La Sala Regional Mixta de Apelaciones de Quiché resolvió retirarle la inmunidad al alcalde de Nebaj, Quiché, Virgilio Gerónimo Bernal Guzmán.

La decisión se tomó tras una denuncia presentada por el concejal cuarto de esa comuna, Vicente Marcos Gallego, por haberlo retirado de su cargo en una reunión del Concejo apoyado por concejales y síndicos afines al jefe edil, y acusándolo de no contar con el finiquito correspondiente.

Ahora el Ministerio Público tendrá que investigar al alcalde sobre las acusaciones vertidas en su contra por el concejal, quien celebró la decisión de la Sala y le pidió al alcalde “renunciar por dignidad”.

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Bernal Guzmán, alcalde de Nebaj, dijo, en tanto, que no había sido notificado de la resolución y expresó que él únicamente cumplió con el Código Municipal y separó al concejal cuarto porque no cuenta con la  Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargo (finiquito).

El jefe edil dijo que Marcos Gallego tiene señalamientos de la Contraloría General de Cuentas que tienen su origen de cuando fungió como concejal en el período anterior, ya que hay una acusación en contra de esa corporación.

Agregó que él y sus concejales afines no querían caer en ilegalidades y por eso lo separaron de cargo. Aseguró que el Ministerio Público ya conoció de ese tema y lo desestimó.

El enfrentamiento entre los dos grupos dentro del Concejo de Nebaj lleva meses y ha interpuesto varias denuncias entre ellos. Además, tienen detenida la aprobación del presupuesto del municipio para el próximo año.

Paradójicamente, Marcos Gallego y Bernal Guzmán fueron compañeros de partido político en el pasado, y sus múltiples enfrentamientos han detenido la ejecución de obras en el municipio.

El trámite fue ordenado por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, contra el jefe edil del municipio de Guatemala, Álvaro Enrique Arzú Irigoyen.

La petición fue planteada este año, supuestamente porque el alcalde capitalino incitó a la violencia durante un discurso a comerciantes de un mercado municipal.

La Sala nombró al Juzgado Noveno Penal para que realice una investigación y determine mediante un informe la viabilidad de retirarle el derecho de antejuicio al edil.

“Admite para su trámite las diligencias de Antejuicio iniciadas en contra de Álvaro Enrique Arzú Irigoyen, en su calidad de Alcalde Municipal”, indica la resolución.

El juzgador designado para las pesquisas tiene un plazo no mayor de 60 días para rendir un informe a la Corte Suprema de Justicia, donde indique las recomendaciones del caso.

“Leños a comerciantes”

El alcalde Álvaro Arzú, durante la celebración del sexto aniversario de la plaza El Amate brindó un encendido discurso donde ofreció “leños” a los comerciantes para sacar a los vendedores no autorizados.

Ante decenas de comerciantes de la plaza, Arzú se refirió a los vendedores que carecen de autorización para ubicarse en esa área ubicada entre la 5a. avenida y 18 calle de la zona 1 capitalina.

“Ojo, se nos están metiendo allí otros –vendedores-. Si la Policía Municipal los saca a garrotazos  es violación a los Derechos Humanos, pero si lo hacen ustedes mismos allí parte sin novedad. Entonces les voy a dar unos sus leños y unos chalecos de la muni para que los vayan a sacar a morongazos. Me van a ayudar a mí en eso”, enfatizó Arzú.

Los beneficios serán entregados desde el año entrante y hasta el 2019 a tres mil 318 trabajadores que sirven en la comuna capitalina.

El dictamen sobre la viabilidad de desembolsar Q29 millones 862 mil fue emitido el 17 de noviembre pasado por la Dirección Financiera de la Municipalidad.

Las prestaciones consisten en un bono mensual de Q100, no afecto al Bono 14 y Aguinaldo, además en septiembre se desembolsará un bono adicional de Q800, Q1 mil 800 y Q2 mil 800, pagados en 2017,2018 y 2019, respectivamente.

