La acción de la PDH busca frenar el Acuerdo Gubernativo 2-2019 con el cual se da por terminado el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

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El procurador Jordán Rodas dijo durante la audiencia que el acuerdo emitido por el Gobierno de Jimmy Morales viola la Constitución de la República de Guatemala.

María Inés Bravo, representante de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, también se expresó durante la audiencia y pidió a la Corte de Constitucionalidad que se permita la continuidad de las negociaciones con la ONU para renovar el mandato.

Antecedente

El 8 de enero último, en el diario oficial, fue publicado el referido acuerdo gubernativo con el que presidente Jimmy Morales y el Consejo de Ministros da por concluido el acuerdo de creación de la Cicig, el cual, según la PDH, violenta el principio de jerarquía normativa porque una disposición ejecutiva no puede derogar un decreto del Congreso.

Solicita a la CC que otorgue amparo definitivo

La Corte de Constitucionalidad llevó cabo en una vista pública en la que el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, solicitó al alto tribunal que resuelva en definitiva el amparo provisional que dictó en enero en contra de la decisión del Gobierno de poner fin al acuerdo de creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig)

El PDH y representantes de la Cicig participaron este lunes en una vista pública en la que expusieron sus argumentos con relación al amparo promovido por Rodas en la CC en enero contra la decisión del presidente Jimmy Morales de dar por concluido el mandato de la Comisión el pasado 7 de enero.

Sin embargo, tras otorgarse el amparo provisional esa instrucción gubernamental, la cual fue calificada hoy por Rodas como “un acto arbitrario el ilegal” quedó suspendida.

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Rodas dijo que esta vista pública es la etapa final previo a que la CC dicte sentencia dentro de la acción de amparo que presentó la institución a su cargo cuando Morales el pasado 7 de enero anunció públicamente en Guatemala y la canciller Jovel en Nueva York la finalización inmediata del Convenio de creación de la Cicig.

Rodas aseguró que afortunadamente, en esa oportunidad la CC otorgó el amparo provisional con lo cual quedó suspendido el cierre de la Cicig y continuó trabajando en el país, “a pesar de los vaivenes” que significó hechos como la expulsión de algunos de sus integrantes y de la seguridad.

Gobierno actuó sin fundamento

Rodas expuso que el Gobierno actuó sin fundamento legal contraviniendo el acuerdo que le da vida a la Cicig, el cual cita en el artículo 12 que cuando hay desacuerdo entre las partes debe solucionarse mediante la comunicación entre los firmantes, lo cual “no existió”.

Reiteró que al dar por concluido el cierre del Convenio de manera unilateral, el Gobierno contravino el artículo 146 de la Constitución Política de la Republica de Guatemala en cuanto a la manera en que deben tratarse los convenios internacionales y que a partir de estos preceptos se llega a la Convención de Viena en lo relativo a los tratados internacionales y las formas en que se deben fundamentar y en el caso del Gobierno “nunca ha habido buena fe”.

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Muestra de ello, afirmó Rodas, es que en su anuncio, tanto el presidente Morales como la canciller Jovel, aseveraron que ese mismo día, el 7 de enero, entraba en vigor, cuando su publicación apareció al siguiente día.

“En concreto, hay una serie de ilegalidades y arbitrariedades con las que el presidente Morales ha manejado el tema, por lo que con base a estos hechos se ha la solicitó a la CC  que dicte la sentencia y otorgue el amparo definitivo, dejando sin efecto el acto recurrido que fue el acuerdo que después salió publicado en el Diario Oficial”, afirmó Rodas.

Durante el mismo acto, la mandataria de la Cicig, Jennifer Bravo se pronunció en cuanto a que al definirse este amparo quedarían abiertas las puertas para que las partes dialoguen sobre el cese unilateral del ente internacional previsto para el 3 de septiembre, con lo cual coincide la PDH.

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También participaron los excancilleres Gabriel Orellana, Édgar Gutiérrez y Alfonso Cabrera.

Debe resolver antes del 3 de septiembre

El excanciller Orellana dijo que si la CC no resuelve antes del 3 de septiembre el amparo prácticamente se quedará sin materia, porque se vencerá el plazo y ahí terminó el convenio por la Cicig.

Orellana explicó que ve dos escenarios: el primero es que si la CC resuelve en pocos días dejaría la puerta abierta para que, por ejemplo, el nuevo Gobierno pudiera decir que renueva el convenio con la Cicig, o, eventualmente, hubiera presión de algún lado, por ejemplo una corriente de opinión pública o una potencia como EE. UU.

Ahora, si en caso resolviera en una fecha muy próxima al 3 de septiembre diciendo que la PDH tiene razón, de nada serviría porque Guatemala ya dio el aviso que no se renovará el convenio de la Cicig.

“Pareciera que la CC dejó adrede que el tiempo transcurriera para resolver en un momento donde prácticamente, aunque resolviera a favor, el convenio de todos modos ya no tendría validez porque expiró.  “Parece que es una forma de hacerle el juego a todo el mundo y quedar bien con todos”, comentó Orellana.

Al respecto, Gutiérrez dijo que se presentaron porque en enero un grupo de exministros de Relaciones Exteriores presentaron un amicus curiae en la CC relacionado a los conflictos que ha tenido el Gobierno con la Cicig que “se resumen en una violación a la Constitución y tratados internacionales”.

Gutiérrez aseguró que, además, ha habido desacato por parte del Gobierno a la CC porque el máximo tribunal constitucional “ya había dado el amparo provisional y aun así retiró inmunidades diplomáticas a funcionarios y a agentes de seguridad, por lo que incurrió en faltas evidentes. “La Corte va ha tener que resolver en definitiva y deducir responsabilidades al Presidente y sus ministros de Gobernación y la Cancillería”.

Presidencia y MP por escrito

El Ministerio Público (MP) y la Presidencia de la República no se presentaron a la cita, las sillas que les correspondían a sus representantes, entre ellos el presidente Morales, permanecieron vacías.

Alfredo Brito, secretario de Comunicación Social de la Presidencia, informó que la Secretaría General de la Presidencia presentó por escrito a la CC sus argumentos.

Julia Barrera, portavoz del MP informó que la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal indicó que la audiencia de vista pública fue evacuada por escrito. El memorial fue presentado el pasado viernes 12 de julio en la Corte de Constitucionalidad, agregó.

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En la carta, firmada por los representantes Doug LaMalfa, Scott Perry, Steve King, Louie Gohmert, Paul Gosar, Andy Biggs, Andy Harris y Ralph Norman, los congresistas expresan que la decisión de Jimmy Morales fue “la acción correcta” en favor de la soberanía del país.

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“Al igual que el presidente Trump, el presidente Morales es el líder de una nación soberana”, dice la misiva, que enfatiza que, de la misma forma que el presidente republicano, Morales se ha enfocado en restablecer y defender la soberanía.

Los congresistas comparten el punto de vista del gobierno guatemalteco de que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) “no estaba ayudando a Guatemala” a frenar el crimen organizado, por lo que el gobierno se vio en la necesidad de solicitar a la ONU el reemplazo del titular de la Comisión, Iván Velásquez, sin obtener respuesta de esta.

Sin embargo, los congresistas firmantes tampoco han escapado de las polémicas y señalamientos en Estados Unidos. Estas son algunas de ellas:

Doug LaMalfa – opuesto a regulación de armas

Representante republicano de California. Apoyó las recientes declaraciones de Donald Trump de una emergencia en la frontera y celebró la idea de crear un muro fronterizo, según publica el sitio actionnewsnow.com. Sin embargo, gobernadores y autoridades fronterizas han negado que exista tal emergencia y algunos de ellos han comenzado a retirar las tropas de los puntos fronterizos.

Fue nombrado “legislador del año” por la Asociación de Rifles y Pistolas en 2007 por la aprobación de una ley que impide la incautación de armas de fuego en caso de una emergencia.

Apoyó fervientemente la extinta propuesta de ley contra los derechos de los migrantes que proponía que las fuerzas del orden público pudieran actuar como agentes de Inmigración y Aduanas.

Scott Perry – informes alterados

Republicano representante de Nueva York. Votó en contra de una medida para bloquear la declaración de emergencia de Trump del 15 de febrero.

En el 2002 Perry, un militar reconocido, fue acusado por el Departamento de Protección Ambiental de Pennsylvania por falsificar unos informes respecto del sistema de aguas residuales, con el objetivo de beneficiar a una empresa familiar de tratamiento de agua del que era copropietario, según el sitio pennlive.com. Finalmente se declaró culpable de los cargos.

Steve King – “Un muro electrificado es efectivo para ganado”

Representante republicano por Iowa. Nombrado en 2015 “el Miembro menos efectivo del Congreso, por el observador InsideGov.

Es un ferviente defensor de las armas de fuego. Es famoso por afirmar que las armas de fuego no son las culpables de la violencia, sino quien las porta

En 2010 fue criticado por las organizaciones en favor de los animales cuando disparó contra un mapache que buscaba refugio en su casa por una tormenta invernal, según el sitio www.radioiowa.com. Así también se ha opuesto a las legislaciones contra las peleas de animales y al transporte de estos, aduciendo que “sería poner a las animales por encima de los humanos”.

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Se ha opuesto radicalmente a la inmigración y al multiculturalismo. Ha negado públicamente el aporte de los migrantes en la economía de Estados Unidos, aduciendo que al faltar el trabajo de estos fácilmente serían reemplazados por máquinas.

Pero una de sus declaraciones más polémicas las dio en 2006 cuando propuso en la frontera un muro electrificado porque “este era efectivo contra el ganado”, cita el sitio thinkprogress.org.

En 2017 propuso que el muro fronterizo se pagara con dinero asignado a los programas de asistencia social de EE. UU. y ha llamado a los inmigrantes “indeseables”.

En 2018 relacionó al expresidente Barack Obama con los terroristas de Al Qaeda y afirmó que este iba a gobernar en favor de los afroestadounidenses, según el sitio desmoinesregister.com.

Por sus posturas contra inmigrantes, personas del mismo sexo y la multiculturalidad es considerado uno de los legisladores más radicales.

Louie Gohmert – maestros armados

Representante republicano de Texas. Es uno de los legisladores que más ha criticado y más se han opuesto a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Gohmert no cree en el cambio climático y ha afirmado públicamente que los datos que se usan para sustentar ese fenómeno no son reales, según el sitio
motherboard.vice.com.

Es uno de los legisladores que creen radicalmente que los maestros deben ir armados para evitar las matanzas en los centros educativos, consigna el diario texasmonthly.com.

Se opone también a la ayuda económica de EE. UU. a Centroamérica, al insinuar que este cae en manos de narcotraficantes.

Es uno de los más férreos defensores del muro fronterizo. Ha sido criticado por sus posturas antimigrantes y al oponerse al ingreso de madres embarazadas en Estados Unidos desde Oriente Medio, al decir que son enviadas por terroristas, que luego reclutarán a esos niños para atacar a Estados Unidos.

En el 2012 también relacionó al gobierno de Obama con hermandades radicales musulmanas y acusó al Departamento de Seguridad de poner en peligro al país, según newsmax.com.

Ha sido también criticado por varias organizaciones, debido a que se ha opuesto a programas de emprendimiento en favor de la mujer.

Paul Gosar – “Los dreamers no pueden legalizarse”

Representante republicano de Arizona. Es también un férreo opositor a las advertencias sobre el cambio climático.

En 2015 acusó al papa Francisco de tener la talla de los “políticos de izquierda” y se negó a asistir al discurso del Pontífice en ese país, como lo detalló el washingtonpost.com.

También se ha opuesto radicalmente a la regulación de las armas en EE. UU., con toda la simpatía de la Asociación Nacional del Rifle.

