EE. UU. señala que retrocesos en libertad de expresión y persecución contra periodistas persistieron durante el 2024

El informe anual del Departamento de Estado de EE. UU. en materia de derechos humanos, señala que durante ese año continuaron abusos como limitaciones a la libertad de prensa y de expresión, entre otros.

Sandy Pineda

14 de agosto de 2025 | 18:39h

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Guatemala no registró cambios significativos en la situación de derechos humanos durante el 2024, según un informe anual del Departamento de Estado de EE. UU., publicado el martes 12 de agosto del 2025.

En un balance general, se reportaron abusos continuos, incluidos supuestos asesinatos arbitrarios de activistas, detenciones injustificadas y restricciones a la libertad de expresión, según el documento. Este advierte que, aunque el gobierno tomó medidas para identificar y sancionar a funcionarios responsables de violaciones, “estos pasos fueron limitados debido a acciones del Ministerio Público”.

“El gobierno tomó medidas creíbles para identificar y castigar a funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos; sin embargo, estas acciones a menudo se vieron limitadas debido a actuaciones del Ministerio Público”, describe el sumario.

La evaluación subraya que la impunidad persiste en varios sectores, lo que dificulta la consolidación de la justicia y la protección efectiva de los derechos fundamentales.

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También se registraron amenazas y violencia contra activistas rurales, sindicalistas y defensores de derechos humanos.

Se cita puntualmente que una organización nacional de derechos humanos alegó que 20 activistas rurales e indígenas fueron asesinados o murieron en circunstancias controvertidas entre enero y agosto del 2024.

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Libertad de prensa

El informe confirma que la ley protege la libertad de expresión, pero “la intimidación a periodistas” continuó, generando autocensura.

Durante el año se observó un ambiente más abierto con la nueva administración, aunque algunas instituciones continuaron limitando la labor periodística.

El documento incluye el reporte del Observatorio de Periodistas de la Asociación de Periodistas de Guatemala, el cual registró 22 abusos contra la libertad de expresión, incluidos acoso judicial, amenazas, difamación e intento de homicidio.

La organización también expuso que hubo intimidación y bloqueo de acceso a fuentes de información por parte de agentes de seguridad, el Ministerio Público y el sistema judicial.

Los medios enfrentan presión económica y concentración de frecuencias, lo que “limita el espacio para una cobertura diversa”.

Derechos laborales

De acuerdo con el informe, aunque la ley reconoce el derecho de asociación colectiva, detectó restricciones legales e impunidad en algunos casos de empleadores que limitan efectivamente esos derechos.

Se registraron tres asesinatos de sindicalistas durante el 2024, mientras que las amenazas y el hostigamiento laboral continúan siendo frecuentes.

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Justicia y protección

El informe destaca que Guatemala coopera con organismos internacionales para proteger a refugiados y minorías.

Se reseña que, en el 2024, la Corte de Constitucionalidad (CC) anuló el proceso contra siete de los 14 altos mandos militares acusados en el caso histórico del conflicto armado Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz (Creompaz), al confirmar una decisión previa del 2016.

El caso está relacionado con una antigua zona militar que fue el mayor centro de tortura del país y donde se encontraron los restos de más de 500 personas.

También se señala que persisten problemas de detenciones prolongadas sin cargos y lentitud judicial, que afectan a casi la mitad de la población penitenciaria.

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El informe subraya la importancia de fortalecer los mecanismos de investigación y sanción para reducir la impunidad y garantizar el respeto a los derechos fundamentales.

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Seguridad de la persona

El documento señala que “la negligencia de funcionarios penitenciarios expone a los detenidos a condiciones degradantes y violencia”, en la sección sobre “Tortura y trato o castigo cruel, inhumano o degradante”.

Se documentan deficiencias en las cárceles, incluido el hacinamiento, la falta de higiene y el abuso físico.

Aunque la nueva administración ha mejorado algunas condiciones de detención, los mecanismos de denuncia y supervisión siguen siendo débiles.

En ese sentido, destaca el caso del periodista Jose Rubén Zamora, fundador de elPeriódico, quien fue sometido a 20 meses de aislamiento en solitario y otros tratos considerados degradantes.

La percepción pública era que la impunidad dentro de la Policía facilita el abuso de detenidos. Por esa razón, se removió a decenas de oficiales por causas disciplinarias, incluidas denuncias de soborno.

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Interponen apelación ante la CC por resolución que anuló caso Creompaz

Una sala de Apelaciones dejó sin efecto el proceso judicial Creompaz y ordenó libertad para los militares señalados.

Miguel Barrientos

7 de noviembre de 2024 | 08:39h

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La CC recibió una acción de amparo contra una resolución que dejó sin efecto el proceso judicial contra señalados en el caso Creompaz. (Foto Prensa Libre: B. García)

Un grupo de abogados presentó el 7 de noviembre una acción ante la Corte de Constitucionalidad contra una resolución de una sala de Apelaciones que dejó sin efecto los avances en el caso Creompaz.

El 5 de noviembre de 2024, la Sala Segunda de Apelaciones del Ramo Penal de Procesos de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio emitió un fallo con el que se anuló todo el proceso Creompaz.

Además, ordenó dejar en libertad a los militares señalados en el caso.

La resolución se dio en respuesta a recurso interpuesto por Carlos Garavito, uno de los sindicados en el caso.

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El argumento de Garavito fue que el Juzgado de Mayor Riesgo A no tenía competencia para conocerlo.

Según los señalamientos que el Ministerio Público presentó en 2016, militares serían responsables de desapariciones forzadas de hombres, mujeres y niños entre 1981 y 1988.

Señalan que los militares señalados habrían participado en al menos 88 eventos documentados y relacionados con masacres contra población civil.