La solicitud de evaluación fue entregada a esa dependencia el 24 de octubre, con la intención de determinar el impacto financiero que el compromiso tendrá para la comuna.

La semana pasada el Consejo aprobó el desembolso y los beneficios, que entrarán en vigencia en enero 2017.

La comuna erogará Q6 millones 636 mil el primer año, en 218 será de Q9 millones 954 mil y el último años aprobado de Q13 millones 272 mil, para cumplir con este compromiso.

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) pidió a la Municipalidad de Guatemala empezar el proceso de cierre del relleno sanitario de la zona 3, por considerar que ya cumplió su vida útil y es insalubre.

El MARN, con  la resolución 1593-2016, fijó seis meses —a partir del 21 de mayo último—  a la comuna capitalina para que entregue un instrumento de evaluación ambiental para el cierre técnico del vertedero.

La cartera decidió el cierre del basurero  debido a que genera contaminación atmosférica, hídrica, de suelo y visual. También se detectaron patios con grietas, temblores al momento de remover desechos y riesgo para los mil 500 recolectores  que trabajan en ese sitio. 

El ministro de Ambiente, Sydney Samuels, indicó: “Se debe de tener un plazo que defina el comienzo del cierre, y las etapas de ese cierre y de qué manera piensan cumplir esas fases”.

El viceministro de Ambiente Alfonso Alonzo aseguró que el cierre de vertederos se pedirá solo cuando se detecte inoperancia y contaminación.

“Seguimos denuncias, supervisamos y, si es un vertedero que no llena los requisitos, se pide el cierre. Tenemos delegaciones en todo el país”, dijo.

El proceso

Alonzo calculó que la clausura del vertedero podría durar tres años.

“Se pidió a la comuna  la planificación de cómo se hará el cierre, y eso lleva tiempo. No podemos exigir la suspensión inmediata sin tener otra área para procesar los desechos”, manifestó.

Para ejecutar el proceso de clausura del relleno sanitario se implementarían medidas de mitigación.

Samuels indicó: “Por lo menos queremos ver seriedad con un plan para el cierre técnico. Tiene que hacerlo ya —la Municipalidad de Guatemala—”.

En caso las autoridades incumplan la orden, el MARN presentaría la denuncia penal  y pasaría el expediente a la Procuraduría General de la Nación para que lo analice.

En la actualidad, la Municipalidad de Villa Nueva, por medio de la Mancomunidad de la Gran Ciudad del Sur, analiza construir un relleno sanitario de 20 manzanas en el kilómetro 25 de la ruta al Pacífico. Por botar y procesar desechos en ese vertedero, las comunas deberán efectuar pagos.

Cierre no será fácil

Las autoridades de la Municipalidad de Guatemala explicaron que el cierre técnico del relleno sanitario de la zona 3 depende de las decisiones que tomen otras nueve comunas que usan el vertedero.

“El cierre técnico del vertedero no es tan fácil como se dice. No es cerrar la puerta del lugar; es un proceso de largo plazo”, indicó Carlos Sandoval, vocero municipal.

En el vertedero se almacenan los desechos de los vecinos de otros nueve municipios y, según Sandoval, “dependerá de las autoridades de esas comunas concretar la clausura”.

Sandoval explicó que no pueden cerrar si no hay otro relleno sanitario habilitado.

“No se tiene un lugar, y tenemos que ver qué harán las otras municipalidades”, argumentó.

Los trabajos de ampliación buscan descongestionar el área de Majadas, anillo Periférico, las calzadas Roosevelt y San Juan, informó el vocero de la comuna Carlos Sandoval.

Los trabajos se efectuarán enel puente norte del anillo Periférico,dijo Sandoval. Con el nuevo carril se beneficiaría a por lo menos 90 mil vehículos que pasan por el lugar cada día.

Embotellamientos

La comuna capitalina pretende mejorar la circulación de vehículos debido a que el tramo del anillo Periférico de la zona 11, que proviene de la Universidad de San Carlos, tiene tres carriles y al llegar a Majadas se reduce a dos, lo cual provoca caos vial.

