Impulsan programas de educación financiera en gestión de riesgos climáticos

La Aseguradora Rural, S.A (ASRURAL) firmó un convenio con Servicios Inclusivos, Sociedad Anónima (SERINSA) para que en conjunto colaboren en la implementación de seguros inclusivos en entidades microfinancieras.

Vida Empresarial

14 de marzo de 2024 | 15:01h

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El ingeniero José Guillermo López, Gerente General de Aseguradora Rural, junto a Carlos Federico Sánchez Fábrega, presidente de SERINSA, al momento de firmar el convenio. Foto Prensa Libre: Cortesía

Este convenio se facilita el acceso a servicios financieros a los clientes de la red de instituciones microfinancieras y cooperativas afiliadas a REDIMIF, también se promoverá el diseño de soluciones de protección según el perfil de riesgos de cada segmento, se impulsará programas de educación financiera con enfoque en gestión de riesgos climáticos y la documentación de las buenas prácticas y lecciones aprendidas.

Los riesgos climáticos afectan cada vez más las regiones y poblaciones del país, especialmente las comunidades más vulnerables ya que, por su perfil y su actividad productiva de baja escala, no tienen acceso a los seguros tradicionales. Esto permite que los seguros paramétricos contra riesgos climáticos sean una alternativa sostenible y funcional para hacer frente al impacto de las pérdidas a causa de los desastres climáticos.

“El enfoque de la visión y misión de Aseguradora Rural están alineados con los objetivos estratégicos de SERINSA, por lo que la firma de este Convenio de colaboración para la implementación de seguros inclusivos en entidades microfinancieras permitirá facilitar el acceso a servicios financieros a los clientes de la red de instituciones microfinancieras y cooperativas afiliadas a REDIMIF, promover el diseño de soluciones de protección según el perfil de riesgos de cada segmento, también impulsaremos programas de educación financiera con enfoque en gestión de riesgos climáticos y trabajaremos en la documentación de las buenas prácticas y lecciones aprendidas,  lo cual permitirán la mejora continua de los esquemas de seguros climáticos para las comunidades en mayor riesgo”, manifestó Jose Guillermo López, Gerente General de Aseguradora Rural.

Desde el año 2014 Aseguradora Rural en colaboración con Microinsurance Catastrophe Risk Organization (MICRO) contribuyen con la implementación de alternativas de mitigación de los efectos del cambio climático, específicamente contra los riesgos de lluvia y sequía, por medio de coberturas de seguros adaptados a las características de los productores en los segmentos más vulnerables y desprotegidas de las coberturas de seguros tradicionales. En el evento oficial de la firma estuvieron presentes Carlos Federico Sánchez Fábrega, presidente de SERINSA, Paula Cortez y Christian Barón representantes de ADA LUXEMBURGO, Manuel García presidente de REDIMIF, Jorge Barrientos representante de MICRO en Guatemala, Jose Guillermo López cordón, Gerente General de Aseguradora Rural S.A.  y Oscar Chamale, director de Negocios de Aseguradora Rural.

Asimismo, por dos años y mediante de su programa Construcción Ciudadana, ha colaborado en la facilitación de encuentros con más de 80 representantes de las 17 municipalidades los departamentos de Guatemala y Quetzaltenango, generando una hoja de ruta para la implementación de la Estrategia Municipal de Atención a la Conflictividad (EDAC), en colaboración con el programa Tejiendo Paz, de Creative, también financiado por USAID.

“Estamos entusiasmados de continuar esta alianza con las nuevas autoridades. Juntos, seguiremos logrando avances y apoyando la sensibilización de ciudadanos éticos, solidarios y comprometidos con la transformación positiva de sus entornos. A través del diálogo, la práctica de valores y la construcción de una cultura de paz, aspiramos a seguir contribuyendo al bienestar de la sociedad guatemalteca”, manifestó Miguel Urruela, presidente de la Fundación Carlos F. Novella.

Los ciudadanos deportados, retornados y ex privados de libertad, pertenecen a un grupo vulnerable no atendido de gran impacto, donde la gran mayoría no recibe atención para una reinserción social efectiva.

