Contraloría General de Cuentas

CGC detalla qué servicios se pueden pagar con tarjeta de débito o crédito y cómo es el proceso

Sat, 13 Sep 2025 15:16:11 +0000

Comunitario

CGC detalla qué servicios se pueden pagar con tarjeta de débito o crédito y cómo es el proceso

Contraloría General de Cuentas habilita pagos de gestiones con tarjeta de débito y crédito y explica cómo funciona.

13 de septiembre de 2025 | 09:16h

La Contraloría General de Cuentas habilitó los pagos medio de tarjeta de crédito y débito. (Foto Prensa Libre: Cortesía la CGC)

La Contraloría General de Cuentas (CGC) informó este sábado 13 de septiembre que, con el objetivo de ofrecer mejor calidad en los servicios que presta, ha habilitado los sistemas de pago con tarjeta de débito y crédito para gestiones y sanciones económicas, mediante la emisión del Acuerdo A-046-2025.

La institución explicó que el usuario deberá hacer el trámite personalmente y, a partir de ahora, podrá pagar a través de POS en la tesorería de la CGC, ubicada en la 7ª avenida 7-32, zona 13, ciudad de Guatemala. También se podrá optar a visacuotas. Próximamente, el servicio estará disponible en línea.

El artículo 1 del acuerdo ordena que la CGC aceptará pagos mediante plataformas de comercio electrónico con tarjetas de crédito y débito, respaldadas por Visa, MasterCard y otras que puedan incorporarse en el futuro.

“Este avance digital permitirá que los ciudadanos ahorren tiempo y puedan realizarlo de manera más accesible y segura”, indicó la Contraloría.

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El artículo 2 establece que la disposición será aplicable a todos los servicios que presta la institución, incluyendo sus dependencias administrativas y unidades responsables de la gestión de cobros y pagos.

Según la CGC, el objetivo es fomentar la prevención, la confianza ciudadana, la transparencia, la eficiencia y la modernización tecnológica, para facilitar el cumplimiento de trámites y responsabilidades mediante sistemas confiables.

¿Qué servicios pueden pagarse con tarjeta?

Registro de títulos de nivel medio
Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos (Finiquito)
Consulta de declaración jurada patrimonial
Rendición de cuentas de municipalidades
Habilitación de libro y de bitácora electrónica
Sanciones económicas (solo de forma presencial en la sede de zona 13), con opción a pagar con visacuotas

Para leer más: Dinero electrónico: El anteproyecto de ley que busca regular los pagos digitales en Guatemala

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Ministerio de Gobernación no descarta suspender adquisición de pistolas para la PNC, pero el proceso sigue en evaluación

Mon, 07 Jul 2025 18:53:03 +0000

Guatemala

Ministerio de Gobernación no descarta suspender adquisición de pistolas para la PNC, pero el proceso sigue en evaluación

El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, confirmó que el proceso de adquisición de pistolas para la PNC será evaluado, tras recibir recomendaciones de la Contraloría General de Cuentas.

Carlos Gómez y Rubén Lacán

7 de julio de 2025 | 12:53h

El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez en compañía del director de la PNC, David Boteo, anuncio que analizan el proceso de compra de armas para la Policía Nacional Civil. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Luego de una serie de recomendaciones hechas por la Contraloría General de Cuentas (CGC) acerca del proceso de licitación y adjudicación que el Ministerio de Gobernación (Mingob) realizó para la compra de 10 mil armas de fuego tipo pistola a la empresa Mundo de las Armas, por un monto de Q84 millones, el titular de la citada cartera, Francisco Jiménez, informó que se estarán realizando las evaluaciones correspondientes sobre este proceso de compra, entre las cuales no se descarta la suspensión de dicha adquisición.

“Se siguieron procedimientos de ley. La Contraloría General de Cuentas ha hecho algunas recomendaciones, y le responderemos en el marco y los tiempos que nos permite la norma. Vemos con buenos ojos el interés específico de la Contraloría por controlar nuestros procesos; además, es su trabajo y su compromiso con el Estado guatemalteco. Se tomarán en cuenta las sugerencias que la Contraloría General nos dé, después de una revisión administrativa correspondiente, para lo cual la ley establece un plazo. Esto implica incluso no descartar que pueda suspenderse este evento”, afirmó el titular de la cartera del Interior.

Jiménez afirmó que se ha solicitado a la Contraloría una extensión de cinco días para brindar respuesta sobre las acciones que estará tomando el Ministerio de Gobernación respecto de las recomendaciones sobre la adquisición de las armas.

Cabe recordar que la Contraloría General de Cuentas dio, el 2 de julio, un plazo de tres días hábiles al Ministerio de Gobernación para que tomara las acciones administrativas correspondientes. Dicho plazo vencía el lunes 7 de julio.

Según explicó el ministro de Gobernación, en este momento “no se puede dar una respuesta definitiva” sobre el proceso, hasta que no se hagan las evaluaciones correspondientes con la Contraloría General de Cuentas. Por ello, se espera que la próxima semana se tenga una respuesta relacionada con las acciones que se estarán tomando sobre la continuidad del proceso de compra de 10 mil armas de fuego de la marca Pietro Beretta, calibre 9 mm.

Señaló que esta marca de pistolas está estandarizadas en la PNC desde el 2015 y utilizadas por más del 80% de los elementos de la Policía Nacional Civil.
Jiménez aseguró que es importante que todos los elementos de la PNC cuenten con un solo tipo de arma, ya que esto les permite mayor eficiencia al momento de ejecutar operativos. Explicó que, si en determinado momento algún agente lo requiere, sus compañeros pueden proporcionarle un cargador compatible, lo que sería imposible si utilizaran distintos modelos de armas de fuego. También afirmó que contar con un mismo tipo de arma permite darles el mantenimiento adecuado, ya que los almacenes de la PNC disponen de repuestos y piezas necesarias para ello, razón por la cual el evento de compra se realiza por medio de un proveedor único.

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No existen intereses

Otro de los aspectos que han sido resaltados dentro de este proceso de adquisición de armas es el posible conflicto de interés con la empresa Mundo de las Armas. Según el portal de Guatecompras, sus representantes legales son Óscar Francisco y Renzo Ricardo, ambos de apellidos Grazioso Sierra, hermanos de la ministra de Cultura y Deportes, Liwy Grazioso Sierra.

Sobre este tema, Jiménez afirmó que, efectivamente, el hermano de la ministra es propietario de la empresa mencionada, y justificó que la estandarización de las pistolas Beretta en la PNC ocurrió antes de que la ministra asumiera el cargo.

“Se ha querido insinuar que hay vínculos entre una empresa y funcionarios actuales, señalando que la ministra de Cultura y Deportes es hermana de un propietario de la empresa adjudicada. Esto es cierto. Lo que no se menciona es que la política de estandarización con la marca Beretta comenzó antes de que ella asumiera el cargo, lo que desmonta cualquier intención de manipular con esta narrativa. Además, la empresa cuenta con la distribución exclusiva de esta arma de fabricación italiana”, aseguró.

También comentó que “sí hay” quienes tienen interés y son quienes atacan el proceso. Justificó que incluso el Ministerio Público ha realizado compras con esta empresa.

“Incluso se nos ha informado que el propio Ministerio Público ha realizado compras a esta empresa, por sus características y reconocimiento en el mercado nacional e institucional. Si tuviéramos algún favoritismo, dudo mucho que el MP también hubiera comprado. Mi administración no tiene intereses con ninguna empresa”, puntualizó.

Además, aseguró que la empresa El Bisonte, S. A., no cumplió con los requisitos establecidos en las bases de licitación, mientras que Tecnología Importaciones Latino, S. A., únicamente envió una carta de interés, sin presentar ofertas.

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Los hallazgos de la Contraloría

Según un informe de auditoría concurrente remitido al ministro de Gobernación a finales de junio y reiterado el 2 de julio, se detectaron supuestas irregularidades en el proceso de adjudicación de las 10 mil armas de fuego.

Los auditores indicaron que participaron tres empresas, pero la junta calificó el evento como de único oferente, aduciendo que, según las bases, estas armas solo eran ofrecidas por Mundo de las Armas.

Una de las empresas inconformes aseguró que el modelo solicitado es obsoleto y ha sido descontinuado por distintas fuerzas policiales del mundo, aunque el objetivo es reforzar la capacidad operativa de la Policía Nacional Civil.

Además, denunció una posible sobrevaloración del precio del armamento y afirmó que otras empresas del mercado nacional ofrecen el mismo modelo a menor costo.

Ante estas dudas, la CGC notificó al ministro sobre los hallazgos y le otorgó tres días hábiles para que adopte “las medidas administrativas correspondientes”.

La carta fue entregada el 2 de julio, por lo que el plazo vencía el lunes 7 de julio.

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Investigaciones del MP

Por aparte, el Ministerio Público realiza las investigaciones correspondientes sobre el proceso de adjudicación realizado por el Ministerio de Gobernación para la compra de las armas por Q84 millones a una empresa cuyos representantes legales son hermanos de la ministra de Cultura y Deportes, Liwy Grazioso Sierra.

Según la unidad de comunicación del MP, las investigaciones están a cargo de la Fiscalía Contra el Crimen Organizado y la Fiscalía Contra la Corrupción, y aún se encuentran en curso, por lo que no se han proporcionado más detalles.

En cuanto a estas investigaciones, el ministro Francisco Jiménez aseguró que no ha sido notificado por el MP.

Plan para inyectar Q5 mil millones a pensiones del Ejército choca con parálisis en el Congreso

Mon, 07 Jul 2025 06:05:00 +0000

Guatemala

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Plan para inyectar Q5 mil millones a pensiones del Ejército choca con parálisis en el Congreso

El Instituto de Previsión Militar (IPM) pide Q265 millones anuales por 20 años, más un monto adicional de “dignificación” por Q160 millones anuales para elevar las pensiones que reciben más de 5 mil jubilados.

Sandy Pineda

7 de julio de 2025 | 00:05h

(Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

El Instituto de Previsión Militar (IPM) promueve ante el Congreso un anteproyecto de ley para la aprobación de un aporte extraordinario de Q265 millones anuales durante los próximos 20 años y una asignación adicional, ajustable, de Q160 millones por año.

Con los fondos se espera nivelar los ingresos de un sistema de pensiones y beneficios para militares en activo y jubilados, así como sus beneficiarios. El programa está desfinanciado por falta de cumplimiento del aporte estatal, porque la cantidad de beneficiarios casi iguala al total de beneficiarios, así como la baja rentabilidad de proyectos que generan ingresos propios.

En ese contexto, la propuesta del IPM también contempla aumentar los montos de las pensiones mensuales para tres grupos de beneficiarios: equiparar con el salario mínimo las pensiones para 5 mil 221 afiliados que reciben de Q500 a menos del salario. También se propone que, las pensiones mayores al salario mínimo, pero menores de Q6 mil, lleguen hasta ese monto. Y quienes reciben más de Q6 mil que tengan un incremento proporcional para llegar a Q7 mil mensuales.

La crisis financiera actual del IPM resulta de décadas de decisiones financieras cuestionables que, lejos de fortalecer al Instituto, lo llevaron a una situación cada vez más insostenible.

Las raíces del problema no son recientes y, según antecedentes documentados, comenzaron a profundizarse hace más de dos décadas.

Entre los principales factores que deterioraron la situación del IPM figuran inversiones de alto riesgo —varias de ellas con pérdidas—, una gestión deficiente en empresas privadas creadas con fondos del propio Instituto, y señalamientos constantes por compadrazgo, nepotismo y presunta corrupción institucional.

Solicitud basada en estudios

Las autoridades del IPM insisten en que ambos aportes solicitados son indispensables para garantizar la sostenibilidad financiera del régimen de previsión y del sistema de pensiones, los cuales —según sostienen— se basan en estudios actuariales, es decir, evaluaciones de riesgo financiero en pensiones y otros factores, que proyectan el comportamiento del sistema a largo plazo.

Dichos estudios revelan, agregó IPM, un “riesgo inminente”.

El anteproyecto, que incluye ambas solicitudes financieras, se presentó al Congreso de la República el 20 de junio del 2025 por la Comisión de Defensa Nacional, que preside el diputado Jairo Orellana. Actualmente, está pendiente de que se remita a la Dirección Legislativa para que inicie su trámite.

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Crisis de larga data

El capitán Mario Baeza, gerente del Instituto de Previsión Militar, expuso que la crisis se agravó por decisiones históricas y atrasos en pagos del Estado.

“En cuanto al primer eje, los Q265 millones anuales por 20 años, sí, es una cifra alta, pero tiene fundamento. A partir de los acuerdos de desmovilización militar en el 2004, el sistema de reparto simple con el que funciona el IPM se vio afectado. Actualmente tenemos una relación de cotizantes y jubilados de uno a uno, y así no funciona un sistema previsional. Por eso, esta cantidad permitiría pagar jubilaciones y sostener el sistema a largo plazo”, explicó Baeza.

“Si se calcula que pagamos Q26 millones mensuales en jubilaciones, multiplicado por 12 meses da una cifra anual menor a esos Q265 millones. Además, si se analiza el valor presente del dinero frente al valor futuro dentro de 20 años, esta cantidad no resulta tan grande. Y es importante decir que estos Q265 millones no surgen de una matemática arbitraria, sino de un cálculo actuarial con base técnica y justificada”, agregó.

El gerente hizo ver que el monto solicitado podría variar si el financiamiento se prolonga. Por ejemplo, en lugar de los Q265 millones anuales durante 20 años, el aporte podría reducirse a Q180 millones al año si se extendiera el plazo a más de 30 años.

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El aporte de los Q160 millones anuales, según el artículo 3 del anteproyecto de Ley establece una asignación que tiene el objetivo de nivelar las pensiones.

Esta asignación por Q160 millones deberá cubrirse con recursos exclusivamente del Estado “con el objetivo de compensar la pérdida del poder adquisitivo causada por la inflación y contribuir a la dignificación de los ingresos de los beneficiarios”, detalla la iniciativa.

