Aunque aún deberá pronunciarse el pleno de ese órgano legislativo, la acusación formulada contra el mandatario por la Fiscalía había sido apoyada por el instructor de la comisión, Sergio Zveiter, pero el informe que en ese sentido presentó el pasado lunes fue rechazado hoy por 40 votos, frente a 25 que lo respaldaron.

Durante dos días, y casi sin interrupciones, la comisión efectuó una maratoniana sesión en la que más de un centenar de diputados se manifestó sobre la denuncia, que en caso de ser acogida llevaría a Temer a un juicio penal, que le suspendería de su cargo durante 180 días, y a su eventual destitución.

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Fiscalía acusa a Temer de corrupción; Prensa pide renuncia

En esa instancia, será necesaria una mayoría de al menos dos tercios de los 513 votos posibles (342) para que se autorice a la Corte Suprema a instaurar el juicio que sacaría a Temer del poder, al menos durante los seis meses que duraría el proceso.

La votación del informe elaborado por el instructor fue votada este jueves en la comisión, y posteriormente, en una fecha que aún no ha sido definida, el pleno de la Cámara baja será convocado para manifestarse sobre el asunto.

La decisión definitiva podría quedar pendiente hasta agosto, ya que el Parlamento entrará en receso el martes próximo.

Aún así, existe la posibilidad de que el inicio del receso sea prorrogado, a fin de dar lugar a la votación que dejará sellada la suerte de Temer, el primer mandatario brasileño acusado de un delito de carácter penal en pleno ejercicio del poder. 

Tras haberse conocido los señalamientos, el Instituto Lula emitió un comunicado en el que rechazó las acusaciones y dijo que el exmandatario no comentaría ninguna declaración bajo sigilo en la Justicia “filtrada selectivamente y de forma ilegal”.

Odebrecht fue condenado a 19 años de prisión en uno de los procesos vinculados a la gran red de corrupción en Petrobras, en la que la constructora que dirigía es una de las más salpicadas por los desvíos.

Las autoridades comprobaron que ese exclusivo grupo obtenía contratos amañados con Petrobras, inflaban los valores y repartían las diferencias entre directores de la petrolera estatal y partidos políticos que amparaban la práctica y legislaban a favor de estas empresas.

El caso Petrobras investiga el mayor caso de corrupción de la historia de Brasil desde hace tres años y por la que han sido detenidos decenas de empresarios y políticos debido a su participación en la red de corrupción destapada en el seno de la petrolera estatal.

Las confesiones del delator, en el testimonio que rindió luego de haber llegado a un acuerdo con la Fiscalía para colaborar en la investigación del escándalo de corrupción en la petrolera estatal a cambio de reducción de sus condenas, fueron filtradas este sabado por algunos diarios brasileños que dijeron haber tenido acceso a los documentos.

Machado detalló los pagos que hizo al presiente del Senado, Renán Calheiros, al expresidente brasileño José Sarney y al senador Romero Jucá, que fue nombrado por Temer ministro de Planificación pero tuvo que renunciar al cargo a los pocos días tras la divulgación de las primeras denuncias del delator.

El expresidente de Transpetro, la subsidiaria de Petrobras responsable del transporte de crudo y derivados, afirmó que los sobornos que recibió por favorecer a grandes empresas con millonarios contratos de la estatal fueron distribuidos entre los miembros del Partido del Movimiento Democrático Brasileño  (PMDB) que lo indicaron para el cargo y lo ayudaron a permanecer 13 años en el comando de la empresa.

Machado fue nombrado presidente de Transpetro después de la llegada al poder de Luiz Inácio Lula da Silva en 2003 y se mantuvo en el cargo hasta 2015, primer año del segundo mandato de la presidenta suspendida, Dilma Rousseff, cuando renunció por las denuncias de que participó en la red que desvió recursos de Petrobras.

Machado también citó como beneficiarios de las corruptelas a otros dirigentes del PMDB, como el exministro de Minas y Energía Edisao Lobao.

Los tres figuran entre los tres principales dirigentes del PMDB, el partido del que Temer es presidente licenciado y Jucá presidente en ejercicio.

Testigo clave

Machado viene divulgando desde hace dos semanas una serie de grabaciones de conversaciones que tuvo con los dirigentes del PMDB en las que discuten sobre estrategias para detener las investigaciones sobre las corruptelas en Petrobras que pueden comprometerlos.

