Se informó que una empresa privada tiene la concesión de este y no ha aceptado regresar ese cobro a a la Municipalidad de Escuintla.

LE PUEDE INTERESAR

Matan a síndico de Iztapa mientras visitaba la tumba de su hermano

Se indicó que la concesión habría sido adjudicada en la administración del 2014.

Investigadores de la Fiscalía Contra Delitos Financieros y Económicos llevaron a cabo los allanamientos en la Tesorería y la oficina a cargo del IUSI.

Ampliación

Durante los allanamientos de la Fiscalía contra la Corrupción en #Guatemala y #Escuintla se secuestraron diversos documentos en seguimiento a una investigación por supuestas irregularidades en el cobro del IUSI en la municipalidad de Escuintla. pic.twitter.com/RZQjSZ8il4

— MP de Guatemala (@MPguatemala) August 29, 2019

De acuerdo a la Fiscalía de delitos contra la Corrupción del Ministerio Público (MP), Ana Johana Vásquez Girón de Barrientos, síndico primero; Daniel Oswaldo Pérez Ramírez, concejal primero, y Édgar Amílcar García Ortiz, concejal segundo, fueron electos para la administración 2016-2020 y fueron nombrados para integrar la comisión de Finanzas Municipales, en el Acta 4-2016, con el propósito de fiscalizar las actuaciones del gasto público, incluidos los pagos a los proveedores de productos y servicios.

Lea también

Ligan a proceso a dos personas vinculadas en caso de corrupción en municipalidad de San Miguel Dueñas

En la auditoría financiera y presupuestaria que la Contraloría General de Cuentas practicó del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2016 determinó que los pagos por compra de baja cuantía, menor de Q10 mil, que llevó a cabo esa comuna no pueden considerarse legítimos porque en los expedientes no existen evidencias adecuadas que comprueben la adquisición de bienes y servicios.

El MP indicó en la audiencia, que concluyó la noche del miércoles 8 de mayo, a las 21.45 horas, que los sindicados incumplieron sus funciones establecidas en el artículo 54 del Código Municipal y leyes conexas, lo que perjudicó al erario público por Q1 millón 515 mil 63.96, por lo que solicitó al juez que los señalados fueran ligados a proceso por incumplimiento de deberes.

La defensa de Vásquez Girón y García Ortiz aseguró que a pesar de que sus defendidos integraron la Comisión de Finanzas no era su responsabilidad fiscalizar las acciones financieras de la comuna, debido a que existen otras instancias y funcionarios que lo deben hacer de oficio.

Mientras que la defensa de Pérez Ramírez presentó documentos con los que buscaba demostrar que su patrocinado sí ejecutó sus funciones de fiscalización, pero que no fue atendido por el despacho municipal y otras instancias.

El juez Juan Carlos González García argumentó que Vásquez Girón y García Ortiz incumplieron con sus funciones de empleados públicos, de acuerdo con el Código Municipal, por lo que los ligó a proceso por incumplimiento de deberes y les dictó arresto domiciliar, prohibición de salir del país, la obligación de firmar el libro digital de asistencia cada 15 días en el Juzgado de Paz de San Miguel Dueñas y al pago de una caución económica -fianza- de Q12 mil cada uno.

En tanto que Pérez Ramírez obtuvo una falta de mérito pues el juez estableció que cumplió con sus funciones fiscalizadoras como lo indica el Código Municipal.

La audiencia para que el MP presente las conclusiones de su investigación se programó para el 9 de agosto de 2019 y la de etapa intermedia, para el 23 de agosto, a las 9 horas.

Este proceso fue judicializado el 9 de abril pasado, cuando el MP allanó varios inmuebles y aprendió a personas vinculadas a posibles actos de corrupción en dicha municipalidad.

Contenido relacionado:

> La red que defraudó a una comuna por más de Q1 millón con empresas de cartón

> Empresas de cartón: la recurrente forma de defraudación a la que recurrió la comuna de San Miguel Dueñas

> Señalan mal manejo de recursos públicos en la comuna de San Miguel Dueñas

Sherly Figueros, jueza del Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y delitos contra el Ambiente de Sacatepéquez, condenó al político en un proceso abreviado este martes 19 de marzo. Navas desempeñó el cargo del 2004 a 2008.

LE PUEDE INTERESAR

Estas son las peticiones de los jutiapanecos para las siguientes autoridades

La condena impuesta son tres años de prisión conmutable a razón de Q5 diarios, Q5 mil de multa, así como la suspensión de sus derechos políticos.

De acuerdo a las investigaciones del Ministerio Público (MP), en el 2006 el alcalde y su Concejo aprobaron la compra de un inmueble en el área urbana del municipio por Q131 mil 269.2 y lo pagaron a una persona que no era la propietaria

Sin embargo, el precio del inmueble fue sobrevalorado sin contar con el avalúo debidamente autorizado por el Ministerio de Finanzas.

Tres meses después un valuador contratado por el Concejo presentó el mismo monto que se había acordado.

