Los hechos le han dado la razón a esta antropóloga que coordina el Observatorio de la Extrema Derecha en Brasil.

Al invadir las sedes de los tres poderes del Estado brasileño el domingo, miles de bolsonaristas radicales demostraron su capacidad de acción emulando a grupos extremistas de Estados Unidos, señala Kalil en una entrevista con BBC Mundo.

Está convencida de que las similitudes entre lo que ocurrió en Brasilia y el ataque al Capitolio en Washington por seguidores del entonces presidente Donald Trump el 6 de enero de 2021 están lejos de ser una mera coincidencia.

Y señala un riesgo de que se intenten replicar actos semejantes en otros países de la región.

Lo que sigue es una síntesis del diálogo telefónico con Kalil, quien también es docente e investigadora de la Fundación Escuela de Sociología y Política de São Paulo.

¿Qué significado tiene la invasión de las sedes de los tres poderes del Estado de Brasil por parte de miles de bolsonaristas el domingo?

Hay dos dimensiones: la gravedad de este acto a nivel nacional y transnacional. O sea, cómo este acto coloca a la extrema derecha brasileña en sintonía con la extrema derecha, principalmente en EE.UU.

Diría que el acto es representativo no sólo por Brasil, sino por la relación entre diferentes grupos extremistas de Brasil y EE.UU., por el hecho de que casi replicaron la invasión del Capitolio.

¿Qué objetivo tienen los extremistas con este tipo de ataques?

Fue un ataque a los tres poderes pero mucho más virulento contra la Suprema Corte.

Estos grupos venían esperando hace algunos meses y reclamaron que Bolsonaro hiciera algún un tipo de intervención, como ellos lo llaman.

Como eso no sucedió, fueron frente a los cuarteles esperando que las fuerzas armadas brasileñas respondieran, tomaran lo que ellos llamarían una posición, e hicieran una intervención.

Eso tampoco sucedió. Y ahí esos grupos, no de manera institucionalizada pero con participación de militares retirados y personas de las fuerzas de seguridad pública que estaban ahí actuando como civiles, terminaron llevando a cabo estos actos.

Entonces, a fin de cuentas, creo que hay un recado: demostrar que ellos consiguen movilizarse independientemente de tener instituciones o un liderazgo político dirigiendo esos actos más claramente.

Cerca de 1.200 bolsonaristas fueron detenidos en las últimas horas en la capital. Los campamentos que tenían en el Distrito Federal y en diferentes estados de Brasil estaban siendo desmontados el lunes. ¿Esto puede marcar el fin de estas movilizaciones extremistas?

Es importante remarcar que las instituciones brasileñas toleraron mucho.

Después que fuera anunciada la victoria de Lula y la derrota de Bolsonaro, comenzaron esas movilizaciones. Y desde entonces no se desmovilizaron. Siguieron en las puertas de los cuarteles luego de movilizarse en las carreteras.

Creo que ahora de hecho hay una desmovilización. Eso no excluye que podamos tener actos aislados de extremismo y terrorismo, no con el mismo nivel de personas ni de movilización.

¿Tienen los estos grupos una estrategia predeterminada?

En el caso de Brasil, estaban hace mucho tiempo movilizados en torno a un acto parecido a este.

Entonces, desde el punto de vista de los líderes, no había cómo desmovilizarlos, incluso si fuera para un acto que ellos considerarían más simbólico.

Porque el acto fue muy grave, pero no había actores políticos dentro de los edificios públicos. No atacaron a una persona específica. Podrían haber hecho un ataque en el momento de alguna sesión del Congreso o de una actividad de la Suprema Corte con los jueces reunidos. No lo hicieron.

Creo que esto fue una tentativa de marcar esa movilización que necesita tal vez de años para un acto como este. De acuerdo a lo que seguimos de estos grupos, desde fines de 2019 y principios de 2020 están haciendo convocatorias para un acto como este.

¿Tienen líderes?

Los actos tienen diferentes liderazgos. Pero es difícil nombrarlos, porque hay una movilización digital muy fuerte que también utiliza robots y aplicaciones de mensajes instantáneos.

Bolsonaro pasó años movilizando a sus seguidores para esto. Aún si ahora no ha dado una orden directa, yo creo que él es responsable por haber organizado a ese ejército de personas.

¿Qué nivel de organización poseen?

El primer estudio que nos ayudó a entender a estos grupos mostró una fuerte segmentación.

Hay grupos de mujeres movilizadas en torno a cuestiones de género, grupos de hombres más jóvenes, grupos que están más movilizados en torno a una agenda militar. Puede haber una relación más vinculada al contexto conservador religioso.

Lo que vuelve a estos grupos tan difíciles de ser desmovilizados es que no tienen una agenda única. Son diferentes grupos movilizados en torno a diferentes agendas.

Entonces ¿esto va más allá de Bolsonaro, aunque el expresidente sea su líder?

Exacto. En un determinado momento esos grupos tenían una mayor dependencia de la figura de Bolsonaro para conseguir movilizarse.

Bolsonaro sigue siendo el líder principal, un líder importante y debe ser responsabilizado incluso por esos actos, aunque haya actuado indirectamente.

Pero de cierta forma los actos de ayer (por el domingo) muestran que ellos ganaron autonomía.

¿Por qué nadie pudo evitar lo que ocurrió el domingo en Brasilia?

Hay una combinación de cosas. Está el hecho de tener una cierta lenidad de determinados agentes de seguridad pública que tienen mucha simpatía por Bolsonaro.

Eso significa que aún cuando el comando de determinadas policías pueda dar la orden de reprimir esos actos, muchas veces los agentes en sí apoyan los actos. Entonces hay una penetración fuerte del bolsonarismo en las fuerzas de seguridad.

Hay cuestiones institucionales relacionadas incluso con la actuación de las autoridades del Distrito Federal.

Pero hay otra cuestión. El hecho de que Bolsonaro haya hecho ese retiro estratégico y viajara a EE.UU. fue como si hubiese sacado a la extrema derecha de la escena. Y eso no es verdad. Hubo un error de cálculo.

Como dije, es una relación compleja. Aún cuando Bolsonaro pueda dar o no una orden más explícita, ellos pueden actuar.

¿Cree que la extrema derecha está infiltrada incluso en las fuerzas de seguridad de Brasil?

No, hay agentes de seguridad que tienen simpatía hacia esos grupos. Apoyan al bolsonarismo y a Bolsonaro.

¿Pero entonces el gobierno de Lula y todo el Estado brasileño no sólo tendrán que enfrentar a esos grupos en las calles sino también esa simpatía en las fuerzas armadas?

Exacto, en las fuerzas armadas y en las fuerzas de seguridad como las policías militares, la policía de carreteras…

Ese es el desafío: actuar desde el punto de vista de la sociedad civil pero también institucional, de los agentes de Estado.

Muchos observan las similitudes entre lo que ocurrió en Brasilia el domingo y el ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021. ¿Son casualidades?

No creo que sea casualidad.

Existe un hashtag, #BrazilianSpring, que comenzó a ser compartido a partir de Steve Bannon (el exestratega de Trump).

De hecho, hubo un tipo de actuación para colocar en compás a la extrema derecha de Brasil con la de EE.UU. y de cierta manera emular la invasión del Capitolio el 6 de enero de 2021 aquí.

¿Esto significa que la extrema derecha está compartiendo fuerzas, ideas y estrategias en el continente?

Por lo menos es una tentativa. No podemos decir que eso va a suceder en otros países. Pero existe una estrategia de la extrema derecha transnacional que es intentar hacer esto en América Latina.

Si van a conseguirlo o no va a depender mucho de la movilización de las fuerzas democráticas de los países, de las instituciones y de la capacidad de contener a estos grupos.

Existe un objetivo de hacer transnacionales estas estrategias y compartir diferentes repertorios y tácticas.

En el caso de Brasil, esto no es exactamente nuevo. Con mi equipo de investigación ya publicamos un artículo que comparaba la movilización de la extrema derecha en Brasil y EE.UU. a partir de la pandemia de covid-19.

Pero con los actos de ayer (el domingo) se consolida la transnacionalización de la extrema derecha en Brasil.

¿Hay una conexión orgánica entre los movimientos de extrema derecha en EE.UU., Brasil y otras partes del mundo?

Lo que ocurre es que hay diferentes líderes brasileños que consumen determinados líderes y portavoces de la extrema derecha en EE.UU. y de cierta forma hacen una traducción para Brasil.

