Como todos saben, los de la izquierda odian al ejército de Estados Unidos. Hace poco, una conocida figura mediática de izquierda atacó al general Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto, cuando declaró: “No solo es un cerdo, es un estúpido”.

Un momento. Ese no fue un izquierdista, se trató de Tucker Carlson de Fox News. Lo que hizo estallar a Carlson fue un testimonio en el que Milley dijo en una audiencia del Congreso que consideraba importante “que quienes usamos uniforme tengamos la mente abierta y una buena educación”.

El problema es evidente. La cerrazón y la ignorancia se han convertido en valores fundamentales de los conservadores, y quienes rechazan esos valores son el enemigo, sin importar lo que hayan hecho para servir al país.

La audiencia de Milley formó parte del furor orquestado en torno a la “teoría crítica de la raza”, que ha dominado los medios de comunicación de derecha durante los últimos meses y se ha mencionado unas 2000 veces en Fox en lo que va de año. A menudo se ven afirmaciones de que los que atacan la teoría crítica de la raza no tienen ni idea de lo que es, pero yo no estoy de acuerdo; ellos entienden que tiene algo que ver con las afirmaciones de que Estados Unidos tiene una historia de racismo y de políticas que, de manera explícita o implícita, ampliaron las disparidades raciales.

Y, sin duda, esas afirmaciones son ciertas. La masacre racial de Tulsa sí ocurrió y fue solo uno de los muchos incidentes de este tipo. El manual de suscripción de 1938 de la Administración Federal de la Vivienda, en efecto, declaró que “no se debe permitir que grupos raciales incompatibles vivan en las mismas comunidades”.

Podemos debatir sobre la relevancia de esta historia para las políticas actuales, pero ¿quién se opondría a reconocer hechos tan simples?

La derecha moderna, lo haría. La actual obsesión con la teoría crítica de la raza es un intento cínico de cambiar el tema de las muy populares iniciativas políticas del gobierno de Biden, mientras se complace con la rabia blanca que los republicanos niegan que exista. Pero es solo uno de los múltiples temas en los que la ignorancia voluntaria se ha convertido en una prueba de fuego para cualquiera que espere tener éxito en la política republicana.

Por lo tanto, para ser un republicano de buena reputación hay que negar la realidad del cambio climático provocado por los seres humanos o al menos oponerse a cualquier acción significativa para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero; hay que rechazar o al menos mostrarse escéptico ante la teoría de la evolución. Y no me hagan hablar de cosas como la eficacia de los recortes de impuestos.

¿Qué subyace en este compromiso interdisciplinario con la ignorancia? En cada tema, negarse a reconocer la realidad sirve a intereses especiales. La negación del cambio climático le sirve a la industria de los combustibles fósiles; la negación de la evolución le sirve a los fundamentalistas religiosos; el misticismo de la reducción de impuestos les sirve a los donantes multimillonarios.

Pero también hay, diría yo, un efecto indirecto: aceptar la evidencia y la lógica es una especie de valor universal y este valor no puede eliminarse de un área de investigación sin degradar todo lo demás. Es decir, no se puede declarar que la honestidad sobre la historia racial de Estados Unidos es inaceptable y esperar que se mantengan los estándares intelectuales en todos los demás ámbitos. En el universo moderno de ideas de la derecha, todo es político; no hay temas seguros.

Esta politización de todo crea una enorme tensión inevitable entre los conservadores y las instituciones que tratan de respetar la realidad.

Se han hecho muchos estudios para documentar la fuerte inclinación demócrata de los profesores universitarios, lo que a menudo se considera una prueba evidente de la parcialidad política en la contratación. Una nueva ley en Florida exige que todas las universidades estatales realicen una encuesta anual “que considere hasta qué grado se presentan ideas y perspectivas opuestas”, lo que no obliga de manera específica a contratar a más republicanos pero, sin duda, apunta en esa dirección.

Un contraargumento obvio a las afirmaciones de contratación sesgada es la autoselección: ¿cuántos conservadores eligen carreras como sociología? ¿Es el sesgo en la contratación la razón por la que los agentes de policía parecen haber apoyado de modo desproporcionado a Donald Trump en las elecciones de 2016 o es solo un reflejo del tipo de personas que eligen carreras en las fuerzas del orden?

Pero más allá de eso, el Partido Republicano moderno no tiene cabida para las personas que creen en la objetividad. Una característica sorprendente de las encuestas sobre el partidismo académico es la abrumadora tendencia demócrata en ciencias duras como la biología y la química; pero ¿en verdad resulta difícil de entender si se considera que los republicanos rechazan la ciencia en tantos frentes?