Según Baeza, el IPM ha sido afectado por decisiones políticas ajenas a su administración, como la desmovilización militar del 2004, que provocó el retiro anticipado de casi 3 mil afiliados, y el incumplimiento del aporte ordinario del Estado.

El gerente afirmó que el Estado ha incumplido con un aporte establecido por ley, acumulando una deuda de Q480 millones entre 1992 y el 2024. A raíz de ello, desde hace varios años, el IPM ha recurrido al uso de su reserva institucional para cumplir con el pago de pensiones.

“La reserva comenzó a usarse desde el 2004. Consciente de las necesidades de nuestros jubilados, se optó por cubrir esos pagos con los fondos de reserva. Pero esta se fue agotando. Hoy tenemos un déficit presupuestario del 9%”, precisó. Ese déficit equivale actualmente a Q384.6 millones.

Opciones para el equilibrio al programa previsional

El IPM se financia mediante tres fuentes principales: los aportes mensuales de aproximadamente 8 mil 300 integrantes activos del Ejército, las inversiones propias del Instituto y asignaciones del Estado.

En algunas ocasiones ha recibido aportes extraordinarios, como los Q900 millones entregados en el 2023 durante el gobierno del expresidente Alejandro Giammattei. Sin embargo, según Baeza, incluso con ese tipo de aportes, el saldo pendiente que el Estado debía cubrir continúa en déficit.

Baeza afirmó que una vía para equilibrar el sistema es aumentar la base de cotizantes, lo cual está directamente vinculado con el crecimiento del Ejército. “Mientras no aumentemos nuestra tasa de cotizantes, la recuperación es difícil”, indicó.

También se ha extendido el tiempo de servicio para seguir cotizando. “Los oficiales ahora se retiran a los 36 años y los especialistas a los 35”, aunque aumentar el aporte estatal sería otra opción.

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Preocupa falta de sostenibilidad

La investigadora asociada del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), Verónica Spross, explicó que el problema del sistema de pensiones en Guatemala es estructural, ya que existen diversos regímenes con situaciones distintas.

En este caso, señaló que “es preocupante que el IPM no sea sostenible y requiera aportes fiscales, los cuales representan un alto costo de oportunidad”.

“Los fondos que el IPM solicita podrían destinarse, por ejemplo, a proveer tecnología e internet a estudiantes de nivel diversificado, junto con un programa de enseñanza del idioma inglés. No se ve viable ajustar las pensiones si los fondos acumulados son insuficientes. Lo mismo ocurre con el régimen de Clases Pasivas Civiles del Estado”, agregó.

Respecto de las solicitudes financieras al Estado, Spross considera que no son procedentes: “No es conveniente una inyección de fondos durante 20 años. Es momento de pensar en un nuevo sistema, basado en cuentas individuales, que alinee correctamente los incentivos, ya que las pensiones deben estar relacionadas con el esfuerzo de ahorro personal”.

Sobre los señalamientos

Consultado sobre señalamientos de la Contraloría General de Cuentas (CGC), Baeza informó que la denuncia presentada por esa entidad en enero del 2024 fue desestimada dos veces por el Ministerio Público, incluso después de la oposición de la propia entidad denunciante.

“Eso para nosotros es motivo de satisfacción. Esa denuncia fue desestimada dos veces por el Ministerio Público. Nosotros siempre trabajamos con un enfoque de transparencia y calidad del gasto público”, dijo.

Al consultar con el MP, el departamento de Comunicación informó que no localizaron denuncias por hechos relacionados con el IPM.

Reconoció que, pese al historial de malos manejos de recursos propios, las solicitudes financieras actuales se justifican en que el IPM ha utilizado su reserva desde el 2004 para cubrir déficits, y que el objetivo del nuevo financiamiento es precisamente evitar seguir recurriendo a ella. “Nuestra intención es ya no tocar la reserva; si se fortalece, aumentan nuestros ingresos propios”, insistió.

Agregó que arrendan terrenos a empresas privadas para desarrollar proyectos que no requieren inversión directa del IPM. “Ya no tenemos dinero para invertir, pero sí activos que generan ingresos a largo plazo”, comentó.

Baeza aseguró que el IPM mantiene mecanismos internos y externos de control:

Auditoría interna reforzada
Contratación anual de una auditoría externa independiente
Informes regulares a afiliados activos y jubilados
Publicación de información de oficio en su sitio web

“Damos cuentas al Estado, como lo exige la ley, pero también a nuestros afiliados, que aportan el 12% de su salario. Por eso tenemos que ser responsables. Toda la información está disponible en nuestra página. Estamos comprometidos con la transparencia”, afirmó.

El cabildeo en el Congreso

En el Congreso, el proyecto de ley podría conocerse en el segundo período ordinario de sesiones, durante el cual se debe conocer el presupuesto para el 2025 y otras peticiones, como la de fondos para los expatrulleros de Autodefensa Civil.

El diputado Luis Aguirre, del partido Cabal, afirmó que la solicitud del IPM difícilmente avanzará con rapidez en el Congreso, para una eventual aprobación.

“No creo que pueda prosperar pronto; es un tema complejo. Todos reconocemos que es necesario atenderlo, pero también estamos conscientes —como diputados— de que la crisis en el IPM es resultado de decisiones equivocadas tomadas por administraciones anteriores”, dijo.

Además, descartó que, por ahora, la propuesta se utilice como eventual tema en negociaciones con el Ejecutivo.

“Hay que reconocer que muchos de los jubilados tienen pensiones paupérrimas”, expresó el diputado José Chic, subjefe del bloque VOS.

Señaló que también se deben revisar los recursos que se han asignado al IPM y la sostenibilidad del programa. “Hay que recordar que el Estado ya concedió alrededor de Q900 millones y los ingresos que puede obtener por arrendamientos de inmuebles”, apuntó.

Es necesaria una evaluación, porque se puede convertir en una moneda de cambio, entre todas las propuestas que están llegando al Congreso para darle dinero a diversos sectores, concluyó Chic.

Denuncias

Denuncia del IPM (2003): Acusó a su Junta Directiva y representantes de PFA en Guatemala por fraude y abuso de autoridad, tras invertir US$36.8 millones en PFA, Lehman Brothers y Merrill Lynch. El MP desestimó el caso en junio de 2024, pero el IPM se opuso y espera audiencia.
Demanda del IPM en EE. UU. (2001/2002): Acción legal contra PFA, Lehman Brothers y Merrill Lynch. En 2009 obtuvo sentencia favorable contra Luis M. Cornide. Hay US$11 millones aún pendientes de recuperar. La sentencia está vigente hasta julio de 2029.
Denuncia de la CGC (2024): La Contraloría señaló a las autoridades del IPM por no gestionar la recuperación de inversiones al 31 de enero de 2023. Sin embargo, fue desestimada por el juzgado y la oposición de la CGC no prosperó. El caso se cerró.

Línea de tiempo de hallazgos en el IPM

Década de 1980 – Se crea una red de empresas privadas financiadas con fondos del IPM, en sectores como hotelería, farmacia, seguros y logística, manejadas por militares en activo o retiro. No había suficiente transparencia ni rendición de cuentas.
Década de 1990 – El Banco del Ejército, vinculado al IPM, presenta una cartera con hasta 97% de morosidad por créditos otorgados sin garantías. El Banco de Guatemala advierte sobre la fragilidad financiera del sistema de previsión militar.
2001 (Gobierno de Alfonso Portillo) – El IPM invierte US$33 millones en el fondo Pension Fund of America (PFA) en EE. UU., que canaliza los recursos a bancos como Lehman Brothers. Hay denuncias por comisiones indebidas a funcionarios del IPM.
2009 – Un tribunal en Miami ordena al fondo PFA devolver US$20.8 millones al IPM. El instituto logra recuperar parcialmente los fondos, pero omite reclamar el total pendiente.
2017 – Publicaciones independientes —como Desde el Cuartel— denuncian que el IPM operó como un grupo empresarial con beneficios exclusivos para militares, citando el caso del fondo PFA y vínculos con corrupción y tráfico de influencias.
2023 – Reportajes muestran que empresas ligadas al IPM han recibido millones en contratos del Estado, sin claridad sobre los dividendos reportados ni su destino final.
Febrero de 2024 – La Contraloría General de Cuentas (CGC) presenta dos denuncias penales contra funcionarios del IPM por irregularidades que suman Q159.7 millones: préstamos sin recuperar, inversiones sin respaldo y sociedades con pérdidas. Se señala específicamente la omisión de acciones legales para recuperar Q88.5 millones aún pendientes del caso PFA en EE. UU.
Mayo de 2025 – El Ministerio Público, a través de la FECI, allanó propiedades del IPM vinculadas a un caso de tráfico de influencias y uso indebido de terrenos públicos transferidos al instituto.

2025: 128 días de trabajo fuerte y firme

FECI realiza diligencias en seguimiento a denuncia por posibles actos de corrupción

Como parte del seguimiento a una denuncia sobre la comisión de posibles hechos de corrupción cometidos por el presidente de la República de… pic.twitter.com/7GzyEZqyuk
— MP de Guatemala (@MPguatemala) May 8, 2025

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Presidente evita ampliar postura y vicepresidenta plantea retomar código de ética tras compra de armas del Mingob

Sun, 06 Jul 2025 18:59:46 +0000

Guatemala

Presidente evita ampliar postura y vicepresidenta plantea retomar código de ética tras compra de armas del Mingob

El Ministerio de Gobernación adjudicó la adquisición de 10 mil armas por Q84 millones a una empresa vinculada con familiares de una ministra de Estado.

Douglas Cuevas, Henry Montenegro y Elmer Vargas

6 de julio de 2025 | 12:59h

El binomio presidencial fue abordado en diferentes eventos por la compra de armas de fuego del ministerio de Gobernación. Fotografía: Prensa Libre.

El binomio presidencial fue cuestionado por el proceso de adquisición de 10 mil armas de fuego adjudicado por el Ministerio de Gobernación (Mingob) a una empresa vinculada con familiares de la ministra de Cultura y Deportes. El presidente evitó ampliar su postura y la vicepresidenta planteó “retomar” un código de ética aprobado por el Organismo Ejecutivo.

La adjudicación, realizada el 6 de junio, fue a favor de la la empresa Mundo de las Armas, representada legalmente por Eddy Arnoldo Gómez Gálvez y por los hermanos Oscar Francisco y Renzo Ricardo Grazioso Sierra, estos últimos hermanos de la ministra Liwy Grazioso Sierra.

El monto adjudicado asciende a Q84 millones, pese a una serie de hallazgos detectados por un equipo de auditores de la Contraloría General de Cuentas (CGC), los cuales fueron notificados y reiterados al ministro de Gobernación, Francisco Jiménez.

Entre los hallazgos se consigna que la licitación recibió tres ofertas, pero fue clasificada como evento con único proveedor, bajo el argumento de que solo Mundo de las Armas ofrecía el equipo requerido por el Mingob.

Una empresa competidora presentó una inconformidad, argumentando que el modelo de armas seleccionado no es óptimo y ha sido descontinuado por fuerzas policiales en el ámbito internacional. Agregó que en Guatemala existen otras empresas que venden el mismo modelo a menor precio.

Estos señalamientos figuran en el informe de auditoría remitido inicialmente a finales de junio y reiterado el 2 de julio. La CGC concedió tres días hábiles al ministerio para tomar una decisión administrativa, plazo que vence este lunes 7 de julio.

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Respuestas limitadas

Noticiero Guatevisión abordó al presidente Bernardo Arévalo y a la vicepresidenta Karin Herrera tras su participación en actividades públicas durante el fin de semana.

El mandatario fue consultado el sábado, al retirarse de la Feria Internacional del Libro en Guatemala (Filgua). Solo respondió una pregunta y evitó ampliar sus comentarios sobre el caso.

“Ya la CGC dio la recomendación de que esto no va a proceder, el ministro de Gobernación ya brindó información al respecto y la ampliará según sea necesario”, declaró Arévalo.

Al consultársele si la adjudicación podría considerarse un acto de corrupción, el presidente optó por no responder y continuó su camino.

Por su parte, la CGC informó que hasta este momento no han recibido ninguna comunicación del ministerio o del ministro respecto a la licitación y los hallazgos de la auditoria.

“Hasta el momento no se ha recibido ninguna postura oficial del Mingob, sin embargo, el plazo se vence el día lunes por la tarde”, explicó la CGC.

También explicaron que la auditoria comenzó por medio de una alerta emitida por una unidad de la entidad fiscalizadora que se encarga de monitorear a tiempo completo los sistemas de compras y contrataciones del Estado y emite alertas a las diferentes direcciones de auditoría, así se generan auditorías especiales, o concurrentes.

Código de ética

La vicepresidenta Herrera participó el domingo en un acto contra la trata de personas. En esa actividad fue consultada sobre la compra de armas.

Indicó que no ha conversado con el presidente ni con el ministro Jiménez sobre el asunto, pero consideró necesario retomar el código de ética aprobado el año pasado por el Ejecutivo.

“Tenemos un código de ética que fue aprobado desde el año pasado; deberíamos retomar su aplicación”, afirmó.

Añadió que este lunes se realizará una reunión del Gabinete de Gobierno, donde probablemente se aborde el asunto. “Estoy segura de que el presidente dará las directrices correspondientes”, puntualizó.

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Investigación en curso

La licitación a favor de la empresa vinculada con familiares de una ministra está bajo investigación en dos fiscalías del Ministerio Público (MP): la Fiscalía contra el Crimen Organizado y la Fiscalía contra la Corrupción.

El representante legal de una de las empresas oferentes denunció un posible sesgo y favoritismo. Señaló que no es la primera vez que Mundo de las Armas resulta beneficiada con un contrato millonario del Mingob.

Aseguró que a mediados del año pasado se adjudicó otra licitación a la misma empresa por Q150 millones, según el equipo de Comunicación Social del MP.