Lea también: Síndico y concejal de Xela no pueden inscribirse como candidatos a la alcaldía por falta de finiquito

Según el MP, esta acción condujo al exalcalde Navas a la sustracción de los Q131 mil 269.2 de las arcas municipales y fue depositado en la cuenta de la supuesta propietaria, posteriormente el efectivo fue trasladado a la cuenta personal del jefe edil.

Otros exediles condenados

También fueron condenados por peculado los exconcejales Adrián Yucuté Ixcajoc, Francisco Ixcajoc Itzol, Julián Chiroy Álvarez, Agustín Quel Sactic, José Eduardo Xoc Flores, Juan Ismael Culajay Yucuté y Álvaro Obdulio Oseida Castellanos.

La juez Figueros cerró la persecución penal contra los exfuncionarios por lavado de dinero y otros activos porque el ente investigador no sustentó las pruebas respectivas.

Los condenados deberán asistir a la audiencia de reparación digna programada a las 11 horas del 25 de abril próximo; además, cuentan con cinco días hábiles para pagar las multas impuestas, de lo contrario serán consignados y a una multa de Q100 mil.

No deje de leer: Denuncias permiten que administradores de asociación fueran condenados por estafa de más de un Q1 millón

El exjefe edil Navas aseguró que esa acción responde a una “persecución política”, pero que no podía dar más detalles por recomendación de su abogado defensor.

Claudia González, delegada departamental del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, aseguró que el exalcalde Navas fue el primero en inscribirse como candidato a la alcaldía de Santiago Sacatepéquez, con lo que ya goza de derecho de antejuicio.

Contenido relacionado

Concejo de Antigua Guatemala suspende gastos de representación a la alcaldesa Susana Asencio

Envían a recibir curso a funcionarios ediles que negaron información pública

Sectores sociales critican las medidas de seguridad en favor de la alcaldesa Susana Asencio

También exigieron que se priorice el gasto, pues los manifestantes no aceptan que se destine Q545 mil para la feria, cuando existen otros problemas sin resolver.

Jorge Morales, uno de los inconformes, aseguró que todos los años la feria se convierte en un gasto; sin embargo, en esta ocasión las autoridades exageraron al destinar una suma millonaria en actividades, que a su criterio no dejan beneficio.

Falta agua entubada

Agregó que ese dinero pudo haber sido utilizado para solucionar la crisis por falta de agua entubada que afecta a pobladores de algunos sectores de la cabecera. “Este gobierno ha tenido más desaciertos que aciertos, lamentablemente con esto no se puede avanzar”, manifestó.

Dijo que en esta administración edil no se han podido solucionar problemas como la falta de agua, el desorden en las calles; además, hay poca transparencia en el manejo de fondos públicos.

Afirmó que integraron un grupo que se dedicará a fiscalizar las funciones de las autoridades ediles, porque por ahora los beneficios no llegan a los huehuetecos.

Rechazan gasto

Los estudiantes universitarios fueron enfáticos en rechazar el costo de la feria y el programa de bacheo que impulsa la comuna, pues los trabajos son irregulares. 

Vecinos de Minerva en la zona 2, aprovecharon para quejarse de que no saben a quién acudir para que se solucione un desperfecto en el drenaje de la 2da avenida y temen una epidemia.

Se trató de conocer la versión del alcalde Gerónimo Martínez, pero no respondió las llamadas telefónicas. 

Junto a Siliézar, quien también fue alcalde de Jocotenango —1996-2004—, están implicados el extesorero municipal, Virgilio Dagoberto Velásquez Barrios; los exempleados municipales Érika Raquel Pérez Arredondo y Carlos Amílcar Pol Pérez, y el representante legal de la empresa Constru Vent, Édgar Adolfo Porras Porras.

El exalcalde y el extesorero habían sido ligados a proceso en el 2010, sindicados de peculado en forma continuada, mientras que los exempleados y Porras, por lavado de dinero y otros activos.

El juez Édgar Alfredo Campos cerró el caso en noviembre de ese año por falta de mérito, y la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Sacatepéquez confirmó el fallo el 28 de enero del 2011.

Luego de una apelación planteada por el Ministerio Público (MP), la Corte Suprema de Justicia ordenó al Juzgado de Primera Instancia Penal de Sacatepéquez que continuara con el trámite del proceso, porque estimó que los hechos atribuidos a los sindicados ameritaban ser conocidos en juicio.

El debate estaba programado para el 5 de agosto del 2014, en el Tribunal de Sentencia Penal de Sacatepéquez, pero un amparo interpuesto por Velásquez Barrios mantiene paralizado el proceso.

El desvío

El 3 de octubre del 2006, el Concejo de Antigua autorizó a Siliézar para que realizara un estudio sobre los drenajes pluviales en el área urbana de la ciudad colonial, y un mes después, el jefe edil firmó el contrato 18-A-2006 con el representante legal de Constru Vent, para desarrollar el estudio, por Q750 mil, pagados en tres depósitos bancarios.

En el 2009, la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos denunció en el MP que de la cuenta única del tesoro de la Municipalidad de Antigua Guatemala se hicieron transacciones sospechosas, en noviembre del 2006, que evidenciaban desvío de fondos a cuentas de empleados municipales.

El MP demostró que tal estudio no se efectuó, pero el pago convenido sí, a una cuenta del mismo banco a nombre de Velásquez Barrios.

