Directorio de Competencia aplaza elección de superintendente

Los integrantes del Directorio de la Superintendencia de Competencia no lograron avanzar en la elección del nuevo superintendente y pospusieron la reunión al encontrar observaciones legales durante la sesión de este lunes 29 de septiembre.

Urias Gamarro

29 de septiembre de 2025 | 18:29h

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La elección del superintendente de Competencia quedó en suspenso por el Directorio. (Foto Prensa Libre: Guatemala Visible)

La elección del superintendente de Competencia quedó en suspenso, pues los miembros del Directorio tenían previsto realizarla en esa fecha, pero decidieron posponer la juramentación.

Durante la sesión, en la agenda acordada por los titulares y suplentes, el presidente Javier Bauer Herbruger leyó la agenda aprobó el acta de reuniones anteriores y se dio lectura de la sesión, pero no se entraron a conocer los puntos.

En la sesión se detectó que las actas notariales de reuniones anteriores no estaban al día, por lo que se decidió subsanarlas para garantizar la legalidad de la elección del superintendente, alertó el director Édgar Guzmán.

“Las actas no están al día, no están firmadas y no están publicadas en el sitio, por lo deben subsanarse”, explicó el director durante la sesión, quien rompió el quórum al levantarse.  

Además del presidente Bauer Herbruger, participaron los directores titulares Guzmán y Jorge Mario González Paz, así como los suplentes Jorge Alberto Santiago Chen Sam y Luis Guillermo Velásquez Pérez. El director suplente Alfredo Skinner-Klee no asistió por estar de viaje, se indicó.

Bauer Herbruger informó que la reunión no continuó por falta de quorum en el Directorio, por lo que se convocará a una nueva sesión para conocer la elección. Agregó que se encuentran dentro de los plazos establecidos en la normativa, ya que cuentan con 120 días para seleccionar y juramentar al superintendente.

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Seis finalistas buscan dirigir la Superintendencia de Competencia para el período 2025-2031:

• Jorge Miguel Castillo Castro
• Édgar Rolando Yax Tezo
• Juan Carlos Rodil Quintana
• Carlos Rodolfo de León Herrera
• Byron Enrique Ochoa Paredes
• José Ramiro Martínez Villatoro

Cien pide priorizar capacidad técnica en elección

El economista Hugo Maul, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), declaró que en esta elección los directores deben privilegiar la capacidad técnica y no convertir el nombramiento en un proceso en el que pese más la inclinación ideológica.

Advirtió, además, sobre el cuidado que debe tenerse al elegir al superintendente: “No vaya a ser que termine dominando la institución y que el Directorio solo quede pintado, como se observó en el pasado con la Superintendencia de Administración Tributaria”.

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Javier Bauer Herbruger es designado primer presidente del Directorio de Competencia

A su juicio, una vez elegido el superintendente viene una etapa formal: la creación administrativa de la Superintendencia, el reclutamiento de personal, la capacitación, y la necesidad de que la persona electa cuente con un plan claro sobre las decisiones que se tomarán, cómo se construirá la estructura institucional y cómo se integrará con cuadros técnicos capaces y expertos en la materia.

Luego vendrá la fase operativa de sus funciones, pero en los primeros momentos se trata de un aspecto administrativo básico, en el cual debe prevalecer una sana independencia entre los miembros del Directorio y el superintendente, cada uno en el desarrollo de sus responsabilidades.

Todo esto dependerá de la normativa y la reglamentación interna que logren establecer la independencia funcional para que la Superintendencia pueda ejercer sus operaciones.

Análisis con fundamentos

Maul reiteró que la Superintendencia debe ser una institución con enfoque técnico, debido al desconocimiento sobre el trabajo y los límites de una entidad de competencia. Señaló que muchos creen que puede “llegar a ser una espada justiciera que corrija todos los males de Guatemala, lo cual no es así”.

Afirmó que la entidad deberá realizar análisis técnicos con fundamentación empírica y cuantitativa de los casos que conozca en el futuro, sobre la base de modelos teóricos sólidos. “No es un asunto de preferencias políticas o ideológicas”, remarcó.

“El análisis debe tener fundamentación técnica, económica y cuantitativa para ser riguroso”, concluyó el investigador.

Javier Bauer Herbruger es designado primer presidente del Directorio de Competencia

El director Javier Bauer Herbruger fue designado como el primer presidente del Directorio de Competencia, para un periodo de dos años, mientras se inicia el proceso de elección del nuevo superintendente.

Urias Gamarro

26 de agosto de 2025 | 19:00h

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El director Javier Bauer Herbruger es el primer presidente del Directorio de Competencia. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

La primera sesión del Directorio de Competencia se llevó a cabo el martes 26 de agosto, en la cual se eligió a Javier Bauer Herbruger como presidente para un periodo de dos años.

Además, se emitió la resolución 01-2025, que establece el reglamento para elegir al superintendente, a partir de la lista de seis profesionales finalistas seleccionados durante el proceso llevado a cabo en el primer semestre para cubrir el periodo 2025-2031.

Toda la gestión del Directorio es de carácter administrativo; es decir, se encuentra en proceso de creación, elaboración de normativa y elección del superintendente, quien fungirá como representante legal de la entidad. Una vez electo, se presentará al Ministerio de Finanzas (Minfin) la solicitud para ejecutar el presupuesto aprobado, que asciende a Q20 millones.

La sesión de los directores, en la que también participaron los delegados suplentes, se realizó en el Museo Nacional de Historia, en la zona 1 de la ciudad de Guatemala, ya que el Directorio aún no cuenta con sede propia.

Directorio arranca proceso para nombrar superintendente

En la sesión de integración del Directorio, Javier Bauer Herbruger resaltó que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Competencia, el primer presidente debe ser el primer director designado por el presidente de la República en consejo de ministros.

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Posteriormente, la presidencia corresponderá al director designado por el Congreso de la República, Jorge Mario González Paz, y luego se trasladará al representante designado por la Junta Monetaria (JM), Édgar Guzmán. Cada uno ejercerá el cargo durante dos años.

“Además de celebrar la primera sesión, se aprobó el reglamento de designación del superintendente. La ley determina que el primer superintendente debe salir del listado de los seis mejor calificados en los procesos de selección de director titular y suplente, propuestos por el Congreso, la Junta Monetaria y el presidente. Se invitó a los candidatos que cumplen con los requisitos, se les brindó un formulario y deben demostrar su interés en el proceso de análisis y designación del superintendente”, remarcó Bauer Herbruger.

Fondos del Directorio dependen de superintendente

Aunque el plazo legal para la elección del superintendente es de 120 días (cuatro meses), el director suplente Guillermo Velásquez Pérez indicó que, en la próxima sesión, se elaborará un cronograma que establecerá las distintas fases del proceso, con el objetivo de concluir con la designación del mejor perfil.

En esa misma sesión se definirá la metodología para el nombramiento, con la intención de concretarlo antes del plazo, ya con fechas establecidas.

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El director titular Jorge Mario González Paz recordó que el superintendente será el representante legal de la institución, en especial para gestionar el presupuesto ante el Ministerio de Finanzas (Minfin), que este año asignó un aporte de Q20 millones.

Mientras no se realice la designación, no podrán avanzar otros procesos administrativos clave para el funcionamiento de la Superintendencia.

En todo caso, los fondos asignados para este ejercicio fiscal quedarán en la caja fiscal para su ejecución en el próximo año, ya que se trata de una entidad autónoma, agregó el director.

Seis finalistas buscan dirigir la Superintendencia

El Directorio habilitó el sitio web www.leydecompetencia.com, en el cual, desde hoy, se publicaron las primeras resoluciones.

En ese portal se transmitirán las entrevistas a los candidatos a superintendente y todo el proceso que conlleva su designación, como parte de una plataforma de transparencia, aseguró Bauer Herbruger.

Los candidatos, en el orden establecido, para el cargo de superintendente de Competencia para el periodo 2025-2031 son:

• Jorge Miguel Castillo Castro
• Édgar Rolando Yax Tezo
• Juan Carlos Rodil Quintana
• Carlos Rodolfo De León Herrera
• Byron Enrique Ochoa Paredes
• José Ramiro Martínez Villatoro

Superintendencia de Competencia enfrentará retos normativos y operativos, pero directorio aún no está integrado para su arranque

Aunque dos entidades ya designaron a los directores titular y suplente para la nueva Superintendencia de Competencia, dicho directorio aún no está conformado porque falta el nombramiento por parte del Congreso de la República.

Rosa María Bolaños

25 de junio de 2025 | 04:30h

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Ley de Competencia requerirá revisión de papelería, elaboración de reglamentos, nombramiento del Superintendente y la creación de una institucionalidad. (Foto, Prensa Libre: Shutterstock).

Hasta el martes 24 de junio, se había nombrado y juramentado a los directores designados para la Superintendencia de Competencia por el presidente de la República en Consejo de ministros: Javier Enrique Bauer Herbruger como titular y Luis Guillermo Velásquez Pérez como suplente; y a los designados por la Junta Monetaria, Edgar Rolando Guzmán Fuentes y Alfredo Skinner-Klée, respectivamente.

Los titulares Bauer Herbruger y Guzmán Fuentes dieron a conocer a Prensa Libre los retos y desafíos que enfrentan como el primer directorio de la Superintendencia, que fue establecida en el decreto 32-2024, Ley de Competencia que entró en vigencia el 9 de mayo del 2024.

Bauer: Todavía no existe quorum, por lo cual no se pueden tomar decisiones colegiadas

Bauer refirió que su plan de trabajo, basado en que se trata de la primera Superintendencia de Competencia, está orientado específicamente a crear institucionalidad. El directorio también tiene 120 días, según lo requiere la Ley de Competencia, para designar al primer superintendente. A su criterio, este plazo empezó a correr el 24 de junio, luego de que el 23 finalizó el período para conformar el directorio.

Entre otros aspectos, mencionó la importancia de contratar profesionales expertos en economía, analítica de datos y derecho, así como en otras áreas necesarias para una nueva entidad pública. Se debe velar por adquirir la infraestructura adecuada y contar con la reglamentación de la ley y una normativa interna que establezca reglas claras para el desarrollo institucional, incluida la reglamentación del propio directorio.

