El estado de Alabama (sur de Estados Unidos) ejecutó este jueves al preso Kenneth Eugene Smith asfixiándolo con gas nitrógeno, un método nunca antes probado, según notificaron las autoridades.

A Smith, condenado a muerte por asesinar a una mujer por encargo en 1988, lo declararon muerto a las 20.25 hora local (02.25 GMT del viernes) tras haber inhalado el gas nitrógeno a través de una máscara y haberse quedado sin oxígeno.

Sus últimas palabras, ya con la máscara puesta, fueron: “Esta noche Alabama hace que la humanidad dé un paso atrás. Gracias por apoyarme. Los amo a todos“.

Periodistas que fueron testigos oculares de la ejecución relataron que, después de que el gas comenzase a fluir, Smith se estuvo retorciendo durante un par de minutos y luego se le vio con respiración agitada durante varios minutos más.

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El director del Departamento Correccional de Alabama, John Hamm, dijo en rueda de prensa posterior que las sacudidas del reo fueron “involuntarias”, pero nada fuera de lo esperado.

El gas nitrógeno fluyó durante unos 15 minutos.

BREAKING: An Alabama man has become the first person in the U.S. to be executed by nitrogen gas.

He and his attorneys had argued that execution by nitrogen gas would constitute cruel and unusual punishment under the 8th Amendment. https://t.co/t1UvPRCZfh pic.twitter.com/0J3uyJSBuv

— ABC News (@ABC) January 26, 2024

El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó minutos antes de la ejecución el último recurso que la defensa del preso había presentado este mismo jueves por 6 votos a 3, dando así luz verde al inicio del procedimiento.

La magistrada progresista Sonia Sotomayor, una de las 3 que votaron por detener la ejecución, argumentó que “al no haber podido matar a Smith en su primer intento, Alabama lo ha elegido como su ‘conejillo de indias’ para probar un método de ejecución nunca antes usado”.

Desde que el Tribunal Supremo reintrodujo la pena de muerte en 1976, han sido ejecutados en Estados Unidos 1 mil 583 presos, 73 de ellos en Alabama.

Los tres acusados del asesinato de Humberto Rodríguez Mendoza propietario de la  abarrotería “La Bendición” fueron identificados como Jorge Mario Pezzarossi Schlenker, Delfino Tadeo Flores Corey y Carlos Enrique Juárez Salazar.

La mañana del viernes 7 de agosto los sentenciados fueron notificados por un oficial de la auditoría de guerra, en el interior de la penitenciaría central, donde los capturados  se encontraban guardando prisión, en celdas separada y con fuertes medidas de seguridad. Al mismo tiempo se les informó que el recurso de gracia había sido denegado por el jefe de gobierno, el coronel Enrique Peralta Azurdia.

En presidente envió un comunicado en donde se lee textualmente en el articulo primero lo siguiente: “No ha lugar a la gracia solicitada en favor de Jorge Mario Pezzarossi Schelenker, Delfino Tadeo Flores Corey y Carlos Enrique Juárez Salazar”.

La noticia de que los asaltantes de la abarrotería La Bendición serían fusilados, llegó a la penitenciería antes de lo previsto, ya que algunos de los prisioneros contaban con radios de transistores, por lo que la información sobre la sentencia de muerte ya se expandía por los corredores del presidio. Los reos comentaban en voz baja el dictamen, e incluso se menciona en la nota publicada por Prensa Libre, que algunos de los reclusos pagaron hasta cinco centavos por escuchar la radio y enterarse así de la noticia.

Los acusados al enterarse de la sentencia rompieron en llanto, menos Pezzarossi Schlenker quien le dijo al capellán  general de cárceles, Fabián Rubio, “padre ¿sabe usted por qué no lloro? pues porque soy inocente”.

24 horas después de la notificación se haría efectiva la sentencia la cual se cumplió durante la mañana del 8 de agosto de 1964.

La CEG no estaba de acuerdo con la aplicación de la pena de muerte, por considerar que esta medida no constituía un disuasivo contra la violencia que afectaba al país.

“El remedio a la violencia está más bien en la aplicación de políticas de desarrollo social”, afirmó Vizcaíno.

Según los funcionarios de la iglesia católica de Guatemala, el artículo 18 de la Constitución le otorga al Congreso la facultad para abolir la pena de muerte.

La CEG aseguró tener conciencia de que la población estaba cansada de la ola de violencia, corrupción e impunidad que imperaban en el país.

Sagastume, obispo de Santa Rosa, dijo en aquel momento: “Invitamos a la población guatemalteca a crear una verdadera cultura de la vida, y que se oponga a la anticultura de la muerte, por medio de nuestro compromiso diario en el camino de la conversión, la reconciliación y la construcción de la verdadera paz”.