Tanto es así que hay líderes bolsonaristas que cuando tienen alguna cuestión con la justicia o salen de Brasil, van a EE.UU.

Un actor importante de la extrema derecha brasileña fue Olavo de Carvalho, ya fallecido, un brasileño que vivía en Virginia y de cierta forma hacía esa especie de traducción para Brasil de lo que ocurría en EE.UU. con la movilización de la extrema derecha y otros elementos más radicales.

El creó un puente y hay alumnos de Olavo de Carvalho que pasaron a consumir esas influencias y materiales de extrema derecha en EE.UU.

¿Los países de la región deben estar atentos a esa vocación transnacional de la extrema derecha?

Es preciso evitar la tentativa de replicar la invasión de edificios públicos. Brasil copió eso de EE.UU. Existe sí el riesgo de que haya tentativas invadir edificios públicos en otros países de la región.

Brasil es estratégico en el continente porque la victoria de Lula da señales de que tendremos la consolidación de una segunda ola rosa de partidos de izquierda y centro-izquierda, y cómo esta se va a colocar hoy más ligada a cuestiones socioambientales y de diversidad, como el combate al racismo, temas de género, etcétera.

Brasil es estratégico porque, de cierta manera, tiene una influencia importante en la región políticamente.

Entonces, debe prestarse atención para que no haya en otros países de la región tentativas de actos como el que ocurrió en EE.UU. y ahora en Brasil.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

• ¿Ya conoces nuestro canal de YouTube? ¡Suscríbete!

Decenas de manifestantes bloquearon este miércoles tres de las principales vías de acceso a Sao Paulo, la mayor ciudad de Brasil, para pedir la aceptación de la denuncia por corrupción activa contra el presidente del país, Michel Temer, que debe ser votada en la Cámara de Diputados.

POR SI SE LO PERDIÓ:

Manifestantes toman edificios públicos en protestas contra Temer

En ellas, los manifestantes colocaron neumáticos y los quemaron en el medio de la pista, impidiendo la circulación de vehículos.

Los bomberos apagaron el fuego en los tres bloqueos y permitieron que los vehículos volvieran a circular por la pista.

En tal caso, el mandatario sería suspendido del cargo durante 180 días y destituido si al cabo del proceso fuera declarado culpable.

Esa votación, como admitió el Supremo, tendría un carácter netamente político, un terreno favorable a Temer y a su mayoritaria base parlamentaria, que precisa el apoyo de sólo 172 de los 513 diputados para que la denuncia sea archivada.

Según los cálculos del Gobierno, el oficialismo cuenta por lo menos con 250 votos, lo que haría inviable el esfuerzo de la minoritaria oposición, que deberá reunir una mayoría cualificada de dos tercios para dar curso a la denuncia.

Temer fue denunciado por la Fiscalía tras las confesiones de directivos del grupo JBS, que han dicho que sobornan a Temer desde 2010 y que han seguido haciéndolo una vez que llegó al poder. 

El episodio, que se produce apenas trece meses después de la caída de la presidenta izquierdista Dilma Rousseff por manipulación de las cuentas públicas, volvió a poner al descubierto una despiadada guerra de poderes.

Ahora corresponde a la Cámara determinar si el Supremo Tribunal Federal (STF) puede abrir un proceso contra el mandatario conservador, siguiendo el procedimiento determinado por la Constitución.

Pero ello solo ocurrirá si el pedido de juicio es aprobado por al menos 342 diputados  (dos tercios de los 513 escaños).

El oficialismo cuenta con una holgada mayoría y aspira a bloquear el proceso. Para ello solo necesitaría que 172 diputados voten en contra de la propuesta, se abstengan o se ausenten el día de la votación.

“Conseguir 172 votos no es el fin del mundo”, dijo esta semana un asesor del Palacio de Planalto.

Janot acusó a Temer de haber recibido un soborno de US$150 mil de la empresa JBS, la mayor procesadora de carne del mundo. La Policía fotografió a Rodrigo Rocha Loures, exdiputado y uno de sus asesores más cercanos, recibiendo una maleta con el dinero y lo arrestó.

El fiscal afirma que ese dinero estaba destinado a Temer, pero el Gobierno lo niega.

Las cartas de Temer 

Temer apuesta a sobrevivir en su cargo hasta fines del 2018, cuando debe concluir el accidentado mandato actual.

El presidente, de 77 años, se anotó un módico triunfo en la noche del miércoles cuando una comisión del Senado aprobó el proyecto de reforma laboral incluida en su agenda de ajustes, que le vale el apoyo de los mercados.

En el marco de la tensión entre poderes, Temer designó el miércoles a Raquel Dodge para reemplazar a Janot -quien concluye su mandato en septiembre-, rompiendo la tradición de escoger al fiscal más votado por sus pares. Según los medios, el más votado, Nicolao Dino, contaba con el respaldo del fiscal saliente.

El proceso 

La denuncia contra Temer empezará a ser analizada en breve por la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara  (CCJ).

A partir de ese momento, los abogados del presidente tendrán hasta 10 sesiones para manifestarse. La CCJ emitirá su parecer, no vinculante, en las cinco sesiones siguientes y lo enviará al plenario, donde será votado públicamente por cada diputado, lo que promete otro momento de alta tensión política.

Si el caso llegara a la Suprema Corte, los 11 jueces de esa instancia definirán si abren juicio o lo descartan. En caso de que den continuidad al proceso, Temer será suspendido por un máximo de 180 días y asumirá el oficialista Rodrigo Maia, presidente de la Cámara.

LEA TAMBIÉN EN PRENSA LIBRE:

Escándalo amenaza mandato de Temer; avalan investigación

Decenas de políticos de casi todos los partidos y encumbrados empresarios fueron condenados a duras penas de cárcel o están siendo juzgados en el marco de la Operación Lava Jato.

El juez de primera instancia Sergio Moro debe anunciar próximamente su sentencia en el primero de los cinco juicios que enfrenta el expresidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva  (2003-2010), por corrupción pasiva.

Lula, favorito en los sondeos de cara a los comicios del 2018, niega las acusaciones y afirma que solo buscan bloquear su eventual candidatura.

Los disturbios surgieron durante una protesta masiva contra el presidente Michel Temer, acorralado por acusaciones de corrupción.

“En este momento ya hay tropas federales aquí, en el palacio de Itamaraty [sede de la cancillería], y ya están llegando tropas para asegurar la protección de los edificios ministeriales”, anunció el ministro de Defensa, Raul Jungmann.

Grupos de jóvenes manifestantes encapuchados atacaron con piedras y palos varios ministerios a lo largo de la avenida que conduce al Congreso y consiguieron invadir una sala del Ministerio de Agricultura, donde prendieron fuego.

De su lado, la Policía lanzaba gases lacrimógenos y bombas de ruido contra la multitud.

Entre 35 mil personas y cien mil, según cifras de la Secretaría de Seguridad del Distrito Federal y de los organizadores, respondieron al llamado sindical para exigir el fin de los programas de austeridad y la salida de Temer, que batalla por su supervivencia política desde hace una semana.

La Prensa dio parte de escenas de gran confusión, varios focos de incendio y choques entre agentes y manifestantes.

“Me estoy yendo porque eso ya era una escena de guerra”, dijo Fabio Ferreira, un funcionario del Ministerio de Planificación, reportando destrozos en el edificio donde trabaja.

Contra Temer y la austeridad

Ríos humanos confluyeron hacia el Congreso, rodeado de vallas de seguridad, al grito unánime de “¡Fora Temer!”.

Los participantes pedían también elecciones “Directas ya”  y el retiro de los proyectos de reforma de las jubilaciones y de flexibilización de la legislación laboral.

“Temer es un irresponsable. Hundió a Brasil en una crisis descomunal. No está en condiciones de permanecer en la presidencia”, dijo Wagner Freitas, presidente de la Central Única de Trabajadores  (CUT), vinculada al Partido de los Trabajadores (PT) del los expresidentes Lula da Silva y Dilma Rousseff.

“Brasil se volvió imponderable (…) aquí todo el mundo está conspirando. Nadie más cree en la continuidad del gobierno”, dijo Paulo Pereira da Silva, más conocido como Paulinho da Fora, líder de la central Fora Sindical  (FS), que fue aliado de Temer en los primeros meses de su gobierno.

