Congreso

La CC no tiene fecha para conocer las acciones contra la orden del juez Fredy Orellana

Mon, 27 Oct 2025 23:21:38 +0000

Guatemala

La CC no tiene fecha para conocer las acciones contra la orden del juez Fredy Orellana

La acción del juzgador, a criterio del presidente Bernardo Arévalo, abogados y diputados oficialistas, busca alterar la elección democrática del 2023.

27 de octubre de 2025 | 17:21h

Leyla Lemus es presidenta de la CC desd el pasado 14 de abril y es quien propone las agendas del pleno constitucional. Fotografía: Prensa Libre.

El presidente Bernardo Arévalo anunció en cadena nacional lo que calificó como un nuevo intento de golpe de Estado, pidiendo incluso la ayuda de la Organización de Estados Americanos (OEA) para preservar el sistema democrático.

La solicitud del mandatario se da tras un fallo del juez Séptimo Penal, Fredy Orellana, quien ordenó declarar la nulidad de todo lo relacionado con Movimiento Semilla.

El Organismo Ejecutivo y los 23 diputados oficialistas advierten que el fondo de esa resolución es desconocer la adjudicación de cargos, y junto a algunos abogados independientes, solicitaron el apoyo de la Corte de Constitucionalidad (CC).

Pero pese a los riesgos que podría ocasionar la resolución de Orellana, la Corte que preside la magistrada Leyla Lemus no ha programado la discusión de recursos legales que buscan reconfirmar los resultados electorales del 2023.

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La diputada oficialista Andrea Reyes, y el abogado constitucionalista Edgar Ortiz, presentaron memoriales a la CC con el fin de que se emitan nuevas instrucciones para mantener los resultados electorales.

Solicitaron una debida ejecutoria a una sentencia de amparo a favor de un grupo de ciudadanos, que hace dos años consiguieron el respaldo constitucional para la transición del Gobierno.

Aunque exista ya un fallo de ese tipo en sentencia, la resolución de Orellana es contraria a esos criterios constitucionales, según Reyes y Ortiz, quienes están a la espera de conocer el criterio de la CC al momento de resolver.

Este domingo, Lemus pidió informes al Organismo Ejecutivo y al Congreso, para determinar si a la presente fecha se han respetado los resultados de las votaciones de hace dos años.

Advierte de peligro

El presidente Bernardo Arévalo envió un informe a la CC para explicar que, aunque se cuenta con el respaldo en sentencia de la Corte, la reciente resolución del juez Orellana es un peligro para el sistema democrático.

“Pretender que un juez penal puede dictar la nulidad absoluta de un partido político no afecta únicamente a sus miembros, sino a todo el sistema republicano, democrático y representativo del Estado de Guatemala”, explicó el presidente.

El mandatario reiteró que es necesario que se reafirmen las medidas que ya dictó la CC hace dos años, y así permitir el respeto absoluto a los resultados electorales.

“No solo el Ejecutivo se vería afectado, sino todos los participantes del proceso, por incidir directamente en la sumatoria de los votos realizadas por las Juntas Receptoras de Votos, la consolidación de las mismas Juntas Electorales Municipales y juntas Electorales Departamentales”, refirió.

La intención, según el análisis del gobernante, es trastocar “la integración del Organismo Ejecutivo, Organismo Legislativo, Consejos Municipales y el Parlamento Centroamericano en el período constitucional en curso”.

El presidente @BArevalodeLeon expone directamente a la @CC_Guatemala que la resolución del juez Fredy Orellana busca alterar el resultado de las elecciones generales del 2023. El informe fue entregado ayer, pero el caso no ha sido programado para discusión en la Corte. pic.twitter.com/kyLHLHJ9BU
— Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) October 27, 2025

No profundizan

A diferencia del informe enviado por el Organismo Ejecutivo, el del Congreso no profundiza en los alcances que podría tener la resolución del juez Orellana, a pesar de que a ellos como organismo de Estado se les notificó de la resolución.

El Legislativo cumplió con la entrega de su informe a la CC este domingo a las 20.25 horas, añadiendo una voluminosa cantidad de expedientes relativos a actas de sesiones de comisión permanente previó al cambio de gobierno, actas de sesiones del 14 de enero del 2025 y la actual integración del quorum legislativo.

En el documento, el parlamento se enfoca en decir que a la fecha se ha cumplido con la resolución de la CC y que fueron notificados de la orden del juez, haciendo una trascripción de la misma sin ningún tipo de análisis o valoración.

Guatemala podrá enviar a mareros a cárceles en el extranjero, según nueva ley antipandillas

Thu, 23 Oct 2025 06:01:00 +0000

Guatemala

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Guatemala podrá enviar a mareros a cárceles en el extranjero, según nueva ley antipandillas

La medida aprobada por los diputados es temporal, hasta que el país construya su propia cárcel de máxima seguridad, exclusiva para pandilleros.

Douglas Cuevas

23 de octubre de 2025 | 00:01h

Este año autoridades han desarrollado múltiples requisas, exponiendo como pandilleros cuentan con lujos y privilegios. Fotografía: Prensa Libre.

Guatemala no cuenta con una prisión capaz de contener a los pandilleros, por lo que el Congreso autorizó al Gobierno a buscar acuerdos con otros Estados y trasladar a reclusos condenados por pertenecer a maras.

La disposición, en materia de seguridad y control penitenciario, fue incluida como una de las enmiendas al decreto 11-2025, que contiene la nueva Ley Antipandillas.
La normativa fue aprobada luego de la decisión del Gobierno de Estados Unidos de declarar como terroristas a los pandilleros y luego de una reciente fuga masiva que evidenció la fragilidad del sistema carcelario en el país.

El traslado de mareros a cárceles en el extranjero quedó establecido en un artículo transitorio, por lo que será una medida temporal, válida únicamente mientras se construye en Guatemala un penal de máxima seguridad.

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Este martes 21 de octubre, el pleno del Congreso emitió el decreto, que pasará ahora a revisión de estilo y luego será enviado a la Presidencia de la República. El mandatario Bernardo Arévalo deberá sancionarlo o vetarlo.

En caso de ser aceptada, la norma se publicará en el diario oficial y entrará en vigor un día después. A partir de ese momento comenzará el conteo para construir el nuevo centro penitenciario.

“En el plazo de un año, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, el Ministerio de Gobernación deberá iniciar la construcción de un centro de detención preventiva de máxima seguridad específico para integrantes de maras, y otro centro de cumplimiento de condena de máxima seguridad para los grupos antes mencionados”, señala el artículo.

Una requisa en la cárcel de máxima seguridad Renovación 1 dejó al descubierto una serie de privilegios al líder de la Mara 18. Fotografía: Prensa Libre.

Además, el último párrafo indica: “De igual manera, se podrá celebrar con otros gobiernos convenios bilaterales que contemplen el cumplimiento de las penas y condenas, en los centros de máxima seguridad legalmente reconocidos, a que se refiere este artículo.”

Guatemala, sin prisiones adecuadas

El diputado José Chic, del bloque Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), fue uno de los impulsores del artículo. Afirma que actualmente no existe ninguna prisión con capacidad real para contener a los mareros.

“La idea nace a partir de las debilidades que muestra el Sistema Penitenciario. Ya quedó demostrada su vulnerabilidad con la fuga de estos 20 privados de libertad”, señaló el congresista.

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Chic agregó que el Ministerio de Finanzas deberá hacer las readecuaciones presupuestarias para la construcción del penal, y dejar abierta una fuente de financiamiento alterna, en caso de que el presupuesto nacional no sea aprobado.

Para evitar más fugas y garantizar la seguridad ciudadana, se busca apoyo de gobiernos que ya han resuelto ese problema. “La idea es que mientras se construye la cárcel, Guatemala pueda enviar a los pandilleros, por ejemplo, al Cecot de El Salvador, por la cercanía. Luego podrían retornar, pero a una prisión de máxima seguridad”, enfatizó.

También contempla extradiciones

El diputado Elmer Palencia, jefe del bloque Valor, consideró que la ley es apenas un primer paso de toda la legislación necesaria para enfrentar a las maras.

Explicó que este artículo, además del traslado temporal, también podría aplicarse a solicitudes de extradición provenientes de países que consideren que los mareros han delinquido en su territorio.

“Lo que permite el artículo es que, a través de convenios firmados por Guatemala, se puedan establecer procesos de extradición. Hace poco, Estados Unidos declaró a las dos principales pandillas que operan en Guatemala como terroristas. Esa designación tiene connotaciones distintas”, dijo Palencia.

La Mara Salvatrucha es una organización terrorista internacional de pandillas criminales. (Foto Prensa Libre: AFP)

Recalcó que será el presidente quien determine con qué gobiernos firmar convenios, al ser el encargado de la política exterior.

Por su parte, la diputada oficialista Andrea Reyes —quien también participó en la redacción de enmiendas— destacó que el artículo busca la expulsión de mareros extranjeros condenados en el país.

“Se priorizará la deportación de personas condenadas en Guatemala que sean de otra nacionalidad; y en segundo lugar, que si no tenemos condiciones carcelarias adecuadas, puedan ser enviadas al extranjero mientras finaliza la construcción”, explicó Reyes.

Las constantes requisas en las cárceles guatemaltecas confirman el control que los mareros mantienen en los penales, con acceso a tecnología y privilegios prohibidos por ley.

Con la nueva ley antipandillas, además del endurecimiento de penas, se busca construir una prisión capaz de contener el poder que han ejercido los mareros dentro del Sistema Penitenciario.

Congreso emite la Ley Antipandillas que declara terroristas a los mareros

Wed, 22 Oct 2025 00:25:08 +0000

Guatemala

Congreso emite la Ley Antipandillas que declara terroristas a los mareros

La norma endurece penas y permite congelar cuentas con aval judicial.

Douglas Cuevas

21 de octubre de 2025 | 18:25h

Los diputados aceleraron la aprobación de la ley tras la fuga de 20 pandilleros. Fotografía: Prensa Libre.

El Congreso aprobó este martes la Ley Antipandillas, que declara terroristas a los integrantes de maras y endurece las penas por delitos vinculados con estas estructuras.

La ley fue avalada la semana pasada en tercera lectura y en la mayor parte de su articulado. Sin embargo, la votación final fue aplazada por un fondo de revisión presentado por diputados que propusieron cambios en la redacción para evitar confusiones al momento de aplicar la norma.

Entre los promoventes del fondo se encuentra Elmer Palencia, jefe del bloque Valor. “Sellamos y damos por aprobada una ley importante”, afirmó el legislador.

Palencia aseguró que, luego de presentar el fondo, fue objeto de críticas en redes sociales, donde lo acusaron de oponerse a que se congelaran las cuentas bancarias de pandilleros.

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Aclaró que respalda esas medidas, pero insistió en que la redacción debía ser precisa para evitar efectos colaterales que pudieran perjudicar a personas inocentes, como quienes se dedican a la economía informal.

“Es a criterio de un juez dentro de un proceso penal. Con eso garantizamos que los recursos mal habidos de las estructuras que declaramos terroristas no puedan utilizar el sistema bancario”, explicó.