La Iglesia Católica también reprochó la promoción de la pena capital como propaganda política, ya que reafirmaba la ineficacia del sistema judicial.

El legislador Roberto Villate, jefe de la bancada Libertad Democrática Re- novada (Líder), quien promovía la aplicación de la pena de muerte, consideraba que la medida era un método disuasivo ante la ola de violencia.

“Desde el año 2000 que se dejó de ejecutar, se ha incremento el número de muertes casi al doble”, dijo.

“Si seguimos esperando unos 10 años, se puede aumentar el número de muertes a 40 diarias.. Nosotros sí creemos que la pena de muerte es un disuasivo”, aseguró Villate.

Evangélicos, a favor

César Augusto Ayala, vocero de la Alianza Evangélica, dijo que, su organización es “pro vida”, creían que cuando un delincuente es reincidente, por sus faltas a la moral y a la ética, “hay justificación para aplicar la pena capital”.

“Como un disuasivo es bastante difícil verlo; más bien, es como una confirmación de la justicia y su cumplimiento”, sostuvo Ayala.

Historia de pena capital

El Código Penal guatemalteco, el cual data desde 1973, contempla la pena de muerte, y antes de las dos ejecuciones de 1996, por medio del fusilamiento, se tiene registro de cuatro sentencias llevadas a cabo en 1982 por medio de la inyección letal.

Otras 11 personas fueron ejecutadas en 1983, bajo el amparo del decreto de emergencia 46-82, promulgado durante el estado de Sitio impuesto por el gobierno de facto de Efraín Ríos Montt. Los reos fueron llevados ante el fuero especial el cual consistía en jueces sin rostro .

Durante la aplicación de ese decreto se castigaba con la pena de muerte a parricidas y homicidas con circunstancias agravantes. También se incluía el homicidio del presidente y del vicepresidente de la República.

La pena de muerte estaba regulada mediante la Ley de Indultos, aprobada en la Asamblea Legislativa de 1982, en el régimen de Ríos Montt.

Paradójicamente, fue el Congreso presidido por el general retirado el que derogó esa ley el 11 de marzo del 2000, durante el gobierno de Alfonso Portillo.

La discusión se retomó en el 2006, en el gobierno de Óscar Berger, pero la iniciativa impulsada por el Partido Unionista fue bloqueada por el Frente Republicano Guatemalteco (FRG).

El presidente Álvaro Colom vetó otros dos decretos que pretendían restablecer el indulto presidencial.

Fusilamiento por violación

El 14 de septiembre de 1996 fueron fusilados Roberto Girón y Pedro Castillo Mendoza, por haber violado y asesinada una niña. Los medios de comunicación presenciaron la ejecución, lo cual conmocionó a la población, dando lugar a introducir la inyección letal.

Inyección letal

Tomás Cerrate Hernández, de 39 años, y Luis Cetino, 38, fueron ejecutados por inyección letal el 29 de junio de 2000. Ambas sentencias se llevaron a cabo con una hora de diferencia. Se les juzgó por el secuestro y asesinato de la empresaria guatemalteca Isabel Bonifasi de Botrán.

Diez condenados a muerte

El Juzgado Primero de Ejecución dejó pendientes cuatro condenados a la inyección letal; y en el Juzgado Segundo de Ejecución, hay seis reos sentenciados a la pena capital por los delitos de asesinato, asesinato en grado de tentativa, plagio o secuestro y violación.

Tres gobiernos

La discusión sobre el indulto presidencial consumió la primera década del presente siglo.

Derogan Ley de Indultos

11 de mayo de 2000 el Congreso derogó el decreto ley 1,549 de 1892, conocido como Ley de Indultos, que regulaba el recurso de gracia presidencial, con el que decidía si se ejecutaba o no al sentenciado.

12 de febrero 2008 el Congreso restituyó la figura del indulto presidencial para los condenados a muerte. Con ello, puso fin a un vacío legal que desde el 2000 impedía aplicar esa pena.

Primer veto de Colom

14 de febrero 2008 El presidente Álvaro Colom veta la ley y la regresa al Congreso, al considerar que el de- creto 06-2008, aprobado el 12 de febrero, viola varios artículos de la Carta Magna.

Restituyen el indulto

5 de octubre 2010 Los diputados aprueban de urgencia nacional la iniciativa de ley que restituye el indulto presidencial para la aplicación de la pena capital, la cual podría entrar en vigor en el 2012.

Segundo veto de Colom

3 de noviembre 2010 El presidente Colom veta el decreto 37-2010, por considerar que aplicar la pena de muerte no era la solución contra la inseguridad, y le pide al Congreso abolirla.