Con esta colaboración estratégica, la Fundación Carlos F. Novella reafirma su compromiso en la formación de valores y desarrollo de competencias para la vida, el trabajo y la paz; así como su compromiso en la construcción de una ciudadanía participativa y responsable.

Con esta alianza y del crédito de USD&80 millones, la institución financiera promoverá créditos hipotecarios con enfoque sostenible y climáticamente inteligentes, así como financiar el desarrollo de pymes y empresas con una visión de responsabilidad social empresarial, proyectos con impacto ambiental para financiamiento particular personal, enfocados en contribuir con mejorar la calidad de vida de las personas.

“Esta alianza fortalece la relación que IFC tiene con el Grupo Financiero y reitera nuestro compromiso para seguir apoyando por medio del financiamiento a grandes proyectos sostenibles que operan o que iniciarán a operar en Guatemala y en la región centroamericana. Por eso, no dudamos del éxito que tendrá la firma de esta nueva alianza, que llega para agregar valor a nuestro portafolio de productos y servicios y se suma al resultado de estos años de trabajo conjunto que hemos realizado”, indicó Enrique Rodríguez Mahr, gerente general de Grupo Financiero G&T Continental.

Este crédito aportará capital secundario a Banco G&T Continental, para cumplir con los requisitos regulatorios vigentes en Guatemala y apoyar el  financiamiento que respalde el fortalecimiento de las empresas en el país, para reafirmar su compromiso de contribuir con el bienestar común y de impactar grandemente en la economía de la región.

“A través de nuestro trabajo, hemos visto de primera mano el poder transformador de la empresa privada en Centroamérica. Nuestro financiamiento a Banco G&T Continental pretende apoyar negocios con enfoque climático para aumentar la construcción de edificios y viviendas verdes en Guatemala y fortalecer el segmento de Pymes, aumentando la capacidad de otorgar créditos para que puedan seguir operando y creciendo”, agrega Sanaa Abouzaid, gerente de IFC en Centroamérica.

El financiamiento de IFC se combina con servicios de asesoría destinados para ofrecer su experiencia global y contribuir en su conjunto con Banco G&T Continental, se promueva el enfoque con impacto climático en estos financiamientos.  Esta inversión es parte de la estrategia del sector financiero de IFC en Centroamérica, que tiene como objetivo respaldar los grupos financieros regionales en el desarrollo de un sector financiero más sólido.

La institución promueve la reducción de las barreras para el acceso a empleo digno y promueve el reconocimiento y protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad.

Para garantizar las condiciones de las personas con discapacidad visual o auditiva en la comuna capitalina, se impartirán cursos de lengua de señas de Guatemala, para colaboradores y vecinos.

También se impartirán talleres en materia de derechos humanos de las personas con discapacidad  visual y auditiva, para que los colaboradores de la muni brinden excelentes servicios a estas personas, en un marco de respeto.

En la firma del acuerdo, participaron el alcalde Ricardo Quiñones, y la presidenta de la junta directiva del Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala.

“En Fundación Azteca Guatemala velamos por promover proyectos que protejan a la niñez y a la adolescencia, ya que como parte de nuestra misión es impulsar el desarrollo de la población guatemalteca”, indicó Maribel Rincón, directora de Fundación Azteca Guatemala y Honduras.

El año 2010 vio nacer al Sistema de Alertas Alba-Keneth, con el objetivo de realizar acciones coordinadas y articuladas que permitan la localización y resguardo de los niños, niñas y adolescentes que fueron sustraídos o desaparecidos, dentro de la normativa se creó la Coordinadora Nacional del Sistema de Alerta ALBA-KENETH, y se le asignó a la Procuraduría General de la Nación para que la presida.

El brazo social de Grupo Salinas, creado en el año 2008, tiene como misión ser una organización que impulsa tanto responsabilidad social empresarial, como conciencia social. También tiene como objetivo brindar a la población guatemalteca proyectos de esperanza en las áreas más afectadas y sectores vulnerables. Fundación Azteca beneficia principalmente a los niños y jóvenes del país.

