La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó este viernes 15 de diciembre a Guatemala por una serie de violaciones a los derechos de la comunidad indígena maya q’eqchi’ de Agua Caliente, y le ordenó titular y demarcar sus tierras, así como efectuar un proceso de consulta comunitaria sobre una mina a cielo abierto.

El caso se trata de la mina Fénix, ubicada en el Estor, Izabal, a cargo de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), cuya licencia fue aprobada en el 2006 por el Ministerio de Energía y Minas (MEM).

El presidente de la CorteIDH, Ricardo Pérez Manrique, leyó este viernes la parte resolutiva de la sentencia contra Guatemala, la cual da 6 meses al país para “comenzar a adoptar las medidas requeridas para ofrecer a la comunidad indígena maya q’eqchi’ de Agua Caliente Lote 9 un título comunitario colectivo de sus tierras y adoptar las medias para delimitar y demarcar adecuadamente la propiedad”.

La CorteIDH también ordenó a Guatemala llevar a cabo un “proceso adecuado de consulta” a la comunidad sobre una mina de níquel a cielo abierto que se ubica en la zona de influencia del pueblo.

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Esta consulta debe permitir la participación de todos los miembros de la comunidad de Agua Caliente Lote 9, y como requisito previo, se ordenó “que se realice un nuevo estudio de impacto ambiental y social mediante entidades técnicamente capacitadas e independientes”, con el fin de que los habitantes cuenten con información antes de pronunciarse.

El tribunal también determinó que Guatemala debe abstenerse de realizar actos en los que agentes del Estado o terceros puedan afectar la existencia, el valor, el uso o el goce del territorio de la comunidad indígena y que el Estado debe tomar medidas legislativas para hacer efectivo el derecho a la consulta previa de pueblos indígenas en el país.

El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado de Guatemala en perjuicio de la Comunidad Maya qeqchí de Agua Caliente por la falta de legislación interna para garantizar su derecho a la propiedad colectiva tras 40 años de solicitudes. El caso también abarca el establecimiento del proyecto minero de níquel a cielo abierto en la zona de influencia del territorio indígena.

La CorteIDH encontró a Guatemala responsable por las violaciones a los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, la integridad personal, las garantías judiciales, a la propiedad, al acceso a la información, a los derechos políticos y a la protección judicial del pueblo indígena, agrega otra agencia.

La Comunidad indígena Maya Q’eqchi’ Agua Caliente Lote 9, está ubicada en el municipio de El Estor, Departamento de Izabal, y cuenta con alrededor de 400 personas y abarca más de 1 mil 353 hectáreas.

En 2006 las autoridades guatemaltecas concedieron la licencia de explotación minera; en 2018 una acción de amparo cuestionó la licencia y en junio de 2020 la Corte de Constitucionalidad ordenó observar la consulta previa y suspendió la explotación minera.

Durante 2021 se llevó a cabo un proceso de consulta con comunidades indígenas, con la participación del Consejo de Comunidades Indígenas Maya Q’eqchi’. A pesar de oposiciones, se firmó un acuerdo para la continuidad del proyecto minero.

La CorteIDH determinó que el proceso de consulta “no se realizó de manera adecuada, careciendo de respeto a las costumbres y formas de organización de las comunidades”.

La sentencia considera además que “la falta de reconocimiento de la propiedad colectiva y la actividad minera impactaron la vida comunitaria y se vincularon a diversos actos de violencia y hostigamiento”.

“Guatemala (es) responsable internacionalmente por la violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la integridad personal, a las garantías judiciales, al acceso a la información, a la propiedad, a los derechos políticos y el derecho a la protección judicial” de la comunidad indígena Agua Caliente, según el fallo.

La comunidad tituló en 1974 las tierras a su nombre, pero no fue hasta 2019, y tras una sentencia de la Corte de Constitucionalidad, que se les hizo entrega formal de los documentos, ya que se habían extraviado, precisó la Corte IDH.

En ese tiempo de demora, en parte del territorio maya q’eqchi’, se instaló el proyecto minero Fénix. La concesión minera “no se realizó de manera adecuada, careciendo de respeto a las costumbres y formas de organización de las comunidades”, advirtió la Corte.

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La mina es operada por dos subsidiarias de la empresa suiza Solway Investment Group y suspendió operaciones en marzo pasado, luego de que Estados Unidos le impuso sanciones económicas por una trama de corrupción y tráfico de influencias.

Además, la comunidad fue víctima de actos de agresión y violencia, incluyendo atentados contra la vida, hostigamientos y amenazas a miembros entre 2006 y 2019, mientras aguardaban la entrega del extraviado título de propiedad, reseñó la sentencia, según reportan las agencias internacionales.

