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Cómo los acuerdos de AMLO con actores criminales en Chiapas impactaría en Guatemala, según experto

La cartera del Interior descarta que se haga lo mismo en el país porque la ley lo prohíbe. Especialista asegura que esos acuerdos impactarían negativamente en Guatemala.

Raúl Barreno Castillo

26 de abril de 2024 | 05:00h

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El Ejército de Guatemala desplazó a elementos a la frontera de Guatemala con México en aldeas de Tacaná, San Marcos que colindan con Motozintla, Chiapas. (Foto Prensa Libre: Ejército de Guatemala).

El titular del Ministerio de Gobernación (Mingob), Francisco Jiménez, reaccionó a las declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien en su acostumbrada conferencia Mañanera reconoció que su gobierno ha buscado alcanzar acuerdos con los grupos criminales que operan en Chiapas, estado fronterizo con departamentos guatemaltecos como San Marcos, Huehuetenango, Quiché y Petén.

En esta región, desde hace al menos dos años, los municipios mexicanos, muchos de ellos cercanos a guatemaltecos, viven una ola de violencia por la disputa de dos cárteles del narcotráfico, el Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa.

De acuerdo con las autoridades guatemaltecas, desde hace más de un año mantienen el plan operativo “Cinturón de Fuego”, el cual consiste en blindar la frontera común con México en departamentos del altiplano occidental y del norte.

Según cifras del Ejército, son al menos 4 mil 500 efectivos castrenses destacados a lo largo de la costa sur hasta los límites territoriales de Quiché.

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La Policía Nacional Civil tienen a 500 agentes asignados a estas tareas. En lo que va del año han detenido a ciudadanos guatemaltecos que llevan grandes cantidades de dinero, droga, armas y municiones, así como vehículos con reporte de robo. No se ha registrado ningún enfrentamiento con grupos vinculados con el narcotráfico.

Jiménez explicó que desconocía lo que sucedía en México, pero argumentó que, “si por acuerdos debiéramos entender de alguna tregua o algo por el estilo, esto en Guatemala la legislación no permite darle un espacio a un actor criminal”.

Si es de esa forma, “entonces está descartado totalmente”, aseguró el jefe de Gobernación.

“Esto lo digo porque en el caso de maras y pandillas vemos que se está dando ese desequilibrio entre ellos, y esto es resultado de lo que hemos estado haciendo”, añadió.

El ministro dijo que no puede hablar de México. “Desconozco la situación. No deberíamos hablar de acuerdos de este tipo porque sería mantener un equilibrio donde lo que vamos a hacer es impactar a la población. Nuestra preocupación más importante es la seguridad de las personas”, reconoció.

Sería “un descalabro”

Francisco Girón, analista en temas de seguridad e inteligencia, opina que la decisión de México pone en una posición complicada a Guatemala porque debe tomar acciones concretas para enfrentar a ese tipo de grupos en un futuro cercano.

“Está claro que la situación, como dice el ministro de Gobernación de Guatemala, es -ocurre- totalmente en México. Los carteles tienen sus señoríos, tienen sus áreas y sus propias luchas. Es preferible para México no tener una guerra sangrienta clandestina entre estos y la Guardia Nacional y la Marina. La situación de México es una, y en la frontera con nuestro país lo que quieren es el paso directo de la droga hacia su territorio”, expone Girón.  

Sin duda alguna, refiere el especialista, en el lado de Guatemala, en el Occidente, es un problema “y se debe enfrentar de manera contundente. Transar con ellos, llegar a acuerdos como quiere establecer México, sería para Guatemala un descalabro en el ámbito de la seguridad y el Triángulo Norte”.

Para Girón, “en el país se debe comenzar a analizar ese crimen organizado y el narcotráfico como parte de un concepto que se denomina insurgencia criminal”.

“Esta insurgencia criminal se reconoce en los conflictos entre Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, y también en Tajumulco e Ixchiguán, San Marcos (fronterizo con México)”, agrega.

En aquellos lugares, según Girón, el crimen organizado “está haciendo uso de estos delincuentes y criminales que emplean tácticas militares”.  

Además, considera que el problema de las declaraciones del presidente de México es que solo mira el problema en su territorio y hace pensar que los grupos criminales solo llegarán a los ríos Suchiate y Usumacinta, o El Ceibo.

“Esto no es así. Esos grupos van a pasar con entera libertad si así lo quieren”, argumenta.

Es por eso, expone el especialista, que el motivo de análisis para Guatemala es diferente. “Se debe buscar coordinación, comunicación y cooperación con el Grupo de Alto Nivel de Seguridad México-Guatemala (Ganseg)”, sugiere.

“Definitivamente se tiene que reforzar las estrategias ya existentes y fortalecer ese grupo de alto nivel”, explica Girón.  

Para el experto es necesario ir un paso adelante porque el problema se podría venir pronto. “Los grupos mexicanos querrán venir directamente a traer las drogas, sin intermediarios, como ya ocurre. Los clanes locales serán desplazados, como ya se ha visto”, puntualiza.  

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Los acuerdos

El presidente de México reconoció este 25 de abril que su Gobierno “ha buscado la forma de llegar a acuerdos. Nosotros, la verdad, lo que exhortamos es a que no lleven a cabo actos ilícitos, eso es lo que hacemos, y cuidar a la población civil y no dejarnos intimidar por nadie, deben ellos entender que no se puede enfrentar la violencia con la violencia”.

El gobernante mexicano afirmó que ha desplegado a la Guardia Nacional, que protege a la población civil y que no hay complicidad con ninguna banda.

“No (me presionan los criminales), porque yo no me dejo, no me dejo presionar por nadie, yo no establezco relaciones de complicidad por nadie. ¿Qué es lo que sucedía antes? ¿Por qué se complicó todo? Porque se protegía a unos y se perseguía a otros”, manifestó.