“La Procuraduría General de la Nación, como institución que preside la Coordinadora Nacional del Sistema de Alerta Alba Keneth, se congratula en establecer ésta alianza estratégica que favorecerá las acciones urgentes de búsqueda, localización y resguardo inmediato de las niñas, niños y adolescentes reportados como desaparecidos o sustraídos, por medio de la divulgación de los boletines de alertas Alba-Keneth, lo que redundará en la protección de los derechos fundamentales de la niñez y adolescencia guatemalteca garantizando su interés superior”, comentó Jorge Luis Donado, Procurador General de la Nación.

Para divulgar las alertas, Grupo Azteca pone a disposición sus redes sociales y su canal de televisión, esto, para ser una ruta más para la localización inmediata de los menores.

“Este convenio contribuirá a ampliar la base tributaria para crear un círculo virtuoso, tomando en cuenta que la recaudación del impuesto que los establecimientos de hospedaje trasladan al INGUAT, se utiliza en acciones de fomento, promoción y mercadeo de Guatemala como destino turístico a nivel nacional e internacional. Agradezco la apertura y colaboración de la SAT para lograr estrechar este lazo interinstitucional”, indicó Mynor Cordón, director general del Inguat.

También se espera mejorar los procesos de identificación de las empresas que prestan servicio de hospedaje, teniendo acceso a información más actualizada, con lo cual se mejoran los procesos de inscripción de establecimientos de hospedaje, así como los procesos administrativos para una recaudación más óptima de impuestos de hospedaje que los establecimientos retienen a los usuarios y trasladan al Inguat.

“Estas alianzas estratégicas nos permiten ser más eficientes en la búsqueda del cumplimiento voluntario de los contribuyentes, así como el pago oportuno de los impuestos y la fiscalización por sectores. Con las herramientas digitales que hemos desarrollado en SAT, estamos avanzando en la ampliación de la base tributaria y el mejoramiento en la recaudación de impuestos, lo cual se traduce en mejores servicios y oportunidades en el sector turístico, con el objetivo de contribuir por el país que todos queremos”, expresó Marco Livio Díaz, Superintendente de Administración Tributaria.

Con la firma de este convenio entre las dos instituciones, se busca darle cumplimiento a la Política General del Gobierno del Presidente Dr. Alejandro Giammattei, el pilar de Economía, Competitividad y Prosperidad, el cual establece al turismo como uno de los motores económicos más importantes, derivado del potencial turístico con el que cuenta el país.

“Para nuestra organización y sus marcas, es primordial impulsar alianzas sólidas, inclusivas e integradas a todos los niveles, que permitan abordar esta problemática, porque sabemos que a la vez también se genera oportunidades de vida para los guatemaltecos”, expresó José Miguel Torrebiarte, director de Progreso.

Progreso y PCI-GC firmaron un acuerdo de colaboración que viene a reforzar la alianza para apoyar a las familias que fueron afectadas. Esto se realizará por medio de iniciativas como la Política de Mejoramiento de barrio y el Programa de Reconstrucción en 5 municipios de Huehuetenango.

“Con este tipo de alianzas que reafirmamos nuestro compromiso para seguir contribuyendo para alcanzar nuestro propósito trascendente: Construir juntos el país donde queremos vivir, para que los guatemaltecos puedan ser gestores de su propio desarrollo en su país y no tengan la necesidad de migrar”, indicó José Raúl González, CEO de Progreso

Dentro de los objetivos de esta alianza es el apoyar a las empresas socias de Cámara de Industria, en sus procesos de digitalización de sus procesos, tener mayor eficiencia en operación y continuar creciendo.

“Estamos muy contentos de firmar este convenio con Cámara de Industria de Guatemala. Desde nuestra institución, promovemos la mejora continua para ser cada día más eficientes, apostamos por la tecnología como una herramienta que nos permita ser más ágiles y que mejor manera de apoyar en la dinamización y el crecimiento de los micro, medianos y grandes empresarios de nuestra nación guatemalteca”, indicó Luis Lara, director corporativo y gerente general de Banco Industrial.

Este acuerdo busca acompañar en la administración de los recursos con el manejo de la planilla, líneas de créditos personales, fomentar el ahorro e incentivar las finanzas personales. Además, dispondrán del mejor servicio de asistencia médica prehospitalaria del país con Alerta Médica, que tiene atención en la ciudad capital, Antigua Guatemala y Quetzaltenango.