Férreo opositor a que los dreamers puedan legalizarse, según publica el usatoday.com. Defiende una política dura contra los inmigrantes y ha criticado severamente a los abogados de inmigrantes, quienes ha dicho que deberían procesarse al igual que cualquier migrante, “por traición a la patria”.

En 2014 sus comentarios causaron polémica cuando dijo que las tierras designadas a los nativos americanos deberían ser cambiadas por “suelos más productivos”, refiriéndose a que deberían entregarse en concesiones, como lo muestra un artículo del tucsonweekly.com.

Andy Biggs – contra la investigación por injerencia rusa

Representante republicano de Arizona. Con un fuerte vínculo con empresarios de las telecomunicaciones se ha opuesto y ha bloqueado leyes en contra del uso de celulares mientras se conduce.

En 2017 solicitó la renuncia de Robert Mueller, fiscal que estaba encargado de investigar la injerencia rusa en las elecciones de EE. UU., aduciendo falta de idoneidad para ese cargo.

Un proyecto de ley en 2018 lo lanzó a la polémica: proponía que pacientes en estado de gravedad tuvieran acceso a “medicamentos experimentales” sin que hubiera una supervisión gubernamental.

Andy Harris – control a la Prensa

Representante republicano de Maryland. Se ha declarado contrario a la prensa independiente y ha acusado al Departamento de Estado de ser demasiado benevolente con los medios de comunicación. Ha expresado simpatía por el control que ejercen, por ejemplo, el presidente ruso Vladimir Putin o el húngaro Viktor Orban.

En 2017 fue criticado por mantener su apoyo a Roy Moore en su campaña a sustituir al fiscal general Jeff Sessions. Moore fue señalado por abuso sexual, según un artículo de The Washington Post. 

En el 2018 fue señalado por faltas a la ética ya que supuestamente pagó miles de dólares a su esposa para su financiar su campaña y aparentemente trató de ocultarlo en sus informes financieros, según The Wahington Post. 

Ralph Norman – armado durante encuentro

Representante republicano por Carolina del Sur. La polémica más fuerte que pesa sobre Norman, un fiel defensor del uso de armas, es que durante un encuentro con representantes de una organización contra las armas, sacó su pistola y la colocó sobre la mesa mientras hablaba, lo que fue visto y denunciado como una señal de intimidación. La presencia del congresista armado ha causado revuelo, como consigna un artículo de The New York Times. 

Su conducta causó que se presentaran cargos contra él, que finalmente fueron desestimados.

Exponía abiertamente que la violencia por el uso de armas era producto de un trastorno espiritual o mental de las personas.

Congresistas estadounidenses solicitan al Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, apoyar la lucha de Guatemala por el respeto a su soberanía. pic.twitter.com/RLArVbGfxR

— Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) March 1, 2019

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“Desde hace rato el tema -la posible desobediencia de funcionarios a resoluciones del tribunal constitucional- está en investigación -y- sobre la base del resultado de la investigación puedo proceder”, dijo en rueda de prensa la jefa del Ministerio Público (MP).

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El 28 de enero último, Porras instruyó a las fiscalías investigar la posible comisión de delitos “en torno al cumplimiento de las resoluciones dictadas por la CC”. En esa misma ocasión, exigió “el pleno acatamiento y respeto a las decisiones judiciales para la consolidación del estado de Derecho”.

La orden de la fiscal General surgió un día después de que la Convergencia de los Derechos Humanos, conglomerado de organizaciones civiles, le enviara una carta pública para hacerle que ver que los ministros de Gobernación, Enrique Degenhart, y de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, así como Jorge Luis Donado, jefe de la Procuraduría General de la Nación (PGN), han cometido acciones que ponen en riesgo la institucionalidad, que podrían tener “graves implicaciones”.

Los tres funcionarios, que integran el Consejo de Seguridad Nacional, fue el que le recomendó al presidente Jimmy Morales la no renovación del mandato de la Cicig en 2018 y cada uno ha emprendido acciones desde el ámbito de su competencia. Jovel fue quien transmitió a António Guterres, secretario General de Naciones Unidas que Guatemala daba por terminado el convenio de la comisión, además de retener pasaportes de los funcionarios; Degenhart, responsable de la Policía Nacional Civil (PNC), retiró agentes que trabajaban en la seguridad perimetral, así como vehículos asignados, y Donado emprendió una solicitud de antejuicio contra tres magistrados de la CC, Gloria Porras, Bonerge Mejía y Francisco de Mata, por delitos de resoluciones violatorias a la Constitución, violación a la Constitución, abuso de autoridad  y prevaricato, pero la Corte Suprema de Justicia (CSJ) lo rechazó.

Las organizaciones señalaban a esos funcionarios de no acatar las resoluciones del tribunal constitucional relacionadas a las funciones de la comisión cuando ya estaba suspendido el acuerdo 2-2019, que ponía fin al convenio.

En ese sentido, Porras aseveró que solo la prueba “nos va a dar el resultado y el debido diligenciamiento de la investigación” contra quienes hayan cometido delito.

Sin ambigüedad

La fiscal General se refirió de nuevo a la postura que planteó la institución en la vista pública ayer ante la CC, donde la representante Verónica del Carmen Mazariegos Herrera expresó que el amparo provisional del 9 de enero, que suspendió el acuerdo gubernativo 2-2019, quedó sin materia.

“En vez de criticarse, deberíamos premiar la actitud del Ministerio Público porque nosotros como institución respetuosa de las leyes y tener como objetivo fundamental el velar por el cumplimiento de las leyes desde que se otorgó el amparo provisional nosotros hemos asumido esta resolución con seriedad, con responsabilidad y la hemos aplicado”, dijo Porras.

La jefa del MP recordó que por la intervención de su personal no se impidió el ingreso del investigador colombiano Yilen Osorio, de la Cicig, el pasado 6 de enero en el Aeropuerto Internacional La Aurora. “El MP fue el que llegó a que se respetara la resolución de la Corte de Constitucionalidad”, dijo Porras.

“La opinión técnica que se dio en la vista pública que el MP entendió que la resolución -el amparo provisional- era dejar sin efecto ninguna decisión de las autoridades del Ejecutivo -el acuerdo 2-2019-. En ese sentido hemos asumido verdaderamente desde el primer momento para nosotros tiene plena vigencia y aplicación. No significa ninguna opinión ligera ni sin sustento”, precisó la funcionaria.

La polémica surgió ayer durante esa vista pública, con miras a resolver el amparo en definitiva, donde los amparistas, Acción Ciudadana y el abogado Marco Vinicio Mejía, solicitaron el amparo definitivo para que la comisión termine sus funciones en septiembre de 2019, pero el MP, en una corta intervención de Mazariegos de dos minutos, planteó que el amparo provisional había quedado sin materia.

“El criterio no tiene absolutamente ninguna ambigüedad. Ninguna ambigüedad. En ningún momento se ha dicho que deje sin efecto el amparo provisional, en ningún momento. El criterio es técnico. Nosotros mantenemos la plena vigencia y aplicación del amparo otorgado desde el primer momento como amparo provisional”, afirmó Porras.

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Ante el tribunal constitucional comparecieron los amparistas, Acción Ciudadana y el abogado Marco Vinicio Mejía; el MP y la Cicig para exponer su postura en torno al amparo definitivo que tiene que emitir la corte. Escucharon cuatro magistrados titulares, Dina Ochoa, Gloria Porras, Bonerge Mejía y Francisco de Mata Vela, y una magistrada suplente, María Cristina Fernández.

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Verónica del Carmen Mazariegos Herrera fue quien expuso ante la CC en representación del MP. El argumento fue el más corto de la audiencia. Fueron solo dos minutos, en el que señaló a los magistrados que el amparo provisional quedó “sin materia”. Con esa exposición terminó la audiencia.

Mazariegos Herrara leyó un fragmento de la resolución del amparo provisional otorgado y luego justificó: “En este concepto, señores magistrados, el Ministerio Público considera que al resolver como lo hizo este honorable tribunal  el presente caso -el amparo provisional- ha quedado sin materia sobre el cual resolver -el amparo definitivo-. Asimismo el Ministerio Público solicita que al resolver o emitir la sentencia respectiva -amparo definitivo- este tribunal se pronuncie sobre los efectos positivos del amparo provisional otorgado”.

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Mazariegos Herrera no brindó mayores detalles de la argumentación y se limitó a indicar que “el amparo quedó sin materia porque la Cicig continuó funcionando”. Luego se retiró de la sala de vistas de la CC.

Habla la Cicig

La representante de la Cicig, Claudia González Orellana, expuso que el acuerdo de creación de Cicig tiene una norma para resolver diferencias, cómo es el proceso para su finalización y puso sobre la mesa las acciones que el Gobierno ha hecho contra la comisión, amparada en el acuerdo 2-2019, a pesar de que había sido suspendido por el tribunal.

“Este convenio en materia de derechos humanos no puede ser finalizado contraviniendo totalmente normas constitucionales. Es por eso, señores magistrados, estamos de acuerdo sobre estas amenazas y posteriormente se publicó un acuerdo el -acuerdo gubernativo 2-2019 – en donde se evidencia un acto de poder público arbitrario”, señaló González Orellana.

La representante de Cicig relató: “Señores magistrados, podemos ver ahí las acciones de amenaza que se fueron concretizando y posteriormente no fueron amenazas sino acciones. El 8 de enero de 2019, la Dirección General de Armas y Municiones (Digecam) retiró los permisos de portación de armas al personal de seguridad de Cicig. El 10 de enero de 2019, el Departamento de Apoyo y Logística de la Policía Nacional Civil solicita la devolución de vehículos. El 16 de enero el Ministerio de Relaciones Exteriores informa que se ha retirado los privilegios -pasaportes- al contingente de la República de Argentina y el 24 de enero la Policía Nacional Civil ordenó el retiró del personal de seguridad e investigación. Es ahí donde podemos evidenciar qué acciones da vida este acuerdo 2-2019”.

“Justificando -por medio del acuerdo 2-2019- una acción de hechos de forma errónea para realizar un acto contrario a la Constitución Política de la República de Guatemala, eso es instrumentalizar la norma para beneficio personal”, expuso González Orellana.

Al finalizar sus argumentos, la representante de la comisión dijo: “Señores magistrados, esta representación solicita que se otorgue amparo definitivo, se declare nulo el acuerdo gubernativo 2-2019 y que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala pueda terminar sus funciones hasta septiembre de 2019”.

Sorpresa para los amparistas

Eddie Cux, de Acción Ciudadana, señaló que la petición del MP es “confusa” porque a su criterio no es lógico pedir que un amparo provisional quede sin materia cuando se busca sentencia para establecer los hechos.

Además, expuso que al dejar sin materia el amparo provisional, cobraría vigencia el acuerdo 2-2019 en el que el presidente Jimmy Morales y el consejo de ministros dan por terminado el convenio de Cicig. Por esa razón se busca la sentencia, es decir el amparo definitivo, y que se indique lo conducente contra las autoridades denuncias, es decir el Ejecutivo, para que sea investigada la posible comisión de delitos.

Manfredo Marroquín, también de Acción Ciudadana, señaló: “Están –el MP- haciendo una petición sin mayor fundamento. La verdad es preocupante que una institución que en este caso es la socia principal de la Cicig no tenga elementos de juicio para defender a su socio principal en el combate a la corrupción. De verdad que lo deja a uno frío porque vemos que se expone que no hay materia en lo reclamado”.

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Agregó: “El Gobierno quiere finalizar la lucha contra la corrupción en Guatemala con total impunidad”, y expuso que eso es inaceptable en un sistema democrático.