El fondo de revisión incluyó una modificación que autoriza al Ministerio de Gobernación a usar hasta Q200 millones en la compra de equipo con países con los que Guatemala tiene convenios —no solo con Estados Unidos, como estaba planteado inicialmente—.

La revisión fue aprobada sin mayor oposición ni razonamientos de voto. La ley quedó en firme con 145 votos a favor y se convirtió en el decreto 11-2025.

Crisis impulsó aprobación

La nueva norma cobró impulso luego de que el gobierno de Estados Unidos declarara terroristas a las pandillas, lo que generó presión en el Congreso para aprobar legislación similar.

El presidente del Congreso lideró una mesa técnica en la que se consensuaron enmiendas, en reuniones privadas por razones de seguridad nacional.

Sin embargo, la fuga de 20 pandilleros de la prisión Fraijanes 2 agravó el clima político y aceleró el proceso legislativo. Como resultado, la ley incorpora el tratamiento de terroristas para estos grupos.

También establece que todos los procesos penales contra pandilleros deberán ser conocidos en juzgados de alto impacto, debido a su peligrosidad y para garantizar la seguridad de jueces y fiscales.

La crisis desembocó en la renuncia del ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, quien permanece en el cargo a la espera de que su sucesor, el juez anticorrupción Marco Antonio Villeda, asuma funciones.

Rechazan objeciones

Durante la sesión de pleno de este martes también se conocieron las objeciones al decreto 9-2025, ley reformas a la ley de protección y mejoramiento medio ambiental, impulsadas por la diputada Karina Paz, independiente tras ser expulsada del bloque Voluntad Oportunidad y Solidaridad (VOS).

La ley, a criterio de los opositores, reduce los controles para la emisión de licencias ambientales, lo que repercutiría en la calidad del entorno, atentando contra el medio ambiente.

Ahora, el decreto deberá de ser enviado al Organismo Ejecutivo, así el presidente analiza si sanciona o veta la norma.

Durante la sesión también se acordó dar por concluida la interpelación del ministro de Salud, Joaquín Barnoya, luego de la renuncia del diputado interpelante a continuar con el juicio político.

Congreso reforma Ley de Alimentación Escolar y libera al Mineduc de retener el IVA de las OPF

Tue, 21 Oct 2025 22:44:35 +0000

Guatemala

Congreso reforma Ley de Alimentación Escolar y libera al Mineduc de retener el IVA de las OPF

Diputados aprueban de urgencia nacional reformas que liberan fondos para la refacción escolar.

Douglas Cuevas

21 de octubre de 2025 | 16:44h

La reforma obtuvo el apoyo de los bloques y se aprobó en una sola sesión. Fotografía: Prensa Libre.

Las Organizaciones de Padres de Familia (OPF) dejaron de recibir la totalidad de los recursos destinados a la alimentación escolar por la aprobación de la denominada Ley Ganadera del 2024. Asunto que este martes 21 de octubre fue resuelto por el Congreso, al aprobar una reforma legal.

Esa norma, que según analistas podría facilitar actividades de lavado de dinero, introdujo un esquema especial de tributación que permitiría la regularización de fondos de procedencia dudosa. Durante su aprobación, se incluyeron artículos que afectaron directamente la asignación de fondos para la refacción escolar.

“Repercute directamente en la cantidad y calidad de alimentos que deben proporcionarse a los alumnos de los distintos centros educativos, al ser menor la cantidad monetaria que se entregaría por alumno, por lo que se concluye que, en lugar de disminuir los aportes, deben fortalecerse económicamente de acuerdo con la finalidad de la Ley de Alimentación Escolar”, refiere el dictamen de la iniciativa.

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El dictamen fue emitido de forma favorable por la Comisión de Seguridad Alimentaria, y estaba previsto para conocerse en primera lectura durante la sesión de este martes 21 de octubre.

Sin embargo, diputados del bloque Cabal impulsaron una moción para alterar el orden del día y aprobar la iniciativa de urgencia nacional. Aunque la propuesta generó amplio debate, finalmente fue rechazada.

No ocurrió lo mismo con una segunda moción presentada por la diputada Sofía Hernández, del bloque Vamos, ponente de las reformas, quien recibió el respaldo tanto de oficialistas como de la oposición para que se conociera de urgencia nacional.

Los cambios

La iniciativa eliminó dos artículos creados durante la aprobación de la Ley para la Integración del Sector Productivo Primario y Agropecuario, que obligaban al Ministerio de Educación (Mineduc), a retener impuestos de los fondos asignados a la alimentación escolar.

Con la reforma se suprimió un artículo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y otro contenido en la Ley Ganadera, lo que reducía los recursos que recibían las OPF.
Durante la sesión, los diputados de Cabal también obtuvieron apoyo para modificar el Presupuesto del 2024, ya que una escuela de agricultura no estaba recibiendo los Q3.5 millones autorizados el año pasado debido a un error en el nombre oficial del establecimiento.

La ley quedó aprobada en su redacción final por 144 votos y se convirtió en el Decreto 10-2025.

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Posturas divididas

La retención del IVA en las transferencias del Programa de Alimentación Escolar, aplicada por el Ministerio de Educación (Mineduc) conforme al artículo 13 del Decreto 31-2024, había dejado a miles de estudiantes con menos comida en sus platos. En varias escuelas se dieron instrucciones para reducir porciones, reemplazar ingredientes o eliminar algunos productos del menú.

El apartado mencionado, que es parte de la Ley para la Integración del Sector Productivo Primario y Agropecuario, reduce la asignación diaria por niño que se transfiere a las Organizaciones de Padres de Familia (OPF) para adquirir los alimentos. En los niveles de preprimaria y primaria se restaban antes de la reforma Q0.64 a la cuota de Q6; en el nivel inicial y la secundaria —básicos y diversificado— se reducen Q0.43 de los Q4 asignados.

La bolsa de alimentos, que se entrega ante la falta de cocinas en las escuelas, también ha sido afectada. La directora de una escuela en Escuintla indicó que la OPF tuvo que retirar una libra de azúcar y una de frijol por niño, y que el proveedor informó que no podrá mantener la misma calidad de los productos en próximas entregas.

Sin embargo, en el otro extremo estaba el análisis de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) consideró oportuna la reforma legal, al señalar que la eliminación de esas restricciones permitirá reducir costos y simplificar los procesos para la adquisición de alimentos. Antes de la aprobación de la ley ganadera, las OPF debían pagar el 12% de IVA al adquirir insumos de establecimientos registrados ante la SAT, además del margen de intermediación de los proveedores acreditados, lo que reducía los fondos disponibles para financiar los alimentos.

Sin embargo, aseguró la SAT, con la entrada en vigor del Decreto 31-2024, en abril pasado, el Mineduc asumió la responsabilidad de retener y trasladar directamente el impuesto a las cajas fiscales, lo que libera a las OPF de esos gastos operativos y los antes mencionados.

“El cambio normativo mantiene al Estado como consumidor final, ya que las instituciones públicas no están exentas del IVA y deben absorberlo en sus adquisiciones. No obstante, el nuevo mecanismo busca evitar que las OPF paguen el IVA completo en sus compras”, aseguró la SAT a Prensa Libre el pasado 14 de octubre.

Oficialismo y oposición en nuevo pulso político por elección de Junta Directiva

Tue, 21 Oct 2025 06:10:00 +0000

Guatemala

Suscriptores

Oficialismo y oposición en nuevo pulso político por elección de Junta Directiva

A partir del 15 de octubre, el Congreso podrá elegir a su próximo presidente, cargo que Nery Ramos ha ocupado durante dos años gracias al respaldo oficialista.

Douglas Cuevas

21 de octubre de 2025 | 00:10h

La Junta Directiva del 2024-2025 tras la sustitución de Nery Ramos a Samuel Pérez como presidente del Congreso. Fotografía: Prensa Libre (Erick Avila).

Los diputados se preparan para elegir la que podría ser la Junta Directiva más influyente de la décima legislatura, ya que deberá liderar las negociaciones políticas para la elección de futuros magistrados electorales y constitucionales.

En el 2026 se renovará el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la Corte de Constitucionalidad (CC). El pleno del Congreso elige a la totalidad de integrantes del TSE mientras que en el caso de la CC le corresponde nombrar a un magistrado titular y a uno suplente.

Quien presida el Congreso durante el periodo 2026-2027 será clave para alcanzar acuerdos en un Legislativo fragmentado por posturas ideológicas y diferencias políticas.

La Junta Directiva está integrada por un presidente, tres vicepresidentes y cinco secretarios. Quienes resulten electos definirán el rumbo de la agenda política del Organismo Legislativo para el 2026.

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Las nuevas autoridades parlamentarias deben asumir funciones al iniciar el primer periodo de sesiones ordinarias del 2026, es decir, el 14 de enero. No obstante, la Ley Orgánica del Organismo Legislativo permite elegir la Junta Directiva hasta 90 días antes de esa fecha.

Fuentes legislativas que pidieron anonimato aseguran que tanto oficialistas como opositores buscan medir sus fuerzas durante octubre y, si reúnen los votos necesarios, concretar la elección anticipada.

Este pulso podría evidenciarse con la elección del primer secretario del Congreso, cargo actualmente vacante. El oficialismo pretende postular a la diputada Sonia Gutiérrez, mientras que la oposición impulsa a Héctor Aldana.

El diputado Samuel Pérez durante la promoción fallida para que el Congreso sesionara en secreto para aprobar la ley antipandillas. (Foto Prensa Libre: Johan Ordoñez/AFP).

Incluso el diputado Samuel Pérez, en su fallido intento de celebrar una sesión secreta bajo el argumento de seguridad nacional, buscaba priorizar dicha elección por encima de la aprobación de la ley antipandillas.

Opciones oficialistas

Fuentes legislativas indican que el oficialismo ya descartó una pronta reforma a la Ley Orgánica del Organismo Legislativo (Lool) que permitiría a los diputados independientes optar directamente a la presidencia.

La cancelación del partido Movimiento Semilla impide que los 23 diputados electos bajo esa bandera puedan acceder a los cargos de control administrativo y político en disputa.

Además, la bancada oficialista está dividida en dos bloques: uno que busca preservar al partido, liderado por José Carlos Sanabria, y otro que impulsa una nueva propuesta política a través de Raíces, encabezada por Samuel Pérez.

El grupo de Semilla estaría promoviendo la candidatura del diputado Luis Contreras, del bloque Compromiso Renovación y Orden (Creo).

Luis Contreras durante una de sus intervenciones en la Comisión de Finanzas. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Desde el entorno oficialista también se menciona al diputado Julio Héctor Estrada, de Cabal y actual presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso.

El presidente de la Comisión de Finanzas durante una reunión de trabajo. (Foto Prensa Libre: Congreso)

En el seno de Raíces se considera la posibilidad de una tercera reelección para Nery Ramos; sin embargo, algunos diputados se muestran escépticos por el desgaste político que enfrentó en el 2025.

El presidente del Congreso razonando su voto tras la aprobación de la ley antipandillas. (Foto Prensa Libre: Johan Ordoñez/AFP).