La polémica por el crimen organizado en Chiapas crece después de imágenes divulgadas en la que un grupo de encapuchados interceptó a la candidata presidencial del oficialismo, Claudia Sheinbaum, mientras transitaba en su vehículo por carreteras de Chiapas, donde le pidieron que “no se olvide” de la frontera.

Los enmascarados, que pertenecen a un presunto grupo de autodefensas civiles, negaron en un video que fuesen parte de un “montaje” de la oposición, como denunció López Obrador, a quien le pidieron “que diga las cosas tal y como son”.

“Tienen todo su derecho a expresarse, nada más que yo creo que no deja de ser propaganda y que nosotros no estamos para celebrarlo, que, si ellos son ciudadanos y están preocupados por la violencia, por la falta de tranquilidad, de paz, ¿para qué se encapuchan?”, añadió.

El pueblo de México es excepcional. Todos estamos muy orgullosos de nuestro gran país. Conferencia matutina https://t.co/KJFS9JZglv

— Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 25, 2024

Cartel Chiapas-Guatemala

En Chiapas desde el año pasado se habla de un nuevo cartel integrado por ciudadanos mexicanos y guatemaltecos. Las notas de la prensa chiapaneca les han denominado el Cartel de Chiapas y Guatemala (CCYG).

La última vez que se supo del CCYG fue el 31 de marzo último. Un vídeo subido a la red, y en el que se ve a los integrantes de este cartel con los rostros con pasamontañas y con fusiles en mano y otras armas largas, lanzan un mensaje a las autoridades estatales de Chiapas.

En él niegan la presencia del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Chiapas y acusan a las autoridades de fabricar una “narrativa por motivos políticos y de seguridad”.

Aseguran que ellos han luchado en los últimos años contra el Cartel de Sinaloa (CDS), quienes se han apoderado de “la plaza de Chiapas”, desde el 2016.

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De hecho, entre el 23 y 31 de marzo, principales áreas de Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas, han sido escenarios de enfrentamientos entre organizaciones criminales que se disputan el control del territorio para el narcotráfico, el tráfico de personas y armas, entre otros delitos.

Periodistas mexicanos aseguran que la “paz en Chiapas se acabó el 7 de julio del 2021 cuando un comando armado, vinculado con el CJNG, mató a Ramón Rivera Maravilla, alias el Junior y a sus guardaespaldas durante una emboscada en Tuxtla Gutiérrez.

La muerte de Rivera Maravilla dejó ese vacío de poder que se han disputado diversos actores como Jesús Esteban Machado Meza, alias el Güero Pulseras, a quien Ismael Zambada, el Mayo, habría enviado directamente para hacerse cargo del CDS en Chiapas.

Y es justamente contra Machado Meza que el CCYG ha lanzado la advertencia de que seguirán recuperando la plaza en esa frontera con Guatemala.

En su tránsito hacia Tapachula, Claudia Sheinbaum fue interceptada por hombres encapuchados en la entrada al municipio de Motozintla, para pedir que evite que ese lugar “sea un desastre más”, tal como ocurre en Frontera Comalapa, municipio que está bajo control del CJNG pic.twitter.com/6UCpefNLZN

— El Universal (@El_Universal_Mx) April 22, 2024

Ellos fueron plagiadas por supuestos pobladores de una comunidad de Tajumulco el 25 de septiembre por la tarde, cuando iban a bordo de un picop propiedad del MP. Las tres personas llegaron al área por una diligencia en la que procesaban un área por robo de energía eléctrica.

Desde entonces, las familias de los tres funcionarios han estado pendientes del estado de salud y de la resolución de la situación que está en manos del MP y también del comando antisecuestros de la Policía Nacional Civil (PNC).

La demanda de las personas que los mantienen cautivos es que cierren la sede municipal del MP en Tajumulco y liberen a Dionicio Martín Gómez y Kenis Abraham Ángel Guzmán, de 48 años, arrestados el 2 de septiembre y 23 de agosto pasados.

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Ellos están vinculados con el crimen del coronel de Infantería Amílcar Nicolás Bautista Fuentes, quien  murió en forma violenta el miércoles 29 de marzo del 2023, cuando auxiliaba a dos comerciantes originarios de Quetzaltenango que quedaron atrapados en un fuego cruzado entre presuntos pobladores de Ixchiguán y Tajumulco.

Las dos personas guardan prisión en la granja penal de Cantel, en Quetzaltenango, donde se ha habilitado un sector como cárcel preventiva de San Marcos, ya que este departamento no cuenta con prisión desde el terremoto del 2014, que destruyó varias inmuebles en esa cabecera, incluida la cárcel.

Caso de dos policías privados

El 3 de junio del 2022 la empresa de seguridad privada Forza hizo público el secuestro de dos guardias de seguridad y la destrucción de un blindado que no llevaba efectivo, y solo transitaba por un área en disputa entre Ixchiguán y Tajumulco.

Aquella vez se reveló el secuestro y desaparición de los policías privados Bonifacio Pérez Ixcol y Francisco Javier García Hernández.

En el comunicado, la empresa señaló que el vehículo blindado en el cual se transportaban los empleados fue interceptado por pobladores del sector.

Dispararon contra el vehículo, los empleados no opusieron resistencia, fueron secuestrados y el auto fue destruido, denunció la empresa privada de seguridad

Era una unidad tipo picop que “iba en tránsito con destino a estos municipios y no transportaba valores en ese momento”, indicaron en el texto público.

El 8 de junio de ese año el Consejo de Ministros decidió decretar un estado de Sitio en el lugar, porque este hecho se sumaba a otros que habían afectado la estabilidad de la región por los constantes conflictos bélicos en los que “usaban armas largas y cortas, algunas de ellas de uso exclusivo del Estado”.

El viernes 10 de junio se reportó el hallazgo de dos cuerpos calcinados en un área entre Tajumulco e Ixchiguán. El hecho se asoció con los dos guardias privados. Los cadáveres fueron trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

El ente científico confirmó el viernes 2 de septiembre del 2022 que uno de los cuerpos hallados carbonizados  correspondía Francisco Javier Gracía Hernández, de 49 años, a uno de los guardias privados de la empresa de valores. 