El abogado Marco Vinicio Mejía, quien presentó amparo por este caso a título a personal, criticó: “Obviamente no se atrevió la fiscal –Consuelo Porras, jefa del MP- a decir que se dejara en suspenso el amparo provisional porque al quedar sin materia –el amparo-, eso significa que no hay nada que resolver. ¿Qué es lo que el pueblo de Guatemala debe saber? Que el Ministerio Público no es un aliado en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Por escrito, sí dijeron que la Corte suspenda el amparo provisional, pero hoy no se atrevieron a decirlo así”.

El Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, indicó que el análisis “pudo haber sido apurado”.

MP vuelve a hablar

Minutos después de la intervención del MP ante la CC, y cuando ya había revuelo en la opinión pública respecto a su postura sobre el amparo provisional en contra del Gobierno, Julia Barrera, portavoz de la Fiscalía, comunicó a través de WhatsApp: “En su oportunidad, la CC otorgó un amparo provisional presentado por diversas organizaciones, que dejó en suspenso lo dispuesto por el Gobierno de dejar sin efecto el acuerdo de Cicig. Se notificó lo resuelto a diversas autoridades, entre ellas el Ministerio Público, y la CC exhortó a todas las autoridades notificadas, para que, desde el ámbito de sus competencias, se verificara lo resuelto por la CC. El criterio del Ministerio Público es que que la CC ya se pronunció en cuanto a que se deje en suspenso la decisión emitida por las autoridades del Estado de Guatemala de dar por terminado de manera anticipada y unilateral el acuerdo entre la ONU y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de la Cicig, es decir, la fiscalía avala lo resuelto por la CC. Pedir que se deje sin materia el amparo (NO el provisional, sino el amparo en sí), significa que el MP es del criterio que la resolución de fecha 9 de enero de 2019, por medio de la cual se otorgó el amparo provisional, está vigente y debe ser cumplida. Para el MP ya la CC emitió un criterio que es de cumplimiento obligatorio, incluso en la resolución, se ordena que se publique inmediatamente en el Diario Oficial”.

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Los gobiernos de Suecia, Colombia, Perú, Uruguay y Argentina han recibido comunicaciones de la Cancillería guatemalteca en la que se les ha “recordado” que el presidente Jimmy Morales anunció el fin de la Comisión desde el 7 de enero último.

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Por lo menos, en el caso de Argentina, esa petición fue atendida el 14 de enero de este año, cuando se conoció en una misiva a la Secretaría Política de Naciones Unidas que Buenos Aires había decidido retirar a su personal en la Cicig que cumplía funciones en materia de seguridad. El argumento argentino fue que Guatemala había decidido cambiar el estatus migratorio de sus ciudadanos.

Pero el Gobierno guatemalteco también ha ejercido presiones sobre otras sedes diplomáticas. El miércoles se divulgó una carta firmada por el embajador de Colombia en Guatemala, Juan Hurtado Cano, dirigida hacia Francisco Javier Echeverri Lara , director de América del Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano.

La carta dice que las autoridades nacionales sostienen que Cicig ha perdido vigencia y que debía analizarse la conveniencia de retirar a los colombianos que trabajaran en la comisión. “La embajada fue contactada por el personal del Colombia y se les recomendó revisar sus condiciones de permanencia, para que su salida fuera lo menos lesiva”, cita el embajador en la comunicación con su gobierno.

La misiva está fechada al 22 de enero de 2019, y hasta el momento no se ha retirado personal colombiano de la Comisión, explican fuentes de Naciones Unidas.

“Entendemos, que si bien, el Gobierno de Guatemala, daría un plazo prudente a Colombia, ello no implica que no se encuentre en consideración su expulsión”, termina la carta en la que sugiere que la Cancillería guatemalteca ha “expresado de manera informal” su molestia por el personal de los países que apoyan a la comisión.

En el caso peruano se trata de la renovación de personal que ya había cumplido su periodo en el país, mientras que el personal colombiano y uruguayo sigue laborando en el país a pesar de las sugerencias que se han dejado ver desde la diplomacia nacional.

De hecho, fuentes diplomáticas explican que la canciller Sandra Jovel no ha enviado ninguna comunicación por escrito a los gobiernos en cuestión y más bien se ha tratado de conversaciones que no dejan constancia de la voluntad de la administración de Jimmy Morales sobre el mandato de la Cicig.

Marta Larra, directora de Comunicación del Ministerio de Relaciones Exteriores, consultada al respecto, señaló que no la cartera tiene una posición sobre este asunto. “El caso de Cicig es un asunto diplomático pendiente y solamente se trata con la Secretaría de la ONU”, explicó.

Otra forma de cooperación

La comisión cuenta con varios tipos de cooperación de parte de la comunidad internacional. La más visible es la transferencia de recursos financieros a la Comisión, que en 11 años han aportado US$167 millones. Pero varios países de América Latina colaboran con personal para distintas tareas. La seguridad es una de ellas, pero también se extiende a otros campos de operación del ente internacional.

Por eso, las gestiones hechas por la canciller Sandra Jovel pueden estar dirigidas a interrumpir el trabajo de la Cicig, aunque de ellas no se deja constancia que luego puedan ser usadas en denuncias por desacato contra la funcionaria.

Suecia llama a consulta a su embajador en Guatemala por situación política que vive el país

A inicios de esta semana, el gobierno de Suecia anunció que llamaba a consultas a su embajador en el país, Anders Kompass. El reino escandinavo es uno de los principales cooperantes a la misión de Naciones Unidas y una de las razones del retiro del diplomático fue las difíciles condiciones que se viven en el país, según la ministra Margot Wallstrom.

Mientras tanto, la Comisión sigue funcionando con cerca de 150 trabajadores de distintas nacionalidades. “La comunidad internacional contribuye a la Cicig, además del apoyo financiero, con el despliegue temporal de personal especializado en seguridad e investigación criminal. Actualmente el contingente de Colombia y de Uruguay permanecen trabajando en la Comisión y se está tramitando el ingreso de un nuevo contingente de Perú”, señaló Matías Ponce, portavoz de la comisión.

También con el TSE

Las comunicaciones en torno a Cicig no han sido solo para países cooperantes. Jovel, esta vez por una carta, le transmitió al Tribunal Supremo Electoral que el mandato de la comisión ya había terminado, para lo cual pidió “tomar las medidas que se crean convenientes en el ámbito de su competencia”.

La carta fue enviada el 24 de enero.

Entre el TSE y la Comisión existe desde el 28 de agosto de 2018 un convenio de cooperación sobre financiamiento de partidos políticos, entre otros.

En respuesta, el tribunal señaló que el convenio se mantendrá vigente.

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“Se han estado reuniendo los tres presidentes y ese es uno de los puntos de la agenda de que están platicando. Hay muchos otros -temas en la agenda-, pero estoy casi seguro que este es uno, aunque no he participado en esas reuniones”, dijo Linares al programa Con Criterio.

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Linares se refería a un decreto que derogue el 35-2007, que aprueba el acuerdo de ONU y el Gobierno de Guatemala para dar vida a la comisión.

Después, en rueda de prensa, el legislador expresó: “No es expulsar a la Cicig, eso ya lo hizo el Ejecutivo. Yo conjeturo que las reuniones de los tres presidentes de los organismos del Estado son para ese tema -la promoción del decreto- y otros temas”.

“El punto de la Cicig es muy claro. Es atribución del Ejecutivo, ya la expulsó, pero como en el 2007 hubo un decreto del Congreso -el 35-2007- respaldando la decisión del Ejecutivo. Es menester que el mismo Congreso termine con este decreto que respaldó la decisión del Ejecutivo”, añadió.

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En ese mismo sentido, Linares recordó que él cuenta con un proyecto de iniciativa para derogar el 35-2007, pero está buscando apoyo para promover esa iniciativa y quiere contar con el apoyo del Ejecutivo, Judicial y Legislativo.

Sobre su iniciativa, el legislador dijo que los considerandos señalan “cuestionamientos en la forma en que está la Cicig, que da tanto poder al comisionado”.

Según Linares, cuando se creó la Cicig, se le dio tantos poderes y se creó un organismo “impune, entonces no sirve”, porque ya ha corrompido la institución a tres comisionados anteriores, y citó a Carlos Castresana, Francisco Dall´Anese e Iván Velásquez.

“Entonces las instituciones tienen que tener pesos y contrapesos, formas de controlar al que va a estar al mando de esa institución”, declaró.

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“Y como se hizo mal el mandato en el 2007 y se le dio demasiados poderes, la misma institución ha corrompido a las personas que la han dirigido y se presta para abusos”, añadió.

Otro tema que cree Linares que se pudo haberse tratado en aquellos encuentros son “las decisiones de la Corte de Constitucionalidad de intromisión que están fuera de sus atribuciones constitucionales”, en específico habló de tres magistrados “que han venido tomando decisiones tiránicas como si fueran los dueños del país”.

Linares indicó que ese proyecto de iniciativa se lo entregó hace alrededor de tres semanas al presidente del Congreso, Álvaro Arzú Escobar, a quien le habría parecido una buena idea, pero Arzú Escobar negó ese extremo.

El legislador dijo que Arzú Escobar estaría “buscando consenso” y confía en que la iniciativa “le gustó porque va a la cola de la decisión que ya tomó el Ejecutivo”.

A puertas cerradas

Los tres presidentes de los organismos de Estado, Jimmy Morales, del Ejecutivo; Nester Vásquez Pimentel, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y Álvaro Arzú Escobar, del Congreso, han tenido dos reuniones privadas en días recientes, el 29 de enero y el 7 de febrero.

En ninguna ha habido convocatoria a los medios y de hecho se ha sabido de las reuniones porque el vehículo que transporta a Morales ha estado parqueado en el Palacio de Justicia y frente al Palacio Legislativo.

Sobre el primer encuentro, los organismos indicaron que fue un almuerzo por invitación de Pimentel y Arzú Escobar, donde los tres presidentes hablaron sobre “muchos temas”.

En la segunda, que fue en el Congreso, ese organismo informó que la reunión fue en reciprocidad a la primera, casual, y sin temas de agenda.

La última reunión tardó dos horas y, ante la presencia de Morales en ese organismo, la seguridad cerró la novena avenida y restringió el acceso a pasillos dentro del edificio.

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“Cabe destacar que los presidentes de los —tres— poderes del Estado, en el marco de la independencia de poderes, mantienen una relación cordial, respetuosa y una comunicación fluida por el bien de la estabilidad de la República”, precisó la Dirección de Comunicación del Congreso.

Hablan los organismos

En Twitter, Arzú Escobar dijo que el tema de Cicig no se ha abordado en las reuniones, que han sido de cortesía, y calificó de “irresponsabilidad total” lo dicho por Linares, ya que no ha estado presente en esos encuentros.

La Presidencia del Congreso de la República aclara: pic.twitter.com/I6aR2NSWvw

— Alvaro Arzú E (@AlvaroArzuE) February 11, 2019

Aparte, Vásquez dijo en rueda de prensa que las reuniones han sido “positivas” y que debe haber coordinación entre los tres poderes del Estado para hacer cada uno su trabajo.

Agregó que debe haber “armonía” entre los tres organismos, en la búsqueda de bienestar de los guatemaltecos.

Lucy Barrios, subsecretaria de Comunicación de la Presidencia, fue consultada sobre si las reuniones son para derogar el acuerdo de Cicig, y su fue respuesta una declaración anterior del presidente Morales: “Los tres presidentes de los tres organismos de Estado estamos trabajando de la mano en temas de Estado y tenemos una muy buena relación”.