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Bauer mencionó que el proceso para la designación del superintendente está delineado en términos generales por la ley, la cual establece que debe provenir de las ternas presentadas por las entidades nominadoras. Corresponderá al directorio definir el procedimiento para dicha elección.

Indicó que ya fueron juramentados y espera que el Congreso designe pronto a los directores que le corresponden, a fin de materializar la institucionalidad de la Superintendencia y completar así la integración del directorio.

La situación actual es que todavía no existe quórum, por lo cual no se pueden tomar decisiones colegiadas, como corresponde al directorio de la Superintendencia.

Respecto a la institucionalidad, refirió que la creación de esta Superintendencia es trascendental para el país. Entre los principales desafíos está identificar y proponer la eliminación de barreras y cargas regulatorias que limitan la entrada de nuevos competidores y restringen la competencia.

Esto implicará aplicar el artículo 120 de la ley, que establece una revisión técnica de todos aquellos trámites redundantes o irrazonables, para así fomentar una mayor competencia. Será crucial el rol proactivo que deberá asumir la Superintendencia en la construcción de una cultura de competencia, añadió.

Se deberá trabajar en educar a los agentes económicos, a las instituciones públicas y a la ciudadanía sobre los beneficios de la competencia, prevenir prácticas anticompetitivas y hacer cumplir la ley de manera firme, técnica e independiente. En esa etapa, se comenzará a promover y explicar en qué consiste la libre competencia, para que los agentes económicos conozcan las reglas del juego y las sanciones aplicables ante prácticas anticompetitivas.

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Otro aspecto importante es que la parte sancionatoria de la ley entrará en vigor hasta dentro de un año y medio, en diciembre de 2026. Es decir, en una primera etapa, la Superintendencia se enfocará en la construcción institucional y en explicar a los agentes económicos el contenido y alcance de la libre competencia.

A consideración de Bauer, el perfil del superintendente debe ser altamente técnico, con conocimiento del derecho de competencia y del sistema de mercado establecido en la Constitución Política de la República, ya que su aplicación debe respetar dicho marco constitucional.

Mientras se instala el directorio, ya se ha conversado con otros designados acerca de los temas relevantes que tendrá a su cargo el primer directorio, con la expectativa de reunirse para avanzar en lo posible mientras se integra completamente. También se ha dialogado con las entidades nominadoras para utilizar temporalmente algunas salas de reuniones.

Según Bauer, está previsto conversar sobre los planes de trabajo que cada miembro propuso, identificar coincidencias y generar diálogo para alcanzar acuerdos, todo ello en espera de que el directorio se integre plenamente y pueda tomar decisiones formales.

Bauer es abogado y notario, con especialización en derecho de competencia, información e innovación de la Universidad de Nueva York (NYU). Explicó que hace una década, Guatemala tenía la obligación de contar con una Ley de Competencia según el acuerdo con la Unión Europea. Gracias a una beca de Guatefuturo, cursó dicha especialización. Posee una maestría en desarrollo sostenible de la energía por la Universidad Isabel I.

Participó en la discusión de la iniciativa 5074, que dio origen a la actual Ley de Competencia, y presentó argumentos ante la Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso. Además, ha ejercido en el ámbito privado, asesorando a empresas en temas de derecho de competencia.

Guzmán: una de las primeras tareas será establecer el reglamento de la Superintendencia y elegir al superintendente.

Guzmán indicó que una de las primeras tareas será establecer el reglamento de la Superintendencia y elegir al superintendente. Su período como director, nombrado por la Junta Monetaria, es de dos años, durante los cuales busca dejar como legado los cimientos de la institución.

También deberán trabajar en un reglamento que defina las unidades, intendencias y dependencias administrativas con las que contará la institución.

Su propósito es dejar una entidad plenamente organizada en los ámbitos administrativo, presupuestario y financiero, con capacidad técnica para cumplir los objetivos de la ley, y con personal especializado de alto perfil en temas de competencia.

Consultado sobre cómo lograr una ley operativa y una institucionalidad fuerte, Guzmán mencionó que serán necesarias ciertas reformas legales, las cuales deberán discutirse y consensuarse con los demás directores para luego trasladarse al Congreso. Tales reformas buscarán solventar ambigüedades o contradicciones surgidas durante la promulgación de la ley.

Entre los puntos a revisar mencionó la forma de designar a quien preside el directorio, ya que un artículo indica que será un representante de una entidad nominadora, otro que será por edad y otro más que será de forma rotativa iniciando por el director de mayor edad.

Otra cuestión que considera debe modificarse es el nivel de las sanciones por denuncias falsas, que podrían actuar como desincentivo para quienes desean denunciar prácticas anticompetitivas.

Sostuvo que debe observarse no solo la operatividad establecida en la ley, sino también la estructura institucional para un funcionamiento efectivo. Entre los puntos a analizar está el destino de las multas impuestas: si deben quedarse en la institución o, como se establece actualmente, trasladarse al fondo común.

Además, para hacer operativa la ley, es necesario establecer con claridad los criterios para ocupar los distintos cargos dentro de la Superintendencia. Una de las tareas más urgentes y desafiantes será fomentar una cultura de competencia.

“Que la sociedad guatemalteca, el país en general, los distintos sectores, cámaras y demás, puedan tener claridad sobre qué es la competencia, qué busca y cuál es el propósito de la Ley de Competencia, qué es la Superintendencia y cómo podemos todos familiarizarnos con las prácticas anticompetitivas que están prohibidas para no incurrir en ellas”, expresó Guzmán.

De esa forma, las empresas podrán prevenir esas prácticas, y los guatemaltecos en general entenderán que investigar, perseguir y sancionar dichas conductas contribuirá a tener mercados más justos, con productos de mejor calidad y precios más competitivos.

La entidad deberá contar con el respaldo necesario para captar el mejor talento, especializarlo y retenerlo mediante salarios competitivos, expresó Guzmán.

Coincidió en que actualmente el directorio no está conformado, ya que no puede sesionar ni tomar decisiones para las que ha sido designado. “En ese sentido, nuestras funciones no pueden realizarse si el Congreso no designa”, añadió. Por ello, hizo un llamado a ese organismo, que aprobó esta ley de urgencia nacional, para que cumpla con el plazo prudente que ellos mismos establecieron, y cuyo proceso para la elección incluso inició antes para otras entidades.

Mientras tanto, algunas instituciones públicas podrían brindarles apoyo mediante la asignación temporal de espacios para operar, añadió.

Guzmán explicó que su formación como economista lo preparó para comprender el tema de competencia, pues incluye estudios en microeconomía y fundamentos del mercado. Es exbecario del programa de Estudios Superiores del Banco de Guatemala, donde obtuvo una maestría en economía y finanzas aplicadas. También asistió a una escuela de verano sobre economía social de mercado en Alemania, donde conoció principios y regulaciones vinculadas a la competencia. Tiene experiencia en asesoría administrativa y financiera en el sector público, así como en la coordinación de proyectos, incluyendo la elaboración de un nuevo reglamento interno.

Congreso debió haber cumplido plazo

El diputado Faver Salazar, presidente de la Comisión de Economía del Congreso, dijo que están a la espera de que se pueda agendar en las próximas sesiones la elección de directores, titular y suplente, para la Superintendencia de Competencia por parte de ese organismo.

“La ley marca un plazo legal, el cual nosotros como Congreso debimos haber cumplido”, indicó, ya que el directorio debe estar integrado con los tres directores para que procedan a efectuar la elección del superintendente. Por ello, el parlamentario dijo que espera que en los próximos días, incluso en esta semana, la Comisión Permanente convoque a los diputados a sesionar y den prioridad al tema de esta elección.

Salazar dijo que no puede emitir opinión acerca de un consenso, ya que es una elección a la que los seis postulantes se van a someter.

La Comisión de Economía fue la encargada de llevar a cabo el proceso de evaluación de los aspirantes a esos cargos y remitió el listado de seis nominados para que el pleno elija.

En tanto el martes 24 de junio, la organización Acción Ciudadana presentó un amparo en contra del Congreso para designar a los directores titular y suplente para dicha superintendencia, decreto que ese mismo Organismo aprobó.

Amcham: Uno de los principales retos será construir credibilidad institucional desde el primer día

Según Amcham, Guatemala es de los últimos países en contar con una Ley de Competencia, y su implementación conlleva varios retos. Por ello, es necesario discutir la hoja de ruta y los pasos que deberán superarse para establecer la Superintendencia de Competencia más adecuada posible.

Comunicado: Superintendencia de Competencia: Hoja de Ruta del Primer Directorio pic.twitter.com/xeU65mtq9z

— AmCham Guatemala (@AmChamGT) June 25, 2025

Amcham llevó a cabo el foro La hoja de ruta del primer directorio de la Superintendencia de Competencia.

Aunque el directorio no se conformó plenamente en la fecha establecida por la ley debido a la falta del nombramiento del Congreso, Waleska Sterkel de Ortiz comentó que, tras tantos años de espera por una ley de competencia, varias empresas observan que esta normativa es similar a la de otros países. Por lo tanto, deberán adaptarse a lo que se implementará con la nueva legislación.

Entre los retos importantes se menciona la política de competencia y el reglamento, el cual deberá complementar algunas de las debilidades de la ley.

Consultada sobre la preocupación respecto a que el directorio aún no está completo por la falta de designación del Congreso, la ejecutiva expresó que espera que esta semana se conforme.

La conformación del primer directorio de la Superintendencia de Competencia marca un hito trascendental en el fortalecimiento institucional de Guatemala, al abrir una etapa clave para promover mercados más eficientes y transparentes. Es una oportunidad histórica para construir una autoridad sólida, técnica e independiente, capaz de generar confianza y contribuir al desarrollo económico y social del país, refirió Amcham.

