece la Ley de Comisiones de Postulación se eligieron al secretario y secretario suplente, se estableció la sede y horario de sesiones.

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En ese proceso la comisión eligió con 34 votos a favor al decano de la facultad de Derecho de la Universidad Rural, Mario Raúl García y luego de 10 rondas de votación fue electo como secretario suplente al decano de la facultad de Derecho de la Universidad San Pablo, Luis Aragón Solé.

También quedó establecido que la Universidad Mesoamericana seguirá siendo la sede de la Comisión de Postulación, sin embargo, solo podría acoger el trabajo de la postuladora hasta junio del próximo año, en caso de que el trabajo se extienda hasta entonces.

Sin tiempo

Al comienzo de la sesión quedó excluido el punto de la elaboración del cronograma de trabajo, debido a que no se especifica cuánto tiempo podría durar la evaluación a los jueces y magistrados, que le compete al Consejo de la Carrera Judicial.

El tema de la evaluación surge como un obstáculo para poder concluir con la elaboración de la nómina o de poder avanzar en el proceso de postulación, ya que es necesario, según la resolución de la Corte de Constitucionalidad, que debe haber una evaluación del desempeño, además de una ponderación distinta.

Serrano explicó que los integrantes del Consejo solicitaron apoyo a las universidades del país para que proporcionen ad honorem un grupo de 10 abogados para hacer las evaluaciones y así poder salir de este atraso

El presidente explicó que el Consejo no tiene personal, no tiene los recursos y no tienen reglamento para poder evaluar a los jueces y magistrados, por lo que señaló que este proceso puede durar más de seis meses.

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Devolución de expedientes y reglamento

La Comisión de Postulación estableció que del 15 de octubre al 15 de noviembre se devolverán los expedientes de los profesionales que se postularon a magistrados. Los abogados deberán presentarse a la Universidad Mesoamericana para que se les entregue sus documentos.

Por aparte, por mayoría, los comisionados aprobaron el reglamento interno para el comportamiento de los integrantes de la Postuladora. Se mantiene el mismo aprobado con anterioridad, el cual incluye puntos sobre la transparencia, publicidad y probidad.

Se mantienen la limitación del tiempo para la tomar la palabra y la utilización de dispositivos electrónicos en la revisión de expedientes, evaluaciones y votaciones para la integración de nóminas.

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Según la Ley del Servicio Público de Defensa Penal, el Consejo del Instituto lo integran el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el Procurador de los Derechos Humanos, un representante del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, un representante de los decanos de las Facultades de Derecho de las universidades del país y un representante de los Defensores de Planta electo por la Asamblea de Defensores.

Una vez el Consejo del IDPP sea juramentado y quede integrado, la Comisión de Postulación deberá enviar al Legislativo una nómina de tres personas de donde los parlamentarios deberán elegir al próximo director del Instituto.

El acuerdo señala que entra en vigencia inmediatamente y que se deberá notificar al Consejo, pero no señala una fecha en que deberán ser juramentados.

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La legislación también dicta que para ser elegido director general del IDPP se debe ser abogado colegiado activo, con un mínimo de 5 años , acreditar amplia experiencia en materia penal, haber ejercido como defensor público de oficio, en funciones judiciales o de la carrera del Ministerio Público.

Funciones

El IDPP es el servicio público de defensa penal que tiene competencia para intervenir en la representación de las personas de escasos recursos económicos sometidas a proceso penal, a partir de cualquier sindicación que las señale como posibles autores de un hecho punible o de participar en él, incluso, ante las autoridades de la persecución penal.

Los representantes del instituto deben asistir a cualquier persona de escasos recursos que solicite asesoría jurídica cuando ésta considere que pudiera estar sindicada en un procedimiento penal e intervenir, a través de los defensores de oficio, cuando la persona no tuviere o, no nombrare defensor de confianza, en las formas que establece la ley. Dicho servicio es gratuito.

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El servicio será gratuito para aquellas personas cuyos ingresos sean inferiores al triple del salario mínimo, más bajo y los usuarios del servicio gozarán del beneficio de asistencia jurídica gratuita desde el momento en que lo necesiten.

Fugaz sesión

Posterior a que los diputados aprobaran el acuerdo, el diputado Juan Manuel Giordano, segundo secretario de la Junta Directiva, pidió que se guardara un minuto de silencio en memoria del padre del ministro de Desarrollo Social Carlos Velásquez Monge.

El presidente del Congreso, Álvaro Arzú Escobar, accedió a la petición y posterior a la cortesía anunció que no existía quórum en la Junta Directiva y levanto la sesión plenaria.

De esta forma la interpelación al ministro de Desarrollo Social no se pudo retomar y queda pendiente para la sesión que se convocó mañana a las 10 horas.