Gobernación pone bajo revisión compra de armas por Q84 millones adjudicada a empresa vinculada a ministra

Fri, 04 Jul 2025 18:45:51 +0000

Guatemala

Gobernación pone bajo revisión compra de armas por Q84 millones adjudicada a empresa vinculada a ministra

El evento fue adjudicado a una empresa cuyos representantes legales incluyen a dos hermanos de la ministra de Cultura y Deportes.

Douglas Cuevas

4 de julio de 2025 | 12:45h

FOTO ILUSTRATIVA. La PNC informó este 23 de enero que consignó a dos agentes por estar bajo efectos de licor en Totonicapán. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El Ministerio de Gobernación informó en una rueda de prensa que se encuentra bajo análisis el evento de licitación adjudicado por Q84 millones para la compra de armas de fuego, tras una serie de reportes enviados por la Contraloría General de Cuentas (CGC).

La licitación contempla la adquisición de 10 mil armas de fuego destinadas a los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC). Sin embargo, un equipo de auditores que evaluó el proceso consideró que existen aspectos que ameritan “acciones administrativas”, según los documentos oficiales.

El pasado 2 de julio, la CGC reiteró los hallazgos sobre el evento, el cual fue clasificado bajo la modalidad de proveedor único. El argumento fue que las armas requeridas por la institución solo las comercializa la empresa adjudicada.

Durante el proceso de licitación, tres empresas presentaron ofertas. Una de ellas expresó inconformidad con la decisión de la junta calificadora, alegando que las armas están disponibles en el mercado nacional y denunciando una aparente sobrevaloración.

La CGC otorgó al Ministerio de Gobernación un plazo de tres días hábiles para tomar acciones administrativas. Este vence el próximo lunes por la tarde.

“Esta nota de la CGC se está analizando en la vía administrativa”, declaró José Ronaldo Portillo, viceministro de Seguridad, quien agregó que se estará atendiendo el requerimiento y emitiendo la resolución “que el caso amerite”.

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Fundamentales para la PNC

Según el viceministro, la compra de las 10 mil armas es necesaria para fortalecer a la PNC, y afirmó que las licitaciones son la herramienta idónea para ese fin.

“Es a través de estos eventos de licitación que generamos el fortalecimiento de la PNC. Le puedo decir que sí es necesario impulsar estos procesos”, afirmó Portillo.

Actualmente, Gobernación busca concretar la compra del armamento, el cual —asegura— forma parte del equipo indispensable para las fuerzas de seguridad pública.

“Tenemos claridad en que la PNC necesita fortalecer sus capacidades de gestión y es necesario dotarla de equipo. Me refiero a armas de fuego, patrullas, motocicletas y equipo de comunicaciones”, concluyó.

Sobre la licitación

El evento de licitación, identificado con el número 25430939, fue publicado el 21 de abril en el portal Guatecompras. Las ofertas se recibieron durante 30 minutos el 5 de mayo.

Participaron tres empresas: Almacén El Bisonte, Sociedad Anónima; Tecnología, Importaciones Latinos, Sociedad Anónima; y Mundo de las Armas, Sociedad Anónima.

El 6 de junio, la adjudicación se otorgó a esta última. Sus representantes legales son Eddy Arnoldo Gómez Gálvez, y los hermanos Óscar Francisco y Renzo Ricardo Grazioso Sierra, estos últimos hermanos de Liwy Grazioso Sierra, ministra de Cultura y Deportes.

Mingob adjudica compra de armas por Q84 millones, pese a anomalías detectadas por la CGC

Thu, 03 Jul 2025 15:30:00 +0000

Guatemala

Suscriptores

Mingob adjudica compra de armas por Q84 millones, pese a anomalías detectadas por la CGC

La Contraloría informó al ministro de Gobernación sobre los hallazgos, y sugirió a las autoridades de la cartera tomar medidas administrativas para subsanar las faltas.

Douglas Cuevas

3 de julio de 2025 | 09:30h

El Ministerio de Gobernación compró 10 mil pistolas para la Policía Nacional Civil, aunque la Contraloría General de Cuentas había recomendado que se revisara la adjudicación por algunas irregularidades en el proceso. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) tendrán nuevas armas de fuego, luego de que el Ministerio de Gobernación adjudicó la compra de 10 mil unidades. Sin embargo, una auditoría concurrente de la Contraloría General de Cuentas (CGC) había advertido aparentes irregularidades en el proceso de licitación.

Según el portal electrónico Guatecompras, el evento fue publicado el 21 de abril y la recepción de ofertas se mantuvo vigente durante 30 minutos el pasado 5 de mayo. Los registros dan cuenta de que tres empresas presentaron ofertas para vender las armas a la cartera del Interior.

Pero la junta de licitación, según un análisis de la CGC, reportó un “proveedor único”, a pesar de que se presentaron tres oferentes: Mundo de las Armas, Almacén El Bisonte y Tecnología Importaciones Latinos.

La licitación fue adjudicada finalmente el 6 de junio, por un monto de Q84 millones a favor de la empresa Mundo de las Armas, según consta en Guatecompras.

Las justificaciones entregadas por el personal a cargo de la adjudicación no convencieron a los auditores de la Contraloría que practicaron una auditoría concurrente, por lo que enviaron cartas al ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, el 5 de junio y el 2 de julio para advertirle de las irregularidades.

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Piden acciones

En la primera carta, la Contraloría comunicó al ministro los hallazgos de la auditoría y explicó que, pese a haber tres empresas distintas que participaron del evento, se consideró el evento como “proveedor único”.

En las conclusiones de esa comunicación, según actas a las que tuvo acceso Prensa Libre, la CGC detalló: “Se sirvan a analizar objetivamente el proceso de adquisición, previo a la suscripción del contrato, (que) podrá ser objeto de acción legal por existir incumplimientos al Decreto 57-92”, en referencia a la Ley de Contrataciones del Estado.

La segunda comunicación, el 2 de julio, insiste de forma más directa que es necesario que las autoridades de la cartera tomen medidas inmediatas en el proceso de adjudicación de la compra de las armas. Además, solicitó al Ministerio de Gobernación un informe que explique las acciones adoptadas.

“Deberán notificar al equipo de auditoría las acciones legales y/o administrativas, en un plazo no mayor de tres días hábiles de recibida la presente nota. Asimismo, deberán publicar en Guatecompras las acciones realizadas, para conocimiento general y público”.

El contrato

El Ministerio de Gobernación compró 10 mil pistolas marca Prieto Beretta, a un precio unitario de Q8 mil 499.68.

Esta adquisición forma parte del Programa Anual de Compras, aprobado para el ejercicio fiscal 2025 y son para uso del personal de la Policía Nacional Civil.

El requerimiento de la Policía consiste en 10 mil armas tipo pistola calibre 9×19 milímetros, con sistema de disparo de simple y doble acción, corredera de acero y de una sola pieza; armaduras de aluminio reforzado ultra liviano y con número de registro correlativo en la caja de mecanismo, corredera y cañón, entre otras especificaciones técnicas.

Además, cada pistola debe contar con tres cargadores estándar con capacidad de 15 cartuchos, un kit de limpieza por cada arma de fuego y un grabado en la corredera que se lea “PNC-GUATEMALA”.

“Cerca del 20% de la administración pública no asiste a diario a trabajar”: Frank Bode Fuentes, contralor general de Cuentas

Thu, 03 Jul 2025 06:05:00 +0000

Comunitario

“Cerca del 20% de la administración pública no asiste a diario a trabajar”: Frank Bode Fuentes, contralor general de Cuentas

El contralor General de Cuentas estima que la corrupción en Guatemala, lejos de disminuir, va en aumento.

Douglas Cuevas

3 de julio de 2025 | 00:05h

La Contraloría General de Cuentas, a través del programa Municipio Fiscalizado, evidenció que hasta el 20% de servidores públicos no asiste a trabajar a diario; el personal de Salud, es uno de ellos. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El sector salud es uno de los más codiciados por grupos corruptos, según los datos con que cuenta la Contraloría General de Cuentas (CGC), que ha identificado algunos fenómenos a través de su programa Municipio Fiscalizado.

Este proyecto de modernización en la fiscalización pública, que cumplió un año, cuenta con 774 vigilantes que, por medio de una aplicación, visitan dependencias públicas.

El sector salubrista es uno de los que más casos reporta, por lo que la CGC presentará en agosto un informe especializado sobre las alertas emitidas con este programa.

Además del sector salud, el área educativa es otro ámbito en el que los monitores han detectado irregularidades, al reportar una cantidad “considerable” de maestros que no llegan a impartir clases.

Frank Bode Fuentes, contralor General de Cuentas, explicó que los datos recabados en un año de funcionamiento del programa reflejan que las prácticas corruptas, lejos de disminuir, van en aumento.

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¿Cómo recibió la Contraloría General de Cuentas?

Recibí a la CGC como una entidad tradicional, desde el punto de vista de la fiscalización. Yo fui auditor y, en los procesos de auditoría, se hacían entre 1 mil 500 y 1 mil 600 visitas anuales. Esa es la Contraloría que encontré.

¿Hacia dónde planificó dirigir la institución?

Todo parte del fortalecimiento del sistema de control interno, ya que el artículo 1 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, en su último párrafo, establece como una de sus funciones velar por la calidad del gasto público. Y esa calidad debe observarse desde el comportamiento del presupuesto.

Al revisar dicho comportamiento, se advierte que el 90% del presupuesto se destina a sueldos de funcionarios y empleados públicos. A partir de ahí, generamos la estrategia del programa Municipio Fiscalizado. Hoy hacemos presencia en 7 mil 200 lugares diarios.

¿Cuáles han sido los principales desafíos para fiscalizar?

El primero es que la CGC llegaba de forma tardía, lo cual la volvía una entidad punitiva, cuando su función principal es velar por la calidad del gasto público. Por ello, se generó una estrategia para fortalecer el sistema de control interno con nuevas normas generales y técnicas, y se definieron tres ambientes: preventivo, detectivo y correctivo.

Si tenemos una entidad punitiva, ¿dónde queda la calidad del gasto público? Si yo me dedico a denunciar, ¿qué mensaje traslado a los funcionarios? En cambio, si el enfoque es preventivo, podemos señalar desde el momento si una licitación no procede o si un gasto está mal orientado.

La población espera denuncias, pero una denuncia no arregla nada. Un ejemplo es el decreto 21-2022, denunciado por más de Q7 mil millones. Las obras están bajo reserva del Ministerio Público, no se pueden tocar.

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¿Qué tanta resistencia externa hay en la fiscalización?

Es fuerte, porque el programa Municipio Fiscalizado ha dado un nuevo enfoque como estrategia de fortalecimiento del control interno.

El año pasado logramos reducir del 68% al 10% la cifra de maestros que no llegaban a trabajar. Eso es calidad del gasto público. El monitor verifica en tiempo real si el maestro está dando clases.

Hemos encontrado maestros en sus casas, en tiendas o en mercados; algunos dejaban las escuelas cerradas con candado. Este programa permite que un maestro imparta clases y eso se traduce en mejor calidad educativa para los niños.

También detectamos que las bolsas de refacción escolar llevaban verduras podridas, que las libras no estaban completas y que los precios estaban sobrevalorados. Por ejemplo, se asignaban 1 mil libras para 1 mil 300 niños: algún niño no recibiría alimento.

¿Cómo nació la idea del programa Municipio Fiscalizado?

Tuve que vivirlo en carne propia. En un partido de fútbol, uno de los jugadores se accidentó. Al acudir al puesto de salud más cercano, nos dimos cuenta de que las enfermeras llegaban solo cada 15 días. En otro lugar, encontramos una situación similar.

Municipio Fiscalizado nos está dando datos clave: cerca del 20% de la administración pública no asiste a diario por permisos, licencias, o incapacidades del IGSS. Del 80% restante, debemos preguntarnos quiénes realmente trabajan, porque hay empleados que sí llegan, pero no laboran.

¿Algunos casos que destaque detectados con este programa?

En San Marcos detectamos a 10 doctores que desde 2012 no llegaban a trabajar. En San Pedro Sacatepéquez, baños que reportaban Q84 diarios recaudados, pero según el monitoreo, eran hasta Q2 mil 300 al día.

Si mejora el situado constitucional, hay más desarrollo. Por eso, la CGC debe ser un aliado del desarrollo.

Ahora vamos detrás de cuatro alcaldías grandes, para enviar monitores y verificar si lo presupuestado en ingresos corresponde con lo reportado. No para denunciar, sino para mejorar los ingresos municipales.

En Huehuetenango había un cadáver olvidado durante dos años en la morgue del hospital. También un indigente no tenía para comprar un jabón y se le infectó una herida. El monitor le compró el jabón, y los médicos lo atendieron.

Las sábanas blancas solo las sacuden; no les aplican cloro. Es algo que se roban. A ese nivel ha llegado la corrupción.

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¿Cuántos reportes ha emitido el programa Municipio Fiscalizado?

Hemos emitido 795 mil alertas. Por eso, este año presentaremos por primera vez un informe sobre el sector salud, tanto del IGSS como del Ministerio.

Se identificaron médicos que no trabajan, medicamentos robados y verduras en mal estado en hospitales.

La corrupción no ha disminuido; ha aumentado. ¿Dónde está? En las compras directas y de baja cuantía.

Solo dos aspectos disminuyen la corrupción: los principios y valores, y el fortalecimiento del sistema de control interno. No hay más.

Estamos transformando el funcionamiento de la CGC con este sistema, porque son numerosas las compras pequeñas y las personas que se prestan a esa situación.

¿Cuáles son sus planes a futuro?, ¿optaría a un cargo de elección popular en 2027?

Si me fuera con un partido político, dejaría a la Contraloría en un limbo, pasaría de entidad técnica a política. Mi visión es seguir trabajando en mi profesión desde alguna asesoría o contraloría, pero no como alcalde, diputado ni en ningún otro cargo público. Estoy ajeno a cualquier cuestión política.