“Uno de los principales retos será construir credibilidad institucional desde el primer día, lo cual implica establecer reglas claras, procesos transparentes y un enfoque técnico basado en evidencia. Las prioridades regulatorias deben responder a las dinámicas reales del mercado guatemalteco, garantizando que el reglamento de la ley promueva seguridad jurídica y certidumbre para todos los actores económicos”, agregó la entidad.

AmCham considera que es una oportunidad para construir una autoridad sólida, técnica e independiente, capaz de generar confianza en los agentes económicos y contribuir a un buen clima de negocios.

Entre las prioridades menciona:

• Construir credibilidad institucional a través de reglas claras: uno de los principales retos será establecer reglas claras, procesos transparentes y un enfoque técnico.
• Reglamento adecuado: las prioridades regulatorias deben responder a las dinámicas del mercado guatemalteco, garantizando que el reglamento de la ley promueva seguridad jurídica y certidumbre para todos los actores económicos.
• Designación de perfiles técnicos: es importante designar a un superintendente y cuadros medios que sean profesionales con trayectoria y solvencia técnica.
• Promoción de una cultura de competencia: las empresas y el sector público deben prepararse incorporando principios de cumplimiento, fortaleciendo la gestión de riesgos y promoviendo prácticas internacionales.

Primer Directorio de Competencia deberá crear reglamentos y elegir superintendente

La creación de reglamentos y el proceso de selección del superintendente son las primeras tareas que deberá llevar a cabo el primer Directorio de la Superintendencia de Competencia, una vez quede completado. La Junta Monetaria designó a los dos primeros integrantes de esta nueva institución.

Urias Gamarro

19 de junio de 2025 | 17:00h

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Édgar Guzmán fue electo como director titular y Alfredo Skinner-Klee Sol como director suplente por los miembros de la Junta Monetaria. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

La primera dupla de directores para conformar dicho Directorio fue designada por la Junta Monetaria (JM) el jueves 19 de junio, integrada por Édgar Guzmán como director titular y Alfredo Skinner-Klee Sol como director suplente.

Está pendiente la designación de los representantes por parte del Congreso de la República, que deberá ser efectuada por el pleno, y del Ejecutivo, mediante Consejo de Ministros, la cual deberá realizarse en los siguientes días con base en la lista de candidatos finalistas.

De los seis profesionales que deberán integrar el cuerpo colegiado, dos ya fueron designados y juramentados por la JM para ocupar el cargo de directores.

Hoja de ruta

Tanto Guzmán como Skinner-Klee explicaron las fases que se desarrollarán con base en el mandato del Directorio.

Una vez completada la designación del resto de profesionales, deberá iniciarse el proceso de selección del nuevo superintendente y realizarse la convocatoria pública, que incluirá los requisitos del procedimiento.

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Señalamientos y denuncias marcan la candidatura de Juan Carlos Rodil Quintana como aspirante a director de Competencia

Además, deberá crearse el reglamento de la Ley de Competencia para hacerla operativa, así como el reglamento interno, que definirá las funciones de cada una de las intendencias de Competencia, unidades y otras dependencias de la Superintendencia.

“Para nosotros es prioritario que se termine de conformar el Directorio, para poder designar a un superintendente que tendrá la representación legal y las funciones administrativas necesarias para que la Superintendencia funcione”, declaró Guzmán.

Recordó que fueron designados para cubrir un periodo de dos años (24 meses) y que “es cuando se tiene que hacer todo el andamiaje que permita a la institución alcanzar los propósitos para los cuales fue creada: como institución técnica, de investigación económica, que debe velar y defender la libre competencia en el país”.

Skinner-Klee remarcó que este primer Directorio tiene una gran tarea por delante: la responsabilidad de crear las bases técnicas, éticas y operativas que marcarán el camino de esta institución.

“La institucionalidad es muy importante, al igual que el nombramiento del superintendente y la creación de los nuevos reglamentos, que son los primeros pasos que hay que dar”, expuso.

Señalamientos y denuncias marcan la candidatura de Juan Carlos Rodil Quintana como aspirante a director de Competencia

El abogado Juan Carlos Rodil Quintana, quien se postuló para integrar el Directorio de la Superintendencia de Competencia en las tres entidades nominadoras, ha sido objeto de señalamientos. Este jueves 19 de junio, la Junta Monetaria no lo eligió en la votación. El aspirante afirma que llevó a cabo los descargos.

Urias Gamarro

19 de junio de 2025 | 13:45h

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El abogado y economista Juan Carlos Rodil Quintana se postuló para integrar Directorio de la Superintendencia de Competencia. (Foto Prensa Libre: Urías Gamarro)

El abogado y economista Juan Carlos Rodil Quintana, quien se postuló para integrar el Directorio de la Superintendencia de Competencia, logró ingresar en los filtros finalistas con punteos altos, pero mantiene tachas.

Rodil Quintana tiene un denominador común: se postuló como representante titular y suplente en las tres entidades nominadoras, que son la Junta Monetaria (JM), el Congreso de la República y el Ejecutivo, proceso que llevó a cabo el Ministerio de Economía (Mineco), y que será evaluado en Consejo de Ministros.

En la selección que llevó a cabo la Junta Monetaria el jueves 19 de junio, el aspirante no fue elegido, por lo que habrá que esperar los resultados de las otras dos entidades nominadoras.

Señalamientos

En la sesión que celebraron los diputados que integran la Comisión de Economía del Congreso el pasado 29 de mayo, Rodil Quintana apareció en la lista de los seis candidatos con un punteo de 68.7.

En esa sesión, el presidente de la Comisión, el parlamentario Faver Salazar, informó que se habían recibido señalamientos en contra del candidato, pero que será el pleno quien decidirá y discutirá los argumentos presentados.

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En esa ocasión, Salazar argumentó que en la lista de finalistas trasladada a la Comisión Permanente se consignarían los señalamientos recibidos contra Rodil Quintana, como parte del acuerdo consensuado durante la sesión en la que se conoció su expediente.

La organización Guatemala Visible, en su página web, indica que se presentaron señalamientos contra Rodil Quintana, que existen pruebas de descargo, y que la revisión está pendiente en la Comisión de Economía.

El señalamiento público es “por hechos relativos a sus funciones como decano de la Universidad Da Vinci” y fue presentado por el abogado José Rodolfo Reyes Calderón.

A pesar de esa tacha, el aspirante continúa en el proceso y esta sigue en “trámite”.

Destituido como decano

Según Guatemala Visible, Rodil Quintana tiene en curso una denuncia en el Ministerio Público.

Fue destituido en 2020 como decano de la Universidad Da Vinci, por una supuesta falsificación de los certificados de graduación de doctorado y maestría de los profesionales Ranulfo Rojas Cetina y Marco Cornejo, quienes se presentaron para postularse como candidatos a magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), cargos que finalmente obtuvieron, pero del cual están actualmente separados por orden judicial dentro de una investigación penal en su contra.

¿Quién es?

En su hoja de vida pública en Guatemala Visible, Rodil Quintana, de 52 años, nació el 2 de junio de 1972.

En 2024 participó como aspirante a magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de la Corte de Apelaciones (CA).

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En 2019, en representación de la Universidad Da Vinci de Guatemala integró la Comisión de Postulación para elegir magistrados de la CSJ, en calidad de decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de esa casa de estudios. También integró la comisión para magistrados de la Cámara de Apelaciones (CA) en ese mismo año.

En 2019 también formó parte de la comisión para la elección de magistrados del TSE, siempre en representación de la referida universidad. Y en 2018 fue comisionado para elegir al fiscal general del Ministerio Público.

Sombras

El 7 de septiembre de 2024, los integrantes de la Comisión de Postulación para la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitieron un señalamiento contra el exdecano de la Universidad Da Vinci, Juan Carlos Rodil Quintana, presentado por el Consejo Directivo de esa universidad.

En esa ocasión, se señaló que “como decano y a la vez comisionado en la postuladora al TSE, extendió certificados académicos sin sustento, sin asegurarse de la veracidad y el grado académico, lo cual constituye una falta de honradez”.

Entonces, “la honorabilidad de una persona se refleja en su capacidad para actuar con integridad y ética, especialmente en posiciones de poder y responsabilidad. Al comprometer la veracidad de los certificados, el aspirante Juan Carlos Rodil Quintana pone en entredicho su compromiso con la verdad y la justicia, lo que es fundamental para alguien que aspira a ocupar cargos de relevancia en el ámbito judicial”.

Aspirante a director niega acusaciones y presenta descargos

Al ser consultado, el aspirante Juan Carlos Rodil Quintana explicó que fueron presentadas las pruebas de descargo y los señalamientos ante la Junta Monetaria (JM) y el Ministerio de Economía. En el caso del Congreso, señaló que únicamente se adjuntó el expediente del señalamiento.

Aclaró que, desde hace cuatro años, sostiene su inocencia frente a lo que considera falsas imputaciones relacionadas con su desempeño como decano de la Universidad Da Vinci.

“Cuando se me despide de la universidad, no recibí mis prestaciones laborales, por lo que tuve que acudir a los tribunales a demandar, lo que generó una enemistad profunda. A la fecha hay un adeudo de más de Q8 millones”, dijo.

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Comentó que ya hubo una investigación sobre los hechos, que fue cerrada en el Ministerio Público (MP), sin que se presentara imputación alguna.

“A la fecha, ninguna de las objeciones tiene mérito alguno, y se han convertido en señalamientos vengativos por las demandas laboral y penal”, enfatizó.

El aspirante reiteró que, en cuanto a los títulos falsos, no existe tal alegato, ya que se presentaron notas, pagos, exámenes y los títulos de acreditación. Por ello, afirmó Rodil, que no hay una titulación falsa.

“Es una situación personal por los problemas jurídicos que yo ocasioné”, apuntó Rodil Quintana.

Expectativa sobre la elección

Rodil Quintana aseguró que, en la juramentación del titular Édgar Guzmán y del suplente Alfredo Skinner-Klee Sol, realizada el jueves 19 de junio por la JM, se eligió a “profesionales de primera línea que contribuirán positivamente a la institucionalidad”.