El 17 de noviembre, Porras recibió un depósito por Q300 mil, de los cuales giró un cheque por Q75 mil a Pol Pérez y este giró otro cheque, el mismo día, por Q25 mil, a Pérez Arredondo, quien lo endosó y depositó a la cuenta de Velásquez Barrrios.

Porras giró otro cheque por Q125 mil a Pol Pérez, quien lo depositó a su cuenta y luego giró un cheque por Q110 mil a nombre de Velásquez.

El tesorero municipal también fue acusado de apropiarse ilegalmente de Q21 mil 500, pero en su defensa manifestó que ese monto se utilizó para la reparación de un camión de la comuna, pagada con sus recursos. que recuperó a través de facturas.

Se buscó la opinión del exalcalde Silézar, pero en un mensaje escribió: “Disculpe, pero en esta ocasión no voy a opinar ni dar información del tema. Le agradezco su comprensión”.

Los otros implicados no fueron localizados.

Aún Sin drenajes

El sistema de alcaltarillas de Antigua Guatemala continúa sin ser construido a pesar de que se han desembolsado fondos para esa obra. En septiembre del 2010 fue adjudicada la primera fase del   sistema del sector sur  por Q9 millones 999 mil 853.

En noviembre del 2011, se adjudicó  la  segunda fase del mismo proyecto por Q15 millones 999 mil 304. Hasta la fecha, la obra está inconclusa, pues el Ministerio Público  investiga  actos de corrupción.

Luis González,  jefe de proyectos de la Oficina Municipal de Planificación de Antigua Guatemala, señaló  que no se puede hacer nada mientras el  proyecto no sea resuelto legalmente.

En tanto que José Víctor Ordóñez, del Comité   de Vecinos, afirmó que la ciudad colonial necesita urgentemente el   alcantarillado, porque las inundaciones se han incrementado en los últimos años.

La denuncia dio paso a una investigación que llevó, el jueves último, a la captura de Byron Misael Sarceño Castillo, secretario municipal, señalado de falsedad material y abuso de autoridad, así como la solicitud de antejuicio contra Reynosa.

Aracely Sandoval Vásquez, concejal segundo, confirmó la salida de los ediles luego del crimen contra Sánchez, ya que la semana última recibieron amenazas de muerte vía telefónica y mensajes de texto.

Sandoval recuerda que varios integrantes del Concejo firmaron un acta en la que se desconoció como alcalde a Reynosa, quien pretendía ofertar en Guatecompras un proyecto carretero, el cual ya fue ejecutado por empresarios y vecinos.

Agregó que la población se encuentra consternada y pide a las autoridades correspondientes que investiguen el crimen contra su compañero.

Junto a Sandoval también dejaron el pueblo Wálter Natareno, concejal tercero; Pedro Ramírez, concejal cuarto; Petronilo Abrigo, concejal quinto; y Oswaldo Choc Tot, síndico primero.

• Lea también:  Secretario de Las Cruces es sindicado de corrupción

Procesos detenidos

Gerson López, secretario operativo de la Asociación Nacional de Municipalidades, señaló que fue invitado para mediar en una reunión que recientemente sostuvieron entre los integrantes del Concejo, pues había inquietudes por parte de algunos ediles sobre la administración de Reynosa.

Añadió que en esa reunión se le informó sobre la denuncia por posibles actos de corrupción en esa comuna.

“Es una situación difícil porque desde mayo no hay sesiones del Concejo, por lo tanto no hay toma de decisiones y los procesos están estancados. La corporación no está integrada y se trata de un municipio de reciente creación, lo que afecta su desarrollo porque no está constituido el órgano superior de decisión y consensos”, dijo López.

Se intentó obtener la versión del alcalde, pero no respondió a las llamadas a su teléfono celular.

#Petén | Matan a concejal primero de Las Cruces, Ervin Sánchez. https://t.co/rrRwdzdeTL pic.twitter.com/YhRNuiu9Wi

— Prensa Libre (@prensa_libre) December 30, 2016

Repudian ataque

Alfonso Santizo, abogado del Concejo, lamentó la muerte de Sánchez, pues el municipio fue creado — el 22 de noviembre del 2011— como modelo de desarrollo, el cual fue empañado por ese hecho de sangre, que ocurrió horas después de la aprehensión del secretario municipal y la solicitud de antejuicio contra el jefe edil.

El juez de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Santa Cruz del Quiché, Fabián de León Pérez, condenó en calidad de autor responsable de peculado en forma continuada a Fredy Armando López Girón y le impuso la pena de cuatro años de prisión conmutables y una multa de Q6 mil 667. 

A petición de su abogado defensor, López fue beneficiado con la suspensión condicional de la sentencia por cuatro años, lo que quiere decir que no cumplirá tiempo en prisión y no pagará los Q10 diarios de la conmuta, ni la multa a menos que sea hallado culpable en otro proceso legal, en ese caso deberá cumplir ambas penas.

La sentencia emitida este martes queda suspendida por cuatro años, que es el mismo tiempo al que fue condenado. Sin embargo, esta medida puede ser apelada por el Ministerio Público (MP). 

