Para quienes apoyan a Rousseff, el informe pone de manifiesto la debilidad del caso en su contra y señala que no demoró los pagos a los bancos estatales como se la acusa, lo cual hubiera constituido una violación de las leyes fiscales.       

Pero los que apoyan al presidente interino Michel Temer, ahora enemigo y antes aliado de Rousseff, dicen que el documento solicitado por la comisión de juicio político del Senado, no cambia las mínimas posibilidades que tiene ella de regresar a ocupar su cargo.       

En mayo, dos tercios de los senadores votaron a favor de suspender a Rousseff por presunta violación de las leyes fiscales. El informe de los auditores no es vinculante para los legisladores, quienes deben votar nuevamente a finales de agosto.       

La defensa de Rousseff sostuvo que de acuerdo con el informe, la mandataria no cometió crimen alguno que merezca su destitución.      

En entrevista con Radio Guaiba, Rousseff dijo que la auditoría muestra que no existe base legal para llevarla a juicio e insistió en que podría convocar a un plebiscito sobre el futuro político de Brasil en caso de regresar a la presidencia.       

“Los auditores ni siquiera dijeron que yo firmé esos decretos engañosamente”, agregó. “Este impeachment no es más que una elección indirecta (del presidente interino Temer) en el Congreso”.       

Rousseff, quien ha gobernado durante la peor recesión de Brasil en décadas en medio de un escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, fue retirada del cargo el 12 de mayo.

El presidente interino ha sido criticado por nombrar como ministros a políticos investigados por corrupción.      

Alves está siendo investigado como parte de una pesquisa sobre corrupción en la petrolera estatal Petrobras, que ha involucrado a algunos de los empresarios y políticos más ricos y poderosos de Brasil.       

La oficina de Temer no reveló la razón de la renuncia de Alves, ocurrida un día después de que se revelara un testimonio inculpatorio del exejecutivo petrolero Sergio Machado, quien declaró como parte de un acuerdo con la fiscalía.

Alves, quien también fue ministro de Turismo en el gobierno de Rousseff, es uno de más de 20 políticos que presuntamente han recibido sobornos de Transpetro, una subsidiaria de Petrobras.       

En el testimonio, Machado alega que se canalizaron más de US$400 mil en sobornos a la campaña de Alves. Alves ha negado haber cometido delito alguno.       

En su carta de renuncia, Alves dijo: “No quiero crear incomodidad ni ningún tipo de dificultades para el Gobierno”.       

Los alegatos de Machado representan el lazo más directo entre Temer y la investigación de corrupción.

El presidente interino ha sido acusado de pedir al exejecutivo de Transpetro que canalizara US$400 mil a la campaña de su partido a la alcaldía de Sao Paulo en el 2012.       

Temer niega vehementemente haber actuado mal, y el jueves tachó las acusaciones de “irresponsables y absurdas”.       

El nombre de otro de los ministros de Temer, el ministro de Medio Ambiente Sarney Filho, también fue mencionado en el acuerdo de culpabilidad de Machado. Filho no ha dado indicios de que vaya a renunciar.       

La primera renuncia ministerial ocurrió poco después de una semana de que Temer asumiera la presidencia.

El ministro de Planeación, Romero Juca, renunció después de que una grabación de audio filtrada insinuara que estaba conspirando para obstruir la investigación de corrupción en Petrobras.

Una semana después, el zar anticorrupción de Temer, Fabiano Silveira, renunció a la dirección del Ministerio de Transparencia luego de que se le escuchara en grabaciones también filtradas asesorando a políticos investigados en el caso Petrobras.   

Cordeiro Cruz está acusada de blanquear más de US$1 millón que su marido habría obtenido a través de la red de desvíos de fondos y pago de sobornos que operó en el ente estatal.

Además de Cordeiro Cruz, fueron procesados el exdirector del área Internacional de Petrobras Jorge Zelada; João Augusto Rezende, considerado el operador en la trama ilegal del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) -al que pertenecen Cunha y el presidente en ejercicio, Michel Temer-, y el empresario portugués Idalecio Oliveira.

Los procesamientos fueron solicitados esta semana por agentes de la operación Lava Jato de la policía federal, que investiga los fraudes en la petrolera nacional.

En el caso de Cruz, investigadores citados el jueves por el portal del diario O Estado de Sao Paulo sostienen que era ella quien controlaba una cuenta bancaria suiza que estaba a nombre de la empresa offshore Köpek, con la cual pagó gastos de una tarjeta de crédito en el exterior.

Esos gastos superaron el millón de dólares entre el 2008 y el 2014. Ese valor es considerado incompatible con los salarios y el patrimonio de la familia.