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Mario Siekavizza, portavoz de la CSJ, también fue consultado y su respuesta fue: “Las reuniones han sido meramente informales y que los comentarios fuera de los tres presidentes del Estado son meras especulaciones”.

Decreto 35-2007

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Sobre Guatemala, donde las tensiones con Naciones Unidas han aumentado a raíz de la decisión del presidente Jimmy Morales de poner fin a la presencia de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig), Bachelet mostró su inquietud por el deterioro de la protección del sistema judicial.

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“Jueces, fiscales, testigos y defensores de derechos humanos se enfrentan a un riesgo cada vez mayor, lo que hace que se incrementen las tensiones entre el poder Ejecutivo y el Judicial”, subrayó la alta comisionada.

La delegación guatemalteca negó hoy en su réplica la existencia de esas tensiones y subrayó que la decisión relativa al Cicig se produjo después de que su comisionado, Iván Velásquez, “se excediera en sus funciones durante un año y medio”.

“La principal fuente de tensión es la negativa del secretario general de la ONU (Antonio Guterres) a cambiar al comisionado e investigar algunas de sus acciones”, sostuvo la delegación.

También invitó a la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, que dirige Bachelet, a abrir una representación permanente en Guatemala.

Se lidera lucha contra la corrupción

Sobre la declaración de Bachelet, el viceministro de Relaciones Exteriores, Jairo Estrada, afirmó que “no hay ningún enfrentamiento entre el sistema nacional de justicia y el Ejecutivo”.

“Al contrario, se ha estado trabajando coordinadamente para lograr los resultados”, refirió el funcionario.

Sobre los comentarios sobre Cicig, Estrada indicó que “como gobierno se ha estado encabezando la lucha contra la corrupción”.

Sus pronunciamientos

Esta es la segunda ocasión en el año la que a alta funcionaria de la ONU en torno a Guatemala. El 22 de enero último, señaló que las reformas a la Ley de Reconciliación Nacional que promueven diputados aliados al oficialismo promueven la impunidad.

Esos cambios, “representarán un retroceso drástico hacia la rendición de cuentas y el estado de derecho en Guatemala. Al mismo tiempo, pondrá en grave peligro los avances logrados por el país para lidiar con el legado de la guerra civil y para prevenir más violencia”, dijo Bachelet.

Al considerar que las reformas detendrían investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos y el cese de la persecución penal contra los responsables, lo cual significaría “una total impunidad para todos los involucrados en violaciones verdaderamente horrendas, incluidos los crímenes de lesa humanidad. Reabrirá viejas heridas y destruirá la confianza de las víctimas en el Estado y sus instituciones”.

Además, en septiembre del año pasado, la diplomática calificó de “deplorable”, la decisión del presidente Jimmy Morales sobre no renovar el mandato de la Cicig.

“En Guatemala, hemos documentado 18 asesinatos de defensores de los derechos humanos en lo que va del año, en comparación con 12 en todo 2017. Las recientes decisiones presidenciales de no extender el mandato de la Cicig después de septiembre de 2019 y de negar la entrada al país a su cabeza, Ivan Velásquez, son deplorables. Abolirán un instrumento esencial en la lucha contra la impunidad y la corrupción” afirmó.

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La DGAC emitió un comunicado este viernes en el que agradecía al MP por el retiro de los señores agentes y auxiliares fiscales que estaban asignados a la Fiscalía Especial del MP en el Aila, quienes a principios de enero del presente año “irrespetaron las normas de seguridad”.

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Aeronáutica también advirtió de que “al nuevo personal” se les impartiría “la debida capacitación y soporte”. 

Horas más tarde, el MP emitió una misiva en el que exigió que Aeronáutica en conjunto con el Ministerio de Comunicaciones aclararen el contenido de su comunicado, ya que sólo hubo rotación de personal ya que aún están a la espera de los resultados de una comisión técnica que investigue los hechos acontecidos a principios de año.

El 8 de enero último, el director de Aeronáutica Civil, Francis Argueta, advirtió de que el Aila podría perder la categoría ante la Organización de Aviación Civil Internacional porque fiscales del MP incumplieron protocolos de seguridad para ingresar a la terminal aérea.

Argueta se refería a las acciones que ocurrieron el domingo 6 en la terminal área, donde un grupo de fiscales ingresó a las instalaciones para cumplir con una orden de la Corte de Constitucionalidad (CC) que permitía el ingreso del investigador colombiano de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) Yilen Osorio, a quien se le había revocado la visa tras la decisión del gobierno de Jimmy Morales de terminar con el mandato de esa Comisión y expulsar del país a sus fiscales.

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Más tarde, Argueta, al igual que Morales, presentaron un video donde se muestra a un grupo de fiscales entrando a la terminal aérea por una salida de protocolos, la cual, señalaron, se dio de forma desordenada, a la fuerza e incumpliendo con los protocolos.

El 10 de enero, la DGAC dio por terminado unilateralmente un convenio de cooperación con MP y lo expulsó del espacio físico que ocupaban en el Aeropuerto; sin embargo, tres días más tarde la Fiscalía informó que acordó con Aeronáutica Civil mantener su espacio físico dentro de la terminal con el compromiso de que se conformara una mesa técnica para investigar el incidente.

El 26 de mayo de 2016 las autoridades de la DGAC y MP habían firmado un pacto interinstitucional con el objetivo de que una agencia fiscal que tiene como objetivo atender los delitos cometidos en el Aeropuerto tuviera un espacio físico en el lugar.

Deben aclarar

Para la Fiscalía, la DGAC debe aclarar el contenido del comunicado emitido, ya que la comisión que se conformó para investigar el hecho aún está trabajando y no ha dado todavía sus conclusiones, por lo que únicamente ha habido rotación de personal en el Aila.

“El Ministerio Público decidió la rotación del personal fiscal asignado a dicho lugar, con el objetivo de resguardar su integridad y seguridad a la espera de lo que concluya la comisión técnica ya mencionada”, enfatiza el comunicado del MP.

La Fiscalía recuerda que siempre “se ha conducido con transparencia, integridad y legalidad” a efecto de cumplir con los compromisos acordados con Aeronáutica Civil.

El Ministerio Público ante el comunicado emitidido hoy por la Dirección General de Aeronáutica Civil y el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda , hace saber: pic.twitter.com/hIY46HaGFj

— MP de Guatemala (@MPguatemala) January 26, 2019

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Matías Ponce, vocero de la Comisión, señaló que el personal del Ejecutivo llegó la tarde de este miércoles a notificar que retirará a los agentes de la PNC y patrullas que se encuentran en la sede.

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El portavoz compartió el oficio No. 64-2019 firmado por Édgar Augusto Ortega Vásquez, jefe de la Sección de Seguridad de Instalaciones Públicas y Organizaciones no Gubernamentales, de la División de Protección de Personas y Seguridad de la PNC.

En el oficio se informa que con instrucciones del director de la PNC se “ordena se proceda a retirar el personal policial y recursos logístico propiedad de la Policía actualmente de servicio en las instalaciones de la Cicig”.

Ponce recordó la validez de la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) que otorgó el amparo provisional que dejó en suspenso la decisión emitida por las autoridades de Estado de dar por terminado de manera anticipada y unilateral el acuerdo entre Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de la Cicig.

“La Cicig espera cumplir con su mandato en el marco del acuerdo vigente hasta el 3 de septiembre de 2019. Se ha hecho un llamado permanente al respeto de las resoluciones de la CC, que prevalezca el estado de Derecho en Guatemala”, declaró el vocero.

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Se intentó comunicar con el vocero del Ministerio de Gobernación, Fernando Lucero, para obtener una versión al respecto, pero no fue posible.

En principio no contestó las llamadas hechas a su celular posteriormente se logró comunicación vía mensaje de texto y se le preguntó si el Ministerio de Gobernación analizó si realizar esta acción no contraviene el amparo que la CC otorgó para evitar la expulsión de Cicig a lo cual no respondió.

Marta Larra, vocera de la Cancillería, fue consultada y aseguró que el Ministerio de Relaciones Exteriores no tiene la facultad de notificar nada relacionado con personal de la Policía Nacional Civil.

Agregó que “la PNC tiene la facultad de notificar” directamente a las instituciones a quienes quiera darle a conocer información.

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Amparo

La madrugada del 9 de enero la CC suspendió la decisión del presidente Jimmy Morales de anular unilateralmente el acuerdo de creación de la Cicig.

Previo la Organización de las Naciones Unidas (ONU) había señalado que el mandato de la Cicig terminaba hasta septiembre de este año.

La CC exhortó a las autoridades a que “instruyan a los empleados de las dependencias a su cargo que faciliten el debido funcionamiento de la Cicig”.

El falló tuvo el respaldo de cuatro de los cinco magistrado de la Corte, únicamente la presidenta de la CC Dina Ochoa, emitió su voto disidente.

Ayer la canciller Sandra Jovel en una entrevista exclusiva a Prensa Libre y dijo: “Naciones Unidas no tiene en ningún momento por qué opinar y mucho menos decir que no acepta una decisión de un Estado cuando es un órgano que depende de los Estados”.

“Naciones Unidas ya aceptó y es una decisión soberana del Estado de Guatemala que la Cicig ya terminó, es una decisión que se entregó el 7 de enero de este año y se ratificó por el instrumento correspondiente de Naciones Unidas, así que yo no tengo nada más que hablar sobre este tema”, agregó la funcionaria.

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Velásquez, quien hace un tiempo se ganó la imagen de magistrado implacable en su Colombia natal al combatir al paramilitarismo, habló con BBC Mundo sobre su lucha actual como comisionado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

“Hay una ruptura del Estado de derecho porque todas las autoridades del país tienen que someterse a las decisiones de la Corte de Constitucionalidad”, afirma Velásquez durante una entrevista en Nueva York.

Sostiene que, aunque el presidente guatemalteco, Jimmy Morales, haya exigido el cierre prematuro de la Cicig este mes, la Comisión mantiene su vigencia por una orden de la Corte de Constitucionalidad.

Morales acusa a la Cicig de violar leyes internas y convenios internacionales.

Pero Velásquez rechaza las acusaciones y sostiene que la Comisión, instalada en 2007 por un acuerdo inédito en las Naciones Unidas, tuvo éxito al identificar 60 estructuras criminales y obtener más de 300 sentencias condenatorias. Entre quienes ha enviado a la cárcel figuran el expresidente Otto Pérez Molina, siete ministros y varios diputados.

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Aunque se define como optimista por naturaleza, Velásquez también se muestra inquieto por las elecciones generales que Guatemala tiene previsto realizar en junio y señala que la comunidad internacional debe exigir transparencia.

Lo que sigue es una síntesis del diálogo que BBC Mundo mantuvo con Velásquez, quien desde septiembre tiene impedida la entrada a Guatemala y fue declarado “persona non grata” por Morales.

¿Cuál es la situación actual de la Cicig tras la orden del presidente Morales para que su personal saliera de Guatemala y la decisión de la Corte de Constitucionalidad de que la comisión permanezca en el país?

Esta decisión de la Corte de Constitucionalidad es la que tiene que regir en un Estado de derecho. Es el máximo órgano constitucional que dice el Derecho.

El secretario general de Naciones Unidas ha dicho igualmente que el acuerdo de constitución de la Cicig no se puede terminar de la forma como el presidente Morales ha pretendido terminarlo, que tiene un plazo que se vence el 3 de septiembre. Eso ha sido ratificado por la Corte de Constitucionalidad. De manera que la situación actual es que la Cicig permanece y tiene una vigencia hasta el 3 de septiembre.

Pero el gobierno no la reconoce. Entonces, ¿para usted hay una ruptura del Estado de derecho?