Problemas recurrentes

El caso se trata de la mina Fénix, ubicada en el Estor, Izabal, a cargo de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN). La licencia minera fue otorgada en 2006 por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y en el 2019 fue suspendida temporalmente y posteriormente retomó operaciones. Aunque posteriormente, en marzo del 2023 volvió a suspender sus operaciones por decisión de la empresa, pero no derivado de ese caso, sino de una sanción emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos basado a dos ejecutivos de la firma. En octubre la mina logró una licencia de la OFAC que le permite comercializar con empresas estadounidenses por lo que anunciaron que retomarían operaciones.

Posturas

Solway Investment Group, indicaron que esta firma y sus subsidiarias “no fueron parte de este caso, pero valoran el proceso transparente y cualquier resultado sensato que establezca principios claros, elimine ambigüedades y beneficie a las comunidades vecinas a nuestra área de concesión. Los desacuerdos sobre la discrepancia en la demarcación de tierras comenzaron incluso antes de que nuestra empresa adquiriera el proyecto. No participamos ni en los procedimientos guatemaltecos ni en los posteriores; tampoco llevamos a cabo actividades en esta zona, ni minería ni exploración geológica, respondió la compañía por medio de su oficina de prensa, al ser consultada al respecto”, respondió a Prensa Libre la oficina de prensa de dicha firma por escrito.

En tanto, Oscar Pérez, viceministro de Desarrollo Sostenible del MEM, indicó que esta cartera analizará la sentencia en detalle para determinar las acciones puntuales a seguir. Si procediera, se sugeriría al Estado de Guatemala por medio de los órganos competentes, plantear algunas consultas en caso de que sea necesario.

Respecto a la consulta a los pueblos indígenas, afirmó que ya se realizó y se incluyó a representantes de esta comunidad, por lo que este derecho minero posee licencia de explotación vigente.

La CorteIDH, que hace parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sesionó en Bogotá por invitación del Gobierno colombiano hasta este viernes y abordó en audiencias públicas casos en los que se discutió la eventual responsabilidad internacional de Chile, Guatemala y Brasil por supuestas violaciones de derechos fundamentales de esos Estados contra civiles.

“Los derechos humanos en la región están en una situación en algunos aspectos complicados. En otros aspectos vemos que hay reacciones que permiten verificar que algunos niveles de respeto derechos están mejorando”, asegura el presidente del organismo regional.

La razón de ser

En más de 40 años de existencia, según explica Pérez, la función esencial de la Corte es juzgar casos en los cuales se denuncia a un Estado por eventuales incumplimientos a derechos recogidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aunque también tiene otras competencias que las expresa a través de opiniones consultivas y de dictar medidas provisionales.

“Hemos manifestado nuestra preocupación por algunos aspectos que tienen que ver con el deterioro de algunos sistemas democráticos, con afectaciones en algunos casos a independencia judicial y a la libertad de expresión. Eso a partir de elementos puntuales que la Corte ve a través de sus casos”, explica.

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En ese sentido dice que el tribunal internacional ha revisado casos que tienen que ver con derechos civiles y libertad de expresión; independencia judicial, y otros vinculados con el derecho de igualdad.

Sobre este último tema remarca que “siguen existiendo conductas discriminatorias contra personas en función de su pensamiento político, de su condición sexual, su pertenencia étnica, de su edad, de su de su género, entonces ahí vemos que hay procesos discriminatorios que lamentablemente siguen apareciendo”.

Crisis climática

En un mundo cambiante, dice Pérez, también aparecen nuevas problemáticas que están vinculadas a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que tienen que ver también con asuntos vinculados con la igualdad, pobreza, acceso a la salud, trabajo y que por sus persistencia siguen sin resolverse pese al paso del tiempo.

“Encontramos que esas causas (las que originan la vulneración de derechos) siguen manteniéndose a lo largo del tiempo y que todavía es posible adoptar medidas, sobre todo de no restitución para que los estados adopten decisiones que permitan de alguna forma intentar evitar que la violación del derecho se mantenga”, puntualiza.

Ahora, otro punto de atención mundial es “toda la preocupación sobre medio ambiente y efectos del cambio climático”.

Por ello dice que la Corte está trabajando en una Opinión Consultiva en la que se analiza la situación del cambio climático y de qué manera afecta la región, zona en la que las desigualdades son mayores.

Lo que se busca es construir una serie de recomendaciones “de cuál debería ser una línea de coherencia en cuanto a preservar a la región y a nuestra ciudadanía de la mejor manera contra los efectos negativos del cambio climático”.