Además, el 99.7 por ciento del dinero depositado en la cuenta de Köpek provino de cuentas bancarias de las empresas Triumph SP, Netherton y Orion SP, que pertenecen a Cunha.

Los fiscales tienen indicios de que esas cuentas del diputado en el exterior eran usadas en secreto por el legislador para garantizar su impunidad y recibir sobornos producto de los delitos contra la administración pública practicados por él.

Los sobornos recibidos por Cunha fueron obtenidos de empresas que consiguieron a través de esos pagos ilícitos contratos con Petrobras.

Cunha ya enfrenta dos autos de procesamiento en el Supremo Tribunal Federal, por sus presuntos nexos con la red ilícita que operó en Petrobras, y tiene un pedido de arresto decretado por el fiscal general de la República, Rodrigo Janot.

Además, el legislador evangélico enfrenta un proceso de impugnación de su mandato en el Consejo de Ética de la Cámara Baja, por haber mentido a sus colegas al negar en el 2015 que tenía cuentas bancarias en Suiza.

La existencia de estas cuentas fue confirmada por las autoridades del país europeo, que llegaron a bloquearlas por sospechar que habían recibido dinero fruto de los sobornos.

La suspensión de Cunha de la presidencia del Parlamento y de su mandato como legislador fue decretada por la Corte Suprema, que consideró que se valió de los cargos para entorpecer las investigaciones que lo vinculan con el caso Petrobras y el avance del proceso que puede resultar en su destitución.

Pese a la suspensión, Cunha continúa gozando de las prerrogativas de su cargo. Sigue viviendo en la residencia oficial del presidente del Parlamento, percibe normalmente su salario y goza del privilegio de los fueros, entre otros beneficios.

Pero, paradójicamente, es más probable que el presidente interino Michel Temer haga más por persuadir a los senadores de reconsiderar su postura sobre Rousseff de lo que ella pudo mientras estaba en el cargo.       

Luego de una serie de grabaciones filtradas, la abrupta salida de dos ministros, las acusaciones de corrupción contra otros funcionarios interinos y las desconcertantes decisiones de Temer, como integrar su gabinete con hombres blancos exclusivamente, algunos senadores reconsideran su voto final en la cuestión.       

“Esto es muy serio”, dijo el senador de la oposición Cristovam Buarque en relación al aluvión de escándalos que agitan al gobierno de Temer.

“Tenemos que ser incluso más cautelosos con la decisión que tomemos sobre el juicio político de Dilma. Mucho puede suceder antes de que esto termine”.       

Buarque votó a favor de procesar a Rousseff, pero dijo que ahora está indeciso en cuanto a su destitución permanente.       

El destino de Rousseff será determinado por el juicio que se adelante en el Senado, que podría iniciar en julio.

Para destituirla de forma permanente, se requiere una mayoría de 54 de los 81 senadores. Si ello ocurre, Temer cumplirá con el resto del mandato, que concluye en el 2018.       

El senador Acir Gurgacz, quien también votó por el  impeachment, es otro de al menos media decena de senadores que públicamente han dicho que están reconsiderando su voto final desde que Temer, el vicepresidente de Rousseff convertido en su némesis, ocupó el puesto el 12 de mayo.       

“La crisis en el gobierno de Temer influirá en mi opinión y en la de la mayoría”, dijo Gurgacz al diario Folha de S. Paulo, y agregó que de continuar los tropiezos “el marcador podría voltearse”.       

No se necesitan muchos senadores para inclinar la balanza.       

El voto para el juicio político y suspensión de Rousseff fue de 55 contra 22, sólo uno más que el mínimo necesario para su destitución permanente.

¿De qué la acusan?

Rousseff está acusada de utilizar técnicas contables engañosas para administrar el presupuesto federal y esconder grandes déficits. Ella niega haber hecho mal.       

En lugar de eso, ella y sus partidarios afirman que el verdadero motivo de su suspensión era detener la investigación sobre sobornos multimillonarios en Petrobras, la compañía petrolera estatal.       

En los últimos dos años, decenas de empresarios y políticos importantes han sido arrestados, juzgados y encarcelados por su participación en dicha red de corrupción.       

Aunque Rousseff ha pagado por ello políticamente, muchos de los crímenes sucedieron durante los 13 años que estuvo en el poder su Partido de los Trabajadores, en repetidas ocasiones se negó a intervenir en un proceso que afirmaba era muy necesario para Brasil.       

Las grabaciones de audio filtradas, que comenzaron a surgir semanas después de que Temer ocupara el poder, han reforzado los argumentos de que el proceso de juicio político contra Rousseff tenía más que ver con Petrobras que con la violación de leyes fiscales.       