A su juicio, “hay buenos profesionales que están participando en las otras entidades nominadoras”, y anticipó que “en el Congreso y en el Ejecutivo habrá una elección muy fuerte y difícil, pero que debe prevalecer la meritocracia”.

Concluyó que, en su caso, calificó en los listados de las entidades nominadoras.

Perfil académico

Según Guatemala Visible, estos son los grados académicos de Rodil Quintana:

• Doctorado en Derecho Tributario y Derecho Mercantil, Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), 2017.
• Maestría en Economía Empresarial, Universidad Francisco Marroquín (UFM), 2013.
• Maestría en Reingeniería y Tecnología de Aseguramiento, Universidad Galileo, 2006.
• Licenciatura en Economía, Universidad Rafael Landívar (URL), 2005.
• Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario, Universidad Rafael Landívar (URL), 2002.

Experiencia en el sector público:

• Asesor jurídico en la Dirección General de Migración, 2009.
• Director de contrato abierto en el Ministerio de Finanzas, 2020.

En política partidista:

• Candidato a diputado por el distrito central por el partido Unión Republicana, 2023.
• Candidato a diputado por listado nacional por el partido Visión con Valores, 2015.

*Nota del editor: El presente artículo fue actualizado con la postura del candidato, Juan Carlos Rodil Quintana, hoy a las 17:00 horas.

Las primeras cinco sugerencias consisten en: establecer de forma clara las prácticas monopólicas absolutas y relativas; crear una Superintendencia de Competencia; disminuir la cantidad de excepciones; incluir al sistema judicial del país en la normativa; y crear obligaciones en cuanto a transparencia y rendición de cuentas.

La presión y la voluntad política del avance de la norma está en los diputados y se espera una discusión técnica, profunda y seria, ya que Guatemala es uno de los países que no cuenta con una normativa que regule la competencia, lo que es una deuda pendiente para el cumplimento de los Tratados de Libre Comercio suscritos, entre otros acuerdos.

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Primeras sugerencias

A la pregunta ¿qué debería incluir o reforzar la iniciativa de Ley de Competencia que se discutirá en el Congreso?, Marcos Palma, presidente del Instituto de Derecho de la Competencia, declaró que en la parte sustantiva de la ley, se deben abordar las prácticas absolutas, sin defensas por eficiencia; y las prácticas relativas, contar con un listado más amplio para contemplar muchas conductas que son anticompetitivas y que en varios países ya se incluyen, sin limitarse al listado de cinco prácticas que están en el proyecto de ley. “O sea, prácticas absolutas por deficiencias y un listado más abierto”, destacó el directivo.

En la parte institucional, destacó que la autoridad en esta materia no debe estar adscrita al Ministerio de Economía (Mineco) como se plantea en el proyecto, sino que tiene que ser una autoridad independiente, debido a que al quedar bajo el resguardo del poder político y seguir sus instrucciones, se corre el riesgo de sesgos.  “Si llega al poder un gobierno un poco a la izquierda, así como su ministro de Economía, se puede utilizar a la autoridad de competencia para perseguir a los empresarios”.

El otro aspecto es que, a su criterio, debe haber una independencia técnica e institucional, de manera que el director no sea nombrado o removido por el ministro de Economía.

En cuanto a las prácticas absolutas, explicó que consisten en que productor o distribuidor, no importando la presentación, se puede poner de acuerdo con otros para fijar precios, en perjuicio de los consumidores finales.

“Las prácticas absolutas son nocivas para la eficiencia económica, porque significan que el consumidor está pagando más de lo que debería, si hubiese condiciones de libre competencia, y eso equivale a que no existan acuerdos de precios”, subrayó.

Otras tres recomendaciones

Javier Nuñez, miembro del consejo consultivo del Instituto para la Competitividad Económica (ICE), aseguró que la iniciativa tiene aspectos favorables, pues sigue un enfoque basado en la mejora del funcionamiento eficiente de los mercados, para bienestar de los consumidores.

También contiene facultades de investigación usuales, en materia de prácticas monopólicas y control de concentraciones económicas; propone la aplicación del principio de presunción de inocencia y contiene algunos procedimientos que permitirán la defensa de las empresas.

Sin embargo, el proyecto también tiene algunas debilidades y la primera es que el proyecto omite dotar, a la nueva autoridad, de la facultad de emitir opiniones y de desarrollar acciones de promoción de la competencia. “En otras jurisdicciones, un instrumento importante para promover mejores condiciones para la operación de los mercados es la capacidad de la autoridad de competencia de opinar respecto de leyes, ordenamientos y conductas desarrolladas por el propio Estado, en sus distintos niveles, que inhiben o distorsionan la competencia”.

Precisó que, en un país como Guatemala, que se encuentra bastante expuesto a la competencia internacional, un aspecto nodal para mejorar la operación de los mercados es mejorar la calidad de las políticas públicas, para lo cual es importante que la agencia de competencia actúe de manera proactiva, lo cual requiere de garantizar que la nueva autoridad tendrá suficiente autonomía técnica y operativa y que sus decisiones estarán aisladas de consideraciones políticas.

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La segunda debilidad es que el proyecto considera un periodo de vacatio legis de únicamente 15 días, el que resulta insuficiente para realizar las adecuaciones institucionales necesarias para iniciar la operación del sistema. Esto incluye la preparación del personal mínimo que operará la nueva agencia, así como al Poder Judicial, (Organismo Judicial) que debería ser el encargado de determinar, en última instancia, la legalidad de las actuaciones en materia de competencia.

En tercer lugar, en relación con las llamadas prácticas monopólicas absolutas, señaló que el proyecto considera permitir la defensa por eficiencia solo de manera excepcional; es decir que  prevalecería un enfoque de ilegalidad per se. “Esta idea omite que, en el mundo económico actual, son múltiples los ámbitos de colaboración entre agentes económicos que generan resultados beneficiosos en los mercados”.

Por último, a su criterio, el proyecto es muy general respecto de las obligaciones de transparencia y la rendición de cuentas. “En el mundo de la política de competencia actual, lo común es que las agencias sean transparentes en sus deliberaciones y decisiones, y que los efectos o beneficios de sus actuaciones sean analizados y cuantificados, a fin de identificar su utilidad social”.

Lo anterior, según Nuñez debe ser complementado con un compromiso institucional para elaborar guías y lineamientos que den certidumbre a los agentes económicos. “Es necesario discutir estos aspectos y otros más, que podrían ayudar a contar con un instrumento de política pública de utilidad. De esta manera, puede lograrse que efectivamente los mercados guatemaltecos puedan mejorar en su funcionamiento”, enfatizó el representante del ICE.

Por otro lado, el doctor en Economía, Fritz Thomas, expuso que no hay una Ley de Competencia ideal, pero se requerirían al menos estos cambios en el proyecto de ley: el primero es que debe contemplar, hasta qué punto contribuyen a crear un poder monopólico, todas las barreras institucionales, legales, regulatorias y requisitos, que no son de las propias empresas.

El segundo aspecto, es que todo lo relacionado con la ley, debe dilucidarse en los tribunales y juzgados con competencia. “Si yo voy a acusar que se están llevando a cabo prácticas ilegales contra el competidor, debo poder llevar el caso a un tribunal. En algunos casos se pueden manejar los problemas de manera administrativa, pero no todo”, remarcó Thomas.

Guardar la institucionalidad

El aspecto que más destacaron los especialistas fue la institucionalidad de la autoridad de competencia, pues se plantea como una Dirección de Competencia, por lo que sugieren que se cree un ente como las superintendencias de Bancos, de Administración Tributaria y la de Telecomunicaciones.

O bien, que se trate de una entidad desconcentrada, como opera y está integrada la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, que está dentro de la estructura operativa de un ministerio, pero funciona de manera autónoma.

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En la iniciativa de Competencia 5074, que tenía dictamen favorable de la Comisión de Economía del Congreso, ya se había considerado la creación de una Superintendencia de Competencia, que es un modelo un poco más autónomo.

Y otro punto a tratar y revisar es el de las excepciones a la aplicación de la ley, de manera que no sean tan amplias como se establece en la propuesta.

Todas estas discusiones y otras que puedan surgir se tendrán que llevar a cabo en el Legislativo, pero lo más importante es que se busca la eficiencia económica y el beneficio al consumidor como principio, coincidieron.

Sin posición oficial

En reiteradas ocasiones, Prensa Libre solicitó la opinión del ministerio de Economía o alguno de sus viceministros, sobre las críticas y sugerencias de los especialistas, pero por medio del área de Comunicación Social, se indicó que el titular de la cartera, Janio Moacyr Rosales Alegría, se encontraba de viaje. Y aunque se envió una serie de preguntas por escrito, tampoco se obtuvo respuesta.

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Con información y aportes de:  

Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo (Fundesa) y José Luis Moreira, economista del Consejo Nacional Empresarial (CNE).

Este proyecto pretende crear un marco regulatorio para garantizar que todos los sectores económicos compitan sin limitaciones ni privilegios y en igualdad de condiciones, por lo que representantes de diferentes sectores han expresado los pros y contras del contenido de la iniciativa.

Ahora, las miembros de las comisiones legislativas de Finanzas y Economía entrarán a los debates y discusiones respectivas, con el fin de lograr el dictamen de la iniciativa, y elevarlo al pleno para su aprobación. Un proceso que puede ser largo, debido a que el país se encuentra en un ciclo político-económico por la realización de las elecciones generales y el último año de gestión de la administración de Alejandro Giammattei Falla.

Guatemala es uno de los países que no cuenta con una ley de Competencia, y es un tema que también remarcan los organismos financieros internacionales, como un compromiso pendiente para lograr la completa vigencia de algunos tratados comerciales.

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Empieza el debate

A la iniciativa de ley se le asignó el número el registro 6204 y hasta hace algunos días comenzó a ser comprendida en sus dimensiones y alcances por parte de los agentes económicos, por lo que ya hay observaciones.

Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo (Fundesa), resaltó que es positivo que desde el Ejecutivo se haya remitido una propuesta de ley, y según él, es la primera vez que las autoridades de gobierno envían una iniciativa de este tipo, lo cual es importante, ya que propuestas anteriores surgieron desde agrupaciones políticas que en su momento hicieron oposición en el Congreso y eso no generó el apoyo político necesario para aprobarlas.

Lo segundo es que se retomaron opiniones de diferentes sectores y de inversionistas internacionales, muchos de los cuales están viendo a Guatemala con interés, por lo que, para atraer recursos productivos, es importante contar con reglas del juego claras.

No obstante, señaló dos fallas importantes: una es que la autoridad que regirá todo lo que se actúe al respecto y velará por el cumplimiento de la ley será solo una Dirección que formaría parte del organigrama del Ministerio de Economía, en lugar de ser una entidad autónoma, descentralizada y  con una partida presupuestaria propia.

“Si el proyecto se deja como se planteó, siempre existe el riesgo político de que la autoridad de competencia no tenga las capacidades técnicas que necesita”.

Lo segundo, es que solo se deja una semana para que cobre vigencia luego de su publicación en el diario oficial, “cuando es necesario por lo menos un año, para poder adaptar los esfuerzos de preparar los reglamentos y que comience a funcionar bien”.  clave

Por otro lado, el diputado Carlos Barreda consideró que esa es una parte débil del proyecto, pues al tratarse de una Dirección de Competencia, “se limita su independencia y autonomía porque sería una dependencia del Mineco y quedaría sujeta a los vaivenes políticos del gobierno de turno”.

Ejemplificó, que una dirección de competencia sería muy similar a la operación de la actual Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco), “que es débil y pobre en su funcionamiento. Un funcionario con la categoría de director estará sujeto a un ministro y difícilmente podrá enfrentar a grandes monopolios o cárteles a los cuales tendría que investigar y sancionar”.

Concentración de poder

El doctor en economía Fritz Thomas, afirmó que, en este tipo de iniciativa, por ejemplo, se cita a la ley Sherman Act., de Estados Unidos, que es una normativa antimonopolio que se diseñó para combatir cárteles empresariales e involucra al Departamento de Justicia, de manera que, si se tiene que hacer una acusación y el caso va a tribunales, ya es un proceso que decide un juez competente.

“En cambio, en esta iniciativa solo se menciona una investigación técnica que realizará una dirección de competencia, cuyo director decide. A mi juicio, es un tema complicado: si hay una acusación de que una empresa está realizando prácticas monopólicas o que una empresa se está poniendo de acuerdo con otras para tratar de controlar los precios, es algo que debe decidir un tribunal y no es un tema que una Dirección de Competencia deba investigar, decidir y sancionar”, recalcó.

Sobre las sanciones, recordó que están basadas en salarios mínimos (hasta 40 mil), lo que, al realizar la multiplicación, una multa podría ser de unos Q120 millones, “y eso es demasiado poder para un director. Entonces, el Estado debería hacer la acusación y esta, resolverse en un tribunal, de manera que también se tenga el derecho a la defensa”.

Otra observación de Thomas es que en la iniciativa se crea un departamento de “investigaciones técnicas”, que utilizaría una serie de fórmulas y modelos, lo que puede ser impráctico, aparte de que se necesitaría una serie de permisos, licencias y estudios, con el consiguiente gasto de miles de quetzales.

“Las grandes empresas tienen abogados, contadores y gestores, por lo que destinar Q100 mil para trámites no es problema, pero para un pequeño sí es un problema”.

Iniciativa “diseñada para no funcionar”

Para José Luis Moreira, economista del Consejo Nacional Empresarial (CNE), la iniciativa presenta grandes falencias estructurales de diseño institucional y que “está extremadamente lejos no sólo de estándares internacionales para un país como Guatemala, sino que es una ley diseñada para no funcionar”.

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Al hacer un desglose, manifestó que, la institución no tendría autonomía al estar supeditada al Mineco; además de esto, hay un “consejo técnico” que funciona como una comisión de postulación y que tiene presencia del sector empresarial, lo cual no tiene sentido conceptual ni de fortalecimiento institucional. A su criterio, “esto presenta un grave y claro conflicto de interés”.

Además, señaló que hay algunas prácticas exceptuadas que tampoco tienen un fundamento económico sólido y citó por ejemplo, los acuerdos de distribución y franquicia, ya que en otros países de América Latina con leyes de competencia con estándares de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), los acuerdos de distribución y franquicia pueden llegar a ser anticompetitivos bajo el criterio conocido como “regla de la razón” cuando se hacen desde una posición de dominio, porque cierran el mercado a otros productos más baratos y competitivos. “En esta iniciativa de ley esta práctica está exceptuada sin razón alguna”.

Moreria añadió que también están fuera del ámbito de aplicación de la ley, sectores con leyes especiales como energía, banca y telecomunicaciones. “Se pueden reformar esas leyes especiales incorporando consideraciones de competencia, pero esta iniciativa no hace mención alguna de eso”, subrayó.

El proceso administrativo también está mal, a su consideración, porque la misma institución investiga e impone sanciones.

“En países como Chile, se creó un tribunal especializado en competencia que se encarga de dar resoluciones a las investigaciones de la Fiscalía Nacional Económica, que es la autoridad de competencia”.

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Al momento, Guatemala es uno de los pocos países que no cuenta con una normativa de este tipo, tendiente a prevenir ciertas prácticas que atentan contra el libre mercado y es una de las deudas pendientes, en relación con diferentes instrumentos y acuerdos comerciales asumidos y aprobados. Y aunque el Congreso ha conocido varios proyectos de ley sobre el tema e incluso, han entrado a debate en el Pleno, por distintas razones, la gestión no ha avanzado.

El proyecto consta de 98 artículos, es firmado por el actual ministro de Economía, Janio Moacyr Rosales Alegría y parte de una exposición de motivos, antecedentes y justificación. En una parte señala que “la adopción de una ley de Competencia complementará el proceso de mejorar los niveles de desarrollo y crecimiento económico”.

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Crea un director de competencia

Uno de los aspectos que inicialmente llama la atención es la creación de una “Dirección de Competencia” como autoridad administrativa, como dependencia del Ministerio de Economía (Mineco).

Entre sus funciones estará la promoción, prevención y defensa de la competencia, así como la investigación técnica y sanción de las prácticas anticompetitivas, por lo que gozará del reconocimiento nacional e internacional como Autoridad Nacional de Competencia.

Estará a cargo de un director con una duración de cinco años en el puesto; contará con dos subdirecciones (Promoción de la Competencia e Investigación Técnica y Concentraciones Económicas). Esta última realizará y diligenciará las investigaciones técnicas, por denuncia o de oficio, de prácticas anticompetitivas, por los medios y procedimientos legales, técnicos y legales.

Además, se crea un Consejo Técnico de Evaluación, al que deberán someterse el director y los subdirectores, con una terna que será nombrado por el Mineco. El referido Consejo estará integrado por un delegado de ese ministerio, un miembro designado por los decanos de las universidades que cuenten con facultades de ciencias económicas y un miembro designado por las cámaras y asociaciones empresariales de cada uno de los siguientes sectores: industria, agro, comercio, exportación y finanzas.

Prácticas absolutas y relativas

La iniciativa también establece que las prácticas monopólicas absolutas y relativas no serán sancionadas cuando el agente económico denunciado demuestre y la Dirección de Competencia compruebe, que estas generan ganancias por eficiencia; o cuando estas inciden favorablemente en el proceso de libre competencia, superando sus posibles efectos anticompetitivos y resulten en una mejora del bienestar del comprador.

El proyecto aclara que el agente económico que incurra en una práctica monopólica absoluta tiene el derecho de defensa por eficiencia, siempre que dicha conducta sea temporal y excepcional, para lo cual deberá demostrar que produce un beneficio al consumidor, no causa perjuicio a la economía y que es necesaria para generar bienestar.

En el artículo 5 de la propuesta, se plantean las “Prácticas monopólicas absolutas”, tales como cualquier acuerdo, conducta, contrato, convenio, decisión o práctica concertada entre dos o más agentes económicos competidores que consista en alguno de estos supuestos:

• Acordar, concertar, fijar o manipular precios, cargos, descuentos, honorarios, regalías, tarifas o tasas, en forma directa o indirecta, en la venta de bienes y servicios.
• La segmentación de un mercado de bienes o servicios, ya sea mediante la asignación de la clientela, de proveedores, de tiempos, o de espacios determinados o determinables.
• La limitación o restricción en la producción, procesamiento, distribución, comercialización y adquisición de bienes.
• La limitación o restricción en la prestación o transacción de servicios.
• Concertar ofertas en los procesos de contrataciones o adquisiciones privadas nacionales e internacionales

Como ejemplo, y citando al Instituto de Derecho de la Competencia, se considera como una práctica absoluta o horizontal, que un sector se ponga de acuerdo en los precios al consumidor en la misma línea que produce y comercializa; o que los competidores en un mercado se pongan de acuerdo en cuanto a precios, segmentarse o repartirse el mercado o la clientela.

El artículo 6 se refiere a las “Prácticas monopólicas relativas”, consistentes en acuerdos, conductas, contratos, convenios, decisiones o prácticas realizadas por uno o más agentes económicos que, individual o conjuntamente, tengan posición de dominio en el mismo mercado relevante en que se lleve a cabo la práctica, cuyo objeto o efecto, en el mercado relacionado, sea desplazar indebidamente a otros agentes económicos, impedirles sustancialmente sus accesos o establecer ventajas exclusivas a favor de uno o varios agentes económicos.

A ese respecto, según el proyecto de ley, son consideradas prácticas monopólicas relativas las siguientes:

• La limitación de la producción, la distribución, la comercialización o el desarrollo técnico o tecnológico en perjuicio injustificado de otros agentes económicos o de los consumidores nacionales.
• La negativa injustificada de satisfacer las demandas de compra de productos o de prestación de servicios en el mercado relevante.
• La aplicación, en las relaciones comerciales o de servicio, de condiciones desiguales para diferentes compradores o vendedores situados en condiciones equivalentes que coloquen a unos competidores en situación desventajosa frente a otros.
• La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o con arreglo a los usos de comercio, no guarden relación con el objeto de tales contratos.