Pérez Manrique recordó que la región es muy vulnerable al cambio climático, a la deforestación que, sin duda, afecta a la gente y sus derechos fundamentales porque los que más lo sufren son los menos favorecidos.

Ni de derecha ni de izquierda

La CorteIDH ha sido señalada por algunos sectores de ser parcializada e incluso de tener una postura que favorece a la izquierda a lo que Pérez señala que no hay nada de eso.

“Los derechos humanos no le pertenecen ni a ningún sector político, ni a ningún sector social, no son de izquierda ni de derecha, son de los de cada uno de nosotros”, puntualiza.

El presidente del tribunal explica que los derechos humanos están fundados en la dignidad humana y “la dignidad humana es algo que nace con la propia persona (…) y nos une a todos como integrantes de una misma categoría de seres que somos los seres humanos”.

Pérez Manrique, que termina su período como presidente de la CorteIDH al final de este año, espera que se le recuerde como la persona que trabajó para abrir la entidad a las personas y que como cabeza de la institución luchó por los derechos civiles y políticos, la independencia judicial y la libertad de expresión.

Las persecuciones contra periodistas, las muertes o los desplazamientos que generan un “efecto silenciador” son algunas de las preocupaciones del presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Ricardo Pérez Manrique, quien aseguró que debe trabajarse en estos asuntos.

Así lo dijo este lunes 2 de mayo en una entrevista con la Agencia EFE, con motivo de su presencia en la Conferencia de la Unesco por el Día Mundial de la Libertad de Prensa, bajo el lema “El periodismo bajo asedio digital”.

“Tenemos que seguir trabajando muy enfocados en el tema de la violencia contra periodistas”, aseveró el uruguayo Pérez Manrique, quien agregó que esas siguen siendo “las principales preocupaciones, más allá de cómo funciona este mundo nuevo, o no tan nuevo, de internet y redes sociales”.

Por otra parte, indicó que le dejó “una sensación de absoluta satisfacción” que en el encuentro llevado a cabo en la ciudad de Punta del Este se hayan podido concentrar organizaciones, instituciones y gente para discutir sobre la libertad de expresión y los riesgos que esta afronta en este “particular momento” que vive el continente.

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Resaltó que este evento, junto al que se celebrará el 2 de noviembre en Viena por el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, “van a marcar el hito de este año” en un mundo que se encuentra “en situación de guerra” y “en situación de depresión” en función de la pandemia y sus consecuencias.

“Es un mundo que necesita cada vez más libertad de expresión, cada vez necesita un mejor debate, un debate de mejor calidad para poder encontrar las mejores soluciones para las sociedades”, puntualizó Pérez Manrique, quien durante el 145º Período Ordinario de Sesiones de la CorteIDH fue electo presidente para el período 1 de enero de 2022-31 de diciembre de 2023.

Este lunes, quien fuera presidente de la Suprema Corte de Justicia uruguaya también mantuvo un encuentro con la directora general de la Unesco, la francesa Audrey Azoulay.

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“Tuvimos una conversación muy interesante sobre aspectos de la situación política actual del mundo y de un tema que a mí me preocupa mucho que es el de la situación de gobernanza global y también la gobernanza doméstica”, dijo.

En ese sentido, apuntó que le preocupa “la ineficacia” de la gobernanza. “Nos preocupa cómo hay un deterioro de la gobernanza local a través de debilitamiento de los sistemas judiciales, a través de cuestionamientos a operadores judiciales y a una cantidad de aspectos que atienden a debilitar los sistemas de control”, agregó.

Asimismo, expresó que hablaron sobre futuros proyectos que tienen que ver con “profundizar” en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y en el programa de jueces, un plan tendente a capacitar a jueces en Libertad de Expresión mediante cursos en línea y por medio de instancias presenciales desarrolladas en las escuelas judiciales.

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Finalmente, Pérez Manrique contó que invitó a la directora general de Unesco a visitar Costa Rica el primer lunes de febrero de 2023, fecha en que se llevará a cabo la inauguración del año judicial interamericano.

Azoulay participó este lunes junto al presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, en la inauguración oficial de la Conferencia de la Unesco por el Día Mundial de la Libertad de Prensa que, hasta el miércoles 4, debatirá sobre las dificultades de los periodistas para ejercer su profesión en todo el mundo.

La sentencia determina que el Estado violó los derechos a la salud, a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial de las 49 personas.