El contralor general, Frank Bode Fuentes, adelanta hallazgos del programa Municipio Fiscalizado, un informe que será público en agosto próximo. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

Contraloría detecta más robos de medicamentos e insumos alimenticios para pacientes en varios hospitales

Mon, 30 Jun 2025 17:46:48 +0000

Fiscalización

Contraloría detecta más robos de medicamentos e insumos alimenticios para pacientes en varios hospitales

La Contraloría General de Cuentas (CGC), descubre reincidencia en hospital de Coatepeque a pesar de denuncias penales y da a conocer otros casos en varios departamentos.

Rosa María Bolaños y Andrea Domínguez

30 de junio de 2025 | 11:46h

La Contraloría General de Cuentas informó de sustracción de medicamentos e insumos alimenticios en hospitales de varios departamentos, e interpuso denuncia ante el MP, cuyo personal hizo algunas diligencias, según la institución. (Foto, Prensa Libre: cortesía CGC).

El robo de medicamentos, e incluso la sustracción de insumos alimenticios destinados a los pacientes, fue detectado por la Contraloría General de Cuentas (CGC) en varios hospitales del país. La institución decidió presentar una denuncia ante el Ministerio Público (MP).

La CGC informó que se ha intensificado el monitoreo en hospitales departamentales y centros de salud, y que al detectar casos se ha procedido a denunciar a las autoridades correspondientes. No obstante, en algunos establecimientos estas prácticas continúan.

Según la institución, se ha evidenciado opacidad en algunos centros asistenciales, y algunos grupos vinculados a estas prácticas ilícitas continúan con las sustracciones, a pesar de que se han presentado procesos penales que siguen su curso.

Derivado de ello, la Contraloría presentó una denuncia ante el MP por el robo de medicamentos en el Hospital Nacional Juan José Ortega de Coatepeque, Quetzaltenango, según informó la entidad este lunes 30 de junio de 2025, en un comunicado.

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Además, como seguimiento a este caso, se efectuó un Examen Especial de Auditoría de Cumplimiento con nivel de seguridad limitada.

Al implementar esta medida, a solo dos semanas de haber denunciado el robo de medicamentos en Coatepeque, nuevamente se detectó la sustracción de medicamentos, los cuales estaban escondidos en la farmacia del mismo hospital.

Estos resultados motivaron la intervención inmediata de auditores de la CGC, así como del MP, añadió la institución.

También en el hospital de Sololá

En otro caso, que la Contraloría califica como un “hecho alarmante”, se descubrió en el Hospital Nacional de Sololá la sustracción de insumos alimenticios destinados a los pacientes.

Se dio a conocer que los insumos fueron encontrados ocultos y en condiciones insalubres.

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La entidad menciona un tercer caso: durante el monitoreo del programa Municipio Fiscalizado, se detectó en el puesto de salud de la aldea Pichiquil, Aguacatán, Huehuetenango, a un enfermero en estado de ebriedad, quien fue denunciado a las autoridades para que se tomaran las medidas correspondientes.

Por aparte, en el área de emergencia del Hospital Nacional de Malacatán, San Marcos, otro trabajador del área de salud también se presentó a realizar sus labores en estado de ebriedad.

“Advertimos que estos hechos de comportamiento indebido y sustracciones de insumos no serán tolerados”, señaló la entidad, al indicar que los monitores del programa Municipio Fiscalizado estarán atentos a denunciar la opacidad en el servicio público.

Estos actos y prácticas insistentes impactan en la calidad y atención de pacientes en el sistema hospitalario nacional.

En el caso del hospital de Coatepeque, en el monitoreo efectuado el 15 y 16 de junio últimos, se localizaron medicamentos ocultos dentro de gavetas de escritorios, lockers del personal y cajas que se encontraban en las oficinas, se dio a conocer en esa oportunidad.

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Entre estos se encontraban antipiréticos, antiinflamatorios, analgésicos, diuréticos, antihipertensivos, inhibidores de bombas de protones para gastritis, relajantes musculares, anticonceptivos, medicamentos antivirales, vitaminas, antibióticos, anestésicos para tratar insuficiencia cardiaca congestiva, anticonvulsivantes, betabloqueantes para asma y sueros de rehidratación.

Además, se identificaron medicamentos en mal estado por ruptura de cadena de frío, como carbetocina e insulina cristalina humana.

Esos medicamentos debían encontrarse resguardados dentro del almacén del Hospital Nacional de Coatepeque y seguir un procedimiento interno para la atención de los pacientes que requieren diferentes servicios. Al detectar estos problemas, los monitores siguieron los procedimientos legales correspondientes, con lo cual se recabaron indicios y se solicitó apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC) por el supuesto delito de robo de medicamentos e insumos médicos en el centro hospitalario.

Ministerio de Cultura decidió no judicializar parque Bicentenario de Cobán pese a tener conocimiento de fallas

Sat, 28 Jun 2025 15:00:00 +0000

Guatemala

Ministerio de Cultura decidió no judicializar parque Bicentenario de Cobán pese a tener conocimiento de fallas

La ministra Liwy Grazioso, admitió que el Parque Bicentenario de Cobán presenta deficiencias estructurales desde su construcción, pero aseguró que el ministerio decidió no judicializar la obra para evitar su pérdida total.

Carlos Gómez

28 de junio de 2025 | 09:00h

La Contraloría General de Cuentas, encontró una serie de fallas y deficiencias en el parque Bicentenario de Cobán, Alta Verapaz y acciono legalmente ante el MP. (Foto Prensa Libre: CGC)

Luego de conocerse las denuncias presentadas al Ministerio Público (MP) por la Contraloría General de Cuentas (CGC), debido a las deficiencias encontradas en el Parque Bicentenario, construido en Cobán, Alta Verapaz, tras una auditoría realizada por el ente fiscalizador, la ministra de Cultura y Deportes, Liwy Grazioso, afirmó a los medios de comunicación en el Palacio Nacional de la Cultura que efectivamente tenían conocimiento de que dicho parque se inundaba, pero prefirieron no judicializar la obra, ya que se corría el riesgo de perderla en su totalidad.

“Miren, referente al Parque Bicentenario de Cobán, sabemos que ha sido muy mediático, pero, por favor, quiero que tengan en cuenta: es un proyecto que se inició en el gobierno anterior. Nosotros lo recibimos ya con más del 80% de ejecución, solo faltaba un 20%. Sabíamos muy bien que se inundaba, pero, al sopesar si lo judicializábamos, se perdía todo. Entonces, pensando en el beneficio para la comunidad que lo usa, decidimos continuarlo, sabiendo que nos va a tocar a nosotros arreglarlo, porque se hizo mal y estuvo mal desde el inicio”, afirmó Grazioso.

Según la ministra, a pesar de tener conocimiento de estas deficiencias, se tomó la decisión de recibir el parque y evaluar las posibles alternativas y soluciones para recobrar su funcionalidad.

“Creo que es nuestra obligación como servidores públicos dar el mejor servicio posible y tratar de rescatar las cosas que, a la larga, benefician a muchas personas. Por eso fue que lo continuamos. Estamos trabajando con el alcalde y también con el Ministerio de Comunicaciones, porque realmente lo que pasa es que el agua entra. Entonces, tenemos que ver cómo hacer para que no entre y conducirla a un lado que, a la larga, va a permitir dar a la carretera. Entonces, no es algo que solo se hace así nomás”, aseguró.

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La funcionaria aseguró que no solo hay que pensar en lo negativo, sino también en el lado positivo y en el beneficio que el parque puede dar a la población en la época no lluviosa. También aclaró que si este hubiera tenido un porcentaje menor de ejecución, habría sido cancelado por el ministerio.

“Hay que pensar en lo positivo, en cómo lo han usado en época de secas y cómo lo pueden seguir usando en época de secas hasta que logremos eliminar ese problema. No se hicieron los estudios correspondientes en su momento, al parecer no los exigieron, por eso no los hicieron pero eso es un grave error. Hay que hacer estudios de suelos y de conducción de aguas y todo para que no pasen estos problemas. Pero es lo que le puedo decir, definitivamente: si hubiera sido una obra que tenía un 20 o 30% de ejecución, la cancelamos”, puntualizó.

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Denuncia de la Contraloría

El pasado 23 de junio la Contraloría General de Cuentas, anuncio que luego de una auditoria e inspección realizada en las instalaciones del Parque Bicentenario de Cobán, Alta Verapaz, se detectaron varias anomalías y deficiencias en la construcción de la obra.

Según el informe de la Contraloría, durante la visita de verificación técnica se observó que varias áreas del parque estaban inundadas, entre ellas: el teatro, el acceso a los camerinos, el área frente a los graderíos, la cancha sintética, la zona de esculturas, la cuneta perimetral, el área verde detrás de las clínicas y la fosa séptica, donde se observaron marcas que evidencian el nivel alcanzado por el agua.

Los pozos de absorción estaban completamente llenos a nivel del suelo, aunque la empresa constructora intentaba realizar trabajos de drenaje del agua de la fosa séptica con equipo de bombeo.

De lo observado en el campo se evidenció lo siguiente:

Los pozos de absorción estaban en su capacidad máxima
Las rejillas de los canales de conducción estaban al nivel de la rasante del suelo, sin evacuación aparente, y el área verde presentaba saturación
Las áreas con piso de caucho del gimnasio al aire libre y los juegos lúdicos presentaban serios daños, a pesar de que aún no han sido utilizados por la población
Los muros del pabellón y la escalinata interactiva estaban inundados

El informe indica que todas estas anomalías y deficiencias se deben a que no se contempló la posibilidad de inundaciones durante el diseño y planificación. Por ello, es evidente que el teatro al aire libre se encuentra estructuralmente comprometido, lo que representa un peligro para la población que utilice el centro recreativo.

Finalmente, la Contraloría estableció que las instalaciones deportivas y recreativas del Parque Bicentenario de Cobán no cuentan con mecanismos efectivos para drenar el agua pluvial ni evacuarla, ya que el suelo no es capaz de absorber ni drenar la escorrentía, lo que pone en riesgo la cimentación de los distintos módulos que integran el parque, provoca su deterioro e impide que la población haga uso de estas instalaciones.

Según la Contraloría, el Ministerio de Cultura y Deportes no entregó ningún estudio hidrogeológico como parte del expediente del proyecto. Sin embargo, indica que la obra fue recibida “a entera satisfacción” el 18 de diciembre de 2024 por esa cartera, cumpliendo —según la institución— con todos los controles administrativos y técnicos.

Por tal motivo, se interpusieron las denuncias contra el viceministro José Joaquín Aguilar Chang y Mario Luis Prado Lopez exviceministro de Cultura y Deportes del gobierno de Alejandro Giammattei, a quienes se les dedujo responsabilidad en cuanto a la construcción y recepción de la obra, así como por su apertura sin contar con las condiciones adecuadas.

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Adjudicación de la Obra

La obra fue adjudicada en junio de 2022 a la empresa Constructora HV, por un valor de Q25 millones 700 mil. Sin embargo, al concluir la obra el costo ascendió a un total de Q28 millones 778 mil 493.20.

La Constructora HV es propiedad de Christian Estuardo Vaides Fión, alias “el Tuerto”, quién fue capturado en el mes de abril del 2025 en Colombia por sus presuntos nexos con una red de narcotráfico.

Tras las gestiones correspondientes entre el Ministerio de Cultura y Deportes y la empresa constructora, el Parque Bicentenario de Cobán, Alta Verapaz, fue inaugurado el 4 de abril de 2025, coincidentemente el mismo día en que Christian Estuardo Vaides Fión fue capturado en el aeropuerto José María Córdova, en Rionegro, Antioquia, Colombia, cuando intentaba abordar un vuelo con destino a Panamá.

No obstante, un mes después de inaugurado el parque se inundó con las lluvias que cayeron en la localidad, lo que originó las denuncias por parte de la ciudadanía y que generaron la auditoria de la Contraloría General de Cuentas, que concluyeron con las anomalías detectadas y las denuncias presentadas ante el Ministerio Público.

Antes de que la Contraloría General de Cuentas presentara las denuncias sobre este caso el viceministro de Cultura y Deportes, José Aguilar Chang, afirmo que la actual administración llevaría a cabo los estudios correspondientes para identificar la causa de la inundación, ya que no se trata únicamente de un problema de drenajes. También indicó que se investigará si existe responsabilidad legal por parte de las autoridades anteriores, debido a la omisión de estos estudios. Además, se prevé que los nuevos análisis serán financiados con recursos del ministerio y de la municipalidad local.

El Maga se suma a denuncia por compras bajo sospecha en programa de fertilizantes

Tue, 24 Jun 2025 19:18:40 +0000

Guatemala

El Maga se suma a denuncia por compras bajo sospecha en programa de fertilizantes

El Maga denunció ante el Ministerio Público deficiencias en la ejecución del programa de fertilizantes del 2024, coincidentes con los hallazgos revelados por la Contraloría General de Cuentas.

Carlos Gómez

24 de junio de 2025 | 13:18h

Durante la citación una citación en el Congreso la titular del Maga, María Fernanda Rivera afirmo que se presento la denuncia ante el Ministerio Público.(Foto Prensa Libre: FB Bancada Vos)

Luego de la denuncia presentada ante el Ministerio Público (MP) por la Contraloría General de Cuentas (CGC) en contra del exjefe del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga), Mynor Estrada, así como de dos exviceministros y otros exfuncionarios, por irregularidades en la adquisición de fertilizantes por más de Q140 millones, la titular de la cartera, María Fernanda Rivera, afirmó que presentó una denuncia también relacionada con este caso.

Durante una citación con diputados del bloque Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), la funcionaria afirmó que presentó una denuncia penal por varias deficiencias encontradas en el proceso de adquisición de fertilizantes, según una auditoría interna.