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Debido al tiempo que requiere hacer el proceso de selección de perfiles, es probable que la nómina llegue al Congreso entre la segunda y tercera semana de diciembre y debido a que ese organismo estará en periodo de receso es probable que la elección de contralor se efectué hasta el próximo año.

Agendas

Para la sesión plenaria de mañana también se acordó que se discutan en primer debate las iniciativas que buscan reformas al Código de Comercio y a la Ley Orgánica de la Escuela Nacional Central de Agricultura.
 
También se acordó que se apruebe en tercer debate los proyectos para aprobar la ley Orgánica de la Procuraduría General de la Nación y la Ley de Avisos Electrónicos.
 
También se acordó que se aprobaran tres acuerdos de condecoración para distintos instituciones educativas del país.

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Para el miércoles se acordó seguir exclusivamente con la discusión de las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
 
Mientras que para la sesión del jueves se acordó discutir en segundo debate las reformas al Código de Comercio y a la Ley Orgánica de la Escuela Nacional Central de Agricultura.
 
También se discutirá en tercer debate del proyecto de decreto para aprobar la ley de Interés Preferencial para Facilitar el Acceso a la Vivienda Social y por artículos y redacción final la iniciativa para aprobar la ley para la Disposición y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células Humanas.

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“Estamos en una etapa importantísima, el Congreso hizo lo que le corresponde, según la Constitución, y corresponde ahora al gremio de contadores y auditores públicos hacer su papel”, señaló el diputado Manuel Conde, al finalizar la sesión.

Agregó que el contralor General de Cuentas, “más que tener respaldo político, debe tener las calidades y los conocimientos académicos y también la experiencia”, por lo cual, “la participación de este gremio es fundamental” en la Comisión de Postulación.

Postuladora incompleta

El 9 de mayo pasado y con 87 votos a favor, el Congreso aprobó el acuerdo 16-2018, que convoca a la integración de la Comisión de Postulación que deberá presentar al pleno una nómina de seis candidatos para ocupar el cargo de Jefe de la Contraloría General de cuentas.

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En esa ocasión, el Congreso integró la postuladora por los rectores de la universidades del país, decanos de las facultades de las carreras de contaduría pública y auditoria, colegio de contadores públicos y auditores de Guatemala.

Sin embargo, días después, Elvyn Diaz y Álvaro Montenegro, colocaron un amparo ante la CC para que se convocara también al Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresas.

El 17 de julio pasado el pleno de magistrados de la CC resolvió el amparo a favor de los interponertes, anuló el acuerdo 16-2018 y ordenó al Congreso realizar una nueva convocatoria.

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La postuladora se integra por 11 comisionados nombrados por los colegios, un presidente, que es elegido entre los rectores de las universidades del país y 11 decanos de las facultades de Contaduría Pública y Auditoría, para obtener un total de 23 comisionados.

Una peculiaridad es que el colegio que tenga más representantes será el que tenga más colegiados activos, según la opinión consultiva 1852-2010 de la CC.

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“Según la CC, teníamos tiempo para convocar hasta el día sábado, pero se tomó la decisión de convocar el jueves a las 14 horas para ver el tema de la Comisión Postuladora para el contralor General de Cuentas”, señaló Alejos.

La CC ordenó que se integre la postuladora a los dos colegios profesionales -el otro es el Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores- y esta se conforme de manera proporcional, es decir a un colegio le corresponderán seis comisionados, y al otro, cinco, para un total de 11 ante la postuladora.

“Pedimos a ambos colegios que nos manden su padrón. Este será el único punto que tenemos en la sesión, habrá un espacio para mociones y preposiciones por si algún diputado quiere proponer un tema”, agregó el congresista.

Pelea legal 

El pasado 17 de julio la CC resolvió un amparo a favor de los interponentes Elvyn Diaz y Álvaro Montenegro, para que se convocara al Colegio de Economistas, Contadores Públicos y Auditores y Administradores de Empresas.

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Con eso,  el Legislativo tenía cinco días, a partir de ser notificado, para hacer una nueva convocatoria e integrar a la postuladora el otro colegio profesional, el cual no había sido tomado en cuenta.

Además de esos 11 comisionados nombrados por los colegios, la postuladora se integrará con un presidente que es elegido entre los rectores de las universidades del país y 11 decanos de las facultades de Contaduría Pública y Auditoría, para obtener un total de 23 comisionados.

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Una vez se defina a cuál colegio le corresponde seis y a cuál cinco representantes, ambos podrán celebrar elecciones para que sus agremiados elijan a los comisionados.

Para evitar que haya profesionales que voten dos veces, el primer colegio que haga elecciones deberá enviar un listado de agremiados que votaron, a fin de que sean excluidos del padrón, según esa opinión consultiva.