Indudablemente. Yo creo que hay una ruptura del Estado de derecho porque todas las autoridades del país tienen que someterse a las decisiones de la Corte de Constitucionalidad, a las decisiones de los jueces. Se puede estar en desacuerdo con esas decisiones, pero tienen que respetarse.

Ninguna autoridad puede juzgar cuál decisión de la Corte acepta para cumplirla, o cuál rechaza para no cumplirla. Incluido el presidente de la República. De manera que decir que hay órdenes ilegales de la Corte de Constitucionalidad, me parece que afecta sensiblemente el orden institucional, el Estado de derecho en Guatemala.

¿La Comisión sigue trabajando de alguna forma?

Tenemos una situación de cancelación de algunas visas. No obstante, que un funcionario que había retornado a Guatemala y le habían prohibido su ingreso, finalmente pudo entrar por decisión también de la Corte de Constitucionalidad.

Después de la cancelación unilateral del convenio de constitución de la Cicig, la situación sobre todo de seguridad del personal extranjero por lo menos generaba preocupación. Eso determinó que transitoriamente hubiera un retiro de estos funcionarios y algunos funcionarios guatemaltecos que también salieron del país.

Pero ahora ha venido un proceso de retorno gradual para llegar nuevamente al cabal cumplimiento del mandato. La premisa es: si el acuerdo está vigente según la autoridad judicial guatemalteca y el secretario general de las Naciones Unidas, pues entonces la Cicig debe cumplir con la función para la que está establecida.

Usted mismo había señalado su voluntad de regresar a Guatemala. ¿Mantiene esa determinación?

Sí, yo mantengo la decisión. Hay que ver las condiciones específicas. No se puede generar un caos en el país. Hay que tratar en lo posible que exista una convivencia. Que sobre todo sectores que han expresado su rechazo a la Comisión y sectores que en ocasiones han sido por lo menos de una violencia verbal elevada, no permitir que se produzca una confrontación. Es lo necesario y mucho más en el momento de ahora.

Ya fue abierto el proceso electoral, empieza la campaña en marzo, las elecciones son en junio… Tiene que existir un ambiente pacífico para ese debate electoral que es tan importante para el país.

¿Es decir, que si bien usted ve una ruptura del Estado de derecho en Guatemala y tiene la voluntad de volver, le preocupa que esto no derive en una crisis mayor, con violencia en las calles?

Claro, aquí la importancia no es la figura del comisionado; ni siquiera de la Cicig. La importancia es de la preservación del débil Estado de derecho existente en Guatemala. De manera que hay que tratar de conservar los mínimos elementos democráticos que Guatemala ha logrado recuperar a lo largo de estos 32 años.

Es lo que mencionaba cuando hablaba de la ruptura del Estado de derecho: de qué manera por decisiones gubernamentales del presidente, de algunos ministros, esa frágil democracia puede estar en peligro.

Usted ha indicado que aceptaría renunciar a cambio de que el gobierno de Guatemala garantice que la Cicig pueda cumplir cabalmente su mandato. ¿Hay alguna negociación en ese sentido?

Yo no intervengo en ninguna negociación. Algunos plantean que detrás de mi permanencia al frente de la Comisión hay un interés personal. No tengo ninguna aspiración personal en Guatemala, que no es mi país, ni en Colombia.

Han planteado que un grave problema es la manera como se ha conducido la Comisión… Yo digo: si ese es el pretexto, les quito el pretexto. El problema no soy yo. Pero tengo la convicción de que tampoco el problema es la Cicig. El problema es cómo ese frente pro-impunidad requiere mantener el monopolio de la impunidad para garantizar que no va a tener ninguna consecuencia por los delitos que han cometido.

¿Le preocupa el desarrollo de las elecciones de junio en este contexto?

Claro. Creo que una exigencia válida de la comunidad internacional es que el proceso electoral en Guatemala sea absolutamente transparente. Que no haya una exigencia indebida para tratar de prolongar el control de sectores que tienen necesidad de que ese poder continúe en manos de ellos.

Tienen temor que unas elecciones libres, democráticas, transparentes permitan la llegada de fuerzas diferentes al ejercicio del gobierno.

¿Qué riesgo concreto ve para estas elecciones?

Creo que el financiamiento electoral ilícito continúa. Y retirar a la Cicig precisamente en este momento puede estar muy vinculado con eso.

Aparte de eso, ¿le preocupa que pueda haber un desconocimiento del resultado, o que las elecciones no se celebren limpiamente?

Todo eso me preocupa.

¿Cuán comprometido está el presidente de Guatemala en las investigaciones que ha desarrollado la Comisión?

Para hablar solo de un tema: el financiamiento electoral ilícito recibido en 2015 de parte de importantes empresarios de Guatemala, que públicamente reconocieron haber actuado indebidamente. Creo que está plenamente acreditado ese hecho.

Y está demostrado que el entonces candidato presidencial estuvo reunido con los empresarios para determinar de qué manera se podía producir esa entrega de dinero sin que pasara por las cuentas del partido.

Y la decisión de expulsar a la Cicig, ¿a su juicio puede configurar un delito específico?

Habría que asociarlo a las decisiones judiciales. Si la Corte de Constitucionalidad ha dicho que esto no es procedente y se insiste en mantener esa decisión contraria, ahí hay un fraude a una resolución judicial, hay un desacato.

La calificación de delito habrá que examinarla de cara a la legislación guatemalteca para ubicar ese comportamiento, que en todo caso sí es ilícito.

En una carta al secretario general de la ONU, usted ha rechazado de plano las acusaciones que ha recibido la Cicig por parte del gobierno de Guatemala. Pero, ¿hace alguna autocrítica sobre la forma en que condujo la Comisión?

Hay muchos señalamientos que se hacen desde sectores afectados por las investigaciones. Por ejemplo, relacionados a los testigos y supuestas presiones o compras a testigos. Como decía en la carta al secretario general, niego enfáticamente que se hubiera realizado una práctica de esas en la Comisión.

Hay algunas acusaciones que habría que examinar con detenimiento. Por ejemplo, se plantea que la comisión se hubiera ocupado de un caso tan pequeño como el del hijo y el hermano del presidente de la República, que era por varios contratos de un poco más de 10.000 dólares cada uno.

¿Qué está detrás de una crítica de esa naturaleza? ¿Que se diga: respecto de estas personas no se puede adelantar investigación porque son familia del presidente de la República y por lo tanto se puede afectar la gestión de la Comisión?

No me resisto a discutir sobre errores en la conducción. Pero que la discusión sea realmente seria, objetiva, desapasionada.

Desde su época de procurador y magistrado en Colombia, usted ha llevado adelante investigaciones devastadoras para políticos y grupos poderosos. ¿Es una cuestión de estilo personal o puro azar?

Hay una combinación. Por ejemplo, en la investigación de la parapolítica en Colombia, yo estaba muy tranquilo como magistrado auxiliar, cuando llegó al despacho del magistrado en el que me desempeñaba la denuncia sobre la amistad que declaraban los comandantes paramilitares con cerca de 35% de los miembros del Congreso de la República. Por pura casualidad me correspondió a mí. Ahí podríamos decir que hay azar.

Lo otro es la convicción. Me atacan en todas partes porque me falta tacto, porque no tengo intuición política, porque no mido consecuencias. Me parece que esas consideraciones no son válidas en la administración de justicia.

Hay que actuar de acuerdo con los elementos que se encuentran en una investigación. Tal vez ahí está un poco el problema de mi estilo. Pero no es un estilo particular mío: hay mucha gente con convicción de justicia que ha luchado por eso

En una carta, los congresistas piden a Trump que haya “acciones firmes” en respuesta a las “violaciones del estado de Derecho de parte del gobierno de Guatemala en el país”.

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Los representantes afirman que los Estados Unidos ha tendido una “fuerte acción” ante los hechos en Venezuela y Nicaragua, por lo que piden que se haga lo mismo para Guatemala y se aplique las sanciones de la Ley Magnitsky y se suspenda la asistencia al gobierno central del país.

En el texto, los congresistas señalan que, durante los últimos meses, el Gobierno guatemalteco ha tomado varias acciones que “han socavado el estado de derecho en ese país”. Se refieren a la decisión de finalizar el convenio de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), entidad que consideran “un cuerpo altamente exitoso que combate la corrupción y las redes criminales organizadas”.

La preocupación de Torres y el resto de los firmantes de la misiva es porque dichas acciones arriesgan el trabajo de la “Estrategia de Participación de los Estados Unidos en América Central, una inversión de varios años para mejorar la gobernabilidad, la seguridad y la prosperidad, financiada con un fuerte apoyo bipartidista”.

“Estamos profundamente preocupados de que, en ausencia de una fuerte respuesta de los EE. UU., el patrón de comportamiento antidemocrático del gobierno actual continuará aumentando y que Guatemala descenderá a la anarquía”, escribieron.

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En su comunicación, los congresistas recuerdan el uso, de parte del Gobierno guatemalteco, de los Jeep J8 que fueron donados por EE. UU. y que patrullaron frente a la sede de la embajada de ese país y de la Cicig cuando el presidente Jimmy Morales anunció que no renovaría el mandato de la Comisión.

“Después de este descarado intento de intimidar a los Estados Unidos y la comunidad internacional, y aunque nuestro propio equipo se volvió contra nuestros diplomáticos, la única respuesta de la administración -de Donald Trump- fue un tweet del secretario -Mike- Pompeo que decía: “Nuestra relación con Guatemala es importante. Apreciamos enormemente los esfuerzos de Guatemala en materia de antinarcóticos y seguridad”, fue parte del reproche.

“La débil respuesta del gobierno -de EE. UU., a esta provocación ha envalentonado al Gobierno -guatemalteco- y sus aliados, quienes enfrentan múltiples investigaciones de corrupción tanto de la Cicig como de los fiscales guatemaltecos”, señalan.

En la carta, también se hace referencia a los sucesos ocurridos desde el anuncio de Morales sobre no renovar a la Cicig y cómo el Gobierno “desobedeció flagrantemente un fallo judicial”, en referencia a la retención que se hizo el 5 de enero al investigador Yilen Osorio en el Aeropuerto Internacional La Aurora, pese a que la Corte de Constitucionalidad ordenó que se permitiera el trabajo de los integrantes de la Comisión.

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En concreto, las peticiones de los 45 congresistas al presidente de EE. UU. son:

• Condenar públicamente el “descarado desprecio” del gobierno guatemalteco por el estado de Derecho e instar al gobierno a cambiar de rumbo.
• Suspender la asistencia y las transferencias de equipo al gobierno central de Guatemala. La asistencia suspendida debe ser redirigida a programas no gubernamentales que beneficien directamente al pueblo guatemalteco.
• Utilizar la autoridad provista en la Ley de Responsabilidad de los Derechos Humanos y la Corrupción de Magnitsky para responsabilizar a los funcionarios corruptos del gobierno guatemalteco a través de sanciones de viaje y financieras.
• Apoyar de manera firme y pública a los defensores de los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil en todo el país en su ejercicio de los derechos fundamentales.

La carta finaliza pidiendo que EE. UU. “aplique los mismos estándares” en la relación con Guatemala, que ha tomado con Venezuela y Nicaragua, “por el bien del pueblo guatemalteco y los intereses de los Estados Unidos”.

La respuesta del Ejecutivo

Ante la solicitud de los congresistas, el gobierno guatemalteco respondió que “respetamos las opiniones y posiciones políticas de los representantes electos de otros países; sin embargo, es una cuestión de opiniones. Este gobierno ha respetado y protegido la independencia de poderes, el estado de Derecho y las libertades civiles y ciudadanas”.