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“El Tribunal verificó distintas omisiones en la atención médica brindada a las presuntas víctimas fallecidas. Específicamente, el Estado incumplió en su deber de asegurar una terapia antirretroviral, realizar las pruebas diagnóstico para la atención y tratamiento del VIH y de enfermedades oportunistas, y en proveer apoyo social”, indica la sentencia.

El fallo señala que “estas omisiones constituyeron fallas terapéuticas que de no haber ocurrido hubiera reducido las probabilidades de que se desarrollaran enfermedades oportunistas, las cuales causaron la muerte de las presuntas víctimas”.

“La Corte considera acreditada la existencia de un nexo causal en estos casos”, expone el texto.

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La sentencia abarca a 34 personas que viven con el VIH y a otras 15 que fallecieron, de las cuales a 12 se les acreditó que fue violado su derecho a la vida.

Las 49 presuntas víctimas de este caso, que son personas pobres y de zonas alejadas, fueron diagnosticadas con VIH entre los años de 1992 y 2003, y según la demanda presentada a la CorteIDH por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hasta los años 2006 y 2007 existió una falta total de atención médica estatal.

Según la Comisión, a partir de los años 2006 y 2007 el Estado implementó algún tratamiento para las personas que viven con el VIH, pero la atención no fue integral ni adecuada.

El fallo publicado el jueves por la Corte da por “probado que antes del año 2004 las víctimas no recibieron ningún tipo de tratamiento médico estatal o que este fue deficiente para atender su condición como personas que viven con el VIH”.

La Corte determinó que el Estado no brindó una atención médica adecuada a dos mujeres embarazadas que viven con el VIH, lo que calificó como un acto de discriminación por razón de género.

Otro punto de la sentencia indica que “la inacción por parte del Estado, antes del año 2004, constituyó un incumplimiento de las obligaciones estatales en materia de protección progresiva del derecho a la salud”.

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La Corte indicó que antes del 2004 la responsabilidad de dar tratamiento contra el VIH recaía en organismos no gubernamentales, “a pesar de la existencia de legislación interna que establecía una obligación de protección para diversas autoridades”.

La sentencia ordena al Estado guatemalteco hacer un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, brindar atención médica y psicológica gratuita a las víctimas y sus familiares, y mejorar la calidad, accesibilidad y disponibilidad de sus servicios de salud para personas con VIH.

Guatemala deberá garantizar la provisión de antirretrovirales, tratamiento a mujeres embarazadas que viven con VIH y ofrecer a la población pruebas de diagnóstico.

El Estado también está en la obligación de pagar indemnizaciones alas víctimas o sus familias por daño material e inmaterial. 

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El debate sobre el tema resurgió a raíz de preguntas que Costa Rica hizo a la CorteIDH en mayo de 2016, y que tuvieron respuesta a finales del año pasado.

Con reconocimiento a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (CADH), Costa Rica preguntó sobre el cambio de nombre de las personas de acuerdo con su identidad de género y a sus derechos patrimoniales producto de la unión con una persona del mismo sexo.

 “¿Es necesaria la existencia de una figura jurídica que regule los vínculos entre personas del mismo sexo, para que el Estado reconozca todos los derechos patrimoniales que se derivan de esta relación?”, fue una de las preguntas que San José hizo a la Corte Interamericana.

Antes de responderle a Costa Rica, el Tribunal pidió a su vez una opinión consultiva de los países miembros, incluida Guatemala.

Esto fue lo que opinó la Comisión Presidencial para los Derechos Humanos (Copredeh), en nombre del Estado de Guatemala:

• El Estado de Guatemala es de la opinión que los Estados deben reconocer y facilitar el cambio de nombre de las personas de acuerdo con la identidad de género de cada una.
• El Estado de Guatemala cuenta actualmente con todos los procesos disponibles, el cambio de nombre puede realizarse por proceso notarial y administrativo y también por la vía judicial.
• El Estado de Guatemala es de la postura que debiese existir en la legislación costarricense un procedimiento administrativo más expedito al de la vía judicial para que cualquier persona pueda cambiarse se nombre de una manera sencilla y rápida, y así se garantice el derecho humano a la identidad y al nombre, así como los principios de igualdad y no discriminación.
• Cada Estado puede legislar de manera interna el vínculo o unión entre personas del mismo sexo, ya que están en la plena libertad de hacerlo y proteger los derechos patrimoniales que de estos vinculos se deriven.
• El Estado de Guatemala considera que cada Estado debe abrir el debate para legislar internamente los vínculos o uniones entre personas del mismo sexo en cumplimiento de sus obligaciones de respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas sin discriminación alguna en la orientación sexual o en la identidad de género.