Esta nueva crisis se produce apenas un año después de la destitución por el Congreso de Rousseff. Temer, su vicepresidente, la reemplazó, con la expectativa de completar el mandato hasta finales de 2018 y aplicar un programa de severos ajustes para sacar al país de la peor recesión de su historia.

La gota que desbordó el vaso cayó la semana pasada, con la divulgación de una grabación hecha por uno de los dueños del gigante de la alimentación JBS, Joesley Batista, donde el mandatario aparentemente da aval al pago de un soborno a un exdiputado encarcelado.

El Supremo Tribunal Federal (STF) abrió una investigación y la Fiscalía General acusa a Temer de obstrucción a la justicia, en una trama donde ve corrupción y organización criminal.

La izquierda, que denuncia  un “golpe institucional”, ve en la súbita aceleración de la crisis una inmejorable oportunidad para cobrarse su revancha.

“Éste es el fin de gobierno golpista. El pueblo está en la calle para eso. No precisaban robar a Brasil”, dijo Francisca Gomes, una portera de 59 años de Sao Paulo, sosteniendo con tres compañeras un ataúd de cartón negro con imágenes del presidente y cruces blancas con la inscripción “RIP Temer”.

 “Clima de deliberación”  en el Congreso 

Entretanto, en el Congreso se vivía también en un ambiente de efervescencia, ante las señales de rápida erosión de la base aliada de Temer.

La Cámara de Diputados interrumpió por la tarde sus sesiones.

“Hay un clima de deliberación, detrás de las cortinas, para articular la salida menos traumática posible para la crisis”, admitió el asesor de un parlamentario de la coalición oficialista, que pidió el anonimato.

La Constitución determina que, en caso de vacío en la Presidencia durante la segunda mitad de un mandato, el Congreso debe elegir un nombre para completarlo. Las elecciones directas sólo podrían celebrarse en caso de que se hiciera una enmienda constitucional, pero hay una creciente demanda para encontrar un atajo que abra esa vía.

La búsqueda de otra salida se debe en gran medida al desprestigio del Congreso, donde decenas de legisladores están investigados por su implicación en la red de sobornos de Petrobras, revelada por la Operación Lava Jato.

Otra salida podría venir por el lado del Tribunal Supremo Electoral  (TSE), que del 6 al 8 de junio examinará una denuncia que podría llevar a la anulación de las elecciones de 2014, en las cuales resultó reelecta la fórmula Rousseff-Temer, por presunta financiación ilegal.

Las acusaciones del procurador general Rodrigo Janot representan una escalada extraordinaria de una investigación que ha trastornado la política y prácticamente todos los ámbitos de la nación más grande de América Latina.

Las acusaciones formales son las revelaciones más recientes derivadas de una grabación efectuada en secreto en la que presuntamente Temer apoya el pago de dinero a un exlegislador para mantenerlo callado.

La información sobre el audio, difundida por el periódico Globo el miércoles por la noche, remece al país desde entonces.

En tanto, el Gobierno empezó a cuestionar tanto la legalidad como el contenido de la grabación.

La aparente estrategia defensiva viene en medio de una investigación de sobornos por valor de miles de millones de dólares en la que han caído políticos influyentes y cuando se multiplican los llamados a la renuncia del presidente de 76 años.

“El presidente Michel Temer no cree en la veracidad de las declaraciones”  en la grabación, dijo la presidencia en un comunicado.

Este hace notar que la persona que efectuó la grabación, Joesley Batista, directivo de la empresa empacadora de carne JBS, está siendo investigado y quiso “aprovechar”  la situación. La grabación fue entregada a los fiscales como parte de un acuerdo con Batista para reducir su posible sentencia.
La prensa local informó que Temer planeaba mandar a analizar el audio, cosa que la presidencia se negó a confirmar.

El Supremo Tribunal Federal inició una investigación sobre las acusaciones contra Temer y levantó el sello con respecto a la grabación.

Globo publicó entonces los casi 39 minutos de grabación, de mala calidad y con frecuencia inaudible.

En ella se puede escuchar a dos hombres hablando sobre Cunha. Según Globo se trataría del presidente y Joesley Batista, ejecutivo de la compañía empacadora de carne JBS.

Un hombre, al parecer Temer, se queja que Cunha podría ponerlo en una situación embarazosa.

En tanto. el periódico del principal grupo de medios de Brasil pidió la renuncia del presidente Michel Temer después de que el máximo tribunal del país autorizó una investigación al asediado mandatario por supuesta corrupción y obstrucción de la justicia.

El diario O Globo realizó su petición el viernes en un editorial, poco después de que el Supremo Tribunal Federal de Brasil reveló las acusaciones que un magnate empresarial realizó en contra de Temer.

Los mercados financieros cayeron en picada, ambas cámaras del Congreso suspendieron sesiones y la oficina del presidente canceló todas sus actividades, ante un reporte del diario Globo que alega que hay una grabación en que se escucha a Temer apoyando la idea de sobornar a un antiguo legislador.  

Se programaron protestas en varias ciudades, y tanto por televisión como por las redes sociales de internet abundaron pedidos para que Temer renuncie o sea destituido, con el argumento de que su gobierno ya no tiene legitimidad.  

El índice bursátil Ibovespa perdió 10% en 90 minutos, hasta que se suspendieron las transacciones por 30 minutos. Analistas vaticinaron que el real caería abruptamente ante el dólar.  

El escándalo se agravó la madrugada del jueves cuando la Policía allanó las oficinas y la residencia del senador Aecio Neves, quien casi ganó la presidencia en el 2014 y había anunciado planes de volver a postularse el año entrante.  

Es investigado en varias causas de corrupción relacionadas con la pesquisa llamada “Lavado de autos”, sobre sobornos a políticos. Ha negado las acusaciones.  

El miércoles por la noche, Globo reportó que Neves aparece en una grabación pidiéndole a Jesley Batista, ejecutivo de la compañía empacadora de carne JBS, US$700 mil para pagar por su defensa en el caso “Lavado de autos” .  

Globo reportó también que Batista había grabado cuando Temer se pronuncia a favor de pagarle al ex presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha a cambio de su silencio. En un comunicado la tarde del miércoles, la presidencia dijo que Temer “no participó ni autorizó intento alguno por impedirle a Cunha llegar a un arreglo con los funcionarios del Ministerio de Justicia”.  

Cunha fue el catalizador del juicio político que llevó a la destitución de la presidenta Dilma Rousseff el año pasado y al ascenso de Temer, quien para ese entonces era vicepresidente. Cunha fue luego sentenciado a 15 años de cárcel por corrupción.  

Según el artículo, cuando se le dice a Temer que se le está pagando a Cunha a cambio de su silencio, el presidente responde: “Eso hay que seguir haciéndolo, ¿está bien?”.    

Globo no difundió las grabaciones ni reveló cómo las obtuvo. Representantes de la JBS no respondieron a mensajes electrónicos en busca de reacción.

Autorizan investigar a Temer

El Tribunal Supremo de Brasil autorizó este jueves la investigación contra el presidente Michel Temer, objeto de una denuncia por intentar comprar el silencio de un influyente diputado que se encuentra preso.

El magistrado Edson Fachin, instructor del caso Petrobras en el Supremo, dio luz verde al pedido realizado por la Procuraduría General de la República, por lo que Temer pasa a ser formalmente investigado en el marco de la operación Lava Jato, según informó el diario O Globo.

El presidente brasileño, Michel Temer, enfrentará la semana próxima un juicio ante el Tribunal Supremo Electoral  (TSE) que cuestiona el resultado de la elección de 2014 y podría sacarlo del poder, aunque con eventuales recursos previos.

¿Qué se juzga?

En las elecciones del 2014, Dilma Rousseff  (Partido de los trabajadores, PT, izquierda) y su vicepresidente Michel Temer  (Partido del Movimiento Democrático Brasileño, PMDB, centro-derecha) fueron reelectos para el período 2015-2018.

El Partido de la Socialdemocracia Brasileña  (PSDB, centro), vencido en la contienda, denuncia que la campaña de la fórmula ganadora utilizó recursos desviados de la petrolera estatal Petrobras, realizó gastos por encima del valor informado y empleó recursos de la maquinaria estatal -como espacios de publicidad y edificios públicos- con fines proselitistas.

Todo esto constituyó “abuso de poder económico, político y fraude, revelándose ilegítimo el mandato otorgado”  a Rousseff y Temer, afirma el PSDB en su acusación.

¿Por qué lo impulsa un partido aliado del Gobierno?