Hugo Archila, uno de los abogados que presentó la acción, indicó que también entregaron el documento con la apelación presentada ante el Juzgado de Mayor Riesgo A para que no se ejecutara lo ordenado por la sala de Apelaciones.

“Se restituyen por el momento los derechos y garantías que merecen las víctimas del caso Creompaz, considerado uno de los cementerios clandestinos más grandes de Latinoamérica. No se puede sacrificar la justicia por meros formalismos”, detalló Archila.

El @MPguatemala informa que hoy presentarán una apelación en la CC contra la resolución de la Sala Segunda de Mayor Riesgo, que anuló todo el proceso del Caso Creompaz. El expediente señala a un grupo de militares por la desaparecida forzada de 558 personas.@prensa_libre

— Douglas Cuevas (@dcuevas_gtv) November 6, 2024

Sala Segunda de Apelaciones anula caso Creompaz y ordena la libertad para los militares señalados

La Sala de Apelaciones otorgó un amparo a uno de los militares señalados y resolvió que el Juzgado de Mayor Riesgo A nunca tuvo competencia ampliada para conocer el proceso.

Alex Fernando Rojas

5 de noviembre de 2024 | 15:42h

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El Juzgado de Mayor Riesgo A nunca tuvo competencia para conocer el caso Creompaz, argumento la Sala Segunda de Apelaciones. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La Sala Segunda de Apelaciones del Ramo Penal de Procesos de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio, decidió anular todo el proceso del caso Creompaz desde el 2016 y ordena dejar en libertad a los militares señalados.

La decisión judicial responde a un amparo otorgado a favor de Carlos Augusto Garavito Morán, uno de los militares señalados en el caso, quien accionó en contra del proceso, alegando que el Juzgado de Mayor Riesgo A nunca tuvo competencia ampliada para conocerlo.

El caso del Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz (Creompaz) se presentó por el Ministerio Público en el 2016 y fue calificado por la Fiscalía como “uno de los mayores de América Latina de desapariciones forzadas”.

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Creompaz era una base militar en Cobán, Alta Verapaz, conocida como Zona Militar 21 y que fue usada como cementerio clandestino durante el conflicto armado. Ahí fueron localizadas más de 550 osamentas, 90 de ellas que correspondían a menores de edad.

En ese caso la Fiscalía señaló a los militares Manuel Benedicto Lucas, Édgar Rolando Hernández Méndez, Ismael Segura Abularach, Pablo Roberto Saucedo Mérida, César Augusto Ruiz Morales, Juan Ovalle Salazar, José Antonio Vásquez, Gustavo Alonzo Rosales García, Raúl Dehesa Oliva, Carlos Augusto Garavito Morán, Carlos Humberto Rodríguez López, César Augusto Cabrera Mejía, Luis Alberto Paredes Nájera, Byron Humberto Barrientos Díaz.

Las argumentaciones de la Fiscalía era que estos militares habrían participado en 88 eventos documentados y relacionados con masacres contra la población civil no combatiente y la desaparición forzada de hombres, mujeres y niños entre 1981 y 1988.

La resolución de la Sala Segunda, emitida este 5 de noviembre, resuelve que “se deja sin efecto ni validez legal todas las resoluciones dictadas por la autoridad denunciada —Juzgado de Mayor Riesgo A— sobre los hechos.

El caso

El 6 de enero de 2016 el Ministerio Público presentó el caso Creompaz. Se practicaron varios allanamientos en Guatemala y Alta Verapaz y se capturó a 14 personas, señaladas de cometer violaciones a los derechos humanos y delitos contra los deberes de la humanidad.

Según explicó Thelma Aldana, entonces fiscal general, las investigaciones comenzaron en febrero del 2012, luego de una sentencia en el caso conocido como El Plan Sánchez, en el cual condenaron a ocho personas por un total de 7 mil 710 años de prisión.

Durante el proceso hubo testigos quienes indicaron que, dentro de la Zona Militar número 21 con sede en Cobán, Alta Verapaz, existía un cementerio clandestino donde habría unas 558 víctimas.

Durante tres años se excavaron 14 sitios y en cuatro de ellos localizaron osamentas humanas con señales de violencia previo a ser enterradas.

Los análisis forenses determinaron que las víctimas murieron por impactos cortantes en el área cervical, impactos contusos en el cráneo, tórax e impactos por proyectil de arma de fuego.

Los forenses encargados de la exhumación de las 565 osamentas lograron identificar a 150 de ellas, concluyendo que en su mayoría eran pobladores de las comunidades de Río Negro y Pambach del departamento (provincia) de Alta Verapaz, en el norte del país centroamericano.

El 20 de febrero pasado, la jueza Claudette Domínguez fue la encargada de beneficiar con medidas sustitutivas y el cierre del caso a los militares, previo a la confirmación de la Corte de Constitucionalidad.

La mañana de este 31 de enero, se llevaron a cabo relevos en una comandancia y tres jefaturas dentro del Ejército guatemalteco y las asumieron cuatro mujeres coronel.

En Cobán, Alta Verapaz se nombró a la coronel de Sanidad Militar Hilda Obeyda González Klusmann, 54 años, como la primera mujer Comandante del Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz (CREOMPAZ).

Según el Ejército, ella tendrá a su cargo el entrenamiento impartido en este comando especializado del Ejército de Guatemala y Centro América, basado en la doctrina de Naciones Unidas, para unidades militares, personal militar y civil, nacional y extranjero, sobre operaciones de coordinación civil militar y asistencia humanitaria, con la finalidad de prepararlos para participar en operaciones de mantenimiento de paz a nivel mundial.

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Segú el Ejército, la coronel González Klusmann, es una Oficial egresada, en 1994, de la Escuela Militar de Enfermería de la Secretaría de la Defensa Nacional de México.