Luego de recibir la opinión de todos los Estados, la CorteIDH le contestó a Costa Rica, y estas son sus principales consideraciones:

• Los Estados están en la obligación de reconocer, regular, y establecer los procedimientos adecuados para el cambio de nombre y en general la adecuación de los registros públicos y de los documentos de identidad para que estos sean conformes a la identidad de género autopercibida.
• El Estado debe reconocer y garantizar todos los derechos que se derivan de un vínculo familiar entre personas del mismo sexo.
• Es necesario que los Estados garanticen el acceso a todas las figuras ya existentes en los ordenamientos jurídicos internos, incluyendo el derecho al matrimonio, para asegurar la protección de todos los derechos de las familias conformadas por parejas del mismo sexo, sin discriminación con
  respecto a las que están constituidas por parejas heterosexuales.

Por otra parte, la opinión de la Corte ha representado una victoria para la comunidad de lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGTB) del continente.

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“La Corte ha hecho esa interpretación expansiva de que los derechos que se pueden aplicar para la población LGBTI, en realidad aplican y los tienen que hacer valer los Estados. Y pronto. Y es obligación de los Estados hacerlo”, manifestó el director ejecutivo del movimiento Visibles de Guatemala, Luis Barrueto.

Sin embargo, grupos religiosos han expresado que impedirán a la diversidad sexual alcanzar ese logro encaminado por el Tribunal.

¿Cambio de postura?

El Ejecutivo de Guatemala apeló a la “institucionalidad” y la “independencia de poderes”, al ser consultado sobre la opinión de la CorteIDH.

“Cada país es soberano y desde el Ejecutivo se respeta la institucionalidad y la independencia de poderes”, mencionó el portavoz presidencial, Heinz Hiemann.

El vocero indicó que las acciones a realizar para “encaminar una ley”, “le corresponden al Organismo Legislativo” y ya será el mandatario (Jimmy Morales) “quien decida aprobarla o vetarla”.

Hiemann concluyó que Morales “respeta todos los procesos que se lleven a cabo en Guatemala”, y enfatizó que, pese a que el Gobierno es signatario del sistema interamericano la opinión de la CorteIDH “no es vinculante”.

Pese a que la Copredeh confirmó que la opinión de la CorteIDH “ya es del saber de todos”, aún no manifestó pronunciamiento al respecto.

“Guatemala es responsable por la violación de los derechos a la igual protección de la ley y a la no discriminación en el acceso a la justicia durante las investigaciones seguidas”, detalló en un comunicado la Corte.

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La Corte concluyó que desde las primeras etapas de la investigación del caso “existieron faltas de debida diligencia”, y además “se realizó una valoración estereotipada de Mayra Gutiérrez y se prejuzgó sobre el móvil de la desaparición, centrando la investigación en sus relaciones personales y estilo de vida”.

“Los prejuicios y estereotipos negativos de género afectaron la objetividad de los agentes encargados de las investigaciones, cerrando líneas posibles de investigación sobre las circunstancias del caso”, indicó.

La investigación, añadió “se centró únicamente en la línea del 'crimen pasional', por lo que Corte reiteró que este concepto es parte de un estereotipo que justifica la violencia contra la mujer”, añade el comunicado.

La CorteIDH indicó que este tipo de estereotipos de género “son incompatibles con el derecho internacional de los derechos humanos y los Estados deben tomar medidas para erradicarlos”.

La Corte resaltó que “los prejuicios personales y estereotipos de género afectan la objetividad de los funcionarios estatales encargados de la investigación, distorsionan sus percepciones y dan lugar a decisiones basadas en creencias preconcebidas, en lugar de hechos”, afirmó.

Esto provocó, según la CorteIDH, que el caso no se investigara de manera seria ni con rigor, y por ende se ha mantenido en impunidad durante 17 años, lo que “constituyó una forma de discriminación en el acceso a la justicia por razones de género”.

“Por tanto, el Estado fue encontrado responsable por violar tanto el derecho a la igual protección de la ley como el deber de respetar y garantizar sin discriminación los derechos contenidos en la Convención Americana, los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, así como el deber estatal de actuar con la debida diligencia para investigar y en su caso sancionar la violencia contra la mujer”, agregó el tribunal hemisférico.

La Corte señaló que no encontró elementos suficientes para determinar que este caso se trate de una desaparición forzada con intervención o aquiescencia de agentes estatales.

Sin embargo, aclaró que tampoco puede descartar esa hipótesis debido a la falta de diligencia en la investigaciones de las autoridades guatemaltecas.

