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Nextil consigue contrato para producir US$175 millones en su planta de Guatemala

Tue, 16 Sep 2025 23:58:36 +0000

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Nextil consigue contrato para producir US$175 millones en su planta de Guatemala

El contrato, considerado el más grande en la historia de la compañía Nextil, marca el inicio de un proceso de traslado paulatino de producción desde Asia hacia el país, según información la divulgada.

Rosa María Bolaños

16 de septiembre de 2025 | 17:58h

La planta de la compañía Nextil en Guatemala empezó a operar en el 2024. (Foto, Prensa Libre: cortesía Nextil Elastic Fabrics, S.A.).

La compañía española Nextil firmó un contrato millonario con la empresa estadounidense Maxum International Group, para la producción exclusiva en su planta instalada en Guatemala, la cual opera desde finales del 2024.

Renato Lira, director general de Nextil Elastic Fabrics, S. A. en Guatemala, explicó a Prensa Libre que el acuerdo con la compañía estadounidense consiste en ventas por US$175 millones en un plazo de cinco años, las cuales se producirán en la planta ubicada en el país. Esta fue inaugurada en octubre del 2024.

Con ello, el primer año comprende una producción de US$15 millones y, del segundo en adelante, US$40 millones anuales en ventas a la mencionada empresa.

El ejecutivo comentó que dicha compañía estadounidense está trasladando a Nextil US$175 millones en producción desde Asia hacia Guatemala de forma paulatina.

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“Esto no solo refuerza la confianza en la industria textil nacional, sino que también consolida a nuestro país como hub competitivo para la región”, expresó Lira indicando que también significan decisiones para ampliar la inversión extranjera directa, generación de empleo y posicionamiento internacional de Guatemala.

Contrato más grande

Según información internacional, la compañía notificó este martes 16 de septiembre a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que el contrato en mención es el de mayor volumen firmado en su historia.

Maxum International Group es una firma que gestiona más de US$2 mil millones en volúmenes de comercio al detalle en el mercado estadounidense y tiene entre sus clientes a Costco, BJ’s, Sam’s, Home Depot, Lowe’s, Dick’s, Bass Pro Cabelas, Emerson Electric, Walmart y Panama Jack USA, se agrega.

“El acuerdo consolida el papel de Nextil Guatemala como hub industrial estratégico para Estados Unidos y sitúa al grupo en el centro de la transición global de la producción textil de Asia a Centroamérica, impulsada por los aranceles y las nuevas políticas comerciales en EE. UU.”, destacó la compañía, según información divulgada en diversos medios internacionales.

Lea además: Las tres claves por las que Nextil decidió invertir en Guatemala

Ya opera en Guatemala

La inversión inicial de Nextil en Guatemala se anunció en el 2021; según Lira en la planta que se inauguró en el 2024 en el país se hizo una inversión de US$23 millones.

Además, actualmente se invierten otros US$12.5 millones para la segunda fase, la cual está prevista que finalice en enero del 2026. Esta inversión busca responder a los acuerdos de venta firmados con la compañía mencionada y otros que están en proceso y se darán a conocer durante las próximas semanas.

Actualmente, la compañía genera 55 empleos en Guatemala, pero el plan de inversión contempla varios incrementos en menos de un año. Con la ampliación, se prevé llegar a 100 empleos a finales de año y, se tiene planificado abrir un área de confección la cual representaría alrededor de 350 empleos iniciales.

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El ejecutivo explicó que los recursos que genera Nextil en el país se reinvertirán, ya que el grupo tiene el compromiso de hacer crecer la fábrica conforme lo exija el mercado.

El país y la región Cafta

Lira mencionó que Nextil amplió el mercado textil en Guatemala porque las empresas instaladas ya cubrían ciertos segmentos como camisetas, blusas, camisas y otras prendas. Sin embargo, con la llegada de esta firma ahora también se fabrican textiles elásticos premium destinados a prendas íntimas de control o especializadas como fajas, artículos médicos —guantes para personas con reumatismo, coderas, telas para personas quemadas—, así como ropa deportiva de lujo y artículos técnicos.

En este caso, el contrato implica producir en Guatemala tela para artículos técnicos, en específico, telas de lujo para toldos pequeños, explicó Lira. Se denomina “artículos técnicos” a aquellos que no son prendas de vestir ni del hogar, como tela para lámparas o sillones, incluidos los de avión.

Este tipo de productos no se fabricaba en la región del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (Cafta), y ahora surge esta oportunidad ya que las órdenes de esta empresa estaban en Asia y están siendo trasladadas a Guatemala, añadió.

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Respecto a los aranceles del 10% que siguen vigentes para las importaciones de productos guatemaltecos en Estados Unidos, Lira explicó que el nuevo tributo aplicado a países de otras regiones es más alto, lo que deja a Guatemala en una mejor posición. “Guatemala se está volviendo un hub textil, porque resulta muy atractiva para los clientes finales que vienen a poner aquí sus órdenes”, añadió.

Nextil es una empresa española especializada en la fabricación de tela elástica premium, además de prendas con ese tipo de material.

Actualmente, produce y vende telas elásticas desde su planta en Guatemala, pero en el corto plazo se prevé ampliar la producción y contar con su propia área de confección, dijo Lira.

“Es muy importante tener el contrato más grande que ha tenido Nextil Group en su historia, ya puesto en la planta de Guatemala”, dijo Lira.

Además, los nuevos contratos, implicarán traer órdenes desde fuera de Cafta, como Asia o Medio Oriente, lo cual lo cual atraerá inversión y generará empleo, expuso.

Y, mencionó que en lo que va del año, Nextil ya ha efectuado cuatro exportaciones desde la planta de Guatemala hacia China consistentes en tela elástica para trajes de baño.

El gobierno recurre a estándares internacionales para confiar la transparencia de las licitaciones de grandes proyectos de energía e hidrocarburos

Mon, 15 Sep 2025 06:10:00 +0000

Economía

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El gobierno recurre a estándares internacionales para confiar la transparencia de las licitaciones de grandes proyectos de energía e hidrocarburos

Cómo garantizar la transparencia en los eventos de licitación de electricidad rural y del campo Xan es una de las dudas planteadas a funcionarios de gobierno

Rosa María Bolaños

15 de septiembre de 2025 | 00:10h

El acompañamiento de entes internacionales y nacionales para licitaciones de grandes proyectos es una opción para la ejecución de obras y presupuesto. (Foto, Prensa Libre: Shutterstock).

El tema de la transparencia en los próximos eventos y licitaciones tendrá supervisión adicional por parte de organismos internacionales y nacionales, como los eventos de electricidad rural y el del cierre técnico del campo Xan, entre otros, como los servicios para operar le refinería y el oleoducto, según han indicado funcionarios del gobierno.

El Programa de Infraestructura para la Electrificación Rural (Pier) que cuenta con financiamiento de un préstamo de US$120 millones (unos Q920 millones, al cambio actual) será ejecutado por el Instituto Nacional de Electrificación (Inde) con base a normas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

De este programa se lanzó el pasado jueves 28 de agosto la primera de cuatro licitaciones. En la primera fase se estima una inversión de US$17.5 millones para proyectos de electrificación rural para 6 mil 500 hogares en 72 comunidades que no cuentan ese servicio. El proyecto total prevé conectar unos 40 mil hogares.

Lilena Martínez, jefa de Operaciones del BID en Guatemala, expuso durante el lanzamiento del primer concurso, que las licitaciones financiadas por el BID se rigen por políticas de adquisiciones y contrataciones alineadas con buenas prácticas y estándares internacionales.

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“Ahí es donde nosotros, como banco, reiteramos nuestro compromiso de acompañar y supervisar todos los procesos que se realizan en el Inde y otras entidades ejecutoras para asegurar que se hagan con calidad, eficiencia, eficacia y transparencia”, señaló.

Detalló, al referirse a los eventos para electrificación rural, que se trata de licitaciones públicas internacionales, abiertas tanto para empresas locales como internacionales, para garantizar la calidad de las obras.

El préstamo es financiado por el BID y la Cooperación Coreana.

Por aparte, consultado acerca de cómo se garantizará la transparencia en el uso del financiamiento de US$120 millones, el presidente de la República Bernardo Arévalo indicó: “Las licitaciones están garantizadas por el hecho de que las realiza el Banco Interamericano de Desarrollo, que tiene estándares internacionales, y nosotros nos sujetamos a ellos”.

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Acerca de las medidas de transparencia en las licitaciones para el cierre técnico del campo petrolero Xan, la refinería La Libertad y el oleoducto, cuyos activos pasaron a manos del Estado el 13 de agosto tras el vencimiento de los contratos, Arévalo afirmó: “Vamos a aplicar esos estándares internacionales también a esas licitaciones”.

Tres emergencias, varios eventos

Para el sector petrolero están vigentes tres declaratorias de emergencia con las cuales el MEM está lanzando procesos de manifestación de interés para precalificar empresas y posteriormente efectuarán concursos para los cuales deben emitir términos de referencia.

En el que se refiere al cierre técnico del Campo Xan, se estima un costo de US$50 millones que deberán ser costeados por el Estado.

Para este se lanzó la primera convocatoria de manifestación de interés a inicios de agosto del 2025 en la cual participaron seis empresas, pero el evento fue finalizado porque ninguna de estas firmas superó la fase de precalificación. Derivado de ello se lanzará una nueva convocatoria según lo dio a conocer el miércoles 11 de septiembre el viceministro de Minas e hidrocarburos del MEM, Erwin Barrios.

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El ministro de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura, indicó el 20 de agosto en una citación con los jefes de bloque del Congreso, que se solicitaría el acompañamiento de la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC), el anuncio fue realizado días después de que en ese organismo surgieron señalamientos de supuesto tráfico de influencia o incluso cohecho pasivo en que podría caerse por posibles oferentes o funcionarios.

El MEM indicó el 10 de septiembre, al anunciar el nuevo evento, que se cuenta con el acompañamiento de la CNC.

“El MEM reafirma su compromiso con la transparencia, la legalidad y el bienestar del Estado de Guatemala como principios rectores en todas sus actuaciones. En ese marco, y en cumplimiento de la normativa vigente, el Ministerio se prepara para lanzar un nuevo evento de Invitación para la Presentación de Interés relacionado con el cierre del Campo Xan” aseguró el viceministro al anunciar el nuevo evento.

Para contratar a las empresas para que tendrá a su cargo la operación y administración de la refinería y el oleoducto no han mencionado montos de inversión, y tampoco se han lanzado los eventos.

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El Inde, anteriormente, ha enfrentado señalamientos en la contratación de proveedores para sus obras. Entre julio del 2024 y enero del 2025 la actual administración efectuó denuncias por nueve casos de contratos para obras que provenían de la administración anterior, por alrededor de Q650 millones, en los que se encontraron irregularidades o falta de cumplimiento de ejecución. Y tenían en verificación otros por unos Q400 millones más.

Experiencias anteriores

La decisión de usar las normativas del organismo que financia está en ley, incluso lo permite o establece la Ley de Contrataciones del Estado, indicó Ricardo Barrientos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).

Sin embargo, explicó el experto, en el país han existido experiencias con resulados mixtos.

Barrientos recuerda que en los períodos del 2008 al 2010 el Ministerio de Finanzas Públicas decidió restringir un poco o regular de mejor manera los casos en los que se le daba fondos públicos guatemaltecos a organismos internacionales. Esto surgió por la preocupación por algunos fondos que en su momento ejecutó la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) para temas del aeropuerto.

Según Barrientos, se experimentó que en casos como ese no necesariamente las reglas de un organismo internacional han resultado mejores que la legislación nacional en temas de ejecución de fondos públicos.

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En el caso del uso de Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) para adquisiciones, el analista dijo que han sido más positivos los resultados y considera que se han obtenido mejores resultados que con la normativa nacional en especial con la experiencia que se tuvo cuando esa entidad apoyó en la adquisición pública de medicamentos por parte del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

Lea también: ¿Cómo funciona la Unops en adquisiciones estatales?, se alista un nuevo acuerdo para modernizar el aeropuerto

También están los casos en que las instituciones de Guatemala ejecutan, pero lo deben hacer con base a los estándares internacionales de las entidades que financian cada proyecto, comentó Barrientos, quien indicó que ha habido necesidad de llegar a ese punto por experiencias negativas que han sucedido en licitaciones o contrataciones.

Refirió que no todos los mecanismos de organismos internacionales han sido perfectos, pero la experiencia reciente pareciera apuntar que en ocasiones es mejor o preferible que el manejo de entidades nacionales como el caso que mencionó de Unops.

Se debe tener en cuenta que las reglas del organismo internacional puede tener ventajas y desventajas, añadió Barrientos al citar que un caso reciente que considera desventaja es el experimentado con el Programa Mundial de Alimentos (PMA) cuándo ha hecho adquisiciones públicas para el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, porque se ha detectado que las reglas del organismo internacional no son acordes o coherentes con la normativa nacional de transparencia y ademán han causado retrasos importantes en el registro contable en la ejecución de presupuestaria.

El analista del Icefi indicó que no hay un criterio definido y hay experiencias buenas y malas, por lo que es importante una revisión mucho más cuidadosa de la legislación que se está proponiendo para facilitar este tipo de convenios.

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Un caso reciente, expone, es el apoyo que se está recibiendo del Cuerpo Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, lo cual es importante para el tema de infraestructura, pero se debe tomar en cuenta que se trata de fuerzas armadas de otro país que tienen sus normas especiales de confidencialidad.

La conclusión de Barrientos es que no se puede decir que sea bueno o malo a priori, pero que en la legislación se debería procurar que los convenios con organismos internacionales que van a aplicar sus reglas, y que se pueda adoptar de manera supletoria normas de transparencia nacionales guatemaltecas aspectos que sus propias normas no tienen.

Sin embargo también considera que es necesario ir adoptando más estándares internacionales de transparencia y porque también ha sido claro que no necesariamente la legislación nacional ha demostrado que puede prevenir los abusos y los actos de corrupción. Pero agregó que no se debe perder de vista otra perspectiva porque posiblemente no solo es un tema de normas y reglas ya que en algunos casos los controles de transparencia nacionales son mucho más estrictos que los de organismos internacionales, pero también depende de las personas. “Aún teniendo una ley perfecta, pero con algún funcionario corrupto las cosas van a salir mal”, expresó.

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Las normas son muy importantes, pero también hay que ver que probablemente el problema de Guatemala no está en la normativa, sino que se debe actualizar el servicio civil, añadió.

Se observa que hay casos en los que no se confía en el funcionariado guatemalteco, sino que se confía más en organismos internacionales y otros gobiernos y es vergonzoso porque es casi un reconocimiento de la incapacidad nacional de hacer las cosas bien, lo cual se viene experimentando desde hace varios gobiernos, expresó Barrientos.

Por aparte, Pedro Prado de la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales (Asíes), dijo que se ha tenido que llegar a usar algunos estándares de organizaciones internacionales para garantizar transparencia en esas gestiones, asegurar que se respeten los procesos y que se ejecute, lo cual está ligado a evitar la corrupción.

Prado dijo que para la sociedad guatemalteca la participación de organismos internacionales financieros, en este caso como el BID, o en otros ejemplos, es importante porque da un respaldo, ya que se requieren buenos resultados para garantizar la transparencia y evitar el tema de la corrupción.

El Inde amplía denuncias: Los nueve casos suman más de Q650 millones y otros siguen en auditoría

Tue, 28 Jan 2025 11:00:00 +0000

Contratos

El Inde amplía denuncias: Los nueve casos suman más de Q650 millones y otros siguen en auditoría

El Instituto Nacional de Electrificación (Inde) presentó dos denuncias más ante el Ministerio Público (MP) en contra de proveedores por contratos efectuados en la administración del gobierno anterior ya que se detectaron irregularidades.

Rosa María Bolaños

28 de enero de 2025 | 05:00h

El Inde planteó duda razonable en contratos efectuados en la administración pasada por alrededor de Q1 mil millones, ha presentado varias denuncias y otros siguen en auditoría. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

Los dos nuevos casos denunciados por el Inde se suman a los seis casos ya presentados en julio del 2024 por contratos que provienen del 2020 al 2023 y otro caso ampliado en noviembre del año pasado para un total de ocho denuncias.

El monto de los contratos con las nuevas denuncias asciende a Q246.8 millones, según divulgaron autoridades del Instituto Nacional de Electrificación (Inde), Luis Martínez, gerente general, Juan González, jefe de asesoría jurídica corporativa, y Jorge Orlando García jefe de auditoría Interna corporativa.

Estas se presentaron también en noviembre y corresponden al contrato por Q220 millones 837 mil 780 adjudicado a Tecnisol para la construcción de la subestación eléctrica Melchor de Mencos y la línea de transmisión asociada en el municipio del mismo nombre del departamento de Petén. Según las autoridades ya se les había otorgado un anticipo de Q40 millones.

Y de Q26 millones 050 mil 900, adjudicada a Marsa Inversiones, S. A., para la ampliación de la subestación eléctrica en Huehuetenango. El anticipo en este caso fue de Q3.6 millones.