La acción fue presentada por el PSDB el 18 de diciembre de 2014, poco después de las elecciones. En ese momento, Rousseff y Temer eran aliados y el PSDB ejercía el papel de la oposición.

Pero poco después de la reeleción el mosaico político cambió: el PMDB de Temer y otros partidos retiraron el apoyo al gobierno de Rousseff y se alinearon con fuerzas en el Congreso -entre ellas el PSDB- para impulsar el impeachment.

Rousseff fue separada de su cargo en mayo de 2016 y definitivamente destituida el 31 de agosto, bajo la acusación de manipular las cuentas públicas. Temer asume el comando del país, con el apoyo del PSDB, que obtuvo importantes cargos ministeriales como Hacienda y Relaciones exteriores.

La acción judicial siguió avanzando en el TSE, pero perdió interés político para el PSDB, que en los alegatos finales presentados recientemente pidió eximir a Temer de cualquier responsabilidad.

¿Qué puede pasar? 

Si el TSE cancelara el mandato, Temer sería apartado de su cargo.

La Constitución determina que en ese caso el Congreso elija un nuevo presidente para terminar el mandato iniciado por Rousseff y continuado por Temer.

No obstante, algunos constitucionalistas interpretan que deben convocarse elecciones directas si la remoción del presidente se produce antes de los últimos seis meses de su periodo.

Otra posibilidad es que el TSE considere que no existió abuso de poder en la elección y deje a Temer culminar el mandato de Rousseff.

La defensa del presidente buscó separar sus cuentas de la exmandataria, señalando que Temer no tuvo relación con el armado financiero. Pero hay pocas expectativas de que esa moción sea aceptada.

¿Cuándo se conocerá el resultado?

El juicio comienza el próximo martes y están previstas al menos cuatro sesiones en las que la acusación, la defensa y el ministerio público presentarán sus argumentos. Luego cada uno de los siete jueces del tribunal presentará oralmente su voto, con el que definirán el resultado. 

En teoría, el proceso podría concluir el jueves de la misma semana. Pero cualquiera de los magistrados puede solicitar una suspensión para profundizar su estudio del informe final, de más de mil páginas. Los abogados de los acusados también pueden solicitar una ampliación de sus defensas.

“No me sorprendería que se utilice un pedido de este tipo como instrumento de parar el proceso, porque hay mucho interés político atrás”  del caso, consideró Michael Mohallem, profesor de derecho de la privada Fundación Getulio Vargas.

Manifestantes se concentraron el domingo en Sao Paulo para exigir que el presidente brasileño sea retirado del cargo y se mostraron indignados por la gran cantidad de sus medidas, mientras el asediado líder trataba de eludir algunas de las críticas.    

El presidente Michel Temer ha sufrido un goteo constante de escándalos y renuncias en niveles altos desde que asumió el puesto hace seis meses. Pero el viernes un escándalo lo tocó directamente por primera vez en medio de acusaciones de que abusó del poder para hacer un favor personal a uno de sus ministros de gabinete. Él negó la acusación.    

Cientos de personas se reunieron el domingo en una avenida principal de Sao Paulo para exigir justo eso. Representantes de partidos políticos y movimientos sociales también se manifestaron contra la propuesta del Gobierno de poner un tope al gasto público para frenar el déficit, lo que muchos temen dará como resultado recortes profundos en educación y atención de la salud.    

Otros protestaron contra la corrupción rampante en la política y criticaron no sólo al gobierno actual, mientras que algunos se quejaron de la falta de vivienda adecuada. Un grupo portaba un estandarte con un dibujo que mostraba a Fidel Castro, en un homenaje al revolucionario cubano que falleció el viernes en la noche.  

Critican juicio

Muchos criticaron la forma en que Temer llegó al poder. Él era vicepresidente de la presidenta Dilma Rousseff, quien fue sometida a juicio político y retirada del cargo a principios de este año, y los manifestantes dijeron que eso significaba que él no tenía poderes para aprobar cambios amplios en los programas de gobierno.    

“Estoy aquí para pelear contra la raíz de todos los problemas actuales en Brasil: el juicio político sin causa, el juicio político sin mérito”, afirmó Edva Aguilar, una enfermera jubilada que dijo que desea que sea anulado el despido de Rousseff y que la funcionaria del Partido de los Trabajadores regrese a la presidencia.    

Decenas de ejecutivos empresariales y políticos de alto rango han sido acusados y arrestados este año en una creciente investigación de corrupción que ha horrorizado a los brasileños por el monto de sobornos que ha revelado.   

El Congreso está sopesando una legislación anticorrupción, pero a muchos brasileños les preocupa que tal ley pudiera perversamente ofrecer amnistía a los políticos que se han involucrado previamente en esa práctica. La controversia ha alcanzado un tono tal que Temer ofreció una inusual conferencia de prensa este domingo para decir que no permitiría ninguna amnistía para tales prácticas.   

“Era necesario escuchar la voz de la calle”, dijo el mandatario a reporteros, flanqueado por el presidente del Senado, Renan Calheiros, y el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia.

“El número representa una caída de 8.2%. En valores absolutos, es una pérdida de más de 3.2 millones de pasajeros que dejaron de viajar en relación al acumulado en el mismo período del 2015”, indicó en un comunicado.

En mayo volaron 6.8 millones de personas, una caída de 9.9% respecto al año anterior. “Es el décimo resultado mensual negativo consecutivo y el peor resultado, en términos absolutos desde el 2012”, destacó la ABEAR.

Muchas de las carreteras de Brasil están en mal estado y el país no cuenta con una infraestructura ferroviaria, por lo que el transporte aéreo muchas veces es la única opción para moverse dentro de su gigantesco territorio.

Entre 2005 y 2013, 7.1 millones de pasajeros dejaron el bus para viajar en avión en un excelente momento económico y de expansión del sector, según cifras publicadas por el diario Folha en abril del 2014.

Pero en medio de una de las peores recesiones de Brasil, la demanda comenzó a caer y las empresas domésticas recortaron igualmente su oferta.

Las confesiones del delator, en el testimonio que rindió luego de haber llegado a un acuerdo con la Fiscalía para colaborar en la investigación del escándalo de corrupción en la petrolera estatal a cambio de reducción de sus condenas, fueron filtradas este sabado por algunos diarios brasileños que dijeron haber tenido acceso a los documentos.

Machado detalló los pagos que hizo al presiente del Senado, Renán Calheiros, al expresidente brasileño José Sarney y al senador Romero Jucá, que fue nombrado por Temer ministro de Planificación pero tuvo que renunciar al cargo a los pocos días tras la divulgación de las primeras denuncias del delator.

El expresidente de Transpetro, la subsidiaria de Petrobras responsable del transporte de crudo y derivados, afirmó que los sobornos que recibió por favorecer a grandes empresas con millonarios contratos de la estatal fueron distribuidos entre los miembros del Partido del Movimiento Democrático Brasileño  (PMDB) que lo indicaron para el cargo y lo ayudaron a permanecer 13 años en el comando de la empresa.

Machado fue nombrado presidente de Transpetro después de la llegada al poder de Luiz Inácio Lula da Silva en 2003 y se mantuvo en el cargo hasta 2015, primer año del segundo mandato de la presidenta suspendida, Dilma Rousseff, cuando renunció por las denuncias de que participó en la red que desvió recursos de Petrobras.

Machado también citó como beneficiarios de las corruptelas a otros dirigentes del PMDB, como el exministro de Minas y Energía Edisao Lobao.

Los tres figuran entre los tres principales dirigentes del PMDB, el partido del que Temer es presidente licenciado y Jucá presidente en ejercicio.

Testigo clave

Machado viene divulgando desde hace dos semanas una serie de grabaciones de conversaciones que tuvo con los dirigentes del PMDB en las que discuten sobre estrategias para detener las investigaciones sobre las corruptelas en Petrobras que pueden comprometerlos.

El mayor escándalo de corrupción en los últimos años en Brasil ya ha mandado a la cárcel a decenas de ejecutivos de importantes empresas constructoras y tiene bajo su mira a más de un centenar de políticos, incluyendo a los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, ambos del PMDB.

El PMDB, la mayor fuerza política de Brasil y liderada por el ahora presidente interino del país, es uno de los partidos con más dirigentes salpicados por el escándalo.