UE pide abolición

6 de noviembre 2010 Los representantes de la comunidad Europea exigen al Congreso abolir la pena de muerte y se muestran preocupados de que esta medida sea publicada por el Legislativo en el diario oficial.

La niña apareció con señales de haber sido violada y con marcas de ataduras en sus manos.

Durante las investigaciones se determinó que el secuestro fue ejecutado por Julio Rafael Roldán Godínez y René Ixcajó Revolorio, mientras Emilio Enrique Ramírez Gaytán, padrino de la menor, fue quien lo planificó.

La “Toty” fue sacada de su vivienda, en la 20 calle y 46 avenida, zona 5 de la capital. Los capturados, al verse copados confesaron que a la niña la mataron porque sus padres se negaron a pagar Q1mil de rescate que les exigían.

El cuerpo de la niña fue localizado en un lugar despoblado conocido como río Las Vacas, Santa Rosita, zona 16.

Nota del rescate

Roldan Godínez e Ixcajó Revolorio redactaron una nota, la cual fue dictada por Ramírez Gaytán, padrino de la menor, en la que se daba detalles de la cantidad de dinero que los plagiarios exigían.

Los secuestradores utilizaron las siglas de una organización subversiva para intimidar a los padres y hacerles creer que una facción guerrillera era la responsable.

Los maleantes esperaron a que se hiciera el pago del rescate para liberarla.

Uno de los capturados confesó que la niña permaneció atada a un árbol, y que al enterarse de que no sería pagado el dinero por su liberación, la violaron y asesinaron. Esto bastó para ser condenados a la pena capital por medio de fusilamiento.

Pena de muerte

El 4 de septiembre de 1971, el presidente Carlos Manuel Arana Osorio conoció el caso, debido a que le fue entregada una petición de indulto, la cual denegó a dos de los tres sentenciados.

Casos recientes

En abril de 1993, Sonia Marisol Álvarez, de 4 años, fue secuestrada por Roberto Girón y Pedro Castillo Mendoza, dos campesinos, cuando la pequeña se encontraba en su vivienda. También fue violada y asesinada y su cuerpo fue localizado, semienterrado, a la orilla de un río en la finca Atiú, Guanagazapa, Escuintla.

El 3 de marzo de 1995,

la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso de la República presentó al pleno el dictamen que definía que sería atribución directa del presidente de la República otorgar o denegar el indulto en casos de fallos judiciales en la aplicación de la pena de muerte.

18 de julio 1996

El presidente, Alvaro Arzú, recibe la solicitud del indulto a favor de Girón y Castillo, sentenciados a la pena de muerte por el crimen contra Álvarez. El tribunal que conoció el caso los sentenció a la pena de muerte, en la granja de rehabilitación Pavón.

El juez de Ejecución Penal Gustavo Adolfo Gaitán les notificó la resolución de la sentencia, la cual sería ejecutada en 48 horas si el indulto presidencial era denegado.

26 de julio de 1996

El papa Juan Pablo II, durante su segunda visita a Guatemala, solicitó a Arzú que perdonara la vida a los dos condenados a muerte. Sin embargo, la petición no fue atendida, debido a que la orden estaba dada.

La ejecución de la pena de muerte quedaba en manos de la Corte de Constitucionalidad y la solicitud del Santo Padre. Esto provocó polémica en la sociedad guatemalteca, ya que el indulto no se podía dar a favor de los sentenciados, pues fueron condenados antes de la venida del Papa.

El 27 de julio de 1996

El presidente Arzú negó la solicitud de clemencia, por lo cual el fallo fue ejecutados por las autoridades del Sistema Penitenciario.

El pelotón de fusilamiento llevó a cabo la orden de los Tribunales de Justicia en la Granja Penal Canadá, Escuintla. Esta sería la última ejecución mediante fusilamiento.

Caso Vásquez Alquijay

El 30 de agosto 2012 es localizado el cadáver de Jennifer Alejandra Vásquez Alquijay, de 3 años, en la carretera hacia los campos del club Mayan Golf, en Villa Nueva. La menor fue reportada desaparecida por su madre, Liliana Alquijay.

Al pasar los días, las investigaciones arrojaron que la responsable del crimen sería su propia madre, quien confesó que la había asesinado por haberse comido los alimentos de una vecina.

El 26 de septiembre de 2014

Kesler Joel Isara Centeno, de 18 años, asesinó a Estefany Daniel Culex, de 1 año y medio de edad, por quien exigió dinero a Eva Raquel Carrillo, madre de la pequeña.

El secuestro ocurrió en la Calzada Roosevelt.