En una de las grabaciones, el ministro de Planeación de Temer, Romero Juca, propuso un “pacto” entre políticos de todos los partidos, la prensa y el Tribunal Supremo Federal, para destituir a la mandataria de filiación izquierdista y “detener el sangrado” de las pesquisas de Petrobras.       

Luego de las filtraciones, Juca anunció de forma abrupta que tomaría licencia. Días después, el ministro de Transparencia, Fabiano Silveira, renunció luego de que surgiera una grabación en la cual se le escucha asesorando a políticos investigados en la pesquisa.

Las grabaciones secretas también captaron al presidente del Senado y expresidente José Sarney en una lluvia de ideas para debilitar la investigación.       

Es probable que las grabaciones fueran hechas por Sergio Machado, un exsenador y exdirector de otra compañía petrolera estatal, Transpetro.

Machado, quien era investigado por el escándalo Petrobras, llegó a un acuerdo con los fiscales.       

Resulta evidente que Temer está a la defensiva.       

La semana pasada, se sintió obligado a prometer “por enésima vez” que no se obstaculizaría la investigación a Petrobras.

El lunes, llamó a una conferencia de prensa para negar acusaciones de que dos más en su gobierno, el ministro de Turismo y la Secretaria de la Mujer, serían despedidos por acusaciones de corrupción.       

Incluso antes de las filtraciones, se han cuestionado las decisiones de gobierno de Temer. La determinación de nombrar sólo hombres blancos al gabinete fue condenada por grupos en todo el país.      

También fue muy criticado por otras medidas, como fusionar el Ministerio de Cultura con el Ministerio de Educación. Una oleada de protestas en el país llevaron a que Temer diera marcha atrás y reinstaurara el Ministerio de Cultura. 

Rafael de Paula Aguiar Araujo, un politólogo de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, restó importancia a las insinuaciones de que algunos senadores reconsideraban su voto final sobre el destino de Rousseff.       

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“Estos comentarios son para tantear si pueden recibir concesiones”, dijo Araujo, quien cree que al final el Senado no reinstaurará a Rousseff.       

De hecho, a pesar de la agitación del gobierno interino, sería difícil defender que el regreso de Rousseff sea una solución.       

Su gobierno se paralizó durante sus últimos meses en el puesto. Cuando Rousseff fue destituida, sus alguna vez altos niveles de popularidad rondaban el 10%, y las encuestas mostraron que 61% de los brasileños querían que se fuera.

Sin embargo, probablemente el mayor catalizador para su caída fue la recesión económica, la más grande que ha azotado al país desde la década de 1930 y que parece no tener fin.       

Bajo la creencia de que no hay soluciones buenas, un grupo cada vez más numeroso de legisladores trabaja para crear una iniciativa de ley para convocar a nuevas elecciones.

Para que eso suceda, tanto Rousseff como Temer tendrían que renunciar o ser removidos del puesto.       

“Las nuevas elecciones serían difíciles, más no imposibles”, dijo Francisco Fonseca, un profesor de política en la universidad Fundaao Getulio Vargas de Sao Paolo. “Por ahora Brasil no es un país firme ni estable”.

La demanda fue presentada por el diputado Afonso Florence, jefe del grupo del PT en la Cámara baja, ante la Comisión de Ética de la Presidencia de la República, un día después de que el ministro de Transparencia, Fabiano Silveira, renunció a su cargo en medio de un escándalo asociado a las corruptelas en la estatal Petrobras.

Según el PT, hasta su nombramiento, ocho de los ministros de Temer ocupaban sendos escaños en la Cámara baja y los otros tres en el Senado, y todos votaron a favor de instaurar el proceso que separó de sus funciones temporalmente a Rousseff, por lo que queda claro que “negociaron sus cargos antes de las votaciones”.

También incluye a Romero Jucá, quien renunció a la cartera de Planificación la semana pasada después de que se filtraron a la prensa unas grabaciones en las que afirma que es preciso “delimitar”  la investigación sobre las corruptelas en Petrobras.

“La votación del proceso de impeachment, que debía ser jurídica y hecha con base en el interés público, fue motivada por intereses personales y políticos, como denota el hecho de que los denunciados hayan sido nombrados ministros inmediatamente después de que votaron por la suspensión de la presidenta Rousseff”, argumenta el PT.

En el caso del canciller Serra, se anexa una demanda particular, en la cual se le acusa de “conferirle un tono nítidamente ideológico a su gestión y obligar a sus subordinados a adherir a su visión específica de los hechos políticos ocurridos en el país” .

El PT sostiene que eso se “comprueba” con “instrucciones dadas” a las embajadas brasileñas en el exterior, en las que Serra habría “ordenado” que “el cuerpo diplomático brasileño combata la tesis de que hubo un golpe en el país”, como afirma Rousseff.