“Banco Industrial forma parte del legado de Cámara de Industria hacia el sector productivo formal del país, con esta alianza seguimos demostrando la principal razón que motivó su creación: ser un apoyo para la industria y para la bancarización del sector. Con este convenio estamos haciendo que banca y empresa sigan acercándose para que las empresas sigan creciendo y generando los empleos que tanto necesita nuestro país. Esta alianza beneficia principalmente a las pequeñas y medianas empresas, las cuales forman el 80% de nuestros socios”, expresó Eduardo Girón, presidente de Cámara de Industria de Guatemala.

Por medio de esta alianza también se busca brindar las mejores soluciones, que garanticen a cada necesidad financiera de los empresarios, como asesorías personalizadas, y ofreciendo productos, servicios y herramientas que les permitan llevar sus negocios a otro nivel.

“El compromiso del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala es promover la plena inclusión de las personas con discapacidad visual y auditiva. Esto en un marco de respeto a los derechos humanos”, expresó María de los Ángeles, presidenta de la Junta directiva del Comité de Pro Ciegos y Sordos de Guatemala.

Con este compromiso, esta cadena de supermercados continúa creando más oportunidades laborales para los guatemaltecos, con el compromiso de contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas.

“Unir esfuerzos con el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala representa para Walmart dar un paso adelante y fortalecer un compromiso que involucra a varios actores en la sociedad, del que todos somos parte. Concretar acciones, intercambiar experiencias y llevar a la realidad estos programas es lo que permite abrir puertas y ampliar las posibilidades del mercado laboral para las personas con discapacidad. Este es un camino que se recorre en equipo y son estas alianzas las que nos ayudan a avanzar”, comentó Gunther Echenique, gerente de recursos humanos de Walmart Guatemala.

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La ministra de Salud Amelia Flores y el titular del Ministerio de la Defensa Juan Carlos Alemán firmaron el convenio de cooperación interinstitucional el viernes 2 de julio. El objetivo es que miembros del Ejército elaboren mascarillas quirúrgicas para el sector de Salud, uno de los insumos obligatorios en medio de la pandemia.

La máquina fue donada por la Fundación Mapfre hace una semana y estará ubicada en la Guardia Presidencial.

“En la industria militar tenemos persona que su trabajo es fabricar mascarillas, no del mismo tipo de mascarillas quirúrgicas, pero si hay un conocimiento previo entonces se entrenó a ese personal y se les asignó” mencionó El Coronel Juan Carlos Paz.

Son 5 miembros del Ejército los que fueron capacitados para poder utilizar esta máquina. En cada turno se necesitarán, por lo menos, tres personas y la máquina fabrica entre 4 mil 500 y 4 mil 600 mascarillas por hora.

Las mascarillas son quirúrgicas, desechables de doble filtro con recubierta de polietileno. Son hipoalergénicas sin latex y tienen una evaluación de la eficiencia de la filtración bacteriana de 95%.

Ejército no cobrará por la elaboración

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social será el encargado de brindar los insumos para la elaboración de las mascarillas, entre ellos tela, hilo y elástico.

El coronel Paz recalcó que el Ministerio de la Defensa no está recibiendo dinero, la fabricación la harán miembros del Ejército sin cobrar.

“Por este trabajo no van a recibir un sueldo extra o se va a cobrar algo, no. Esas personas están contratadas como operarios en la industria militar y ese trabajo es el que van a hacer, el Estado n va a incurrir en ningún gasto, ni nada de eso” agregó el coronel Paz.

Las mascarillas, además de que serán entregadas al personal médico, también se repartirán a la población vulnerable.

Con este acuerdo, se formaliza la cooperación que han tenido las dos instituciones en beneficio de las personas con discapacidad en el país. Esto permitirá la implementación de políticas y estratégias que fortalezcan el acceso a la justicia a este grupo de personas, promoviendo la  justicia con igualdad y equidad para todos.