Las anteriores denuncias son por varios contratos que en conjunto llegan a alrededor Q406.7 millones. Por lo que a la fecha la suma denunciada asciende a unos Q653.5 millones.

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Los anteriores denunciados incluyen:

Proyecto “Repotenciación Santa María”, ubicado en Zunil, Quetzaltenango, adjudicado en julio 2023 por Q196 millones 143 mil 307, adjudicado a Óscar Augusto Hidalgo Ponce / Alfaconstructores.

Proyecto Fotovoltaico Guacalate, por Q116 millones 997 mil 761, adjudicado a Samuel Porfirio Ochoa De Léon / Constructora Ochoa López.

Proyecto Fotovoltaico, Alta Verapaz, por Q66 millones 984 mil 993, adjudicado a Servicios de Ingeniería, Asesoría y Construcción, S. A.

Además los proyectos: fotovoltaico Edificio Central por Q7 millones 695 mil 520; el de suministro Chixoy que asciende a Q6 millones 634 mil 594; así como el proyecto de suministro de repuestos para la planta Jurún Marínalá con una inversión de Q3 millones 716 mil 592, adjudicados a Construvisión.

Y, otro por presentado por varias consultorías, por Q8.6 millones. Según dieron a conocer las actuales autoridades del Inde en una conferencia de noviembre del 2024, este caso se refiere a varias empresas contratadas para consultorías durante la gestión de Melvin Quijivix, quien presidió la institución por varios años en el gobierno pasado. Incluye denuncia contra otras exautoridades de la institución.

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Al asumir el nuevo gobierno divulgó que tenía dudas razonables en contratos por alrededor de Q995 millones, por indicios de falsedad, incumplimiento de obras, aunque ya se habían brindado anticipos.

Contratos por alrededor de Q350 millones siguen en fase de auditoría. De 150 contratos auditados se contabilizaron 41 incumplimientos, ahora los proveedores se encuentran en diferentes fases de procedimientos administrativos.

El Ministerio Público ejecutó, el lunes 27 de enero del 2025, allanamientos en varios puntos de la capital por un caso que involucra al expresidente del Inde. Uno de los cateos se hizo en un bufete jurídico en la zona 4 capitalina.

La Fiscalía denominó la investigación “Caso Red Quijivix”, en el que señala al exfuncionario de realizar contrataciones irregulares cuando estaba en el cargo.

Con información de Hedy Quino

Rudolf Jacobs de Ager: Preocupa volver a depender de combustibles para generar energía

Tue, 12 Nov 2024 11:00:00 +0000

Licitación

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Rudolf Jacobs de Ager: Preocupa volver a depender de combustibles para generar energía

Ager expone la necesidad que las bases de licitación de la PEG-5 sean más específicas para impulsar las energías renovables.

Rosa María Bolaños

12 de noviembre de 2024 | 05:00h

Con la quinta licitación dentro del Plan de Expansión de Generación Eléctrica (PEG), llamada PEG-5, las distribuidoras de energía buscan proveerse para atender la demanda hasta por15 años. (Foto, Prensa Libre: Freepik).

Los términos de referencia (TDR) para la quinta licitación de largo plazo como parte del Plan de Expansión de Generación Eléctrica (PEG), conocida como PEG-5, fueron autorizados por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) a finales de octubre último, y las distribuidoras de electricidad tienen hasta finales de febrero del 2025 para entregar las bases de licitación. Estas prevén requerir 1 mil 400 megavatios para suministro escalonado a partir del 2030.

Rudolf Jacobs, presidente de la Asociación de Generadores con Energía Renovable (Ager), en una entrevista con Prensa Libre indica que ven positivo que se haya arrancado con el proceso de licitación de electricidad más grande del país, pero expresa que les preocupan algunos contenidos de los términos de referencia y otros aspectos que no se contemplan en estos.

Por ejemplo, de que se podría llevar al país de nuevo a una sobredependencia en combustibles para generar electricidad, entre otras dudas, por lo que propondrán sugerencias a las distribuidoras y a la CNEE.

¿Qué opinan acerca de los términos de referencia para la licitación PEG-5?

Estamos en el análisis preliminar, pero podemos trasladar nuestras primeras impresiones.

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En enero último la Ager solicitó que la PEG-5 se dividiera y se anticipara una parte de la licitación para el componente de generación de energía solar con el fin de poder acelerar la inclusión de estas plantas en el sistema y que empezaran a suministrar, pero no se logró.

Con la emisión de los TDR por lo menos ahora el proceso para la licitación ya arrancó lo cual es una buena noticia, ahora la emisión de las bases de licitación por las distribuidoras y aprobación por la Comisión podría llevar unos tres o cuatro meses.

¿Cómo observan los términos de referencia?

Puedo comentar algunas impresiones generales. Nos preocupa que no vemos, como en el pasado sí sucedió, una mención de la importancia de cumplir con la política energética nacional porque no se especifica una composición mínima de generación renovable que se quiera lograr en este evento o una composición máxima de combustibles fósiles, ya que no establecieron ninguna limitante o rangos.

¿Puede afectar que no haya límites?

Genera preocupación de que este mecanismo podría llevar al país de nuevo a una sobredependencia en combustibles para generar electricidad si no se hacen correcciones.

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Como Asociación queremos trabajar con la Comisión y con las distribuidoras para expresarles estas ideas, propuestas y preocupaciones para que se puedan tomar en cuenta y contribuir a que las bases sean lo mejor posible, porque los términos de referencia son muy generales.

¿Qué aspectos podrían afectar la licitación?

Es necesario no solo establecer un mínimo de composición renovable a contratar para continuar impulsando la diversificación de la matriz energética, sino también que se consideren bloques tecnológicos o por tecnología para poderle crear un espacio en la licitación a las diferentes tecnologías renovables y acompañar esos recursos con el componente de combustible y tecnología flexibles como podría ser el gas natural.

Otro tema que llama la atención de los términos de referencia es que se establece que los oferentes serán los responsables de tener el espacio en las líneas de transmisión, los derechos de interconexión a la red de trasmisión y el espacio disponible para poder inyectar la energía. Con ello lo que están diciendo es que este es un riesgo adicional que el oferente tiene que tomar y que no se va a considerar como fuerza mayor si un proyecto no logra entregar al contrato por falta de líneas de transmisión.

¿Han analizado los plazos que se establecen para los contratos?

En este caso, preocupa que se está poniendo un límite de 5 años o menos, para las plantas de generación existente. Guatemala tiene un fuerte componente instalado de hidroeléctricas con 1 mil 500 megavatios, entre las plantas privadas y las del Inde, además alrededor de 200 megavatios entre solares y eólicos, pero a las plantas existentes no se le está dando el espacio de competir por contratos de largo plazo que son de 15 años y creemos que se debiera de reconsiderar un plazo mayor para la participación de esas plantas, que puedan competir por 10 y 15 años y no limitarlos solo 5 años como se establece en los TDR.

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Estas plantas, como ya están instaladas y ya no tiene que construirse, le dan mucha seguridad a las distribuidoras de tener un abastecimiento confiable.

¿Se desmotivará la participación de las generadoras renovables existentes?

La generación renovable tiene interés en participar, pero va a estar más motivada y posiblemente se van a animar a ser mejores ofertas si los contratos son de más plazo y no solo 5 años o menos, y eso le conviene a las distribuidoras, por lo que es importante reconsiderar el tema.

Por aparte vemos que para las tecnologías de plantas nuevas los términos de referencia reflejan cierto criterio de preferencia hacia el bloque base (entrega de electricidad todo el tiempo) y con ello están trasladando una señal de que lo que quieren es mucha generación térmica principalmente con una porción importante de gas natural.

Por ello, si se logran hacer mejoras en las bases y se toman en consideración las preocupaciones creemos que podemos hacer de esto una licitación buena porque va a comprometer las tarifas durante 20 años plazo. Pero, si no se consideran aspectos como ponerle un límite a la generación de combustibles fósiles, si no se crean los espacios para las diferentes tecnologías renovables nuevas y no se les pone más plazo a los contratos para las renovables existentes, se corre el riesgo de que en la licitación se den resultados que podrían no ser los mejores para el país.

Los TDR mencionan la opción de ofertar energía geotérmica con opción de alianza público-privada ¿cómo observan esta posibilidad?

La propuesta que ha hecho Ager para la estrategia de transición energética y para la PEG-5, menciona la importancia de desarrollar el recurso geotérmico. El Inde tiene varios campos geotérmicos bajo reserva, pero hasta ahora no los ha aprovechado, por lo que debiera de liberarlos para que los puedan aprovechar otros inversionistas. Otra opción es que el Inde pueda aprovechar alguno y el resto se puedan desarrollar con proyectos en términos con alianza público-privadas como APP.

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El Banco Mundial está dando financiamiento para poder desarrollar proyectos geotérmicos bajo modalidad de APP, entonces ahí hay oportunidades que el país podría aprovechar.

Las distribuidoras apoyan la modalidad de subasta inversa para la evaluación de la oferta económica, pero Ager había propuesto que fuera a sobre cerrado ¿Qué opina?

Los términos de referencia mencionan la palabra subasta, creemos que este término permite que las distribuidoras propongan que sea por sobre cerrado o que sea por subasta inversa. La potestad de proponer qué modalidad usar la tienen las distribuidoras y la Comisión tiene a su cargo aprobarla o no, pero creemos que hay ventajas importantes en que la oferta sea por sobre cerrado porque a Guatemala le urge que venga la generación nueva y se tiene que darle la mejor probabilidad de que las plantas sí se logren instalar.

Las subastas inversas logran precios súper bajos lo cual es bueno, pero a veces algunos inversionistas asumen riesgos no medidos y eso deriva en que algunas plantas ya no se logran hacer. Para que sí logren instalarse se puede replicar un modelo que fue muy exitoso en la licitación PEG-2, que tuvo oferta por sobre cerrado, y se colocó una oferta virtual por la CNEE, que tiene la potestad como regulador, para asegurarse de tener un precio como límite máximo o techo. Fue un proceso muy competitivo.

ANG no se pronunciará

Prensa Libre también consultó a la Asociación Nacional de Generadores (ANG) pero respondieron que se abstienen de emitir comentarios considerando que asociados de esta organización estarán participando en la licitación.

Distribuidoras se alistan para entregar las bases de licitación de la PEG 5 y plantean que sea adjudique a través de subasta inversa

Tue, 05 Nov 2024 11:00:00 +0000

Energía eléctrica

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Distribuidoras se alistan para entregar las bases de licitación de la PEG 5 y plantean que sea adjudique a través de subasta inversa

Compañías distribuidoras ven positiva emisión de términos de referencia para licitar 1,400 megavatios, pero expresan algunas dudas de aspectos que no incluyó la CNEE.

Rosa María Bolaños

5 de noviembre de 2024 | 05:00h

Las distribuidoras deberán presentar las bases para licitar generación de energía con contratos de hasta 15 años dentro de la PEG 5. (Foto, Prensa Libre: Freepik).

Luego de que la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) emitió los términos de referencia para la quinta licitación de energía para contratos de largo plazo, PEG5, las distribuidoras tienen 80 días hábiles para presentar las bases de licitación ante esa comisión, plazo que vence a finales de febrero próximo.

Los términos de referencia (TDR) fueron aprobados por la CNEE con la resolución 270-2024, con el fin de realizar la quinta licitación para contratos de largo plazo dentro del Plan de Expansión de Generación de Energía (PEG 5), para suministrar a las distribuidoras EEGSA y Energuate.

El plazo para entregar las bases de licitación es de 80 días hábiles y vence en febrero del 2025, expuso Dimas Carranza, gerente de regulación y tarifas de Energuate al comentar la resolución, pero mencionó que dicho documento “brinda muy poca información sobre la estructura de fondo de la licitación”.

Explicó que en esta se incluyen los lineamientos que las distribuidoras deben seguir para presentar las bases de licitación a la Comisión, también las condiciones que tienen que cumplir las centrales de generación nuevas, definen bloques para contratación de energía base y complementarios de potencia y energía.

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Sin embargo, indicó que en esa resolución de términos de referencia no se definieron los volúmenes de energía y potencia, así como las tecnologías o recursos de generación, a diferencia de lo que ha ocurrido en las anteriores licitaciones del PEG.

Por ello, las distribuidoras deberán trabajar de forma conjunta, tanto Energuate como la Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A. (EEGSA), para definir esos aspectos.

Plantearán subasta inversa

Carranza mencionó que en otras licitaciones los TDR han sido un poco más específicos y daban indicaciones acerca de cómo debían afrontar y considerar esos temas.

En licitaciones anteriores, por ejemplo, se mencionaba el volumen de megavatio en potencia o energía a contratar, en algunas los recursos de generación, y los límites máximos o mínimos de renovables o no renovables que se podía contratar.

En la resolución de CNEE se menciona que la evaluación económica de las ofertas tendrá que ser por subasta, y aunque no se menciona si será inversa o no, Carranza comentó que se hará mediante una subasta inversa como en licitaciones anteriores de largo plazo.

“Aunque en la redacción no existe la palabra específica de que sea una subasta inversa, la resolución como procedimiento define exactamente lo mismo que ha pasado en otras licitaciones” dijo al referirse a las fórmulas que ahí se establecen para llegar al precio mínimo adjudicado de la electricidad.

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Normalmente en otros casos hablar de una subasta es quién paga más por un bien, pero en este caso es quién cobra menos por la electricidad que se quiere contratar.

Carranza explicó que, aunque hay una solicitud de la Asociación de Generadores con Energía Renovable (Ager) de que sea a sobre cerrado, pero no fue considerado por la CNEE en estos términos de referencia y el ejecutivo argumenta que se mantendrá el esquema de una subasta porque ha quedado demostrado los grandes beneficios que tiene para el usuario final. Aunque esto deber ir acompañado de una calificación técnica de seriedad las ofertas que se reciban respecto de obtener financiamiento y desarrollar el proyecto.

“Lo más conveniente ahora es la puja en la subasta inversa y es algo que se va a intentar promover, porque la presentación de la oferta mediante un sobre está un poquito limitada a que la gente en realidad compita y eso normalmente no es tan dinámico en la competencia”, explicó Carranza.

En este tema mencionó que se está en una etapa muy preliminar que permite ver todas las posibilidades, aunque la visión como distribuidora es más dirigida hacia una subasta inversa que dé la posibilidad de competir de una forma más dinámica, aspecto que se ha conseguido mediante un sistema informático donde se puja de forma inmediata.

Tipo de generación

Respecto a los recursos de generación, los TDR emitidos mencionan renovables y no renovables, pero en el caso de estos últimos refirió que deben tener CO2 igual o menor al gas natural.

Consultado Carranza acerca de qué tipo de generación no renovable tiene esas condiciones, explicó que en la actual licitación se busca integrar el gas natural como parte de la matriz energética, aunque explicó que existe alguna posibilidad de que plantas con otros recursos de generación como carbón o bunker hagan inversiones adicionales para tener menos emisiones que el gas natural es bastante complejo.

“Es una posibilidad que dejó abierta la CNEE, pero de fondo lo más factible será pensar en un esquema más hacia el gas natural que otro combustible”, añadió.

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Respecto al volumen de gas natural a licitar, el ejecutivo explicó que “va a depender más de la curva de carga de la demanda de electricidad que tengan las distribuidoras, la cual va a dar señales de la tecnología que se va a estar necesitando”, aspecto que aún se debe trabajar.

Además, el bloque de base (que aporta electricidad todo el tiempo) debe ser no renovable y el complementario debería ser renovable o una combinación entre ambos, agregó.

Josué Figueroa, subgerente de Ingresos, Registros y Transacciones de EEGSA, afirmó que los términos de referencia establecen que se estarán participando oferentes con plantas de generación con tecnologías renovables y no renovables que cumplan con algunas condiciones particulares.

Por ello, establecerán, en conjunto con Energuate, las cuotas o porcentajes de participación de cada una de estas tecnologías de generación que combinadas entre sí conformaran un producto que será el que se necesita para cubrir las necesidades energéticas de las distribuidoras.

Contratos escalonados

En cuanto a volumen, aunque no está incluido en los términos de referencia, expuso que se deben sustituir varios contratos cuya operación comercial vencen entre los años 2030 a 2033 por lo que se podrá entrar de forma escalonada. Por lo que sería alrededor de 1 mil megavatios empezando en el año 2030 para finalizar en el año 2032 alrededor de los 1 mil 400 megavatios.

“No estamos desprevenidos, ya hemos adelantado, pero esperábamos unos términos de referencia un poco más específicos, como lo habíamos visto en resoluciones anteriores, ahora lo que tenemos que hacer es reunirnos con la Empresa Eléctrica y definir un cronograma”, dijo Carranza. Pero, el ejecutivo dijo que desconoce las razones que motivaron a la Comisión de dar un giro con el contenido de los términos de referencia.

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Las licitaciones como estas tienen el objetivo de dar cumplimiento a la política energética, la cual es emitida por el Ministerio de Energía y Minas, y seguramente será la guía que para que las distribuidoras, en complemento a los TDR, puedan trabajar las bases de licitación.