La primera de las filtraciones de las grabaciones de Machado obligó a Jucá a renunciar al cargo de ministro de Planificación en la que fue la primera crisis del nuevo Gobierno desde que Temer asumió la Presidencia el 12 de mayo para sustituir a Dilma Rousseff, suspendida del cargo mientras el Senado la somete a un proceso de destitución.

Jucá renunció después de haber propuesto en una conversación un pacto de políticos con la Corte Suprema para limitar el número de investigados por el escándalo de Petrobras.

Un total de 367 de los 513 diputados brasileños votaron por la moción de destitución contra la mandataria en una sesión que se extendió por 10 horas. Rousseff debe pronunciarse sobre la decisión de la Cámara a lo largo del lunes.
 
Se espera que el resultado sea recibido con bombos y platillos por los mercados, que ven con buenos ojos la salida de Rousseff y la entrada al poder de su vicepresidente Michel Temer, primero en la línea sucesoria, en medio de la peor recesión de la principal economía de América Latina en décadas, y a cuatro meses de los Juegos Olímpicos.
 
El presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, enemigo acérrimo de la presidenta, llevará este mismo lunes al Senado –“personalmente si es necesario” – la decisión del plenario para dar continuidad al proceso.
 
“El país pasa por serias dificultades, la presidenta perdió las condiciones de gobernabilidad hace ya mucho tiempo, perdió todos los escrúpulos con esa feria para intentar comprar votos de cualquier manera y llegó al fondo del pozo (…). Tenemos que resolver esta situación lo más rápido posible. El Senado debe darle celeridad” , dijo Cunha a periodistas.
 
La apertura de un juicio político contra la mandataria del Partido de los Trabajadores  (PT) debe ser ratificada ahora por mayoría simple en el Senado.
 
En ese caso, Temer asumirá el poder, inicialmente por un periodo máximo de seis meses, pero completaría el mandato hasta 2018 si los senadores declaran finalmente culpable a Rousseff, acusada de manipulación de las cuentas públicas.
 
La mandataria, de 68 años, y su defensa niegan esas acusaciones, y las atribuyen a una conspiración orquestada por Temer y Cunha, quien a su vez está acusado por corrupción.
 
“La lucha por la democracia continuará. La presidenta va a luchar con todas sus fuerzas para mostrar que no desiste de la democracia” , aseguró el abogado general de la nación, José Eduardo Cardoso, en una conferencia de prensa.
 
La histórica sesión fue seguida por cientos miles de manifestantes en todo ese país, divididos en el apoyo al proceso de destitucióny el rechazo al “golpe” .
 
En la mañana del lunes, los principales periódicos del país amanecieron saludando el resultado de la votación en sus portadas. Folha de S.Paulo encabezó su edición con la exclamación “proceso de destitución”  en mayúsculas, acompañada de dos imágenes: la del voto decisivo y una de Temer sonriendo mientras seguía la sesión desde su residencia. El diario O Globo escogió la misma fotografía del voto crucial, bajo el titular “Cerca del fin” . A continuación se podía leer: “Dilma Rousseff comenzó ayer a despedirse del sillón de presidenta de Brasil” .
 
O Estado de S. Paulo, de su lado, optó por una doble página encabezada por el titular “proceso de destitución avanza” .
 

Nuevo actor

Después que Cunha entregue la aprobación del proceso de destitución en el Senado, el proceso pasa a las manos de su titular, Renan Calheiros, también del PMDB pero que hasta ahora no se ha declarado abiertamente enemigo de Rousseff.
 
“El proceso sale de las manos de Cunha y pasa a las de Calheiros, que es otro actor con una relación de autonomía con el propio Temer y un poco más cercano a Dilma que Cunha” , explicó a la  AFP  Diego Werneck, especialista en Derecho Público de la universidad FGV.
 
Calheiros garantizó estos días que conduciría el proceso “con exención, con responsabilidad, con independencia” .
 
Rousseff, de la mano de su antecesor y mentor Luiz Inacio Lula da Silva  (2003-2010) , seguirá lo que ha llamado su “lucha”  contra el “golpe de Estado” .
 
Lula, figura emblemática del hoy maltrecho ciclo de gobiernos de izquierda en la región, lideró las fracasadas negociaciones con partidos secundarios, a los que ofreció integrar la vasta maquinaria gubernamental brasileña a cambio de apoyos a Rousseff.
 
Al final de la sesión, el voto contra el proceso de destitución ganó en tres estados: Bahía, Amapá y Ceará.
 
“Reconocemos la derrota pero con la cabeza erguida” , afirmó el jefe de la bancada del PT en la Cámara de Diputados, José Guimaraes.
 
Esta semana, la corte suprema debe decidir finalmente si autoriza o no a Lula para asumir la jefatura del gabinete de Rousseff, desde donde podrá hacer una mejor articulación política. Hoy trabaja entre bastidores.
 
Sin importar la decisión del Supremo, las negociaciones continuarán de cualquier modo en la Cámara alta.
 
No obstante, la última proyección del diario O Estado sobre la votación en el Senado no es favorable para la mandataria: 45 a favor del proceso de destitución frente a 21 en contra.
 
“Es difícil que el Senado vaya contra la decisión de los diputados” , estimó el analista político André Cesar.

Autorizan juicio de destitución de Rousseff

Los diputados brasileños votaron el domingo por la apertura de juicio de la presidenta Dilma Rousseff, heredera de Lula da Silva, sumiendo en la incertidumbre política a la principal economía latinoamericana, golpeada ya por la recesión.

El Sí al impeachment recogió más de los 342 votos necesarios (dos tercios del total) para aprobar la moción de destitución. Al finalm el Sí obtuvo 367 votos y el No 137.

Decenas de miles de opositores de Rousseff que seguían la sesión por pantallas gigantes en las principales ciudades del país estallaron de júbilo cuando el diputado Bruno Araújo anunció por micrófono el voto que selló el resultado final.

“Qué honor que el destino me ha reservado, de que de mi voz saliera el grito de esperanza de millones de brasileños” , dijo el legislador del PSDB  (partido de Aecio Neves, derrotado en las urnas por Rousseff en 2014), antes de dar su “Sí por el futuro de Rousseff”.

La apertura de un juicio político de la mandataria del Partido de los Trabajadores  (PT) debe ser ratificada aún por el Senado.

En ese caso, asumiría el poder el vicepresidente Michel Temer, inicialmente por un periodo máximo de seis meses, pero completaría el mandato hasta 2018 si los senadores declararan finalmente culpable a Rousseff, acusada de  manipulación de las cuentas públicas.

Rousseff, de 68 años, niega esas acusaciones, y las atribuye a una conspiración orquestada por Temer y por el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, quien a su vez está acusado por corrupción.

El líder del PT en la Cámara, José Guimaraes, dijo que “los golpistas vencieron aquí en la Cámara” , pero “esta derrota provisoria no significa que terminó la guerra”.

¿Fin del “lulismo”?

En Brasilia, los miembros del PT y de movimientos sociales que seguían la votación por pantallas gigantes se retiraban abatidos.

Del otro lado del muro de un km tendido a lo largo de la explanada de los ministerios, los partidarios del impeachment estallaron en cambio en un solo grito de alegría cuando se anunció el voto 342.

El voto del domingo podría mostrar la puerta de salida al “lulismo”, del expresidente Luiz Inacio Lula da Silva  (2003-2010), figura emblemática del hoy maltrecho ciclo de gobiernos de izquierda en la región.

“Para combatir el proyecto de poder y corrupción de Lula y el PT (…), voto sí por el impeachment”, dijo al anunciar su voto el diputado Luiz Heinze, del PP, un partido que hasta la semana pasada era aliado del PT.

La crisis política brasileña, que se potencia con la peor recesión sufrida por el país desde 1930, es observada con preocupación por el resto del mundo, a menos de cuatro meses de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Río.

El día después

Tanto Temer como Rousseff proponen un “pacto” nacional para apaciguar al país y sacarlo de la recesión, pero el camino se anuncia espinoso.

“Independientemente del resultado, la crisis va a continuar, e incluso se agravará, porque el lado perdedor va a utilizar todos los instrumentos para boicotear a los ganadores. En cualquier caso, Brasil amanecerá peor mañana”, dijo el analista político André César.

• Vea abajo la GALERÍA de la jornada histórica que vive el domingo Brasil

La sustituiría su vicepresidente Michel Temer, quien podría gobernar hasta fines del 2018, cuando finaliza el mandato, si los propios senadores declaran a Rousseff culpable en un plazo de 180 días.