Los documentos presentados por el PT a la Comisión de Ética de la Presidencia de la República incluyen también numerosos reportajes de diarios nacionales, en los que se reflejan las negociaciones que Temer mantuvo con su base política antes de las votaciones en que las cámaras legislativas se decantaron por procesar a Rousseff.

Según el PT, todos los denunciados violaron el artículo 37 de la Constitución nacional, que se refiere a la “moralidad”  y la “ética”  en la política, y otras leyes específicas de la administración pública, que establecen la “plena separación de intereses públicos y privados”.

Fuentes oficiales confirmaron que Silveira entregó una carta al presidente interino, Michel Temer, en la que presenta su renuncia “irrevocable” al cargo, que era reclamada por sindicatos de su propia cartera, funcionarios de otros ministerios y hasta el capítulo brasileño del grupo Transparencia Internacional  (TI) .

Temer asumió el poder el pasado 12 de mayo en sustitución de la presidenta Dilma Rousseff, suspendida de su cargo para responder a un juicio político con miras a su probable destitución, y Silveira es el segundo ministro que pierde desde entonces.

La semana pasada, el hasta entonces titular de la cartera de Planificación, Romero Jucá, un hombre muy cercano al presidente interino, también presentó su dimisión después de que filtró un audio en el que sugería que se debía “delimitar”  la investigación sobre los escándalos de corrupción en la petrolera estatal.

La presión sobre Silveira surgió el lunes, después de que el domingo el canal Globo difundió un audio en el que discute el caso Petrobras con el presidente del Senado, Renán Calheiros, que salió salpicado por ese asunto, y con Sergio Machado, expresidente de la estatal Transpetro y quien colabora con la investigación judicial.

“Están perdidos con esa cuestión”, declara Silveira en alusión al Ministerio Público, responsable por las investigaciones, y también aconseja tanto a Calheiros como a Machado sobre qué líneas adoptar en sus respectivas defensas.

En una nota oficial difundida el domingo, Silveira confirmó el contenido de esa grabación y explicó que fue hecha en la residencia de Calheiros, a quien visitó sin saber que Machado estaría presente.

Según explicó, se trató de una conversación “informal”  que “de ninguna manera”  sugiere que haya “hecho gestiones o interferido ante las instituciones públicas en favor de terceros”.

De acuerdo a esa nota, “es un despropósito sugerir que el Ministerio Público, una institución que ya dio tantas pruebas de independencia en el cumplimiento de su deber, pueda sufrir algún tipo de interferencia externa”.

Según un comunicado difundido el lunes por el capítulo brasileño de TI, el Gobierno interino “debe garantizar que cualquier de sus miembros implicado en corrupción o que trabaje contra las investigaciones deberá ser sustituido”.

Temer, quien la misma noche del domingo conversó con Silveira, se reunió el lunes con el procurador general de la República, Rodrigo Janot, a quien, según fuentes oficiales, ratificó el apoyo de su Gobierno a toda investigación sobre irregularidades en el ámbito público.

Las investigaciones en Petrobras salpican a medio centenar de políticos de diversas formaciones entre las que está el Partido del Movimiento Democrático Brasileño  (PMDB) , que lidera Temer y es la columna fundamental del Gobierno interino.

En los últimos días, Machado ha revelado conversaciones que tuvo con otros importantes dirigentes del PMDB, como el expresidente José Sarney, quien también se queja de las investigaciones en Petrobras y llega a afirmar que Brasil está bajo una “dictadura de la justicia”.

Según Rousseff, separada del cargo mientras responde al juicio que puede llevar a su destitución, la difusión de grabaciones como aquella en la que Jucá pide “delimitar”  la investigación “prueban”  que el proceso en su contra no supone más que “un golpe de Estado”  que tiene por objeto “proteger”  a los corruptos.

El audio, divulgado por el diario Folha de Sao Paulo, muestra una conversación entre Calheiros y el expresidente de la estatal Transpetro Sergio Machado, ambos investigados por su supuesta participación en la trama de corrupción de Petrobras.

De acuerdo con Folha de Sao Paulo, Machado sugiere un “pacto”  para “pasar un borrador en Brasil”  y Calheiros responde que “antes de pasar un borrador”  son necesarias varias medidas, entre ellas frenar las “delaciones premiadas de presos” .

Esos acuerdos de cooperación judicial a cambio de una reducción de pena han sido un mecanismo recurrente en el marco de las investigaciones de la corrupción en la petrolera.

Varios de los implicados han revelado cómo operaba esa red y han permitido a las autoridades avanzar en las investigaciones y detener a algunos de los participantes de la trama.