En los procesos de licitaciones anteriores las bases tenían alguna especificación con más detalle por unas indicaciones de la CNEE para cumplir el tema de la política energética, pero en esta PEG 5 las distribuidoras de una forma complementaria tendrán que utilizar esta información, agregó Carranza.

¿Qué recursos tienen previsto convocar?

Respecto a qué recursos tienen previsto convocar, Carranza expresó que “con 1 mil a 1 mil 400 megavatios hay posibilidad de pensar en todas las tecnologías”.

La parte base sea orientada hacia la parte no renovable como el tema del gas natural, también se tendrá la parte de hidroeléctricas con el potencial que tiene el país, aunque también existen algunas dificultades por superar como el tema de compromisos del país con el Convenio 169 de la OIT, y el tema de gestión social.

También se piensa en nuevas tecnologías en almacenamiento por medio de baterías en combinación con tecnologías renovables como la fotovoltaica y la eólica, además de la posibilidad la geotermia por medio de alianzas público-privadas.

Entre otros datos los términos de referencia establecen que los contratos serán por 15 años para plantas generadoras nuevas, y hasta 5 años para plantas en operación. La licitación será establecida en seis etapas, y habrá tres tipos de contratos.

PEG 5: comienza proceso para contratar la mayor cantidad de energía eléctrica en Guatemala por mil 400 megavatios

Mon, 04 Nov 2024 11:00:00 +0000

Licitación

PEG 5: comienza proceso para contratar la mayor cantidad de energía eléctrica en Guatemala por mil 400 megavatios

CNEE emitió términos de referencia y en la licitación que se debe lanzar por las distribuidoras podrán participar plantas de generación con recursos renovables y no renovables, nuevas y en operación, para lo cual deben cumplir diversos requisitos para contratos de hasta 15 años.

Rosa María Bolaños

4 de noviembre de 2024 | 05:00h

Esta será la quinta licitación para contratos de largo plazo que se deriva del Plan de Expansión de Generación de Energía (PEG), por lo que se le conoce como PEG5. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

La Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), emitió los términos de referencia con los cuales las distribuidoras Empresa Eléctrica de Guatemala, Sociedad Anónima (EEGSA) y Energuate, deberán preparar las bases de licitación para contratos de largo plazo, a la que denominan PEG5.

Aunque en estos términos de referencia (TDR) no se menciona un volumen específico, las distribuidoras tienen previsto contratar alrededor de mil 400 megavatios para suministro de electricidad y que entren a proveerles por el plazo de 15 años con mil en el año 2030, y luego de forma paulatina 100 megavatios en años posteriores.

La contratación será en el orden de mil 400 megavatios de potencia y la energía asociada, es decir la que se requiera de ellos, explicó Luis Ortiz, presidente de la CNEE.

Para ello se dispuso que las fechas de inicio del suministro serán el 1 de mayo del 2030, y la misma fecha en los años 2031, 2032 y 2033.

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Es la quinta licitación para contratos de largo plazo se deriva del Plan de Expansión de Generación de Energía (PEG), por lo que se le conoce como PEG5.

Se trata de una licitación abierta para contratar potencia y energía eléctrica que garantice a las distribuidoras cubrir la demanda de sus usuarios finales por el plazo de hasta 15 años, añade la resolución.

Ortiz explica que en esta ocasión no se colocarán límites máximos o mínimos para los tipos de recursos a adjudicar.

Podrán participar plantas nuevas y en operación, y todo tipo de recursos renovables incluyendo sistemas de almacenaje, así como recursos no renovables, caso en el que se añade la condición de que su emisión de CO2 debe ser más baja que la del gas natural, añade la resolución de la entidad.

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Las distribuidoras tienen un plazo de hasta 80 días para elaborar y presentarle a la CNEE las bases de licitación.

Y, el evento deberá constar de seis etapas, entre esas la etapa de consulta, de presentación de las ofertas, evaluación técnica, evaluación económica y adjudicación y suscripción del contrato.

Plantas nuevas y en operación

Sin embargo, se estableció diversas condiciones, entre estas, que para las plantas de generación nuevas la adjudicación será por 15 años y para las que están operado la adjudicación puede ser hasta por 5 años consecutivos, si la fecha de inicio de suministro es el 1 de mayo del 2030 o menor plazo si es en una fecha posterior.

Para que se considere una planta nueva, la fecha de operación comercial de la central que oferta debe ser posterior al 1 de enero del 2024; el equipo deberá ser totalmente nuevo, además, las instalaciones y equipamiento para efectuar la conexión al sistema nacional interconectado debe formar parte de la oferta.

Oferta económica

El procedimiento de evaluación económica será mediante la modalidad de subasta. Sin embargo, en esta ocasión a diferencia de las últimas tres licitaciones de largo plazo no se tiene prevista subasta inversa.

Los precios en las ofertas deben incluir todos los costos de capital y costos incurridos para la construcción de las centrales y garantizar la entrega del suministro.

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Recursos de generación

Los recursos o fuentes de generación de energía serán los siguientes:

Las plantas nuevas con las tecnologías de generación con recursos renovables reconocidas en la Ley de Incentivos para el desarrollo de proyectos de energía renovable, e incluyendo las que incorporen sistemas de almacenamiento.

Las plantas nuevas con recursos no renovables que pueden participar son cuyas fuentes tienen factores de emisión de Dióxido de Carbono (CO2) menores o iguales a los del gas natural.

Las plantas de generación en operación con los recursos energéticos disponibles en el parque de generación en la fecha de la convocatoria.

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En el caso de las ofertas que sea generación con geotermia debe habilitarse la opción sus ofertas mediante la figura de alianza público-privada. Para ello se debe identificar en la licitación dos bloques para el que se estaría contratando.

Uno es el bloque base, que es para cubrir la energía eléctrica durante todas las horas del día de todos los años del período de suministro.

Y, el bloque complementario, que es la diferencia de descontar al total de requerimientos de las distribuidoras la que corresponde al bloque base mencionado anteriormente.

Emiten dictamen favorable para iniciativa de ley de infraestructura vial prioritaria

Thu, 22 Aug 2024 11:00:00 +0000

Carreteras

Emiten dictamen favorable para iniciativa de ley de infraestructura vial prioritaria

La comisión de Economía del Congreso propone crear una dirección general, trabajar en carreteras prioritarias y establecer un modelo de contratación de pago por disponibilidad, sin pago de peaje.

Rosa María Bolaños

22 de agosto de 2024 | 05:00h

Propuesta de ley de infraestructura vial que fue presentada desde 2018, ahora se enfocará solo para obras o carreteras prioritarias, en busca de ser aprobada en el Congreso. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

La comisión de Economía del Congreso emitió dictamen favorable para la iniciativa de ley de infraestructura vial prioritaria, con algunos cambios respecto de la original, como establecer carreteras prioritarias, aunque mantiene la modalidad de contratación propuesta.

La ley ya no se enfocará en resolver los problemas de las carreteras de todo el país, sino que comenzará con las carreteras de tipo centroamericano, por las que circula más comercio nacional e internacional. Por ejemplo, las que van de una frontera a otra y de un puerto a otro, así como el desarrollo de rutas periféricas o anillos que permitan incrementar la movilidad sin tener que circular dentro del departamento de Guatemala, explicaron los parlamentarios.

Entre las obras a incluir están la ampliación, rehabilitación, operación, mejora, uso, aprovechamiento, mantenimiento y conservación de la Ruta Centroamericana CA-1 Occidente; CA-1 Oriente; CA-2 Occidente; CA-2 Oriente; CA-8; CA-9 Norte; CA-9 Sur; CA-13 que va desde la CA-9 Norte hasta la Aduana Frontera Corinto; y la Ruta CA-14, además de carreteras perimetrales a las que se ha denominado “Anillo Metropolitano” en municipios del departamento de Guatemala; y “Anillo Regional” en departamentos aledaños al área metropolitana. Se estima que esos tramos contemplan 1 mil 500 kilómetros.

Los diputados Jorge Ayala, presidente de la Comisión, y Elmer Palencia, integrante de esa sala, expusieron que este jueves 22 de agosto se prevé presentar el dictamen a la Dirección Legislativa del Congreso con la intención de que sea conocido por el Pleno a próxima semana. Para su aprobación, esta ley requiere 81 votos, se agregó.

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Los parlamentarios explicaron que se mantiene la propuesta original de una modalidad de contratación denominada “pagos por disponibilidad”, con la que el Estado pagará a la empresa contratada, solo si tiene en buenas condiciones la infraestructura.

Palencia argumentó que no se trata de una privatización o paso con cobro de peaje, sino que el Estado pagará por cuotas y los contratos pueden ir desde 20, 25 y hasta 30 años, “con lo que se garantizaría que la empresa esté a cargo de la misma y no deje desatendidos los tramos”.

Dirección y financiamiento

Para su operación no se tocará la institucionalidad del sector, ya que no se le modifican funciones principales ni financiamiento disponible al Ministerio de Comunicaciones, la Dirección de Caminos o Covial, pero para la administración del nuevo modelo “se establece una nueva entidad lejos de las prácticas contractuales existentes” por lo que se crearía la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (DIPP), como un órgano desconcentrado del ministerio.

“En el dictamen anterior, el Directorio estaba formado con una lógica política, por representantes del presidente de la República, el Congreso y el ministro de Comunicaciones”, indicaron los diputados.

“Pero con este nuevo dictamen, la composición responde a las necesidades que se quieren resolver, involucrando a actores afectados directamente por las decisiones, de manera que los directores serán representantes del ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, quien lo preside; el ministro de Finanzas Públicas; el presidente del Colegio de Ingenieros; el presidente de la Cámara Guatemalteca de la Construcción; y el presidente del Consejo de Usuarios del Transporte Internacional de Guatemala (CUTRIGUA). El Gerente de la DIPP participará con voz, pero sin voto, y actuará como secretario del directorio”, se agrega en el documento.

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También se crea el Fondo para Proyectos Viales Prioritarios (FOVIP) para generar certeza en los procesos de pago y obtener recursos adecuados para el funcionamiento de la DIPP. Para ello se realizará, por medio de la nueva ley, la primera capitalización con Q6 mil millones, y se aprovecharán los saldos de caja existentes en el gobierno central. De estos, Q10 millones irán al Fondo Operativo y el resto (Q5 mil 990 millones) irán al Fondo de Infraestructura.

Así mismo, indicaron que se generará certeza en el pago de largo plazo con el desarrollo de la figura de garantías financieras. El financiamiento de las obras se hará por medio de anualidades, para lo que se necesitarán entre Q4 mil millones a Q5 mil millones anuales, difiriendo el pago con anualidades, según el plazo del contrato.

El presupuesto va a depender de la recaudación, pues una parte del IDP (impuesto a los derivados del petróleo) y del ISCV (impuesto sobre circulación de vehículos), así como saldos de caja, el 30% iría dirigido al FOVIP.

Ayala agregó que la ley regula los temas de derecho de vía y establece que las autoridades que deben emitir licencias o permisos tienen 60 días para aprobarlas para que no se alarguen los tiempos de forma innecesaria, y también se establecerá un silencio positivo, que consiste en que si no se manifiestan, se dará por aprobado.

La iniciativa dictaminada tiene 116 artículos y hasta este miércoles por la tarde aún hacían falta firmas de más parlamentarios; entre ellos, del bloque Semilla.

Mides denuncia fondos insuficientes para pago de programa social a exmilitares

Fri, 26 Apr 2024 11:00:00 +0000

Política

Mides denuncia fondos insuficientes para pago de programa social a exmilitares

La cartera denunció también hallazgos en el Fondo de Desarrollo Social por las que se presentaron denuncias en el Ministerio Público.

Fátima Najarro

26 de abril de 2024 | 05:00h

(Foto PrensaLibre: Juan Diego Gonzlez)

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en conferencia de prensa dio a conocer una serie de acciones que se tomaron en la catera. Entre estos, el titular de la cartera Abelardo Pinto, anunció que no se tienen fondos para el programa de Desarrollo Integral, el cual da un incentivo a personas que hayan prestado servicio militar durante el conflicto armado interno.

“Tenemos el compromiso de pagar Q529 millones a 44 mil beneficiarios de la Ley Temporal de Desarrollo Integral, pero dicho instrumento jurídico únicamente habilitó espacio presupuestario para 2023. Por lo que en 2024 estamos haciendo las gestiones que nos permitan honrar este compromiso”, explicó Pinto.

La versión oficial narra que se realizaron este año los pagos de enero y febrero, sin embargo, aún no se realiza el de marzo. Además, se hacen las gestiones para las siguientes transferencias.

La norma contempla un desembolso mensual de Q1 mil por cada exmilitar inscrito durante 36 meses – un total de Q36 mil – por realizar actividades de reforestación en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.

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La ley fue aprobada en 2022 en un contexto de protestas por parte de los beneficiarios. Fueron 99 legisladores que votaron a favor, frente a 15 que lo hicieron en contra y 46 ausentes en esa sesión.

La condición para ser parte del programa era haber prestado al menos 18 meses de servicio militare entre 1960 a 1996. El programa fue criticado porque se implementó y fue uno de los ofrecimientos del expresidente, Alejandro Giammattei, en 2023, año electoral. Expertos señalaron que se trataba de una estrategia clientelar para impulsar ciertos candidatos a diputados o a jefaturas ediles.

Los datos del año pasado de la cartera demostraban que la mayor parte de los beneficiarios están concentrados en Jutiapa, Guatemala y Baja Verapaz; mientras Sololá, Petén y Totonicapán son los departamentos con menos inscritos.

Fodes

El director del Fondo de Desarrollo Social (Fodes), Carlos Orantes, fue otro de los funcionarios que acompañó al ministro. El funcionario indicó que de acuerdo con una auditoria interna que se realizó y con los resultados obtenidos se presentaron denuncias ante el Ministerio Público.

Orantes explicó que se evidenció que en la aldea Maraxcó, Chiquimula, el Consejo Departamental de Desarrollo (Codede) entregaron bienes que no fueron recibidos en su totalidad. “En las actas consta que se entregaron pilas, kits de limpieza, alimentos, tubos PVC y kits de higiene personal, valorados en Q1 millón 300 mil, sin embargo, la comunidad solo recibió tubo con un valor de Q50 mil”, detalló el director del Fodes.

Orantes agregó que fue falsificado el sello y firma del presidente del Codede. En este caso se presentó una denuncia ante el MP para deducir responsabilidades.

Además, en Palencia, Guatemala, se adjudicó un proyecto de mejoramiento de calles en abril del 2021 por Q12 millones 576 mil 278 a la empresa Coordinadora de Logística S.A. De acuerdo con la versión de las autoridades, se utilizó materiales que no concuerdan con las especificaciones del contrato.

La denuncia es por abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, y estafa en la entrega de bienes.

También manifestó que, en el Fodes, prescindieron de 43 personas que estaban contratos bajo el renglón 029. Esto indicaron que representa un ahorro de Q3 millones para este año.

Otra de las acciones es que “se hizo una renegociación para centralizar las bodegas, por lo que se contará con nuevas instalaciones que permitirán un ahorro en 2024 de Q. 1 millón 300 mil”.

Comedores

Respecto a los comedores sociales las anteriores autoridades dieron a conocer que cerraban el año con 67 en funcionamiento y que se reubicaría algunos para que correspondieran a lugares con necesidades en materia alimenticia.

Pinto explicó que se cambiarán de ubicación al menos cinco de estos y uno será clausurado debido a “falta de interés de la autoridad local”, sostuvo el titular.

Respecto a otros 14 comedores, se disminuirán la cantidad de raciones de alimentos, por ejemplo, se preparan entre 250 desayunos y 350 almuerzos, pero no se entregan todos. Ahora se prepararán entre 100 y 150 desayunos y entre 150 y 200 almuerzos.

Esos comedores son los ubicados en San José del Golfo y Palencia, en Guatemala; San Carlos Alzatate, en Jalapa; Concepción Tutuapa, San Marcos; San Francisco Zapotitlán y San Pablo Jocopilas, Suchitepéquez; Malacatancito y Huehuetenango, Huehuetenango; Morazán, El Progreso; Guanagazapa, Pueblo Nuevo Viñas y Casillas, Santa Rosa; San Vicente Pacaya, Escuintla; y Granados, Baja Verapaz.

Denuncias

El año pasado, la Contraloría General de Cuentas emitió algunas sanciones respecto a la ubicación de 46 de los 79 comedores sociales que funcionaban cuando se realizó la auditoria respectiva.

Además, el proveedor -Presto – de los alimentos es el mismo desde hace siete años. Pinto comentó que se espera que en mayo se abran procesos de contratación en Guatecompras para tener diferentes contratistas dependiendo de los departamentos.

El proveedor mantiene el contrato debido a un amparo que obliga al Mides a garantizar el funcionamiento de los comedores. Las nuevas autoridades prorrogaron por seis meses más el contrato para obtener los productos.

Aunque varios diputados en citaciones han hecho ver a los funcionarios que el recurso legal no lo los obliga a seguir comprándole a la misma empresa.