Isara Centeno mató a la pequeña y abandonó el cadáver en un barranco de la zona 1 de Mixco.

Enero de 2013

Los cuerpos de dos niñas de 6 y 11 años fueron localizados en la colonia Roosevelt, zona 11, con señales de haber sido estranguladas, mientras Carmen Virginia Tuez Franco y Silvia Matilde Gaitán Franco, madre y tía de las niñas, fueron localizadas en la zona 9. Las cuatro fueron asesinadas en la colonia Quinta Samayoa, zona 7, y sus cuerpos lanzados en diferentes lugares. Cámaras de videovigilancia colocadas en los sitios de los hallazgos favorecieron la captura de los asesinos.

25 de septiembre 2014

Dulce Raquel Vásquez Lara, de 10 años, desaparece de la Escuela República de Italia, ubicada en la colonia Santa Faz, Chinautla. La madre, al llegar a recoger a la niña al establecimiento, se percata de que había desaparecido, por lo que el Ministerio Público ingresa al centro educativo y captura a Edwin Venegas, quien trabajaba como conserje, y a su esposa, Debia Patricia Pensamiento, responsable directa del hecho.

Venegas Castañeda da pormenores de la muerte de Dulce Raquel, y confiesa que el pago del rescate de Q57 mil habría sido para saldar una deuda.

El 23 de junio de 2015,

Pensamiento Hernández es condenada a 65 años de prisión por el secuestro y asesinato de la menor.

Secuestro de niña, en San Marcos. (Video: Youtube)

Mary Jane Veloso, de 30 años, ya le explicó a sus hijos Mark Darren, de seis años, y Mark Danielle, de 12, que no volverá a casa.

“Si mamá no vuelve a casa, sólo piensa que mamá está en el cielo” les dijo, según cuenta su hermana mayor, Marites, en el puerto de Cilacap, el acceso a la isla prisión de Nusakambangan, donde la filipina y otros siete condenados a muerte (de Australia, Brasil y Nigeria) esperan a ser ejecutados, probablemente el miércoles.

Los dos hijos de Veloso viajaron con sus familiares, algunos de los cuales nunca habían subido a un avión, desde una pobre comunidad del norte de Manila para oír un mensaje casi imposible de aceptar.

Las autoridades indonesias condenaron a la criada filipina por tráfico de heroína en el 2009, pero ella siempre ha asegurado que su único error fue caer en la trampa de una red criminal, que amenaza con matar a su familia si habla.

Su caso ha suscitado una honda conmoción en su país, causando incluso manifestaciones delante de la embajada indonesia en Filipinas. Hasta el campeón de boxeo Manny Pacquiao, que se está entrenando en Los Ángeles para uno de los combates más esperados de la historia, pidió el lunes al presidente de Indonesia, Joko Widodo, que le perdonara la vida a su compatriota.

– Aferrados a la esperanza –

La familia de Veloso se aferra a la esperanza de ver aplazada su ejecución, pero sus esfuerzos parecen cada vez más desesperados.

Aunque la mayoría de los indonesios ve con buenos ojos que se condene a muerte a los narcotraficantes, el caso de Veloso ha conmovido a parte de la población, por el hecho de que muchos criados indonesios también fueron ejecutados mientras trabajaban en el extranjero.

Sus familiares lloraban y se preparaban a acudir a Nusakambangan, cuando aparecieron varias personas con banderas que rezaban “Salvad a Mary Jane“, pidiéndoles que no perdieran el ánimo.

El mensaje no le servirá de consuelo a Celia Veloso, la madre de Mary Jane, cuyos llamamientos para salvar la vida de su hija suenan cada vez más desesperados.

“Dice mi hija es inocente… no es fácil perder a alguien como ella”, cuenta el padre Harold-Toledano, un cura filipino que acompaña a la familia.

“Me gustaría decirle que sólo Dios tiene derecho a tomar la vida de alguien“, declaró Marites Veloso, la hermana de Mary Jane, en un mensaje para el presidente Widowo.

Marites teme por sus sobrinos, que juegan alegremente con sus coches de juguete en el hotel, ajenos a la desesperación de su familia y a los diplomáticos que se agitan a su alrededor.

Varios diplomáticos y numerosos familiares de los dos condenados australianos, Myuran Sukumaran y Andrew Chan, también se apresuraron a visitarlos después de que Yakarta notificara que su ejecución es inminente.

Ambos eran integrantes de una red de narcotráfico conocida como los “nueve de Bali.”

Este lunes, uno de sus abogados, Todung Mulya Lubis, salió de la cárcel con un autorretrato de Sukumaran, un aficionado a la pintura, que se titula “The second last day” (“El segundo último día”).