Para que los trabajos empiecen el Instituto de Antropología e Historia (IDAEH) debe autorizar la obra porque en el área hay vestigios arqueológicos que deben protegerse.

Las nuevas funcionarias, siete de ellas   asumen por primera vez el cargo edil, ofrecen  promover el desarrollo de sus comunidades.

En su conjunto, las ocho jefas ediles  tienen como prioridades mejorar los proyectos de educación, salud y agua entubada.

Susana Asensio, quien recibió la vara edilicia de Antigua Guatemala, Sacatepéquez, parte con la  responsabilidad de recuperar la confianza de la población antigüeña, debido a que asume  una gestión empañada por su antecesor, Adolfo Vivar, quien desde el 2012 se encuentra en prisión por señalamientos de fraude, concusión y otros delitos.

Asensio promete  trabajar por el desarrollo de la ciudad colonial, principalmente por erradicar el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública y el bullicio causado por bares y discotecas.

La funcionaria espera  mejorar los  servicios básicos y será vigilante del uso de los recursos financieros, según dijo.

En Génova, Quetzaltenango, fue investida Sheily Beatriz Vásquez González, de 33 años, quien también recibe una gestión
empañada por señalamientos de corrupción. “Por los antecedentes, los pobladores desconfían de  las autoridades”, expresó.

Estela Chávez, alcaldesa de Nuevo San Carlos,  Retalhuleu, expresó: “Estoy comprometida con Dios, con mi familia y los vecinos que confiaron en mí  para trabajar en beneficio de todos”.

Motor de desarrollo

En Alta Verapaz fueron juramentadas Lilian Irlanda Pop Coya, de  Lanquín, y Lilian Piedad García Contreras, de Fray Bartolomé de Las Casas. Ambas  tienen como peculiaridad trabajar en la promoción del turismo, el cual  consideran es  el motor de  los verapacenses.

Al igual que el resto de alcaldes, las nuevas funcionarias ven como principal amenaza en sus gestiones la falta de recursos.

Escasa presencia femenina.

En la nueva era democrática del país, de 1986 al 2012, un total de 35 mujeres —ahora 43— han dirigido  alcaldías municipales, según destaca un informe de Mas Mujeres, Mejor Política.

El estudio agrega que solo un 1.2 por ciento de guatemaltecas han sido electas como alcaldesas.

* Eduardo Sam, Rolando Miranda, Carlos Paredes, María José Longo, Renato Melgar y Héctor Contreras  

Los pobladores dieron a conocer que las leyes deben aplicarse a todos y no para algunos. Explicaron que la mujer estaba trabajando honradamente y la PMT le confiscó su triciclo y de seguro le impondrá una multa para recuperarlo.

Indicaron que la comerciante llorando le suplicaba a los agentes que no se llevaran su carreta que era con la que ganaba el dinero para alimentar a sus hijos sus hijos, sin embargo los agentes de Tránsito le informaron que estaba obstruyendo el paso de las ambulancias.

El agente de la PMT de apellido González dijo que a la mujer ya se le había notificado en varias ocasiones que las ventas en ese lugar estaban prohibidas y que debería de moverse, y debido a que no hizo caso entonces se actuó conforme la Ley de Tránsito.

Por aparte, José Aguilar, director de la PMT, mencionó que se confisco el triciclo y se le impuso una multa de Q300 a la comerciante, porque todas las ventas en la entrada al Hospital Regional de Coatepeque están prohibidas.

La vecina Tomasa Vásquez mencionó que este es un problema de todos los años durante el invierno, y a pesar que la comuna efectuó trabajos hace algunas semanas con el propósito de evitar inundaciones no fue la solución, por lo que cree que se debe de hacer un estudio más profundo.

El comerciante Carlos Gómez indicó que más de 15 comercios con diversos productos resultaron afectados porque el agua que alcanzó más de un metro de altura.

Pedro René Escobar, alcalde, dijo que los trabajos que se llevaron a cabo consistieron en la colocación de una tubería de mayor diámetro a la que existe para que el agua no se estanque, y realmente se ha notado un cambio porque ahora es absorbida más rápido.