Ha tenido experiencia en el campo de las Operaciones de Paz, su desempeño como oficial de Estado Mayor en la Misión de la Organización de Naciones Unidas para la Estabilización de la República Democrática del Congo (MONUSCO), Observadora Militar de Naciones Unidas en la Misión de Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS) y Observadora Militar en la extinta Misión de las Naciones Unidas en Etiopía y Eritrea (UNMEE), además de otros puestos de relevancia en el Ejército de Guatemala.

Sanidad militar

La coronel de Sanidad Militar Ana Patricia Prado Barahona, 48, fue nombrada jefa del Servicio de Sanidad Militar, que es el ente rector de la salud del Ejército.

Prado es una oficial egresada en 1997 de la Escuela Militar de Enfermería de la Secretaría de la Defensa Nacional de México.

La dependencia a la que fue nombrada la coronel, es responsable del bienestar biopsicosocial del personal militar por medio de acciones de prevención, promoción, atención, evacuación, hospitalización y rehabilitación, en tiempo de paz y de guerra, señala el Ejército.

La experiencia de Prado la adquirió como jefa de División de Escuelas del Centro Médico Militar; jefa del Departamento de Salud Integral del Servicio de Sanidad Militar; jefa de Enfermería Tipo “A” de la Quinta Brigada de Infantería “MGS”; jefa Enfermería Tipo “A” del Comando Aéreo del Norte “TCDEHS”; jefa de la División de Enfermería del Centro Médico Militar, además de otros puestos acorde a su grado y especialidad durante su carrera.

En la Industria Militar

En la Industria Militar del Ejército, fue nombrada como jefa la coronel de Sanidad Militar Karen Silvana Pérez Meléndez,  49 años, quien es oficial egresada de la Escuela Militar de Enfermería de la Secretaría de la Defensa Nacional de México, graduada en 1997.

Ella será la encargada de dirigir las acciones que contribuyan a la fabricación, importación, comercialización y distribución de artículos, bienes, equipos, y suministros de toda clase, que requiera el Ejército de Guatemala.

Pérez Meléndez se ha desempeñado como Inspector del Centro Médico Militar, jefa del Departamento de Administración del Comando Superior de Educación del Ejército de Guatemala, y otros puestos administrativos.

Derechos Humanos

Otro de los nombramientos fue el de la Coronel de Sanidad Militar Verónica Eulalia Doño Lobo, 47, egresada en 1998 de la Escuela Militar de Enfermería de la Secretaría de la Defensa Nacional de México

Ella fue nombrada directora general de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de la Defensa Nacional.

Esta entidad militar es la encargada de promover el ejercicio y respeto de los Derechos fundamentales del personal que integra el Ejército de Guatemala, así como velar por la divulgación y cumplimiento en las operaciones militares, de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, contenidos en la legislación interna, tratados y convenios internacionales, ratificados por el Estado de Guatemala.

Doño es abogada y notaria y eso le ha permitido, entre otros puestos, desempeñarse como asesora legal en distintas unidades y entidades del Ejército de Guatemala, lo que la hace conocedora de la legislación relacionada con los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

El nombramiento de González Klusmann, de 54 años, estuvo a cargo del ministro de la Defensa, Henry Sáenz, en la sede de Creompaz, en Cobán, Alta Verapaz.

González Klusmann, con rango de coronel de sanidad militar, tendrá a su cargo gestionar las tareas de entrenamiento que se imparten en ese comando especializado del Ejército de Guatemala, el cual, según se dijo, está basado en la doctrina de las Naciones Unidas para unidades militares, personal militar y civil nacional y extranjero, sobre operaciones de coordinación civil militar y asistencia humanitaria en operaciones de mantenimiento de la paz a escala mundial.

González Klusmann egresó en 1994 de la Escuela Militar de Enfermería de la Secretaría de la Defensa Nacional de México.

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Avala su experiencia en el campo de las operaciones de paz con su desempeño como oficial de Estado Mayor en la Misión de la Organización de Naciones Unidas para la Estabilización de la República Democrática del Congo (Monusco), como observadora militar de Naciones Unidas en la misión de Sudán del Sur (UNMISS) y observadora militar en la extinta Misión de las Naciones Unidas en Etiopía y Eritrea (UNMEE)]; además de otros puestos de relevancia en el Ejército de Guatemala.

De acuerdo con el ministro de la Defensa, Henry Sáenz, el nombramiento de González Klusmann se da con base en su experiencia en el campo de las Naciones Unidas y en misiones de mantenimiento de la paz.

Rubén Téllez, portavoz del Ejército de Guatemala, señaló que en la institución hay más de dos mil mujeres, de las cuales siete ostentan en rango de coronel.

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La diligencia por parte del Tribunal de Mayor Riesgo D del Organismo Judicial guatemalteco tuvo lugar en la antigua “Zona Militar No. 21”, ahora denominada “Creompaz”, ubicada en el departamento de Alta Verapaz, unos 100 kilómetros al norte de la Ciudad de Guatemala.

“Hemos hecho los recorridos que el perito nos fue a indicar y hemos concluido con esta diligencia”, dijo la presidenta del tribunal, Sara Yoc, al salir de las instalaciones de la antigua base del Ejército de Guatemala.

La inspección forma parte del proceso judicial en contra del exmilitar José Manuel Castañeda Aparicio por la desaparición de Rodolfo López Quej, su hermano Francisco Guerrero López, y el primo de ambos, Jacobo López Ac, entre el 25 y 26 de enero de 1983.

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Dichas desapariciones forzadas se registraron durante uno de los períodos más sangrientos del conflicto armado interno en Guatemala, que dejó 200 mil  personas asesinadas y otras 45 mil en paradero desconocido, más del 90 % a manos del Estado, según informes de organismos internacionales.