El contenido, necesidades, defensa y señalamientos a la Ley de Protección del Consumidor

Sat, 24 Feb 2024 11:00:00 +0000

Iniciativa de Ley

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El contenido, necesidades, defensa y señalamientos a la Ley de Protección del Consumidor

Iniciativa de ley, pendiente de aprobación final en el Congreso, crea una procuraduría con diversas funciones y establece prohibiciones y sanciones que atañen a compradores y proveedores.

Rosa María Bolaños

24 de febrero de 2024 | 05:00h

De aprobarse la nueva ley marco de para la defensa del consumidor, Prodeco sustituiría a la Diaco pero como ente autónomo y descentralizado y con más alcances. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

La iniciativa de Ley Marco para la Defensa y Protección del Consumidor, conocida como la ley Prodeco, se presentó en el 2016 y desde entonces no había acaparado la atención hasta ahora, en la primera quincena de febrero, cuando fue aprobada en segundo y tercer debate.

A pesar de la inercia política, entidades empresariales solicitaron efectuar una discusión técnica antes de su aprobación final, porque cuestionan parte de su contenido. Entre estas entidades están la Alianza Técnica de Apoyo Legislativo (Atal), conformada por Cacif, Fundesa y Fundación 2020, y por aparte los pronunciamientos de la Cámara de Comercio Americana (Amcham) y del Consejo Nacional Empresarial (CNE).

En el otro extremo, los ahora exdiputados al Congreso, que fueron ponentes de la iniciativa en el 2016, Rudy Castañeda, Carlos Barreda y Óscar Chinchilla exponen la necesidad de fortalecer la legislación y la defensa del consumidor en el país, y coinciden en que la norma contiene aspectos positivos en esa vía, aunque creen que el Legislativo debe establecer una discusión técnica, ya que la propuesta fue presentada hace casi ocho años.

“Es una buena ley, y es necesario fortalecer la defensa del consumidor; pero aún no ha tenido la parte de la discusión técnica con los centros de investigación, universidades y cámaras empresariales”, explicó Barreda. Esta discusión ayudará a contar con los votos necesarios para aprobarle y evitar posibles impugnaciones, expuso.

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¿Qué contiene la iniciativa de Ley?

El objeto de la ley es normar las relaciones entre proveedores y consumidores y usuarios como consecuencia de actos jurídicos que lleven a cabo entre sí, establece derechos, obligaciones, prohibiciones, así como infracciones, sanciones, y procedimientos, refiere la iniciativa. Además, esas normas constituyen un mínimo de derechos y garantías de carácter irrenunciable “y contra su observancia no podrán alegarse costumbres, usos, prácticas, convenios o estipulaciones en contrario”.

De aprobarse como se encuentra en la actualidad se crearía la Procuraduría para la Defensa del Consumidor y Usuario (Prodeco), la cual sustituiría la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) que depende el Ministerio de Economía.

La nueva entidad tendrá competencia en todo el territorio nacional, y se establece como un ente descentralizado y autónomo, con patrimonio y presupuesto propio, con independencia funcional, técnica, administrativa y financiera.

La Procuraduría contaría con una Unidad Específica para atender las denuncias de: servicios masivos públicos o privados, incluidos la energía eléctrica, servicio de agua, las telecomunicaciones, tarjetas de crédito, y los servicios de salud incluidos, hospitales, sanatorios, clínicas privadas y otros que se consideren necesarios, según el artículo 14.

En tanto el procurador será seleccionado por el Congreso de la República para un período de cuatro años y gozará de las mismas prerrogativas del procurador de los Derechos Humanos. La selección será de una terna propuesta por la comisión de postulación y esta a su vez estará integrada por 7 titulares y sus respectivos suplentes, que incluye 3 presidentes de Colegios Profesionales, 3 integrantes de la Comisión Legislativa de Protección al Consumidor del Congreso de la República y un representante del CACIF.

Además, se crea el Consejo Administrativo para la Defensa y Protección al Consumidor y Usuario, la Comisión de Seguimiento y Cumplimiento de las Resoluciones Administrativas y Judiciales, y el procurador puede crear los Consejos Técnicos Consultivos específicos.

También establece 14 derechos de los consumidores o usuarios y 4 obligaciones, y para los proveedores enlista 5 derechos, 27 obligaciones y más de 18 prohibiciones.

Incluye 63 infracciones leves, graves y gravísimas, sus respectivas multas que deberán detallarse en el reglamento. Pero también establece otros procedimientos que dependerán de las acciones que violen la ley como apercibimientos escrito y público, medidas precautorias, decomiso y destrucción de mercadería, cierre de establecimiento, casos de reincidencia.

Crea un capítulo que se refiere a información y publicidad de productos y publicidad engañosa. Aquí la procuraduría podrá ordenar al proveedor que suspenda la información o publicidad que viole las disposiciones de esta Ley y en su caso, al medio que la difunda, ordenar que se corrija la información o publicidad que viole las disposiciones de esta Ley en la forma que se considere necesario o se realicen las aclaraciones necesarias cuando se suspenda la publicidad para que el consumidor pueda contar con información veraz, entre otras disposiciones.

Necesario fortalecimiento, pero también la discusión

Castañeda, Barreda y Chinchilla explicaron que el fin de la iniciativa es fortalecer la defensa y atención al consumidor, aspectos que han sido débiles en el país, y consideran que la ley tiene aspectos positivos con ese fin.

Barreda indica que hay necesidad de crear una entidad autónoma, y Castañeda coincide, aunque refiere que a su criterio ha sido un error nombrarla como Procuraduría por la experiencia que se ha tenido con otras procuradurías en el país.

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Aunque existe la Diaco su función ha sido criticada a lo largo de los años. Coinciden también en que se debe establecer las normativas para haya una entidad que verifique que lo aprobado en los registros y lo que se menciona en las etiquetas sea realmente el contenido del producto que se ofrece al consumidor.

Castañeda refiere que se basaron en experiencias de México, Colombia y otros países para crear la propuesta. En el vecino país la legislación ya tiene más de 50 años de operar y la Profeco tiene mucha fortaleza, agrega.

Barreda añade que uno de los primeros temas que se deben discutir es la gobernanza de la entidad, cómo se va a seleccionar al Procurador ya que se debe blindar la gobernanza para mantener independencia y enfrentar los vaivenes y que realmente proteja el consumidor. Y, se debe revisar el tema de que el presupuesto se vaya a alimentar de las multas, ya que podría crear el “efecto cepo” que se ha criticado a las policías municipales de tránsito.

“Consideramos que sí debe existir la entidad, que debe tener más dientes en defensa del consumidor, solicitar información y poner más multas y sanciones que tengan efecto disuasivo, no nos interesa afectar a las empresas”. Carlos Barreda, exdiputado ponente de la ley.

Señalan contenido

La organización Atal, conformada por Cacif, Fundesa y Fundación 2020, señala que las facultades tan amplias que contiene esta propuesta surgen riesgos de abuso de autoridad y que el modelo no redundaría en que la política de protección al consumidor sea funcional.

Entre los puntos que critican es que se otorga un mandato excesivo a Prodeco, porque tendría función de verificar a través de visitas, requerimientos de información o documentación, monitoreo, o por cualquier otro medio el cumplimiento de la ley y esto “implicaría un aparato burocrático extremadamente costoso”.

Que el presupuesto de la entidad se base también en las multas que se recauden y se constituya en un fondo privativo para su funcionamiento generará un incentivo perverso para su actuación, se añade. En tanto cuestiona la función de Unidad Específica para atender las denuncias de servicios masivos públicos o privados, y la facultad para requerir a cualquier funcionario la adopción de medidas legales y necesarias, previa autorización judicial, que tiendan a proteger los derechos de los consumidores y usuarios o para hacer cesar la violación de los derechos de estos, a través de casi cualquier tipo de medida.

Otro señalamiento es que la Procuraduría podría ordenar al proveedor que suspenda la información o publicidad que viole las disposiciones de la Ley, y también podría ordenar al medio que la difunda que se corrija dicha información o publicidad en la forma que la entidad considere necesario.

Se señalan disposiciones que a consideración de Atal resultas excesivas y añade que la ley violenta varios derechos constitucionales, como la libertad de comercio e industria, y la propiedad privada.

En tanto Amcham expone la importancia de contar con marcos legales que aseguren la defensa de los derechos de los consumidores, pero piden a los jefes de bloque realizar un análisis detallado y una discusión amplia, con la participación de todos los sectores impactados por esta iniciativa.

Indican que surge preocupación por la regulación de sectores que ya están supervisados por entidades rectoras en su ámbito y piden una armonización con la regulación existente. Algunos de estos sectores son el financiero que ya está regulado por la Superintendencia de Bancos y el Banco de Guatemala, además del sector de alimentos y salud, cuyo ente rector es el Ministerio de Salud, amplió la cámara.

Es necesario encontrar un balance adecuado entre la protección efectiva de los consumidores y la creación de un entorno propicio para la inversión y el crecimiento económico, y añade que las amplias facultades que tendría la Prodeco entre las que se incluyen movilizar bienes o suspender la comercialización de productos.

Por aparte CNE, refiere que aún hay brechas importantes respecto a la protección de derechos del consumidor en Guatemala respecto de las buenas prácticas internacionales, pero que detectaron fallas técnicas y jurídicas que menoscaban el fin de la iniciativa, entre estos, lo referente a que las multas sean la fuente de su presupuesto, establecidos en los artículos 11 y 139, y coincide con las otras entidades que generaría incentivos equivocados para sancionar.

Y, en el artículo 18, cuestionan la conformación de la comisión de postulación para la terna para el cargo de Procurador ya que se han tenido experiencias en otros ámbitos de consecuencias de politización.

El Consejo Directivo del Inde pide auditar procesos y adjudicaciones de los últimos años

Thu, 22 Feb 2024 18:12:00 +0000

Energía

Suscriptores

El Consejo Directivo del Inde pide auditar procesos y adjudicaciones de los últimos años

Tras una serie de dudas sobre negociaciones cerradas y/o suspendidas relacionadas con proyectos de generación, se ordenaron auditorías internas y las de oficio que realiza la Contraloría.

Rosa María Bolaños

22 de febrero de 2024 | 12:12h

Compras en diversas modalidades de años anteriores están siendo auditadas según el Inde. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

El Consejo Directivo del Instituto Nacional de Electrificación (Inde) requirió una serie de auditorías sobre lo autorizado por esa institución en los últimos años.

De acuerdo con el ministro de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura, quien también preside el (Inde, las revisiones legales y contables planteadas se llevarán a cabo de manera interna, pero también por medio de la Contraloría General de Cuentas, con énfasis en las adquisiciones y contrataciones realizadas por las modalidades de Compra Directa; Invitación a Cotizar; Invitación a Ofertar; y Contrataciones Especiales, todas las cuales debieron ejecutarse con base en el Reglamento de Compras, Contrataciones y Enajenación del Inde.

La entidad agregó que la muestra de auditoría se está determinando con la aplicación de la gestión de riesgos y por su materialidad (que se refiere el riesgo en la contratación de un servicio o bien y su función según el valor de la compra) y al tener los resultados, se estarán dando a conocer, pues “el Inde es una institución pública sujeta a fiscalización por la Contraloría General de Cuentas y de cualquier órgano fiscalizador”.

El segundo tema se refiere a una revisión del desempeño del Inde, el que se considera fundamental porque tiene a su cargo actividades como el transporte y generación de energía, y otras como electrificación rural.

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Ventura expuso que se debe tomar en cuenta que esta es la única entidad que posee plantas hidroeléctricas que reservan agua en los embalses para generar posteriormente, por lo que “se va a medir el desempeño para estar seguros de que la entidad está haciendo bien su labor y si no es así, tomar las medidas correctivas”.

En el 2023 la entidad manejó un presupuesto de Q3 mil 135 millones y para el 2024 la cifra asciende a Q3 mil 427.7 millones, de manera que “la transparencia debe ser el credo del Inde como institución y por lo tanto todos los funcionarios y empleados la deben de tomar como parte de su día a día”, dijo el funcionario.

Dentro de estos presupuestos anuales se encuentra el monto destinado a la tarifa social de energía, una forma de subsidio a los segmentos de consumos más bajos. Del 1999 al 2022 se asignaron unos Q17 mil 14 millones, la mayor parte con recursos del Inde, y en algunos años tuvo apoyo con asignaciones presupuestarias del gobierno.

En el 2023 el monto fue de Q1 mil 124.3 millones, y aparte del aporte social, en ese año hubo un subsidio extraordinario por el efecto inflacionario, por lo que del total, Q501.8 millones fueron aportados por el Inde y Q622.4 millones por el gobierno.

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Proyectos dudosos

Como ocurre cada año, el Inde ha impulsado diversos proyectos, muchos de los cuales se han concretado, pero otros han sido suspendidos por varias razones.

Por ejemplo, en el 2014 el Inde aprobó por mayoría de votos, un contrato por 15 megavatios (MW) de energía generada con carbón para un plazo de 17 años a la Compañía Eléctrica La Libertad, S.A.,. En esa oportunidad se indicó que el precio era de US$119 por megavatio hora (US$0.12 por kilovatio hora).

El sector empresarial y el Ministerio de Economía lo desaprobaron en ese entonces y en diciembre del 2021 el Ministerio Público (MP) informó sobre órdenes de captura contra varias personas señaladas de participar en un supuesto proceso anómalo para crear la necesidad de una compra de energía eléctrica. Según el MP, del 2014 al 2021 el Inde le ha pagado a dicha compañía Q826.8 millones.

En el 2019 el Instituto lanzó una licitación para comprar 110 MW por un plazo de 20 años con cinco generadoras solares que se debían instalar en Jutiapa, Zacapa, El Progreso y Santa Rosa. La contratación sería por la modalidad de contrato Build, Operate and Transfer (BOT) que es construir, operar y transferir el activo al Inde cuando finalizara el contrato. El evento fue suspendido.

Ese mismo año lanzó otra licitación para comprar gas natural y se adjudicó a la empresa City Petén con un plazo de contrato a 13 años prorrogables por 15 años más, para un total de 28 años. El precio sería, según la información proporcionada por esa institución en su momento, de US$70 por MW, que significaría un pago anual de US$13.1 millones. Aunque posteriormente se suspendió el evento.

En ese entonces se opusieron los representantes del sector empresarial organizado y de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam). Edwin Escobar quien era representante de esta última entidad dijo que con las condiciones que les explicaron, se estaría comprando con un sobreprecio de 40% (arriba del precio de mercado).

A finales del 2022 surgió un proyecto de coparticipación en la generación 100 a 120 MW con gas natural para el que se publicó una invitación para presentar muestras de interés. Ocho empresas respondieron y la entidad explicó que estaban preparando los términos de referencia. El entonces presidente del Inde expuso que se haría un concurso, pero este no tendría la modalidad de licitación. El proyecto se suspendió en el 2023 por decisión del Inde.

En junio del 2023 el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), denunció que hubo falta de transparencia en la adjudicación de otro proyecto para la instalación de un sistema fotovoltaico de generación de 10 MW, un contrato por Q116.9 millones. El contrato fue adjudicado en junio del 2023 a Samuel Porfirio Ochoa de León, según NOG de Guatecompras 19138695.

En 2024, la nueva administración de la entidad que asumió a finales de enero, aprobó la contratación, a última hora, de un seguro por Q115 millones para bienes muebles e inmuebles que incluye las generadoras, subestaciones, vehículos y personal. Ventura argumentó que la anterior gestión dejó sin concluir el evento, y debieron aprobarlo a los dos días de haber asumido porque dos días después vencería el plazo. El único oferente fue el CHN.

Señalamientos internacionales

De enero del 2022 a enero del 2024, la institución estuvo presidida por Melvin Quijivix Vega, quien anteriormente fue delegado del Centro de Gobierno, una entidad creada en el 2020 por el gobierno de Alejandro Giammattei. Dicha entidad fue cerrada en diciembre de ese mismo año.

Antes de ese plazo, el Inde fue dirigido por el entonces ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, quien renunció al cargo de ministro en julio del 2023.

Quijivix fue incluido en julio del 2023 en la lista Engel y Pimentel en octubre de ese año, según información de Departamento de Estado de Estados Unidos. El último fue sancionado bajo la Ley Global Magnitsky, de ese mismo país, en enero del 2024.