El jefe del Senado, a través de su oficina de prensa, dijo a Folha de Sao Paulo que la grabación “no revela ni sugiere” cualquier tipo de interferencia en las investigaciones del caso Petrobras, por el que se investiga a medio centenar de parlamentarios.

El lunes último salió a la luz una charla grabada entre el expresidente de Transpetro y el ministro de Planificación, Romero Jucá, quien se vio obligado a renunciar al cargo después de la filtración.

En la conversación Juca sugería un “pacto” para “delimitar”  las investigaciones del caso Petrobras, por el que también es indagado.

Ese audio abrió un frente de crisis al Gobierno interino del presidente, Michel Temer, quien asumió las riendas del país el pasado 12 de mayo después de que el Congreso decidiera suspender a la mandataria Dilma Rousseff de su cargo para iniciar un juicio político con miras a su probable destitución.

“El vicepresidente de la República, en el ejercicio del cargo de presidente de la República (…) resuelve exonerar, a pedido, a Romero Jucá Filho del cargo de Ministro de Estado de Planificación”, afirma el texto.

En un audio filtrado por el diario Folha de Sao Paulo el lunes, Jucá sugería que la destitución de Dilma Rousseff permitiría detener las investigaciones sobre el multimillonario fraude en la estatal, donde él mismo es también indagado.

Hombre fuerte de un gobierno interino que aún no ha cumplido dos semanas en ejercicio, la salida de Jucá supuso el primer gran golpe a la nueva administración de Temer, quien afirmó este martes que las investigaciones sobre el escándalo no sólo continuarán, sino que pretende “incentivarlas”.

La polémica saltó a primeras horas del lunes, cuando se hicieron públicos trechos de conversaciones grabadas en marzo entre Jucá y el expresidente de la compañía procesadora de petróleo y gas Transpetro, Sergio Machado, igualmente investigado por el fraude.

En una de ellas, el por entonces senador y estrecho aliado de Temer afirmaba que era necesario un “pacto”  para detener las indagaciones, que también incluyera al poder judicial.

“Hay que resolver esa m… Hay que cambiar el gobierno para cortar esta sangría”, afirmó Jucá en esa conversación.

Grabada en secreto, la charla tuvo lugar semanas antes de la votación del 17 de abril en la Cámara de Diputados que aprobó el impeachment y derivó el proceso al Senado, según el diario.

En la misma mañana del lunes, Jucá afirmó que las conversaciones estaban sacadas de contexto, que se refería a una “sangría en la economía”  y que no veía motivos para dimitir, pero horas más tarde anunciaba su pedido de licencia hasta que la Fiscalía determinara si “hubo crimen en ese diálogo”.

Poco después, Temer confirmaba la solicitud del ministro de la cartera clave de Planificación y anunciaba su regreso al Senado “hasta que sean aclaradas las informaciones divulgadas por la prensa”, agradeciéndole su “trabajo competente”  y “dedicación”. La salida de Jucá se convirtió, sin embargo, en definitiva este martes, de acuerdo al decreto publicado en el Diario Oficial.

Ahora será sustituido de forma interina por Dyogo Oliveira, exsecretario ejecutivo de la cartera.

Presidente del centrista PMDB en sustitución de Temer, Jucá fue uno de los principales articuladores del proceso de impeachment a Rousseff, que la mandataria denuncia como un “golpe”.

Confirma el golpe

Por su parte, la mandataria suspendida, Dilma Rousseff, afirmó que el audio en el que el ministro de Temer sugiere que pretendía obstruir las investigaciones en la estatal Petrobras constata que el nuevo Gobierno es “golpista”.

“Si alguien aún no tenía certeza de que hay un golpe en curso basado en el desvío de poder y en el fraude, las declaraciones fuertemente incriminatorias sobre los reales objetivos del impeachment (juicio político) y sobre quién está detrás de él, elimina cualquier tipo de duda”, dijo Rousseff en un discurso durante un congreso de agricultores.

En opinión de Rousseff, la grabación deja “claro el carácter conspiratorio y golpista”  del nuevo Gobierno y también, su “modus operandi”.

Asimismo, sugiere que si Temer asumiera el poder, sería posible un “pacto”  para “delimitar”  la acción de la justicia en torno a ese caso.

Rousseff reiteró que continuará “luchando en todas las dimensiones posibles”  para tratar de volver al poder “de una forma o de otra”.

La mandataria fue apartada del cargo el pasado 12 de mayo, cuando el Senado aprobó la apertura de un juicio político con fines destituyentes, que puede alargarse hasta 180 días.

Si al final del proceso Rousseff es absuelta, recuperaría el cargo y si es destituida, Temer completará su mandato que termina el 1 de enero de 2019.