Sobre Bonifacio Pérez Ixcol, a la fecha, todavía se desconoce si es la otra persona hallada calcinada.

Se consultó con Inacif al respecto. “En este caso se mantiene bajo análisis, dadas las condiciones en las que fueron remitidos los restos óseos ha dificultado de sobremanera la identificación, los análisis continúan siendo efectuados por el equipo multidisciplinario”, respondió.

Otro caso fue el de una familia que quedó en medio de una balacera en el volcán Tajumulco, San Marcos, el 13 de mayo de 2022 y pudo recuperar un vehículo hasta el 12 de junio, en medio ya del estado de Sitio que se impuso a partir del secuestro y desaparición de dos policías privados.

Además, el 14 de octubre del año pasado fue asesinado el abogado Gerson Chamalé, de 39 años, por dos sujetos en motocicleta en un sector de la aldea Piedra Grande de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos. Era asesor del alcalde de Ixchiguán.

El 19 de octubre de 2022 se reportó la muerte violenta de José Ricardo Girón Escobar, de 50 años, durante una balacera en Las Brisas, aldea Villa Real de  Tajumulco. Otras dos personas resultaron heridas.

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Las familias han mantenido alguna comunicación con la auxiliatura de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y el MP, pero hasta ahora desconocen avances sobre la liberación de los tres trabajadores ministeriales.

Las tres personas privadas de la libertad, según ha confirmado la PDH son el técnico de Dirección de Investigaciones Criminalísticas (Dicri) Julio Rainier Jiménez Osorio, el piloto Mario Enrique González Miranda; y el jefe de la fiscalía municipal de Tajumulco, Baudilio Napoleón Navarro Almengor.

Ellos el día de su secuestro iban a bordo de un picop propiedad del MP. En un principio la PDH también había mencionado al técnico de la Dicri Kevin Alexander Rodríguez de León, pero según se ha confirmado no fue secuestrado.

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Las tres personas que se encuentran secuestradas desde el lunes 25 de septiembre del 2023 en la aldea Tuinimá, Tajumulco, San Marcos, laboran en la fiscalía del municipal del MP de Tajumulco.

“Estamos sumamente preocupados”, indican los familiares en un comunicación que le hicieron llegar a la PDH local, “ya que no hemos tenido respuesta alguna ante esta situación”.

Agregan: “Entendemos que el país está pasando por un proceso complicado, pero no podemos dejarlos en el olvido”.

“Ellos no merecen estar privados de su libertad lo cual violenta uno de sus derechos. Son personas que únicamente están trabajando para llevar el sustento a sus hogares; ellos tienen familia que está esperando verlos regresar con bien, no solo son hijos, ellos también son padres de familia, esposos, hermanos, primos y amigos”, explican en la misiva.

“Algunos de ellos necesitan medicamentos ya que sufren quebrantos de salud y por lo cual estamos preocupados”, aseguran.

Los familiares de las tres personas hasta ahora desaparecidas le piden a la PDH que pueda intermediar ante tal situación “ya que no contamos con información. Hasta el momento no existe ningún pronunciamiento de la fiscalía distrital del MP de San Marcos ni de las autoridades regionales y mucho menos de las centrales en la capital de la República”

“Queremos suplicar a las personas que los tienen que nos los entreguen con vida ya que así fue como se los llevaron y que no se sigan vulnerando sus derechos”, exponen en la misiva.

El caso

La razón por la que los retuvieron contra su voluntad, según el informe oficial de la auxiliatura de la PDH, es que llevaban a cabo una diligencia de inspección de campo respecto relacionada con el robo del fluido eléctrico.

Desde entonces, autoridades del MP y de la PNC solicitaron el acompañamiento de la institución del PDH con el objetivo de realizar el proceso de diálogo con los comunitarios para la liberación de las personas en mención.

De acuerdo con la información oficial el comando antisecuestros de la PNC ya interviene en el hecho. Además, han detectado que a los tres empleados del MP los mantienen en movimiento entre comunidades de Tajumulco, Sibinal y Tacaná, y eso ha imposibilitado el rescate.

Familiares de las víctimas han denunciado ante las instituciones que saben que han recibido tratos inhumanos, y están en condiciones lamentables. Uno de los retenidos requiere de medicamentos, y han abogado por que los reciba.

La demanda de los pobladores, según el auxiliar del PDH, es que se cierre la sede municipal del MP en Tajumulco, que liberen a dos personas que fueron arrestadas en pasadas semanas, y están vinculadas con el crimen de un miembro del Ejército y guardan prisión en la granja penal de Cantel.

El coronel de Infantería, Amílcar Nicolás Bautista Fuentes murió en forma violenta el miércoles 29 de marzo de 2023 cuando quiso auxiliar a dos personas que quedaron atrapadas en el fuego cruzado entre pobladores de Ixchiguán y Tajumulco.

Al 5 de octubre siguen secuestrados, confirma la auxiliatura de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) de San Marcos, que aseguran que, en conjunto con otras instancias como la Policía Nacional Civil y la gobernación departamental, han intentado negociar para lograr la liberación, no obstante, no ha sido posible hasta ahora.

De acuerdo con el auxiliar del PDH, Luis Enrique Morales Castillo, el 27 de septiembre, dos días después del secuestro, que fue a eso de las 15.30 horas en el lugar que llaman Ventana de la Muerte, carretera principal con destino a Ixchiguán, aldea Tuinimá, Tajumulco, presentaron un recurso de exhibición personal en favor de los trabajadores del MP.

Las personas retenidas fueron identificadas como Baudilio Napoleón Navarro, encargado de la agencia fiscal de Tajumulco, y los técnicos de la Dicri, Kevin Alexander Rodríguez de León y Julio Rainier Jiménez Osorio.

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Morales Castillo descartó que el caso tenga relación con asuntos del narcotráfico o la producción de amapola.