La respuesta, ofrecida a través del secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Alfredo Brito, señala que “los esfuerzos y logros históricos del gobierno de Guatemala en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo internacional, así como un sano balance comercial muestra que Guatemala es un país aliado y buen socio de EE. UU., por lo que esperamos que no se den tales condenas al Estado guatemalteco”.

¿Qué es la Ley Magnitsky?

La Ley Magnitsky es una norma de EE. UU. que tiene carácter global y establece que las personas que sean sancionadas con ella tendrán restricciones en ese país, como el retiro de la visa y la prohibición de ingresar a ese territorio.

Además, la persona sancionada será incluida en la lista de criminales especialmente designados, de la Oficina de Control de Bienes en el Extranjero. En esta lista ya figuran personas señaladas como narcotraficantes, lavadores de dinero, terroristas y pandillas en todo el mundo.

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Diputado sancionado y otras peticiones

En diciembre del 2017, el entonces diputado Julio Juárez fue sancionado con la Ley Magnitsky. El político fue incluido por su vinculación a violaciones de derechos humanos.

Juárez es señalado de ser el autor intelectual en el crimen cometido en contra de los periodistas Danilo Sapón López y Federico Salazar, hecho ocurrido en marzo del 2015 en Suchitepéquez.

El crimen, según la Fiscalía, fue ordenado debido a diferencias entre Juárez, entonces alcalde de Santo Tomás La Unión, Suchitepéquez, y Sapón López.

El ataque armado en contra del comunicador ocurrió en el parque central de Mazatenango y las balas alcanzaron a Salazar, quien también murió.

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Además, en agosto del año pasado los congresistas Eliot Engel e Ileana Ros-Lehtinen enviaron una carta a Trump para pedirle que el Departamento de Estado de EE. UU. evaluara incluir en la lista a los guatemaltecos Gustavo Alejos Cámbara y Luis Alberto Mendizábal, así como al mexicano Ángel González.

En los anexos de la carta, se explica que Alejos Cámbara “es un hombre de negocios que ha usado conexiones políticas para ganar millones de dólares en contratos con el gobierno. Ha estado implicado en múltiples casos emblemáticos de corrupción en Guatemala. En 2015, la Fiscalía General de Guatemala implicó a Alejos en una red de corrupción que opera dentro del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y que favorecía a ciertos proveedores farmacéuticos a cambio de sobornos”.

Sobre Mendizábal se indica que: “es un experto en operaciones de inteligencia. Mendizábal estuvo involucrado en el intento de golpe de estado de 1988-89 contra el entonces presidente Vinicio Cerezo Arévalo (…) En 2015, el Ministerio Público implico a Mendizábal en la red de fraude aduanero conocida como “la Línea”. Las investigaciones también revelaron que Mendizábal estaba detrás de los sobornos pagados a la jueza Marta Sierra de Stalling a cambio de medidas sustitutivas para algunos de los acusados involucrados en el caso de La Línea”.

En cuanto al mexicano Ángel González, la carta menciona que “es el jefe del conglomerado de medios, Albavision. La Sociedad Interamericana de Prensa registró que Ángel González está presente en 11 países de la región de América Latina (…). En Guatemala, las propiedades están a nombre de su esposa, Alba Elvira Lorenzana Cardona, de nacionalidad guatemalteca. En 2016, la Fiscalía guatemalteca implicó a Alba Elvira Lorenzana en el esquema de corrupción establecido para financiar ilegalmente la campaña presidencial de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti conocida como la “Cooptación del Estado”.

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Los jueces Edna Maxia, Jaime González y Juan Aceituno decretaron el abandono de Trejo en el debate contra 25 implicados, entre ellos Sammy Morales y José Manuel Morales Marroquín, hermano e hijo del presidente Jimmy Morales.

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Al comienzo de la audiencia, el Tribunal Décimo Tercero Penal verificó que los sindicados y sus abogados habían comparecido. En ese momento notó que la abogada Amanda Trejo, de la Cicig, estaba ausente.

Entonces, los jueces decidieron “de oficio” decretar el abandono del proceso penal de la abogada Trejo por haber estado ausente sin alguna excusa. El debate ya suma 84 audiencias y la declaración de 50 peritos desde el 30 de agosto de 2017.

El fiscal Carlos de León interpuso un recurso de reposición debido a que la decisión del Tribunal le causaba agravio por la presentación de las pruebas.

El Tribunal le otorgó la palabra a cada defensor, quienes centraron sus argumentaciones en que la decisión de los jueces había estado en ley.

Uno de ellos fue Óscar Poroj, defensor de los Morales. “Se usa como argumento de que existe un amparo provisional, pero les puedo decir que ya no existe la Cicig”.

Fernando Guerra, defensor de Samantha Mejía, otra implicada en el caso, argumentó que “la dinámica del proceso penal no es político, por eso se debe confirmar la decisión de decretar el abandono”.

Luego, el Tribunal decretó sin lugar el recurso del fiscal De León.

En la audiencia anterior, el 9 de enero pasado, la jueza Maxia presentó una excusa por la enfermedad de su mamá y el debate se suspendió. Ese día la abogada Trejo ya había presentado una excusa para ausentarse al debate.

Excusa de la Cicig llega tarde al Tribunal

A las 9.25 horas ingresó un notificador en la sala de audiencias y la jueza Maxia informó que había recibido la excusa de la abogada Trejo.

El notificador dejó la excusa desde el 16 de enero pasado en la Unidad de Gestión Penal del Organismo Judicial a las 17:45 horas debido a que la sede del Tribunal estaba cerrada.

La representante de la Cicig centró su excusa en la decisión del presidente Morales de anular el acuerdo de la Cicig el pasado 7 de enero. También que “no se tenga por abandonada mi representación en el debate”.

Pese a la excusa, que llegó 25 minutos tarde, el Tribunal explicó que “por extemporánea” se rechazaba la excusa que había llegado a la unidad de Gestión Penal un día antes y un notificador la llevó a la sala de audiencias hasta que se reanudó el debate.

“Esto afecta porque se discuten las pruebas. La Comisión tiene sus motivos para estar en el debate. Es importante porque están haciendo valer los derechos de la entidad”, dijo el fiscal De León.

Sammy Morales dijo: “No puedo opinar ante las resoluciones del Tribunal. Solo les recuerdo que desde el primer día me he presentado en este proceso. Soy respetuoso de la justicia”.

Al respecto Matías Ponce, portavoz de la Cicig, informó que la excusa se había presentado en tiempo. “El día de ayer se presentó una excusa en el Caso Registro de la Propiedad por parte de la Cicig. Tal como señalamos, en el marco del plan de contingencia, la Cicig ha adoptado medidas para continuar apoyando el trabajo del Ministerio Público, como en efecto se viene haciendo”.

Camino

El ente investigador tiene la opción de apelar la decisión del Tribunal para que sea remitida a la Sala Tercera de Apelaciones Penal, en donde se decidirá si la Cicig queda separada en definitiva o puede volver a comparecer en el juicio.

Otros casos

El Tribunal de Mayor Riesgo B donde se se discute el señalamiento por despojo de tierras en el caso Génesis decidió continuar el debate sin la Cicig, aunque aclaró que puede incorporarse en cualquier momento.

El juez Eduardo Cojulún también resolvió que la Cicig tiene la opción de comparecer en el proceso que se sigue contra 21 sindicados en el desvío de Q6.5 millones del Transurbano a las campañas presidenciales de Manuel Baldizón.

#BotínRegistroPropiedad | Tribunal Décimo Tercero Penal, integrado por Edna Maxia, Jaime González y Juan Aceituno decreta el abandono como querellante de Amanda Trejo, representante de la @CICIGgt, por petición de los defensores. pic.twitter.com/s1Eyknhdkg

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) January 17, 2019

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Desde el lunes se había retrasado el inicio del juicio por la inasistencia del abogado del exdiputado Jaime Antonio Martínez Lohaiza. Es el primer caso en donde está ausente el mandatario de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), quien lideró la investigación que determinó que existió una estructura que habría lavado unos US$33 millones.

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El Tribunal de Mayor Riesgo A, integrado por Yassmín Barrios, Patricia Bustamente y Gelvi Sical, arrancó el debate con la ayuda de dos penalistas del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), quienes representaron a Martínez Lohaiza, debido a la separación de su defensor Erick Huitz, por haber estado ausente el lunes y martes pasado.

Los defensores solicitaron que fuera separada la mandataria de la Cicig, Astrid Escobedo, debido a que la semana pasada envió una excusa para ausentarse, centrada en la decisión del presidente Jimmy Morales de finalizar el mandato del ente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El Tribunal la denegó y explicó que en cualquier momento podía incorporarse al juicio el representante de la Cicig por ser querellante.

El fiscal Rudy Herrera, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), explicó los hechos centrados en el supuesto lavado de dinero, en donde el cabecilla es Francisco Édgar Morales Guerra, alias chico dólar.

La investigación del Ministerio Público (MP) y la Cicig se relaciona por las denuncias sobre la existencia de una estructura que operaba desde el 2008 en Jutiapa y otros lugares fronterizos de la región, la cual se dedicaba a desarrollar actividades de lavado de activos, y contaba con la colaboración de autoridades locales y nacionales.

Según la acusación, el supuesto cabecilla de la red es Morales Guerra, quien entre el 2008 y el 2011 recibió grandes sumas de dinero en efectivo. Para la realización de sus actividades ilícitas habría contado con la participación de familiares, particulares y funcionarios públicos.

Nuevo defensor

El abogado Otto Gómez fue acreditado para representar al exlegislador Martínez Lohaiza, quien había sido representado, de forma momentánea por los abogados del IDPP, Rafael Morales y Orlando de Paz.

“Estoy de acuerdo en que me represente”, mencionó el exdiputado Martínez Lohaiza.

Durante los incidentes, los abogados Morales y De Paz plantearon la violación al derecho de defensa y al derecho de elegir defensor. “Se violentaron las garantías constitucionales, procesales y hasta internacionales para elegir defensor de confianza”, dijo Morales.

Abogado del @IDPP_gt que fue designado por el Tribunal para representar al exdiputado Jaime Martínez Lohaiza, protesta antes de emitir sus alegatos en el caso Lavado y Política.
La razón es que el síndicado se niega a que lo representante. pic.twitter.com/I5pzP2vRtH

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) January 16, 2019

El abogado Francisco Cojulún, quien defiende a Morales Guerra, también planteó un incidente centrado en la ilegalidad de la acción fiscal por la modificación que hizo el MP en la acusación.

El Tribunal rechazó ambos incidentes y recordó que el abogado Gómez fue acreditado como nuevo defensor de Martínez Lohaiza.

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Ante la incomparecencia del abogado del exdiputado Jaime Martínez Loahiza, el juez lo separó del caso y nombró a un defensor del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), quien este miércoles comenzará con la representación legal del sindicado. Mientras tanto, el resto de acusados debió esperar un día más el inicio del debate.

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Los jueces Yassmín Barrios,Patricia Bustamante y Gelvi Sical suspendieron el arranque del debate por segundo día consecutivo. Esta vez compareció un abogado del IDPP en sustitución de Érick Huitz, quien fue declarado en abandono por estar ausente el lunes recién pasado.

El Tribunal informó que había recibido un memorial de Huitz en donde acreditó que seguía enfermo. Aunque los jueces ya habían decretado el abandono y habían designado a un abogado de la defensa pública.

Esto molestó al exdiputado Martínez Lohaiza quien volvió a decir que estaba en contra de la nueva designación. “No es de mi confianza”, dijo, sin lograr persuadir al Tribunal. Por ahora, el penalista de la Defensa Pública representará al exdiputado y, aunque pidió cinco días para leer la acusación y prepara la defensa, solo se le otorgaron 24 horas.