“No tengo nada que temer y no le debo nada a nadie”, declaró Jucá en una conferencia de prensa en la que comentó una grabación divulgada por el diario Folha de Sao Paulo, la cual sugiere que pretendía llegar a un “pacto”  para “delimitar”  esas investigaciones.

Según Jucá, un hombre cercano al presidente interino Michel Temer, quien sustituyó a la suspendida mandataria Dilma Rousseff, el audio es real, pero fue “sacado de contexto”  y transmite una “idea equivocada”  de lo que conversó con el expresidente de la estatal Transpetro Sergio Machado, investigado por el caso Petrobras.

Según Folha, Machado buscó a líderes de ese partido preocupado con los avances de la investigación anticorrupción.

“Tenemos que encontrar una salida”, habría planteado el expresidente de esta subsidiaria de Petrobras, investigado por supuestamente haber pagado sobornos en el marco de la trama corrupta.

Jucá se defiende

Pero en una conferencia de prensa este mismo lunes, Jucá dijo que su frase “cortar esta sangría”  se refería a la crisis económica y política que afecta a Brasil.

“Es cortar la sangría de la economía, de lo que está ocurriendo con el país, esa es la ventaja del cambio de gobierno. La Lava Jato era la médula del gobierno (de Rousseff) y eso tiene una sangría económica, social, política”, declaró.

“La Lava Jato es importante, hay que investigar, pero hay que delimitarla” , enfatizó Jucá, quien descartó renunciar a su cargo en el flamante gobierno Temer, de quien es un firme aliado.

Vicepresidente de la mandataria durante cinco años, Temer  (también del partido PMDB) acabó siendo un enemigo central y uno de los principales articuladores de la salida de Rousseff, quien continúa denunciado que todo este proceso fue un “golpe”.

Críticos del impeachment plantearon insistentemente que el cambio de gobierno también era una estrategia para echar tierra sobre la investigación anticorrupción, que tiene en la mira a políticos de todos los sectores y no sólo del Partido de los Trabajadores de Rousseff.

Al menos tres ministros del nuevo gabinete son investigados por la Operación Lava Jato, que ha significado una catarata de acusaciones de corrupción contra las élites políticas y empresariales brasileñas.

La Fiscalía pidió investigar a Rousseff por obstrucción a la Justicia, pero sobre ella no recae ninguna acusación de corrupción o de enriquecimiento personal con el fraude.

De su lado, Temer ha prometido en varias ocasiones que su gran objetivo durante su mandato, por ahora interino, es sacar a Brasil de la parálisis económica y política que había frenado al gigante sudamericano durante los últimos meses del gobierno de Rousseff.

Jucá es el hombre encargado de la importante tarea de reestructurar el dañado presupuesto de Brasil, una de las grandes promesas de Temer.

De acuerdo al diario, Temer fue aconsejado a marginar a Jucá del gobierno porque su presencia transmite la imagen de que la nueva administración quiere sepultar las investigaciones.

En sus pocos días de vigencia el gobierno interino ya enfrentó otras polémicas, como la supresión del ministerio de Cultura como parte de una reesctructuración para recortar gastos.

Ante la lluvia de críticas, Temer echó pie atrás y mantendrá la cartera.

El juez Sergio Moro, que lleva el caso, sentenció a Dirceu, uno de los fundadores del Partido de los Trabajadores  (PT, izquierda) de Lula, a 23 años y tres meses de prisión por “corrupción, lavado de dinero y asociación para delinquir”.

El exguerrillero y exjefe de gabinete de Lula, de 70 años, ya había sido condenado en el 2012 a más de 11 años de cárcel por el sonado caso de compra de votos de legisladores en el primer gobierno Lula, entre el 2003 y el 2005.

Al destaparse el escándalo en el 2005, Dirceu se vio forzado a dimitir.

Lula fue señalado de orquestar este vasto sistema de pago de sobornos conocido como mensalao, pero nunca fue investigado y consiguió ser reelecto hasta el 2010.

Además de Dirceu, la justicia condenó este miércoles al extesorero del PT Joao Vaccari Neto a nueve años de prisión por corrupción.

Tanto Dirceu como Vaccari están detenidos en una prisión en Paraná, sur de Brasil.

Un exdirector de Petrobras, Renato Duque, fue condenado por su parte a 10 años de prisión por corrupción, y un exdirectivo de la empresa constructora Engevix, a 15 años por corrupción y blanqueo de dinero. Los dos ya estaban en prisión.

Lanzada en el 2014, la investigación apodada “Lava Jato”  (lavadero de autos) reveló una compleja trama de desvíos que defraudó a Petrobras durante una década, a un costo de más de US$2 mil millones, para beneficiar a decenas de políticos y sus partidos, empresarios y funcionarios de la petrolera.