La crisis política brasileña tiene en vilo a América Latina y es observada con preocupación por el resto del mundo, a menos de cuatro meses de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Río.

Vencedores y vencidos

Rousseff niega los cargos que se le imputan y los atribuye a una conspiración liderada por Temer y el jefe de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, ambos del partido centrista PMDB.

Temer ya está ensayando el traje de presidente. El sábado recibió a más de cien responsables políticos en su residencia oficial en Brasilia, tratando de amarrar los votos que podrían revertir la tendencia favorable que las encuestas le anuncian en las últimas horas.

Durante la jornada, en un mensaje por twitter, salió al cruce de acusaciones de Rousseff para negar terminantemente tener la intención de acabar con planes sociales emblemáticos de los gobiernos de Luiz Inacio Lula da Silva  (2003-2010) y de su sucesora.

A inicios de la semana, en un audio difundido involuntariamente, según dijo, llamó a formar un “gobierno de salvación nacional”  y a realizar “sacrificios”  para sacar al país de una recesión que entra en su segundo año.

También Rousseff dijo que, de sobrevivir al impeachment, propondría un “pacto”  a todas las fuerzas políticas, para que Brasil pueda salir del pozo.

• Vea abajo la GALERÍA de la jornada histórica que vive el domingo Brasil

Pero la crisis actual polarizó al país hasta un punto que por momentos lo vuelve irreconocible para los propios brasileños.

“Sea cual sea la decisión de la Cámara, las heridas dejadas por estos meses de confrontación no cicatrizarán tan rápido”, escribió el cineasta Cacá Diegues el domingo en el diario o Globo.

Sin contar que los derrotados no están dispuestos a bajar los brazos. Cunha amenazó con abrir otros juicios de destitución contra Rousseff, si la actual propuesta es rechazada. Y el PT y varios movimientos sociales no piensan darle tregua a Temer en caso de que “el golpe”  triunfe.

Rousseff, con una popularidad en sus mínimos históricos  (en torno al 10%) , nombró a Lula jefe de gabinete para articular las negociaciones que le permitan superar el trance parlamentario.

Pero Lula no pudo asumir el cargo, a causa de una orden judicial relacionada con sospechas de que pudo haberse beneficiado de las redes de corrupción de Petrobras.

Tomar las calles

Las fuerzas de seguridad movilizaron a miles de efectivos en la que se anuncia como una de las jornadas más dramáticas de la historia de la democracia brasileña.

En Brasilia, donde se espera a unos 300 mil manifestantes, las autoridades tendieron una valla metálica de casi un kilómetro que parte en dos la explanada de los ministerios.

• Vea abajo la GALERÍA de la jornada histórica que vive el domingo Brasil

Unos cuatro mil integrantes de las fuerzas de seguridad fueron movilizados en la capital.

El domingo por la mañana, los agentes revisaban los bolsos de los primeros manifestantes que llegaban al lugar, y los separaban según afinidades: a la derecha de la valla metálica  (mirando hacia el Congreso) los opositores, a la izquierda los partidarios de Rousseff.

En la monumental arteria el ambiente se animó con más fuerza hacia el atardecer del sábado, cuando cientos de manifestantes vestidos de verde y amarillo cantaban y proclamaban consignas contra el gobierno y el PT.

“Fuera Dilma, fuera PT!” , “La robadera del PT está acabando”, cantaban a voz en cuello.

• Vea abajo la GALERÍA de la jornada histórica que vive el domingo Brasil

Otras manifestaciones se preparan en Río de Janeiro y Sao Paulo.

En Río, tendrán por teatro Copacabana, con una división horaria: la playa será de los anti-impeachment de 9 a 13 hora local y de los pro-impeachment de 15 a 19 hora local.

Siete de los diez jueces del Supremo Tribunal Federal  (STF) ya habían rechazado el recurso, en un debate iniciado al final de la tarde del jueves y que se prolongaba durante la madrugada del viernes.

El fallo despeja en principio el camino para que el viernes se inaugure la sesión, con la presentación de los argumentos de la acusación y de la defensa de Rousseff, denunciada por la oposición por presunta manipulación de las cuentas públicas.

El abogado general del Estado, José Eduardo Cardozo, había presentado el jueves por la mañana el recurso, denunciando “un proceso que violó el derecho de defensa de la presidenta Dilma Rousseff”. Advirtió asimismo que podría haber “otras acciones legales” , aunque sin precisar si estas se emprenderían antes o después del voto en la cámara baja.

La apertura de un juicio político requiere el apoyo de dos tercios de los diputados -342 de un total de 513- y la ratificación después por el Senado.

En ese caso, Rousseff, de 68 años, sería separada del cargo y reemplazada por su vicepresidente, el centrista Michel Temer, de 75. Y Temer completaría el mandato, hasta fines de 2018, si los senadores declaran a la mandataria, en un plazo de seis meses, formalmente culpable.

Rousseff, del Partido de los Trabajadores  (PT) , perdió en los últimos tiempos importantes aliados y la tendencia se decanta desde hace varios días a favor de sus adversarios.

Según la encuesta del portal online del diario O Estado de S.Paulo, los partidarios del impeachment cuentan ya, desde el jueves por la noche, con los 342 votos necesarios para dar este paso en el que la mayor economía latinoamericana se juega su futuro a cara o cruz.

La presidenta niega haber cometido delitos que justifiquen su destitución, y denuncia una tentativa de “golpe de Estado”  orquestada por Temer y por el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, también del PMDB.

Los dos bandos convocaron a manifestaciones gigantes en Brasilia para seguir la votación del domingo.

Con el objetivo de impedir incidentes, las autoridades tendieron una enorme valla metálica de un kilómetro, que arranca frente al Congreso y rasga la monumental explanada de los ministerios, en el corazón de la capital.

El jueves por la noche, unos 200 manifestantes antigubernamentales ya estaban en el lugar, junto a un camión con altavoces que animaba el ambiente y un hombre vestido de presidiario portando una enorme máscara con el rostro del expresidente Luiz Inacio Lula da Silva  (2003-2010) , mentor de Rousseff e investigado en el caso de corrupción de Petrobras.

A pocos kilómetros, dentro de un recinto deportivo junto al estadio mundialista Mané Garrincha, medio millar de partidarios de la mandataria acampa desde inicios de esta semana, a la espera de la votación del domingo.

“Ya somos unas 500 personas, pero para el fin de semana esperamos más de 100.000. Vinimos acá para hacer frente a este golpe” , dijo a la  AFP  el sindicalista Paulo Joao Estausia, de Sao Paulo.

Este sábado la propia presidenta Rousseff podría apersonarse en el lugar.

La mandataria niega haber cometido un “crimen de responsabilidad”  y denuncia una tentativa de “golpe de Estado”.

A continuación, la secuencia futura de un procedimiento complejo y de resultado abierto donde está en juego la jefatura de Estado de la mayor economía latinoamericana, sumida en una crisis vertiginosa que tiene una feroz recesión como telón de fondo.

• El dictamen de la Comisión -no vinculante- debe publicarse el martes en el diario de la Cámara de Diputados. El presidente de la Cámara deberá esperar luego un mínimo de 48 horas para incluirlo en el orden del día y someterlo al plenario de 513 diputados. Los partidarios del impeachment estiman que los debates podrán abrirse el viernes 15 y durar tres días. Se espera una votación el domingo 17 o el lunes 18.

En la Cámara de Diputados

• Una moción de impeachment requerirá el apoyo de 342 diputados  (dos tercios), cualquiera sea el número de legisladores presentes. El quorum para abrir la sesión es, precisamente, de 342 presentes, el mínimo para conseguir una eventual aprobación.

Si la moción no suma ese número de apoyos, el proceso se archiva.

Si los 513 diputados estuvieran presentes y ninguno se abstuviera, serían necesarios 171 votos  (un tercio) para bloquear la iniciativa, en caso de que el presidente de la Cámara no sufrague.

El reglamento solo contempla esa posibilidad en escrutinios secretos o en caso de empate, dos opciones no previstas en este proceso. No obstante, existen divergencias acerca de ese punto, por lo que el número de votos requeridos para archivar el pedido de juicio podría ser 172, si estuvieran todos los diputados en el recinto y el presidente de la Cámara votara.

En el Senado

• Si los diputados aprueban una moción de impeachment, ésta pasa al Senado, de 81 integrantes.

La Cámara alta formaría una comisión de 21 miembros, que dará su opinión sobre la admisibilidad del proceso.