“Encontramos deficiencias en el proceso, por ejemplo, en los manuales sobre cómo se debían entregar los fertilizantes. Hubo lugares donde se presentaron problemas con las bodegas. También hubo casos en los que podría haber problemas con el transporte, y la empresa tenía una capacidad reducida para realizar la entrega al Maga de lo requerido”, afirmó la titular del Maga.

Rivera aseguró que la denuncia está encaminada al proceso de adquisición, distribución y entrega de los fertilizantes, y coincide con los hallazgos denunciados por la CGC, en los que se señala al exministro Estrada, a los exviceministros Nick Estrada y Klemen Gamboa, y a otros exfuncionarios por irregularidades que superan los Q144 millones.

Ante estas anomalías, la funcionaria aseguró que se espera que, mediante las investigaciones derivadas de la denuncia presentada al MP, se deduzcan responsabilidades penales para quienes resulten culpables.

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No se realizarán entregas

La ministra de Agricultura afirmó que, a raíz de esta situación, por el momento no se realizarán entregas de fertilizantes en los 10 departamentos del país que cubre el programa, ya que estos forman parte de la compra realizada en el 2024 y que está bajo investigación.

También aseguró que el Maga está ejecutando las fianzas respectivas, debido a que varias empresas incumplieron con la entrega de los fertilizantes dentro de los plazos establecidos. Además, señaló que se están analizando las medidas a seguir por parte de la cartera respecto a la entrega de fertilizantes.

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Irregularidades detectadas por la Contraloría

El exministro de Agricultura Mynor Estrada fue denunciado ante el MP por la CGC por presuntas irregularidades en la adquisición de fertilizantes que comprometen más de Q144.8 millones.

La denuncia se basa en los hallazgos de la auditoría del 2024, en los cuales se señala al exministro por un monto de Q30.4 millones, mientras que otros siete exfuncionarios deberán responder por valores que oscilan entre Q7.1 millones y Q23.2 millones, relacionados con el mismo proceso de compra.

De acuerdo con el informe de la CGC, el Maga utilizó Q400 millones asignados para la compra de fertilizantes mediante el mecanismo de compra directa con oferta electrónica.

La auditoría reveló múltiples deficiencias en el proceso de adquisición de fertilizantes por parte del Ministerio. Una de las principales irregularidades señaladas es que se adjudicaron contratos sin verificar las marcas de los productos ni el cumplimiento de los requisitos técnicos —tanto fundamentales como no fundamentales— establecidos en los términos de referencia del evento.

Contraloría denuncia fallas en parque Bicentenario de Cobán, construido por presunto narcotraficante, y denuncia a funcionarios

Mon, 23 Jun 2025 17:49:41 +0000

Guatemala

Contraloría denuncia fallas en parque Bicentenario de Cobán, construido por presunto narcotraficante, y denuncia a funcionarios

Tras una auditoría técnica, la Contraloría General de Cuentas presentó denuncias contra funcionarios públicos y el propietario de la empresa constructora quien fue capturado en Colombia por cargos de narcotráfico.

Carlos Gómez y Sandy Pineda

23 de junio de 2025 | 11:49h

El informe de la Contraloría General de Cuentas indica que el Parque Bicentenario de Cobán, Alta Verapaz, tiene varias deficiencias que representan un riesgo para la población. (Foto: Prensa Libre, Contraloría General de Cuentas).

La Contraloría General de Cuentas (CGC) presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público (MP) contra el Ministerio de Cultura y Deportes, luego de haber realizado un proceso de auditoría, por medio de la Subcontraloría de Calidad del Gasto Público, en el Parque Bicentenario, ubicado en Cobán, Alta Verapaz.

La Contraloría detectó varias deficiencias en la construcción de dicha obra, ubicada en la zona 8 de esa localidad, por lo que se presentaron las denuncias contra el viceministro de Cultura y Deportes, José Joaquín Aguilar Chang, y el exviceministro Mario Luis Prado López, quien ocupó el cargo durante el gobierno de Alejandro Giammattei.

Además, la Contraloría también denunció a Christian Estuardo Vaides Fión, alias “el Tuerto”, propietario de la Constructora HV, empresa encargada de la construcción del Parque Bicentenario en Cobán, por más de Q28.7 millones. Vaides Fión fue capturado en Colombia en abril del presente año, acusado de conformar una estructura que se dedica al trafico de drogas hacia los Estados Unidos.

Por medio de la auditoria realizada la Contraloría General de Cuentas constató que hay diversas fallas en la construcción de la obra. (Foto Prensa Libre: Contraloría General de Cuentas)

Deficiencias encontradas

Los pozos de absorción estaban completamente llenos a nivel del suelo, aunque la empresa constructora intentaba realizar trabajos de drenaje del agua de la fosa séptica con equipo de bombeo.

De lo observado en el campo se evidenció lo siguiente:

Los pozos de absorción estaban en su capacidad máxima
Las rejillas de los canales de conducción estaban al nivel de la rasante del suelo, sin evacuación aparente, y el área verde presentaba saturación
Las áreas con piso de caucho del gimnasio al aire libre y los juegos lúdicos presentaban serios daños, a pesar de que aún no han sido utilizados por la población
Los muros del pabellón y la escalinata interactiva estaban inundados

La auditoria realizada constató que varias áreas del Parque Bicentenario de Cobán, Alta Verapaz, estaban completamente inundadas. (Foto Prensa Libre: Contraloría General de Cuentas)

Finalmente, la Contraloría estableció que las instalaciones deportivas y recreativas del Parque Bicentenario de Cobán no cuentan con mecanismos efectivos para drenar el agua pluvial ni evacuarla, ya que el suelo no es capaz de absorber ni drenar la escorrentía, lo que pone en riesgo la cimentación de los distintos módulos que integran el parque, provoca su deterioro e impide que la población haga uso de estas instalaciones.

Según la Contraloría, el Ministerio de Cultura y Deportes no entregó ningún estudio hidrogeológico como parte del expediente del proyecto. Sin embargo, indica que la obra fue recibida “a entera satisfacción” el 18 de diciembre de 2024 por esa cartera, cumpliendo —según la institución— con todos los controles administrativos y técnicos.

Por tal motivo, se interpusieron las denuncias contra el viceministro y el exviceministro, responsables de adjudicar y recibir la obra mencionada.

El parque Bicentenario de Cobán

La obra fue adjudicada en junio de 2022 a la empresa Constructora HV, por un valor de Q25 millones 700 mil. Sin embargo al concluir la obra el costo ascendió a un total de Q28 millones 778 mil 493.20. La construcción finalizó a inicios de enero del 2025.

Tras las gestiones correspondientes entre el Ministerio de Cultura y Deportes y la empresa constructora, el Parque Bicentenario de Cobán, Alta Verapaz, fue inaugurado el 4 de abril de 2025, coincidentemente el mismo día en que Christian Estuardo Vaides Fión fue capturado en Colombia por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.

No obstante, un mes después de inaugurado el parque se inundo con las lluvias que cayeron en la localidad, lo que originó las denuncias por parte de al ciudadanía y que generaron la auditoria de la Contraloría General de Cuentas, que concluyeron con las anomalías detectadas y las denuncias presentadas ante el Ministerio Público.

Vinculado al narcotráfico

Christian Estuardo Vaides Fión, alias “el Tuerto”, propietario de la Constructora HV, fue capturado el 4 de abril en el aeropuerto José María Córdova, en Rionegro, Antioquia, Colombia, cuando intentaba abordar un vuelo con destino a Panamá.

Según información de la Policía Nacional de Colombia, en coordinación con la Interpol y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, Vaides Fión era uno de los narcotraficantes más buscados por la Corte del Distrito Este de Texas, donde se le acusa de enviar más de cinco toneladas de cocaína mensuales hacia Estados Unidos utilizando rutas que atravesaban Centroamérica.

El informe indica que “el Tuerto” coordinaba el procesamiento y empaque de cocaína en laboratorios clandestinos ubicados en selvas colombianas. Los alijos eran transportados en lanchas rápidas, sumergibles, barcos pesqueros y cargueros hacia Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y México, hasta llegar a territorio estadounidense.

Asimismo, coordinaba la venta de cocaína a otros narcotraficantes, a un precio estimado de US$14 mil por kilo.

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Pendiente de extradición en Colombia

El jefe de la Policía de Colombia informó que, al momento de su captura, el guatemalteco fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, y está pendiente el proceso de extradición hacia Estados Unidos, para que responda por los delitos que se le imputan.

Los reportes oficiales señalan que Vaides Fión fue detenido cuando intentaba abordar un vuelo hacia Panamá. También se estableció que “el Tuerto” había llegado de vacaciones y que había pasado tiempo con familiares y amigos en Colombia.

Ministerio de Salud emprende acciones legales por medicamentos sustraídos en Hospital de Coatepeque

Wed, 18 Jun 2025 19:00:08 +0000

Guatemala

Ministerio de Salud emprende acciones legales por medicamentos sustraídos en Hospital de Coatepeque

El hallazgo de medicamentos escondidos en diversas áreas del Hospital Nacional de Coatepeque llevó a la Contraloría General de Cuentas a denunciar penalmente el caso ante el Ministerio Público, por posible sustracción de insumos del sistema público de salud.

Carlos Gómez y Ana Lucía Ola

18 de junio de 2025 | 13:00h

La Contraloría General de Cuentas descubrió medicamentos de distintos tipos en gavetas, lockers y archivos del personal del Hospital de Coatepeque en Quetzaltenango. (Foto: Prensa Libre, Contraloría General de Cuentas)

El pasado 16 de junio, la Contraloría General de Cuentas (CGC) presentó ante el Ministerio Público (MP) una denuncia por el presunto robo de medicamentos en el Hospital de Coatepeque, Quetzaltenango. Luego de una verificación realizada por personal de la entidad fiscalizadora, se constató que había una gran cantidad de medicamentos ocultos dentro de gavetas de escritorios, lockers del personal y varias cajas ubicadas en las oficinas.

Ante las acciones iniciadas por parte de la Contraloría, Prensa Libre consultó al Ministerio de Salud sobre el descubrimiento de este caso, las acciones que se estarán implementando contra el personal del hospital y las investigaciones que se desarrollan.

Según indicó la cartera de Salud: “Las autoridades del Hospital Nacional de Coatepeque iniciaron acciones inmediatas luego de confirmar, a través de las cámaras de vigilancia colocadas en el área de Farmacia, que personal ocultaba medicamento en gavetas, casilleros, cajas y otros espacios. Tras el hallazgo, el director del hospital, Edgar Juárez, notificó a personal de la Contraloría General de Cuentas, quienes evidenciaron medicamentos ocultos en lockers, gavetas de escritorios, muebles y archiveros dentro de la Farmacia Interna del hospital”.

El Ministerio de Salud agregó que el director del hospital y el equipo de la Contraloría coordinaron una inspección exhaustiva del área, y que, en presencia de testigos y autoridades, se procedió a la apertura forzada de compartimientos cerrados, donde se encontraron los medicamentos.

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Durante esta inspección también se hallaron medicamentos vencidos y no vencidos, algunos sin cadena de frío, lo cual los volvió inutilizables. “Ante la imposibilidad de justificar su resguardo, se solicitó la intervención del Ministerio Público para levantar las denuncias correspondientes y documentar el hallazgo como evidencia”, afirmó la cartera.

Respecto de los posibles responsables del hecho y el valor de los medicamentos sustraídos, se informó que “los órganos correspondientes de justicia están investigando para determinar quiénes son o podrían estar involucrados. El Ministerio Público realiza las investigaciones para establecer el total de medicamento sustraído”.

En cuanto a la deducción de responsabilidades, el Ministerio de Salud indicó que fue destituida la jefa del Departamento de Control de Medicamentos, y se da seguimiento para determinar las sanciones correspondientes para cada una de las personas que puedan estar involucradas.

Los hechos

La Contraloría General de Cuentas dio a conocer este hallazgo en el Hospital de Coatepeque el 16 de junio, cuando su personal realizaba un monitoreo en ese centro de atención, como parte del programa “Municipio Fiscalizado”.

Durante el recorrido, se localizaron medicamentos ocultos dentro de gavetas de escritorios, lockers del personal y cajas en las oficinas.

Dentro de los medicamentos descubiertos y que se presume fueron sustraídos del hospital se encuentran antipiréticos, antiinflamatorios, analgésicos, diuréticos, antihipertensivos, inhibidores de bombas de protones para gastritis, relajantes musculares, anticonceptivos, medicamentos antivirales, vitaminas, antibióticos, anestésicos para tratar insuficiencia cardíaca congestiva, anticonvulsivantes, betabloqueantes para asma y sueros de rehidratación.

Además, se identificaron medicamentos en mal estado por ruptura de la cadena de frío, como carbetocina e insulina cristalina humana.

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Dichos medicamentos debían estar resguardados en el almacén del hospital y someterse a un procedimiento interno para la atención de pacientes. Por ello, el personal de la Contraloría realizó los procedimientos legales correspondientes para recabar indicios del hecho y notificó a la Policía Nacional Civil y al Ministerio Público, ante quienes se presentó la denuncia por el delito de robo de medicamentos e insumos médicos.

El ente investigador ha informado que se realizan las diligencias e investigaciones correspondientes para establecer si existe responsabilidad del personal del hospital, así como de terceras personas.

CGC denuncia a exdirectora y a funcionarias de la SOSEP por falta de ejecución de Q4.4 millones en programa “Mis Años Dorados”

Wed, 18 Jun 2025 06:05:00 +0000

Guatemala

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CGC denuncia a exdirectora y a funcionarias de la SOSEP por falta de ejecución de Q4.4 millones en programa “Mis Años Dorados”

La Contraloría General de Cuentas (CGC) denunció ante el Ministerio Público que Q4.4 millones no fueron ejecutados en el programa “Mis Años Dorados”, dejando sin alimentación a adultos mayores en 49 centros a nivel nacional en el 2024.