López Quej, Guerrero López y López Ac eran “líderes sociales que trabajaban para mejorar las condiciones de vida” de su “comunidad” en el municipio de Tactic, en el departamento de Alta Verapaz, de acuerdo con la organización no gubernamental Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh).

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Los tres fueron “sacados de sus casas” en enero de 1983 por más de “25 personas portando pasamontañas, armas y se los llevaron con rumbo desconocido” bajo el mando de “los comisionados militares Baltazar Milián y José Manuel Castañeda Aparicio”, precisó la misma fuente.

López Quej y Guerrero López “siguen desaparecidos” desde que fueron secuestrados de sus hogares en 1983, subrayó Caldh.

Los restos de López Ac fueron encontrados durante 2016 “en una fosa del cementerio clandestino” de la antigua “Zona Militar No 21”, junto a otras 565 personas desaparecidas, añadió Caldh.

En 2014, un tribunal absolvió a Castañeda Aparicio de un cargo en su contra por la desaparición de los tres líderes sociales, pero la decisión fue apelada por el Ministerio Público y revocada finalmente.

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Es por ello que en enero de 2022 empezó un nuevo debate oral y público en su contra en el Tribunal de Mayor Riesgo D del Organismo Judicial guatemalteco, que ahora incluye como prueba contra el exmilitar los restos encontrados de López Ac en 2016, a diferencia del primer juicio en 2014.

El debate oral y público en contra de Castañeda Aparicio continuará el próximo 17 de febrero en la Torre de Tribunales de la Ciudad de Guatemala.

Castañeda Aparicio fue capturado de nuevo para este juicio en septiembre de 2021, mientras que el excomisionado militar Baltazar Milián fue declarado en 2014 incapaz mental y físicamente de enfrentar los cargos en su contra.

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¡Exigimos Justicia para todas las víctimas encontradas en las fosas clandestinas de antigua Zona Militar no.21, hoy #CREOMPAZ!#CasoTactic#MemoriaVerdadYJusticia#NoMasImpunidad pic.twitter.com/lygdYEwXpr

— CasoCREOMPAZ (@CasoCreompaz) February 8, 2022

Desde #CREOMPAZ los familiares de las víctimas de este recinto militar, acompañan el #CasoTactic, en invocación piden Verdad y Justicia para todas las víctimas que aparecieron en el cementerio clandestino de este recinto militar del @Ejercito_GT pic.twitter.com/fDdrvD9KDj

— CasoCREOMPAZ (@CasoCreompaz) February 8, 2022

#AHORA audiencia de reconocimiento judicial #CasoTactic perito @FAFGuatemala explica fosa localizada en #ZM21 acualmente #Creompaz, lugar donde fueron localizadas 565 osamentas entre las que se encontraban niñxs, ancianxs y mujeres pic.twitter.com/7ziz79WtyN

— Verdad Justicia (@VerdadJusticiaG) February 8, 2022

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“A pesar del sufrimiento y destierro permanente que hemos vivido, fueron nuestros abuelos los que mantuvieron la esperanza viva en nosotros. Fueron ellos los que nunca perdieron la mirada en sus tierras ancestrales”, citan en un comunicado.

A 50 años del suceso, los afectados todavía recuerdan los vivido durante y después. “Fueron fatales para muchas familias, llegando a fallecer nuestros ancianos. Después vinieron meses y años de hambruna, fuimos condenados a vivir en condiciones infrahumanas por décadas. Aún están presentes las secuelas psicológicas de aquel despojo militar”, señalan.

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En un comunicado de prensa, organizaciones como Impunity Wathc, Oxfam América, Fundación para el Debido Proceso  y Robert F. Kennedy Human Rights, entre otras, indicaron que los sobrevivientes de Chicoyogüito sufren condiciones de pobreza extrema debido al desalojo militar.

“La zona militar 21 se convirtió en el centro de la coordinación e inteligencia militar, además de ser un centro clandestino de detenciones ilegales, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada y violaciones sexuales cometidas durante 1978 y 1990”, señalan las organizaciones.

El documento explica que, además del desalojo, “el Ejército sometió a muchas personas a trabajos forzados en las instalaciones militares”.

“Manifestamos nuestra solidaridad con los sobrevivientes de la comunidad de Chicoyogüito y nos unimos a sus demandas por justicia, el retorno a su territorio, recuperación de sus medios de vida y una reparación digan”, indican las organizaciones en el comunicado.

Lugar de miedo

Ese destacamento militar es señalado de ser el lugar en donde se cometieron grandes masacres. Entre el 2012 y el 2015, la Fundación de Antropología Forense de Guatemala hizo 14 exhumaciones y localizó 558 osamentas, de las cuales 90 eran de niños y 128 son de personas desaparecidas entre 1981 y 1988.

Según informes forenses, las osamentas tienen señales de tortura, vendas en los ojos, cadenas o lazos alrededor de los tobillos y cuello y el tiro de gracia.

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Por el caso Creompaz está prófugo el exdiputado Édgar Ovalle, fundador del partido oficial, Frente de Convergencia Nacional. Otros ocho militares también fueron juzgados por el caso: Manuel Benedicto Lucas García, Carlos Augusto Garavito Morán, José Antonio Vásquez García, César Augusto Cabrera Mejía, Byron Humberto Barrientos Díaz, César Augusto Ruiz Morales, Juan Ovalle Salazar y Raúl Dehesa Oliva.

Las organizaciones internacionales hacen un llamado al Estado de Guatemala para que “se cumpla lo establecido en los Acuerdos de Paz, en materia de población desarraigada, restituyéndoles las tierras que ancestralmente habitaron y que hasta hoy se mantienen bajo el control del Ejército”.