La razón por la que los detuvieron, según el informe oficial de la auxiliatura de la PDH, es que llevaban a cabo una diligencia de inspección de campo respecto relacionada con el robo del fluido eléctrico.

Desde entonces, autoridades del MP y de la PNC solicitaron el acompañamiento de la institución del PDH con el objetivo de realizar el proceso de diálogo con los comunitarios para la liberación de las personas en mención, mencionó Morales Castillo.

De acuerdo con la información oficial el comando antisecuestros de la PNC ya interviene en el hecho. Además, han detectado que a los tres empleados del MP los mantienen en movimiento entre comunidades de Tajumulco, Sibinal y Tacaná, y eso ha imposibilitado el rescate.

Familiares de las víctimas han denunciado ante las instituciones que saben que han recibido tratos inhumanos, y están en condiciones lamentables. Uno de los retenidos requiere de medicamentos, y han abogado por que los reciba.

La demanda de los pobladores, según el auxiliar del PDH, es que se cierre la sede municipal del MP en Tajumulco, que liberen a dos personas que fueron arrestadas en pasadas semanas, y están vinculadas con el crimen de un coronel del Ejército y guardan prisión en la granja penal de Cantel.

El coronel de Infantería, Amílcar Nicolás Bautista Fuentes murió en forma violenta el miércoles 29 de marzo de 2023 cuando quiso auxiliar a dos personas que quedaron atrapadas en el fuego cruzado entre pobladores de Ixchiguán y Tajumulco.

Las dos personas capturadas y por las que piden el canje con los empleados del MP son Dionicio Martín Gómez, arrestado el 2 de septiembre, y Kenis Abraham Ángel Guzmán, de 48, detenido el 23 de agosto.

El jefe de prensa e información del MP, Juan Luis Pantaleón, comenta que “se están coordinando las acciones correspondientes para rescatar a los trabajadores del MP”.

“En ningún momento se ha dejado de dar seguimiento vía el equipo debidamente capacitado. No hay que dejarse llevar por especulaciones de gente que no tiene conocimiento del tema”, argumenta.

Aquel día, Karen Vanessa Amaya y su esposo Eduard Haroldo Gramajo Thomas, originarios de Quetzaltenango,  visitaban tiendas de la localidad para vender algunos productos, cuando quedaron en medio del tiroteo en la aldea Tuichán, Ixchiguán. 

Gramajo Thomas murió en el acto, mientras Amaya, herida, y para salvar su vida, fingió estar muerta por más de dos horas hasta que llegaron autoridades y población civil a auxiliarlos. De hecho, Bautista Fuentes murió cuando intentó apoyar a la pareja a salir del medio de los disparos. 

Desde entonces, la División Especializada en Investigación Criminal (Deic) de la Policía Nacional Civil (PNC) han desarrollado un trabajo de específico en el área para desarticular a la célula que opera en el área y que en asociación ilícita comete crímenes en el área limítrofe de ambos municipios.

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Capturas en el caso

Aunque el caso está en reserva, las autoridades han confirmado que han apresado hasta ahora a ocho miembros de esa estructura criminal que genera zozobra y violencia en los municipios de Ixchiguán y Tajumulco. 

Dos de los nombres a los que tuvo acceso Prensa Libre son Dionicio Martín Gómez, quien fue arrestado el 2 de septiembre en el kilómetro 293, ruta Nacional 1, jurisdicción del caserío La Vega en el municipio de San Pablo, San Marcos. 

A Martín Gómez lo acusan de asociación ilícita y de formar parte del grupo criminal que delinque y causa enfrentamientos armados en Tajumulco e Ixchiguán.

Otro de los detenidos es Kenis Abraham Ángel Guzmán, de 48 años, quien fue arrestado el 23 de agosto en un operativo que de desarrolló en San Marcos bajo cargos de asociación ilícita y asesinato.

En forma preventiva fue trasladado a la cárcel para varones de Quetzaltenango. Fue allí en donde el 6 de septiembre le notificaron sobre su vinculación en el crimen el coronel del Ejército y un vendedor en Ixchiguán.

Ángel Guzmán es originario y residente de la aldea Palma Real, de El Tumbador, San Marcos. A esta estructura no solo la vinculan con el sicariato, sino en asociarse también para traficar con drogas y contrabandear productos que ingresan en forma ilegal desde México.

De acuerdo con la PNC este sujeto es el coordinador e instructor de sicarios y líder de la organización criminal que opera en el área en conflicto entre Ixchiguán y Tajumulco. Los operativos continúan, aseguran las autoridades.

Aunque no se han reportado hasta ahora enfrentamientos entre pobladores de Tajumulco e Ixchiguán la tensión persiste en el área con estas capturas.

Desde abril pasado que las autoridades, por medio de la gobernación de San Marcos, intentaron instalar una mesa de diálogo, pero nunca han estado las dos partes en disputa.

En marzo pasado hubo diversos enfrentamientos que preocuparon al gobierno y que hizo evaluar de nueva cuenta la imposición de un estado de Sitio en el lugar, pero no ocurrió. Hasta ahora no ha pasado. En el área han desaparecido y asesinado a guardias privados de seguridad, a vendedores de carros y otras personas civiles.

La tensión volvió a apoderarse de esta región, aún con la presencia del Ejército y la Policía Nacional Civil (PNC), quienes se quedaron en aquel lugar desde que se había dictado un estado de Sitio por el gobierno de Alejandro Giammattei.

Por ahora los pobladores han recomendado a la población que usa la ruta del sector a tomar vías alternas, porque el conflicto se ha trasladado a la carretera al altiplano, y donde este 19 de octubre reportan la muerte violenta de una persona de 50 años, y las lesiones de otros dos de 41 y 18, quienes pasaban en el sitio cuando se desató una balacera.

De acuerdo con medios locales las víctimas pasaban por la carretera, y fueron alcanzadas por las balas perdidas. El hecho ocurrió en Las Brisas, aldea Villa Real de  Tajumulco. El cuerpo de la persona que murió fue identificado como José Ricardo Girón Escobar.