Sandy Pineda

18 de junio de 2025 | 00:05h

La Contraloría General de Cuentas (CGC) presentó una denuncia para investigar supuestas deficiencias en la ejecución del programa "Mis Años Dorados", que dejó sin ejecutar más de Q4.4 millones destinados a la alimentación de adultos mayores durante el primer semestre de 2024. (Foto Prensa Libre: Sosep)

Miles de adultos mayores en situación vulnerable quedaron sin acceso a alimentación básica en el primer semestre del 2024, a pesar de que la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP) contaba con más de Q9.8 millones disponibles para cubrir ese servicio, según un hallazgo de la Contraloría General de Cuentas (CGC).

La CGC presentó una denuncia formal contra tres autoridades de la SOSEP, entre ellos la actual secretaria Zulma Calderón, por deficiencias en la ejecución del programa “Mis Años Dorados”.

El hallazgo principal señala un incumplimiento en la prestación del servicio de alimentación, con un presupuesto asignado que no fue ejecutado adecuadamente durante la mitad del 2024.

El informe detalla que, aunque el presupuesto asignado para la Atención Integral al Adulto Mayor en 2024 ascendía a Q12.5 millones —de los cuales Q9.8 millones estaban destinados específicamente para la compra de alimentos—, hasta el 30 de junio de ese año solo se ejecutaron Q70 mil en un único centro, ubicado en la ciudad de Guatemala.

Para entonces, quedaban pendientes de ejecución Q4.4 millones monto que debía garantizar la alimentación de miles de adultos mayores beneficiarios.

La auditoría constató que el servicio de alimentación no se brindó en 49 Centros de Atención Diurna (CAD) de 14 departamentos, vulnerando un derecho establecido por ley para los beneficiarios.

¿Qué reveló la auditoría?

El informe de auditoría evaluó el funcionamiento del programa durante el período del 1 de enero al 30 de junio de 2024.

Durante ese tiempo, la CGC visitó 13 Centros de Atención Diurna en cinco departamentos, en los cuales verificó el incumplimiento de la normativa que exige el servicio de alimentación como parte esencial de la atención integral a los adultos mayores.

Las compras se realizaron mediante el Fondo Rotativo Institucional, y uno de los proveedores fue Douglas Alexander Sarti, registrado como comerciante individual bajo el nombre Distribuidora La Confianza. No obstante, al verificar la dirección registrada, no se encontraron indicios de que la empresa realmente operara en el lugar.

Además, el proveedor está vinculado a otras dos empresas: Distribuidora La Universal y Multicultural, lo que generó dudas a la Contraloría sobre su capacidad instalada.

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La versión de los centros

A junio de 2024, la dirección de Mis Años Dorados reportó 2 mil 950 adultos mayores beneficiarios en los centros del país, quienes debían recibir atención integral, incluyendo tres tiempos de comida al día, conforme lo establece el reglamento del programa.

Según el informe, los testimonios de encargados de centros en Jalapa y Jutiapa confirmaron el incumplimiento.

En Jalapa se indicó que no se brindaba alimentación y que las actividades dependían de gestiones externas. En Santa Catarina Mita, Jutiapa, el centro informó que permaneció sin atender a beneficiarios durante todo el año.

En otro centro de la zona 3 de Jutiapa, se reportó que las actividades se realizaban de forma esporádica y sin servicio de comida, por falta de recursos.

¿Quiénes son las responsables?

La denuncia de la CGC establece una responsabilidad mancomunada contra una exfuncionaria y dos actuales:

Zulma Calderón, secretaria de Obras Sociales.
Aleydy Contreras, subsecretaria de Promoción Social.
Mariana Pérez, exdirectora del programa Mis Años Dorados.

La auditoría concluyó que Calderón, en su calidad de máxima autoridad institucional, tenía la obligación de supervisar el cumplimiento de políticas públicas y gestiones administrativas.

Aunque argumentó que su papel era solo de gestión y no de ejecución directa, la Contraloría señaló que tenía conocimiento del presupuesto aprobado mediante una resolución. La CGC consideró que las acciones tomadas a partir del quinto mes resultaron tardías e insuficientes.

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La versión de la SOSEP

En respuesta a las consultas planteadas por Prensa Libre tras la denuncia de la CGC, la SOSEP aseguró que desde el inicio de la actual administración se impulsaron auditorías internas para evaluar a detalle la eficiencia de cada uno de los programas, incluido “Mis Años Dorados”.

Sobre la falta de ejecución de más de Q9.8 millones, la Secretaría explicó que fue necesario revisar primero el estado real del programa y su población objetivo, proceso que, según la Secretaría, “tomó tiempo, pero permitió identificar oportunidades de mejora en la gestión y ejecución”.

“Parte del compromiso de nuestra gestión fue revisar con detalle cada uno de los programas, su eficiencia y alcances. Desde el día uno iniciamos con auditorías internas y procesos para transparentar las acciones”, respondió la SOSEP sobre los esfuerzos iniciales.

“Precisamente enfocados en esa supervisión, necesitábamos saber primero cómo se encontraba el programa y a quiénes iba dirigido, esa revisión nos llevó algún tiempo, pero logramos detectar algunas oportunidades de mejora en la gestión y ejecución”, indicó la institución al referirse al señalamiento de la CGC sobre el presupuesto no ejecutado.

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En cuanto a la responsabilidad de los funcionarios que supervisaban directamente el programa, la institución señaló que, desde el inicio de la nueva administración, se dio una instrucción precisa de enfocarse en la transparencia y eficiencia en su ejecución.

Al ser consultada directamente sobre su papel como máxima autoridad, Calderón afirmó que en esta administración se implementó una línea de supervisión que no existía anteriormente, como parte de un nuevo enfoque centrado en transparencia y calidad del gasto. Aseguró que actualmente están en proceso de presentar su defensa formal ante las autoridades competentes.

Además, Calderón reiteró que su función es de carácter administrativo y no de ejecución directa:

“Dentro de la estructura del presente hallazgo no tengo vinculación técnica con el mismo, debido a que mi función como Secretaria de Obras Sociales no es de ejecutar. Sin embargo, he realizado las gestiones administrativas oportunas para que la Subsecretaría de Promoción Social, por medio de la Dirección de Mis Años Dorados, cumpla con su función conforme al Manual de Organización y Funciones vigente”, se lee en el documento de descargo presentado por Calderón ante la CGC.

Los otros descargos

Por su parte, Aleydy Contreras, subsecretaria de Promoción Social, también presentó argumentos de defensa. Indicó que los expedientes de compra se elaboraron hasta el 15 de mayo del 2024, aunque reconoció que no logró gestionar oportunamente la planificación ni supervisó de forma efectiva a la exdirectora del programa.

Sin embargo, la CGC describió que detectó contradicciones en sus declaraciones. Mientras Contreras atribuía la falta de ejecución a un Plan Anual de Compras (PAC) inadecuado heredado, la Secretaría defendía que se había implementado un plan de supervisión extraordinario en julio, del cual, hasta el momento según la Contraloría, no hay resultados concluyentes.

En el caso de Mariana Pérez, exdirectora del programa, su contrato fue rescindido.

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Según el informe, argumentó que sí coordinó acciones y solicitó asesoría técnica, pero la CGC estableció que no se brindó el servicio durante el período evaluado.

También alegó que la falta de personal —como subdirector, ingeniero de proyectos y asistentes administrativos— afectó el funcionamiento de la Dirección.

Aun así, el informe señala que era su deber garantizar el cumplimiento del programa, más aún considerando que existía presupuesto disponible y sin ejecutar.

Perjuicio a la población adulta mayor

El informe de la CGC señala que el incumplimiento de funciones causó un perjuicio directo a los adultos mayores, al no garantizarles un derecho básico como la alimentación, lo cual está claramente establecido en la normativa interna del programa.

A pesar de las reuniones, ajustes y justificaciones presentadas por las autoridades, al 30 de junio de 2024 casi Q4.5 millones seguían sin ejecutarse, evidenciando una falla estructural en la planificación, ejecución y supervisión del programa.

Lea también: Auditorías revelan fallas: Contraloría General de Cuentas impone sanciones millonarias por anomalías detectadas en 2024

*Nota del editor: este artículo se modificó el miércoles 18 de junio para agregarle una postura ampliada de la Sosep, respecto a los hallazgos de la Contraloría.

CGC presenta 47 denuncias por dudas en el manejo de Q215 millones

Sat, 14 Jun 2025 11:00:00 +0000

Guatemala

CGC presenta 47 denuncias por dudas en el manejo de Q215 millones

El equipo de auditores también impuso 932 sanciones millonarias contra dependencias del Estado por el mal manejo de los recursos públicos.

Douglas Cuevas

14 de junio de 2025 | 05:00h

Las acciones legales son por procesos de fiscalización que concluyeron en 2024. Fotografía: CGC.

En los últimos seis meses del 2024, equipos de la Contraloría General de Cuentas (CGC) finalizaron auditorías sobre 230 instituciones públicas y sus períodos de gestión anteriores a esa fecha. El resultado del ejercicio de fiscalización dejó, además de sanciones administrativas, la presentación de 47 denuncias por dudas en el manejo de más de Q215 millones.

Cada uno de esos casos fue presentado ante el Ministerio Público (MP), que deberá asignar cada expediente a la fiscalía más apta para comenzar el proceso de investigación.

El resultado de las auditorías finalizadas en el último semestre del año pasado concluyó en que pudieron cometerse delitos que requieren una investigación penal por aparentes actos de corrupción, extremos que la investigación del MP tendrá que confirmar o descartar.

El listado total de las auditorías practicadas a las 230 dependencias públicas fue presentado en el Diario de Centro América, en su publicación legal del 13 de junio, en cumplimiento con las normas internas de la CGC, que obligan a divulgar los resultados de los ejercicios de fiscalización.

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De las 47 denuncias que fueron presentadas por el equipo de auditores, dos ministerios lideran la lista por contener la mayor cantidad de señalamientos en períodos de gestión anteriores al 2024.

El primero de ellos es el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), que recibió 12 denuncias. Los señalamientos contra esa cartera ascienden a Q36 millones 534 mil 773.68.

La segunda entidad con mayor número de denuncias fue el Ministerio de Educación (Mineduc), que recibió 11. Las dudas alrededor de esa cartera son por un monto de Q4 millones 41 mil 937.45.

Otros casos

El informe de las auditorías también señala a otras dependencias del Estado que recibieron menos denuncias, pero las dudas sobre el manejo de sus fondos son, a criterio de la institución fiscalizadora, considerables, en la gestión del gobierno anterior.

La Dirección Departamental de Redes Integradas de Servicios de Salud de Guatemala, Área Nororiente, recibió dos denuncias por un monto de Q1 millón 526 mil 764.07.

El Ministerio de Cultura y Deportes obtuvo una denuncia por un monto que asciende a Q48 millones 512 mil 962.34, mientras que el Ministerio de Economía recibió otro señalamiento por Q33 millones 798 mil 814.16 durante la gestión del 2023.

Asimismo, el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) recibió una denuncia por el aparente mal manejo de Q63 millones, según el reporte de casos fiscalizados por la CGC.

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También figuran entre las instituciones denunciadas nueve municipalidades, dos hospitales, dos entidades enfocadas en proyectos habitacionales, Ferrocarriles de Guatemala, la Procuraduría de los Derechos Humanos, el régimen de pensiones de la Empresa Portuaria Quetzal y la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (Sosep).

La CGC explicó, por medio de un comunicado, que las auditorías presentadas no corresponden exclusivamente a casos del 2024, ya que pueden encontrarse informes ordenados con anterioridad, pero que apenas llegaron a su fin.

Sanciones

Mediante un comunicado, la CGC explicó que además de la presentación de las 47 denuncias como producto de su ejercicio de fiscalización, también emitieron sanciones de carácter administrativo.

Estas, a su vez, representan una sanción económica que, según los datos de las auditorías, asciende a un monto millonario. “Como resultado de estas auditorías se emitieron 932 sanciones administrativas que representan un monto total de Q67 millones 496 mil 753.66”, explicó la CGC.

También presentaron 25 formulaciones de cargo por un valor de Q7 millones 119 mil 146.04, relacionadas con hallazgos que podrían implicar responsabilidades económicas por parte de municipalidades y otras entidades, detalló la Contraloría.

Denuncias al TSE

La CGC también presentó en su oportunidad denuncias contra autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE), casos que posteriormente fueron judicializados, es decir, se les asignó un juez contralor para coordinar los requerimientos de la investigación a cargo del MP.

Las dos denuncias a la autoridad electoral obedecen a hechos ocurridos durante el período de las elecciones generales del 2023, relacionados con la compra de equipo de cómputo y de un sistema informático.

El TSE gastó Q148 millones para la adquisición del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep), que, a consideración de las auditorías, pudo haber sido una compra sobrevalorada, extremo que deberá investigar el MP.

Una práctica similar fue detectada por el TSE al evaluar la compra de una serie de herramientas tecnológicas, que también fueron utilizadas en el pasado evento electoral.

Durante la presentación de su informe anual, la CGC explicó las dos denuncias relacionadas con el TSE, pero no brindó mayores detalles sobre esos hallazgos debido a que ahora los casos están en control del MP.

*Nota del editor: este artículo se modificó el 18 de junio, para ampliar la información en relación a las auditorías realizadas. La Contraloría General de Cuentas no especificó en su publicación las fechas exactas en las cuales se practicaron los exámenes; sin embargo, sí aclaran que se trata de procesos que terminaron en el segundo semestre del 2024, por lo que corresponde por las fechas a gestiones hasta el 2023.

Auditorías revelan fallas: Contraloría General de Cuentas impone sanciones millonarias por anomalías detectadas en 2024

Fri, 13 Jun 2025 01:41:34 +0000

Guatemala

Auditorías revelan fallas: Contraloría General de Cuentas impone sanciones millonarias por anomalías detectadas en 2024

El ente fiscalizador también presentó denuncias ante el Ministerio Público por actos que podrían ser considerados delitos.