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Ovalle es acusado de crímenes de lesa humanidad durante la guerra civil, en un caso denominado Creompaz. Según la fiscalía, en el área del actual Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Paz de Naciones Unidas (Creompaz), antes base militar, se torturo y ejecutó extraoficialmente a más de 500 personas, entre 1981 y 1988.

La imputación también incluye a 14 militares en condición de retiro, entre ellos Manuel Benedicto Lucas García, exjfe del Estado Mayor del Ejército y hermano del expresidente Romeo Lucas García. Todos fueron enviados a juicio y guardan prisión desde el 6 de enero de 2016.

Gloria Porras, magistrada del máximo tribunal dijo “la doctrina establece que una vez resuelto un amparo, no se puede presentar otro amparo sobre este mismo porque sino sería una cuestión interminable y admitir eso sería como algo imposible para la justicia”.

Ovalle Maldonado pretendía con esa acción detener el antejuicio en su contra, el cual fue presentado por el Ministerio Público desde enero último por estar vinculado en el caso por las desapariciones forzadas con la base militar No.21, durante el conflicto armado interno, conocido el caso como Creompaz.

El diputado oficialista había presentado el amparo contra la decisión de la Corte Suprema de Justicia por darle trámite al antejuicio en su contra.

El lunes de la semana pasada a solicitud del Ministerio Público el Juzgado de Mayor Riesgo A, arraigó al diputado del Frente de Convergencia Nacional, sindicado de desapariciones forzadas.

El ente investigador relaciona a Ovalle Maldonado con 14 militares que ya fueron detenidos, entre ellos, Manuel Benedicto Lucas García, exjefe del Estado Mayor General del Ejército y hermano del expresidente Romeo Lucas García.

Los militares son investigados por una denuncia de desapariciones forzadas durante los años 1981 a 1988.

Los militares que enfrentarán debate oral ante el Tribunal de Mayor Riesgo A son Manuel Benedicto Lucas García, Carlos Augusto Garavito Morán, José Antonio Vásquez García, César Augusto Cabrera Mejía, Byron Humberto Barrientos Díaz, César Augusto Ruiz Morales, Juan Ovalle Salazar y Raúl Dehesa Oliva.

En el expediente consta que la Fiscalía impugnó el fallo de apertura a juicio por considerar que la jueza Claudette Domínguez no valoró de manera adecuada la investigación y los indicios, por lo cual no envió a juicio a Lucas García, Garavito Morán, Vásquez García y Cabrera Mejía por todos los hechos que se señalaban en la investigación.

El día de la audiencia, la jueza especificó en su resolución que no había congruencia en algunos de los señalamientos que el MP califica como acciones delictivas, con los indicios con los cuales se busca probar la posible responsabilidad de los acusados. De esa manera ordenó el archivo de algunos hechos y profundizar en la investigación de otros.

Derivado del análisis de los magistrados Anabella Cardona, Mynor Oxom y Marvin Reyes, se determinó que la funcionaria fundamentó de manera adecuada su decisión, por lo cual fue confirmada.

Agraviados

Los magistrados también confirmaron que la Coordinadora pra la Justicia y la Dignificación de las Víctimas del Conflicto Armado en Alta Verapaz (Codevi) podrá participar en el caso como agraviada, y no como querellante adhesivo, como indicó Domínguez en la audiencia intermedia del caso.

Codevi apeló la resolución de la jueza al indicar que en el principio del proceso, cuando los militares fueron ligados al caso, la funcionaria permitió que la entidad participara como querellante de manera provisional, pero al decidir que los acusados fueran a juicio, cambió la figura con la cual la organización figurará.

La Sala determinó que el fallo de Domínguez es correcto y que se encuentra debidamente fundamentado.

Amnistía

Segura Abularach, Rosales García y Cabrera Mejía fallaron en su intento por obtener la amnistía a los hechos por los cuales enfrentan a la justicia. La Sala negó las apelaciones con las cuales solicitaban que les concediera el perdón judicial, como lo señala el decreto 33-82, emitido por la Junta Militar de Gobierno que en 1982, integrada por José Efraín Ríos Montt, Francisco Luis Gordillo y HOracio Maldonado Schaad, asumió el poder.

La Sala respondió a los militares que la normativa que señalan en su petición, perdió vigencia con el decreto 145-96, que contiene la Ley de Reconciliación Nacioal, emitido después de la firma de la paz, en 1996.

Por el momento, Abuarach y Rosales García permanecen fuera de la investigación, derivado del sobreseimiento a los hechos que el MP hace en su contra, según la resolución de Domínguez de la audiencia de apertura a juicio. La orden obliga a la Fiscalía archivar el expediente de ambos.

En las primeras investigaciones se agregó a Edgar Rolando Hernández, Pablo Roberto Saucedo Mérida, Carlos Humberto Rodríguez López y Luis Alberto Paredes Nájera.

Paredes Nájera fue separado del proceso de manera temporal, debido a quebrantos de salud. Hernández, Saucedo Mérida y Rodríguez López fueron beneficiados con la falta de mérito a los señalamientos que la Fiscalía hace en su contra.

El fallo de la CSJ, en enero último, fue unánime y rechazado sin entrar a conocer el expediente, por lo que Ovalle no fue procesado por los abusos del Ejército contra población civil no combatiente en la antigua base militar de Alta Verapaz, Creompaz.

La resolución de la CSJ obedeció a un criterio que aseguraba que los señalamientos de la fiscalía en contra del parlamentario eran “espurios”.

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Ovalle formaba parte de un grupo de 11 militares que eran señalados por la fiscalía de ser responsables de ejecuciones extrajudiciales en la antigua Zona Militar 21, en Cobán, ahora el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz (Creompaz).