Ramos lideró la Junta Directiva que aprobó un aumento salarial para los diputados. Aunque negó haber firmado las actas que ordenaban el pago, se contradijo al ser cuestionado. Tras publicarse las actas, reconoció la autorización y ofreció revertir el incremento, pero no lo hizo por un dictamen legislativo que lo impidió.

Candidatos de oposición

Del lado opositor, se busca respaldo para postular a un diputado con experiencia como presidente del Congreso durante la octava legislatura.

Álvaro Arzú Escobar, jefe del bloque Partido Unionista, presidió el Congreso cuando el gobierno de Jimmy Morales dio por terminada la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Alvaro Arzu Escobar fue de los que impulsó para que el Congreso no conociera el veto al decreto 7-2025, justificando que llegó tarde. (Foto Prensa Libre)

Según fuentes legislativas, su perfil político y experiencia lo posicionan como uno de los candidatos más sólidos para presidir el Congreso en el 2026.

También se mencionan como posibles aspirantes los diputados Elmer Palencia y Sandra Jovel, ambos del bloque Valor. Esta última ya compitió por la presidencia del Congreso al inicio de la décima legislatura, pero fue vencida por la planilla encabezada por Ramos.

Puestos clave

Alejandro Solórzano, analista del Observatorio Legislativo, considera que la próxima Junta Directiva tendrá múltiples facultades para incidir en la renovación del TSE y la CC, además de influir en diversas iniciativas legislativas.

Según Solórzano, las negociaciones para conseguir apoyos abarcan desde temas administrativos, como la asignación de oficinas, hasta la distribución de fondos para tareas legislativas.

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En el ámbito político, la Junta Directiva puede manipular el calendario de votaciones importantes, ya que la Lool no establece límites de tiempo para las mismas.

“La Junta Directiva podrá influir considerablemente en la elección del TSE y de magistrados para la CC. Todo pasa por ella, incluido el manejo del tiempo entre votaciones, lo que hace que esta elección sea más codiciada que en años anteriores. Puede convertirse incluso en un botín político”, explicó.

Agregó que la discrecionalidad en el tiempo de las votaciones influirá directamente en estos procesos. “Una votación puede resolverse en segundos o prolongarse durante horas”.

Pulso político

El peso de la próxima Junta Directiva centra la atención de oficialismo y oposición en una nueva disputa que, según el analista Francisco Quezada, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), podría inclinarse hacia cualquiera de los dos bloques.

“Creo que la oposición teme que el oficialismo, el próximo año, inicie una compra de votos abierta mediante programas sociales y clientelares, lo que los dejaría fuera del juego político”, advirtió.

Ese escenario limitaría las posibilidades de negociación de la oposición, que podría optar por ofrecer una distribución “más justa” de espacios entre bloques a cambio de apoyo.

“El incentivo que puede ofrecer la oposición es repartir recursos de forma más equitativa, para que cuando se negocien votos existan mayores garantías”, señaló Quezada, al advertir que el año preelectoral será políticamente intenso.

Frente a estos posibles escenarios de negociación, el mayor perjudicado es la ciudadanía, ya que las necesidades sociales siguen siendo desatendidas. “Se sacrifican proyectos estratégicos del Estado a cambio de beneficios clientelares”, concluyó.

Ampliarán penas de cárcel y sanciones por el delito de usura y su ámbito de aplicación

Mon, 20 Oct 2025 11:00:00 +0000

REformas

Ampliarán penas de cárcel y sanciones por el delito de usura y su ámbito de aplicación

Con la aprobación por el Congreso de la República de la ley para el combate frontal de los grupos delictivos u organizaciones criminales transnacionales y terroristas denominados maras o pandillas, también se reforma el artículo 276, que tipifica el delito de usura y aumenta las penas, entre otros alcances.

Rosa María Bolaños

20 de octubre de 2025 | 05:00h

La ley para el combate frontal de los grupos delictivos u organizaciones criminales transnacionales y terroristas denominados maras o pandillas, pendiente de aprobación final en el Congreso, también se reforma el artículo que tipifica el delito de usura. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

La ley fue aprobada con sus enmiendas el pasado martes 14 de octubre por el pleno del Congreso; aunque todavía falta que se vote en su redacción final para promulgar el decreto.

La usura es una práctica ilegal que consiste en cobrar intereses excesivos sobre un préstamo, aprovechándose de la persona deudora.

Según el artículo 276 del Código Penal, comete el delito de usura quien exige de su deudor, en cualquier forma, un interés mayor que el tipo máximo que fije la ley, o evidentemente desproporcionado con la prestación, aun cuando los réditos se encubran o disimulen bajo otras denominaciones.

Actualmente el responsable de usura será sancionado con prisión de seis meses a dos años y deberá pagar una multa que oscila entre los Q200 a Q2 mil.

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En junio último, autoridades de la Policía Nacional Civil expusieron en una citación en el Congreso que pandillas han adoptado la práctica de préstamos rápidos, por lo que propusieron la creación del delito de usura agravada con más tiempo de prisión y que esta sea inconmutable.

En esa oportunidad, el director de la PNC, David Boteo, explicó que al inicio los casos de préstamos rápidos de los “usureros” estaban vinculados con estructuras colombianas. Estos han sido conocidos como préstamos gota a gota.

Agregó que, en la actualidad, esta práctica ha sido adoptada también por pandillas, que otorgan créditos y, cuando las personas incumplen con los pagos, actúan con violencia.

Mientras que la semana pasada el Congreso incluyó una reforma al delito de usura en la discusión.

En el artículo 11 de la nueva ley en trámite, se amplían las sanciones, se incrementa la sanción con prisión de hasta 10 años, y las multas aumentan drásticamente, a un rango de entre Q200 mil a Q500 mil.

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La reforma también incrementa las sanciones para otras conductas, ya que el artículo 277 indica que la misma pena establecida en el 276 se aplicará en dos casos: a quien, a sabiendas, adquiera, transfiera o haga valer un crédito usurario; y a quien exija de su deudor garantías de carácter extorsivo.

Amplía alcances

Con la reforma se agrega que a toda persona extranjera que resulte responsable del delito de usura deberá ordenársele su expulsión del país, inmediatamente después del cumplimiento de la pena principal.

Además, en los casos que corresponda, se iniciará el proceso de expulsión para que el condenado termine de cumplir la pena en su país de origen.

Consultado sobre casos de usura en Guatemala, el auditor Óscar Chile Monroy refiere que existe usura en la informalidad, en préstamos sin mayor garantía, pero con tasas de interés escandalosas.

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Estos pueden ser otorgados por personas o grupos que operan al margen del sistema formal, quienes no solo incurren en usura por los montos que cobran, sino que generan acoso al cobrar. Incluso, en años recientes se ha conocido de grupos de extranjeros que realizan estas prácticas, agregó.

En muchos casos, esto lo experimentan personas muy endeudadas o sin posibilidad de acceder a créditos en el sistema formal, agrega el experto.

A criterio de Chile Monroy, es poco probable que se dé usura en el ámbito formal o en entidades reguladas.

Según el análisis de un abogado penalista, el delito de usura protege a las personas para evitar que, al solicitar un préstamo, se enfrenten a intereses no regulados. No obstante, señala que es un delito enfocado principalmente en los préstamos fuera del sistema bancario, con prestamistas informales.

Tribunal de Honor del Cang pide al Congreso devolver parte de su salario por ser poco productivos

Sat, 18 Oct 2025 06:05:00 +0000

Guatemala

Tribunal de Honor del Cang pide al Congreso devolver parte de su salario por ser poco productivos

La solicitud escrita va dirigida al presidente del Congreso y aparece firmada por los abogados que integran el tribunal presidido por Alicia Franco.

Douglas Cuevas

18 de octubre de 2025 | 00:05h

Los diputados recibieron un aumento de sueldo desde febrero de 2025..( Foto Prensa Libre: Erick Avila)

El aumento de sueldo de los diputados no es equiparable con su trabajo legislativo, al menos eso opina el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), quien le pidió a los congresistas que devuelvan parte de sus honorarios.

La petición escrita ingresó al Palacio Legislativo el pasado 16 de octubre, comunicación dirigida al presidente del Congreso, Nery Ramos. Quien aseguró a inicios de año que revertiría el incremento de sueldo.

Pero tras esa declaración pública, un informe jurídico del Organismo Legislativo impidió tomar alguna decisión al respecto, haciendo que el tema, poco a poco, pase inadvertido y se olvide entre la opinión pública.

Ahora la petición del Tribunal de Honor del colegio de abogados, presidido por la abogada Alicia Franco, revive la discusión por la poca productividad del Congreso versus aumentos de sueldo excesivos.

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Los datos que explican en su escrito los abogados señalan que los diputados pasaron de ganar Q24 mil 150 a Q61 mil 300, cantidad que se eleva si se es integrante de Junta Directiva y que no incluye otro tipo de bonificaciones.

Durante el año, el Tribunal de Honor del Cang contabiliza hasta agosto 37 sesiones convocadas en el año, de las cuales reportan que 30 se han suspendido por falta de asistencia.

Considerando oportuno que por esa falta de producción y trabajo, los diputados devuelvan al Estado el dinero percibido por esos días de trabajo no ejecutados.

Sus números señalan que en promedio cada vez que los diputados se reúnen ganan de manera conjunta Q1 millón 715 mil 928.20, por lo que el dinero que piden se devuelva asciende a Q51 millones 479 mil 346.10, que es el equivalente a las sesiones suspendidas por falta de quórum.

Nueva ley antipandillas incluye sanciones por extorsión, “talacha” y reclutamiento de menores

Fri, 17 Oct 2025 06:10:00 +0000

Guatemala

Nueva ley antipandillas incluye sanciones por extorsión, “talacha” y reclutamiento de menores

El próximo martes se revisará la normativa aprobada en tercera lectura: oposición asegura que buscan una mejor redacción y los oficialistas temen que se intente debilitar algunos artículos.

Douglas Cuevas

17 de octubre de 2025 | 00:10h

Diputados esperan concluir la última fase de la aprobación de la ley la próxima semana. (Foto: Prensa Libre)

Los mareros ya son catalogados como terroristas en Guatemala, según la nueva ley antipandillas, pero los diputados retrasaron la última votación de la norma, lo que impide aplicar de inmediato los nuevos castigos a los pandilleros.

Durante la tercera lectura y aprobación de los artículos de la norma, los legisladores trabajaron la iniciativa 5692, propuesta por Alejandro Giammattei, con el objetivo de declarar a los mareros como terroristas.

Dicha iniciativa contenía únicamente dos artículos: el primero, sobre la declaratoria de “terroristas”; el segundo, sobre su entrada en vigencia. A criterio de algunos diputados, se trataba de una propuesta simple y sin fondo.

El dictamen elaborado por la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional amplió el documento con una serie de recomendaciones, hasta alcanzar 23 artículos.

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La reciente crisis de seguridad por la fuga de 20 pandilleros impulsó a los congresistas a retomar la propuesta, logrando su aprobación en tercera lectura y la de la mayoría de artículos.

Alcanzar ese punto no fue sencillo. Diputados oficialistas y de oposición dialogaron durante horas para consensuar un paquete de 40 enmiendas, que fueron aprobadas una a una por más de 100 votos.