Un ejemplo es que son prácticas que se dan, no entre agentes económicos que compiten, sino que están dentro de una cadena y un gran distribuidor puede aprovechar su posición de dominio, imponer condiciones a sus proveedores o a la comercialización.

Prácticas exceptuadas

En la iniciativa de ley en el artículo 7 se exceptúan de la aplicación de la ley:

• La cooperación de investigaciones y desarrollo de nueva tecnología o el intercambio de información científica, técnica o de tecnología que generen beneficio a consumidores nacionales y a la economía.
• La cooperación logística en territorio nacional, incluyendo el uso de instalaciones comunes para distribución, comercialización, o exportación de productos.
• El establecimiento de exclusividad en contratos de agencia, de distribución, representación o franquicia.
• El cumplimiento de tratados, acuerdos o convenios internacionales aprobados por el Congreso.
• La promoción de exportaciones de bienes y servicios, siendo uno de estos casos la organización, producción, distribución o comercialización que sean necesarios para atender demandas internacionales que difícilmente puedan ser atendidas por agentes económicos pequeños y medianos.
• La adecuación de la oferta a la demanda cuando está última manifieste una tendencia sostenida a la baja, o cuando el exceso de capacidad productiva sea claramente antieconómico.
• El incremento de la capacidad de los agentes económicos nacionales para competir en los mercados internacionales, especialmente en el caso de las pequeñas y medianas empresas.
• La aplicación de medidas de carácter temporal por cumplimiento de políticas de orden público, emergencias ambientales o protección de grupos vulnerables.
• El fortalecimiento, integración y tecnificación temporal de las cadenas productivas agrícolas.
• El financiamiento, aseguramiento de inversiones y proyectos específicos ya sean otorgados por una o varias entidades financieras nacionales e internacionales, incluyendo, pero no limitándose a, los créditos sindicados o seguros en los que compartan el riesgo en varios agentes económicos.
• La defensa en los mercados de productos nacionales contra el comercio ilícito internacional y nacional.
• La aplicación de las normas y leyes de propiedad intelectual vigentes y reconocidas nacional e internacionalmente.
• Garantizar de manera temporal la seguridad alimentaria y nutricional del consumidor, especialmente por parte de pequeños agentes económicos que sean productores agrícolas.

 Defensa por eficiencias

La propuesta de ley también enumera las Defensas por Eficiencia, según establece el artículo 8, indicando que las prácticas monopólicas absolutas y relativas enumeradas en la ley no serán sancionadas cuando el agente económico demuestre y la Dirección de Competencia compruebe que son beneficiosas, tales como las siguientes:

• La introducción de avances tecnológicos que producen bienes o servicios nuevos o mejorados.
• El aprovechamiento de saldos, productos defectuosos o perecederos.
• Las reducciones de costo derivadas de la creación de nuevas técnicas y métodos de producción de los mecanismos de comercialización, de la integración de activos, de los incrementos en la escala de producción y de la producción de bienes o servicios diferentes con los mismos factores de producción que favorezcan a los consumidores nacionales.
• La combinación de activos productivos o inversiones y su recuperación que mejoren la calidad o amplíen los atributos de los bienes y servicios.
• Las mejoras en la calidad, inversiones y recuperación, oportunidades y servicios que impactan favorablemente en la cadena de distribución y comercialización.
• La combinación de activos productivos e inversiones que generan mejoras o eficiencias en el proceso de exportación de bienes.
• La exclusividad acordada en contrato de agencia, distribución, representación o franquicias.
• Cuando el mercado sea contestable.

La iniciativa resalta que el agente económico que incurra en una práctica monopólica absoluta tiene el derecho de defensa de eficiencia, siempre que dicha conducta sea temporal y excepcional, para lo cual deberá demostrar que produce un beneficio al consumidor, no causa perjuicio la economía nacional y que es necesaria para generar bienestar.

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Interpretación

Para Marcos Palma, presidente del Instituto de Derecho de la Competencia, Guatemala es el único país que no cuenta con una ley de competencia, aunque en la Constitución se establece una parte, en toda la región de América Latina se avanzó con normativas al respecto.

Muchos de los países han modernizado su ley de competencia e implementando las mejores prácticas, lo que significa que Guatemala debe adoptar esas prácticas, “porque toda la prueba y error ya la pasaron otros países”.

Sin embargo, criticó que lo propuesto ahora “parece que es una ley de hace 40 años porque, la idea de algunos sectores es que esa ley no tenga dientes, solo para cumplir con el requisito”.

También enumeró la parte sustantiva de la propuesta de ley y explicó que toda ley de Competencia en el mundo prohíbe dos tipos de prácticas: las absolutas y las relativas. Las primeras, que también son conocidas como horizontales, no son más que “acuerdos de cartel”, pues los competidores se ponen de acuerdo en precios, territorios, reparto de clientes y otras prácticas que no se pueden defender por eficiencia; el solo hecho de que exista un acuerdo de precios, ya lo hace prohibido y sancionable.

En cuanto a las prácticas relativas, no son entre competidores al mismo nivel, sino entre agentes económicos en una cadena de valor.

“Y cada vez se van incluyendo más conductas en las legislaciones porque el dinamismo y los cambios de la economía digital y la globalización, hacen que aumenten las conductas consideradas prohibidas. Esas prácticas relativas sí se pueden justificar por razones de eficiencia”, explicó.

Limita la autonomía

Por su parte, el diputado Carlos Barreda manifestó que la iniciativa indicada limita la independencia y autonomía de una entidad de competencia al convertirla en una dirección del Mineco, “pues queda sujeta a los vaivenes políticos y al gobierno de turno y se puede remover al director de competencia”.

A su criterio, ocurrirá algo similar que con la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco), “que es pobre en funcionamiento y en toda su historia no ha logrado presentar mayores casos, denuncias sobre especulación ni acaparamiento, en defensa del usuario”.

También dijo que un director de competencia que esté sujeto a un ministro difícilmente podrá enfrentar a los grandes monopolios o cárteles a los cuales tendría que investigar para evitar las prácticas anticompetitivas y sancionar, aparte de que habrá un conflicto de interés.

Coincide con Palma, al indicar que hay una serie de excepciones en la iniciativa, a pesar de que se supone que es una ley que prohíbe de manera general y absoluta las prácticas anticompetitivas.

“Es una ley de competencia débil, es adhoc y una iniciativa con pocos dientes en su autonomía y en las prácticas, por las excepciones en las que pueden caber muchas empresas”, apuntó Barreda.

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En la lucha por el boleto a para ser el presentante de Guatemala en el World Class a nivel mundial Ángel Barrios presentó sus credenciales y controló el tiempo mientras preparaba las mezclas y socializaba con sus clientes, lo cual fue tomado en cuenta por los jueces, así como su capacidad para trabajar bajo presión, velocidad y el ofrecer un producto final sin descuido.

La competencia de World Class Bartender of the year se realizará de forma virtual del 4 al 8 de julio, donde Barrios estará presente, al haberse hecho acreedor del primer lugar en la competencia local.

Lorena Vásquez, Master Blender de Ron Zacapa; Mirciny Moliviatis, Chef Internacional; Vinicio Bejarano, Gerente de Operaciones de Vinoteca; Lorenzo Álvarez, Gerente de Alimentos y Bebidas de El Pulté Golf; y Kristian Esquit de World Class Bartender Guatemala 2019, fueron los jueces cargo de World Class Guatemala 2021.

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Mateo Llarena estará en el ‘Rolex 24 at Daytona’, una carrera de 24 horas de duración

La colisión hizo que el Ligier tipo JS P320 ingresara de inmediato a los pits, la averías fueron graves para el equipo Performance Tech Motorsports, a pesar de los esfuerzos de los ingenieros no pudo volver de inmediato.

Mateo Llarena tomó el volante pasadas las 21 horas del sábado, y dio muestras de su habilidad y capacidad al volante, al descontar una vuelta de las 60 que perdieron al reparar el vehículo, en la Daytona International Speedway, ubicada en Daytona Beach, Florida, Estados Unidos.

El joven piloto no se puso nervioso de compartir pista con los experimentados pilotos, que incluso han pasado por la Fórmula 1, como el colombiano Juan Pablo Montoya, o el también cafetero Gabriel Cháves, que ha participado en IndyCar Series.

A pesar del esfuerzo del resto de pilotos compañeros de equipo de Llarena, Ori, Lindh y Cassels, solo les alcanzó para finalizar en la sexta posición de la categoría Le Mans Prototype 3 (LMP3.

Estos fueron los equipos que ocuparon los primeros tres lugares en la categoría Le Mans Prototype 3:

1. Riley Motorsports
2. Sean Creech Motorsports
3. Muehlner Motorsports America

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Estos son los cambios que vendrán para la industria en Centroamérica con la salida de Telefónica

La SC declaró inadmisible la solicitud de autorización de concentración económica presentada por América Móvil, que consistiría en la adquisición del capital accionario necesario para controlar las operaciones de Telefónica en El Salvador.

La resolución de inadmisibilidad se pronunció por el Superintendente de Competencia el lunes 26 de agosto y los agentes económicos involucrados fueron notificados el miércoles 28 de agosto.

América Móvil presentó esta segunda solicitud de autorización el pasado jueves 27 de junio de 2019.

A partir de esa fecha la SC inició la evaluación de la documentación presentada para valorar la admisibilidad de la solicitud o la necesidad de contar con más información por parte de las empresas involucradas para conocer de la operación, todo ello en el marco de lo que la Ley de Competencia (LC) – artículos del 31 al 36- y su Reglamento – artículos del 18 al 32 – determinan, así como lo que establece la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA).

Al realizar una detallada revisión de la extensa documentación presentada, el lunes 22 de julio, la SC notificó a América Móvil una prevención, advirtiendo la necesidad de completar cierta información necesaria para conocer el fondo de la operación planteada y requerida de acuerdo con las facultades que la ley brinda.