Cifras multimillonarias

Según datos de Guatecompras, del 2004 al 21 de febrero del 2024, el Inde ha publicado 55 mil 564 eventos con Número de Operación Guatecompras (NOG), de los cuales, 51 mil 706 fueron adjudicados por Q19 mil 111.5 millones. Se prescindió de 3 mil 326 y 498 se declararon desiertos. A la fecha hay 27 con estatus de vigente y 5 en evaluación.
Del 2020 al 2023, aparecen en el sistema, con NOG, 32 mil 872 eventos, de los que 31 mil 395 aparecen adjudicados por Q9 mil 288.9 millones, y 1 mil 3320 fueron prescindidos. (El monto adjudicado en este período representa el 48.6% del total adjudicado del 2004 a lo que va del 2024).
Del 2016 al 2019, se subieron 18 mil 886 eventos de los cuales, 17 mil 466 fueron adjudicados por Q5 mil 3.7 millones y 89 fueron desiertos. (En este caso el monto adjudicado representa el 26.1% del total adjudicado del 2004 a lo que va del 2024).
En los últimos 8 años, las adjudicaciones representan el 74.78% del total adjudicado del 2004 al 21 de febrero del 2024.
Las compras clasificadas como Número de Publicación Guatecompras (NPG), y adjudicadas, según dicho sistema, fueron 28 mil 882 del 2004 a febrero del 2024, por Q8 mil 492.7 millones. En esta modalidad, los mayores montos de compras se dieron entre el 2012 al 2014 por cifras que van de Q1 mil 980 millones a Q2 mil 318 millones.

NOTA: Según el sistema, NPG son todas las compras y contrataciones realizadas por entidades públicas y organizaciones no gubernamentales, reguladas por las Reformas a la Ley de Contrataciones decreto 27-2009, que establece hacer compras de forma directa, casos por excepción o procedimientos especiales de entidades no gubernamentales que no requieren de un concurso público, se explica en la página de Guatecompras. Según los criterios, pueden ser compras directas menores a Q90 mil o las compras por casos de excepción, según el artículo 44 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Hablan los expertos

El analista Jorge García Chiu, consultor y exviceministro de energía, refirió que se debe auditar en general a toda la ejecución presupuestaria de la institución, desde compras menores que podrían fraccionar adquisiciones grandes, hasta las realizadas por procesos de cotización o licitación.

Aparte de la transparencia, expuso que las prioridades de la nueva administración deben ser el aumento de la generación de energía eléctrica con nuevos proyectos, expandir el sistema de transporte, continuar con programas de electrificación rural y desarrollar proyectos aislados de generación renovable para las comunidades más lejanas.

El otro reto es lograr involucrar a comunidades y municipios en nuevos proyectos de generación, como socios estratégicos y con beneficios tangibles para su desarrollo. De lo contrario, continuará la oposición social a nuevos proyectos, agregó.

En tanto, Carmen Urizar, consultora, exministra de Energía y Minas, y expresidenta de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, opina que es natural y positivo que el nuevo ministro y presidente del Inde, requiera una auditoría completa para la institución, que por ley debe hacerse siempre. “Es importante que el ministro quiera saber cómo está la institución que es la más grande del país desde el punto de vista de propiedad pública”.

Respecto a qué auditar, mencionó que sus operaciones se dividen en las de inversión y de funcionamiento, y por el tipo de actividades que realiza la entidad como generación, transmisión y comercialización, las grandes compras se realizan en las primeras dos áreas, por lo que la nueva administración debe saber cómo han sido las contrataciones, cómo se están ejecutando y qué presupuesto van a requerir, así como las decisiones futuras que deba tomar.

“En tema de inversión es fundamental entender en qué tipo de actividad se gastó y qué tipo de compras se hicieron en ese rubro; si ya fueron adjudicadas, es importante ver el grado de avance y para cuándo esta previstas y con la auditoría anunciada percibo que se quiere tener tranquilidad, de que se adjudicaron de forma transparente y que los procesos fueron completados de acuerdo a normas que promovieron competencia”, agregó la experta.

Además, por lo especializado y técnico de las actividades de la institución “es interesante ver con qué personal cuenta, ya que, por ejemplo, antes de la reforma de 1996 los entes públicos eran utilizados por los gobiernos para dar empleo”.

Por último, ambos analistas coinciden en que mientras el Inde tenga que hacerse cargo del subsidio a la energía eléctrica, le será muy difícil lograr los objetivos que tiene como institución. “En la auditoria primero hay que reconocer que el tema de la tarifa social siempre ha sido cuestionado, pues es una carga financiera para la institución, que ha dejado de invertir”.

Consejo Directivo

Cómo quedó conformado el Consejo Directivo del Inde, a partir del 2024, luego del cambio de gobierno:

· Víctor Hugo Ventura Ruiz, presidente. Es el ministro de Energía y Minas.

· Carlos Antonio Mendoza Alvarado, vicepresidente. Es el secretario de Segeplan.

· Adriana Gabriela García Pacheco, ministra de Economía, representante titular.

· Adrián Zapata Alamilla, viceministro de Economía, representante suplente por parte de Mineco.

· Wendy Sánchez Cacao, suplente por parte de Segeplan.

· Aparte del ministro Ventura, quien es el titular por el MEM, esa cartera no ha asignado suplente.

· Juan José Porras Castillo y German Obiols Noal, titular y suplente de las Asociaciones Empresariales.

· Gustavo Adolfo Cano Villatoro (alcalde de Huehuetenango), titular por la Anam; y Nery Alfonso Rodríguez Revolorio (alcalde de Santa Cruz de Quiché), suplente.

· Samuel Nenroth Hernández Orantes, titular por asociaciones y/o sindicatos de trabajadores del país, y Walter José Pérez Castellanos, suplente.

· El secretario del Consejo Directivo es Ramón Aníbal Romero Soto, quien también es el gerente general del Inde.

Fuente: Lista de representantes de entidades son datos de la página electrónica del Inde, y MEM.

¿Son los contratos Crema una opción para agilizar la rehabilitación y mantenimiento de carreteras en el país?

Mon, 12 Jun 2023 11:00:35 +0000

Integrar en un mismo contrato la etapa inicial de reconstrucción o rehabilitación de una infraestructura vial y su conservación durante 5 o 10 años garantiza el mantenimiento adecuado de una ruta mientras el pavimento cumple su ciclo normal de desgaste.

A esa modalidad de convenio se le denomina Contrato para Rehabilitación y Mantenimiento (Crema) y según explica el Banco Mundial (BM) en su documento “Contratos Crema, oportunidades y retos para el sector vial”, las carreteras requieren una inversión inicial relativamente pequeña si existe necesidad de alguna, para que la red cumpla totalmente con los niveles de servicio requeridos.

El objetivo es maximizar la vida útil de los activos gestionados para que, al finalizar una concesión, las condiciones de las vías permanezcan en excelentes condiciones. Además, el modelo es de pago por disponibilidad y las erogaciones son realizadas por el Estado de forma mensual con un monto uniforme, aparte de que no se cobra peaje.

El director ejecutivo en funciones de la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie), Kevyn Valencia, explica que preparar este tipo de requerimiento de servicios puede llevar unos seis meses, mientras se aprueban los estudios, para luego iniciar un período de dos años para rehabilitar y comenzar a operar.

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Añade que este tipo de contratos puede ser usado para carreteras de segunda categoría, que son tramos cortos y se les dota de estándares técnicos y de servicio. Otro aspecto es que el Estado define cómo se encuentra la obra o el tramo a trabajar, el nivel hacia el que lo debe llevar la empresa contratada y las condiciones técnicas a cumplir.

Por lo tanto, se sugiere que desde el Ministerio de Finanzas Públicas se abra la posibilidad de un eventual financiamiento, aunque inicialmente se debe estudiar la parte leal porque existen normativas que riñen con esta figura, considerando que algunas dependencias del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) ejercen las funciones de rehabilitación y mantenimiento de la red vial.

“Es muy importante que se hagan estudios jurídicos para que no riña con otras participaciones que tienen algunos entes del CIV”, aunque a criterio del funcionario, una modificación del marco regulatorio no necesitaría pasar por el Congreso. De esa forma, el mantenimiento y la rehabilitación pueden trabajarse por medio de un solo contrato Crema.

Lo importante es cumplir estándares específicos y la institución que requiera los servicios, debe establecer los indicadores para que el usuario constantemente esté recibiendo un servicio de primer nivel.

No obstante, Valencia explicó que los contratos sí requieren aprobación del Congreso porque pueden adoptar la modalidad de préstamos y se programan pagos del gobierno. En tal sentido, se pueden manejar como alianzas público-privadas (APP).

País cae en ránkin regional

Ruby Asturias, socia de Asesoría Financiera y Servicios Legales Deloitte, dio a conocer que el país bajó 4 puestos en el Informe Infrascopio 2021/22, quedando en la casilla 9 de 26 países, con 57 puntos. En la evaluación anterior estaba en el puesto 5. Este informe compara el desarrollo de las APP sostenibles en infraestructura en América Latina y el Caribe.

Se evalúa con base en 5 ejes o categorías que incluyen 56 indicadores y 106 sub-indicadores, en los cuales Guatemala obtuvo estos punteos:

Regulaciones e instituciones, 79.
Preparación de proyectos y sostenibilidad, 48.
Financiamiento, 52.
Gestión de Riesgos y supervisión contractual, 64.
Evaluación de desempeño e impacto (ex post), 44.

El promedio regional es 47.8, mientras que los dos países centroamericanos con un mercado desarrollado en APPs son Panamá y Costa Rica.

“Sin lugar a dudas, tenemos retos por atender. Las APPs son figuras que deben de tener impactos sociales y mejorar la calidad de vida de la población. Creo que todas estas figuras se centran en generar un verdadero impacto social en el país, movilizando la inversión privada para ponerla al servicio de los usuarios. Porque si no, ahí viene el mal entendido de qué es una APP, pues a veces se le considera una privatización”, expuso.

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La experta explicó que en los países centroamericanos, el plazo de las APP está entre 30 y 50 años, mientras que en Guatemala el máximo es de 30 años, aparte de que no en todos los países se requiere una aprobación legislativa.

Considera que hay un reto importante en eficientizar los tiempos para empalmar las necesidades del país, la estructuración de proyectos y su aprobación. Otro punto importante es que la legislación guatemalteca no incluye las iniciativas privadas, sino que las peticiones de proyectos por APP deben venir de una entidad pública.

“La idea es dar oportunidad al inversionista privado de que pueda presentar las iniciativas de APP, porque es una herramienta muy efectiva para efectos de generar un pipeline (recopilación de la información de los proyectos de infraestructura más importantes de un país) mucho más rápido y robusto”.

Consultado al respecto de la evaluación mencionada por Asturias, el director de la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica de Guatemala (Anadie), indicó que lo mencionado por la experta, son datos de Infrascopio que ha tomado el Banco Internacional de Desarrollo (BID), específicamente de las aprobaciones. En países como El Salvador, Costa Rica y Panamá a un corto plazo, ha avanzado con éxito en la estructuración y ejecución de los proyectos. En el caso de Guatemala se tiene la Ley de Alianzas, pero ha costado el avance necesario en la estructuración y la aprobación de los proyectos para poderlos ejecutar y de eso deviene a alguna de las características porque es que se ha bajado en el ranking, añadió. Ahora se analizan reformas a esa ley.

Uno de los aspectos por actualizar es la forma como los contratos de APP pasan al Congreso, aparte de incluir más opciones, como proyectos de educación, salud e infraestructura comunitaria.

Manuel Gutiérrez, Expresidente de la Agencias Nacional de Infraestructura de Colombia, expuso las experiencias de éxito que se han aplicado en su país, luego de 30 años de usar APP en diferentes formatos.

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Uno de ellos es que las APP son proyectos multigobiernos y eso es lo que deben aprender las autoridades para no cambiarlos constantemente y poder ejecutarlos.

La discusión del tema se dio en el marco de tercer foro preparativo para el Encuentro Nacional de Empresarios por el Desarrollo (ENADE) 2023, que organiza la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa).

“Se necesita una institucionalidad fuerte”

Manuel Gutiérrez, expresidente de la Agencias Nacional de Infraestructura de Colombia, indica que su país tiene 30 años de experiencia en las alianzas público-privadas (APP) para infraestructura, las que han dado como resultado cinco generaciones de proyectos. Actualmente, hay 29 proyectos en ejecución, con un 75% de avance.

¿Qué medidas ha tomado Colombia para que su modelo de alianzas público-privadas tenga éxito?

Lo más importante es una visión de política de Estado. El modelo inició durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, siguió con Iván Duque y continúa con Gustavo Petro. Eso, unido a otros temas importantes como una institucionalidad fuerte, pues se creó la Agencia Nacional de Infraestructura, una financiera o banco de desarrollo que está funcionando adecuadamente. También hay un Plan Maestro de Infraestructura que define los proyectos a desarrollar en los siguientes 20 años.

¿Los contratos tienen que pasar por el Congreso?

No, en nuestro caso no es así. Esa fue una reforma que se hizo en los años de 1980 las autorizaciones dependen del Ejecutivo.

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¿Cómo fortalecieron la institucionalidad?

Primero se creó una entidad mucho más fuerte con personal capacitado. La idea era traer talento y mantenerlo, así que la agencia es una entidad robusta técnicamente. Eso es muy importante porque las concesiones son temas técnicos en lo financiero, en ingeniería y en temas jurídicos. Es importante tener funcionarios que sepan cómo hacerlo y que se mantengan porque lo peor que puede ocurrir para ese tipo de entidades es perder el talento cada cierto tiempo.

Además, los procesos dentro de la agencia mencionada cambiaron y las modificaciones contractuales deben ser revisadas por varios equipos o distintos comités de la agencia.

¿Qué opciones tienen en Colombia para el financiamiento de proyectos y cuáles cree que podían adaptarse en un país como Guatemala?

Tenemos un portafolio de alternativas: un rol muy importante lo juegan los recursos públicos ya que se comprometen a 30 años y no solamente para un período de gobierno bajo el entendido de que esos son proyectos estratégicos de país. Los peajes también son una fuente importante de los recursos para pagar las inversiones. Existen otros esquemas como la captura del valor del suelo (a mayor plusvalía, más impuesto).

Las concesiones deben hacer cierres financieros, usualmente a través de créditos sindicados o con la emisión de bonos que se negocian en el mercado de Nueva York, de Londres y a nivel local. (El cierre financiero es el proceso de gestión por el cual un proyecto logra comprometer las fuentes de fondos que permitan cubrir el costo del desarrollo integral del proyecto).

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Otras experiencias:

Se trabajó en el marco regulatorio y los pasos también incluyen expropiaciones.
Las concesiones no son privatizaciones, sino una forma de desarrollar las obras públicas por contratos, pero el control del proyecto es del Estado. Cuando termina el contrato privado, se revierte o devuelve el activo a la Agencia.
Se aprendió que el fin de las APP es hacer crecer al país. Además, que hay esquemas para trabajar sobre peajes, pero si las tarifas son muy altas, hay rechazo de la población.
Tampoco se realizan pagos cada mes, sino cuando las obras estén concluidas. Entonces, los recursos van a un fondo de patrimonio y se establece que se paga solo si la obra está terminada; mientras tanto, las empresas deben financiar las obras.
Además, se estableció que solo el 10% del producto interno bruto (PIB) colombiano puede estar comprometido en este tipo de proyectos.

El contrato que permite la explotación del 80% del crudo nacional está por vencer y el MEM aún no sabe lo que se hará

Thu, 04 Aug 2022 11:00:13 +0000

El contrato exploración y explotación petrolera del campo Xan vence en agosto del 2025 y la compañía Perenco debe entregar al Ministerio de Energía y Minas (MEM) el 15 de agosto del 2022 el plan de restauración ambiental, como parte del proceso de conclusión de sus operaciones.

La explotación de ese campo, que se situó en 2.85 millones de barriles en el 2021, representa el 82% de la producción nacional de petróleo y en el primer semestre del presente año sumó 1.1 millones de barriles, según datos del MEM.

El contrato 2-85 entró en vigencia en 1985 con un plazo de 25 años, y cuando se creó Fonpetrol, se estableció que los contratos vigentes se podían ampliar por 15 años más, por lo que nueva fecha de vencimiento es el 12 de agosto del 2025.

Ante eso, el gobierno presentó en enero pasado una iniciativa para reformar la Ley de Hidrocarburos (Decreto 109-83) y crear la figura denominada Límite Económico, con la que un campo puede seguir operando, con autorización, mientras los ingresos sean mayores que los costos. La iniciativa también permitiría que el presidente de la República, en Consejo de Ministros, aprobara prórrogas bajo esa figura.

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Con estos cambios, tanto ese como otros contratos que están por vencer, podrían ser ampliados. Pero la iniciativa no ha recibido dictamen de la Comisión de Energía del Congreso, aunque el MEM argumentó que los cambios se propusieron ante la necesidad de seguir fomentando la inversión en extracción petrolera, con las consiguientes regalías para el Estado.

Qué hará la compañía

Según el gerente general de Perenco Guatemala, Ludovic Malcoste, se manejan dos escenarios para el futuro de la compañía en el país: el primero refiere que para el 2022, aún se tiene prevista la inversión en operaciones petroleras, pero para los últimos tres años ya no, porque habría muy poco tiempo para la recuperación de los recursos.

Y si no se aprueba la reforma legal en mención, en el 2023 iniciará el proceso denominado de “abandono”, lo cual significa que la compañía deja de invertir, se va deteniendo la producción y se cierra el campo petrolero. Y, solo se tiene prevista la inversión de Q30 millones para los procesos que ya iniciaron.