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Los Bomberos Municipales Departamentales trasladaron a los dos heridos al Hospital Nacional de San Marcos con heridas de arma de fuego en distintas partes del cuerpo. En forma preliminar informaron que la víctima mortal es trabajador de una empresa de bebidas carbonatadas, al igual que uno de los heridos.

Mientras que el otro lesionado es un pastor evangélico originario de Tecticán, Huehuetenango, que pasaba por el área para atender un servicio religiosa en una comunidad cerca de la cabecera de San Marcos.

Investigadores de la PNC y fiscales del Ministerio Público se han desplazado al área para iniciar con las pesquisas. Además, el Ejército acompaña para buscar a los posibles responsables de este hecho.

El pasado 14 de octubre fue asesinado el abogado Gerson Chamalé, de 39 años, por dos sujetos en motocicleta en un sector de la aldea Piedra Grande de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos.

Chamalé era asesor del alcalde de Ixchiguán, uno de los municipios involucrados en la disputa, y en varias oportunidades había planteado acciones legales para frenar la violencia que generaba la supuesta disputa territorial.

Este 22 de septiembre las fuerzas combinadas, Ejército y PNC, reportaron que habían incautado un arsenal en una casa en construcción que está en aquella localidad, y que ha estado tomada por bandos contrarios que no solo se disputan los límites territoriales, sino que se han vinculado con el crimen organizado y el narcotráfico

El Ejército publicó en sus redes sociales que durante uno de los patrullajes de “seguridad y reconocimiento” localizaron varios “fusiles, cargadores con municiones, visores nocturnos y equipo de protección personal, en una construcción sin finalizar, entre el área de conflicto de Ixchiguán y Tajumulco”.

Sin embargo, horas después, según la versión oficial, un comando armado, que se enfrentó a balazos a las fuerzas del orden, quiso recuperar las armas incautadas y retuvo a un oficial de la PNC que casi 12 horas después fue liberado. Se desconocen hasta ahora los pormenores de la negociación para lograr ponerlo a salvo.

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Consultado el jefe de la cartera del Interior, Napoleón Barrientos, confirmó el hecho, aunque no quiso ahondar en detalles. Únicamente comentó que la situación había sido tensa en el área.

El Gobierno en julio pasado había impuesto un estado de Sitio que se prolongó por 30 días para resolver los problemas que ocasionan grupos armados en esa zona.

Diversos analistas han señalado que los problemas entre Ixchiguán y Tajumulco han cobrado otros matices distintos a una simple disputa territorial y en el lugar operan bandas de contrabandistas y narcotraficantes en muchas ocasiones se han enfrentado al Ejército y la PNC.

El pasado 2 de septiembre el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) confirmó que uno de los cuerpos carbonizados encontrados entre Tajumulco e Ixchiguán, San Marcos, en junio pasado correspondía a uno de los guardias privados de una empresa de valores.

“La complejidad del suceso ha requerido semanas de análisis, los que permitieron determinar la identificación científica de Francisco Javier García Hernández, de 49 años”, explicó el Inacif.

Sin embargo, agregaron, por lo complicado del caso “la causa de muerte continúa en estudio”, agregó la institución en un comunicado.

El 7 de junio último, la empresa Forza Cash Logistics informó que el 3 del mismo mes, en horas de la tarde, uno de sus vehículos blindados fue baleado por pobladores con “armas de alto calibre”.

Ese día, sujetos fuertemente armados secuestraron a García Hernández y su compañero Alejandro Bonifacio Pérez Ixcol. Ellos fueron interceptados por un comando a la altura del caserío Bella Vista en la aldea Tuichán, en Ixchiguán.

De hecho, esa misma semana, el embajador de aquella nación en el país, William Popp, viajó junto con el ministro de la Defensa, Henry Reyes y otros representantes del gobierno, a la playa de Tilapa, en Ocós, San Marcos, para abrir “una base de operaciones para las Fuerzas Especiales Navales, que persiguen fortalecer el acceso al flujo marítimo de narcóticos para aumentar la seguridad”.  

Y es que, en aquella región, según los reportes oficiales estadounidenses, se ha observado un aumento en el trasiego de drogas que llegan desde Colombia, Venezuela y Ecuador, principalmente, y arriban a Guatemala, Honduras y El Salvador usando no solo el litoral pacífico por vía terrestre, sino también marítima.

Además, siguen volando por cielos guatemaltecos, en especial en los departamentos de San Marcos, Retalhuleu, Suchitepéquez, Escuintla, Petén, Quiché y Alta Verapaz.  

Mientras que, en Huehuetenango, a pesar de que no se ha operativizado alguna acción a gran escala ante los hechos, y obligado a muchas personas a ya no viajar hacia la frontera que está en la aldea La Mesilla del municipio de La Democracia, las cosas también lucen complicadas.  

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Según las autoridades, los clanes criminales locales experimentan con la siembra de hoja de coca, amplían la de marihuana en lugares con índices altos de pobreza, el almacenaje de cocaína en puntos estratégicos y continúan con una lucha que se ha cobrado víctimas mortales por el traslado de la mercancía entre los territorios.  

El exministro de Gobernación, y experto en temas de narcotráfico, Francisco Rivas, confirmó que las autoridades estadounidenses se han visto en la “necesidad de advertir a sus ciudadanos de no visitar determinados departamentos y municipios por la proliferación y el actuar criminal del narcotráfico”. 

Rivas, que también fue fiscal de delitos de narcoactividad, agregó que “Estados Unidos investiga y persigue este fenómeno delictivo y tienen claridad de que las organizaciones dedicadas al trasiego de drogas están operando en determinadas áreas y en el caso de Ixchiguán tienen información de que los grupos que se dedican a promover el cultivo de la amapola operan impunemente y están generando mucha violencia e inseguridad”.  

Y en este sentido el Gobierno declaró un estado de Sitio en aquel municipio y su vecino Tajumulco.  