Este convenio permitirá al MP coordinar con el Comité acciones para la reducción de las barreras de acceso a la justicia para las personas con discapacidad auditiva y visual, poniendo en práctica el lema: ¡Por una Guatemala Inclusiva!

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El convenio se firmó en el 2017, y se prorrogó un año más, para el 2018, plazo en el que surgió el desacuerdo indicaron ambas partes.

Ese aspecto llevó a la compañía española a plantear una demanda contra el Inguat ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Guatemala, caso que fue asignado a la Sala Sexta, informó por correo electrónico Juan Antonio Tarjuelo de la oficina de prensa de la compañía aérea. El documento contemplaba diversas acciones comerciales y de marketing explicó.

En tanto el director del Inguat, Jorge Mario Chajón, dijo ayer que no han sido notificados al respecto, pero expuso que una de las acciones era la colocación de publicidad y promoción del país en medios extranjeros por medio de la aerolínea ya que salía a costos más bajos.

Por parte de la aerolínea se indicó que solo han recibido el pago o importe correspondiente al año 2017 pero que les adeudan el pago de las facturas por dichas acciones de marketing y comerciales correspondiente al 2018.

Aunque lo requirieron en varias ocasiones posteriormente optaron por la vía judicial, agregó la empresa, pero mencionó que no podría dar más detalles respecto del monto adeudado o una posible indemnización que puedan requerir porque ya se encuentra en la vía judicial.

Chajón explicó que se le propuso a la empresa en varias ocasiones una salida al tema, pero no fue aceptado en tanto aseguró que “el Inguat no pagará algo que no le conviene al Estado”.

El funcionario dijo que el instituto se comprometió a hacer cierta publicidad para poder promover los vuelos y a Wamos le correspondía mantener una temporada de vuelos durante el año.

Según el director, la empresa cumplió en el 2017, pero en el 2018 dejó de operar los vuelos antes de la fecha establecida, por lo que el Inguat considera que la aerolínea incumplió sus compromisos y se decidió solo pagarle en forma proporcional.

El monto en disputa por el año 2018 es de dos terceras partes del total según medios internacionales, dato también mencionado por Chajón.

Según la aerolínea el objeto del contrato no es el número de vuelos que debía hacer Wamos a Guatemala, sino las campañas llevadas a cabo desde nuestra compañía para promocionar el destino, a través de numerosas campañas de marketing y publicidad, así como el uso de los equipos comerciales para la compañía y ventas para tal fin.

El número de vuelos “es materia totalmente ajena al convenio de colaboración y al pago de las facturas que están siendo reclamadas por parte de Wamos Air en este procedimiento judicial” añadió la empresa.

“La erupción del volcán de fuego tuvo un gran impacto en el 2018 lo que causó que diversas compañías tuviesen que cancelar operaciones. A pesar de ello, Wamos Air redujo su operación en tan sólo 4 vuelos de un total de 24 rotaciones previstas en el programa”, agregó.

En el 2019 ya no operó hacia el país.

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Durante la reunión de alcaldes auxiliares de la Ciudad de Guatemala efectuada en la comuna, representantes del Banco Mundial firmaron un convenio para comenzar con el proyecto.

Los US$125 mil que otorgará el Banco Mundial servirán para que se haga una consultoría y se determine si es factible llevar a cabo el proyecto en sectores de dichas zonas, de concretarse se recuperarán áreas verdes y se construirán edificios para vivienda y áreas de comercio.

El alcalde capitalino, Ricardo Quiñonez, explicó que el proyecto sería similar a la revitalización que se hizo en Cuatro Grados Norte, zona 4, y en la 6a. avenida de la zona 1.

“Habrá un equipo de consultoría que se encargará de asesorar el proyecto, el plan maestro es para 30 años, serán planes permanentes para que se ejecuten en los barrios. Hemos logrado una activación económica en otros lugares como Cuatro Grados Norte y en el Paseo la Sexta, donde se han mejorado banquetas y parques peatonales y el sector privado ha invertido, lo que se busca es activar los polos económicos”, refirió.

Homa-Zahra Fotouhi, representante del Banco Mundial, precisó que con este tipo de proyectos de renovación urbana se busca mejorar las condiciones de vida de la población, del medio ambiente y la generación de empleo y vivienda.