Este miércoles deberán comparecer los sindicados, junto con sus abogados y la fiscalía para escuchar los alegatos de apertura. Se espera que el abogado Huitz comparezca en las próximas audiencias.

El caso

La investigación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP) y la Cicig inició por denuncias sobre la existencia de una estructura que operaba desde el 2008 en Jutiapa y otros lugares fronterizos de la región, la cual se dedicaba a desarrollar actividades de lavado de activos, y contaba con la colaboración de autoridades locales y nacionales.

Según la acusación, el supuesto cabecilla de la red es Francisco Édgar Morales Guerra, alias chico dólar, quien entre el 2008 y el 2011 recibió grandes sumas de dinero en efectivo. Para la realización de sus actividades ilícitas habría contado con la participación de familiares, particulares y funcionarios públicos.

Barquín se declaró culpable

Por este caso, el 16 septiembre de 2016 Édgar Baltazár Barquín Durán, expresidente del Banco de Guatemala y excandidato vicepresidencial del extinto partido Libertad Democrática Renovada (Líder), fue condenado a través de un procedimiento abreviado a 2 años y 6 meses de prisión inconmutables por tráfico de influencias, tras declararse culpable de haber cometido dicho delito. Además fue inhabilitado para ejercer cargos públicos y sus derechos políticos fueron suspendidos por 5 años.

Los sindicados

1. Francisco Édgar Morales Guerra, alias chico dólar: asociación ilícita, lavado de dinero, defraudación tributaria, financiamiento electoral ilícito y cohecho activo.
2. Silvia Antonieta Guevara: asociación ilícita, lavado de dinero, revelación de información confidencial o reservada.
3. Héctor Vicente Reyes Linares: lavado de dinero y falsificación de documentos privados.
4. Rudy Estuardo Martínez Orellana: lavado de dinero y falsificación de documentos privados.
5. Dain Alfredo Orellana y Orellana: lavado de dinero.
6. Édgar Leonel Guerra Pérez: asociación ilícita y lavado de dinero.
7. Marco Tulio Morales Guerra: lavado de dinero.
8. Javier Villatoro López: asociación ilícita y cohecho activo.
9. Mynor Leonel Morales Monterroso: cohecho pasivo.
10. José Isabel Maldonado: obstrucción a la justicia.
11. Edwin Galicia: peculado por sustracción.
12. Jaime Martínez Lohayza (exdiputado). Asociación ilícita, financiamiento electoral ilícito y tráfico de influencias.
13. William Geovanny Duarte Guerra (exalcalde de Santa Catarina Mita). Falsificación de documentos privados y testaferrato.
14. Basilio Cordero Cardona (exalcalde de Jutiapa). Peculado por sustracción.
15. Maximino Milagro de Jesús Gómez Serrano. Asociación ilícita y cohecho activo.

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Así lo expresó el comisionado en una entrevista al diario colombiano El País.

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“En realidad el problema no es mi permanencia ni la de la Cicig. El problema es que requieren garantizarse impunidad a como dé lugar y para ello requieren recuperar el control absoluto de la Fiscalía y del organismo judicial. Si el Gobierno garantiza que la Cicig pueda continuar cumpliendo cabalmente su mandato, yo no tengo problema en renunciar”, dijo Velásquez, quien permanece en el extranjero desde que el Gobierno prohibió su ingreso, algo que la Corte de Constitucionalidad (CC) dejó sin efecto.

Según Velásquez, el convenio de Cicig termina el 3 de septiembre de 2019. Por su parte, el Gobierno ha dado por terminado el convenio, algo que dejó suspendido provisionalmente la CC.

“Así es la situación”, expresó el comisionado respecto a que el presidente Jimmy Morales y la canciller Sandra Jovel han dicho que no van a aceptar órdenes ilegales.

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Preguntado sobre el inconveniente de no poder dirigir la Cicig en Guatemala y ser parte de la lucha contra la corrupción, Velásquez respondió que hay un propósito de procurar impunidad. “Muchas personas en Guatemala están haciendo todo lo posible para que no se pueda continuar el trabajo de la Comisión. Desde el segundo semestre del 2016 empezó una muy agresiva campaña de desprestigio y de desinformación a través de redes sociales y lobbies que se hicieron en Estados Unidos por parte de empresarios, como lo documentó la prensa guatemalteca”.

Velásquez adelantó que las investigaciones de la Cicig no se podrán terminar antes de septiembre y agregó que para fortalecer el sistema de justicia es necesaria una “voluntad fuerte” del Gobierno, “que no existe ahora”.

Aparte, cuestionado por la situación de los derechos humanos en Guatemala, el comisionado dijo que desde febrero del año pasado hay una escalada en muertes de líderes sociales y miembros de organizaciones campesinas e indígenas. “Hay temor porque afirmaciones como las del Gobierno respecto de la decisión de la Corte puedan conducir a una fractura constitucional”, reflexionó.

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En la capital, la caminata comenzó en la Corte Suprema de Justicia y se detuvo por momentos en el Ministerio Público, Ministerio de Gobernación, Corte de Constitucionalidad, Congreso de la República y terminó en la Plaza de la Constitución.

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En la provincia hubo caminatas en Huehuetenango, Puerto Barrios, Izabal; Santa Cruz del Quiché, Quiché; Suchitepéquez, Jutiapa, Salamá, Baja Verapaz; Totonicapán, Cobán, Alta Verapaz; Escuintla, Santa Rosa, Poptún, Petén, y Retalhuleu.

Dirigentes de Codeca dijeron que las peticiones son la renuncia de Morales, de quien critican el cese unilateral del convenio de la Cicig; demandar justicia por la muerte de integrantes del comité, nacionalizar servicios y promover una Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional.

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En un comunicado, Codeca propone para el combate a la corrupción que sea anulado el derecho de antejuicio, el secreto bancario, cadena perpetua contra funcionarios culpables de corrupción, la revocatoria del mandato de gobernantes corruptos y crear mecanismos para que la ciudadanía controle y sancione a los gobernantes.

Ya han comenzado a llegar los manifestantes de Codeca a la Plaza de la Constitución, donde continuarán protestando contra el gobierno de Jimmy Morales.
Vía Esbin García pic.twitter.com/ayBeFrhQyk

— Prensa Libre (@prensa_libre) January 15, 2019

Con información de Joselin Gómez, Eduardo Sam, Mike Castillo y Esbin García

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Así, se concreta otra destitución de un alto mando de la PNC en una semana. El 9 de enero, fue removido el director Erwin Rolando Tzi Juárez, y su lugar lo ocupa ahora Carlos Tohom Escobar.

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La remoción fue firmada por el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, a través del acuero 42-2019, ayer 14 de enero.

El documento establece que la Dirección General de la PNC debe presentar denuncia en el Ministerio Público si Álvarez Quisquinay no entrega el equipo asignado.

Los hechos que involucran a Álvarez con la Cicig ocurrieron el jueves último. Comenzó cuando, por medio de un memorial, el Departamento de Apoyo y Logística de la Policía Nacional Civil (PNC) solicitó a la Cicig la devolución de cinco vehículos, sin embargo, en una carta posterior, firmada por Álvarez, se le pidió que haga caso omiso de la solicitud.

Para entonces el Gobierno de Guatemala ya había emitido el acuerdo que daba por finalizado el convenio de Cicig, con lo cual dejaba sin efecto cualquier relación entre ambos, pero la Corte de Constitucionalidad ya había otorgado un amparo a ciudadanos con lo cual suspende la actuación del Ejecutivo contra el cese unilateral del acuerdo.

El documento donde se pedía la devolución de los vehículos había sido firmada por Rubén Octavio Ortiz León, auxiliar de Material Movil y Carburantes, de la División de Información Policial.

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“De manera urgente, en un plazo no mayor de 24 horas después de su notificación, reconcentren a la División de Información Policial los vehículos”, decía la carta dirigida a María Eloiza Quinteros, del Departamento de Investigación y Litigios de la Cicig.

Eran cinco picops modelo 2011 que utiliza el Departamento de Investigación y Litigios de la Cicig.

Pero, por medio del oficio 56-2019, Édgar Leonel Álvarez, subdirector de Apoyo y Logística de la PNC, le aclara a Quinteros que en ningún momento giró instrucciones para que retiren los vehículos a la entidad.

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“Cuando yo giro instrucciones, los documentos van con sello y firma de mi despacho”, resalta Álvarez en la carta.

El funcionario pidió a la Cicig hacer caso omiso a la primer carta y ofreció disculpas.

Dentro de la coyuntura del cese unilateral del convenio de Cicig, el Ministerio de Gobernación declaró que apoyará al personal que efectúe sus labores “apegadas a Derecho y en irrestricto cumplimiento a las leyes del país”. Un día después ocurrió el despidió del director.

El Ministerio de Gobernación (MINGOB) enfatiza que apoya y apoyará a todos sus funcionarios y personal de sus diversas dependencias que efectúen sus labores cotidianamente apegadas a Derecho y en irrestricto cumplimiento de las leyes del país. pic.twitter.com/Mxv41wfwuy

— MinGob (@mingobguate) January 8, 2019

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“Hace un año y medio atrás estuve en esta misma mesa ante un juez. En esa ocasión me declaré confeso, me declaré culpable (en el caso Construcción y Corrupción). Habían hechos, me declaré culpable y así fue. Decidí contar la verdad sobre ese caso. Fui condenado en un proceso abreviado, pero en esta ocasión, su señoría, no tengo ningún documento que darles. En este caso no tengo nada que ver. No conozco a nadie de los que están aquí, no conocí al señor (Manuel) Baldizón”, declaró el empresario José Luis Rodrigo Agüero Urruela.

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Su declaración fue escuchada en la Sala de audiencias de mayor capacidad, conocida como “megasala”, donde se desarrolla la primera declaración de 21 sindicados de participar en una estructura que desvió millones de quetzales destinados al servicio de autobuses del Transurbano y que habrían financiado las campañas presidenciales de Manuel Baldizón y el extinto partido Libertad Democrática Renovada (Líder).

También declaró la notaria Lilia Eugenia López Velásquez, quien recordó la creación de la sociedad La Nacional, que tiene relación con Baldizón. “Se llevó a cabo el proceso notarial de una sociedad anónima. Se constituyeron los documentos correspondientes y se le entregaron los documentos a la señora Celina Vargas, ella trabajaba contiguo a donde yo estaba. Después me enteré de que era medio hermana (hermanastra) de la esposa de Baldizón (Rosa María Vargas)”, dijo López Velásquez.

La declaración de Francisco Fernando Alemán Paredes se centró en el funcionamiento del sistema prepago del Transurbano. “El bus tenía un dispositivo electrónico. A través de una fibra óptica enviaba información cuando el usuario acercaba su tarjeta al validador que transmitía la información. Nosotros hicimos el proyecto, lo desarrollamos, lo entregamos funcionando y hasta hoy todavía funciona”, señaló.

Otros sindicados

Mario Enrique Vargas Salazar, exdirectivo de la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU), declaró ante el juez Eduardo Cojulún que “jamás” ha sido político. “Esta acusación es la mentira más grande que he escuchado. Que autoricé el pago de cheques para las campañas políticas. No. El dinero no era mío”, declaró, y evitó responder a las preguntas del fiscal Hugo González. El empresario ya está procesado en la fase anterior de este proceso.

La declaración de Osmar Alberto Cruz Bustamante se centró en las instrucciones que le dio Reyna Gómez (también procesada en este caso y hermana del prófugo transportista Luis Gómez) para ser el representante legal de empresas con nexos con Manuel Baldizón.