Mientras el Congreso ratificaba el estado de Sitio en Tajumulco e Ixchiguán, las fuerzas de seguridad retomaron la seguridad y descubrieron varios búnker desde donde se coordinaban ataques armados.… https://t.co/9lUyQY3AHY

— Prensa Libre (@prensa_libre) June 10, 2022

“Todo esto se suma a los problemas que históricamente ha existido en esos municipios por los límites territoriales”, puntualizó.   

Para Rivas la advertencia en vídeo que circuló del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) hace meses levantó más las alarmas y señaló que ese grupo “ha incursionado en el territorio nacional, especialmente en el área fronteriza de Huehuetenango y de ahí operan en el país”.  

Tiene como socio al grupo local de Los Huistas, que desde hace años ha mantenido el control del trasiego en aquella región guatemalteca.   

“Hay pronunciamientos públicos de ese cartel, que es uno de los más fuertes y sanguinarios que existen en México ahora y que ya están en el territorio nacional, están actuando desde ahí y como se conoce del nivel de agresividad y violencia que esta organización comete, Estados Unidos se ve obligado para advertir a sus ciudadanos”, comentó Rivas.  

El cardenal y obispo de Huehuetenango, Álvaro Ramazzini, responsabiliza al Estado de haber dejado varios territorios sin atención, lo que fue aprovechado por el narcotráfico.https://t.co/9NtgGOoTzW

— Prensa Libre (@prensa_libre) September 5, 2019

Pero sumado a la presencia de personajes vinculados al CJNG, grupo que ya domina el estado mexicano de Chiapas y siguen en expansión, también aparecen otros factores como la siembra de hojas de coca, de marihuana y la disputa de algunos territorios en regiones del Pacífico nacional.  

El asunto, al final, es que Estados Unidos ha comenzado a presionar para frenar a este grupo criminal como alguna vez lo hizo con Los Zetas quienes operaron en el país.  

Jalisco Nueva Generación 

En San Marcos y Huehuetenango la preocupación es la presencia del CJNG, a quienes, según las investigaciones, han detectado que han enviado emisarios para hacer negocios con grupos narcotraficantes locales.   

La Fiscalía de Delitos de Narcoactividad del Ministerio Público (MP) ha hecho interceptaciones telefónicas en los últimos dos años y ha confirmado llamadas entre mexicanos y guatemaltecos vinculados con el CJNG. El objetivo, planear la estrategia para llevar estupefacientes hacia aquel territorio y luego dejarlos en México y Estados Unidos, como destino final.   

Militares son involucrados en operativo que brindó seguridad para transportar cargamentos de cocaína de la estructura del narcotraficante Juan Ortíz, alias “Chamalé”. https://t.co/TZztfE567X

— Prensa Libre (@prensa_libre) July 2, 2021

En el caso de San Marcos han identificado a personas vinculadas con los detenidos y extraditados, Juan Ortiz, alias Chamalé y Erick Suñiga, alias Pocho, exalcalde de Ayutla (Tecún Umán) y fallecido en una prisión estadounidense, entre otros.  

Son estos personajes los que mantienen contacto con integrantes del CJNG, mientras que en Huehuetenango son Los Huistas.  

El subjefe de la Fiscalía de Narcoactividad, Allan Ajiataz, explicó que San Marcos y Huehuetenango, por su cercanía con México, han tenido una presencia relevante de grupos organizados de narcotráfico “ya que es un punto importante para el traslado terrestre y marítimo de estupefacientes. Por lo tanto, la presencia es constante”.  

De hecho, las autoridades indagan sobre la irrupción del CJNG en los territorios en disputa de Ixchiguán y Tajumulco, que, por ahora, vive un estado de Sitio debido a los enfrentamientos armados que han dejado muertos y heridos, entre civiles y fuerzas de seguridad.  

Alias “Stuart”, antiguo operador del capo extraditado Juan Ortiz Chamalé, está procesado por delitos de narcotráfico. https://t.co/wp4JlUEafF

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Es decir, en el caso de San Marcos, su altiplano y su acceso al mar, le mantienen abierta la puerta al trasiego por esas vías, pero también se han convertido en centro de operaciones y bodega de drogas, en especial la cocaína, que distribuyen en los municipios marquenses y departamentos cercanos como Quetzaltenango. 

Sobre enfocarse solo en el CJNG para evitar lo que ocurre en San Marcos, Ajiataz alertó: “No solo hay que concentrarse en ellos, porque también hay grupos colombianos y ecuatorianos que tienen incidencia no solo en Guatemala, sino en Honduras y El Salvador”.  

El subjefe de la Fiscalía aseveró que el problema no debe “verse aislado, solo para Guatemala. Eso es erróneo. Con Honduras compartimos la producción de hoja de coca, con El Salvador otros temas y así con el resto de Centroamérica, no digamos con algunas naciones sudamericanas, México y Estados Unidos”. 

Petén y el oriente 

El 1 de junio fueron asesinados los mexicanos Euclides Ramos Mina, de 34 años, Érick Eduardo Vidal González, de 19 y Jorge Alberto Romero Guichard, de 23, cerca del basurero del caserío Purucilá, Santa Ana, Petén. Tenían antecedentes en el país vecino por delitos menores y las primeras pesquisas los vinculan con grupos de narcotraficantes que mantienen relación con clanes locales que operan en los municipios colindantes con territorios mexicanos. 

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Investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC) revelaron que, por el escenario criminal, todo apunta a que los despojaron de alguna mercancía, dinero o droga. 

En un principio se había informado que pertenecían al Ejército de México, pero luego solo determinaron que poseían una cartilla de reservas militares. 

¿Es el CJNG? Todo apunta a que sí. De hecho, en enero pasado, la Fiscalía de Colombia comunicó sobre la incautación de un lujoso narco jet en Petén que transportaba más de una tonelada de cocaína y sería recibido por ese grupo criminal. Este hecho ocurrió a finales de 2021 y fue el 10 de enero pasado que revelaron las investigaciones.  