El mayor escándalo de corrupción en los últimos años en Brasil ya ha mandado a la cárcel a decenas de ejecutivos de importantes empresas constructoras y tiene bajo su mira a más de un centenar de políticos, incluyendo a los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, ambos del PMDB.

El PMDB, la mayor fuerza política de Brasil y liderada por el ahora presidente interino del país, es uno de los partidos con más dirigentes salpicados por el escándalo.

La primera de las filtraciones de las grabaciones de Machado obligó a Jucá a renunciar al cargo de ministro de Planificación en la que fue la primera crisis del nuevo Gobierno desde que Temer asumió la Presidencia el 12 de mayo para sustituir a Dilma Rousseff, suspendida del cargo mientras el Senado la somete a un proceso de destitución.

Jucá renunció después de haber propuesto en una conversación un pacto de políticos con la Corte Suprema para limitar el número de investigados por el escándalo de Petrobras.

La operación en Argentina incluye la venta del 67.19% de la participación que Petrobras tenía en Petrobras Argentina  (PESA), pero excluye dos importantes yacimientos de gas en el Río Neuquén (Argentina) y en Bolivia, según un comunicado.

La compañía brasileña se quedará la participación del 33.6% que posee en la concesión del Río Neuquén, unas áreas con gran potencial de producción de gas natural, así como el 100% de su participación en Colpa Caranda, unos campos de producción de gas natural en Bolivia.

En Chile, Petrobras se deshizo del 100% de sus activos en Petrobras Chile Distribución (PCD) y se los vendió al fondo de inversiones Southern Cross, que gestiona activos por US$2 mil 900 millones en diferentes sectores industriales y de logística en América Latina, según un comunicado de la petrolera.

PCD es la compañía de distribución de combustibles de Petrobras en Chile y posee 279 puestos de servicio, además de ocho terminales propios de distribución, operaciones en once aeropuertos, participación en dos empresas de logística y una planta de lubricantes.

Ambas operaciones dependen de la aprobación de los consejos de administración de las empresas implicadas y del beneplácito de los organismos reguladores.

El plan de desinversiones de Petrobras iniciado el año pasado contempla la venta de activos por US$15 mil 100 millones hasta el final de este año.

Petrobras pretende acometer una reestructuración para reducir su tamaño, hacer frente a la grave crisis provocada por el escándalo de corrupción del que es protagonista y adecuar la empresa a una coyuntura negativa, con el barril de crudo más barato en una década.

La empresa calcula en cerca de US$2 mil millones sus recursos que fueron desviados por la red de corrupción destapada en el 2014 y que ha salpicado a una veintena de grandes compañías privadas y a medio centenar de políticos, incluidos ministros, senadores y diputados principalmente de los partidos oficialistas.

El primer recurso fue presentado ante el magistrado Teori Zavascki, responsable de dos causas abiertas en el Supremo que cuestionan el nombramiento de Lula como ministro, y la segunda fue dirigida al presidente de la corte, Ricardo Lewandowski.

El segundo recurso está firmado por seis renombrados juristas y, al igual que en el primero, solicita que el Supremo anule la decisión tomada el pasado viernes por un magistrado de esta corte ordenando la suspensión cautelar del nombramiento de Lula como ministro.

En esa decisión cautelar tomada el pasado viernes, el magistrado del Supremo Gilmar Mendes anuló el nombramiento de Lula como ministro, con lo que le privó del fuero privilegiado asociado a ese cargo y ordenó que su causa regrese al tribunal de Curitiba dirigido por el juez Moro.

Este juez es responsable de haber aplicado 93 condenas en los últimos dos años a implicados en el caso de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, también ordenó que Lula fuera interrogado en una comisaría el pasado 4 de marzo y puso escuchas telefónicas para investigar al expresidente.

En ambos recursos, los abogados de Lula argumentaron que el magistrado Mendes se excedió en sus competencias al tomar una decisión sobre la jurisdicción del proceso abierto en contra del exmandatario, que es investigado por supuestos delitos de lavado de dinero y falsificación.

Por ello solicitaron a otro juez del Supremo, Teori Zavascki, que anule la decisión de su colega de forma cautelar, hasta que el pleno de la Corte analice el caso.

Escuchas

En su solicitud, los abogados argumentan que el juez Moro puso escuchas “ilegales”  contra Lula, su familia y contra el bufete de abogados que le representa y después ordenó la divulgación de las grabaciones, incluyendo conversaciones entre el expresidente y su sucesora, Dilma Rousseff.