El notario Óscar Leonel de León Cuellar calificó de “falsa” la imputación que hizo el MP. “No conozco a Manuel Baldizón. No he faccionado algún documento, no conozco roles, me tildan de notario de confianza y no es cierto”, dijo en el Juzgado Undécimo Penal. Los otros implicados se abstuvieron a declarar.

La audiencia se realizó sin Leopoldo Zeissig, mandatario de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) quien no envió excusa. El juez Cojulún dijo que en cualquier momento se podía incorporar al proceso por ser querellante.

El juez Eduardo Cojulún le pregunta a los 21 sindicados del desvío de fondos del Transurbano para las campañas presidenciales de Manuel Baldizón si desean declarar.
Francisco Fernando Alemán Paredes se defiende de la acusación del @MPguatemala. pic.twitter.com/Z84Qos4w4D

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) January 14, 2019

Acusación

La semana pasada fue el turno del fiscal González, quien recordó los aspectos del caso que iniciaron en 2011, cuando el partido Libertad Democrática Renovada (Líder) declaró ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) Q 11 millones 54 mil 425.00, pero la investigación determinó que el 87.44% de los aportes no provenían de los supuestos financistas.

La investigación preliminar detalló que en 2015 el monto declarado fue de Q12 millones y la investigación estableció que el 100% de dichos aportes no pertenecían a los supuestos financistas.

El ente investigador contabilizó que Q6.5 millones del subsidio público destinado al Transurbano fueron canalizados directamente hacia las campañas electorales del partido Líder de Baldizón en 2011 y 2015.

Los hechos presentados en este caso muestran la configuración de los tipos penales contemplados en el artículo 407 “N”, primer párrafo y artículo 407 “O del Código Procesal Penal, así como lavado de dinero, asociación ilícita y peculado, según la fiscalía.

Señalados

1. Óscar Leonel de León Cuellar
2. Lilia Eugenia López Velásquez de Fialko
3. Carlos Roberto Paz Reynosa
4. Osmar Alberto Cruz Bustamente
5. Otto René Bernal
6. Reyna María Gómez González
7. Rudy Maldonado Castillo
8. Hector Antonio Aldana Castillo
9. Roselia Díaz Ortiz
10. Marvin Giovanni Aldana Azurdia
11. Carlos Humberto Martínez Ruano
12. Ramiro Antonio Calderon Rodas
13. Marce Gabriela Lissi Hernández
14. Mario Humberto Chicas Zea
15. Jonathan Harry Chévez
16. Mario Enrique Vargas Salazar
17. Rudy Leonel Maldonado Castillo
18. Alberto Rafael de León Escobar
19. José Luis Rodrigo Agüero Urruela
20. Francisco Fernando Alemán Paredes
21. Alvaro Mayorga Giron

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Diputados de la bancada oficial y ministros del Ejecutivo presentes en la sesión aplaudieron al gobernante varias ocasiones para manifestarle su apoyo y cuando hacía referencia a los logros del 2018.

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La lectura del tercer informe comenzó con un extracto del poema “Carta a mi hijo”, de Enrique Rambal, para hacer referencia a que los guatemaltecos no deben confiar en “políticas de espejitos” y evitar la lucha entre hermanos.

Antes de informar sobre las acciones que el Ejecutivo efectuó durante el 2018, Morales afirmó que “el tablero mundial cambia las reglas del juego”, por lo que en el país “tenemos dos rutas: Una es Guatemala y nuestras leyes y nuestras políticas, y la nueva propuesta del orden mundial que parece ser un nuevo colonianismo”.

Según el mandatario, la segunda opción “consiste e imponernos formas de pensar, de actuar, de convivir por encima de nuestras leyes y de nuestra Constitución. Por otro lado, nuestra Constitución protege la vida, la persona, la familia, y mientras yo tenga fuerzas para defender mi patria, mi fe y mi familia, lo haré y se los juro”.

Morales hizo un llamado asimismo “a los hijos de esta patria para defender la soberanía”.

Sus logros

Después, el mandatario comenzó a detallar las acciones durante el penúltimo año de gestión, entre ellas, haber adoptado dos normas anticorrupción, que incluye una antisoborno. Además, resaltó la construcción de un presupuesto abierto y aseguró que el suyo fue el primer gobierno guatemalteco que formuló un presupuesto de forma aplicada y con participación de la ciudadanía.

Para lograr la reducción de la desnutrición crónica, según Morales, se benefició a 1.4 millones de niños con servicios de vacunación, desparasitación y el impulso a la lactancia materna. Además, la vacuna contra el papiloma humano protege a las niñas contra el cáncer de cérvix. Al referirse al tema, el presidente mencionó “a quienes hablan de desnutrición” y volteó a ver al palco diplomático.

En educación, el mandatario recordó el beneficio de conformar Organizaciones de Padres de Familia, el incremento al financiamiento de la refacción escolar y la inversión de más de Q200 millones en programas de apoyo, equipo y mobiliario y reparación y remozamiento de escuelas.

La inversión en la infraestructura vial, con la reparación de dos mil 400 kilómetros de carreteras asfaltadas y cuatro mil kilómetros de terracería, fue otro de los avances durante el 2018.

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Morales agregó que para esto fue necesario apoyarse con el Ejército, pues debido a denuncias penales “no podía tocar las carreteras”.

La instalación de biobardas en el lago de Amatitlán y en el río Motagua fue otro logro anunciado por Morales, quien también destacó la respuesta que brindaron las instituciones durante y después de la tragedia provocada por la erupción del Volcán de Fuego.

La reducción de las tasas de homicidios y de delitos contra el patrimonio, que fue promesa electoral, ya se cumplió, afirmó el gobernante, quien también destacó la profesionalización de la Policía Nacional Civil y agradeció el apoyo del Ejército en las tareas de seguridad ciudadana.

Morales además dijo que su administración ha incautado más droga que durante las dos administraciones de gobierno anteriores y dijo que el Aeropuerto Internacional La Aurora es el tercero con la mejor calificación obtenida a nivel latinoamericano. “Por esa razón, cuidémoslo, cuidemos los nuestro, no rompamos leyes, el que rompa las leyes tendrá que vérselas con la justicia”, resaltó.

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Entre aplausos

El discurso de Morales tardó más de 50 minutos y por momento era interrumpido por los aplausos de los diputados oficialistas y ministros, sobre todo al referirse al traslado de la embajada de Guatemala a Israel, una acción que según el mandatario, fortaleció los lazos de amistad entre ambos países.

Morales no hizo alusión a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, pero sí mencionó que la soberanía es del pueblo, “quien a través de un voto, cada cuatro años, delega esa autoridad y soberanía en las autoridades electas, el presidente y vicepresidente, 158 diputados y alcaldes”.

Para finalizar su discurso, el presidente reiteró la petición de que este año se efectúen elecciones libres y sin intervención extranjera y pidió que los guatemaltecos asistan a votar.

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El Tribunal de Mayor Riesgo A suspendió el comienzo del debate contra 15 sindicados en el caso Lavado y Política debido a la inasistencia del abogado del exdiputado Jaime Martínez Lohaiza por supuestos quebrantos de salud, a quien decretaron el abandono después de cuatro horas de espera.

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El abogado Érick Rolando Huitz informó al Tribunal que estaba enfermo y estaba siendo sometido a un proceso de nebulización respiratoria. “A nosotros no nos consta, se le dará un tiempo prudencial para que comparezca”, respondió la jueza Yassmín Barrios al inicio de la audiencia poco después de las 8 horas de este lunes.

Más tarde el Tribunal resolvió separar al penalista Huitz y decretar el abandono. En su lugar fue nombrado un abogado del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) en contra de la voluntad del exlegislador Martínez Lohaiza.

Antes de las 12 horas el Tribunal declaró el abandono de la defensa. “Se declara el abandono porque simple y sencillamente, no vino. No es justo para los demás retrasar este debate”, dijo la jueza Yassmin Barrios.

“Señora jueza, estoy en contra de que se me nombre a otro abogado. No es de mi confianza”, dijo desde la carceleta Martínez Lohaiza, quien logró que se le permitiera una llamada telefónica a su abogado.

“Mi abogado no está renunciando a mi defensa. Él padece de asma y mañana se incorpora”, informó el exdiputado al Tribunal.

Sindicado es separado

El sindicado Maximino Milagro de Jesús Gómez Serrano (exasistente del exdiputado Manuel Barquín, fallecido en el Hospital Roosevelt el año pasado) “se negó a salir de la cárcel”, también por padecer quebrantos de salud.

El Tribunal ordenó que médicos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) lo evaluaran y después lo separó del proceso. Gómez Serrano será juzgado por separado por otro Tribunal.

Sin la Cicig en el debate

La abogada Astrid Escobedo, de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) remitió una excusa debido a la decisión del presidente Jimmy Morales de anular con acuerdo del ente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y se ausentó al primer día del debate. “La representante de la Comisión puede ser incluida en el debate en cualquier momento por ser querellante”, resolvió el Tribunal.

#LavadoYPolítica | El comienzo del inicio del debate contra 15 sindicados se retrasa debido a la inasistencia del abogado del exdiputado Jaime Antonio Martínez Lohaiza.
También que el sindicado Maximino Gómez Serrano es evaluado por un médico del @INACIFGT en la prisión. pic.twitter.com/OaRNp97Xei

— Kenneth Monzón (@kmonzon_pl) January 14, 2019

El caso

La investigación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP) y la Cicig inició por denuncias sobre la existencia de una estructura que operaba desde el 2008 en Jutiapa y otros lugares fronterizos de la región, la cual se dedicaba a desarrollar actividades de lavado de activos, y contaba con la colaboración de autoridades locales y nacionales.

Según la acusación, el supuesto cabecilla de la red es Francisco Édgar Morales Guerra, alias chico dólar, quien entre el 2008 y el 2011 recibió grandes sumas de dinero en efectivo. Para la realización de sus actividades ilícitas habría contado con la participación de familiares, particulares y funcionarios públicos.

Barquín se declaró culpable

Por este caso, el 16 septiembre de 2016 Édgar Baltazár Barquín Durán, expresidente del Banco de Guatemala y excandidato vicepresidencial del extinto partido Libertad Democrática Renovada (Líder), fue condenado a través de un procedimiento abreviado a 2 años y 6 meses de prisión inconmutables por tráfico de influencias, tras declararse culpable de haber cometido dicho delito. Además fue inhabilitado para ejercer cargos públicos y sus derechos políticos fueron suspendidos por 5 años.

Los sindicados

1. Francisco Édgar Morales Guerra, alias chico dólar: asociación ilícita, lavado de dinero, defraudación tributaria, financiamiento electoral ilícito y cohecho activo.
2. Silvia Antonieta Guevara: asociación ilícita, lavado de dinero, revelación de información confidencial o reservada.
3. Héctor Vicente Reyes Linares: lavado de dinero y falsificación de documentos privados.
4. Rudy Estuardo Martínez Orellana: lavado de dinero y falsificación de documentos privados.
5. Dain Alfredo Orellana y Orellana: lavado de dinero.
6. Édgar Leonel Guerra Pérez: asociación ilícita y lavado de dinero.
7. Marco Tulio Morales Guerra: lavado de dinero.
8. Javier Villatoro López: asociación ilícita y cohecho activo.
9. Mynor Leonel Morales Monterroso: cohecho pasivo.
10. José Isabel Maldonado: obstrucción a la justicia.
11. Edwin Galicia: peculado por sustracción.
12. Jaime Martínez Lohayza (exdiputado). Asociación ilícita, financiamiento electoral ilícito y tráfico de influencias.
13. William Geovanny Duarte Guerra (exalcalde de Santa Catarina Mita). Falsificación de documentos privados y testaferrato.
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