Según el juzgador el beneficio se le otorgó al ex jefe edil debido a que no tenía antecedentes penales y porque  se sometió al proceso judicial de forma voluntaria.

Esta suspensión de la condena ocurrió dos meses y medio después de que el juez De León Pérez lo ligó a proceso por haber encontrado indicios razonables en contra su contra por peculado.

Fredy Armando López es hermano del diputado Carlos Enrique López Girón, secretario departamental de Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) de Quiché, quien es investigado por el MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) por su supuesta participación en el caso de plazas fantasma en el Congreso de la República.

Autoridades de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y de la Fiscalía Especial Contra la impunidad (Feci) del Ministerio Publico (MP) entregaron este lunes los 84 expedientes relacionados con obras públicas y posibles casos de corrupción de la administración del ex alcalde Jorge Barrientos Pellecer y su concejo, informó el alcalde Luis Grijalba.

Los documentos fueron entregados a los investigadores el 24 de agosto último, sin embargo en esa oportunidad habían solicitado 110 expedientes, sin embargo, se les notifico que 26 estaban extraviados, por lo que solo les entregó 84.

El jefe edil confirmó que el personal de la FECI y CICIG, entregaron los 84 expedientes pero no pudieron llevarse los 26 restantes debido a que se desconoce su ubicación.

“Ellos habían hecho una solicitud  original de 110 expedientes, lastimosamente no se han encontrado 26 y nos dijeron que no están en la oficina. También nos solicitaron 10 ampliaciones de los expedientes”, explicó Grijalva.

El alcalde dijo que lamentaba que los expedientes que son de la municipalidad no estén en ese lugar, por lo que aseguro que investigarán el caso.  Además señaló que han encontrado casos similares en otras dependencias municipales donde han buscado expedientes pero estos no aparecen.

“Se supone que esos documentos deberían estar en el archivo de oficina donde se encuentran documentadas todas las obras que se han hecho. Allí figuran expedientes de  obras de infraestructura y de compras”, indicó el alcalde.

Agregó que durante una visita de la Contraloría General de Cuentas (CGN) ocurrió lo mismo con un expediente, sin embargo, este fue encontrado tiempo después.

• Lea también: Exconcejal  Hamilton Pérez es ligado a proceso

Caso similar

Personal de la tesorería municipal, reveló que este lunes personal del MP de la cabecera de Quetzaltenango,  indagó sobre los procesos de pagos a proveedores de la comuna.

Aparte, el 29 de agosto último, agentes del MP de Quetzaltenango, secuestraron varios documentos en la  Oficina de Construcción Privada, de la comuna de Quetzaltenango, luego de haber recibido 15 denuncias presentadas por la CGN.

Entre los señalamientos está la autorización de licencias en construcciones privadas, por la que fue aprehendido el ex concejal Hamilton Pérez y Melvin Cloyt  Perherman; el primero guarda prisión y el segundo recupero su libertad bajo fianza.

Con los indicios que presentó la Fiscalía Contra la Corrupción del Ministerio Público esta mañana quedaron ligados a proceso judicial el exalcalde del municipio de Gualán, Zacapa; y tres funcionarios más de la anterior administración por los delitos de malversación, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.

Los señalados son el exalcalde, Juan José Mejía Rodríguez; el exdirector financiero, Aníbal Neftalí Morales; el encargado del presupuesto, Estuardo Enrique Cortez Aldana; y el exauditor interno Emery Montoya Castañeda.

El MP dio a conocer que los exfuncionarios son sindicados de malversación, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.

Se informó que en la investigación que se hizo  después de la auditoría del ejercicio fiscal del período del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013, se detectaron movimientos financieras de la cuenta de IVA-PAZ por Q. 6 millones 223 mil 73, sin contar con la autorización respectiva.

En la audiencia la Fiscalía Contra la Corrupción presentó los indicios ante el Juez de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de. La investigación comenzó  luego de haber recibido una denuncia el 9 de agosto de 2014, después el MP procedió a solicitar el antejuicio, ya que Mejía aún era alcalde de Gualán.

Caso similar

El 13 de julio último, el exalcalde de Malacatancito, Huehuetenango, Irene Hidalgo, y dos exconcejales quedaron ligados a proceso, sindicados de casos especiales de estafa. 

Autoridades informaron que junto al exjefe edil, quedaron ligados a proceso el exconcejal primero, Patricio Pérez, y el exconcejal segundo, Luis Ramos, quienes son señalados de haber exigido Q191 mil 200 a un grupo de pobladores para un proyecto de electrificación.

La audiencia se llevó a cabo en el Juzgado Primero de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Huehuetenango, donde Amanda Gutiérrez, fiscal del Ministerio Público (MP), indicó que los tres exfuncionarios  habrían cobrado la referida cantidad a 79 vecinos de la aldea Xepón, donde algunos pobladores pagaron Q3 mil y otros la mitad de la cuota.

Gutiérrez afirmó que el proyecto se ejecutó en noviembre del 2009 con fondos municipales y se invirtió Q1 millón 280 mil 320.21. Resaltó que los aportes de los pobladores fueron entregados al tesorero edil, Alberto René Ramos Ramos, quien en su declaración, indicó que por órdenes del alcalde, no ingresó el dinero a la tesorería, porque debía esperar a reunir todo el efectivo, ya que   algunos vecinos no habían completado los Q3 mil.