El 7 de abril de 2000, Mayra Angelina Gutiérrez Hernández, docente universitaria, no realizó el viaje de trabajo que acostumbraba emprender los viernes a la ciudad de Huehuetenango para dictar clases. Dos días después, su hermano y una compañera de trabajo interpusieron denuncias ante la Policía Nacional Civil por su desaparición.

La sentencia de la CorteIDH ordena a Guatemala llevar a cabo una investigación eficaz y libre de estereotipos de género por la desaparición de Gutiérrez que conduzca a determinar su paradero.

Los jueces también ordenaron medidas de reparación como indemnizaciones económicas por concepto de daño inmaterial a la familia de la víctima.

La CorteIDH, con sede en Costa Rica, forma parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) y sus fallos son de acatamiento obligatorio.

Aunque su pasaporte dice que se llama Ricardo William Borz, su primer nombre es Osmín Ricardo Tobar Ramírez. Esto se debe a que fue arrancado de su familia en Guatemala mediante un proceso irregular y enviado a Estados Unidos con una ueva familia.
 
Este lunes se desarrolló la audiencia pública en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) —en San José, Costa Rica— Osmín Ricardo Tobar Ramírez y su padre, Gustavo Amílcar Tobar, así como peritos, aportarán información e insumos técnicos al caso de adopción irregular ocurrido en 1998.

Las partes presentaron sus alegatos finales en el tribunal internacional. Este es el primer caso de este tipo que llega a esa instancia.
Osmín Ricardo Tobar Ramírez —también conocido como Ricco—, quien fue uno de los afectados, espera que con este proceso su caso no se repita con otros menores y sus familias.

Esta adopción ilegal fue gestionada por Susana María de la Asunción Luarca Saracho, sentenciada a 18 años y ocho meses de prisión por trata de personas, asociación ilícita y uso de documentos falsificados.

Hechos

En 1997, los hermanos Osmín Ricardo Tobar Ramírez y Jeffrey Rainiery Arias Ramírez, de 7 y 2 años, respectivamente, fueron separados de su familia y entregados de manera ilegal en adopción a dos familias en Estados Unidos.

Los hermanos fueron institucionalizados luego de una denuncia por supuesto abandono, sin que este extremo se comprobara.

Y aunque su madre reclamó y presentó recursos legales para oponerse a la separación, una jueza decidió quitarle la patria potestad y, en una forma irregular,  los hermanos  fueron dados en adopción en el extranjero. Incluso el padre de uno de ellos nunca fue informado de estos procesos.

Según el Refugio de la Niñez y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), este  caso ocurrió debido a la existencia de una red de trata y venta de niños y niñas con fines de adopción que operaba en Guatemala y que involucraba a distintas instituciones y personas.

Según el informe sobre actores involucrados en el proceso de adopciones irregulares en el país, de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig),   entre  2001 y 2009 se registraron 26 mil 758 adopciones al extranjero.

Leonel Dubón, director ejecutivo de Refugio de la Niñez, señaló que se debe reconocer que este caso ejemplifica cómo desde hace muchos años el sistema de protección jurídico y social no  funcionaba en el país.

“Este caso viene a ponerle la guinda al pastel y se le pide a la Corte que le solicite al Estado de Guatemala generar un nuevo sistema de protección porque las instituciones del sistema reaccionaron de manera no coordinada, lo que a la postre provocó que niños fueran separados de sus padres y criados en ambiente fuera de su comunidad”, afirmó.

Expectativa

Tobar Ramírez comentó vía telefónica a Prensa Libre que su expectativa es buscar la reparación de jóvenes que, como él, han pasado por una adopción  ilegal, para que en Guatemala  haya mecanismos  para que se celebren  audiencias públicas y cualquiera que busque información la encuentre.

Comentó que en la audiencia explicó su caso y respondió las preguntas que le plantearon. Agregó que para él haberlo separado de sus padres y el país, le afectó en su identidad; además, fue difícil porque sufrió discriminación.

Carlos Escoffie, abogado de  Cejil, explicó que en la audiencia hubo representación del Estado de Guatemala y que luego de la misma la Corte decidirá cuándo emite una resolución, aunque no hay fecha establecida para ello.

Niña robada y entregada a otros padres

Loyda Rodríguez, madre de Angely Liseth Hernández Rodríguez, ha vivido en angustia desde que su hija le fue robada y entregada en adopción de manera irregular.

La niña fue robada el 3 de noviembre de 2006, del patio de su vivienda,  en San Miguel Petapa.

Luego, la menor fue entregada en adopción con el nombre de Karen Abigaíl López García a una familia en Estados Unidos,  con documentos falsos, por la supuesta madre, a través de la Asociación Primavera.