Douglas Cuevas

12 de junio de 2025 | 19:41h

Además de las sanciones, se detallan 47 denuncias ante el MP- Fotografía: Prensa Libre.

La Contraloría General de Cuentas (CGC) presentó el listado de las auditorías finalizadas en el segundo semestre del 2024, publicando el listado de verificaciones en el Diario Oficial. Procesos de fiscalización que dejaron sanciones millonarias para entidades públicas por aparente mal manejo de fondos públicos.

La CGC presentó recientemente su informe de labores anual, pero algunas auditorías no formaron parte de este, debido a que los procesos de indagación comenzaron previamente al año 2024.

El proceso de comunicación sobre las auditorías concluidas de manera semestral es una obligación de la CGC, que aparece detallado en el artículo 9 de la ley interna de la organización.

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“En forma semestral, la Contraloría General de Cuentas divulgará por medio del Diario Oficial la nómina de las entidades que fueron examinadas durante el período semestral anterior. Cuando se concluya la auditoría de cada entidad auditada y se oficialice el resultado, se ordenará la publicación en el Diario Oficial y en el boletín de la Contraloría General de Cuentas”, mencionó la CGC.

Sanciones y denuncias

Como parte de los resultados de las auditorías finalizadas se emitieron 932 sanciones administrativas, mismas que representan un monto de Q67 millones 496 mil 753.66.

También se presentaron 25 formulaciones de cargo por Q7 millones 119 mil 146.04, vinculadas con hallazgos que podrían implicar responsabilidades económicas por parte de municipalidades y otras entidades.

Asimismo, remitieron al MP 47 denuncias por un monto conjunto de Q215 millones 323 mil 211.08, en casos donde se detectaron posibles hechos constitutivos de delito, informaron las autoridades de la CGC.

Exministro del MAGA y Q30 millones: los 5 señalamientos de la Contraloría en la compra de fertilizantes

Fri, 06 Jun 2025 11:00:00 +0000

Guatemala

Exministro del MAGA y Q30 millones: los 5 señalamientos de la Contraloría en la compra de fertilizantes

La Contraloría denunció al exministro de Agricultura, Maynor Estrada, por irregularidades en la compra de insumos agrícolas. El monto señalado contra el exfuncionario asciende a Q30 millones.

Sandy Pineda

6 de junio de 2025 | 05:00h

Fertilizantes entregados en Sololá en diciembre del 2024, que según una auditoría, no tenía documentación oficial que respaldara la planificación y distribución. (Foto Prensa Libre: Maga)

El exministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), Maynor Estrada, fue denunciado ante el Ministerio Público (MP) por la Contraloría General de Cuentas (CGC), junto con dos exviceministros y otros exfuncionarios, por presuntas irregularidades en la adquisición de fertilizantes que comprometen más de Q144.8 millones.

La denuncia se basa en los hallazgos de la auditoría del 2024, en los cuales se señala al exministro por un monto de Q30.4 millones, mientras que otros siete exfuncionarios deberán responder por valores que oscilan entre Q7.1 millones y Q23.2 millones, relacionados con el mismo proceso de compra.

De acuerdo con el reporte del informe de la CGC, el Maga utilizó Q400 millones asignados para la compra de fertilizantes a través del mecanismo de compra directa con oferta electrónica.

La auditoría reveló múltiples deficiencias en el proceso de adquisición de fertilizantes por parte de la cartera de Agricultura. Una de las principales irregularidades que se señalan es que se adjudicaron contratos sin verificar las marcas de los productos ni el cumplimiento de los requisitos técnicos, tanto fundamentales como no fundamentales, establecidos en los términos de referencia del evento.

Además, los insumos entregados, como el abono tipo gallinaza, carecían de empaque adecuado e identificación de marca. Estos productos fueron almacenados a la intemperie y en lugares distintos a los estipulados contractualmente, lo cual comprometió su calidad y seguridad.

También se detectaron discrepancias entre los documentos relacionados con la entrega, como las actas de recepción, facturas y direcciones consignadas.

La Contraloría también señaló la falta de transparencia en la distribución de los fertilizantes, ya que, según el informe, el Maga no proporcionó la base de datos de beneficiarios ni la planificación de entregas, a pesar de que la auditoría lo solicitó en reiteradas ocasiones.

Finalmente, aunque el Ministerio informó públicamente sobre entregas simbólicas en el departamento de Sololá, no se encontró documentación de respaldo que demostrara una planificación previa o notificaciones formales, lo cual, según la Contraloría, representa una violación a los procedimientos legales establecidos.

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Además, solo se ejecutó el 40% del presupuesto adjudicado, Q148.9 millones. El 60% restante no se pagó debido a incumplimientos contractuales.

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Contraloría aclara el motivo de la denuncia

Durante una citación con diputados de la bancada VOS, Hugo Briones, funcionario de la CGC, explicó que el hallazgo más relevante está relacionado con la compra de fertilizantes.

“La denuncia va por incumplimiento en cláusulas de los contratos, no tanto por malversación, porque realmente se pagó solo lo que se recibió. La mayoría de los proveedores no cumplió con entregar todo el producto”, detalló.

Funcionarios de la Contraloría General de Cuentas participaron en una citación con diputados donde explicaron los hallazgos. (Foto Prensa Libre: FB/Bancada VOS)

Estrada, quien renunció el 8 de mayo del 2025 y fue candidato a la alcaldía de Antigua Guatemala por el Movimiento Semilla en las elecciones pasadas, no se ha pronunciado públicamente ante los hechos denunciados.

Se intentó obtener la postura del exministro por mensaje y llamada telefónica, sin obtener respuesta. No obstante, en sus descargos ante la auditoría, el exministro sostiene que los procedimientos señalados no eran de su competencia directa, conforme al artículo 7 del Reglamento Orgánico Interno del Maga.

Alega que las comisiones receptoras de insumos fueron designadas por el Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Visan), y no por él, y que dichas comisiones eran responsables de verificar la calidad del producto entregado.

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Sobre la falta de identificación en los empaques, indicó que no era requisito contractual incluir marca o logotipo, ya que los proveedores presentaron fianzas de garantía.

Asimismo, defendió la legalidad del procedimiento utilizado, argumentando que el Decreto 17-2024 del Congreso autorizó la modalidad de compra directa con oferta electrónica, y que se estableció un manual técnico para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas.

Finalmente, calificó los señalamientos como “erróneos y carentes de objetividad” y aseguró que su actuación se apegó a la normativa vigente.

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Reconocimiento facial: la nueva modalidad de registro para los empleados del Estado

Mon, 09 Dec 2024 23:24:13 +0000

Comunitario

Reconocimiento facial: la nueva modalidad de registro para los empleados del Estado

A partir de 2025 y por instrucciones de la CGC, todos los empleados del Estado serán registrados en un sistema de reconocimiento facial.

César Pérez Marroquín

9 de diciembre de 2024 | 17:24h

Los trabajadores del Estado deberán utilizar un sistema de reconocimiento facial de la CGN. Imagen ilustrativa. (Foto Prensa Libre: Tumisu en Pixabay)

A partir del 2025, la Contraloría General de Cuentas (CGC) exigirá el uso de un sistema de reconocimiento facial para todas las personas que laboren o busquen ocupar un puesto en la administración pública mediante las modalidades de nombramiento, contrato o designación, según un acuerdo publicado este lunes 9 de diciembre en el diario de Centro América.

El acuerdo publicado incluye la implementación de un Sistema de Reconocimiento Facial de la Contraloría General de Cuentas (SIREFA-CGC).

Dicho sistema se aplicará en todas las instalaciones de fiscalización bajo la jurisdicción de la CGCa, con el objetivo de fortalecer los procesos de control y transparencia en la gestión pública, detalla la publicación.

El artículo 1 del acuerdo dice: “Se crea el Sistema de Reconocimiento Facial de la Contraloría General de Cuentas -SIREFA CGC- con el objetivo de registrar, actualizar y validar la información personal de los servidores públicos y demás personas que presten servicios en las entidades y dependencias sujetas a fiscalización”.

Además, el artículo 2, referente al primer registro, actualización y validación de datos, dice: “Toda persona individual que como hecho generador de las presentes disposiciones ocupe un puesto en la administración pública, ejerza funciones públicas o preste servicios personales en virtud de nombramiento, contrato, designación o cualquier vínculo legalmente establecido, cualquiera que sea su forma y plazo de ejecución, en las entidades sujetas a fiscalización (…) obligatoriamente debe registrar, actualizar y validar sus datos de identificación personal e institucional ante la Contraloría General de Cuentas, a través de los sistemas operativos móviles iOS y Android”.

Se informó que se trata de un sistema para verificar la identidad de los postulantes a algún cargo público para prevenir irregularidades y garantizar que los procedimientos de selección cumplan con los estándares establecidos por cada entidad del Estado.

Mientras que todas las personas que ya trabajan en el Estado tienen hasta el 31 de diciembre de 2024 para actualizar sus datos con el sistema de reconocimiento facial.

De acuerdo con la CGC, el incumplimiento de lo establecido en el acuerdo constituye una infracción que será sancionada con base en los reglamentos establecidos por la ley.

El acuerdo que contiene el SIREFA-CGC entrará en vigor 10 días después de su publicación en el Diario de Centro América.

Acciones, plazos y responsabilidades.

Para el cumplimiento de lo establecido en el presente acuerdo, las personas obligadas realizarán registro, actualización y validación de datos de identificación personal e institucional de la manera siguiente:

a) Primer Registro: Acción y efecto de los sujetos obligados, de inscribir sus datos personales e institucionales en el plazo de treinta días hábiles contados a partir del hecho generador.
b) Actualización: Acción y efecto de los sujetos obligados ya registrados, de actualizar cualquier cambio relativo a la información de sus datos personales e institucionales, comprendido al día siguiente de la vigencia del presente acuerdo y hasta el 31 de diciembre de 2025.
c) Validación: Acción y efecto de manifestar conformidad de los sujetos obligados, sobre la exactitud de la información de sus datos personales e institucionales registrados. En caso de ausencia de modificaciones, para los sujetos ya registrados se establece un plazo comprendido del 1 de enero al primer día hábil del mes de marzo de cada año a partir del 2026.

CGC ordena auditoría en el CHN por millonario desfalco en extrafinanciamiento de tarjetas de crédito

Fri, 25 Oct 2024 02:51:33 +0000

Justicia

CGC ordena auditoría en el CHN por millonario desfalco en extrafinanciamiento de tarjetas de crédito

Tres auditores de la CGC tendrán a su cargo una auditoria especial relacionada con el desfalco de Q20 millones en extrafinanciamiento en tarjetas de crédito.

César Pérez Marroquín

24 de octubre de 2024 | 20:51h

Edificio del Crédito Hipotecario Nacional, en la zona 4 de la capital. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La Contraloría General de Cuentas (CGC) designó a tres auditores para que practiquen una auditoría especial en el Crédito Hipotecario Nacional (CHN), luego de que se diera a conocer un desfalco millonario mediante extrafinanciamientos en tarjetas de crédito, informaron este jueves 24 de octubre fuentes oficiales.

La auditoria de la CGC en el CHN se efectuará a solicitud del Congreso de la República y los resultados de esta podrían estar disponibles en termino de 60 días, de acuerdo con el oficio emitido por el ente fiscalizador.

El posible desfalco, que podría sumar Q20 millones, fue revelado por diputados de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), quienes requirieron la intervención de la CGC.

El caso

Entre enero y febrero de este año, el CHN avaló 57 extrafinanciamientos por Q20 millones para tarjetas de crédito. Pasados los meses, la falta de pago de los tarjetabientes comenzó a encender las alarmas a lo interno de la entidad bancaria que solicitó una auditoría.

El análisis evidenció que los extrafinanciamientos fueron avalados, por las antiguas autoridades del banco, sin pasar por todos los procedimientos, lo que llevó a que se informara a la Superintendencia de Bancos, quien en mayo pasado emitió un aviso de posible fraude, y también se presentó una querella para que el Ministerio Público lleve a cabo las investigaciones.

En la querella se incluyó a personas que ocupaban cargos como asesor jurídico, gerente de cumplimiento, gerente de tarjetas de crédito, ejecutiva de negocios de la gerencia general, asesor jurídico de negocios, al jefe de la agencia central y al receptor pagador principal, quienes fueron destituidos, según Sergio Mario Silva, presidente del CHN.

El caso fue revelado durante una citación de las autoridades del CHN con la bancada Vos, donde se manifestó que se logró establece que el dinero fue retirado mediante cheques, cobrados principalmente en la agencia central del banco, pero sin ningún tipo de alerta.

Con la mora, la deuda de estas tarjetas de crédito asciende a unos Q22 millones, considerando que cada uno obtuvo extrafinanciamientos por montos que van desde los Q150 mil hasta los Q400 mil.

Para que a una persona se le avale un monto de esta magnitud necesita devengar un salario mensual de entre Q40 mil y Q50 mil, según las autoridades del banco.

Las autoridades del CHN manifestaron que se determinó que las personas beneficiarias no eran tarjetahabientes, de decir, tramitaron su tarjeta y enseguida también el extrafinanciamiento.

Luis Fernando García, actual Gerente General de CHN expuso que fue la anterior gerencia la que autorizó estos procesos, y a partir de ese momento, se eliminó esa facultad, para evitar que se hagan más autorizaciones de este tipo.

Luego de obtener el aval, las personas entregaron cartas de respaldo económico de varias empresas como:

Catador Azequiel Robles
Sice
Asociación de Empresas de Autobuses Urbano
Recicladora La Ceiba

Con esta última, Luis Peláez, gerente de Banca y Personas del CHN, expuso que se firmó un convenio de relación comercial, mediante los cuales se otorgan tasas preferenciales, facilitamiento de crédito y extrafinanciamientos.