Agregó que pensará en cómo crear un proyecto que sea más efectivo en pro de la población afectada.

Por varias horas se paralizó el paso tránsito en el sector, por lo que se formaron largas filas de vehículos que ingresaban a la zona 1 de la ciudad.

El Concejo señaló que esta medida es ilegal, ya que el dinero lo recibió el exfuncionario a título personal, no la comuna.

Las demandas fueron presentadas por cuatro supuestos prestamistas, quienes como prueba para el fallo mostraron un documento en el 2009, en el cual aseguran haber hecho los préstamos a Vela.

El secretario edil Hugo Letona explicó que el primer préstamo fue de Q930 mil; el segundo, de Q337 mil; el tercero, de Q300 mil, y el cuarto, de Q150 mil, lo cual suma Q1 millón 717 mil.

Ofrece aporte

En documentos a los que tuvo acceso Prensa Libre se detalla que el ex jefe edil debió cancelar el monto en el plazo de un año, pero por impago dejó como garantía el 10 por ciento del situado constitucional.

Resaltan que el 1 de diciembre del 2011, la jueza Ruth García Chinchilla, quien emitió el fallo contra la comuna en octubre del 2014, informó al Instituto de Fomento Municipal sobre cuatro juicios ejecutivos por la deuda.

En esa misma fecha, García ordenó al Ministerio de Finanzas que del dinero del referido fondo emita cheques a nombre de los tres prestamistas.

El alcalde, Amílcar Alvarado, expuso que presentó cuatro amparos, ya que los préstamos no se hicieron a la municipalidad, sino al exalcalde, por lo que considera que el fallo es ilegal.

Sorprende decisión

Alvarado añadió que en el cuarto juicio, presentado el 3 de enero del 2012, Vela ya estaba enterado de que había perdido las elecciones, y además le sorprende que la jueza García haya agilizado los procesos y resuelto a favor de los prestamistas.

“El acta de reconocimiento judicial efectuada por los magistrados de la Sala Undécima de Apelaciones de Retalhuleu afirma que nunca fue ingresado el dinero a la comuna. Fue algo bien organizada para estafar a la municipalidad”, indicó Alvarado.

“Es lamentable que la jueza haya aceptado demandas de préstamos privados”, resaltó.

El alcalde explicó que el artículo 113 del Código Municipal resalta que los préstamos con personas individuales o jurídicas que no sean supervisados por la Superintendencia de Bancos serán nulos, y el alcalde y el Concejo que lo hayan autorizado serán los responsables.

El tesorero nacional, Juan Manuel López, también se pronunció en un oficio enviado a la jueza, en el que expone que por mandato legal no pueden embargarse las asignaciones presupuestarias, según el artículo 459 del Código Civil.

Autoridades ediles de San Pablo Jocopilas reiteraron que la decisión de jueza García es ilegal, y que seguirán en la lucha donde corresponda; además, anunciaron la paralización de proyectos que se mantienen en ejecución, debido al embargo.

Se trató de conocer la versión del exalcalde Francisco Vela, pero no respondió las llamadas efectuadas a su celular.

El vecino José Pacay expresó: “No es posible que sigamos en esta situación, porque ni siquiera sabemos en qué se usó ese dinero, que al final nosotros pagamos”.

“Se tapan con la misma chamarra, porque sabiendo de los problemas que tienen exfuncionarios los dejan participar para que ocupen de nuevo un cargo público”, lamentó Pacay.

ZACAPA – Las autoridades ediles informaron que entre las comunidades visitadas el lunes y martes último están Potreritos, Los Limones, Poljá, Jacaguay, Chuntuy, Los Mayorga y Guacal Majada.

El alcalde Eliseo Salguero Vargas dijo que es el segundo año consecutivo que comparte con familias de escasos recursos de la parte alta de la cabecera.

Dolores Pérez, una de las favorecidas, agradeció el gesto de la comuna y agregó que muchas personas no tienen dinero para comprar un tamal.