La mercancía, se supone, procedía de la frontera colombiana con Venezuela y había sido enviada vía aérea al norteño departamento guatemalteco.  

De hecho, la Fiscalía colombiana precisó en el comunicado que emitió ese día que “en las verificaciones iniciales se constató que el estupefaciente era esperado por contactos del Cártel Jalisco Nueva Generación” en territorio guatemalteco. 

De acuerdo con datos del Ejército de Guatemala la última aeronave que localizaron en esa región fue el 9 de abril en la comunidad de Santa Amelia en el municipio de San Andrés Petén. No hubo capturas ni incautación de droga.  

Ocho días antes hallaron otra en La Libertad, dentro de la Laguna del Tigre, y una más en Chisec, Alta Verapaz. Tampoco localizaron estupefacientes y arrestaron a alguna persona.  

El portavoz del Ejército, Rubén Tellez, confirmó el hallazgo de estas y otras cuatro aeronaves. La primera del año fue en la aldea Las Tortugas, Cobán, Alta Verapaz y el 31 de marzo en Purulhá, Baja Verapaz, en Sierra de Las Minas. En esta última sí localizaron 932 kilos de cocaína y cuerpos calcinados. Se presume que la avioneta cayó a tierra.    

#PreguntaPL | El operativo comenzó el sábado 2 de abril y terminó el lunes 4, cuando autoridades contabilizaron 932 paquetes de cocaína hallados en una de las tres avionetas localizadas. Lea Los detalles aquí: https://t.co/3MdTCE37dP Deje sus comentarios. pic.twitter.com/fRZksmDJFy

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La última narcoavioneta localizada fue en La Gomera, Escuintla el 19 de abril pasado. En las últimas semanas las fuerzas del orden han inhabilitado pistas clandestinas en Retalhuleu, Suchitepéquez y Escuintla, departamentos del sur que comparten el litoral del Pacífico.  

De acuerdo con Ajiataz, Petén es otra de las regiones, por su situación limítrofe con México, en donde han notado la presencia del CJNG, pero operando en la misma forma que en San Marcos y Huehuetenango: enlaces locales negocian la mercancía con emisarios mexicanos.    

El gobierno de Estados Unidos está alerta ante la presencia del cartel en ese lugar, así como en Huehuetenango y San Marcos y es por ello que ha reforzado sus trabajos de inteligencia para evitar que pueda ocurrir una incursión como la de Los Zetas entre 2008 y 2010.   

Consideran que la presencia física de integrantes del CJNG debe ser motivo para reforzar los controles en esas fronteras, y es por ello que la primera acción fue instalar un puesto de control en Ocós, San Marcos.  

#NarcosGT | Según fuentes cercanas Erick Salvador Súñiga Rodríguez, alias "El Pocho", exalcalde y pastor evangélico, dará información a la DEA sobre cómo trasegó drogas y entregó dinero a Roxana Baldetti y una excandidata a la presidencia: https://t.co/cSPV1473ca

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El titular de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (Sgaia) de la PNC, Arodi López Fuentes, consideró que están en alerta e investigan la presencia de esta organización en el territorio nacional.  

El Decreto Gubernativo 2-2022 fue publicado este miércoles 8 de junio de 2022 en el Diario de Centro América y establece que dicho estado de Sitio estará vigente desde hoy durante 30 días.  

El decreto menciona que según el informe ejecutivo sobre la vulnerabilidad de la seguridad en los municipios de Ixchiguán y Tajumulco, ambos de San Marcos, presentado por el Ministerio de la Defensa Nacional, se establece que diversos habitantes y grupos armados han realizado actos violentos y ataques en contra de la población y las fuerzas de seguridad, afectando la justicia, desarrollo social, paz y seguridad, colocando en riesgo la vida y la libertad de las personas; por lo que, de carácter urgente, es necesario emitir las medidas oportunas para mitigar los actos violentos y la ingobernabilidad. 

En el artículo 1 el Gobierno declara el estado de Sitio en Ixchigúan y Tajumulco, San Marcos y en el artículo 2, justifica que en ambos municipios se han realizado acciones que afectan el orden público, la gobernabilidad y la seguridad de los habitantes. 

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Recalca que diversos grupo armados “han realizado actos de violencia en contra de las fuerzas de seguridad y la población, poniendo en riesgo la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y e desarrollo integral y patrimonial de los mismos, y para evitar ulteriores consecuencias es necesario implementar con carácter urgente, todas las medidas oportunas a efecto de restablecer las garantías y derechos de los afectados en los referidos municipios”. 

El estado de Sitio se declara por un plazo de 30 a días a partir de la vigencia del presente Decreto Gubernativo, según el artículo 3. 

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Qué derechos quedan limitados 

El decreto establece en el artículo 4 que se restringe la plena vigencia de los derechos reconocidos en los siguientes artículos de la Constitución Política de la República de Guatemala.  

• Artículo 5, libertad de acción 
• Artículo 6, detención legal 
• Artículo 9, interrogatorio a detenidos o presos 
• Artículo 33 (primer párrafo) derecho de reunión y manifestación 
• Artículo 26, libertad de locomoción 
• Artículo 38, tenencia y portación de armas   

Agrega que respecto de la restricción al derecho de libertad de locomoción reconocido en el artículo 26 de la Constitución Política de la República de Guatemala, únicamente estará limitado de las 18:00 horas de un día a las 6:00 horas del día siguiente dentro de los municipios de Ixchiguán y Tajumulco. 

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En el artículo 5 del decreto, se menciona que durante el estado de Sitio el presidente de la República ejercerá el Gobierno en su calidad de Comandante General del Ejército, a través del ministro de la Defensa Nacional, quien deberá tomar las medidas necesarias y pertinentes derivadas de la limitación de derechos constitucionales, debiendo observar el principio de necesidad y proporcionalidad.