Sin embargo, antes de la votación final, un grupo de diputados presentó un fondo de revisión para reconsiderar la redacción de los artículos previamente avalados por el pleno.

Diputados de opisición en su mayoría presentaron el fondo de revisión. (Foto: Prensa Libre)

Entre los firmantes están Allan Rodríguez (Vamos), Nadia de León (Nosotros), Carlos López Maldonado (Cabal), Elmer Palencia (Valor) y Nery Ramos, presidente del Congreso.

Posturas encontradas

El diputado Elmer Palencia aseguró que su bancada no busca debilitar la ley, sino evitar que las prisas con que fueron redactados algunos artículos generen confusiones legales.

“Nosotros, como Valor, lo que buscamos es que las distintas enmiendas estén bien redactadas, que no se presten a malas interpretaciones y que guarden el espíritu de la ley”, declaró.

Palencia fue enfático al señalar que no se pretende dejar una ley débil. “No es un fondo de revisión con el objetivo de debilitar. Todas las bancadas, y lo que vimos ayer, es que a raíz de los últimos eventos se generó el ambiente propicio para aprobar la ley”, añadió.

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Por su parte, la diputada Andrea Reyes, de la facción oficialista Raíces, quien destacó en la mayoría de enmiendas aprobadas, consideró que se pudo avalar una ley sólida, pero teme que el fondo de revisión pueda ser contraproducente.

“Estamos en una situación de terrible desconfianza. Creo que sí existe el riesgo de que los aspectos más robustos sobre la violencia sexual que cometen las pandillas y otros de carácter financiero, como el lavado de dinero, puedan debilitarse”, indicó.

La diputada Reyes y el presidente del Congreso firman algunas de las enmiendas. (Foto: Prensa Libre)

Delitos y sanciones

Entre los artículos aprobados destaca la declaratoria de terroristas para la Mara 18 y Mara Salvatrucha, las únicas dos pandillas que operan en Guatemala, según informes oficiales.

No obstante, la ley prevé que otros grupos criminales similares también podrán ser clasificados como terroristas, siempre que así lo recomienden informes de seguridad.

Esta clasificación será solicitada por el fiscal general a la Corte Suprema de Justicia, para que la Cámara Penal los incluya y sean procesados en juzgados y tribunales de mayor riesgo.

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La ley establece que el delito de obstrucción extorsiva del tránsito se sancione con prisión de 14 a 18 años; también se aumenta la pena por extorsión, que pasa de 6 a 12 años de cárcel.

Quienes recluten a menores de edad para actividades de maras enfrentarán penas de 14 a 18 años de prisión y multas de Q100 mil a Q300 mil.

Además, todas las actividades relacionadas con extorsión permitirán a los jueces suspender cuentas bancarias. Si los delitos son cometidos por pandilleros, las penas podrán incrementarse hasta en una tercera parte.

Controles carcelarios

La normativa prohíbe a los reos tener cantidades de dinero superiores a sus gastos personales y también el uso de cualquier tecnología que permita la comunicación.

El Sistema Penitenciario estará obligado a contar con una base de datos actualizada de todas las personas detenidas, información que a la fecha se desconoce, según el Ministerio de Gobernación.

Entre las nuevas sanciones figura el castigo a la “talacha”, un tipo de coacción que será penado con prisión de 6 a 8 años. También se crea el delito de enriquecimiento ilícito extorsivo, con penas de 14 a 18 años; y la usura será castigada con cárcel de 4 a 10 años, más multas de Q200 mil a Q500 mil.

Reos sorprendidos durante una requisa (Foto: PNC)

La ley ordena al gobierno la creación de una cárcel de máxima seguridad, cuya construcción deberá comenzar al menos un año después de su entrada en vigencia.

Asimismo, el Ministerio de Gobernación deberá tener acceso a Q200 millones para equipamiento y estrategias que permitan contrarrestar las acciones de las maras.

Para el diputado Palencia, lo aprobado dota a las autoridades de herramientas útiles para combatir a las maras: “Este es solo el primer paso de muchos que debemos dar desde el ámbito legislativo para enfrentar a las pandillas, ahora como grupos terroristas”.

Desde el oficialismo, Reyes destacó que, pese a las divisiones entre bloques, fue posible el diálogo, lo que permitió la aprobación de las enmiendas.

“Fue una jornada bastante extensa, con el objetivo de aprobar una ley antipandillas. El contenido fue reemplazado por un conjunto de enmiendas propuestas por varias bancadas, para cambiar el enfoque y endurecer la ley”, concluyó.

La norma, que se espera sea finalizada la próxima semana, lleva por nombre: Ley para el Combate Frontal de los Grupos Delictivos u Organizaciones Criminales Transnacionales y Terroristas Denominados Maras o Pandillas.

Congreso Guatemala revisará la ley antipandillas el martes 21 de octubre

Thu, 16 Oct 2025 23:01:02 +0000

Guatemala

Congreso Guatemala revisará la ley antipandillas el martes 21 de octubre

La Instancia de Jefes de Bloque acordó incluir el análisis entre los primeros puntos de la sesión plenaria del martes 21 de octubre.

Douglas Cuevas

16 de octubre de 2025 | 17:01h

Diputados adelantaron su reunión por el asueto del 20 de octubre. Fotografía: Congreso.

El pleno del Congreso espera concluir la aprobación de la ley antipandillas en la sesión del próximo martes, al priorizar el análisis del fondo de revisión de la normativa.

Durante la aprobación de los artículos, un grupo de diputados —en su mayoría de oposición— introdujo un fondo de revisión que frenó la última votación de la nueva ley.

La normativa endurece las penas contra los pandilleros, refuerza las condenas para ciertos delitos, tipifica nuevas figuras delictivas y ordena acciones estatales para la creación de una cárcel de máxima seguridad destinada a integrantes de maras.

Los diputados que integran la Instancia de Jefes de Bloque adelantaron su reunión —habitualmente celebrada los lunes— debido al asueto del 20 de octubre, en conmemoración de la Revolución de 1944.

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También se acordó realizar una consulta sobre la sesión plenaria prevista para el jueves, en la que continúan programadas las interpelaciones a ministros de Estado.

El diputado Bequer Chocooj retiró su solicitud de interpelación contra el ministro de Salud; sin embargo, los diputados dudan que esa decisión dé por finalizado el juicio político.

La razón es que aún hay congresistas en lista de espera para repreguntar al funcionario, y no se encontraron argumentos suficientes en la Instancia de Jefes de Bloque para tomar una resolución. Por ello, el tema será sometido al conocimiento del pleno.

#EnVivo: Reunión de la Instancia de Jefes de Bloques de la #XLegislatura. 16/10/2025 https://t.co/fdwiCaQHTm
— Congreso Guatemala (@CongresoGuate) October 16, 2025

Congreso promulga ley de Codedes pese al veto de Arévalo

Thu, 16 Oct 2025 14:59:50 +0000

Política

Congreso promulga ley de Codedes pese al veto de Arévalo

El Legislativo publicó el decreto 7-2025 al considerar inválido el veto presidencial. ¿Qué establece esta nueva norma?

Gabriel Molina

16 de octubre de 2025 | 08:59h

El Congreso de Guatemala promulga el decreto 7-2025, pese al veto presidencial del Ejecutivo. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

El Congreso publicó este 16 de octubre el Decreto 7-2025, Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de los Proyectos de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, en el Diario de Centro América, pese al veto presidencial del 3 de octubre.

La legislación fue aprobada de urgencia nacional por dos terceras partes de los diputados, en un único debate, el 2 de septiembre.

El Legislativo reiteró que el acuerdo gubernativo 182-2025, que contenía el veto, no incluía un artículo que indicara cuándo entraría en vigor. Al respecto, argumentó, con base en el decreto 1816, emitido en 1968, que este tipo de acuerdos se presume vigentes tres días después de su publicación.

El organismo argumentó que, en consecuencia, el acuerdo gubernativo excedió el plazo de 15 días para emitir el veto respectivo. Por tanto, correspondió al Congreso sancionar el decreto y promulgarlo como ley.

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Contenido del decreto 7-2025

El artículo 1 reforma el artículo 5 del decreto 27-2024, para que no pierda vigencia sino hasta el 31 de diciembre de 2026.

Además, se adiciona el artículo 45 Ter a la Ley Orgánica del Presupuesto, sobre la disponibilidad de asignaciones extraordinarias y continuidad de la ejecución. En este se indica que los saldos por devengar no desembolsados deberán trasladarse a la cuenta única del tesoro de los Consejos Departamentales de Desarrollo, en donde permanecerán disponibles para la continuidad de la ejecución y el pago de obras.

Se establece que las obras financiadas con recursos extraordinarios que, luego de dos años, no hubieran registrado avance físico ni financiero, y no cuenten con convenios de ejecución, deberán regresar al fondo común.

En su artículo 3, el Congreso dispone que las autoridades encargadas de emitir resoluciones, avales, permisos o licencias deberán resolver las solicitudes de los Codedes en un plazo máximo de cinco días hábiles.

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Durante los primeros dos días, por única vez, podrán requerir documentación adicional o formular observaciones previas.

Si el plazo vence sin que la autoridad se haya pronunciado, se entenderá que la respuesta es afirmativa. Las instituciones deberán extender la documentación correspondiente en un plazo no mayor de tres días.

Las instituciones incluidas en el decreto son:

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN)
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV)
Ministerio de Cultura y Deportes
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS)
Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin)
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan)
Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP)
Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred)

(Foto Prensa Libre: captura de pantalla Diario de Centro América).

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Durante la sesión plenaria del Congreso, diputados celebran la victoria de Guatemala frente a El Salvador

Wed, 15 Oct 2025 23:37:06 +0000

Presupuesto 2026: El Cien alerta sobre uso de deuda pública para programas de funcionamiento

Wed, 15 Oct 2025 19:11:19 +0000

presupuesto 2026

Presupuesto 2026: El Cien alerta sobre uso de deuda pública para programas de funcionamiento

El Cien presentó un análisis sobre la iniciativa del proyecto de presupuesto general de ingresos y egresos por Q163 mil 783.4 millones, que actualmente se discute en la Comisión de Finanzas del Congreso, previo a emitir dictamen.

Urias Gamarro

15 de octubre de 2025 | 13:11h

En la Comisión de Finanzas concluye las audiencias públicas con los ministerios e instituciones, quienes llegaron a defender sus presupuestos. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La presentación fue realizada por María del Carmen Aceña y Jorge Lavarreda, ambos analistas del Cien, quienes expusieron una visión integral del proyecto, que incluye los componentes de ingresos, egresos, endeudamiento, debilidades técnicas y recomendaciones.

En la Comisión de Finanzas concluyeron esta semana las audiencias públicas con los ministerios e instituciones. Los diputados que integran esa sala de trabajo comenzarán ahora las discusiones del dictamen, previo a su envío al pleno.

Según lo conocido en dicha comisión, se prevé que el dictamen a la iniciativa enviada por el Ministerio de Finanzas (Minfin), el pasado 1 de septiembre, será aprobado con algunas modificaciones, las cuales se concretarán en esta etapa.