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“Es la primera vez que se tiene una alianza con la municipalidad. Todo surgió en el programa de Ciudades Resilientes que se realizó en Tailandia, el equipo dio a conocer lo que querían hacer con esa zona, había 30 presentaciones y Guatemala ocupó el tercer lugar y ganó el proyecto”, refirió.

“La ciudad no tiene los recursos necesarios y se ayudará a preparar un proyecto que se pueda financiar, para el proyecto la asistencia será de US$125 mil dólares que nosotros financiaremos, hasta  ahora todo se hizo muy rápido y esperamos que se tenga algo en algunos meses”, dijo Fotouhi.

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Según el Ministerio Público (MP), se acordó de manera “conciliatoria” mantener la coordinación interinstitucional efectuada hasta la fecha, para que la agencia fiscal especial ubicada en el aeropuerto continúe en sus funciones, aspecto que se hará de conocimiento del tribunal constitucional correspondiente.

El 10 de enero último la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) dio por terminado un convenio de cooperación con el MP y expulsó del Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA), a la agencia fiscal que se había inaugurado junto con la Embajada de EE. UU. para el combate del narcotráfico, principalmente.

En el comunicado, el MP también se explicó que el acuerdo de conciliación se hace “conscientes de los principios fundamentales recogidos en la Constitución Política de la República de Guatemala y que inspiran la organización del Estado para proteger la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona”.

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En el comunicado se especifica que de la misma manera se acuerda mantener el espíritu del convenio previamente firmado y para el efecto se ha instalado una mesa técnica que coadyuve en la facilitación, actualización y agilización de los procedimientos dentro del marco de las funciones de cada institución y de los estándares internacionales.

“Con ello se busca que aeronáutica civil pueda continuar con los protocoles de seguridad y garantizar el cumplimento de los convenios internacionales aceptados y ratificados por Guatemala”, se indicó.

El problema

La decisión de dar por concluido el convenio se da luego de la diligencia que ordenó la fiscal general para permitir el ingreso de un investigador de la Cicig el domingo pasado.

Francis Argueta, director de Aeronáutica Civil, señaló que de ahora en adelante los fiscales del MP tendrán que hacer de forma obligatoria los procesos para ingresar a la terminal aérea.

“En ningún momento estamos diciendo que vamos a dejar de colaborar con ellos. El único cambio es que no estarán más dentro del aeropuerto con una oficina física”, justificó Argueta.

El 26 de mayo de 2016 las autoridades de la DGAC y MP firmaron un convenio con el objetivo de que una agencia fiscal que tiene como objetivo atender los delitos cometidos en el Aeropuerto Internacional La Aurora tuviera un espacio físico en el lugar.

En la ceremonia de inauguración también estuvo presente el agregado de negocios de la Embajada de EE. UU. quien apoyó la iniciativa desde su creación.

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Ejecutivos de Agexport consideran que sería posible, pero opinan que también se debe generar una política de atracción de inversiones y otras condiciones.

Aguilera explicó que las 50 mil plazas a las que se refiere incluyen empleos nuevos y otros que actualmente se registran en la informalidad.

El Convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece los estándares para el empleo a tiempo parcial y que se basa en los principios de proporcionalidad y no discriminación, fue aprobado por el Congreso con el decreto 2-2017, hace 23 meses. Sin embargo, aún no se puede aplicar esa figura, porque necesita regulación.

Aguilera dijo que el convenio sugiere que puede normarse por una ley o por un reglamento. En la actualidad existe una propuesta de reglamento efectuada por el Ministerio de Trabajo que se encuentra en revisión en la Secretaría General de la Presidencia, y en el Congreso hay una iniciativa de ley para la cual algunos diputados buscan votos, añadió.

Los dos están en proceso de discusión y esperaríamos finalizar este proceso pronto para poder implementar esta figura, mencionó el funcionario.

“Esa regulación es necesaria para generar empleo, y lejos de menoscabar los derechos laborales vendría a fortalecer a los guatemaltecos que actualmente trabajan a tiempo parcial pero en la informalidad, sin derechos laborales, prestaciones o seguridad social”, comentó.