Este trámite podría ser más rápido que en diputados y seguiría parámetros similares a ese cuerpo en cuanto a quorum y mayorías.

• Para que un dictamen de destitución sea aprobado en el plenario del Senado y el proceso instaurado, necesita una mayoría simple una vez conseguido un quórum de 42 senadores.

De no lograr ese respaldo, el proceso se archiva.

Analistas consideran improbable que, llegado el caso, el Senado rechace un dictamen que ya tuvo el visto bueno de la Cámara de Diputados y de una comisión propia en la que están representados los partidos de la Cámara alta.

De acontecer, seguiría la misma secuencia que en diputados.

• En VIDEO: “Comisión parlamentaria recomienda impeachment a Rousseff”.https://www.youtube.com/embed/ka5OIQcD2Ls

Apartamiento y juicio final

Si el Senado valida una moción de destitución, Rousseff sería apartada de manera provisoria de sus funciones durante un máximo de 180 días, para dar lugar al juicio propiamente dicho.

Sería reemplazada por su vicepresidente, Michel Temer. Según los especialistas, sólo en ese momento empezaría la verdadera recolección de pruebas y testimonios.

• La sesión final del juicio tendría lugar en el plenario del Senado, bajo la dirección del presidente del Supremo Tribunal federal. Son necesarios dos tercios de los votos del Senado  (54 de un total de 81) , para destituir definitivamente a la mandataria, cualquiera sea el número de los presentes. De lo contrario, ésta reasumiría inmediatamente sus funciones.

En esta sesión única, en la que el presidente del Senado puede votar porque no la dirige, se darán los alegatos finales de parte del senador que haya instruido el caso y de la defensa de la presidenta.

La manifestación en la capital brasileña es una de las convocadas en 31 ciudades del país y algunas en el extranjero por el Partido de los Trabajadores (PT) de Lula y Rousseff y por la Central Única de los Trabajadores (CUT) .

“Con la participación del expresidente Lula, el pueblo luchará por sus derechos el próximo jueves 31”, dice la CUT en su convocatoria. “Lo que está en juego, son los derechos laborales”, añade.

Lula convocó a sus partidarios en su sitio en Facebook, junto a videos de políticos y militantes que explicaban por qué hay que “luchar contra el golpe”.

La marcha “En defensa de la democracia” y contra “el golpe y el retroceso” partirá del estadio Mané Garrincha, elefante blanco del Mundial-2014, y llegará a la Plaza de los Tres Poderes, cerca del Palacio presidencial del Planalto.

Marchas similares movilizaron el 19 de marzo a casi 270 mil personas, según la policía. Lula participó como en sus viejos tiempos de dirigente sindical en la de Sao Paulo, con un encendido discurso.

Seis días antes, el 13, la oposición había sacado a la calle a tres millones de ciudadanos para pedir la partida de la mandataria, que tiene una popularidad en mínimos.

Rousseff busca reconstruir una coalición que pare su destitución en el Congreso, tras la ruptura con su principal aliado, el partido de centro PMDB del vicepresidente Michel Temmer.

La presidenta criticó este miércoles a sus adversarios por instaurar un clima “de intolerancia y odio”.

“El impeachment está inscrito en la Constitución, pero aquí estamos discutiendo un impeachment muy concreto, sin crimen de responsabilidad, y eso se llama golpe”, declaró en un acto oficial.

Las calles de Sao Paulo, Río de Janeiro, Brasilia y varias ciudades del noreste, bastión de Lula, comenzaban a llenarse de simpatizantes oficialistas que portaban banderas rojas del Partido de los Trabajadores  (PT) y  pancartas de apoyo a Rousseff.

“¡No al golpe!”, gritaban los presentes, en referencia al proceso de destitución de Rousseff que ya está siendo debatido en la Cámara de Diputados.

El PT anunció que el Lula, investigado a su vez por presunta ocultación de bienes en el marco del escándalo Petrobras, asistiría a la marcha de Sao Paulo, la ciudad donde en los años 80 el entonces líder sindical dirigió las huelgas contra la dictadura militar.

La izquierda busca hacer su propia demostración de fuerza, después de la impresionante movilización de tres millones de brasileños que el domingo pasado reclamaron la renuncia de Rousseff.

• En infografía: “Dos semanas de caos político en Brasil”

El frágil gobierno de Rousseff se anotó una victoria el viernes, cuando un tribunal anuló la segunda medida cautelar que bloqueaba la toma de funciones del expresidente Lula como jefe del gabinete. Medios de prensa aseguraron sin embargo a media tarde que un juez del interior de Sao Paulo admitió una tercera liminar.

Manifestaciones

“¡Lula, guerrero, del pueblo brasilero!”, coreaban los manifestantes en la avenida Paulista, en pleno centro financiero de Sao Paulo, pocas horas después de que la policía desalojara con chorros de agua  y bombas de ruido a unos 150 opositores que ocupaban la vía desde el miércoles.

• Vea abajo la GALERÍA de las marchas en apoyo a Lula.

Los organizadores de la marcha progobierno – el PT, la sindical Central Única de Trabajadores y diversas organizaciones sociales – pretenden reunir por lo menos 100 mil personas en la capital económica y financiera del país, menos de un 10% de los 1.4 millones que desfilaron el domingo en la marcha opositora.

“Unas 100 mil personas en la Paulista sería un número extraordinario”, reconoció el presidente del PT de Sao Paulo, Emidio de Souza. “Estamos en un momento en que se está criminalizando la acción política. Este movimiento [opositor] está dando espacio a grupos nazifascistas” , agregó.

La polarización de la sociedad brasileña crea temores de incidentes.

“No creo que el gobierno caiga, pero si eso ocurre va a haber violencia en las calles. No se pueden invalidar los votos de 54 millones de brasileños por un millón que salga a la Paulista”, dijo Joao Francisco Brum, un abogado de 30 años, vestido de rojo con una pegatina en la camisa que decía “Abajo el golpe, No al impeachment” .

A las 18 hora local, unas 80 mil personas ya se habían congregado en la ciudad, según los organizadores.

En Río de Janeiro comenzaban igualmente a concentrarse varios miles en una plaza del centro.

Otras seis mil personas marcharon en Salvador de Bahía y unos tres mil en Maceió, ambas en el noreste.

Contrarreloj contra el impeachment

La crisis se aceleró esta semana en todos los frentes tras la designación de Lula como jefe de gabinete de Rousseff.

El ícono de la izquierda latinoamericana, de 70 años, fue llamado a ayudar a su heredera política y sucesora a recomponer la base aliada, que hace aguas, para bloquear el proceso de destitución en el Congreso.

La Cámara de Diputados realizó el viernes la primera sesión de las 15 previstas, para que una comisión especial recomiende la apertura o el archivo de un pedido de impeachment.

El presidente de la Cámara, Eduardo Cunha, dijo que la Comisión podría dar su parecer en unos “días” .

La “operación retorno” de Lula estuvo además cerca de zozobrar, por sospechas de que el mandatario se proponía ante todo, asumiendo un cargo ministerial, obtener fueros especiales que lo libraran de las investigaciones del juez anticorrupción Sergio Moro sobre el escándalo Petrobras.

La divulgación de una conversación telefónica pinchada entre Lula y Rousseff avivó esa sospecha y provocó nuevas protestas, principalmente en Sao Paulo y Brasilia.

Rousseff rechazó esa versiones y criticó la divulgación de la conversación por el juez Moro, contra quien tomará “las medidas que correspondan” , proclamó en un acto en el estado de Bahia.

El 15 de febrero de 1988 Lula, entonces diputado del Partido de los Trabajadores declaró: “En Brasil es así: cuando un pobre roba, va a la cárcel; pero cuando un rico roba, lo hacen ministro”, según cita el portal web elmostrador.cl

Las declaraciones de Lula fueron emitidas en aquellos años luego de que salió a luz un escándalo de financimiento ilegal publicado en el diario O Globo.

El jueves la Prensa de Brasil se encargó de recordar aquella polémica frase pronunciada por un joven Lula que en este tiempo exigió el arresto de los diputados que habían recibido dinero de empresas para sus campañas políticas.

Tormenta política

Ese dato histórico adquiere particular relevancia en este momento luego de que un juez federal suspendió el jueves la toma de posesión como ministro del expresidente brasileño Lula da Silva, al considerar que su designación obedece al intento de protegerlo ante la justicia, en un fallo que será apelado por el gobierno.