Ismael Segura Abularach y Gustavo Rosales García fueron declarados en libertad, mientras que a juicio por su supuesta implicación en los hechos fueron enviados el exjefe del Estado Mayor General del Ejército Manuel Benedicto Lucas García, hermano del fallecido presidente de Guatemala (1978-1982) Fernando Romeo Lucas García.

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También van a juicio los oficiales retirados José Antonio Vásquez García, Juan Ovalle Salazar, Carlos Augusto Garavito, Byron Humberto Barrientos, César Augusto Ruiz Morales, José Antonio Vásquez y Raúl Dehesa Oliva.

Completa la lista de militares Luis Alberto Paredes Nájera, quien ha sido separado temporalmente de este caso debido a que, según análisis forenses, está incapacitado para enfrentar el proceso penal.

El debate lo conocerá el Tribunal de Mayor Riesgo A por los delitos de desaparición forzada y delitos contra los deberes de la humanidad, que está integrado por la jueza Yassmin Barrios, quién ya dictó una sentencia condenatoria contra Efraín Ríos Montt por genocidio, en mayo de 2013.

Los 10 militares fueron capturados el pasado 6 de enero por su responsabilidad en supuestos delitos de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado en el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz “Creompaz”, en la zona militar 21 de Cobán.

Este lugar, según las denuncias, “fue utilizado como centro clandestinos de detenciones ilegales, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada y violaciones”.

La investigación del Ministerio Público (MP), señala que los sindicados habrían tenido responsabilidad en al menos 535 crímenes entre 1978-1990.

Jueza Claudette Domínguez comienza a emitir fallo de audoencia de apertura a juicio por #CasoCreompaz. @prensa_libre pic.twitter.com/Je2w78XOnk

— Jerson Ramos (@Jerson_Ramos_C) June 7, 2016

Entre los detenidos figura al exjefe del Estado Mayor General del Ejército Manuel Benedicto Lucas García, hermano del fallecido presidente de Guatemala (1978-1982) Fernando Romeo Lucas García.

También van a juicio los oficiales retirados José Antonio Vásquez García, Juan Ovalle Salazar, Carlos Augusto Garavito, Byron Humberto Barrientos, César Augusto Ruiz Morales, José Antonio Vásquez y Raúl Dehesa Oliva.

Completa la lista de militares Luis Alberto Paredes Nájera, quien ha sido separado temporalmente de este caso debido a que, según análisis forenses, está incapacitado para enfrentar el proceso penal.

*Con información de Agencia EFE

Durante el segundo día de la audiencia, en la que se decidirá si 10  militares   enfrentan juicio  por  desapariciones forzadas y delitos contra deberes de la humanidad, el MP retomó la palabra con los señalamientos contra el resto de   implicados, pues el último martes solo pudo hacerlo contra cuatro.

 Explicó que entre los medios de prueba se cuenta con testimonios de uno de los sobrevivientes  y  las esposas de algunas víctimas.

“Familiares  narraron que un helicóptero sobrevoló la comunidad, que soldados llegaron y se llevaron a la mayoría de los hombres a una escuela del lugar. Después de ese día nunca más volvieron a ver a sus parejas e hijos”, expuso la fiscal a cargo.

Agregó que “muchas” de las mujeres declararon que fueron violadas por los militares. “Una de ellas dice que no recuerda cuántas veces la violaron, solo que el sangrado duró unos 90 días”, manifestó.

Con más de una hora de retraso, la jueza Claudette  Domínguez comenzó la audiencia con la resolución de varias peticiones del MP, entre ellas la solicitud de que Paredes Nájera fuera enviado al hospital psiquiátrico Federico Mora y que enfrentara un juicio especial.

La jueza consideró adelantada la petición del ente investigador y negó que se trasladara a Paredes Nájera al centro psiquiátrico,   por lo delicado de su salud.  Sin embargo, ordenó a ese centro y al Instituto Nacional de Ciencias Forenses enviar a  especialistas al Hospital Militar —donde se encuentra internado— para que lo evalúen   y, en base a los resultados, determinar si está en capacidad de enfrentar un proceso normal o un juicio de medidas especiales —si es hallado culpable no cumpliría pena de cárcel—.

Comienzo

Pasado el mediodía, el fiscal comenzó con los señalamientos a los 10 implicados en el proceso, en presencia de mujeres y hombres que viajaron desde Cobán, así como representantes de organizaciones sociales, familiares de las víctimas y de los señalados.

Entre las pruebas que presentó el MP se encuentran 814 folios  relacionados con  personas que fueron localizadas en fosas, en la sede castrense, y las cadenas de custodia de muestras esqueléticas y genéticas.

En este proceso  el Juzgado recibió 20 mil 800 folios de prueba por parte de la Fiscalía de Derechos Humanos del MP.

La Fiscalía agregó que por la cantidad de material la audiencia podría durar cinco días antes de que la judicatura tome la decisión de si son enviados a juicio. Antes de la diligencia, el Juzgado dictó  falta de mérito en favor de tres personas más, pero el MP, luego de   revisar los documentos, decidió solicitar de nuevo que se ligue al proceso penal a Pablo Roberto Saucedo Mérida.

“Para decidir la situación de Saucedo Mérida se programó audiencia para el 16 de mayo”, informó el MP.

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Creompaz

En ese lugar funcionó durante el conflicto armado la Zona Militar 21 de Cobán, Alta Verapaz, que según las denuncias, “fue utilizado como centro clandestinos de detenciones ilegales, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada y violaciones”.

Al concluir la presentación de pruebas de cargo y descargo, que puede durar varios días, la jueza Domínguez deberá decidir si envía o no a juicio a los imputados.