El 25 de octubre  de 2011, el Tribunal Octavo de Sentencia Penal condenó a la abogada Alma Beatriz Valle Flores a 21 años y cuatro meses de prisión, y a Enriqueta Francisca Noriega Cano, a 16 años, sindicada de haber participado en la adopción irregular de la niña.

El reo Manuel Martínez Coronado pagó con su vida por haber asesinado a Juan Arias Bautista, Rosa Miguel, Emilia Arias y a las niñas Francisca, Jovita, Arnoldo y Aníbal, de apellidos Arias Miguel, el 16 de mayo de 1995 en El Palmar, municipio de Quezaltepeque, Chiquimula.

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La historia terminó para el reo Manuel Martínez Coronado, de 42 anos: una dosis letal puso fin a su existencia a las 6.20 horas, cuando las autoridades judiciales dieron cumplimiento a la sentencia de muerte impuesta en su contra por haber masacrado a siete integrantes de una familia por un conflicto de tierras.

Un recurso de amparo interpuesto a última hora y la difícil localización de las venas en los brazos de Martínez no fueron suficientes para impedir que en Guatemala se ejecutara la primera condena a muerte mediante la aplicación de inyección letal, en el módulo ubicado en la Granja Penal Pavón.

El frío de la mañana dejó de sentirse para los reporteros nacionales e internacionales, desde el momento en que ingresaron a una reducida sala del módulo letal, donde serían testigos de la ejecución.

Solamente podía verse una ventana de vidrio de tres metros de ancho por uno de largo, aproximadamente, la cual estaba cubierta con un plástico negro.

Dieron las 6 horas, y fue hasta entonces que el personal auxiliar de la granja penal movió el plástico negro que simulaba una cortina.

Martínez Coronado estaba en primer plano, acostado en la camilla, atado con tres cinchos en las piernas, uno en el estómago y dos en cada una de las muñecas. Sus botas de vaquero, bastante usadas, un pantalón de lona verde descolorido y una playera blanca eran su vestimenta.

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Su rostro casi no se podía ver, pues estaba hacia el otro extremo, lo que sí se apreciaba era que respiraba profundo y a veces más rápido.

En la vena intravenosa del brazo derecho estaba colocada la jeringa de la cual se desprendían los conductos por donde habrían de pasar las sustancias letales.

Pero era evidente que en el brazo izquierdo intentaron insertar la aguja, pues se veían pequeñas laceraciones y puntitos de sangre.

En dirección de la cabeza del reo, pero más arriba, está una ventanilla pequeña con vidrio polarizado, donde observan el juez, el forense, el director de Presidios, el director de Pavón, paramédicos, el capellán, el abogado defensor y un pastor evangélico.

A eso de las 6.04 horas, se dio la orden para que fuera oprimido el primer botón que serviría para inyectar la sustancia que adormecería al sentenciado. Con intervalos de cuatro a cinco minutos se aplicaron los dos siguientes tóxicos, los cuales paralizan en cuestión de segundos las funciones cardíacas y nerviosas del organismo.

De pronto empezó a escucharse el llanto de una niña, era la hija de Manuel Martínez, quien junto a sus dos pequeños hermanos y su madre lloraban mientras permanecían en un cuarto contiguo adonde estaba su padre. Ellos habían tenido que abandonar la sala minutos antes, atendiendo a que los reporteros gráficos cubrían la totalidad de la ventana.

La efectividad de las sustancias aplicadas se observó en el monitor colocado en un extremo derecho del cubículo, viendo de afuera hacia adentro. Allí se proyectó una línea recta que registraba el paro del corazón.

Todo terminó

Una vez concluido el procedimiento de suministrar las dosis, ingresaron las autoridades encargadas de verificar el cumplimiento de la sentencia.

El forense Mario Guerra procedió a verificar los signos vitales y corroboró que el reo había dejado de existir. Inmediatamente desabrochó los cinchos que sujetaban el cuerpo a la camilla e informó al juez que todo había concluido.

Luego llegaron tres paramédicos vestidos de verde y quitaron, además de la jeringa, los electrodos que controlaban los signos vitales.

Los presentes rodearon la camilla y hacían comentarios entre sí, sólo que no podía escucharse a qué se referían; lo impedía  el grueso vidrio que dividía un lugar de otro.

Entretanto, se comprobaba el color pálido y ensombrecido de la mano derecha del ejecutado. Luego cayó el telón de la escena: cubrieron nuevamente la ventana con el plástico oscuro.

Entregan cadáver a familia

“¿Dónde está la esposa?, algún familiar que venga”, era el llamado que se hacía para que alguno de los emparentados con Martínez se acercara al lugar para recibir el cadáver.