Agregó que se necesita generar oportunidades laborales, ya que 190 mil jóvenes se gradúan cada año y solo el 20% tiene la posibilidad de acceder a un empleo formal.

Fanny D. Estrada, directora de relaciones institucionales de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), refirió que, según su naturaleza, hay diferentes sectores de industrias y empresas que podrían generar empleos de tiempo parcial.

Cree que el número mencionado por el ministro podría lograrse, pero acompañado de una política de atracción de inversiones que generen incentivos y certeza jurídica.

Por ejemplo, explicó que el sector de servicios tercerizados y de atención telefónica les ha mencionado que tiene 35 mil empleos en la actualidad, pero que podrían llegar a 50 mil, para lo cual el trabajo a tiempo parcial es uno de los aspectos.

Se generarían 15 mil empleos. Esa figura de contratación es solo un aspecto en ese sector, ya que también deben tener en el país el recurso humano que hable inglés, aspecto en el que han afrontado dificultad y también ha afectado el tipo de cambio.

La industria de servicio de atención telefónica, servicios médicos y desarrolladores de software requieren de jóvenes que están cerrando su carrera en universidades. Tanto en ese sector, como en otros, también puede haber oportunidades para amas de casa que necesiten trabajar media jornada, ya que puede ser en turismo, hotelería, restaurantes, enfermería o en clínicas médicas, añadió la ejecutiva.

Según D. Estrada, el convenio 175 acerca del trabajo parcial es una herramienta que genera certeza jurídica en ese tipo de contratación ya que las empresas extranjeras son delicadas para el cumplimientos de la leyes en cada país y son muy formales.

“Es un aspecto que suma para abrir la atracción de inversiones, pero falta una política y una ley de promoción de inversiones, recuperar las y recuperar la ley de zonas francas”, mencionó.

El ministro Aguilera coincidió con eso, y mencionó que “para la atracción de inversiones Guatemala debería empezar por la ley de zonas francas, incentivos fiscales y no fiscales y atraer empresas que generen tanto mano de obra masiva y mano de obra calificada que sea mejor pagada”.

El trabajo de tiempo parcial puede ser de cuatro a seis horas y la persona debe tener derecho a todas sus prestaciones de ley, como el aguinaldo, bono 14, indemnización, vacaciones y seguro social.

El país debe establecer medidas legislativas para asegurar que los trabajadores de tiempo parcial no perciban un salario que calculado proporcionalmente sea inferior al salario base de los trabajadores de tiempo completo que estén en una situación comparable, se añadió.

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El funcionario indicó que este proceso de compra conjunta también favorecerá a la transparencia, pues tanto el ministerio como el IGSS realizan adquisiciones a través de instituciones internacionales, como OPS, UNOPS y Comisca, lo que garantiza que los fondos no sean utilizados para otro fin. También se reducirá el tiempo para que las medicinas lleguen a los hospitales. 

“Un evento de licitación lleva entre seis  u ocho meses, para que lo boten, ya nos quedamos sin medicamentos ese año. Con Comisca, es más fácil, en dos meses tenemos los medicamentos como hicimos con los hospitales San Juan de Dios y el Roosevelt, hacemos nuestra lista, se la entregamos y nos devuelven las medicinas. Los mecanismos internacionales que tenemos de compra son transparentes y más rápidos”, agregó Soto.

Carlos Contreras, presidente del IGSS, mencionó que este convenio marca la apertura de la institución que hasta ahora era “hermética”, pero no afectará su autonomía. Además de la compra de fármacos permitirá la cooperación en farmacovigilancia para garantizar la calidad de estos.

“Esta coordinación marca pasos importantes del IGSS para la coordinación con ministerios como Finanzas y Trabajo, en el marco de un esfuerzo para la aprobación de la cobertura universal”, refirió.

El presidente del IGSS mencionó que los modelos de adquisición de medicamentos adoptados por la institución han permitido una reducción importante de gastos en las compras, que asciende a Q400 millones. Ahora, también, cuentan con un nuevo litado de medicinas con alrededor de 600 códigos. Estas mejoras son las que compartirán con la cartera de Salud. 