Según la acusación, los tres exfuncionarios pidieron prestado dinero de los aportes de los vecinos, pero nunca devolvieron esos recursos económicos a la tesorería.

Añade que el exalcalde Hidalgo se adjudicó Q153 mil 543, Patricio Pérez Q16 mil 200 y Luis Ramos Q20 mil, razón por la cual el juez Jorge Cano decidió ligarlos a proceso.

En el caso de Hidalgo, el juzgador ordenó una caución económica de Q40 mil; mientras que, a los dos  exconcejales Q10 mil cada uno.

Autoridades informaron que junto al exjefe edil, quedaron ligados a proceso el exconcejal primero, Patricio Pérez, y el exconcejal segundo, Luis Ramos, quienes son señalados de haber exigido Q191 mil 200 a un grupo de pobladores para un proyecto de electrificación. 

La audiencia se llevó a cabo en el Juzgado Primero de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Huehuetenango, donde Amanda Gutiérrez, fiscal del Ministerio Público (MP), indicó que los tres exfuncionarios  habrían cobrado la referida cantidad a 79 vecinos de la aldea Xepón, donde algunos pobladores pagaron Q3 mil y otros la mitad de la cuota.  

No ingresó dinero

Gutiérrez afirmó que el proyecto se ejecutó en noviembre del 2009 con fondos municipales y se invirtió Q1 millón 280 mil 320.21. Resaltó que los aportes de los pobladores fueron entregados al tesorero edil, Alberto René Ramos Ramos, quien en su declaración, indicó que por órdenes del alcalde, no ingresó el dinero a la tesorería, porque debía esperar a reunir todo el efectivo, ya que   algunos vecinos no habían completado los Q3 mil.

Según la acusación, los tres exfuncionarios pidieron prestado dinero de los aportes de los vecinos, pero nunca devolvieron esos recursos económicos a la tesorería.

• Lea también: Ligan a proceso a exalcalde de Zacualpa

Añade que el exalcalde Hidalgo se adjudicó Q153 mil 543, Patricio Pérez Q16 mil 200 y Luis Ramos Q20 mil, razón por la cual el juez Jorge Cano decidió ligarlos a proceso.

En el caso de Hidalgo, el juzgador ordenó una caución económica de Q40 mil; mientras que, a los dos  exconcejales Q10 mil cada uno.

Plazo para investigación

Cano dio un plazo de  cinco meses al MP para que concluya con el proceso de investigación, tiempo en el cual se deberán  hacer estudio en documentos firmados por los señalados, entre otras diligencias. 

Los tres acusados por el MP,  fungieron su cargo del 2008 al 2012, tiempo en el cual la Contraloría General de Cuenta sancionó a la comuna de Malacatancito con una multa de Q30 mil por no haber efectuado procedimientos legales en el portal oficial de Guatecompras ni en  diario oficial.

• Para leer más: Ligan a proceso a exjefe edil  de La Reforma

Los ocho exfuncionarios ediles, quienes desempeñaron el cargo del 2008 al 2012, son sindicados de supuestas irregularidades en la ejecución de cinco proyectos por un monto de Q3 millones 631 mil 858.76.

Julia Barrera, vocera del Ministerio Público, informó que con investigación de la Fiscalía contra la Corrupción, este lunes se logró que el Juzgado de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Santa Lucía Cotzumalguapa ligara a proceso a los señalados, quienes fueron capturados el 20 de mayo último.

De acuerdo con el MP, la investigación comenzó el 25 de octubre del 2012, después de una auditoría de la Contraloría General de Cuentas, la cual reveló una serie de irregularidades en la ejecución de cinco supuestos proyectos que no existen y que fueron  autorizados por el Concejo.

Durante las pesquisas se determinó que la municipalidad efectuó el pago de 104 facturas con anomalías a varios proveedores mediante compra directa, con el fin de cubrir el pago de las obras, cuando según lo establecido en ley, correspondía hacer procesos de cotización o licitación.

Sindicados

• El exalcalde Ramón Soto García quedó ligado a proceso por peculado, lavado de dinero u otros activos.
• Milton Arnaldo Pacheco Gutiérrez, ex tesorero municipal, es señalado de peculado.
• Esmeling Domínguez Aragón, exconcejal primero, sindicado de incumplimiento de deberes.
• Giovanni Martínez, exconcejal cuarto,  por incumplimiento de deberes.
• José Guadalupe Juárez Mejía, exsíndico segundo, sindicado de peculado.
• Julio Alberto Martínez Cifuentes, ex encargado de informática, por encubrimiento propio.
• José Raúl Hernández Cárdenas, ex contador municipal, por el delito de encubrimiento propio.
• Rafael Antonio Hernández Fajardo, exconcejal segundo, es señalado de incumplimiento de deberes.

De acuerdo con la acusación del MP, el 27 de enero del 2015, María Vásquez acudió a la Municipalidad de Xela para solicitar una licencia de construcción y platicó con Juanta, quien trabaja como inspector del departamento de Planificación y Control Urbano. Añade que el sindicado le indicó que dicho trámite se demoraba, pero para agilizarlo la víctima tenía que pagarle Q1 mil 900.