Deuda pública subiría a 28.4 % del PIB al cierre del 2025

Jorge Lavarreda declaró que, en el apartado de ingresos, por cada Q1 de recaudación, Q0.91 ya están comprometidos por ley, lo que se conoce como rigidez presupuestaria. Esto significa que, del total de Q163 mil 783.4 millones, el 71.2% ya tiene un destino asignado; el 6.3% corresponde a ingresos disponibles y el 20.5% proviene de préstamos.

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Según la estructura presentada, los impuestos de los contribuyentes financiarían el 73.1% del presupuesto formulado; el 20.5%, provendría de préstamos; el 2.1%, de saldos de caja, y el 4.3%, de otros ingresos.

Se proyecta que la carga tributaria con respecto al PIB se ubicará en 11.8 % para el 2026, cifra inferior al 12.7% planteado en el Plan de Gobierno de la actual administración.

La deuda neta alcanzaría el 3%, y la deuda pública con respecto al PIB llegaría al 28.4%, por encima del 27.1% estimado como cierre del año.

Funcionamiento absorbería casi 80% del gasto en 2026

En la parte de egresos o gastos, se proyecta que el presupuesto representará el 15.8% del PIB y mantendría una ejecución promedio por encima del 90%.

“El monto propuesto para el ejercicio fiscal 2026 significaría un incremento, en términos reales, de 2.6%, superior al promedio del período analizado (1.9%), pero por debajo de los aumentos en los montos propuestos para siete de los ejercicios fiscales entre 2005 y 2026”, se explicó.

Los gastos de funcionamiento representarían el 11.2% del PIB; la inversión, el 2.8%; y el servicio de la deuda, el 2.2%. Además, el 79.8% del monto total del presupuesto se destinaría a funcionamiento y el 20.2%, a inversión.

Llamó la atención del Cien que la deuda pública por colocación interna, equivalente a Q27 mil 598.88 millones, estaría financiando varios programas de funcionamiento, lo cual está prohibido por ley, explicaron.

Congreso aprueba ley que declara como terroristas a los pandilleros y endurece penas a varios delitos

Wed, 15 Oct 2025 03:39:36 +0000

Guatemala

Congreso aprueba ley que declara como terroristas a los pandilleros y endurece penas a varios delitos

La aprobación de la ley antipandillas se extendió por horas mientras que diputados, tanto de oposición y oficialistas, acordaron un paquete de enmiendas.

Douglas Cuevas

14 de octubre de 2025 | 21:39h

Los diputados Nery Ramos y Andrea Reyes firmaron buena parte de las enmiendas aprobadas por el pleno. Fotografía: Prensa Libre.

Los diputados aprobaron una nueva ley que tiene como objeto atacar a las pandillas. Todo después del escándalo en materia de seguridad que expuso la fuga de 20 pandilleros de alta peligrosidad.

La ley aprobada lleva por nombre Ley para el Combate Frontal de los Grupos Delictivos u Organizaciones Criminales Transnacionales y Terroristas Denominados Maras o Pandillas.

Fue posible su aprobación en tercera lectura tras horas de negociaciones, en medio de la plenaria que concluyó con un paquete de más de 20 propuestas de enmiendas, dando paso también a la aprobación de su articulado final.

Entre algunos de los aspectos que contempla la ley se establece crear todo un marco legal que le permita al Estado responder con legislación y estrategias de seguridad, contra las acciones criminales desarrolladas por las maras.

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Asimismo, declara como terroristas a los pandilleros de la Mara 18 y Mara Salvatrucha, dejando abierta esta declaración en caso de que surjan nuevos grupos delictivos similares.

Para hacerse este procedimiento, elfiscal general deberá hacer el requerimiento a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que tendrá que responder por medio de la Cámara Penal, para que esta los incluya dentro del catálogo de escenarios que conocen los juzgados de alto impacto.

También añaden como conductas de grupos delictivos organizados una serie de conductas cometidas por las maras, pero que ahora estarán contempladas dentro de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, entre ellos, la violación, agresión sexual, actividades remuneradas con personas menores de edad, extorsión, comercialización de vehículos robados, exacciones intimidatorias, obstrucción extorsiva del tránsito, asociación ilegal de gente armada y entrenamiento de gente armada.

Más penas y controles

La ley contempla que el delito de obstrucción extorsiva del tránsito se castigue con entre 14 y 18 años de prisión, toda vez sea cometido por un marero, y se podrá aumentar hasta en una tercera parte.

Durante el proceso de investigación por este delito, ahora un juez podrá ordenar la inmovilización de productos financieros del procesado, como las cuentas bancarias.

A aquellos que recluten a menores de edad para la actividad de las maras recibirán penas que van de los 14 a los 18 años de cárcel y se les impondrá multas que pueden ir de los Q100 mil a los Q300 mil.

Se añaden nuevas prohibiciones para los detenidos, entre ellas, tener cantidades de dinero que superen sus gastos personales; aparatos de comunicaciones como radios o teléfonos celulares, así como equipos para tener acceso a Internet, drones o tecnología.

Asimismo, el Sistema Penitenciario estará obligado a tener una base de datos actualizada de todas las personas detenidas, información que a la fecha desconoce las actuales autoridades de Gobernación.

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Universidades cambian a decanos antes de la convocatoria de postuladoras para TSE y MP

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Entre las nuevas penas también se castiga la “talacha”, un tipo de coacción, delito que puede ser sancionado con prisión de seis a ocho años, pena que se aumenta una tercera parte si es cometido por los guardias a cargo de la seguridad de los privados de libertad.

También se aumenta la pena por el delito de extorsión que a la fecha alcanzaba hasta los seis años de cárcel, ahora las nuevas penas son desde los seis hasta los 12 años de cárcel, pero si el delito es cometido por un marero se podrá aumentar hasta una tercera parte.

Durante la investigación se podrán suspender cuentas bancarias, y en caso se detecta que una persona ha sido obligada a recibir en sus cuentas dinero de extorsiones, será exculpado de la responsabilidad.

También crean el delito de enriquecimiento ilícito extorsivo, que se castigará con penas de 14 a 18 años prisión. Añaden la figura de usura que tendrá penas de cuatro a 10 años de cárcel, más multas que van de los Q200 mil a los Q500 mil.

Respaldan la ley

Diputados justificaron su voto a favor de la nueva ley antipandillas, remarcando la necesidad que el Organismo Ejecutivo cumpla con la implementación de la nueva herramienta legal.

“Hoy Guatemala da un paso importante al declarar como terroristas a las acciones de las maras en este país. Quizá la iniciativa no resuelve todos los problemas, pero es una ruta clara que permita crear un sistema de justicia integral”, dijo el diputado Boris España, quien hasta hace poco formaba parte del bloque Vamos, del cual él se separó.

Los diputados reconocieron que después de semanas de inactividad fue posible la consolidación de acuerdos políticos, que responden la crisis de seguridad que quedó expuesta el fin de semana.

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Todo tras el anuncio de la fuga de 20 pandilleros que no pudo ser justificada por las autoridades del ministerio de Gobernación y por el silencio de la presidencia de Bernardo Arévalo, señalaron los diputados.

“Esperemos que el Ejecutivo implemente la ley. Tuvo que declarar Estados Unidos a los pandilleros como terroristas y se tuvieron que escapar 20 de estos criminales, para que aquellos que siempre votaron en contra ahora sí voten a favor”, recriminó Elmer Palencia, del bloque Valor, acerca del apoyo del oficialismo a la nueva ley.

“Hoy se la acabó la fiesta a las maras. Se le está dotando al Estado herramientas importantes para una persecución a este fenómeno”, dijo el diputado Orlando Blanco, de Voluntad Oportunidad y Solidaridad (VOS).

Por su lado, la diputada oficialista, Andrea Reyes, explicó que la nueva ley permite dar una respuesta a todas las personas que han sufrido la agresión de las pandillas. “Estamos creando tipos penales tras acuerdos con las bancadas”, expresó.

Incluso el presidente del Congreso, Nery Ramos, razonó su voto, calificando la ley como “una propuesta integral”, que asegura dará respuesta ciclos continuos de violencia.

“Por años, décadas, las pandillas le han despojado de lo más sagrado a los guatemaltecos”, dijo, y recordó cómo jóvenes han sido reclutados por las pandillas y a su vez han formado las estadísticas de víctimas a consecuencias de las maras.

El presidente tendrá que sancionar o vetar la nueva norma legal. Arévalo conoció la iniciativa cuando fue diputado y razonó su voto en algunos aspectos del dictamen por no estar de acuerdo con toda la propuesta de ley.

Congreso consigue aprobar ley que declara a las pandillas como terroristas

Tue, 14 Oct 2025 20:40:34 +0000

Guatemala

Congreso consigue aprobar ley que declara a las pandillas como terroristas

Aunque se intentó al inicio de la jornada realizar una sesión secreta, finalmente se impuso la mayoría y se aprobó la ley para combatir a las pandillas y financiar la construcción de una nueva cárcel.

Douglas Cuevas

14 de octubre de 2025 | 14:40h

Las enmiendas a la ley anti pandillas ha generado distintas opiniones entre diputados. Fotografía: Prensa Libre.

El pleno del Congreso rechazó por mayoría las intenciones del oficialismo, que buscaba sesionar de manera secreta la aprobación de una ley contra las pandillas en Guatemala.

Durante el inicio de la sesión plenaria, el diputado oficialista Samuel Pérez presentó una moción para alterar el orden del día, destacando la aprobación de una ley contra las maras, pero de manera secreta.

El punto se respaldó bajo el artículo 79 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo (Lool), que permite las sesiones secretas cuando los diputados aborden temas de seguridad nacional.

La ley que será discutida en tercera lectura y redacción final es la propuesta en el 2020 por el entonces presidente Alejandro Giammattei, que busca declarar terroristas a los pandilleros.

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El oficialismo consiguió apoyo para la moción, consiguiendo que fuera aprobada pero con quórum reducido, mientras buena parte de la oposición todavía no estaba en el hemiciclo para la sesión.

Pero al cabo de unos minutos, cuando el pleno del Congreso ya registraba a 146 diputados, se presentó una nueva moción, para adelantar el debate de la ley anti pandillas y, en consecuencia, hacer que su debate y aprobación sea de manera pública.

Esa votación obtuvo 142 votos a favor y solo cuatro votos en contra, permitiendo que la iniciativa de ley contra las maras se discuta con total normalidad y no a puertas cerradas.

Samuel Pérez y oficialistas tras escuchar los argumentos de la oposición en su contra. Fotografía: Prensa Libre.

Esa nueva moción fue presentada por los diputados Inés Castillo, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE); Felipe Alejos de Todos; y Nery Ramos, del bloque Azul y actual presidente del Congreso.

La propuesta de Pérez además de buscar que la discusión de la ley contra las maras fuera de manera secreta, ponía en un primer lugar la elección de la Primera Secretaría del Congreso y la posibilidad que el Congreso tuviera una tercera sesión a la semana.

Rechazan sesión secreta

Algunos diputados de la oposición rechazaron las intenciones del oficialismo de querer aprobar la ley de manera secreta, argumentando que existen intereses políticos de fondo.

La crisis en materia de seguridad generó un escándalo nacional por las deficientes en el sistema carcelario, tras la fuga de 20 pandilleros de alta peligrosidad.