La investigación del MP señala que los sindicados habrían tenido responsabilidad en al menos 535 crímenes entre 1978-1990.

Entre los 11 detenidos figura al exjefe del Estado Mayor General del Ejército Manuel Benedicto Lucas García, hermano del fallecido presidente de Guatemala  Fernando Romeo Lucas García.

Los otros son los oficiales retirados de la Zona Militar 21, Ismael Segura Abularach, Gustavo Alonzo Rosales García, Juan Ovalle Salazar, Luis Alberto Pares Nájera, César Augusto Cabrera Mejía, Carlos Augusto Garavito Morán, José Antonio Vásquez García, Raúl Dehesa Oliva, Byron Humberto Barrientos Díaz y César Augusto Ruiz Morales.

Los 11 quedaron ligados a proceso judicial en enero pasado por delitos de lesa humanidad.

Esta protesta se realizó días después de que la jueza Claudette Domínguez ligara a proceso penal a 11 de los 14 militares retirados acusados de desapariciones forzadas y delitos de lesa humanidad por al menos 558 desapariciones de indígenas durante el conflicto armado interno (1960-1996).

La jueza decidió otorgar “falta de mérito” al caso de los otros tres militares por supuestas “incongruencias” en las fechas cuando el Ministerio Público (MP, Fiscalía) realizó la acusación, aunque el ente público tiene ahora tres meses para enmendar la investigación.

Según la acusación, los 14 militares participaron de forma “sistemática” en delitos y matanzas que se pueden considerar “crímenes de guerra”, así como en violaciones múltiples a mujeres y menores de edad durante la década de los 80.

Este caso, conocido como Creompaz debido a que las osamentas fueron localizadas en el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz (Creompaz), en la antigua Zona Militar 21 de Cobán, Alta Verapaz, ha vuelto a traer a la memoria de los guatemaltecos el drama vivido durante los 36 años de guerra.

Ligados a proceso

Los 11 militares retirados ligados a proceso son el general Manuel Benedicto Lucas García y los oficiales José Antonio Vásquez García, Carlos Augusto Garavito Morán, Raúl Dehesa Oliva, Gustavo Alonzo Rosales García, César Augusto Cabrera Mejía, Ismael Segura Abularach y Juan Ovalle Salazar.

Además de Byron Humberto Barrientos Díaz, César Augusto Ruiz Morales y Luis Alberto Paredes Nájera.

Los procesados se encuentran en prisión preventiva en la cárcel de la brigada militar Mariscal Zavala.

Por este mismo caso, una abogada guatemalteca solicitó la apertura de antejuicio contra el ministro de Defensa, Williams Mansilla, por haber revelado “sin orden judicial” documentación clasificada como “secreto militar”.

El gobernante aseguró que se trata de cambios normales que se dan cada enero, y con mayor relevancia después de que asume una nueva administración.

“Fíjese que ahorita ustedes van a escuchar que va a haber cambios, pero que son normales todos los meses de enero, y máxime en un cambio de posesión. Entonces, esos cambios obedecen básicamente a la organización del Estado, del Gobierno y del Ejército”, manifestó.

Como jefe del EMDN fue juramentado Juan Manuel Pérez Ramírez. Otros relevos fueron los del viceministro de Marina, Byron René Hidalgo Cáceres, por Carlos Adolfo Thomas Ramírez, y el del inspector general del Ejército, Medardo Monterroso Suárez, por Alfredo Díaz Waight.

El portavoz de la institución castrense, Hugo Rodríguez, explicó que cuando un integrante del alto mando del Ejército, como el jefe del EMDN, es relevado, automáticamente causa baja de las filas militares.

En el caso de Sosa, se suspende la revisión interna que se hacía desde hace varios días para establecer si había incurrido en una falta.

Se había notado que algo estaba mal cuando en el saludo del Ejército a su nuevo comandante general, el 15 de enero último, el gran ausente fue Sosa, cuya acción de amparo causó revuelo dado que era un general en activo, sujeto a una cadena de mando.

Pide antejuicio

La abogada Thelma Inés Peláez Pinelo solicitó ayer, a título personal, a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) retirar el derecho de antejuicio al ministro Mansilla Fernández, a quien señala de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, revelación de secretos y resoluciones violatorias la Constitución.

El memorial detalla que Mansilla Fernández pudo haber incurrido en acciones irregulares al entregar información militar con carácter de secreto al Ministerio Público (MP), la cual forma parte del proceso contra integrantes de la institución por abusos contra población civil no combatiente durante el conflicto armado, específicamente los hechos que se investigan en el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz (Creompaz), antigua Zona Militar 21.

La profesional asegura que los documentos con información castrense fueron entregados por Mansilla Fernández a la Fiscalía de Derechos Humanos sin la autorización de juez.

Gestión Penal asignó el expediente por sorteo al Juzgado Undécimo Penal, el cual no es competente para conocer la solicitud, según estipula la Ley en Materia de Antejuicio, por lo cual debe ser remitido a la CSJ.

El estudio del memorial podría tener tres resultados: rechazo por no cumplir con requisitos formales, rechazo por inconsistencia de hechos o señalamientos espurios y orden para que se investigue.

En el último de los casos se nombra a un juez pesquisidor, quien controla el expediente. Su función es emitir una recomendación sobre la pertinencia de retirar la inmunidad al funcionario señalado.

Informe

La ley señala que el pesquisidor tiene 60 días hábiles para preparar el informe, período en el cual se debe escuchar al demandante y al señalado.

Analistas consideran que el ministro de la Defensa no violentó normas, porque cumple otras.

El MP intenta determinar la responsabilidad de militares en situación de retiro por abusos contra civiles de comunidades de Alta Verapaz, cometidos entre 1981 y 1988 por las fuerzas castrenses en la referida base militar, ubicada en Cobán.