Este escándalo sin precedentes agravó aún más la crisis política que derivó el 12 de mayo en la suspensión por hasta 180 días de la presidenta Dilma Rousseff, mientras es sometida a un juicio político que decidirá si es culpable de maquillar las cuentas públicas.

Hasta ahora Rousseff no es blanco de ninguna acusación de corrupción.

El fiscal general Rodrigo Janot pidió a principios de mayo a la corte suprema permiso para investigar a Rousseff, al expresidente Lula y al entonces abogado general del Estado, José Eduardo Cardozo, informó la prensa brasileña.

Janot considera que los tres intentaron obstruir la investigación de “Lava Jato”  mediante la designación de Lula como ministro, un plan para nombrar a un juez de apelaciones con la meta de liberar a presidentes de constructoras presos y la tentativa de impedir la confesión a la justicia de Delcidio Amaral, exlíder del PT en el Senado e involucrado también en el escándalo.

Ni la fiscalía ni la corte suprema han confirmado esta información.

El magistrado Marco Aurelio Mello, uno de los 11 integrantes del tribunal, anunció que remitirá al pleno una demanda que acusa a Temer de irregularidades similares a las que llevaron al Senado a iniciar un juicio político con miras a la posible destitución de Rousseff.

En el caso de Temer, la acción fue presentada por Mariel Marley Marra, un abogado que dice actuar por cuenta propia y recurrió al Supremo después de que la Cámara de Diputados, que tiene la potestad de decidir sobre la apertura de un juicio contra un mandatario, no aceptó a trámite su demanda.

Según el abogado, en la condición de vicepresidente que ocupaba hasta la semana pasada, Temer suscribió en el 2015 cuatro decretos que modificaron los presupuestos del Estado sin haber sido aprobados por el Congreso, como establece la ley.

La firma de decretos relativos a los presupuestos sin la debida venia parlamentaria es una de las vertientes de las acusaciones que pesan contra Rousseff, que además se apoyan en unas maniobras fiscales irregulares que permitieron “maquillar”  los resultados del Gobierno en el 2014 y el 2015.

La fecha en que será juzgada la demanda presentada por el abogado Marley Marra contra Temer deberá ser fijada por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lewandowski, quien aún no ha decidido sobre la convocatoria al pleno para analizar ese caso específico.

Rousseff ha sido suspendida de sus funciones durante los 180 días que puede durar el juicio político en el Senado y Temer ocupará el cargo durante ese período, aunque gobernaría hasta el 1 de enero del 2019 en caso de que se llegue a la destitución definitiva de la mandataria.

Por el contrario, si Rousseff fuera absuelta por la Cámara alta, deberá recuperar el cargo una vez que se publique la sentencia.

Rousseff recibió a un grupo de corresponsales extranjeros en el Palacio de la Alvorada, residencia oficial de la Presidencia que aún conserva, y dijo que durante los 180 días que pueden durar el juicio político y su suspensión se concentrará en su defensa.

Si Rousseff lograra convencer al Senado de su inocencia y fuera absuelta, recuperaría su cargo una vez que concluya el proceso, pero si resultara sustituida, un extremo que ella no contempla, Temer completaría el mandato que concluye el 1 de enero de 2019.

Junto al exabogado general del Estado José Eduardo Cardozo, que ahora sigue al frente de su defensa, Rousseff se mostró tranquila, relajada y segura de que podrá demostrar que “no hay bases jurídicas para este proceso, que no es más que un golpe”.

“Nos tenemos que defender jurídica y políticamente y la defensa política se hará frente a toda la sociedad brasileña, allá a donde sea invitada, pues compareceré en forma limpia y transparente para explicar las verdaderas razones que llevaron a este proceso”, dijo.

Cardozo, a su turno, aunque evitó aclarar cuáles, dijo que aún le quedan cartas por jugar en defensa de Rousseff frente a la Corte Suprema, que hasta ahora ha avalado la legalidad del proceso.

También dijo que no descarta acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero aclaró que aún “no es el momento”.

Las acusaciones a las que responderá Rousseff se fundamentan en unas maniobras irregulares con las que el Gobierno maquilló sus resultados de 2014 y 2015, que frente a la Justicia no suponen un delito y que, según ella, son usuales en la administración pública brasileña.

“Todos los Gobiernos anteriores hicieron eso, pero solo a mí me procesan”, volvió a reclamar Rousseff, quien también fue crítica con los primeros anuncios hechos por su sucesor interino, que inició su gestión este jueves, horas después de que ella fue suspendida del cargo.