Escenario que ha hecho que diputados y algunas cámaras empresariales soliciten cambios en la cúpula de gobernación, comenzando con la destitución del ministro Francisco Jiménez.

El diputado Byron Rodríguez, del bloque Todos, calificó como “artimañas” la táctica que intentó hacer el oficialismo para no hacer público el debate legislativo contra las pandillas.

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“Les recuerdo que ganamos Q66 mil, desquítenlo, déjenle de mentir al pueblo de Guatemala. Demuestren el compromiso, porque su interés es primero poner la primera secretaría”, dijo el diputado.

También el líder de la oposición, Allan Rodríguez, del bloque Vamos, cuestionó el intento de sesión secreta. “Un diputado cobarde quiso sorprender a todo el Congreso y con quórum reducido vino a proponer un cambio de orden del día.

Rodríguez incluso señaló a los oficialistas de hacer ofrecimientos de dinero para conseguir los votos por la secretaría de Junta Directiva, puesto que dejó Karina Paz tras ser expulsada de su bancada.

Allan Rodríguez señala que este tema se debe de discutir de manera pública. Fotografía: Prensa Libre.

“Están ofreciendo dinero para poder llegar a los votos y poner a una persona que votó en contra de declarar terroristas a las maras, además que pidió conocer el tema de las maras en una sesión secreto. Acá no venimos a actuar con cobardía ni temor”, enfatizó el diputado.

Pérez, quien presentó la moción, no solicitó la palabra para defenderse de los señalamientos dichos por la oposición.

Del lado oficial, pero la facción de Movimiento Semilla, tan solo justificó su voto la diputada Brenda Mejía. “Mi voto fue en contra, porque lo que quiero exigir es que se tome con responsabilidad lo que se va a hacer”.

El presidente el Congreso se reune con los diputados al centro del hemiciclo para acordar enmiendas. Fotografía: Prensa Libre.

Tras esa votación, el presidente del Congreso convocó en el centro del hemiciclo a los Jefes de Bloque para terminar de consensuar las enmiendas que van a presentar a la ley, pero ante la falta de acuerdos se dio un receso de 15 minutos.

Información en desarrollo

Decreto 7-2025: quiénes son los 86 diputados que aprobaron la publicación de la ‘ley de gasto exprés’ para los Codedes

Wed, 08 Oct 2025 17:19:37 +0000

Guatemala

Decreto 7-2025: quiénes son los 86 diputados que aprobaron la publicación de la ‘ley de gasto exprés’ para los Codedes

El Congreso aprobó que los Codedes puedan retener fondos no ejecutados durante 2025, pese al veto presidencial. Conozca quiénes votaron a favor y cómo se definió la decisión en el pleno.

Sandy Pineda y Douglas Cuevas

8 de octubre de 2025 | 11:19h

Diputados en el pleno del Congreso durante la votación del Decreto 7-2025, pese al veto presidencial del Ejecutivo. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

Con 86 votos a favor, los diputados del Congreso de la República aprobaron el Acuerdo Legislativo 6-2025, que permite a los Consejos Departamentales de Desarrollo Urbano y Rural (Codedes) retener los fondos no ejecutados durante 2025.

La decisión se tomó a pesar de que el presidente Bernardo Arévalo había vetado el decreto la semana pasada, al argumentar que presentaba vicios al contravenir varios artículos de la Constitución relacionados con el gasto público y la distribución de competencias entre los poderes del Estado.

Según los legisladores, el Acuerdo Gubernativo mediante el cual se intentó vetar la ley carecía de un artículo de vigencia, lo que impidió que el veto entrara en vigor dentro del plazo constitucional de 15 días.

Por esta razón, los legisladores de oposición argumentaron un error técnico y el Congreso procedió a aprobar el acuerdo que deja en firme la norma.

¿Qué implica el decreto aprobado?

El decreto aprobado permite a los Consejos Departamentales de Desarrollo Urbano y Rural (Codedes) retener los fondos que no se ejecuten durante el año 2025.

Esta medida ha generado preocupación en diversos sectores, que señalan la falta de mecanismos de control y el riesgo de un manejo discrecional de los recursos.

En respuesta, el gobierno anunció que evaluará acciones legales contra la decisión del Congreso.

Lea también: Viajes del presidente Arévalo coinciden con emergencias y decisiones clave en el país

Quiénes votaron

A continuación, se presenta la lista completa de la votación:

Votos a favor

Luis Fernando Aguirre Estrada — CABAL
Hellen Magaly Alexándra Ajcip Canel — COMUNIDAD ELEFANTE
Héctor Adolfo Aldana Reyes — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
Felipe Alejos Lorenzana — TODOS
Manuel Geovany Alvarado Vásquez — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
Sergio David Arana Roca — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
Manuel de Jesús Archila Cordón — CABAL
Sherol Ivanisse Arévalo Avila — PARTIDO VALOR
Alvaro Enrique Arzú Escobar — PARTIDO UNIONISTA
Jorge Estuardo Ayala Marroquín — PARTIDO VALOR
Gerson Geovanny Barragán Morales — PARTIDO POLÍTICO VISIÓN CON VALORES
Ernesto Bran Colindres — PARTIDO VALOR
Carlos Roberto Calderón Galvez — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
Obbed Ediberto Castañasa Mendizábal — PARTIDO POLÍTICO VISIÓN CON VALORES
José Inés Castillo Martínez — UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
Maynor Estuardo Castillo y Castillo — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
Sergio Leonel Celis Navas — CABAL
Dámaris Carolina Cerna Acevedo — UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
Bequer Neftali Chocooj de la Cruz — CABAL
Gladis Carolina Cifuentes Barragán — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
Guillermo Alberto Cifuentes Barragán — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
Victor Hugo Cifuentes Delgado — INDEPENDIENTES
Gustavo Adolfo Cifuentes Navarro — TODOS
Pablo Leonel Cifuentes Ovalle — CABAL
Randy Araely Coc Figueroa — VICTORIA
Oscar Rolando Corleto Rivera — INDEPENDIENTES
Edin Alexander De Jesús Mejía — PARTIDO POLÍTICO VISIÓN CON VALORES
Mynor Alfonso De la Rosa Palacios — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
Alberto Eduardo De León Benítez — CABAL
Greicy Domenica De León De León — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
Nadia Lorena De León Torres — PARTIDO POLÍTICO NOSOTROS
Lourdes Teresita De León Torres — UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
Gerardín Ariel Díaz Mazariegos — PARTIDO VALOR
Herman Otoniel Echeverría Casado — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
Sergio Guillermo Enriquez Garzaro — UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
Kevyn Luis Carlo Escobar Castillo — CABAL
José Luis Galindo de León — PARTIDO VALOR
Manrique Obel Gálvez De León — UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
Mario Ernesto Gálvez Muñóz — UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
José Arnulfo García Barrios — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
Cornelio Gonzalo García García — TODOS
Mercedes Cristabel Guardado Linares de Nájera — PARTIDO VALOR
Sofía Jeanetth Hernández Herrera — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
Benjamin Ipiña Leiva — UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
Esduín Jerson Javier Javier — CAMBIO
Sandra Erica Jovel Polanco — PARTIDO VALOR
Candido Fernando Leal Gómez — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
Josué Edmundo Lemus Cifuentes — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
Fidencio Lima Pop — PARTIDO POLÍTICO VISIÓN CON VALORES
Julio César López Escobar — CABAL
Carlos Enrique López Girón — PARTIDO VALOR
Carlos Enrique López Maldonado — CABAL
Jaime Octavio Augusto Lucero Vásquez — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
Danilo Madrazo Mazariegos — TODOS
Ana Lucrecia Marroquín Godoy de Palomo — PARTIDO UNIONISTA
Julio Daniel Marroquín Ordoñez — UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
Ricardo Leonel Martínez Alarcón — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
Erick Geovany Martínez Hernández — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
Duay Antoni Martinez Salazar — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
Marleni Lineth Matías Santiago — UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
Nery René Mazariegos López — PARTIDO POLÍTICO VISIÓN CON VALORES
Marco Aurelio Mejía Alfaro — INDEPENDIENTES
Maynor Gabriel Mejía Popol — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
Martín Nicolás Segundo — UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
Rolando Miguel Ovalle Barrios — UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
Elmer Josué Palencia Reyes — PARTIDO VALOR
Rodrigo Antonio Pellecer Rodriguez — COMUNIDAD ELEFANTE
Marco Alejandro Pérez Toribio — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
Julio César Portillo Paz — CABAL
Guillermo Antonio Ralda Conde — CABAL
Darwin Edgardo Ramírez Cameros — INDEPENDIENTES
Edgar Raúl Reyes Lee — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
Shirley Joanna Rivera Zaldaña — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
César Augusto Rodas Cardona — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
Byron Bladimiro Rodríguez Palacios — TODOS
Luis Alberto Rodríguez Reyes — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
Allan Estuardo Rodríguez Reyes — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
Carlos Napoleon Rojas Alarcón — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
Faver Emilio Salazar Cordero — PARTIDO VALOR
Leopoldo Salazar Samayoa — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
José Carlo Solano — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
Byron Leonidas Tejeda Marroquín — CABAL
Erick José Mario Tzún De León — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
Victor Alfredo Valenzuela Argueta — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
Mario Velásquez Pérez — CABAL
Marvin Adrián Zepeda Zepeda — TODOS

Votos a favor por bloque

Vamos por una Guatemala Diferente – 30 votos
Cabal – 13 votos
Unidad Nacional de la Esperanza – 11 votos
Valor – 10 votos
Todos – 6 votos
Visión con Valores – 5 votos
Independientes – 4 votos
Elefante – 2 votos
Unionista – 2 votos
Cambio – 1 voto
Nosotros – 1 voto
Victoria – 1 voto

Total: 86 votos

Votos en contra

Cristian Rodolfo Alvarez y Alvarez — COMPROMISO, RENOVACIÓN Y ORDEN
César Augusto Amézquita Del Valle — PARTIDO POLÍTICO VISIÓN CON VALORES
Raúl Amilcar Barrera Robles — INDEPENDIENTES
León Felipe Barrera Villanueva — INDEPENDIENTES
Orlando Joaquín Blanco Lapola — VOLUNTAD, OPORTUNIDAD Y SOLIDARIDAD
Luis Antonio Cáceres Gamarro — INDEPENDIENTES
Karla Betzaida Cardona Arreaga — UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
Manfredo Duvalier Castañón González — INDEPENDIENTES
Román Wilfredo Castellanos Caal — INDEPENDIENTES
Jorge Romeo Castro Delgado — PARTIDO POLÍTICO VISIÓN CON VALORES
José Alberto Chic Cardona — VOLUNTAD, OPORTUNIDAD Y SOLIDARIDAD
Luis Alberto Contreras Colíndres — COMPROMISO, RENOVACIÓN Y ORDEN
Gustavo Adolfo Crúz Montoya — INDEPENDIENTES
Raúl Arnulfo Cuá Tumín — INDEPENDIENTES
Julio Héctor Estrada Domínguez — CABAL
César Augusto Fión Morales — INDEPENDIENTES
Jairo Joaquín Flores Divas — VOLUNTAD, OPORTUNIDAD Y SOLIDARIDAD
Mirna Victoria Godoy Palala — INDEPENDIENTES
Julio Pedro Gómez Gómez — UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
Sonia Marina Gutierrez Raguay — COALICIÓN MOVIMIENTO POLÍTICO WINAQ – UNIDAD REVOLUCIONARIA NACIONAL GUATEMALTECA
David Mauricio Illescas Sandoval — INDEPENDIENTES
Luis Javier López Bolaños — UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
Darwin Alberto Lucas Paz — INDEPENDIENTES
Vasny Adiel Maldonado Alonzo — UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
Ervin Adim Maldonado Molina — INDEPENDIENTES
Laura Fabiola Marroquín Cordón — INDEPENDIENTES
Brenda Marleny Mejía López — INDEPENDIENTES
José Pablo Mendoza Franco — COMPROMISO, RENOVACIÓN Y ORDEN
Sandra Yanet Milian Gomez — VICTORIA
Mercedes del Rosario Monzón Escobedo — INDEPENDIENTES
Evelyn Oddeth Morataya Marroquín — INDEPENDIENTES
Elena Sofia Motta Kolleff — INDEPENDIENTES
Byron Alesky Obregón Castañeda — INDEPENDIENTES
Sandra Carolina Orellana Cruz — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE

Ausentes

Víctor Vicente Bonilla González — PARTIDO POLÍTICO VISIÓN CON VALORES
César Roberto Dávila Córdova — BIENESTAR NACIONAL
Jeovanni Omar Domínguez Orozco — PARTIDO POLÍTICO VISIÓN CON VALORES
Boris Roberto España Cáceres — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
Rolando Guzmán Figueroa — CABAL
Francisco Vitelio Lam Ruano — UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
Ivanna María Luján Padilla — INDEPENDIENTES
Joél Rubén Martínez Herrera — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
Christian Joél Martínez Juárez — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
Jairo Danilo Orellana Sandoval — CABAL
Rudy Berner Pereira Delgado — INDEPENDIENTES
Vivian Beatriz Preciado Navarijo — INDEPENDIENTES
Thelma Elizabeth Ramírez Retana — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
Juan Ramón Rivas García — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
Lucrecia Carola Samayoa Reyes — BIENESTAR NACIONAL
Marcos Eduardo Tebelán Pantzay — CABAL
Sabino Sebastián Velásquez Bámaca — BIENESTAR NACIONAL

Con licencia

Jorge Mario Cabrera Ordóñez — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
Alma Luz Guerrero de la Cruz — INDEPENDIENTES
Ronalth Ivan Ochaeta Aguilar — INDEPENDIENTES
Karina Alexandra Paz Rosales — INDEPENDIENTES
Ronald Yomelfy Portillo Cordón — VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE
Jorge Mario Villagrán Alvarez — PARTIDO AZUL

Con información de Evelyn Boche.

Diputados proponen subsidio de Q10 mil a Q70 mil para dueños de casas dañadas por los sismos del 2025

Tue, 07 Oct 2025 19:03:15 +0000

Guatemala

Diputados proponen subsidio de Q10 mil a Q70 mil para dueños de casas dañadas por los sismos del 2025

La principal fuente de financiamiento será un fondo de Q110 millones incluido en el presupuesto nacional, destinado a mitigar desastres naturales.

Douglas Cuevas

7 de octubre de 2025 | 13:03h

Varias casas de la aldea Las Trojes, en Amatitlán, quedaron completamente destruidas por los recientes sismos en Guatemala. (Foto Prensa Libre. Óscar Vásquez)

Diputados buscan utilizar un fondo de emergencia y recursos del Ministerio de Comunicaciones para otorgar un subsidio, por única vez, a los dueños de viviendas dañadas por los sismos ocurridos desde el pasado 8 de julio y hasta el 31 de diciembre del 2025.

Los departamentos con mayores daños son Guatemala, Escuintla, Sacatepéquez, Suchitepéquez, Baja Verapaz y Jutiapa, según reportes oficiales.

Entre los principales daños reportados figuran colapsos parciales y rajaduras severas en muros y techos, lo que comprometió directamente la seguridad y habitabilidad de las viviendas afectadas, señala la iniciativa.

“Más del 40% de las viviendas evaluadas en estas localidades presentaron daños que requieren reparación parcial o reconstrucción total inmediata”, indica la exposición de motivos.

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Los legisladores citan cifras atribuidas a la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Se-Conred), que reporta, hasta el 10 de septiembre pasado, cerca de 7 mil viviendas afectadas. De estas, el 32.5% tiene daños leves, el 43.7% presenta daños moderados y el 23.8%, daños severos.

El monto

La propuesta establece un aporte único para los propietarios de viviendas con daños, quienes podrán optar a un subsidio de entre Q10 mil y Q70 mil, según el nivel de afectación del inmueble, conforme al artículo 6 de la iniciativa.

Este apoyo económico podrá destinarse a gastos de alquiler, reparación o refuerzo de la construcción afectada, enganche para una nueva propiedad o compra de materiales de construcción, según el artículo 7 de la propuesta.

Un hombre observa una vivienda afectada por un sismo este miércoles, en el caserio San Miguel Comapa, Jutiapa. Fotografía: EFE/ Alex Cruz

Los fondos serán administrados por el Ministerio de Desarrollo Social, que definirá los procedimientos para su desembolso. La Contraloría General de Cuentas fiscalizará el uso de los recursos.

Requisitos

Acreditar la propiedad o posesión del inmueble.
Detallar el número, nombre, edad y relación de parentesco o dependencia de los cohabitantes, si comparte la vivienda con otras familias.
No haber recibido ayuda similar o monetaria de instituciones públicas o privadas que ejecuten fondos del Estado.
No contar con seguro de vivienda que cubra reparaciones por el monto máximo fijado en el artículo 6.
Comprometerse a destinar el subsidio únicamente para los fines establecidos en el artículo 7.
Facilitar la supervisión del Ministerio de Desarrollo Social y la Contraloría General de Cuentas.
Declarar la veracidad de la información proporcionada, bajo pena de perjurio y demás apercibimientos de ley.

Financiamiento

Para financiar la ley, se propone utilizar recursos del Fondo para la Vivienda (Fopavi) del Ministerio de Comunicaciones, siempre que no estén comprometidos.

También se destinará el 75% de un fondo emergente de Q110 millones, contenido en el artículo 119 del presupuesto nacional del 2025, asignado para atender desastres naturales; y también podrán emplearse, además, recursos provenientes de modificaciones presupuestarias del Ministerio de Desarrollo Social.

En el 2020, el Congreso aprobó una serie de programas de apoyo económico. Según procesos de fiscalización, estos no fueron utilizados de forma adecuada. El Bono de Protección al Empleo, por ejemplo, se desembolsó para 245 personas fallecidas. Incluso el partido político Bienestar Nacional (Bien), cuyo máximo representante es Fidel Reyes Lee, se benefició del programa.

Diputados del @CongresoGuate proponen un subsidio de Q10 mil a Q70 mil para los propietarios de viviendas que han sufrido daños por los sismos registrados desde el pasado 8 de julio. La iniciativa de ley lleva la firma de diputados de distintos bloques. pic.twitter.com/KuPNqjEwyc
— Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) October 7, 2025

Oposición busca anular veto presidencial y mantener ley de gasto exprés para los Codedes

Tue, 07 Oct 2025 06:06:00 +0000

Guatemala

Oposición busca anular veto presidencial y mantener ley de gasto exprés para los Codedes

Los bloques Cabal, Vamos y Valor rechazan el veto y aseguran contar con los votos necesarios para mantener la ley, pese al rechazo del Ejecutivo.

Douglas Cuevas

7 de octubre de 2025 | 00:06h

Diputados de Vamos celebraron la aprobación del decreto 7-2025 el pasado 2 de septiembre. Fotografía: Prensa Libre.

El Congreso sostendrá un pulso político contra el presidente y buscará anular el veto a la Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural.

El presidente Bernardo Arévalo anunció la decisión el viernes último y la justificó por encontrar una serie de inconstitucionalidades en el decreto 7-2025, según lo informó mediante un comunicado.

Los diputados no comparten el criterio de Arévalo y desde ya buscan los 107 votos necesarios para mantener vigente la ley, pese al rechazo del Ejecutivo.

La Ley Orgánica del Organismo Legislativo (LOOL) establece, en su artículo 132, que los diputados pueden ratificar un decreto vetado, siempre que cuenten con el voto favorable de las dos terceras partes del total de legisladores.

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El asunto será discutido este 7 de octubre, durante la sesión plenaria. La Instancia de Jefes de Bloques acordó incluir la discusión del tema entre los primeros puntos de la agenda.

Durante la discusión de las propuestas de agenda, ningún diputado adelantó opinión sobre el veto a la ley aprobada de urgencia nacional, con 108 votos, el pasado 2 de septiembre.

Rechazan el veto

Durante la aprobación del decreto, fuentes legislativas señalaron como principales operadores del tema a los diputados Luis Aguirre, de Cabal, y Allan Rodríguez, de Vamos.

Aguirre, jefe del bloque Cabal, aseguró que no comparten la decisión del Ejecutivo y adelantó que para la sesión de este martes buscarán mantener el decreto y rechazar el veto.

Diputados se acercaban a Luis Aguirre durante las votaciones del decreto 7-2025. Fotografía: Prensa Libre.

“Lo que ellos están planteando es una ampliación presupuestaria para el próximo año, y el asunto de los avales sigue sin resolverse. El decreto 7-2025 no tiene inconstitucionalidades”, indicó el legislador.

Por parte del partido Vamos, el diputado Héctor Aldana, sostuvo que tampoco observan vicios de inconstitucionalidad en la norma. Añadió que defenderán la ley, ya que busca atender necesidades de inversión.

Héctor Adolfo Aldana, diputado del partido Vamos, estima que se podrá rechazar el veto. Fotografía: Prensa Libre.

“No entendemos por qué vetan algo que ellos mismos propusieron. Pero estamos convencidos de que esto es necesario para el país. Si han sido incapaces de ejecutar, que las municipalidades y los Codedes utilicen los saldos de caja”, afirmó.

Para Aldana, es contradictorio que el Ejecutivo vete una propuesta que también recogió aportes del oficialismo. “El Congreso solo le dio forma a la iniciativa”, añadió.

Aldana prevé que contarán con el respaldo suficiente para rechazar el veto. “En el Congreso vamos a rechazarlo. Hemos hablado con distintas bancadas, y hay consenso en que se necesitan esos 107 votos”, dijo.

Valor tampoco comparte el veto

El bloque Valor, clave en varias decisiones de la décima legislatura, también respaldará el decreto y se opondrá al veto.

Elmer Palencia, jefe de la bancada, afirmó que, aunque respeta la decisión presidencial, no observa fundamentos jurídicos claros para justificarla.

Elmer Palencia, afirma que no encuentra los vicios que señala el presidente en el veto. Fotografía: Prensa Libre.

“Respetamos la postura del presidente, pero afirmar que hay inconstitucionalidades es una presunción. Solo la Corte de Constitucionalidad puede definirlo”, afirmó.