La Superintendencia actúa conforme con la Ley de Competencia, donde se establecen los requisitos para toda solicitud de autorización de concentración económica, específicamente en el artículo 33 y en el art. 25 de su reglamento; adicionalmente, la LC brinda la facultad de pedir cualquier otra información adicional que fuese necesaria para conocer de la transacción, según cada caso.

La SC resolvió la inadmisibilidad de la solicitud de concentración económica, el lunes 26 de agosto, después de que América Móvil no completara la información prevenida en el plazo que había sido otorgado para ello, de conformidad con la LC y la LPA.

Posteriormente, el 2 de septiembre de 2019, tanto América Móvil como Telefónica presentaron escritos en los cuales renunciaron a su derecho de presentar recurso de apelación contra la resolución de inadmisibilidad, con lo que quedó en firme dicha resolución.

Es importante apuntar que la inadmisibilidad no inhibe al solicitante de presentar una nueva solicitud, una vez que haya completado la información necesaria para conocer de la concentración y requerida por la Ley de Competencia y su Reglamento.

Al respecto, Litza del Cid de Escobar, vocera de Claro en Guatemala, indicó a Prensa Libre que “nos han solicitado información adicional a América Móvil y Telefónica y, volveremos a presentar la solicitud con dicha información en los próximos días”.

Sobre el análisis de concentraciones económicas

Una de las atribuciones de la SC, por mandato de la Ley de Competencia, es el análisis de los efectos que podrían ocasionar las concentraciones económicas en los mercados.

Las concentraciones económicas se refieren a aquellas transacciones que son el producto de la negociación que ocurre entre dos o más agentes económicos o empresas para concretar una fusión, adquisición o consolidación de sus capitales u operaciones. El análisis de la concentración es de naturaleza preventiva y tiene como objetivo último proteger el bienestar de los consumidores.

La primera etapa del análisis de la concentración es la de admisibilidad. Esta se desarrolla a partir de la presentación de la solicitud de autorización de la concentración en la SC, tal como la LC establece para poder concretar la operación.

Durante esta etapa, el equipo técnico de la SC revisa y se asegura de que el agente económico haya completado toda la información que la LC y la LPA definen como requisitos indispensables para admitir al análisis correspondiente la solicitud.

Solo hasta entonces, la Superintendencia de Competencia da inicio a la segunda etapa del proceso, en la que realiza un examen minucioso sobre los efectos que la operación podría tener sobre la competencia y el bienestar de los consumidores.

Para ello, se analiza entre otros elementos relevantes:

• El tipo de concentración (horizontal, vertical o de conglomerado).
• La definición del mercado relevante (cuáles productos se consideran sustitutos de aquellos de la solicitante, el área geográfica donde se produce la competencia en condiciones distintas a las de áreas vecinas).
• Los efectos unilaterales o coordinados de la concentración (cambios en la capacidad e incentivos de los agentes para, de forma independiente o coordinada, subir precios o realizar acciones en detrimento del bienestar de los consumidores como resultado de la concentración).

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Una ley que impacta y beneficia al consumidor no logra aprobación final

El jueves estará abierto para todo público y el viernes únicamente para las autoridades de Competencia de Centroamérica y expertos invitados para el efecto.

Se espera la presencia de 200 personas, entre autoridades de competencia de 12 países y representantes de cámaras empresariales, Congreso de la República, sector gubernamental, cuerpo diplomático acreditado en el país

El lema del foro es: “Consideraciones sobre la importancia de la Política de Competencia como elemento fundamental de la Economía de Mercado”.

El foro forma parte de las actividades que las autoridades de Competencia de Centroamérica organizan en el marco de lo que  legalmente se conoce como Red Centroamericana de Autoridades Nacionales encargadas del Tema de Competencia –Recac-.

La Recac, entre otras cosas, organiza anualmente el Foro Centroamericano de Competencia con el objetivo de intercambiar conocimientos y compartir experiencias en la aplicación de la Política y Ley de Competencia, a efecto de promover y fomentar la cultura de la competencia en los países centroamericanos.

La actividad la organiza el Ministerio de Economía, a través de la Dirección de Promoción a la Competencia del  Viceministerio de Inversión y Competencia.

Compromiso pendiente

Centroamérica, con excepción de Guatemala, ya cuenta con el sistema de normativas relacionadas con la competencia, como acuerdo de la Unión Europea.

El país se comprometió a tener una ley de Competencia, y el plazo venció el 30 de noviembre de 2016.

La legislación tiene como propósito regular la protección a pequeños y grandes competidores, controla que no haya monopolios, ni prácticas de concentraciones, ni carteles, lo cual implica mejores precios, promoción del desarrollo económico y generación de empleo.

José Ramón Lam, viceministro de Inversión y Competencia comentó que la ley está entrampada en el Congreso de la República, y se encuentra en tercera lectura.

“Estamos trabajando con la Comisión de Economía y hemos tratado de lograr consensos, pero falta voluntad política para poder aprobar mencionada ley”, dijo Lam.

El funcionario enfatizó que las autoridades de Competencia centroamericanas están preocupadas porque el país no avanza en el tema de la ley, y la integración centroamericana la requiere.

Por aparte, dijo Lam, la política de Competencia está elaborada y aprobada en todas las instancias administrativas, y en el Viceministerio están tratando que el proceso de aprobación se dinamice, porque debe ser aprobada mediante Acuerdo Gubernativo en gabinete de ministros.

Abrir espacios de discusión

Marcos Palma, vicepresidente del Instituto de Derecho de la Competencia (IDC) dijo que Guatemala no tendrá voz y voto en el foro, pero aprovecharán a mantener viva la discusión con la presencia de diferentes funcionarios y especialistas en el tema.

Entre ellos, se encuentra una funcionaria de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, la Comisión Federal de Competencia de México, un ministro del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y una funcionaria de la Comisión Nacional de los Mercados y Defensa de la Competencia de España. 

Uno de los temas que se abordará es el de las concentraciones económicas, dijo Palma, porque en un panorama ideal un mercado sano es en el que hay una intensidad de competencia, y no existe concentración en agentes económicos, porque hay muchos oferentes, y por lo tanto la competencia es “intensa”.

Pero, en la medida en que existan mercados concentrados  -reducción significativa del número de agentes económicos que participan del lado de la oferta- es probable que se puedan dar algunas restricciones a la competencia.

Por lo anterior, se abordarán algunos ejemplos que se están dando en Guatemala y en otros países de Centroamérica, dijo Lam, viceministro del Mineco.

Otro de los objetivos de la actividad es analizar la competencia como factor esencial de desarrollo económico y sus beneficios para las pequeñas economías, beneficios de la competencia en el bienestar del consumidor, la necesidad de un marco normativo adecuado para la defensa y la promoción de la competencia en Guatemala, entre otros temas.

Además, es una oportunidad para abrir espacio de discusión para la socialización de la política y de la Ley de Competencia entre los diferentes sectores económicos y sociales de Guatemala, enfatizó Lam.

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“En el tema del rubik Quetzaltenango es visto como pionero, témenos la primera comunidad fundada en Centroamérica, además somos la comunidad más activa y competitiva, hemos tenido visitas por el tema de personas de El Salvador, Honduras, México, Estados Unidos, Noruega y otros países”, afirmó Pablo Say, presidente de la Asociación Nacional del Cubo de Rubik.

Quienes deseen competir armando cubos pueden inscribirse en la sede de la asociación ubicada en 2a. calle 19-22, zona 3 de Quetzaltenango.

De acuerdo con Jackie Vásquez, una de las fundadoras de la asociación, practicar rubik ayuda a los jóvenes en la lógica matemática, resolución de problemas y aplicación de logaritmos.

“Es un mundo muy grande y es parte de la educación lúdica, la gente piensa que solo se juega un cubo de rubik pero desconocen el trabajo mental que se hace, incluso al resolver el cubo de rubik se puede incrementar el coeficiente intelectual. Además ayuda a las personas introvertidas a ser sociables y hacer comunidad”, afirmó.

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Los interesados en presenciar las competencias podrán hacerlo al cancelar Q15, cantidad por las que se otorgará una pulsera para los tres días del evento.

Speedcubing Academy Xelajú 2019 se realizará del 17 al 19 de mayo en la Universidad Mesoamericana.

Torneo internacional de cubo rubik se realizará en Xela del 17 al 19 de mayo, el evento Speedcubing Academy Xelajú 2019 espera reunir a 200 competidores nacionales y extranjeros. pic.twitter.com/K16XiXGKj1

— elQuetzalteco (@elQuetzalteco) May 2, 2019

De acuerdo con los representantes, un 45 por ciento de los integrantes de la asociación son mujeres. “En el último año hemos tenido un avance grande”, afirmó Velásquez.

Promueven curso de ajedrez

Hasta el 6 de noviembre de este año los interesados en aprender a jugar ajedrez podrán inscribirse en el curso ajedrez didáctico en Casa No´j, tendrá una duración de cuatro meses y el costo será de Q100 mensuales.

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Marcela Escobar, Coordinadora de Mercadeo de Fecceg, indicó que los 10 finalistas obtuvieron un diploma de reconocimiento, un saco de abono orgánico y productos como café, miel y panela,  a los tres primeros lugares se les entregó un trofeo y un incentivo económico, Q1 mil para el primer lugar, Q700 al segundo y Q500 para el tercero.

Los ganadores fueron:

• Primera lugar: Finca El Vergel.
• Segundo lugar: Rosalio Castellano.
• Tercer lugar: Elvira López Méndez.

Los compradores internacionales de café que asistieron a la actividad consideran que esta es una forma de motivar a los productores y de conocerlos.

“Crea un conocimiento nuevo para los compradores, ver todo lo que trabajan los caficultores y el esfuerzo que hacen durante todo el año, para los productores es algo muy bonito porque les sirve de motivación, tienen muy buen café, solo falta que la gente conozca de ellos”, dijo Leonardo Abularach, comprador de Los Ángeles, Estados Unidos.

Para Oscar Arriola, representante de una importadora de café especial en Alemania, la competencia fue un evento revelador porque permitió a los compradores conocer “el amplio rango de sabores” en las diferentes regiones de los asociados. Agregó que este tipo de actividades permite encontrar los perfiles necesarios para el mercado europeo.