“En caso de que ya haya ocurrido la toma de posesión, suspendo sus efectos hasta el enjuiciamiento final de esta acción” , añadió el juez, que señala como “compleja y grave”  la situación que rodea la llegada de Lula al Gobierno.

El expresidente  (2003-2010) asumió el jueves como titular de la Casa Civil, un cargo equivalente al de un jefe de gabinete, del gobierno de Dilma Rousseff, su sucesora y heredera política.

Lula es investigado en el caso Petrobras por corrupción y lavado de dinero.

Su nombramiento le atribuye foros especiales y solo puede ser procesado por la Corte Suprema, y ya no por el juez Sergio Moro que lleva la causa del escándalo de la estatal petrolera.

Una situación que levantó sospechas sobre las motivaciones de su ingreso al gobierno.

La toma de funciones “puede implicar intervención, indebida y odiosa, en la actividad policial, del Ministerio Público y también en el ejercicio del Poder Judicial por parte del señor Luiz Inacio Lula da Silva”, señaló el texto del juez.

Además, “implica una intervención directa”  de la presidenta, insistió Catta Preta.

La crisis que sacude al gobierno brasileño arreció el miércoles cuando el juez Moro liberó el audio de una conversación interceptada entre Lula y Rousseff, en la que ésta le informa que se aprestaba a enviarle el decreto de su nombramiento como jefe de gabinete para que pueda “usarlo en caso de necesidad” .

Investigadores estiman que la presidenta quería proteger a Lula de una eventual orden de prisión.

En la conversación, grabada por la mañana por la policía judicial, Rousseff le anuncia a Lula que se aprestaba a enviarle el decreto de su nombramiento como jefe de gabinete, para que pueda “usarlo en caso de necesidad”.

Lula, amenazado de arresto por presunta ocultación de patrimonio en el marco del escándalo Petrobras, fue nombrado jefe del gabinete de Rousseff, quien negó que la iniciativa apuntara a acordar fueros especiales al exmandatario, para sustraerlo a la esfera de la justicia ordinaria.

La grabación fue divulgada por el juez federal Sergio Moro, a cargo de la investigación sobre el expresidente  (2003-2010) .

La difusión de la charla provocó una reacción airada de diputados opositores, que pedían la “renuncia”  de Rousseff, que enfrenta por su parte un juicio de destitución en el Congreso por presunto maquillaje de las cuentas públicas.

Unas dos mil personas se congregaron espontáneamente frente a la sede de la Presidencia en Brasilia, para fustigar a Rousseff y expresar su apoyo al juez Moro.

“¡Brasil no aguanta más! Fuera Dilma. Vean todo lo que se le hace al pueblo brasileño, estamos furiosos. Necesitamos dignidad, necesitamos gente que sea responsable y saque el país de esta situación”, dijo Sonia Inacio, una desempleada de 46 años, frente al Palacio de Planalto.

• Vea abajo la GALERÍA de las nuevas protestas en Brasil.

“¡Es una locura Dilma! Revierte esa decisión, salva al pueblo brasileño”, expresó por su parte Cesar Achkar, de 52 años.

Otra concentración espontánea se llevaba a cabo al caer la noche en Sao Paulo. En ciertos barrios se oían bocinazos y cacerolazos.

Unas tres millones de personas reclamaron el domingo último en todo el país la dimisión de Rousseff, en manifestación de una magnitud histórica.

Supremo rechaza

El Tribunal Supremo de Brasil rechazó el miércoles las apelaciones que la Cámara de Diputados presentó contra una decisión que estableció la forma en que debe tramitarse un eventual juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff.

El trámite comenzó en diciembre pasado, pero un día después fue suspendido por la corte por “errores de procedimiento”  en el proceso, que podrá ser retomado luego de la decisión del miércoles del Supremo, adoptada con nueve votos a favor y dos en contra.

• Vea abajo la GALERÍA de las nuevas protestas en Brasil.

Entre los errores detectados, el tribunal citó que los integrantes de una comisión especial de diputados que analizará si existen méritos jurídicos para enjuiciar a Rousseff habían sido elegidos en forma secreta, cuando debía haber sido abierta.

El tribunal también objetó que la elección de esa comisión se había dado mediante la presentación de dos listas de candidatos, cuando los posibles integrantes deben ser seleccionados por los jefes de los grupos de los partidos representados en la cámara y aprobados por el pleno.

La Mesa Directora de la Cámara de Diputados había apelado esos dos puntos, pero la corte rechazó hoy los alegatos recibidos de ese órgano legislativo, que ahora podrá retomar el proceso, siempre y cuando se atenga al trámite establecido por el tribunal.

• Vea abajo la GALERÍA de las nuevas protestas en Brasil.

Ese trámite comienza con la elección de la comisión especial, que podrá tener entre 17 y 66 integrantes, que analizará el mérito de las acusaciones presentadas por la oposición contra Rousseff, fundamentadas en supuestas irregularidades detectadas en los balances que el Gobierno presentó en el 2014 y el 2015.

En un plazo de 10 días, esa comisión deberá presentar un parecer favorable o no al proceso de destitución y entonces se abrirá un período de veinte días para que Rousseff entregue su defensa.

El informe será votado luego por el pleno de lo Cámara baja y, en caso de que dos tercios de los 513 diputados se inclinen por proseguir el proceso, el caso llegará al Senado, que decidirá por mayoría simple si archiva la causa o inicia lo que sería el propio juicio político.

En caso de que el Senado decida enjuiciar a Rousseff, la mandataria deberá separarse del cargo mientras dure el proceso, para el cual habrá un plazo de 180 días.

Ese paso, de confirmarse, pondría al exsindicalista y exjefe de Estado  (2003-2010) al abrigo de la justicia ordinaria que investiga supuestos dolos vinculados al escándalo Petrobras, y podría reforzar a su sucesora, amenazada a su vez de un juicio de destitución.

Según el diario O Globo, que cita fuentes de la Presidencia, Lula pondría como condición para incorporarse al gobierno un cambio de política económica, “enfocada más en retomar el crecimiento”.

Lula podría viajar el martes o el miércoles a Planalto para discutir esas propuestas con Rousseff, asegura el informe.

El domingo último, más de tres millones de brasileños se manifestaron en diversas ciudades para reclamar la renuncia de Rousseff.

El lunes, un tribunal de Sao Paulo transfirió al juez federal Sergio Moro, que lleva la causa de Petrobras, una denuncia y pedido de prisión preventiva en contra del exmandatario.

• En VIDEO/archivo vea: “1.4 millones de brasileños gritaron “Fora Dilma” en Sao Paulo”.

https://www.youtube.com/embed/Zt2K

Los acusa

El exjefe del oficialismo en el Senado de Brasil Delcidio Amaral acusó a la presidenta Dilma Rousseff y a su antecesor, Luiz Inácio Lula da Silva, de participar en múltiples casos de corrupción, según documentos filtrados el martes por la prensa.

La declaración de Amaral a la Policía, ofrecida en el marco de un acuerdo de cooperación con la Justicia, fue aceptada el martes por la Corte Suprema, con lo que se incorporó a la causa abierta por el caso de corrupción en Petrobras.

Entre otros ilícitos, acusa a Rousseff y Lula de chantajear a testigos de los casos de corrupción, entre ellos a él mismo, de financiación ilegal de sus campañas electorales, de presionar a jueces del Tribunal Supremo y de tener conocimiento o autorizar operaciones ilegales en Petrobras.

Según Amaral, el ministro de Educación, Aloízio Mercadante, en nombre de Rousseff, le ofreció dinero para tratar de evitar su confesión y su delación.

Amaral acusó a Rousseff de presionar a jueces del Tribunal Supremo para intentar obstruir la investigación y para pedir la puesta en libertad de algunos grandes empresarios que fueron arrestados por su implicación en el caso Petrobras.

También, según la declaración, la jefa de Estado propuso el nombramiento del magistrado Marcelo Navarro Ribeiro Dantas para el Superior Tribunal de Justicia, que fue el único juez que votó a favor de conceder un hábeas corpus a dos de esos empresarios acusados de pagar sobornos para ganar contratos de Petrobras.

En otros capítulos de la declaración, Amaral detalla el funcionamiento de la financiación ilegal de las dos campañas electorales de Rousseff, que se habría nutrido de fondos pagados por las constructoras de la hidroeléctrica de Belo Monte, también implicadas en el caso Petrobras, así como a través del empresario Adir Assad.