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El actual contralor Carlos Mencos debe dejar el cargo el próximo 13 de octubre, por lo que la postuladora deberá entregar el listado al Congreso a más tardar el 23 de septiembre.

“Con el equipo de la Universidad vamos a buscar una buena sede donde nos podamos sentir todos a gusto, tanto los que vamos a participar como aquellas personas que quieran observar el proceso”, aseguró Serrano.

El presidente de la postuladora indicó que en los próximos días hablará con el presidente del Congreso, Álvaro Arzú Escobar, para fijar algunos plazos sobre el financiamiento que debe recibir la comisión para funcionar.

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“Queremos tener manos limpias”, afirmó Serrano, quien refirió que antes de que la  comisión inicie el trabajo deben ser juramentados por el Congreso. Agregó que también trabajará en la elaboración de un cronograma de actividades.

Serrano dijo que los aspectos que tomarán en cuenta para conformar la nómina serán “todos los que están en la Ley de Comisiones de Postulación y las resoluciones que ha dado la Corte de Constitucionalidad (CC) al respecto, que son bastantes y que se tienen que integrar”. Agregó que además se deben tomar en cuenta criterios como la transparencia, los méritos académicos, la integridad y la honestidad de las personas, entre otras cualidades.

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La elección

Carlos Alvarado Cerezo, rector de la Universidad de San Carlos, presidió hoy la comisión y luego de verificar que se contaba con el quórum suficiente pidió a los rectores presentes proponer a un candidato.

Roberto Moreno Godoy, rector de la Universidad del Valle, propuso como candidato a presidente de la postuladora Serrano. Nadie hizo otra propuesta por lo que se sometió a votación la idea de Moreno Godoy.

De viva voz y uno por uno, los rectores votaron y todos destacaron que Serrano reúne las cualidades necesarias para presidir el trabajo de la Comisión.

Serrano recibió 11 votos y cuando la votación terminó el académico agradeció la confianza depositada en él e indicó que asume el reto con responsabilidad.

“En el momento que vivimos para el país debe existir mucha claridad y compromiso en la participación para que la persona que resulte electo como contralor sea proba, con principios, valores, capacidad y compromiso por la transparencia”, señaló Alvarado Cerezo.

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El proceso de inspección se inicia hoy, junto a la primera reunión de la Comisión de Postulación del MP, que se llevará a cabo en la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde se elegirá al secretario de la Postuladora.

Lenina García, secretaria de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU), informó que vigilarán el desempeño del decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), Gustavo Bonilla, y desarrollarán un perfil adecuado para el cargo del MP.

La dirigente estudiantil afirmó que el objetivo es que los jóvenes se involucren en el proceso y exijan al decano la inclinación hacia un profesional transparente. Para garantizar ese compromiso lo harán firmar un documento o carta compromiso para que la elección de entre los seis candidatos sea por una persona proba e idónea. Además, dijo que harán actividades públicas.

Marcela Posadas, presidenta de la Asociación Landivariana, informó que desde el año pasado trabajan una base enfocada en la unión estudiantil universitaria, y parte de eso incluye promover la participación de los estudiantes en las comisiones de postulación para el jefe del MP.

Agregó que prevén una serie de foros en la Universidad Rafael Landívar y luego con el resto de casas de estudios superiores. “La idea es mantener informados a los estudiantes de lo que se desarrolla en la Comisión, tener reuniones cara a cara entre los alumnos y el decano. Nuestro propósito es involucrar al estudiante para que se sienta parte del proceso”, puntualizó.

Marcela Herrera, presidenta de la Asociación de la Universidad Francisco Marroquín, indicó:  “Este proceso es una oportunidad para fiscalizar al decano, así como una excelente oportunidad para poder representar a los estudiantes y futuros abogados  para velar por los intereses del país”.

Todos esperan que más universidades se unan a la fiscalización. 

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Prensa Libre confirmó los nombres de las autoridades académicas con los departamentos de atención al público de las diferentes casas de estudios. Con base en las consultas telefónicas, se citaron en esta publicación. Asimismo, los nombres se corroboraron en los sitios electrónicos del Consejo de la Enseñanza Privada Superior. A pesar de que el personal de las universidades confirmó el nombre y puesto de los encargados, manifestaron desconocer si ellos serán finalmente quienes  integrarán la postuladora.

El presidente de la comisión y rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Carlos Alvarado Cerezo, hizo entrega del expediente al presidente Otto Pérez Molina en Casa Presidencial.

En el mismo está el perfil de cada uno de los elegidos. El mandatario expresó que conocerá los documentos y gracias a ellos le será más fácil elegir a los nuevos miembros del directorio de la SAT.

La nómina está conformada por: Rolando Cetina, Donato Monzón, Jorge Enrique Dávila. María Elena Ávila, Gladys Monterroso, Herber Urrutia, Luis Archila y Carlos Núñez.