El caso se encuentra en el Juzgado de Mayor Riesgo A, a cargo de la jueza suplente Claudette Domínguez. La funcionaria determinó que 11 militares deben enfrentar a la justicia por desapariciones forzadas y delitos contra deberes de humanidad. Además, decidió dar tres meses al MP para que investigue a otros tres, en favor de quienes se decretó falta de mérito.

Entre los procesados se encuentra Manuel Benedicto Lucas García, exjefe del Estado Mayor de la Defensa —hermano del expresidente Fernando Romeo Lucas García—, quien también estuvo de alta en la institución armada durante ese período.

Pelaez afirmó en el memorial que Mansilla habría cometido los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, revelación de secretos y resoluciones violatorias a la Constitución.

En el documento aseguró que el funcionario entregó al Ministerio Público (MP), “sin orden judicial” de por medio, documentación clasificada como “secreto militar” relacionada con el caso Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz (Creompaz).

La profesional acudió a Gestión Penal a dejar el memorial con su requerimiento y esta unidad remitió el documento al Juzgado Undécimo Penal para el trámite correspondiente.

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Contexto

Por el caso Creompaz, la fiscalía en conjunto con la Policía capturó a 14 militares retirados a quienes señaló de participar en al menos 558 desapariciones forzadas de indígenas durante la década de 1980, época en la que el país había un conflicto armado. Esos hechos ocurrieron en Alta Verapaz.

Los detenidos son: Manuel Benedicto Lucas García, Byron Humberto Barrientos Díaz, Gustavo Alonso Rosales García, José Antonio Vásquez García, Carlos Humberto Rodríguez López, Ismael Segura Abularach, Pablo Roberto Saucedo Mérida, César Augusto Ruiz Morales, Juan Ovalle Salazar, Édgar Rolando Hernández Méndez, Carlos Augusto Garavito Morán, Luis Alberto Paredes Nájera, César Augusto Cabrera Mejía, Raúl Dehesa Oliva.

La investigación del MP, señala que los sindicados habrían tenido responsabilidad en al menos 88 eventos relacionados con masacres ocurridas entre 1981 y 1986.

Según el MP, Lucas García tuvo injerencia sobre el comandante de la base militar 21 de Cobán, donde recientemente se localizaron más de 500 osamentas.

Por este caso también se pidió el antejuicio en contra de Edgar Justino Ovalle Maldonado, diputado por el partido Frente de Convergencia Nacional.

Los militares fueron escuchados por el jueza Claudette Domínguez, a cargo del Juzgado de Mayor Riesgo A, y determinó ligar a proceso a 11 militares a quienes envió a prisión preventiva.

Domínguez dejó en libertad a Édgar Rolando Méndez, Carlos Humberto Rodríguez y Pablo Saucedo Mérida, argumentado que las fechas que señaló la fiscalía no concuerdan con el periodo en el que ellos estaban en sus cargos, pero otorgó tres meses al MP para realizar una nueva investigación.

Este caso es conocido como Creompaz debido a que los restos fueron localizados en el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz  (Creompaz), en la antigua Zona Militar 21 de Cobán en Alta Verapaz.

El Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU acogió la decisión de la jueza y la consideró como un “paso importante”  para esclarecer la verdad y garantizar la justicia en Guatemala.

La portavoz del Alto Comisionado Ravina Shamdasani señaló en rueda de prensa la importancia de este enjuiciamiento, puesto que se trata de “la primera vez – en Guatemala – que una cadena de mando envuelta en un crimen como este es identificada, desde los instigadores hasta los perpetradores”.

Los beneficiados con la medida son Carlos Rodríguez López, Pablo Saucedo Mérida y Edgar Hernández. Sin embargo, la juzgadora aclaró que la falta de mérito no cierra la investigación.

Debido a ello, ordenó el arraigo de Rodríguez López, Saucedo Mérida y Hernández, quienes también deberán acudir a firmar el libro de asistencia.

La jueza dio un plazo de tres meses al MP para que vuelva a presentar una investigación contra los tres militares beneficiados con la falta de mérito.

Luego de la resolución de Domínguez, la fiscalía pidió que los 11 ligados a proceso fueran enviados a prisión preventiva. 

Aunque la defensa de los imputados solicitó que se dictara arresto domiciliario, la juzgadora indicó que los 11 procesados quedarán en prisión preventiva y los envió a la cárcel instalada en la Brigada Militar Mariscal Zavala. 

Domínguez manifestó que no hay peligro de fuga. Sin embargo, explicó que “existe la posibilidad de que algunos de los sindicados perjudiquen el desarrollo de la investigación”.

Ligados a proceso y en prisión preventiva:

• Manuel Benedicto Lucas García.
• Byron Humberto Barrientos Díaz.
• Gustavo Alonso Rosales García.
• José Antonio Vásquez García.
• Ismael Segura Abularach.
• César Augusto Ruiz Morales.
• Juan Ovalle Salazar.
• Carlos Augusto Garavito Morán.
• Luis Alberto Paredes Nájera.
• César Augusto Cabrera Mejía.
• Raúl Dehesa Oliva.

Masacres

Según el MP los militares son supuestos responsables de varias masacres cometidas en Alta Verapaz.

La investigación señala que los sindicados habrían tenido responsabilidad en al menos 88 eventos relacionados con masacres ocurridas entre 1981 y 1986.

La fiscalía señala que Manuel Benedicto Lucas García tuvo injerencia sobre el comandante de la base militar 21 de Cobán, donde recientemente se localizaron más de 500 osamentas.

Por este caso también se pidió antejuicio en contra de Edgar Justino Ovalle Maldonado, diputado que fue electo por el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), el cual impulsó la candidatura del actual presidente Jimmy Morales.