Congreso respalda pagos por Q6 mil millones en obras de Alejandro Giammattei

Tue, 20 Aug 2024 11:00:00 +0000

Política

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Congreso respalda pagos por Q6 mil millones en obras de Alejandro Giammattei

En la ampliación presupuestaria se derogó un artículo que podría dejar sin responsabilidad penal a ocho exautoridades del CIV.

Fátima Najarro

20 de agosto de 2024 | 05:00h

Los proyctos están bajo investigación de MP y la CGC interpuso denuncias hace algunos meses.. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El pasado miércoles, el pleno del Congreso aprobó de urgencia nacional una ampliación presupuestaria por Q14 mil 451 millones. Antes de concluir el proceso y de darle un número de decreto, los diputados Jorge Castro, de la bancada Visión con Valores; Luis Aguirre, del bloque Cabal, y Román Castellanos, electo por el Movimiento Semilla, presentaron una “enmienda” para incorporar un nuevo artículo a la normativa.

La propuesta fue derogar el artículo 7 de la Ley para fortalecer el mantenimiento y construcción de infraestructura estratégica, decreto 21-2022. Ese artículo autorizó al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) una ampliación presupuestaria de Q3 mil 191 millones 242 mil para 112 proyectos de infraestructura vial que serían ejecutados en ese año por las distintas unidades de la cartera.

El total de la intervención de los proyectos era por 719.14 kilómetros, entre rehabilitación, recapeo menor, construcción, señalización, compra de puentes Bailey, edificios y construcción del puente Belice.

La eliminación del artículo, que fue consensuada entre los diputados que votaron a favor y el CIV, levanta una restricción del decreto que no permitía que las obras fueran modificadas. Aquel 15 de marzo del 2022, cuando se aprobó la ley, la entonces bancada Semilla fue uno de los principales críticos, con el argumento de que la norma aprobada podría tener fines de corrupción.

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Denuncia

En mayo de este año, la Contraloría General de Cuentas (CGC) presentó una denuncia contra el exministro Javier Maldonado y siete funcionarios más, entre directores y viceministros, por haber adquirido compromisos no sustentados en el decreto. El monto del señalamiento asciende a Q6 mil 960 millones y está bajo investigación en el Ministerio Público (MP).

Cuando esa ley fue aprobada, surgieron dudas y críticas, debido a que otorgaba más de Q3 mil 191 millones al CIV para obras. Ahora, el oficialismo sostiene que la enmienda se presentó porque no se podía avanzar o finalizar dichos proyectos.

“Lo que ha pasado es que el mismo CIV se ha topado con que este artículo les dificultaba continuar con algunos proyectos de infraestructura que están por finalizarse, pero que toparon ahí. Fue un requerimiento particular del ministerio”, sostuvo Castellanos, quien en el 2022 fue uno de los principales opositores.

El viceministro de Infraestructura, Alejandro García, aseguró que más allá de ser una petición surgida en la institución, fue un aspecto consensuado entre la cartera y los diputados, quienes constantemente hacen consultas de los proyectos de sus departamentos.

“Más que una solicitud expresa del ministerio, es una respuesta a las constantes solicitudes por parte de los diputados en distintas bancadas y de todos los distritos”, afirmó.

El CIV justificó que, al levantar las restricciones de esa normativa legal, continuarán con la ejecución y finalizarán los pagos pendientes.

“—La derogatoria— sí abre la puerta para que se puedan seguir ejecutando, aunque estén bajo investigación. Nosotros vamos a hacer el análisis cuando el decreto salga publicado”, manifestó el viceministro.

Por su parte, el diputado Orlando Blanco, de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (Vos), cuestionó ese aspecto, con base en que la ley no es retroactiva en materia administrativa ni financiera.

“Según ellos, con esto tendrían el aval para pagar toda esa corrupción que se dio en el marco de ese decreto; pero, además, pagar los excesos que hubo en el tema de las ejecuciones”, mencionó el legislador.

Bajo investigación

El viceministro explicó que muchos de los proyectos son investigados por el MP y que les han indicado que están bajo reserva, por lo que no se les ha informado el sentido de la pesquisa. El diputado Orlando Blanco mencionó que también presentaron una denuncia al respecto este año.

García aseveró que la derogatoria del artículo no debe influir en las averiguaciones que realiza el MP, ni en los procedimientos de la CGC. Castellanos también defendió que se solicitó la derogatoria con base en criterios técnicos del CIV.

“Yo esperaría que no, porque si son hechos ya consumados, en todo caso siguen prevaleciendo y que en adelante estoy seguro de que no se cometerá este tipo de irregularidades”, refirió el congresista.

Blanco insistió en que es un intento del oficialismo por “jugarle la vuelta a la ley”.

Se preguntó al MP sobre la pesquisa, pero no se recibió ninguna respuesta. También se solicitó a la CGC su postura respecto de la derogatoria, pero tampoco respondió.

Excedió el techo

Cuando la ley se aprobó, se destinaron Q1 mil 286 millones a la Dirección General de Caminos (DGC), Q1 mil 748 Covial, Q120 millones a la Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE) y Q35 millones al Fondo Social de Solidaridad (FSS).

Solo un año y cinco meses después Covial ya había consumido todos los fondos y Caminos había sobrepasado la asignación por Q80 millones. Además, se hicieron readecuaciones que dejaron el presupuesto del subprograma en Q1 mil 746 millones solo en 2023.

Los recursos se invirtieron Q1 mil 900 millones en mantenimiento de las carreteras centroamericanas, otros Q366 millones en rutas nacionales y Q480 en rutas departamentales. También se destinaron fondos para la asistencia técnica y adquisición de puentes, para la construcción y mejoramiento de carreteras, también en pasos a desnivel e infraestructura educativa.

Maldonado, titular de la cartera en ese momento, declaró que los diputados ponentes de la ley seleccionaron las obras qe se incluirían en la iniciativa y se lo trasladaron al CIV.

Aprobación

En el año en el que se aprobó la Ley, Shirley Rivera era la presidenta del Congreso. Ella junto a Mynor Mejía y Carlos Roberto Calderón la firmaron. Se convirtió en ley a los 15 días de ser presentada como iniciativa en la Dirección Legislativa.

En ese entonces, el diputado Castellanos fue de los principales opositores de la ley porque consideraba que “es una estrategia para saquear el Estado”.

“En aquel momento los diputados de Semilla y los diputados nuestros nos opusimos a esta cuestión porque nunca habíamos visto un decreto tan tosco y tan cínico, en el sentido de que en ese decreto básicamente los diputados de la Unión Nacional de la Esperanza (UNE), Valor, Vamos, Todos y Bien lo que estaban haciendo era hacer una asignación fuera del presupuesto millonaria”, recordó.

Cómo registrar un título en la Contraloría General de Cuentas

Thu, 04 Jul 2024 21:31:15 +0000

comunitario

Cómo registrar un título en la Contraloría General de Cuentas

Compartimos con usted una guía completa sobre los pasos a seguir para registrar su título ante la Contraloría General de Cuentas y la SAT, ya sea de nivel medio o superior.

María Alejandra Guzmán

4 de julio de 2024 | 15:31h

Registrar su título ante la Contraloría General de Cuentas es requisito obligatorio. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

¿Desea registrar su título ante la Contraloría General de Cuentas (CGC) y aún no sabe cómo? Ahora puede efectuar el trámite en línea si se trata de un título de nivel diversificado.

De acuerdo con el Artículo 3 del Acuerdo No. A-081-2023 de la CGC, pueden registrarse de forma digital o electrónica todos aquellos títulos de nivel medio emitidos a partir del 2008 en adelante. La entidad aclara que se trata de aquellos títulos extendidos el 24 de septiembre de 2008 o después de esa fecha.

Por otro lado, se establece que todo título de nivel medio que se extendió antes del 24 de septiembre de 2008 debe registrarse de forma presencial. Para ello, deberá acudir a la sede central de la CGC ubicada en la 5 avenida, 9-95, zona 1 de la Ciudad de Guatemala para dar seguimiento al trámite.

Si se trata de nivel superior, debe habilitar su título universitario ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) antes de abocarse al ente contralor. A continuación, explicamos los pasos a seguir para efectuar este trámite.

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Requisitos para registrar títulos a nivel diversificado

Según información del portal oficial del órgano contralor, estos son los requisitos para el registro de títulos de nivel medio:

Código Único de Identificación (CUI)
Registro del título
Número de identificación tributaria (NIT) para quienes son mayores de edad.
Realizar el pago de Q100 en agencias bancarias o banca virtual de Banrural.
Títulos emitidos en 2005 o antes, deben presentar Constancia de Emisión de Título de la Dirección Departamental de Educación que corresponda.
Hay que considerar que todo título extendido antes del 24 de septiembre de 2008 debe registrarse presencialmente.
Si su título fue extendido en una Delegación Departamental, indique cuál fue.

Lea más: Estos son ahora los requisitos y nuevos precios para registrar títulos y diplomas académicos, según la Contraloría General de Cuentas

En cuanto a los pasos a seguir, este es el procedimiento que establece la entidad contralora:

Acceda a www.contraloria.gob.gt y dé clic en el botón Portal Web.
En la parte superior, presione el botón Registro de Títulos.
Ingrese los datos personales solicitados: CUI, teléfono, correo electrónico, NIT y haga clic en Guardar datos.
Coloque el código de verificación enviado a su correo electrónico (verifique en bandeja de entrada y en correos no deseados si es necesario).
Elija el nivel académico e ingrese el registro de título. El sistema mostrará de forma automática la información. Confirme los datos y seleccione Generar orden de pago.
Imprima la orden de pago y cancele Q100 en agencias bancarias o banca virtual de Banrural.
Después de la realización y verificación de dicho pago, recibirá un correo electrónico con el enlace y contraseña con los que podrá realizar la descarga de su registro.
Ingrese al enlace proporcionado y presione el botón Imprimir sticker.
En la nueva ventana, complete los datos solicitados y dé clic en el botón Consultar registro.
Imprima y pegue en la parte de atrás del título el registro proporcionado por la Contraloría.

Requisitos para registrar títulos de nivel técnico universitario

En el caso de quienes obtuvieron un título de técnico universitario, deben abocarse a la sede de la CGC ubicada en zona 1 de la Ciudad de Guatemala presentando los siguientes documentos:

Título en original (previamente registrado ante la SAT)
NIT
Fotocopia legible de ambos lados del título o diploma de nivel medio debidamente registrado por la Contraloría General de Cuentas.
Fotocopia del anverso y reverso del título (dúplex en tamaño oficio).
Efectuar el pago de Q100 en agencias bancarias o banca virtual de Banrural
Original y fotocopia de DPI del sustentante.

Requisitos para registrar títulos de licenciatura, maestrías, posgrados y doctorados

Al igual que quienes tramitan el titulo de técnico universitario, deben presentarse a la sede central de la CGC con la siguiente documentación:

Fotocopia legible de ambos lados del título o diploma de diversificado registrado por la Contraloría. Si su título a registrar es de maestría, debe presentar su título de licenciatura registrado previamente en la CGC.
Si se trata de posgrado o doctorado, presentar copia de todo lo indicado anteriormente, así como su título de maestría.
Título original (efectuar pago del impuesto respectivo que requiere la SAT)
Fotocopia del anverso y reverso del título (dúplex en tamaño oficio).
Realizar el pago en agencias o banca virtual de Banrural. Si es título de licenciatura, deberá cancelar Q200, si son maestrías o posgrados, Q300 y si se trata de doctorados, Q400.
Original y fotocopia de DPI del sustentante
NIT.

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Constancias

En el caso de las constancias de registro de títulos y diplomas académicos, estos son los requisitos que se requieren para dar seguimiento a este trámite ante la CGC:

Dos fotocopias del título de ambos lados, legibles.
Original y fotocopia del DPI, de ambos lados, legible.
Original y fotocopia del recibo de pago de Q50 en agencias o banca virtual de Banrural.
Número telefónico y correo electrónico.

Recuerde que puede efectuar el pago en línea si tiene banca virtual de Banrural. (Foto Prensa Libre: Freepik)

Habilitación de títulos en Guatemala ante la SAT

Recuerde que antes de dirigirse a la sede de la CGC, debe habilitar su título ante el ente tributario. Según información proporcionada por la SAT a Prensa Libre, estos son los requerimientos para efectuar este procedimiento en dicha entidad:

Ingrese a Declaraguate y selecciona el formulario SAT-7190 “Habilitación de Títulos”.
Al entrar al formulario, coloque el NIT al que se le habilitará el título y generará la razón de pago. El sistema verificará que el NIT ingresado cuente con usuario y contraseña de Agencia Virtual.
Seleccione la casa de estudios que extendió el título universitario. (Si cuenta con dos o más, debe ingresar la información por cada título en un mismo formulario SAT-7190).
Elija el tipo de título que posee.
Ingrese el nombre del título como se muestra en físico.
Presione el botón “Agregar” para que la información ingresada y seleccionada se muestre en una tabla.
Si toda la información ingresada y seleccionada es correcta, seleccione el botón “Validar”, seguidamente el botón “Congelar”.
Imprima la boleta SAT-2000 y efectúe el pago en un banco del sistema o en línea por medio de su banca virtual. Si se trata de carrera técnica universitaria deberá cancelar Q.25, mientras que si tiene un título de licenciatura, maestría y doctorado el monto a pagar es de Q100
Después del pago del formulario SAT-7190 “Habilitación de Títulos”, ingrese de nuevo a su Agencia Virtual.
Diríjase al menú “Servicios al Contribuyente” y la opción “Consulta Razón de Pago Títulos Universitarios”.
En el listado de títulos que se muestra, seleccione el icono “Impresora” para la descarga de su Razón de Pago.
Recorte y adhiera la razón de pago al reverso del título correspondiente. Debe saber que la razón de pago incluye un código QR para corroborar la información del título habilitado.

Si tiene algún caso especial o alguna consulta particular, le aconsejamos acudir a su centro de estudios o las instituciones competentes para dar seguimiento a su trámite profesional.