Los ejecutivos de la firma indicaron que esto representaría que finalicen los ingresos al Estado como regalías, participación y otros pagos, pero también se cerraría la refinería La Libertad y el oleoducto denominado Sistema Estacionario de Transporte de Hidrocarburos (SETH), que va desde Petén hasta la terminal Piedras Negras en el Puerto Santo Tomás de Castilla, y tiene capacidad para transportar 30 mil barriles diarios.

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Es decir que la infraestructura petrolera se cierra, ya que Perenco, que es el principal operador petrolero en Guatemala, se retiraría y aunque el contrato del oleoducto vence en el 2044, no sería rentable operarlo solo con una producción del 20% actual.

El segundo escenario que maneja la compañía es que, si se aprueba la reforma legal, está preparada una inversión de Q400 millones en los próximos tres años, para explotación petrolera, pero también de un yacimiento de gas que ya está ubicado.

Por lo pronto, el 15 de agosto próximo, la firma debe entregar al MEM un plan de restauración ambiental, como parte del proceso de cierre, además la refinería y el oleoducto continuarían en operación.

Sin “Plan B”

Por el momento, el MEM no ha respondido si tiene un plan B para continuar la extracción de petróleo, a pesar de que estaba previsto lanzar una licitación en el 2021 para explorar y explotar varias áreas ubicadas en Petén, Alta Verapaz, Quiché y Huehuetenango, pero no incluía campos en operación.

En febrero pasado, las autoridades indicaron que no se convocó al concurso porque no existían las condiciones para llevarlo a cabo. Y el ministro de Energía, Alberto Pimentel, dijo el 26 de julio de este año que con la iniciativa mencionada se busca aprovechar los yacimientos del país, hasta que sean económicamente rentables. El sistema de regalías no se incluye.

El viceministro de Energía y Minas encargado del tema de hidrocarburos, Luis Ayala, respondió ayer que hay varios contratos por vencerse y lo que se busca es que sean renovados con la nueva modalidad que se propone en la iniciativa, siempre y cuando las condiciones económicas y técnicas sean mejores para el Estado de Guatemala.

El funcionario agregó que el ministerio busca atraer inversión, por lo que prepararán nuevos eventos y convocatorias para que vengan inversionistas y tener una mayor exploración y explotación petrolera, ya que el país tiene buen potencial petrolero y de gas natural. Sin embargo, no detalló fechas ni condiciones de las convocatorias y si estas incluirían las áreas de los contratos por vencer.

Por aparte, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), recomendó el jueves 28 de julio a la Comisión de Energía y Minas del Legislativo no reformar la ley de hidrocarburos para ampliar el plazo del contrato a Perenco.

El Icefi cuestiona que el único mecanismo planteado por el MEM sea la prórroga del contrato actual, y a su criterio, “en caso fuera del interés y conveniencia para el Estado de Guatemala continuar explotando los hidrocarburos del campo Xan, el MEM debería considerar un proceso de licitación internacional, abierto, competitivo y transparente, que eleve las posibilidades de que el contratista cumpla con las mejores condiciones posibles”.

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En la actualidad, Perenco produce 5 mil 500 barriles de crudo al día, con 22 pozos, aunque se ha tenido una reducción del 10%.
De esa cifra, el 40% se usa para producir asfalto, que se vende en Guatemala y en Centroamérica, y el 60% se exporta como crudo, principalmente a los Estados Unidos.
Según un análisis del MEM, el campo Xan podría seguir operando hasta el 2045, siguiendo una declinación natural de 13.5% de la producción. Sin embargo la compañía analiza una ventada del 2035 al 2045.

Qué son los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías que ya rigen en Guatemala

Tue, 19 Jan 2021 11:00:09 +0000

Dicha convención existe desde 1980 y ha sido adoptada por 95 países. En el caso de Guatemala fue aprobada en el 2018 con el decreto 7-2018 y rige este año, comentó Pedro Mendoza, integrante del Comité Internacional del Cacif y académico en la Facultad de derecho de la Universidad Francisco Marroquín.

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Ese paso es importante porque los principales socios comerciales del país se han adherido.

Dicha convención rige los contratos de compraventa internacional de mercancías entre empresas privadas que estén en dos países diferentes, pero se exceptúan las ventas a consumidores y las ventas de servicios, explicó.

Mendoza dijo que es importante tener en cuenta que esta convención no es de aplicación obligatoria, ya que con base al principio de libertad de contratación las partes tienen el derecho y opción de decidir que no les aplique a un contrato en particular y usar leyes nacionales de alguno de los estados de donde son las empresas.

Sin embargo, comentó que su aplicación brinda certeza jurídica y garantía del cumplimiento de entrega de la mercadería y del pago. No hay un límite mínimo ni máximo para los montos de los contratos que quieran usarla.

En el sitio de la ONU acerca de la convención se explica que al adherirse a esta los estados y contratantes disponen de una legislación moderna y uniforme que rige la compraventa internacional de mercancías.

Esta se aplica en forma directa, sin necesidad de recurrir a las reglas de derecho internacional privado para determinar la ley aplicable al contrato, lo cual contribuye a dar certeza y previsibilidad a los contratos de compraventa internacional.

Qué implican los contratos

Esta convención internacional no trae un mecanismo de resolución de controversias, es decir, que no menciona específicamente que cualquier controversia que surja se debe dirimir por un tribunal estatal de Organismo Judicial o por un arbitraje. Así, las partes son libres en sus contratos de introducir una cláusula estableciendo como se tiene que resolver la controversia que pueda surgir entre ellos.

Sin embargo, expuso que, establece consecuencias e integra una serie de remedios ante un incumplimiento, es decir, que se puede exigir que el contrato que han incumplido se cumpla acudiendo a un tribunal para solicitar que condene a la otra parte para que cumpla.

También permite que se reclame indemnización por daños y perjuicios, que se dé el envío de las mercaderías correctas cuando se han enviado las incorrectas,

“Esta convención ha sido elaborada pensando en contratos de compra venta internacional que por su misma naturaleza son diferente a las compraventas locales”, agregó.

La figura también puede ser usada por empresas afiliadas que estén en distintos países porque son personas jurídicas diferentes.

Mendoza explicó a menos que esté expresamente excluida en las cláusulas o acuerdos de un contrato en particular, se considera que la CISG está incorporada al derecho nacional y sustituye cualquier legislación aplicable en la materia de compraventa internacional de mercaderías entre empresarios establecidos en diferentes estados o países adheridos a la convención.

Agregó que los contratos de compraventa bajo los términos de la convención son los celebrados entre partes cuyos establecimientos se encuentran en Estados diferentes a través del cual, una de las partes (vendedor) se compromete a entregar las mercaderías, transmitir su propiedad y a entregar los documentos relacionados con ellas, a la otra parte (comprador), quien a su vez se obliga, a recibirlas y a pagar el precio de las mismas.

Conferencia sobre el tema

Para exponer acerca de los alcances de este tema, el miércoles 20 de enero se llevará a cabo la conferencia llamada La CISG: Un nuevo régimen legal para el comercio internacional en Guatemala organizada por el Comité Internacional del Cacif. El evento será gratuito vía Zoom o por el Facebook Cacif-Noticias,

Los invitados son Luca Castellani, oficial legal de la secretaria de la CNUDMI y secretario del Grupo de Trabajo IV sobre el comercio electrónico.

También participarán los miembros del del Consejo Asesor de la CISG: Alejandro Garro, académico en la Universidad de Columbia, Pilar Perales, catedrática de la Universidad Carlos III de Madrid y Edgardo Muñoz, profesor de la Universidad Panamericana de Guadalajara.

Director de Caminos ignora destino de Q135 millones transferidos sin su firma

Mon, 26 Oct 2020 20:38:26 +0000

Ante la duda del destino de Q135 millones asignados a la Dirección de Caminos, el titular de esa dependencia, Fredy Chojolán, reconoció que por problemas de salud se ausentó de sus labores y durante ese tiempo alguien pudo falsificar su firma y autorizar las transferencias.

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Ante estas dudas, el director explicó a diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), que sí tiene esas sospechas y que tomó las acciones legales correspondientes, pero no pudo dar más detalles por desconocer en qué se deben utilizar los fondos transferidos por su firma, aparentemente falsificada cuando tenía quebrantos de salud por el Covid – 19.

“Ya están investigando, yo ya puse la denuncia. Yo no estaba en mis labores, no puedo decirles nada porque no estaba ahí, estaba hospitalizado ni me recuerdo cuando fui al sanatorio, imagínense con eso. No puedo decirles para que era porque las transferencias llevan mucha información, hay unas de Q135 millones y así”, indicó Chojolán.

Ministro desconocía señalamientos

El titular de la cartera de Comunicaciones, también presente en la citación parlamentaria, explicó desconocer la aparente falsificación en la firma de uno de sus directores y las aparentes negociaciones para la asignación de proyectos con empresas, añadió también que tomarán las acciones internas para esclarecer los puntos que salieron en la cita parlamentaria.

“Yo hasta el día de hoy me estoy enterando del tema y vamos a ver con el señor director de Caminos que pasó porque es él quien conoce bien su firma, lo que queremos es que los temas sean transparentes, en realidad no sé qué fue lo que pasó en Caminos y esperamos que se pueda esclarecer (…) vamos a pedir al área de Caminos para averiguar que paso”, explicó Lemus.

A octubre la ejecución presupuestaria del ministerio de Comunicaciones es del 47.7%, de un total de Q6 mil 751 millones, la entidad espera finalizar el año alcanzando una inversión del 70%.

Contratos para allegados

Otro de los extremos que resaltaron los diputados fue como aparentemente tanto en la Dirección de Caminos como en la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) existen contratos asignados a los titulares de las dos oficinas del ministerio de Comunicaciones.

“Varias empresas que reportan la misma dirección, tenemos varias empresas que tienen al mismo representante legal (…) puede haber tráfico de influencias, puede haber conflicto de intereses, abuso de autoridad, conflictos con la ley de probidad en cuanto al abuso de poder beneficiar a una u otra empresa”, señaló Barreda.

El diputado aseguró que habrá una próxima citación para el 4 de noviembre, en donde se pidió un informe circunstanciado al ministro de Comunicaciones, Josué Edmundo Lemus, que si no llena las expectativas, la bancada analiza solicitar su interpelación ante el Pleno del Congreso.

“Aquí estanos hablando de por lo menos, hoy, unas 80 empresas entre las que están vinculadas en Covial y Caminos que compiten…no, no están compitiendo, están jugando a la colusión, están jugando al tráfico de influencias, juegan a tomar ventaja de las posiciones públicas de ciertos funcionarios para que les adjudiquen contratos, eso es lo que a nosotros nos deja la citación de hoy”, concluyó Barreda.

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Criticas por el libramiento de Chimaltenango

La bancada también solicitó al ministerio de Comunicaciones acciones para resolver las deficiencias del libramiento de Chimaltenango, proyecto que fue inaugurado y presentado como una “mega obra” por el expresidente Jimmy Morales, pero que en repetidas ocasiones ha protagonizado derrumbes, como el del pasado fin de semana.

Lemus explicó que tendrán que analizar legalmente con sus abogados que pueden hacer, ya que cerrar el libramiento afectaría a un número considerable de guatemaltecos.

“Vamos a hablar bien con los jurídicos de Caminos, nosotros le vamos a dar seguimiento para ver qué es lo más conveniente, ya vamos a tomar acciones, hemos estado pendientes de ver como abordamos de buena manera el tema, no se ha podido porque el proyecto esta intervenido pero ya vamos a accionar”, puntualizó.

Son necesarias destituciones

A criterio de Edie Cux, director de Acción Ciudadana (AC), la falta de control que quedó en evidencia dentro de la cartera de Comunicaciones es una falta que hasta amerita una renovación en todos los puestos clave de la cartera, comenzando desde el puesto de ministro.

“Es un escándalo muy fuerte, se han venido hablando ya de varios casos de corrupción, no solo este, también los contratos por compadrazgo, anomalías dentro del ministerio, estamos viendo que el gobierno se mantiene cómodo con ese tipo de anomalías”, señaló.

Añadió que por los antecedentes que existe en esa entidad, desde Alejandro Sinibaldi, y el más reciente José Luis Benito, es un ministerio propenso a actos al margen de la ley.

CGC pide informe

Por su parte la Contraloría General de Cuentas (CGC) informó que ya están trabajando para verificar si los señalamientos que salieron en varios medios de comunicación son acertados, de ser así, tomarían las acciones pertinentes en la ley.

“Nosotros lo que tenemos en ese ministerio es una comisión de auditoría, que es la que ve siempre el presupuesto, entonces les pedimos a ellos que mañana verifiquen la información”, explicó José Ramírez, subcontralor de calidad del gasto público.

Inde retira a cúpula de gerentes y examinará últimos contratos millonarios

Fri, 31 Jan 2020 11:00:18 +0000

El martes 28 en la primera sesión del Consejo, luego de la incorporación de nuevos representantes del Gobierno, esa instancia aceptó la renuncia de Carlos Abel Beltetón como gerente general y quien fue sustituido por Óscar Eduardo Caceros Oxom, informó el ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel.

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Los nuevos funcionarios fueron juramentados el miércoles 29 de enero, añadió Pimentel quien preside el Consejo Directivo del Inde.

Como gerente de la Empresa de Generación de Energía Eléctrica (EGEE), la cual forma parte de esa institución, fue nombrado a Otto Leonel García Mansilla. De ese cargo fue removido Roberto Antonio Barrera. El ahora exgerente fue señalado de supuestas anomalías en el proyecto de para construir y operar cinco plantas de generación de energía solar por hasta 110 megavatios, del cual se lanzó una licitación, aunque luego de denuncias públicas por supuestas irregularidades la Junta Licitadora decidió no adjudicar.

Como gerente de la Empresa de Comercialización de Energía Eléctrica (ECOE) fue nombrado Jorge David Figueroa García y salió del cargo Mynor Geovanny Jiménez Oliva.
La gerencia de la Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica (ETCEE) es ocupada por Roberto Enrique Marticorena Mazariegos, en el cargo estaba Marco Fabio Leonel Sandoval.
El nuevo gerente de Servicios Corporativos es Walter Alfonso De León Barreno, el cargo era ocupado por Víctor Manuel Sandoval Palma.
El gerente de Electrificación Rural y Obras asumió René Oswaldo Girón Callejas.
Como gerente de Comunicación Corporativa fue nombrado, Mario René Campos Trijilio; sustituye a Juan Carlos Tible Díaz.

Respecto al retiro de los funcionarios anteriores Pimentel expuso que “el gerente general renunció y los otros (gerentes) fueron removidos porque se pensó en (nombrar) el personal ideal para avanzar con los objetivos que se tiene para el Instituto. Se trata de personas que colaboraron para el Plan Nacional de Desarrollo, algunos de ellos tienen más de 20 años de experiencia en la propia institución y también cuentan con el conocimiento interno de los procesos”.

Entre los nuevos gerentes nombrados Caceros, Figueroa, García y Marticorena trabajaron durante varios años en el Inde.

Caceros ocupó varios cargos y en el 2016 fue nombrado gerente general, cargo del cual fue destituido en febrero del 2018 al ser sustituido por Beltetón durante el Gobierno de Jimmy Morales.

Pimentel explicó además que los nuevos funcionarios “iniciaron la revisión de lo hecho por las autoridades anteriores y por el momento, (por lo que) es prematuro informar si existen anomalías. Se continúa con la investigación y de existir alguna ilegalidad, se presentarán las denuncias correspondientes”.

Óscar Caceros regresó a la gerencia general Inde. Fue juramento por el presidente del Consejo Directivo Alberto Pimentel. (Foto, Prensa Libre: Inde).

En tanto, según información del Inde continúan en los cargos

Como gerente Interino de Planificación Institucional, José Luis Duque Franco.
Luis Fernando Chavarría Tenas, como gerente Financiero.
Jefe de Auditoría Interna, Lucas Leonel Alvizú Divas.
Jefe de Asesoría Jurídica, Elisa María Castañeda Garza.

Buscan investigar proyectos o contratos señalados

Respecto a proyectos, compras o contratos adjudicados que han sido señalados, el ministro de Energía y presidente del Inde, expuso que “el Consejo Directivo tiene que atender o limpiar algunos temas”, aunque explicó que no puede asegurar las decisiones que tomará ese órgano colegiado, los nuevos integrantes solicitarán que se analicen los casos.

“Si encontramos evidencia de cosas mal hechas, las que podamos deshacer las desharemos según la posición que propondremos al Consejo, y donde encontremos evidencias de hechos anómalos e incluso delictivos se pondrán las denuncias a conocimiento de los órganos de investigación” afirmó Pimentel, indicando que esa postura se asumirá en forma general todos los eventos que se sometan a consideración del Consejo, tanto los efectuados por la administración anterior como los que se hagan a futuro, según comentó.

Proyecto de energía solar

Expuso que el caso del proyecto de energía solar por los 110 megavatios, que impulsó la administración anterior entre el 2018 y el 2019, no se adjudicó y por ello considera que está resuelto, sin embargo, indicó que el gerente Caceros debe confirmarle detalles al respecto.