Primero, aparece la esposa, Manuela Girón de Martínez, con quien había contraído matrimonio horas antes de la ejecución. Ella llega con su pequeña hija en brazos, con el rostro cubierto de lágrimas. 

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Hecho el papeleo, se acerca al módulo letal 1 el vehículo de la funeraria que trasladaría el cuerpo a la aldea El Palmar, Quezaltepeque, de donde era originario el ejecutado. 

También aparece la madre y un hermano de Martínez. A pocos metros, el padrastro Daniel Arias permanece en una celda donde deberá purgar 30 años de prisión por el mismo hecho delictivo.

¿Murió en 10 o18 minutos?

Para el forense Guerra, el deceso de Martínez ocurrió en 10 minutos; pero su versión difiere de la expresada por el abogado defensor Antonio de Rosa y el pastor evangélico Guillermo Galindo, quienes aseguraron que sucedió en 18.

De todas maneras, murió. Las últimas palabras que pronunció el sentenciado fueron: “En tus manos encomiendo mi espíritu”. 

La masacre

La madrugada del 16 de mayo 1995, perecieron a balazos a manos de Martínez, en complicidad de un hermano de este y el padrastro de ambos, siete miembros de la familia Arias Miguel, entre ellos cuatro niños, aunque el ejecutado siempre aseguró que únicamente él había perpetrado la matanza. 

Según el relato de la hermana del condenado, María Luisa Martínez Coronado, habían sido víctimas de amenazas constantes por parte de la familia Arias, a tal punto que les impidieron el paso para abastecerse de agua.

“Nuestro padre adoptivo, Daniel Arias, siempre mantuvo litigios con su hermano, Juan Arias, por la disputa de la herencia de las tierras”, dijo Luisa Martínez a reporteros de Prensa Libre, después de la ejecución de su hermano.

Deja carta

Martínez, por medio de su pastor evangélico, escribió una carta para que le fuera leída a sus hijos cuando crecieran. En ella narra cómo ocurrieron los hechos, y de su posterior arrepentimiento y “entrega a Cristo”.

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Los abogados del exmandatario César Calderón y Moisés Galindo, entregaron en la Embajada de Ecuador en Guatemala, una carta dirigida al presidente ecuatoriano Rafael Correa, en su calidad de presidente pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
La carta de Pérez Molina solicita que la CELAC envié a Guatemala una misión que verifique “in situ” la situación legal de Perez Molina y “la persecución política en su contra por parte de la Comisión Internacional Contra la impunidad en Guatemala (CICIG)”.
El documento menciona que la CICIG es utilizada “como instrumento de injerencia del gobierno de los Estados Unidos EE.UU. en las instituciones de justicia de Guatemala”.

Violan derechos

Galindo manifestó que el expresidente: “plantea que la comunidad internacional sepa la situación que vive y, no solo eso, sino la violación a la soberanía de Guatemala por otros países”.
El abogado dijo que buscarán exponer cómo EE. UU. mediante la CICIG empezó una persecución en su contra, la cual se volvió mediática y no buscó a los responsable, sino que “se han dedicó a criminalizarlo”.

El expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina pedirá a la CELAC que investigue la persecución política que sufrehttp://t.co/nqptkXS2cV

— EFE Noticias (@EFEnoticias) October 15, 2015

Estos son los “famosos golpes blandos”,  los cuales describió como golpes de Estado orquestados luego que un Presidente ya no es del agrado de los países poderosos y se valen de la legislación vigente y el apoyo ciudadano.
Galindo sostuvo que a Pérez Molina se le violan sus derechos humanos y que lo despojarán de bienes que adquirió antes de ser presidente.
El vocero de la CICIG, Diego Álvarez dijo a Guatevision que por ahora no puede dar una declaración sobre el tema. “La Cicig esperará que Pérez Molina presente la denuncia para determinar si amerita una reacción de la Comisión”, mencionó Álvarez.

Demandaría al Estado

Los abogados no descartaron demandar al Estado de Guatemala ante otras instancias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de Estados Americanos (OEA).
El expresidente Pérez Molina es señalado de pertenecer y ser el líder de una organización criminal denominada La Línea, la cual habría defraudado al estado por varios millones de quetzales debido a la evasión fiscal.
Por este caso también se encuentran en prisión preventiva la ex vicepresidenta, Roxana Baldetti Elías, el exsecretario Privado de la Vicepresidencia, Juan Carlos Monzón y el ex intendente de Aduanas, Claudia Méndez Asencio, señalados de pertenecer a dicha red criminal.