Rolando Castañeda, agente fiscal del ente investigador, indicó que de acuerdo a la versión de la víctima, Juanta recibió el dinero en tres pagos; el primero fue de  Q500 y otro de Q1 mil. Añadió que último fue de Q400, el cual fue pagado el 31 de enero del mismo año. 

Silvia Ruiz, jueza del Juzgado “A” de Primera Instancia Penal de Quetzaltenango, donde se llevó a cabo la audiencia, consideró que la declaración de la víctima y los documentos que comprueban el trabajo que realiza el sindicado en la comuna, son suficientes para que se lleve a cabo el juicio.

Defensa se pronuncia

El abogado defensor, Wilber Enríquez, indicó que su defendido continúa su labor en la comuna,  ya que goza de medida sustitutiva al haber pagado Q5 mil de caución. Agregó que analiza  plantear un amparo, porque considera que la resolución de la juzgadora no es la adecuada, porque la licencia fue otorgada y no era el señalado el encargado de hacerlo.

En su declaración, la víctima afirmó que conoce al sindicado, quien en una ocasión efectuó una inspección a la propiedad de un familiar que tramitaba una licencia de construcción.

Como parte de las pruebas, la fiscalía también presentó la declaración del esposo de María Vásquez, quien  la acompañaba el día de los hechos y observó la entrega del primer pago.

Los condenados son Tito Natanael Vásquez López, Ángel Wotsbeli Barrios Velásquez, Byron Saúl García de León, Laureano Chan Rivera y Mainor René Rodas Makepace, quienes desempeñaron el cargo del 2008 al 2012.

La sentencia se llevó a cabo en el Tribunal de Sentencia de Coatepeque, donde se les dictó penas de tres años y tres meses; además, una multa de Q2 mil a cada uno.

El juez resolvió dictarles un año y tres meses de prisión por usurpación de atribuciones, más una multa de Q1 mil; asimismo, por el delito de desobediencia fueron sentenciados a dos años de cárcel más otras multa de Q1 mil.

De acuerdo con la acusación, las cinco personas como miembros del Consejo dispusieron por medio de un acta cambiar el nombre del municipio de Flores Costa Cuca para sustituirlo por el de  Flores La Violeta de América.

Ilegalidad

Según el ente investigador,  el cambio de nombre de un municipio es función única del Congreso de la República. Además, una sentencia de la Corte de Constitucionalidad declaró sin lugar la decisión del Concejo, pero los exfuncionarios continuaron firmes en su decisión.

Los ahora condenados  ya habían sido absueltos de los cargos por el mismo caso; sin embargo, fiscales apelaron la resolución y lograron que este viernes fueran sentenciados.

Hasta el 10 de mayo último, esa fiscalía había recibido 260 denuncias y si la tendencia se mantiene se podría igualar la cifra a la del año pasado, pues la del 2014 ya se superó.

Glenda Aldana, jefa de la Fiscalía, indicó que el aumento de las denuncias se debe a dos razones: una que con el fortalecimiento de esta unidad y creación de un acuerdo se dividen las competencias con la de Sección de Delitos Administrativos.

“Antes no conocíamos los delitos que están contemplados en la Ley de Acceso a la Información y ese acuerdo nos da esa competencia; tampoco conocíamos los cohechos, apropiaciones y retenciones indebidas, falsedades ni materiales, ni ideológicas, y ese acuerdo nos amplía la competencia”, afirmó.

La segunda razón por la que aumentaron las denuncias fue la renuncia de la vicepresidenta Roxana Baldetti —guarda prisión por tres casos de alto impacto—, por actos de corrupción, en abril del 2015.

Aldana refirió que de los expedientes que conoce la fiscalía que dirige, el 47 por ciento corresponde a comunas, 11 por ciento a representantes de empresa privadas y un ocho por ciento contra el Ministerio de Salud.

Respecto de esta última dependencia, la mayoría de casos se reportaron durante los últimos meses de gestión de Mariano Rayo.

Movilidad

Gabriela Ayerdi, analista de Acción Ciudadana, considera que el año pasado fue crucial, ya que fue un año electoral y por la movilización ciudadana, lo cual favoreció la denuncia.

“El año pasado recibimos aproximadamente 680 denuncias y este año llevamos 21”, afirmó.

Agregó que cuando es un hecho delictivo apoyan al afectado para que presente la denuncia en el MP, y si solo se tienen indicios de que son problemas administrativos, los asesoran para que lo den a conocer en la Contraloría General de Cuentas.

“De nuestras denuncias, el 70 por ciento son relacionadas con gobiernos locales, que denuncian principalmente al concejo, en específico a los alcaldes”, indicó.

Ayerdi refirió que las quejas han avanzado y algunas están en investigación.

IGSS-Pisa

El 20 de mayo del 2015 fueron capturados los integrantes de la Junta Directiva y de la Junta de Licitación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, por adjudicación irregular a la Droguería Pisa.