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También se establece que el Ministerio de Gobernación, así como todas las autoridades y entidades estatales, de cualquier naturaleza, están obligadas a prestar a la autoridad militar la cooperación y coordinación que les sea requerida, dentro del y ámbito de su competencia, según el artículo 6. 

Medidas durante el estado de Sitio  

Articulo 7 establece as medidas durante la vigencia del estado de Sitio, de conformidad con la restricción de derechos indicada en el artículo 4, y se menciona que se aplicarán las medidas y disposiciones establecidas en los artículos 8, 13, 19 y 42 del Decreto Número 7 de la Asamblea Constituyente de la República de Guatemala, Ley de Orden Público, conforme considere y justifique la autoridad responsable. 

El decreto señala también que en el estado de Sitio, las restricciones que se determinen por las autoridades responsables no podrán ser incompatibles con las obligaciones que impone el derecho internacional en las condiciones siguientes: 

• a) No deben generar discriminación alguna por etnia, sexo, idioma, religión y origen social.

• b) No generen ninguna limitación para la presentación o interposición de garantías judiciales indispensables.

En el artículo 8 se ordena a la Academia de Lenguas Mayas realizar de forma inmediata la traducción del presente Decreto Gubernativo en los idiomas nacionales, correspondientes a las comunidades lingüísticas de los municipios y departamento afectado, para que se comuniquen y publiciten en el territorio declarado en estado de Sitio, bajo la responsabilidad de las autoridades responsables, municipales y comunitarias, quienes deberán recibir el apoyo de todos los medios de comunicación o similares para su difusión. 

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Un informe debe presentarse oportunamente al Congreso de la República de Guatemala con las medidas adoptadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Número 7 de la Asamblea Constituyente de la República de Guatemala, Ley de Orden Público. 

En el artículo 10 se convoca al Congreso de la República de Guatemala para que, dentro del término de tres días, conozca, ratifique, modifique o impruebe el presente Decreto Gubernativo. 

El artículo final menciona que el presente Decreto Gubernativo empieza a regir el día de su publicación en el Diario de Centro América. 

Según reportaron las autoridades, desde que algunos pobladores del área construyeron un búnker el intercambio de disparos entre vecinos del sector se incrementó.  

Fuentes de la Policía Nacional Civil (PNC) explicaron que desde que ocurrió el ataque contra una unidad del Ejército y un destacamento militar en el área de conflicto entre Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, los pobladores de la zona limítrofe en disputa en Tajumulco e Ixchiguán reactivaron el intercambio de disparos.  

Agregaron que también los inconformes les disparan a las unidades policiales para intimidarlas. 

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Las fuentes aseguraron que el pasado 5 de mayo se enviaron refuerzos a la zona para evitar algún incidente mayor entre los pobladores que se disputan límites territoriales en esos municipios de San Marcos.  

Fue por búnker 

Rubén Téllez, vocero del Ejército de Guatemala, confirmó que los disparos en el área se reactivaron hace unos días a raíz de la construcción de una pequeña construcción que tiene paredes reforzadas y que está en la zona en disputa entre Tajumulco e Ixchiguán.  

Comentó que en el área se han detectado varias construcciones similares que los grupos utilizan para disparar y eso genera molestia entre personas del otro municipio.  

Téllez agregó que este tipo de construcciones con muros reforzados están ubicadas en zonas estratégicas del terreno, desde donde se tiene una amplia visualización del área.  

Señaló que en esa zona ya es común este tipo de comportamiento y que constantemente hay intercambio de disparos, sin que al momento haya reporte de víctimas o heridos.  

Confirmó que unidades militares siguen desplegadas en la zona en prevención de cualquier incidente. 

También reiteró que continúan las mesas de diálogo en el área.  

Muertos en la zona 

En febrero de 2022, en esta zona de Ixchiguán y Tajumulco hubo dos incidentes en el que se reportaron dos muertos en menos de 24 horas. 

Josué David Sam Aguilar, u joven de 22 años murió la mañana del sábado 26 de febrero por una bala perdida, aparentemente, disparada en un enfrentamiento armado por el conflicto territorial que mantienen desde hace años pobladores de Ixchiguán y Tajumulco, ambos municipios de San Marcos.  

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La tragedia ocurrió menos de 24 horas después de que, en un hecho similar, un menor de 5 años también muriera por una bala perdida que le impactó mientras estaba en su casa, en una aldea de Ixchiguán. El niño falleció en el Hospital Nacional de la cabecera departamental.  

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Solados heridos  

Dos soldados del Ejército de Guatemala resultaron heridos el 13 de marzo pasado mientras dialogaban con vecinos de una comunidad en San Marcos, como consecuencia de los conflictos que enfrentan Tajumulco e Ixchiguán.  

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Ese día las autoridades reportaron que se dio un intercambio de disparos entre varias comunidades de las localidades en conflicto, y tres horas más tarde vecinos de la aldea Villa Real, se acercaron al destacamento militar a fin de dialogar sobre los conflictos y durante el diálogo se escuchó de entre la multitud de personas una serie de disparos lo que provocó que dos elementos castrenses resultaron heridos. 

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No obstante, un grupo de agentes de la PNC, realiza campañas de prevención de la violencia, como otra de las acciones que se han implementado en los poblados de Tuichán, Ixchiguán, y Villa Real, Tajumulco.

Militares se internan en municipios en conflicto

Los municipios de Ixchiguán y Tajumulco están siendo controlados por militares, quienes intentan desapoderar a los pobladores amparados por el crimen organizado, que por muchos años ha causado temor entre la población.

Los últimos días ha sido de sorpresa por el hecho de que campesinos de Ixchiguán y Tajumulco tengan armas de grueso calibre y hayan construido trincheras y hasta búnkers.

De acuerdo con el Ejército, los pobladores han seguido la logística del crimen organizado, tanto nacional como extranjero.

Además, se conoció que la amapola tiene mucha más importancia que solo el empuje económico en la zona, ya que esta es requerida para ser procesada y convertida en heroína en laboratorios clandestinos. Un kilo de heroína en México tiene un precio de hasta US$35 mil.