Otros beneficios

El convenio también contempla la cooperación entre las dos instituciones en temas de investigación, así como en la capacitación del talento humano profesional, y en la distribución de medicinas. Ambas instituciones compartirán protocolos de atención a los pacientes.

El Ministerio de Salud también coordinará con el IGSS la atención a pacientes que requieren trasplantes de riñón, ya que el Sistema de Salud Pública no se da abasto para atender a la población que requiere de este procedimiento. 

Para poner en marcha el convenio se establecerá una mesa técnica de carácter permanente, que establecerá las agendas a trabajar. Esta estará integrada por grupos de trabajo de delegados del ministerio y del IGSS para dar seguimiento a las acciones conjuntas.

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Algunos exintegrantes de Codeca explicaron que fue preferible regularizar el servicio debido a que, en los procesos judiciales, esta organización campesina abandonó a sus simpatizantes, quienes decidieron iniciar con una mesa de dialogo.

Este proceso fue promovido por el diputado suplente al Parlamento Centroamericano, Felipe Sac, exmiembro de Codeca, quien comentó: “Este convenio era importante para dar fin a la ilegalidad y lograr la integración de forma legal a la red de distribución de energía eléctrica en Nahualá”.

Según registros de Energuate, en Santiago Atitlán, San José Chacayá y Santa Catarina Ixtahuacán también se tiene conocimiento que hay conexiones anómalas a diferencia de la cabecera departamental, en donde la mayoría de vecinos cumplen con su responsabilidad de pago.

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A escala nacional, los departamentos que registran más casos de conexiones anómalas son San Marcos, Huehuetenango, Suchitepéquez, Alta Verapaz y Jutiapa.

Martín Guarchaj, líder comunitario, expresó: “Cuando formamos Codeca, la mayoría de integrantes estuvimos en una resistencia, pero después de realizar varios análisis y diálogos con los exmiembros decidimos formalizar esta decisión. Ahora esperamos que el Estado vele por las garantías constitucionales sobre la ley de energía eléctrica”.

El pasado 8 de mayo el ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, urgió al Congreso la ratificación de esa normativa porque Guatemala corría el riesgo de ser declarada como un paraíso fiscal.

“La ratificación hará que el país brinde certeza jurídica a los inversionistas, mejorará la recaudación fiscal y evitará la defraudación aduanera y el contrabando” , según Estrada.

Además, la Convención busca que el país cumpla con los estándares internacionales de transparencia e intercambio de información fiscal.

Julio Héctor Estrada, ministro de Finanzas, por medio de un comunicado de Prensa, explicó que con la aprobación se procederá a informar a la OCDE porque el plazo para aprobar dicha norma estaba en el límite.

Agregó, que se comenzará a realizar la gestión ante el Foro Global Sobre Transparencia y el Intercambio de Información con fines fiscales para salir de la lista de países no cooperantes.

Con esta ratificación, Guatemala será parte del grupo de más de 100 países para intercambiar información fiscal.

Estas acciones tienen como fin, el fortalecimiento de la capacidad fiscal del Estado, mejorando su transparencia y rendición de cuentas a través del intercambio de información con fines fiscales a nivel global.

El Congreso ratificó la semana pasada el convenio 175 de la Organización Internacional de Trabajo. Sin embargo, para implementar la medida aún es necesaria la aprobación de la iniciativa de Ley 3416.

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El sector sindical se opone a esos cambios, argumentando que temen que se vulneren los derechos laborales de los guatemaltecos y sería inconstitucional porque las empresas dejarían de pagar prestaciones y beneficios laborales.

Ninoshka Linde, gerente del sector de Contact Center y BPO asegura que este convenio beneficia a los trabajadores, más que a los empleadores y fortalece el comercio.

Luis Linares, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), opinó que la medida no creará más empleo, sino lo abaratará y generará condiciones más precarias, según se ha observado en países desarrollados como España y Holanda.

El departamento de Comunicación Social del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) informó que algunos patronos han contratado a trabajadores por un tiempo parcial, pero han omitido el pago de las cuotas al seguro social, situación que ha requerido que los inspectores verifiquen su cumplimiento.