Congreso

El 25 de junio del 2015 fue desmantelada una red delictiva integrada por funcionarios del Congreso, cuya finalidad era sustraer fondos públicos. Era dirigida por el entonces diputado Pedro Muadi.

Las mañanitas, un acto protocolario y música de marimba  fueron parte de las actividades que desarrollaron las autoridades ediles, encabezadas por el alcalde Luis Grijalva, con motivo del aniversario de Xelajú.

La actividad se llevó a cabo frente a la municipalidad, donde el jefe edil dijo que la cuidad de Xela es un territorio de mucha importancia para el país por su historia, cultura y la hospitalidad de su pueblo; además, reconoció que aún hay cosas por corregir en la administración pública.

Resalta esfuerzo

“Me siento orgulloso de ser de esta cuidad que cumple 492 años. Conozco profundamente sus problemas, pero con todo el esfuerzo estamos avanzando”, dijo el funcionario. Resaltó que a algunos no les parecen los cambios administrativos que se efectúan, pero según hay que hacerlos para no permitir  que el acomodamiento siga.

La celebración también fue engalanada por la banda musical de un colegio que interpretó la melodía “Luna de Xelajú”; además, el Grijalva partió dos pasteles que fueron compartidos con los asistentes.

Entre las actividades se tiene contemplado un concierto de música de marimba y  bandas musicales escolares harán presentaciones artísticas en el parque central de Xela.

Datos relevantes de Quetzaltenango

El cronista quetzalteco Francisco Cajas indicó que la ciudad de Quetzaltenango también es conocida como “Xelajú”, “la cuna de la cultura”, “ciudad de los altos” o “sexto estado”.  Añadió que Xela está ubicada a 225 kilómetros de la capital guatemalteca y Quetzaltenango significa lugar de quetzales.

Dijo que según la historia, la ciudad de Xelajú  surgió un 15 de mayo de 1,524, luego que el conquistador Pedro de Alvarado venciera al héroe nacional Tecún Umán en lo que hoy  es Olintepeque.

Resalta que Xelajú es la segunda ciudad más importante de Guatemala. “Fue aquí donde surgió el primer tren eléctrico de Latinoamérica y se llamó “ferrocarril de los Altos”; además, se fundó la primera cervecería alemana que funcionó sobre la avenida Cirilo Flores en la zona 1. 

Explicó que en la ciudad de Quetzaltenango nacieron los expresidentes Manuel Estrada Cabrera, quien gobernó por 25 años; Manuel Lisandro Barrillas, quien bajo amenazas llegó a tomar el poder, mientras se sepultaba al exmandatario Justo Rufino Barrios;  y Jacobo Arbenz Guzmán, quien fue uno de los pilares de la revolución de octubre de 1,944.

Quetzaltenango también ha sido testigo de los grandes artistas como el escultor Galeotti Torres, quien hizo el monumento a la marimba y a Tecún Umán. Además del nacimiento de la composición “luna de Xelajú” que interpretó Paco Pérez.

La audiencia se llevó a cabo en el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Santa Rosa, donde también quedó ligado a proceso el extesorero de la referida comuna, Juan Pablo Navas, sindicado de encubrimiento propio. 

De acuerdo con las pesquisas preliminares de la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público, Ramírez Reyes en su calidad de alcalde consintió la sustracción de la referida cantidad al haber autorizado cheques de cuentas de la municipalidad; pagos que fueron respaldados con facturas falsas de una empresa.

También se determinó que estas no fueron emitidas por el proveedor y otras empresas, las que indicaron no haber prestado servicios; además, el exjefe edil utilizó facturas falsas en concepto de pagos de estudios y servicios.

Autoridades presumen que el extesorero Juan Navas tuvo conocimiento de la sustracción del dinero en la municipalidad e ingresó las facturas falsas a las cajas fiscales.

Medidas sustitutivas

El juez beneficio a ambos con medidas sustitutivas que consisten en arresto domiciliario, la prohibición de salir del país, firmar el libro en una fiscalía cada 15 días, así como pagar la caución económica de Q10 mil quetzales; mientras continúa la investigación.

Víctor García, secretario del sindicato, expresó,  cuando protestaba junto a sus compañeros frente a la comuna,  que además de que en esa administración  hay  nepotismo,  el alcalde gana Q25 mil al mes, más Q15 mil  en dietas y Q10 mil  por  gastos representación, que en total hacen Q50 mil, mientras  ellos afrontan problemas para vivir.

También expresó que al personal recién ingresado el alcalde le autorizó jugosos salarios, y a quienes laboraban en oficinas, los envió a limpiar calles, pintar y hacer trabajos de construcción.

Los trabajadores afectados presentaron en el Ministerio Público siete demandas contra  Samayoa, por diferentes delitos.

Víctor Quevedo, afectado, indicó que el alcalde les dice: “Ustedes estaban de acuerdo con salarios de miseria, pues con sueldos de miseria se van a quedar”.

“Nos acusa de ser nosotros los responsables de que no pueda darle trabajo a la gente que le ayudó durante la   campaña”, agregó.

Problemas económicos 

Marco Paniagua, quien trabajaba como promotor de deportes, expresó: “Como no he recibido pago de enero a la fecha; tengo problemas serios  para sostener a mi familia”.