La fiscalía acusó a Lula formalmente de los delitos de lavado de dinero y falsificación, por supuestamente haber ocultado que es dueño de un apartamento de lujo en un edificio de la constructora OAS, una de las empresas implicadas en las corruptelas del caso Petrobras.

De forma paralela, la Abogacía del Estado también anunció que recurrió la decisión del Supremo para conseguir que la corte le permita asumir el cargo de ministro de la Presidencia.

En su sentencia, que tiene carácter cautelar y deberá ser refrendada o revocada por el pleno del Supremo, Mendes consideró que el nombramiento se realizó “claramente”  con el propósito de “impedir”  un posible arresto de Lula.

Denuncian “intimidación”

El Instituto Lula denunció el domingo una campaña de “intimidación”  judicial y mediática contra el expresidente brasileño, investigado por corrupción, y junto a sus abogados pidió que la corte suprema anule el bloqueo de su nombramiento ministerial.

    “Lula no ha sido acusado de ningún crimen, incluso después de haber sido sometido a una verdadera invasión -de su vida privada- y a intimidaciones en los últimos meses”, dijo el instituto, que denunció asimismo un “acoso mediático”.

La revista IstoÉ publicó el jueves supuestas afirmaciones del senador oficialista Delcidio Amaral en las que acusó a la mandataria de intentar obstruir la investigación de Petrobras con el nombramiento de un juez de apelación afín a su gobierno y al expresidente Luiz Inacio Lula da Silva  (2003-2010) de estar al tanto de la trama de corrupción.

Ataque a la reina

El artículo encendió la ira del Gobierno y la propia Rousseff advirtió indignada de que las filtraciones a la Prensa no pueden ser usadas como un arma política. La mandataria no mencionó a Amaral, implicado en el “Petrolao”, y que según la publicación habría acordado colaborar con la justicia para reducir una eventual condena.

“Las filtraciones apócrifas, selectivas e ilegales deben ser repudiadas y tener su origen rigurosamente investigado, ya que hieren la ley, la justicia y la verdad”, dijo Rousseff en un comunicado.

“Repudiamos, en nombre del Estado democrático de Derecho, el uso abusivo de filtraciones como arma política”, porque “no contribuyen para la estabilidad del país”, añadió.

El abogado general del Estado y exministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, también asumió la defensa de la jefa de Estado y dijo que las acusaciones eran “un conjunto de mentiras”.

La fiscalía de la República informó que no existe un acuerdo de colaboración con Amaral, exlíder del gobernante Partido de los Trabajadores  (PT) en el Senado y una de las espadas de Rousseff en el Congreso, hasta que fue arrestado acusado de obstaculizar el caso Petrobras.

Las llamadas delaciones premiadas solo se vuelven públicas si las homologa la Corte Suprema.

Amaral pasó casi 90 días encarcelado por ofrecer dinero y una ruta de fuga a uno de los exdirectivos de Petrobras que están detenidos y desde mediados de febrero enfrenta su proceso en libertad.

El senador emitió el jueves un comunicado en el que no confirma las afirmaciones que le atribuyó IstoÉ y que fueron particularmente duras con Lula, el mayor capital político del atribulado PT que gobierna Brasil desde el 2003.

“Ni el senador Delcidio ni su defensa confirman el contenido del artículo (…). No conocemos el origen, tampoco reconocemos la autenticidad de los documentos que van adjuntados al texto”, dijo el comunicado.

Jaque al alfil

El presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, un astuto político que está en guerra abierta con Rousseff, se convirtió el jueves en el primer legislador protegido por fueros que deberá sentarse en el banquillo de los acusados para responder por la confabulación que desvió de Petrobras más de US$2 mil millones.

La Corte Suprema decidió por unanimidad juzgarlo en una causa por sobornos.

Tercero en la línea de sucesión presidencial y conocedor de cada recoveco del Congreso, Cunha fue acusado de los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero en un proceso que investiga si recibió ilegalmente al menos US$5 millones para facilitar negocios en Petrobras, según la acusación de la fiscalía.

El jefe de Diputados también está involucrado en causas que investigan si ocultó cuentas en el extranjero y mintió a sus colegas en la cámara. Vinculado a la iglesia evangélica, festejó haber ganado la jefatura de Diputados en un templo, que según la procuraduría también habría servido para canalizar fondos ilegales maquillados como donaciones.