“Es bueno (que no se haya adjudicado) porque no lo hemos podido investigar aún desde adentro, pero desde afuera se miraba con denuncias de un negocio que no era necesariamente transparente o leal a los intereses económicos de la institución”.

En este caso tanto Cacif como diputados en el Congreso cuestionaron en el 2019 varias irregularidades en las figuras usadas para desarrollar el proyecto con el cual se podrían comprometer las finanzas del Inde por 20 o 25 años, y ponerlo en riesgo, aunque las autoridades en ese entonces defendieron el proyecto.

A finales del 2019 Prensa Libre publicó varios reportajes en el cual se exponen supuestas anomalías con la participación del gerente de generación de ese entonces relacionados a los terrenos en donde se instalarían las generadoras de energía solar.

Seccionadores

Además, comentó que hay una serie de contrataciones que se tendrán que revisar. “Hay un caso muy sonado de unos seccionadores que se adjudicaron (en la gestión anterior). Lo que se tiene que hacer es conocer caso por caso los asuntos que al Consejo le corresponda aprobar o improbar. Se tendrá que improbar aquellas adjudicaciones donde a juicio del Consejo haya evidencias de que hubo malos manejos”, comentó el funcionario.

Este se trata de una compra de equipo eléctrico (seccionadores) adjudicada a la a la empresa Prequind, S. A. por más de Q11 millones, cifra que refleja supuestamente un sobreprecio de 400 por ciento de lo pagado en el 2015, refiere otro reportaje de Prensa Libre.

Relación con funcionarios

Por aparte en contratos con la empresa Tecnidesa, S. A., se facturó más de Q15 millones en el segundo semestre del 2019 sin embargo se detectó que dos de los entonces gerentes de la institución (Beltetón y Barrera) sostendrían una estrecha relación con el propietario de la firma, lo que podría implicar conflicto de interés, también publicado en diciembre.

Subestaciones móviles

Respecto a las dudas que surgieron por otro de los contratos para adquisición de subestaciones móviles por Q50.6 millones, uno de los montos más altos adjudicado en la historia del Inde, Pimentel indicó que buscarán que el Consejo instruya al gerente general para que les informe del estado de ese contrato, aunque dijo desconocer detalles de este caso.

Si no está adjudicado o si no está aprobada la adjudicación se tendrá que tomar una decisión al respecto. Esta misma semana se investigará si ya fue adjudicado, firmado o aprobado el contrato para analizarlo, expuso.

“El Inde es un activo estratégico del Estado. Es un grupo de empresas de todos los guatemaltecos, tenemos que cuidarlas todos, y la responsabilidad de los que asumimos, y la responsabilidad de los que asumimos como parte de ese Consejo Directivo es grande en ese sentido”, agregó el funcionario y añadió que “quienes asumimos recientemente en el Consejo tenemos la visión de que el Inde debe respetarse, de que sus finanzas son de cuidar, y los procesos todos deben ser transparentes”.

Gas natural

Entre otros proyectos cuestionados, el Consejo Directivo del Inde que fungía en el 2019 aprobó la contratación para la compra de gas natural nacional a la empresa City Petén, compañía que es el único proveedor de gas natural nacional en Guatemala. La votación no fue unánime y fue cuestionada por los representantes de las empresas privadas y Edwin Escobar (entonces presidente de Anam).

El plazo del contrato se planteó a 13 años prorrogables por 15 años más, es decir un total de 28 años. La intención de la compra de gas, según explicó ese ente, es contratar a una empresa para que opere una generadora de energía con gas natural. Se mencionó que el Inde pagaría por el abastecimiento de gas y por la energía que generara dicha empresa.

¿Quién conforma el Consejo Directivo?

Integrantes del Consejo Directivo del Inde, luego de que tomaran posesión de sus cargos los nuevos representantes del Organismo Ejecutivo. (Foto, Prensa Libre: Inde).

Los nuevos directores del Consejo Directivo por parte del Organismo Ejecutivo asumieron el martes, por lo que quedó conformado así:
Aparte de Pimentel quien lo preside, se encuentra el ministro de Economía Antonio Malouf como vicepresidente de dicha directiva.
También asumieron el viceministro de Energía, Manuel Eduardo Arita Sagastume y el viceministro de Competitividad Lisardo Bolaños como integrantes suplentes por parte del MEM y del Mineco respectivamente.
Sergio Iván Sosa Ramírez y Jacqueline Hazbun Arias son los representantes de Cámara de Asociaciones Empresariales.
Como representante de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) aparece Jorge Antonio Orrellana Pinto como integrante suplente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam). El titular era Edwin Escobar, quien dejó la alcaldía de Villa Nueva el 15 de enero pasado, y aún no se ha incorporado otro representante de dicha organización.
De las Asociaciones y/o Sindicatos de Trabajadores del País están Samuel Nenroth Hernández Orantes y Robertino Montenegro Santos.

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Inde: Junta Licitadora adjudica contrato por Q50.6 millones para 3 subestaciones móviles de electricidad

Sat, 24 Aug 2019 11:00:52 +0000

En el concurso participaron siete oferentes. De estos, dos superaron la fase técnica por lo que la Junta procedió el 21 de agosto del 2019 a abrir las ofertas económicas y adjudicó el contrato el viernes 23 de este mes.

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La oferta de Humbrall de Centroamérica, S. A. fue de US$6.6 millones. El monto equivale Q50 millones 631 mil 636, por el tipo de cambio Q7.67146 al 21 de agosto cuando se abrieron las ofertas económicas, según los documentos del concurso lanzado por el Instituto Nacional de Electrificación (Inde).

Según información incluida en el acta emitida en esa fecha, el representante de la empresa Distribuidora de Materiales Productos y Suministros, S. A. (otra de las oferentes) manifestó “su inconformidad al indicar a esta Junta y a los demás oferentes que existe favoritismo en el presente evento”.

Los datos registrados en Guatecompras refieren que la firma Humbrall de Centroamérica fue creada en el 2015 pero este sería su primer contrato con el Estado ya que no tiene ninguna otra adjudicación de contratos o compras con entidades estatales según el sistema de compras en mención.

Tampoco aparecieron en el sistema detalles de datos de representantes legales, aunque estos sí se consignaron en las actas del concurso. Se intentó obtener postura e información por parte de dicha empresa, sin embargo, en una comunicación telefónica a la oficina indicaron que las personas a cargo se encontraban en reunión.

Luego de la adjudicación, los documentos son enviados al Consejo Directivo el cual deberá aprobar o improbar lo actuado por esa Junta.

Se intentó conocer la versión del Inde, pero el 21 de agosto indicó que no poseían la información al respecto, y aún no ha respondido la solicitud efectuada el viernes por la tarde.

Consultado al respecto el vicepresidente del Inde, Edwin Escobar, indicó que la idea de adquirir subestaciones móviles surgió luego de que se quemara la subestación instalada Quetzaltenango. Expuso que al inicio parecía una buena idea, sin embargo, dijo que los representantes de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) “ya no confiamos en la administración y el liderazgo del presidente de Junta Directiva del Inde” por lo que votarán en contra de la adjudicación debido a los intentos de otras contrataciones por parte de directivos y funcionarios de la institución como el de compra de energía solar y dos proyectos con gas natural.

Cinco oferentes fueron descalificados, según la Junta Licitadora por no cumplir con todos los requisitos establecidos en las bases de licitación, la otra empresa que pasó esa fase y de la cual se conoció la oferta es Proyectos y Electricidad, S. A., por Q58 millones 500 mil, pero no fue adjudicada.

La licitación es para adquirir tres subestaciones eléctricas móviles que deberán ser entregadas en las subestaciones del Inde conocidas como Guatemala Sur en Villa Nueva, Río Hondo en Zacapa y en la cabecera de Quetzaltenango.

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Ministerio de Trabajo recibirá contratos laborales de forma electrónica y resolverá en 3 días

Tue, 13 Aug 2019 23:30:07 +0000

Este paso promete facilitar a los empleadores el cumplimiento del artículo 28 del Código de Trabajo, que indica que el contrato individual de trabajo debe extenderse por escrito, en tres ejemplares:

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Uno que debe recoger cada parte en el acto de celebrarse (empleador y empleado).
Otro que el patrono queda obligado a hacer llegar al Departamento Administrativo de Trabajo, directamente o por medio de la autoridad de trabajo más cercana, dentro de los quince días posteriores a su celebración, modificación o renovación.

El nuevo procedimiento, que hasta hoy implicaba un trámite personal y cuya resolución requería entre 15 y 30 días, se simplifica a tres días, entre su presentación, resolución y registro, lo que significa la agilización de trámites para empleadores, trabajadores y la creación de un registro electrónico que permitirá al ministerio mejores controles.

Capacitación

Como todo proceso nuevo, es necesario conocerlo y para ello esta cartera implementa a partir del 14 de agosto, una serie de capacitaciones en la capital, Quetzaltenango y Chiquimula, dirigidas a empleadores con el propósito de explicar el nuevo procedimiento.

Estas capacitaciones están abiertas al público, sin confirmaciones previas y sujetas solo a la capacidad del local.

#TomaNota Los interesados deben elegir una de las fechas previstas para las capacitaciones del #RECIT
No es necesario inscribirse, es gratis pic.twitter.com/UGI02OsagI

— MINTRAB (@MINTRABAJOGuate) August 13, 2019

En la capital se desarrollarán en el aula magna del Intecap, calle Doroteo Guamouch Flores 8-79 zona 5, en horario de 10 a 11:30 horas, los días 14, 19 y 26 de agosto, así como el 4 de septiembre.

En Quetzaltenango se harán el 20 de agosto, de 15 a 17 horas, y el 21 de agosto de 9 a 11 horas, en el centro vacacional Atanasio Tzul. Finalmente en Chiquimula serán en el centro vacacional Guayacán, 27 de agosto de 15 a 17 horas y el 28 de agosto de 9 a 11 horas.

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Baja hasta 40% la generación con hidroeléctricas

Mon, 05 Aug 2019 11:00:24 +0000

La generación con plantas hidroeléctricas en el país está registrando una disminución en el 2019 y sólo en el mes de junio cayó hasta 40% respecto del mismo mes del año pasado.

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La baja en la generación hidroeléctrica podría impactar los precios de la energía el resto del año, aunque el sector descarta escasez de energía en general debido a que el país tiene capacidad de generación instalada que duplica el volumen de demanda.

Según datos de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) en el primer semestre de este año la generación con agua ha bajado 26.5%, reportando un comportamiento similar por cada trimestre.

Sin embargo al ver el detalle por mes, solo en junio la caída llegó a 40% mencionó Rudolf Jacobs, Presidente de Asociación de Generadores con Energía Renovable (Ager).

Jacobs indicó que se refiere a junio porque es el primer mes completo de la temporada de invierno que, según el comportamiento histórico en el país es donde la generación con hidroeléctrica debiera ser mayor, sin embargo la baja fue pronunciada debido al déficit de lluvias comparado con un año con invierno normal, agregó.

Un año seco

“Este es un año seco, el invierno entró sumamente débil y con canícula larga y ya se está reflejando en la generación hidroeléctrica” dijo el directivo.

En el 2019 se empezó con una generación menor respecto al 2018, pero con un comportamiento similar al 2017 refieren datos de la CNEE.

Sin embargo durante el 2017 mejoró el comportamiento entre mayo a junio debido a la entrada del invierno, aspecto que no ha sucedido durante el presente año, según datos y gráficas de dicha comisión.

En tanto en el Instituto Nacional de Electrificación (Inde) se reporta una caída en la generación de la planta Chixoy del 32%, indicó Roberto Barrera, gerente de la empresa de generación que forma parte de esa entidad.

El embalse de Chixoy se encuentra en los niveles más bajos de los últimos años, comentó.

Al 29 de julio del 2019 el embalse está en 778.75 metros sobre el nivel del mar. El mínimo para operar es 772, mientras que el máximo al que ha llegado en los más recientes años fue a 803 en el 2017, su máxima capacidad.

Variación de los niveles del embalse de la hidroeléctrica Chixoy. (Foto, Prensa Libre: Inde).

“En otros años para esta época el embalse tenía mejor nivel o ya estaba lleno, por lo que se empezaba a ahorrar agua y a programar el manejo de la reserva para el verano del siguiente, lo cual aún no está sucediendo este año” dijo Barrera.

El Inde posee 9 plantas hidroeléctricas con capacidad de 542 megavatios. En tanto hay 82 hidroeléctricas privadas (31 mayores de 5 megavatios y 51 menores).

Jacobs considera que si se logra establecer el invierno en agosto mejorará la generación hidroeléctrica, además lograrían mejorar la reserva de agua en las que tienen embalses mayores (como la estatal Chixoy y la privada Renace).

Efectos en las tarifas y suministro

Jacobs afirma que energía eléctrica no va a faltar porque, aunque el mayor instalación en el país es de hidroeléctricas, el país tiene excedente de capacidad instalada de plantas que generan con otros recursos.

La capacidad instalada del país duplica la demanda.

Por ejemplo en el año, pero en especial y junio y julio, la generación con carbón se ha incrementado para cubrir el déficit de agua, también creció la generación eólica, explicó el presidente de Ager.

Sin embargo el efecto puede ser en alzas de precios, agregó.

En las tarifas fijadas para el trimestre de agosto a noviembre de este año, la Empresa Eléctrica de Guatemala, S. A. (EEGSA) reportó que tiene alzas de Q0.03 por kilovatio hora. La distribuidora explicó que uno de los factores de ese comportamiento se ha dado porque el bajo nivel de lluvias durante este año redujo la capacidad de generación de hidroeléctrica por lo que la empresa “debió utilizar electricidad producida por otras tecnologías, cuyos precios son más altos que los de las fuentes hídricas”.

Agregó esa firma que también influyeron las alzas registradas en los precios internacionales de combustibles usados para generación y el tipo de cambio del dólar se ha mantenido en niveles altos.

La sequía ha estado afectando la producción hidroeléctrica, explicó la CNEE al dar a conocer las tarifas para el trimestre en mención. Esta se ha sustituido por una mayor generación de energía con centrales térmicas que conllevaron costos de producción mayores.

Este aspecto ha tenido incidencia en el precio spot del Mercado Mayorista (compra y venta de energía sin contrato) y presenta un incremento interanual del 32% respecto a los costos del trimestre de abril a junio del año anterior, detalló la comisión.

Mientras que en el trimestre de abril a junio del 2018 el precio spot estuvo entre US$55 y US$67, en el mismo trimestre del 2019 se registró entre US$74 y US$87, añade el reporte de la comisión.

Ese comportamiento podría seguir afectando al alza las tarifas a los usuarios mientras las distribuidoras deban acudir a la compra de generación con otros recursos para sustituir el hidráulico.

Comportamiento

En el 2017 el país generó 12,381.2 gigavatios hora de energía, de la cual 45.6% fue con hidroeléctricas.
En el 2018 generó 12,522.3 gigavatios hora de energía, el 38.89% fue con plantas hidroeléctricas.

Compra de energía solar: no comparten argumentos

El gerente de la empresa de generación del Inde indicó que tomando en cuenta que las plantas de esa institución son hidroeléctricas y debido a comportamientos como los que explicó de déficit de agua, es necesario que la entidad continue con la diversificación de su matriz de generación.

Gráfica de participación de generación del Inde respecto a la generación total del país. (Foto, Prensa Libre: Inde).

Por ello Barrera indica que es necesario el proyecto de compra de energía con sistemas solares que licita el Inde por hasta 110 megavatios, además de los dos proyectos para generación con gas. En esas condiciones de clima y baja en la generación hidráulica considera necesario dotar al Inde de otros recursos.

Sin embargo al respecto Edwin Escobar, vicepresidente del Inde, dijo que la baja en el nivel de lluvia respecto de otros años no debe ser argumento para la contratación de energía tanto solar como los dos proyectos de gas que impulsa ese ente, con las irregularidades que se está impulsando.

El Consejo Directivo de ese instituto está dividido en ese caso. Mientras los tres representantes del Estado y de las asociaciones de sindicatos de trabajadores han votado a favor de esos proyectos, mientras que se oponen los representantes del sector privado apoyados por el Cacif y los de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) presidida por Escobar.

El directivo espera que se esté haciendo un buen manejo del embalse de Chixoy para no usarlo de argumento para seguir adelante con la licitación de energía solar y la de gas, del cual ya se han explicado múltiples irregularidades, explicó.

En tanto Jacobs, explica varios argumentos. Aunque considera que es necesaria la diversificación de la matriz de generación de energía del Inde indica que el procedimiento debe ser con acciones coherentes y sanas.

Refirió que los inviernos secos son cíclicos por lo que no debe justificar una contratación de 15 o 20 años plazo para compra de energía sin mayores estudios y a precios que pueden ser altos según el comportamiento de esos ciclos.

“La institución tiene que estar clara acerca de qué energía necesita y para qué fines”, Ager hizo recomendaciones como la necesidad de “un proceso muy abierto transparente y competitivo tanto para el proyecto solar como el de gas, sino que aprovechan la oferta de generación instalada que ya posee el país” ya que excede la demanda actual.