Sin embargo, a diferencia de Aldana, Palencia no garantizó contar con los votos suficientes. “Sería atrevido decirlo. En su momento logramos 108 votos y, por lo que he conversado, casi todos repetirían su voto, respetando la supremacía legislativa”.

Contrapropuesta

Antes de oficializarse el veto, fuentes legislativas adelantaron que el Ejecutivo buscaría presentar una nueva ley, similar al decreto 7-2025.

El borrador de dicha propuesta se filtró el viernes y fue confirmado durante el fin de semana por diputados oficialistas, quienes planean presentarla este martes.

Victoria Palala, del grupo afín al Movimiento Semilla, señaló que están recogiendo comentarios de distintos legisladores para presentar una iniciativa consensuada.

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El diputado José Carlos Sanabria, actual operador político del presidente, indicó que se busca alcanzar consensos, aunque los bloques mayoritarios ya adelantaron que no están dispuestos a apoyar.

Cabal, Vamos y Valor apuestan por defender el decreto vetado. Aldana y Palencia incluso señalaron que el borrador de la nueva propuesta coincide ampliamente con el decreto 7-2025.

Piden subsidio

Tras aprobar la agenda de la semana, la Instancia de Jefes de Bloque recibió este lunes a un grupo de transportistas que manifestó en el Centro Histórico.

Se trató de pilotos de transporte público, quienes pidieron apoyo económico para continuar brindando servicio a adultos mayores. La propuesta será analizada por los diputados.

Walter Montiel, representante del gremio, indicó que necesitan un subsidio anual de Q35 millones para mantener el servicio, pero no supo sustentar esa cifra ante los legisladores.

Los transportistas también solicitaron una ley de “chatarrización” que les permita acceder a créditos para renovar sus flotillas.

La caravana partió desde Mixco hasta el Centro Histórico de la ciudad de Guatemala.

De “terroristas” a “delincuentes de alta peligrosidad”: Dictamen de iniciativa que busca atacar a las pandillas cambia clasificación

Wed, 01 Oct 2025 06:01:00 +0000

Guatemala

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De “terroristas” a “delincuentes de alta peligrosidad”: Dictamen de iniciativa que busca atacar a las pandillas cambia clasificación

Propuesta presentada por Alejandro Giammattei continúa bajo análisis, pero comisiones cambian el texto original que clasificaba como “terroristas” a los mareros.

Douglas Cuevas

1 de octubre de 2025 | 00:01h

La iniciativa será evaluada por los diputados cinco años después de ser presentada. Fotografía: Prensa Libre ( Esvin García).

El Congreso de la República continúa con el análisis de la iniciativa 5692, presentada por el expresidente Alejandro Giammattei, que pretendía clasificar como terroristas a los integrantes de las maras o pandillas juveniles.

La propuesta fue revisada por las comisiones de Defensa, Gobernación y Asuntos de Seguridad Nacional. Avanzó en su primera lectura en marzo del 2024, con dictamen elaborado por esta última.

Dicho dictamen fue favorable con modificaciones. Entre los cambios principales destaca la eliminación del término “terrorista”, sustituido por “delincuentes de alta peligrosidad” para referirse a los pandilleros.

La iniciativa contó con el análisis de expertos en seguridad, entre ellos Nery Ramos, exdirector de la Policía Nacional Civil (PNC) y actual presidente del Legislativo.

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“Ramos, experto en seguridad, apunta la necesidad de ampliar la tipología de las conductas criminales de las maras y aumentar las penas por los delitos que cometen, para coadyuvar en su erradicación”, señala el dictamen.

Otro punto mencionado es que la mayoría de expertos consultados afirmaron que el 90% de los cabecillas de la Mara 18 y la Mara Salvatrucha (MS) ya se encuentran detenidos.

Por ello, recomendaron reforzar los controles en el Sistema Penitenciario (SP), a fin de evitar que los líderes den instrucciones a los pandilleros que aún están en libertad.

Se requieren cambios

Para Javier Monterroso, exsecretario del Ministerio Público (MP) y analista en seguridad, clasificar como “terroristas” a los pandilleros no ocasionaría mayor impacto en la persecución penal.

“En Guatemala no cambia nada, porque ya se aplica la Ley contra el Crimen Organizado. Clasificarlos como terroristas no implica ninguna modificación real. Si se trata de procesarlos por pertenecer a una organización terrorista, ya existe la figura de asociación ilícita”, señaló.

Recientemente, diputados y fiscales del MP se reunieron para analizar el fenómeno criminal, que, a criterio de los investigadores, requiere penas más severas.

Durante el encuentro se abordó la posibilidad de crear juzgados y tribunales especializados para conocer estos casos. No obstante, Monterroso advirtió que esa medida podría resultar contraproducente.

Reos esposados de la Mara Salvatrucha y Barrio 18 en fila durante su traslado al Centro “Renovación 1”. (Foto Prensa Libre: Mingob)

“La creación de juzgados especializados no ayuda; incluso podrían ser inconstitucionales, ya que podría perderse la objetividad del proceso penal. Además, ya existen los juzgados de alto impacto, que tienen capacidad para conocer este tipo de casos”, apuntó.

A su juicio, para lograr una solución más profunda se debería modificar la Ley de Aceptación de Cargos, pues asegura que esta ha sido utilizada por pandilleros para evadir la justicia.

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“Aplican la aceptación de cargos por portación ilegal de armas de fuego y otros delitos. Si realmente se quiere aprobar una ley para combatir a las maras, se debería derogar esa normativa o limitar su uso”, añadió.

El diputado Byron Rodríguez, del bloque Todos, coincide con este enfoque. “Hay que encontrar un mecanismo para que los cabecillas y quienes se benefician en ámbitos políticos, empresariales o de lavado de dinero enfrenten responsabilidades penales”, dijo.

La propuesta

La iniciativa no solo califica a los pandilleros como delincuentes de alta peligrosidad, sino que establece que los procesos en su contra deberán conocerse en juzgados y tribunales de alto impacto.

También duplica las penas para quienes sean condenados por los delitos de asociación ilegal de personas armadas y entrenamiento para actividades ilícitas.

Además, de ser aprobada conforme al dictamen, permitirá al Ministerio de Gobernación (Mingob) equiparse con hasta Q200 millones para métodos especiales de investigación contra pandillas.

Artículos destacados de la propuesta:

Artículo 3. Los casos de pandilleros serán conocidos en juzgados de alto impacto.
Artículo 10. Doble de pena por asociación ilegal de personas armadas.
Artículo 11. Doble de pena por entrenamiento para actividades ilícitas.
Artículo 21. El Ejecutivo deberá crear un mecanismo para evitar la comunicación entre cabecillas y sus estructuras criminales desde prisión.
Artículo 22. El Mingob podrá adquirir equipo para métodos especiales de investigación por hasta Q200 millones.

El dictamen fue elaborado por la legislatura anterior e incluso contó con el voto favorable razonado del ahora presidente Bernardo Arévalo, quien en ese entonces era diputado.

En su voto, Arévalo expuso su preocupación por la falta de mecanismos de fiscalización sobre el gasto autorizado para el Mingob. Actualmente, la cartera es dirigida por Francisco Jiménez.

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Wed, 01 Oct 2025 02:29:50 +0000

Congreso dividido por iniciativa que busca declarar terroristas a los pandilleros

Tue, 30 Sep 2025 22:32:53 +0000

Guatemala

Congreso dividido por iniciativa que busca declarar terroristas a los pandilleros

El Congreso debate la iniciativa 5692, que busca tipificar como terrorismo los actos de las pandillas y divide a los diputados.

Douglas Cuevas

30 de septiembre de 2025 | 16:32h

Los diputados debatieron por varios minutos alrededor de la iniciativa que busca atacar a las maras. Fotografía: Prensa Libre (Esvin García).

Desde que el gobierno de Estados Unidos clasificó a la pandilla Barrio 18 como grupo terrorista, los diputados guatemaltecos han reactivado propuestas para declarar terroristas a estas estructuras criminales, aunque no logran un consenso sobre cómo avanzar.

Para la sesión plenaria de este martes se incluyó en la agenda la iniciativa 5692, que busca tipificar el terrorismo con fines de desorden público, específicamente por las acciones de las pandillas en el país.

Esta propuesta fue presentada por Alejandro Giammattei al inicio de su mandato presidencial. Obtuvo dictamen en pocos meses y, el 14 de marzo del 2024, fue conocida en primer debate.

Tras el anuncio del gobierno estadounidense, diputados impulsan nuevamente la iniciativa con el objetivo de endurecer los controles contra los pandilleros.

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La propuesta fue tramitada en su segundo debate; sin embargo, antes de ser incluida en la tercera lectura y redacción final, los bloques parlamentarios analizarán cada jueves posibles enmiendas que permitan actualizarla y mejorarla.

Pero antes de cumplir con el procedimiento acordado por la Instancia de Jefes de Bloque, un grupo de diputados intentó adelantar la discusión del tema, lo que generó confrontación en el hemiciclo.

El debate

El diputado independiente Gustavo Cruz propuso adelantar el conocimiento de la iniciativa al primer punto de la agenda, aludiendo a la necesidad de impulsar normas en favor de la seguridad.

“Ojalá que no pase lo que con otras leyes en materia de seguridad: que algunos diputados las entrampan y luego van corriendo a la Corte de Constitucionalidad para que las boten”, argumentó.

La diputada oficialista Andrea Reyes, promotora del grupo Raíces, respaldó la propuesta y agregó que se podrían discutir enmiendas para robustecer una iniciativa que, según dijo, fue presentada con deficiencias.

Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias el Lobo, cabecilla del Barrio 18. (Foto Prensa Libre: Mingob).

“Creemos que es importantísimo brindarle seguridad y darle herramientas al Estado para poder combatir a los grupos delincuenciales, maras o pandillas. Sin embargo, vemos con preocupación la forma como fue redactada esta iniciativa. La comisión hizo lo mejor que pudo para rescatar el mamarracho que presentó Alejandro Giammattei”, afirmó.

No obstante, la diputada oficialista Victoria Palala, vinculada al cancelado Movimiento Semilla, expresó una postura contraria. Señaló que las enmiendas sin consenso podrían ser contraproducentes.

La Mara Salvatrucha es una organización criminal que opera en Guatemala. (Foto Prensa Libre: AFP)

“Nuestra propuesta es que no continúe caminando esta ley. Por el contrario, pedimos instalar una mesa técnica donde podamos construir una iniciativa de ley operativa. Hoy corremos el riesgo de aprobar enmiendas desde el curul”, advirtió.

Desde la oposición, el diputado Ronald Portillo, del bloque Vamos, criticó al oficialismo por impulsar una iniciativa que —según dijo— antes rechazaron.

“Esa propuesta se ha hecho varias veces en este pleno por el descontrol que este gobierno tiene en materia de seguridad, y se les ha señalado desde que tomaron posesión”, reclamó.

Desde el bloque de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), el diputado Inés Castillo propuso un punto resolutivo para exhortar al presidente a decretar un estado de excepción.

El objetivo del llamado era que el Ejecutivo, a través de las instituciones de seguridad, tomara el control de las cárceles. Sin embargo, la propuesta dividió opiniones y no fue aprobada.