“En Alemania se empiezan a degustar los cafés naturales y tradicionalmente los cafés de especialidad de Guatemala con puntajes arriba de 85, son muy buscados, pero en la unión europea hay una participación pequeña, eso genera una sensación de escasez de los cafés especiales de Guatemala, esto permite venderlos a un mejor precio y da mejor rentabilidad para los productores de la asociación”.

Caficultores manifestaron que entregan su vida al café y para ellos significa un sustento, agregaron que su producto es orgánico lo que representa mayores beneficios para el consumidor.

Beneficios

Adelaida López, productora de San Marcos, aseguró que el café orgánico protege el medio ambiente y permite la diversificación de productos. “No podemos estar atenidos al café, en nuestras parcelas hay banano, cacao, limones y otras plantas, aprendimos a hacer foliares orgánicos, medir el PH del suelo para alimentar las plantas sin usar químicos y tenemos biofabricas en cada comunidad”.

De acuerdo con la productora, el café orgánico reduce los costos. “Otros hacen prestamos y al final para la cosecha deben pagar, no ven ganancias y nuevas oportunidades de vida, nosotros no nos endeudamos para aplicar un químico porque en la comunidad están los instrumentos por medio de plantas, cenizas, estiércol, cal, entre otros”, afirmó.

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Productores aseguraron que con la federación pueden vender el quintal de café en pergamino a un promedio de Q800 mientras que los “coyotes o intermediarios”, las personas que llegan a las comunidades a comprar café, lo pagan a Q450.

Juan González, gerente de Fecceg, indicó que se hará la segunda edición de la competencia  ya que fue de beneficio para los integrantes. “Esta competencia es parte de nuestra estrategia de relaciones comerciales con el fin de tener nichos de mercado diferenciados que nos saquen de la dependencia que generan los malos precios en la bolsa de valores, sabemos que el café es bueno y tenemos calidad”.

La federación tiene productores de Chimaltenango, Quiché, Sololá, Huehuetenango, San Marcos y Quetzaltenango, en total son 1 mil 500, de estos 350 son mujeres, la agrupación se formó hace 13 años y su propósito es dar a conocer el trabajo de cada familia y comunidad productora.

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La interpretación coloquial del significado de competencia y monopolio es bastante sencilla. Se considera que hay competencia cuando existen muchas empresas que producen o proveen un bien o servicio, y el monopolio se entiende como esa situación de mercado en la que hay un solo productor o proveedor. El significado de “muchas empresas” no obedece a un número, sino a una cantidad tal que la acción de una de ellas no es capaz de afectar el precio de mercado. Este concepto es erróneo e irreal. En el caso del monopolio, al existir solo una empresa en el mercado, esto supondría su capacidad para afectar la cantidad ofrecida y, en tal virtud, el precio. Completan este esquema el concepto de duopolio, donde solo habría dos empresas, y oligopolio, donde hay más de dos, pero pocas, de manera que pueden afectar o “controlar” el mercado. Una variante del oligopolio es el cartel, situación en la que las pocas empresas se ponen de acuerdo para controlar la cantidad ofrecida y el precio en el mercado. Aquí hay una dualidad calificativa, donde se considera que la competencia es “buena” porque conduce a mayor oferta y precios más bajos, mientras que el monopolio sería “malo” por resultar en menor oferta y precios más altos.

Una forma más sencilla y real de entender estos conceptos es definir la competencia como una situación en la que hay libre entrada y salida al mercado. Nada más. El mercado no es un lugar, sino un proceso de coordinación social, que se caracteriza por el continuo cambio. Si hay libertad de entrada y salida, es decir, no hay obstáculos de intervención estatal, el monopolio pronto verá erosionada su posición por competidores, sustitutos y la innovación disruptiva. Salvo pocas excepciones que caracterizan ciertas industrias, el monopolio natural no perdura.

La Ley de Competencia crea una Superintendencia de Competencia, que supuestamente tendría la capacidad de medir e interpretar la existencia de competencia o la falta de ella en industrias determinadas y tomar acciones punitivas, si fuera el caso. La realidad es que son precisamente acciones de gobierno, regulación, reglamentación, permisos, prohibiciones, impuestos selectivos y demás las que distorsionan los mercados y otorgan poderes monopólicos. ¿A cuenta de qué el Gobierno tomaría acciones punitivas contra empresas que obtienen una posición prominente en una industria, merced de su eficiencia y capacidad para satisfacer al consumidor, si consigue esto dentro de las reglas y sin privilegios? Si es que fuera a crearse una Superintendencia de Competencia, su única misión y labor sería eliminar los obstáculos, prohibiciones, leyes que impiden la libre entrada y salida de empresas al mercado, y la colusión. La competencia se promueve eliminando obstáculos, no imponiendo multas.

fritzmthomas@gmail.com

“Primero quiero disfrutar este momento. Tuve una bonita primavera ganando el Campeonato de Italia, pero antes de eso tuve una época dura” , afirmó el italiano en referencia a una lesión que le impidió correr el Giro.

“El Tour es una prueba difícil y los rivales son duros. Prefiero ir día a día porque no pensaba estar listo para el Tour” , señaló el sardo sobre sus expectativas.

Aru entró con 16 segundos de ventaja sobre el irlandés Daniel Martin  (Quick Step) y 20 respecto a Froome, quienes se hicieron además con las bonificaciones de 10, 6 y 4 segundos respectivamente.

El colombiano Rigoberto Urán  (Cannondale) entró séptimo a 26 segundos de Aru, junto a Contador, mientras que Quintana fue noveno, a 34.

El anterior líder, el británico Geraint Thomas  (Sky) fue décimo, a 40 segundos.

 Gran paso de Froome

En la general, Froome, que dio un paso importante para ganar su cuarto Tour de Francia, es líder, con 12 segundos de ventaja sobre Thomas y 14 respecto a Aru.

“Es fantástico estar de nuevo con el amarillo, pero la carrera está lejos de haber terminado” , advirtió Froome.

“Aru había mostrado en el Dauphiné que está en gran forma y hoy lo confirmó” , añadió el británico.

“Fabio va a ser uno de los chicos a vigilar en las dos próximas semanas” , señaló el nuevo líder.

Contador y Quintana son octavo y noveno, a 52 y 54 segundos respectivamente.

Los diez primeros de la clasificación están separados por apenas un minuto.

Daniel Martin es cuarto a 25 segundos, el australiano Richie Porte quinto a 39, el británico Simon Yates sexto a 43 y el francés Romain Bardet séptimo a 47.

Tras Contador y Quintana, el polaco Rafal Majka es décimo a 1 minuto y 1 segundo.

Aru emuló a su compatriota Nibali, quien se hizo con la victoria en esta cumbre en 2014, en la quinta etapa, para acabar haciéndose con la victoria final.

La etapa comenzó con un ataque desde el segundo kilómetro de ocho ciclistas  (Bakelants, Delage, Boasson Hagen, Gilbert, De Gendt, Voeckler, Van Baarle, Périchon) .

De todos ellos, acabarán sobreviviendo los belgas Philippe Gilbert y Jan Bakelants que llegaron con aproximadamente un minuto de diferencia cuando comenzó la ascensión de 5,9 km.

Vencedor de la Vuelta a España de 2015, Aru, decimotercero el año pasado en el Tour, no pudo disputar este año el centenario del Giro de Italia debido a una lesión, centrándose en la Grande Boucle, tras haber ganado el Campeonato de Italia.

El ciclista del Astana ya tiene en su historial victorias e las tres grandes carreras por etapas  (Giro de Italia, Tour de Francia, Vuelta a España).

Observa el resumen de la etapa: 

El jueves, el Tour vuelve a una etapa llana en la sexta etapa, de 216 kilómetros entre Vesoul y Troyes, que se debe resolver al esprint.

Esta competencia se realiza en el marco del Festival de Cafés Especiales y es organizada por Evento de Cafés Especiales de Guatemala, en las instalaciones de Anacafé.

La mañana de este domingo fueron elegidos los seis  competidores que pasarían  a la final de la Competencia Guatemalteca de Baristas. Los finalistas fueron son Andrés Avendaño, Jenner Fuentes, Carlos Cuéllar, Carlos Ricardo Morales, Gabriela García y Gerson Otzoy.

Mientras que los seis finalistas de la Competencia Guatemalteca de Catadores fueron Norberto Antonio Ortíz, de la finca El Injerto, María Inés Leal, Manuel De León Ovalle, de Castell Café, Dulce Elena Barrera, de Bella Vista Coffee, Carlos Del Cid, de Unitrade, y Junior Sigüenza.

En esta categoría, Ortíz de la Finca el Injerto y Junior Sigüenza fueron electos por el jurado con el segundo y tercer lugar.

El Festival de Cafés Especiales de Guatemala se realizó durante tres días, en los que hubo degustación de bebidas elaboradas con café, postres, exhibiciones de preparación y venta de comida.

Rogelio Dávila, presidente de Evento de Cafés Especiales de Guatemala explicó que los ganadores participarán en eventos internacionales  .https://twitter.com/GeldiMunoz_PL/status/863818790118854657

El mejor catador participará en el concurso del  13 al 15 de junió próximo en Budapest, Hungría, mientras que el barista ganador participará en la Competencia Mundial de Barismo del 9 al 12 de noviembre a Seúl, Corea.

Dávila comentó que este festival está enfocado al desarrollo de la cultura de café de calidad, y que la competencia ha impulsado a ser mejores.

“Desde que se empezó la competencia, el nivel de los baristas y la calidad del café ha cambiado ya podemos degustar de una taza de calidad estándar hasta una tasa de nivel presidencial que son de punteos altísimos de  90 puntos para arria, en coffee shops”, afirmó.

El equipo competirá el miércoles y en la noche les darán los resultados. A continuación, el video de su participación:

En este certamen convergen 3 mil 500 bailarinas y 9 mil cheerleaders. Su primera edición tuvo lugar en el 2007.