Un estudio reciente se maravilla de que hasta los departamentos de finanzas sean en su mayoría de tendencia demócrata. De hecho, cabría esperar que los profesores de finanzas, algunos de los cuales realizan lucrativas consultorías para Wall Street, fueran bastante conservadores. Pero incluso a ellos les repugna un partido comprometido con la economía zombi.

Lo que me lleva de nuevo a Milley. El ejército de Estados Unidos se ha inclinado de manera tradicional por los republicanos, pero el cuerpo de oficiales moderno tiene estudios superiores, es de mente abierta y, me atrevo a decir, incluso un poco intelectual, porque esos son atributos que ayudan a ganar guerras.

Por desgracia, también son atributos que el Partido Republicano moderno considera intolerables.

Así que ataques como el que recibió Milley eran inevitables. Los de derecha le apuestan todo a la ignorancia, por lo que están destinados a entrar en conflicto con todas las instituciones —incluido el ejército estadounidense— que estén tratando de cultivar el conocimiento.

El juez David L. Bunning ordenó encarcelar a Kim Davis, de confesión cristina, y estableció que no será liberada hasta que obedezca al Supremo, que dictaminó el pasado lunes que la funcionaria debe empezar de manera inmediata a emitir licencias matrimoniales a todo tipo de parejas.

“El tribunal no puede consentir la desobediencia de una orden emitida legalmente”, argumentó el juez al considerar que una multa no sería suficiente para disuadir a la funcionaria y dictaminar que debe permanecer en custodia policial.

La funcionaria decidió dejar de emitir cualquier licencia de matrimonio en junio, cuando el Supremo falló a favor de la legalización de las uniones entre personas del mismo sexo en todo el país, una decisión histórica que anuló la potestad de los estados para prohibir el casamiento entre homosexuales.

Así, el matrimonio homosexual se convirtió en un derecho constitucional en Estados Unidos, lo que obliga a los trece estados que entonces todavía lo prohibían, entre ellos Kentucky, a permitir que las personas del mismo sexo puedan casarse.

Cuando el gobernador de Kentucky, el demócrata Steve Beshear, ordenó a los juzgados emitir licencias de matrimonio a los homosexuales, Davis decidió interponer una demanda en una corte federal, con el argumento de que sus creencias religiosas la excluyen de tener que cumplir con esa obligación.

En una declaración divulgada por sus abogados esta semana, Davis defendió que no siente “hostilidad”  hacia nadie ni actúa “con mala voluntad”.

“Para mí, esto nunca ha sido un tema de ser gay o lesbiana. Es sobre el matrimonio y la palabra de Dios”, aseguraba.

Según la página en internet www.filialesuplica.org más de 462 mil 700 personas en todo el mundo habían firmado hasta este jueves la petición.

Llamada “Filial Súplica a su Santidad para el futuro de la familia”, los firmantes piden con ese mensaje al “papa Francisco que reafirme categóricamente la enseñanza de la Iglesia de que los católicos divorciados y vueltos a casar civilmente no pueden recibir la Sagrada Comunión y que las uniones homosexuales son contrarias a la ley divina y a la ley natural”.

La iniciativa fue lanzada por varias organizaciones católicas conservadoras, conocidas por sus campañas en contra del aborto y que cuentan con el apoyo de numerosos dirigentes de la Iglesia Católica.

Entre los firmantes figuran varios obispos y cardenales, entre ellos el estadounidense Raymond Burke, cuya influencia en la Curia Romana ha disminuido tras la elección en el 2013  del Papa.

El pontífice convocó para octubre un sínodo o asamblea de obispos de todo el mundo para debatir varios temas que se anuncian complicados, si bien el documento de trabajo divulgado en junio resulta una mediación entre posiciones progresistas y conservadoras.

La cuestión de los católicos que se casan en segundas nupcias divide a la Iglesia, al igual que el lugar de los homosexuales en su seno o las uniones civiles.

El tema es especialmente espinoso en los países en desarrollo, opuestos a cualquier cambio y enfrentados a una línea más moderna, que aspira a conseguir cierta apertura.

El asunto suscitó fuerte debate durante el sínodo sobre la familia de octubre pasado y deberá ser central durante el segundo sínodo, que tiene que elaborar recomendaciones para el Papa.

La semana pasada Francisco pidió que no se trate como excomulgados a los divorciados que se vuelven a casar.

“Los divorciados que se vuelven a casar forman parte siempre de la Iglesia”, afirmó el Papa quien recordó que esas personas “no están excomulgadas, como algunos piensan: ellas forman parte siempre de la Iglesia”, insistió Francisco.

Para la Iglesia, no se puede disolver un matrimonio religioso, y el derecho canónico, que considera a las personas que se casan por segunda vez como infieles a su primer cónyuge, las excluye de los sacramentos, incluida la comunión.

La excomunión es, sin embargo, una sanción más dura, ya que también implica la exclusión de la comunidad.