Las bases de licitación para el proyecto de energía solar no permiten la competencia y solo buscan que generadoras nuevas, además de otras condiciones, se agregó.

Debieron tomar en cuenta criterios que se usaron para las tres licitaciones de energía para el Plan de Expansión de Generación, conocidas como PEG 1, 2 y 3, donde hubo hasta más de 40 oferentes y se hizo con la modalidad de subasta inversa, añadió Jacobs.

Los proyectos de compra de energía solar, y compra de gas para posteriormente generar energía con ese combustible están siendo cuestionados y han surgido citaciones en el Congreso, peticiones de fiscalización además que la Contraloría empezará una auditoría de los mismos.

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Sat, 27 Jul 2019 11:00:13 +0000

Para el proyecto de energía con gas los contratos ascenderían a US$21 millones anuales por 13 años, refieren datos brindados por funcionarios de ese ente, cifra que significaría alrededor de Q2 mil 050 millones en todo el plazo del contrato.

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Inde aplaza (de nuevo) fecha de recepción de ofertas para proyecto de energía solar

Durante la reunión efectuada el viernes 26 de julio el ministro de Energía y Minas, y presidente del Inde, Luis Chang, no respondió acerca de los montos indicando que no los tenía a la mano, por lo que los parlamentarios consultaron a otros funcionarios.

El gerente de la empresa de generación del Inde, Roberto Barrera mencionó que serían US$5 millones anuales por compra de gas natural y US$16 millones anuales por compra de energía a la empresa que se contrate para la generación con ese recurso.

Chang tampoco brindó el monto que desembolsaría esa institución por el proyecto para contratar la compra de energía fotovoltaica por 20 años por hasta 110 megavatios mediante sistemas de energía solar.

Al respecto el representante de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) y vicepresidente del Inde, Edwin Escobar, quien también fue citado al Congreso y se ha opuesto a los proyectos, expuso que los tres proyectos significarían costos de entre Q6 mil millones a Q8 mil millones en total para el Instituto.

Restando de estos montos las cifras de los proyectos de gas, resulta que la compra de energía solar estaría entre Q4 mil millones y Q6 mil millones.

Aunque no se especificaron los datos de estos contratos, Escobar explicó que las cifras mencionadas se basan en los cálculos del costo de energía que se proyecta en los informes del Inde.

Funcionarios de @INDEGUATEMALA respondieron en el Congreso que no hay estudios de factibilidad para los proyectos de compra de energía solar y compra de gas. Pará el proyecto solar los estudios los hará la empresa adjudicada agregó el gerente de generación @Economia_pl pic.twitter.com/65qo2AdPq4

— Rosa María Bolaños (@rbolanos_pl) July 26, 2019

El diputado Carlos Barreda, presidente de la Comisión de Economía, pidió al Consejo Directivo que rectifique lo que han realizado y suspenda los procesos de los tres proyectos. Expuso que surgen dudas porque solo faltan cinco meses para que finalice la gestión del actual Gobierno además de la falta de transparencia que ha mostrado esta administración en otros contratos y negociaciones.

Al ser consultado el ministro y presidente del Inde acerca de una posible suspensión dijo, en declaraciones a los medios de comunicación, que los tres procesos siguen adelante. Añadió que se deberán evaluar las fases en las que va cada uno pero que no ve la necesidad de suspenderlos entre otros puntos porque no saben si recibirán ofertas.

De los tres, solo para el proyecto solar se ha lanzado a licitación. El Consejo Directivo aplazó en dos ocasiones la fecha para recepción de ofertas y la última modificación se corrió para el 31 de julio del 2019.

En el caso de compra de gas será de forma directa. Chang aseguró el viernes que no se ha firmado el contrato. El 10 de mayo del 2019 el Inde indicó que el Consejo Directivo ya había autorizado esa compra. Además para la adquisición de energía generada con ese recurso se lanzaría una licitación ya que se busca la construcción de una planta nueva por una empresa.

Reclaman falta de estudios

Otra de las diferencias de visión que quedó en evidencia es la falta de estudios de factibilidad para los tres proyectos y en qué fase serían necesarios.

El gerente de generación dijo que no hay estudios de factibilidad ya que en este tipo de contratos el riesgo no es para el Inde sino en la empresa que quede adjudicada la cual tendrá que hacer esos estudios. Las solicitudes de estos proyectos nacieron de los estudios de necesidades que hace ese ente, añadió.

Sergio Sosa, representante titular de las asociaciones empresariales y Escobar, dijeron que se opusieron al proyecto por varias irregularidades que encontraron, entre ellas la falta de mencionados estudios.

De los representantes de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) en la Directiva del Inde, no asistió el secretario Miguel Moir quien es el titular y participó el suplente Luis Ovando.

Según el diputado, Moir tampoco no asiste a las reuniones del Inde o se retira cuando se tratarán temas como los proyectos en mención por lo que envía a Ovando a votar.

El Consejo directivo del Inde está integrado por representantes del Estado como Ministerio de Energía, de Economía y de Segeplan. Además de representantes de la Anam, de asociaciones del sector empresarial y asociaciones de sindicatos de trabajadores. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

Al ser cuestionado Ovando dijo que pidieron los informes, pero ha votado a favor basado en el estudio de detección de necesidades del proyecto que elaboró el Inde.

En el caso del ministro de Economía, Acisclo Valladares Urruela, representante titular, también votó a favor, pero en la reunión no dio detalles del impacto económico que podrían significar para el Inde de esos contratos. Dijo que en el Consejo Directivo se les explicó la importancia y necesidad del proyecto que poseen algunos informes que han hecho asesores del Ministerio.

Mientras que Víctor Asturias, Comisionado Presidencial para la Competitividad se ausentó de la citación.

Barreda le pidió a Valladares Molina que se comprometiera a pedir, junto a los representantes del sector empresarial y de la Anam, la suspensión de los tres proyectos.

De los representantes de las asociaciones de sindicatos de trabajadores solo llegó el titular, Samuel Nenroth Hernández. Sin embargo, cuando el parlamentario se disponía a consultarle sobre su voto a favor del proyecto solar y las dudas que existen se percató que Hernández se había retirado del salón y ya no regresó a la reunión.

Se mantienen dudas

Sosa además, agregó que el plazo del contrato inicialmente se les propuso por 25 años, luego cuando se criticó la vida útil del equipo se bajó a 20 años (período que se refleja en el cronograma de la licitación).

La vida útil de los paneles fotovoltaicos se empieza a degradar a los 15 años, por lo que al finalizarse el plazo del contrato y quedarían en manos del Inde las generadoras, pero a su consideración ya estarían obsoletas, cuestionó Sosa.

Otra de las críticas del sector empresarial es que ahora se les informa por parte de funcionarios del Inde que parte de los beneficios que tendrá la institución son las tierras en que se construirán las generadoras por la empresa que salga adjudicada, ya que también pasarían a ser parte de esa entidad.

El ministro de Energía dijo que ese ente tiene la necesidad de esa energía para cubrir la demanda futura y poder vender energía.

Sin embargo, persiste el hermetismo del Gobierno sobre detalles sensibles.

En tanto Barreda indica que analizan acciones legales contra quienes han avalado los proyectos y continuarán buscando que se suspendan.

Lea también: Inde defiende proyecto de energía solar e indica que tiene libertad para contratar

Otro de los aspectos que también se cuestiona por los representantes de sectores empresarial y municipal es el modelo de contrato ya que inicialmente les indicaron que sería Build, Operate and Transfer conocido como BOT (construir, financiar, operar y transferir) para la construcción del proyecto y ahora, aunque mantiene el mismo nombre solo se trata de compra de energía, agregaron.

Además, dijo Escobar, que para desarrollar las licitaciones o compras en esos proyectos se están usando disposiciones tanto de la Ley Orgánica del Inde, como de la Ley de Alianzas Público Privadas, en cuyo caso el proyecto debería pasar por Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie).

Existen las dudas necesarias para declararlo lesivo si se llega a firmar, aseguró el representante de Anam.

Agregó que en ambos casos se ha estimado que el Inde estaría comprando a precios más altos de los precios de referencia como el mercado spot y que vendería a precios más bajos. Por ejemplo, dijo, compraría entre US$80 y US$95 por megavatio y vendería a entre US$50 y US$70.

En qué consiste los proyectos

Energía Solar:

El nombre del proyecto: Suministro de energía eléctrica generada mediante sistemas solares fotovoltaicos hasta un máximo de 110 megavatios bajo la modalidad bot
Concurso lanzado el 3 de mayo del 2019
Se hicieron varias visitas técnicas.
Recepción de ofertas: aplazada para el 31 de julio del 2019
Apertura de ofertas técnicas: 31 de julio del 2019
Derecho de participación Q25 mil, no reembolsable
Modalidad de Contrato: Build, Operate and Transfer (BOT), construir, financiar, operar y transferir al Inde al finalizar el plazo.
Volumen requerido: hasta 110 megavatios, divididos en cinco generadoras solares de entre 10 y 30 megavatios, en áreas de oriente del país.
Plazo de la Construcción: 10 meses a partir de la firma del contrato.
Plazo de suministro de energía: 20 años
Transferencia: 2 años antes de vencido el plazo deberá iniciar las gestiones para hacer la transferencia del proyecto al Inde, por el precio de Q1.

En mayo, los representantes del sector privado ante el Inde respondieron a Prensa Libre por vía escrita que el dictamen técnico refiere que se estima una inversión necesaria de US$110 millones en el proyecto. Ese monto estaría a cargo de la empresa que salga adjudicada.

Proyectos para suministro de gas y generación de energía

El primer proyecto consiste en la contratación del suministro de gas natural nacional para generación de energía eléctrica.
Según información del Inde brindada el 10 de mayo a Prensa Libre, el Consejo Directivo del Inde ya aprobó la contratación de gas natural nacional y que la empresa City Peten es el único proveedor de Gas Natural Nacional en Guatemala.
Para el plazo de suministro se plantearon 13 años prorrogables por 15 años adicionales para un total de 28 años, se añadió.
El yacimiento se ubica en La Libertad Petén.
El Inde no posee generadoras de energía con gas. Entonces se desarrolla la segunda parte del proceso.
Para ello se plantea contratar mediante una licitación a una planta generadora, la cual debe ser nueva y estar ubicada en el mismo municipio cercana a yacimiento.
Se estima que le provea entre 22 y 25 Megavatios.
El plazo sería similar a la del gas, pero aún no se la lanzado la licitación pública, se indicó este viernes, aunque no se detalló al respecto.

Barreda considera que aparte de los estudios de factibilidad se necesitan permisos y licencias del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) en el caso de la generadora con gas que se busca instalar en Petén. Además, los estudios ambientales y el análisis de conflictividad social en cada caso.

El Inde, en respuestas a Prensa Libre en varias ocasiones, ha defendido los proyectos y explicando su necesidad e importancia y beneficios que se obtendrían para la institución, además de estabilidad en las tarifas y garantía de estabilidad del aporte para el subsidio para le Tarifa Social.

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Tiempo parcial: Estas son las principales dudas de empresarios los primeros días del nuevo reglamento

Fri, 12 Jul 2019 11:00:25 +0000

A una semana de haber entrado en vigencia el reglamento para el trabajo de tiempo parcial (acuerdo 89-2019), las empresas buscan capacitarse para la implementación de esa modalidad.

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Las prestaciones pecuniarias (aguinaldo y bono 14, por ejemplo) se deben desembolsar en proporción con el salario que devenga o devengará el trabajador. Sin embargo, algunas no se pueden dar en forma proporcional, sino que se deben liquidar en su totalidad, incluso para el trabajo de tiempo parcial, se explicó.

Entre estas se cuentan la bonificación incentivo (de Q250 mensuales, según la ley), los 15 días hábiles de vacaciones y el derecho a la hora de lactancia, expusieron el viceministro de Trabajo, Francisco Sandoval, quien participó en el foro sobre el reglamento en mención con la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (Amcham).

Consultada al respecto, Ana Lucía Contreras, asesora legal y abogada de competitividad de Agexport, explicó que las empresas deben acondicionar la operación de manera que brinden prestaciones. “Las empresas deben tener clara esta modalidad. Aunque ya está establecida en el artículo 88 del Código de Trabajo, no era de amplia aplicación porque se esperaba más certeza con el reglamento” dijo.

Contreras recomienda las medidas que debe atender una empresa para esa modalidad.

Para empezar se debe tener claro que se trata de un trabajador común pero que no labora la jornada completa sino que puede variar entre 3, 4 o 5 horas según el modelo de negocio de la empresa que lo contrata, menciona la asesora.

Por ello agrega que se deben seguir todos los pasos contratación de igual forma que un trabajador de tiempo completo:

Leer el reglamento acuerdo 89-2019
Desarrolla el convenio 165,
Hacer el proceso de selección, que comúnmente se hace ya sea en la oficina de recursos humanos de la empresa o en alguna firma que presta esos servicios.
Suscribir el contrato de trabajo a tiempo parcial en el cual se debe incluir todos los derechos, obligaciones y condiciones que establece la ley.
Actualizar su reglamento interno de trabajo para establecer esa modalidad de trabajo a tiempo parcial.
Definir de forma clara y según la ley diferentes las prestaciones.
Presentar su planilla al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

Planilla del IGSS

Marcelo Richter, abogado laboralista, indicó que el reglamento es un instrumento positivo y que genera muchas expectativas, pero a su criterio se quedó corto, ya que no se establecen ciertas condiciones de contratación o de pago, entre estas las horas extras y la planilla del IGSS.

A criterio del experto, en el caso de la seguridad social también hicieron falta detalles en el reglamento, pues, aunque el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) es una entidad autónoma y tiene sus propias normas, el Ejecutivo debió establecer que debía modificar sus normativas para la incorporación de la nueva modalidad de contratación, a fin de establecer cómo se deben cumplir las obligaciones del patrono y los beneficios que brindará al afiliado.

“Estoy seguro de que el Seguro Social establecerá sus propios reglamentos, pero era mejor que se le hubieran establecido las pautas”, agregó.

Al respecto la Subgerencia Financiera del IGSS respondió a Prensa Libre este jueves las medidas que está tomando:

Se están realizando los estudios respectivos, para definir la forma en que los patronos deberán inscribir o reportar en planilla a los trabajadores que contraten a tiempo parcial ya sea en horario diario, semanal, quincenal y mensual, así como el salario mensual que perciban.
Con estos datos se definirá si es factible que se reporten en la misma planilla haciendo separación entre los que laboran a tiempo completo y parcial, o si es necesaria una adicional.
Agregó que para tener certeza de la contratación de un trabajador a tiempo parcial se está considerando requerir que presenten al IGSS la copia del contrato de trabajo, en el que conste que fue debidamente entregado a la dependencia del Ministerio de Trabajo respectiva (como en la Inspección General de Trabajo), tal como lo establece el Código de Trabajo en el artículo 28.
Este artículo establece obligaciones como presentar contrato por escrito y en 3 ejemplares, los cuales serán uno para el patrono, otro para el trabajador y otro para la Inspección de Trabajo.

Horas extras

Por aparte Richter expuso que al no estar definido de manera concreta cuántas horas o qué horario se pueden considerar una jornada de tiempo parcial, a los empresarios les surgen dudas acerca del tiempo que se debe pagar como extraordinario.

La otra duda se plantea en cuanto a las jornadas y horarios. En este caso, el experto ejemplifica que si se celebra un contrato de siete horas y el horario asignado es entre las 4 de la tarde y las 9 de la noche, se debe tomar como jornada mixta de tiempo completo o un contrato de tiempo parcial.

Contratos

Richter dijo que siempre que se haga una contratación de tiempo parcial se firme un contrato por escrito para cualquier tipo de puesto, a fin de tener certeza al respecto. Aunque algunos indican que las contrataciones pueden ser verbales, el experto no las recomienda.

Contreras agregó que los contratos deben notificarse, como el otro modelo, al Ministerio de Trabajo.

Mencionó que en una mesa técnica de dicho Ministerio se les explicó que no hay necesidad de un documento extra si un trabajador pasa de tiempo completo a tiempo parcial, sino que basta con el contrato.

Sin embargo, expertos y abogados recomiendan a las empresas que en esos casos los trabajadores firmen un documento de aceptación o consentimiento, y se agregue a su expediente, para evitar problemas posteriores.

No perder la atención

Contreras recomiendas a las empresas analizar, según su giro de negocio y horarios que este requiera, si puede hacer contrataciones de tiempo parcial.
Se debe tomar en cuenta que para una empresa tener varios trabajadores de tiempo parcial es una carga financiera y administrativa ya que en lugar de un puesto de trabajo debe manejar dos o más.
En el caso de horarios de las jornadas, considera que no es factible contratar en ciertos casos a una persona por 6 horas, pero si el negocio lo requiere debe pagar dos o más horas extras que tienen un costo más alto que la hora normal. En esos casos es preferible mantener la jornada completa, menciona.

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