Fabiola García, otra afectada, resaltó: “A las mujeres nos intimida ese señor, mandándonos  a  efectuar trabajos de hombre. Gracias a Dios  somos de provincia y estamos dispuestas a todo”.

Prensa Libre trató de obtener la versión de  Samayoa,  pero por su celular expresó  que él no tenía conocimiento de la inconformidad de los empleados, y que no podía seguir hablando porque tenía otras cosas más importantes  que atender.

El vecino de la comunidad Bonanza, Faustino Calmo, pidió que las autoridades correspondientes investiguen las posibles anomalías en la municipalidad. Otros pobladores portan pancartas en las que le exigen al jefe edil a que renuncie al cargo.

La primera protesta contra el funcionario se registró esta semana, cuando el Concejo lo desconoció porque supuestamente pretendía ofertar la reparación de un tramo carretero, cuyos trabajos ya fueron efectuados con el apoyo de vecinos.

También algunos integrantes de la corporación municipal señalan a René Reynosa de ausentarse de sus labores sin razón justificada.

En declaraciones brindadas el miércoles último,  el jefe edil manifestó que se trata de una persecución política y responsabilizó a los miembros de su corporación de lo negativo que pueda ocurrir en esta administración.

Resaltó que se ausentó de la comuna debido a problemas personales y para gestionar la construcción de una estación de bomberos.

Este viernes, el funcionario indicó que su seguridad y la de su familia se abstenía de ingresar a la comuna.  “Acuso a los integrantes del Concejo de lo que pueda sucederme, yo no estoy robando nada”, afirmó. 

De acuerdo con Ervin Sánchez Andrade, concejal primero, la decisión fue tomada por el Concejo por las supuestas irregularidades  en la comuna.

Agregó que para el lunes próximo, el jefe edil tenía previsto ofertar en Guatecompras el proyecto número 4769503 de rehabilitación y mantenimiento de un camino vecinal  a un costo de Q588 mil 510.

Añadió que los trabajos en el tramo carretero ya se efectuaron con el apoyo de vecinos que fueron beneficiados con el proyecto.

El alcalde de Las Cruces, René Reynosa, manifestó que se trata de una persecución política y responsabilizó a los miembros de su corporación de lo negativo que pueda ocurrir en esta administración.

Resaltó que se ausentó de la comuna debido a problemas personales y para gestionar la construcción de una estación de bomberos. “Los del Concejo exigen una cantidad adicional en sus dietas y por firmar documentos para proyectos, y porque no me presto para eso, ellos están haciendo este movimiento”, dijo el funcionario.

Frente al edificio municipal un grupo de vecinos impide la salida del alcalde y de empleados; además, exigen dialogar con el funcionario y que aclare las supuestas acusaciones.

Creado en el 2011

El 23 de noviembre del 2011,  el Congreso autorizó elevar de categoría a la aldea Las Cruces y convertirla en el municipio número 13 de Petén y el 334 de Guatemala.

Las Cruces cuenta con 38 comunidades, desde la aldea El Subín y las microrregiones del Usumacinta hasta Bethel, frontera con México, y una área de mil 771 kilómetros cuadrados.

Algunos habitantes contaron en esa ocasión que el lugar se llama Las Cruces porque hace más de medio siglo fueron halladas en la entrada del pueblo dos cruces.

La mayoría de habitantes del municipio 334 se dedican a la agricultura y la siembra de plátano y papaya. La feria patronal del lugar se celebra del 3 al 5 de mayo, en honor de la Santa Cruz. La población es de dos etnias, ladinos y qeqchíes.

Escobar fue procesada junto a cuatro exintegrantes del Concejo, a quienes el Ministerio Público (MP) acusó de haber hecho contrataciones  por más de Q200 mil con empresas de parientes de la exfuncionaria,  durante su gestión del 2008 al 2012.

Mélida Vásquez, jueza del Juzgado de Primera Instancia Penal de Xela, donde se dictó sentencia, indicó que con 68 facturas y documentos de la Contraloría General de Cuentas se comprobó que aunque las empresas cumplieron con los servicios, la exalcaldesa beneficio a famliares.

Vásquez concedió a Escobar la suspensión condicional de la ejecución de la pena por un plazo de dos años, y de cometer otro ilícito tendrá que cumplir esta condena.

Otros exfuncionarios 

Junto a Escobar figuraban el exsíndico segundo, Sergio Sontay y los exconcejales segundo y cuarto Mauricio Acabal Guzmán y Marco Antonio Tezó. Así como el exdirector financiero, Eduardo Delgado.

A los cuatro, el MP los sindicaba de incumplimiento de deberes. El fiscal  Elder Fuentes solicitó para los sindicados la suspensión de la persecución de la pena a cambio de una multa de Q1 mil 500.

De acuerdo con la Fiscalía contra la Corrupción, durante la gestión de los exfuncionario, la comuna pagó Q142 mil 980 a la empresa Transportes Barrios, cuyo dueño es Willson Barrios Escobar, hijo de la ex alcaldesa.

También pagaron Q69 mil 580 a la empresa Transportes Francis, propiedad de Francis Dominica Bosh Acabal, esposa de Barrios.