La “Operación Lava Jato”   (lavadero de autos) es considerada la mayor investigación anticorrupción de la historia de Brasil y ya ha enviado a prisión o amenaza con hacerlo a parlamentarios, gobernadores, exfuncionarios y algunos de los principales empresarios del país.

Al cierre de un día agitado, la bolsa de Sao Paulo subió un fuerte 5.12% y el real se apreció ante el dólar, en una nueva reacción positiva a un escándalo con potencial para torcer el rumbo político del país.

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La confesión de Cerveró, exdirector del sector Internacional de Petrobras, corroboró la que había hecho el empresario Fernando Soares, también arrestado por su implicación en el caso, y que fue filtrada a la Prensa en diciembre último.

Cerveró afirmó que tanto él como Soares recibieron US$300 mil por las gestiones que efectuaron en el 2007 para la venta de la compañía argentina de transmisión eléctrica Transener, que dependía de Petrobras, a una tercera empresa.

Presión

El exejecutivo afirmó que el exministro argentino Julio de Vido, en la época titular de la cartera de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, lo presionó para hacer la venta.

Los desvíos en Petrobras, que la estatal calcula que pudieron costarle unos US$2 mil millones en la última década, han conducido a prisión a cinco exdirectores de la empresa y a una veintena de ejecutivos de importantes empresas brasileñas.

“Las medidas son necesarias para el esclarecimiento de los hechos investigados en el ámbito del Supremo Tribunal Federal, siendo que algunas son para garantizar la aprehensión de bienes adquiridos mediante una posible práctica delictiva y otras para resguardar pruebas relevantes que podrían ser destruidas en caso de no ser incautadas”, dijo el procurador de la República, Rodrigo Janot, en un comunicado.

Collor, que renunció a la presidencia poco antes de que el Congreso votara su destitución por corrupción, calificó de “invasiva y arbitraria” la operación, que a su juicio busca “alimentar el clima de terror y persecución para intimidar a futuros testigos”, según un comunicado de su defensa divulgado en su cuenta de Twitter.

Protesta contra corrupción en Brasil. (Foto Prensa Libre: EFE)

“La medida invasiva explica los tiempos en que vivimos, en que un estado policial procura imponerse menoscabando las garantías individuales, sea un expresidente, un senador de la república o un simple ciudadano”, añadió.

Los allanamientos se realizaron tanto en su residencia en Brasilia como en la de Alagoas (noreste), estado que representa en el Senado, y al igual que los restantes procedimientos, tuvieron como “objetivo principal evitar que pruebas importantes sean destruidas por los investigados”, explicó la policía en un comunicado.

Secreto de sumario

La operación fue realizada por unos 250 policías y alcanzó a otros políticos, como los senadores Ciro Nogueira y el diputado Eduardo da Fonte, ambos del Partido Progresista (PP, aliado del gobierno), y también al senador opositor Fernando Bezerra (PSB), quien divulgó una nota a la prensa donde dijo estar aguardando “el momento de su declaración” y “el pleno esclarecimiento de los hechos”.

Ninguno de los organismos que trabajan en las pesquisas confirmó los nombres de los funcionarios cuyas residencias, oficinas o asesorías legales están siendo allanadas en seis estados y la capital, Brasilia, ya que todos los procesos están bajo secreto de sumario.

La gigantesca red de corrupción que se enquistó en Petrobras durante una década fue revelada en la llamada “Operación Lava Jato” (lavadero de autos), que echó luz sobre una confabulación de empresarios, directivos de la petrolera y políticos, que alcanzó de lleno al oficialista Partido de los Trabajadores (izquierda) y dejó en una situación delicada al gobierno de la presidenta Dilma Rousseff.

Por esta causa están detenidos cuatro exdirectivos de Petrobras, varios de los más encumbrados empresarios de la construcción del país, como los presidentes de Odebrecht y Andrade Gutierrez, y el ahora extesorero del gobernante PT, Joao Vaccari, quien es acusado de haber sido el articulador financiero del partido de Rousseff en la trama.

Las permanentes revelaciones del “Petrolao” se basan en confesiones de investigados que colaboran con la Justicia a cambio de una reducción en sus condenas.

Pessoa, que también permanece detenido, detalló a las autoridades “cómo financió campañas al margen de la ley”, según publicó el semanario Veja en una edición reciente.