Rousseff no evitó hacer comentarios sobre la gestión que empezó Temer este jueves y alertó de los “riesgos” que corren el país y su democracia desde que están bajo lo que calificó sin pelos en la lengua de “Gobierno ilegítimo” e “ilegal”.

“No sé si el riesgo existe ahora, en este momento. Pero creo que un Gobierno ilegítimo precisará siempre de mecanismos ilegítimos para mantenerse en el poder”, advirtió Rousseff, quien prefiere ser llamada “presidenta electa” antes que “suspendida”.

En su opinión, la gestión de Temer será “liberal en la economía y conservadora en las áreas social y cultural”.

Rousseff, la primera mujer elegida para gobernar el país, lamentó también que “después de mucho tiempo, por primera vez no haya en el Gobierno brasileño ni mujeres ni negros”.

Temer anunció este jueves su gabinete, y todos sus integrantes son hombres y de tez clara, lo que Rousseff consideró que eso “es una imagen” de lo que será su gestión.

“La cuestión de género es fundamental para la democracia en Brasil”, sostuvo Rousseff, quien la igualó en ese sentido a los asuntos raciales y a la discriminación que sufre la población negra.

Sobre su propia vida, admitió que ahora dispondrá de algo más de tiempo para asuntos personales que sus funciones la obligaban a dejar de lado, aunque aclaró que tampoco será tanto.

“Será más, pero no habrá mucho tiempo para cuestiones personales” por la necesidad de concentrarse en su defensa. Sin embargo, indicó que “como mujer”, ya ha aprendido a “hacer un poco de malabarismo” y encontrar espacios para “lo profesional y lo personal”.

Dispuesta a visitar líderes

Rousseff añadió que mientras esté alejada del poder está dispuesta a visitar cualquier país al que sea invitada e incluso al papa Francisco, pero aclaró que se concentrará en su defensa y que de momento no tiene planes de viajar al exterior para denunciar el “golpe” que ella considera que está en curso en Brasil.

Añadió que está dispuesta a visitar cualquier país al que sea invitada y tuvo unas palabras de especial cariño en relación a Francisco.

“Si el papa me invita voy (al Vaticano)”, dijo Rousseff, quien indicó que las dos veces que estuvo con Francisco, durante las Jornadas Mundiales de la Juventud en Río de Janeiro y en la Santa Sede, se sintió “muy próxima” y que comparte su visión del mundo.

“Francisco es un papa adecuado al momento que el mundo vive, atiende las demandas y las diferencias del Siglo XXI, los temas de las mujeres y los gais y, sobre todo, no juzga a las personas”, dijo Rousseff, procesada por el Senado debido a unas maniobras fiscales irregulares que insiste en rechazar.

En la conversación, que duró cerca de un minuto y medio, Temer asegura que quiere visitar a Macri en Buenos Aires si este le invita.

Asimismo, aseguró que está “tranquilo” y al mismo tiempo “preocupado con la situación” de Brasil, pero dijo que va a “enfrentarla con entusiasmo”, según el audio, también divulgado por medios brasileños.

Los asesores de Temer le indicaron que en la otra línea estaba Macri, aunque la Presidencia brasileña no ha confirmado si fue una confusión de los consejeros o si la radio argentina se hizo pasar por representantes del Gobierno argentino.

La llamada fue realizada por la radio El Mundo, que contactó el palacio de Jaburu, residencia oficial de Temer, horas antes de que el nuevo presidente interino asumiera el cargo en lugar de Dilma Rousseff, quien fue apartada de sus funciones de forma temporal mientras el Senado desarrolla un juicio político en su contra.

Temer, entonces diputado y presidente del partido de centro derecha PMDB, consideraba que la elección de Luiz Inácio Lula da Silva había creado una “enorme esperanza” en la población, pero a la vez pensaba que su desempeño en la presidencia había sido decepcionante, por lo que evaluaba la posibilidad de que su organización política lanzase un candidato propio.

También contemplaba hacer una alianza electoral con el PT, en caso de que una candidatura propia no fuese viable.

Las declaraciones de Temer se encuentran recogidas en un cable confidencial pero no clasificado del departamento de Estado de Estados Unidos, fechado el 11 de enero del 2006.

Al publicar esos informes, Wikileaks identificó a Temer en su cuenta de Twitter como un “informante de inteligencia” de Estados Unidos.

Según el documento, Temer criticaba a Lula por su “visión estrecha”  y el “acento excesivo que colocaba sobre los programas sociales que no promueven el crecimiento o el desarrollo económico”.

En su conversación, Temer afirma incluso que “algunos dirigentes del PT (Partido de los Trabajadores) han robado a las finanzas públicas, aunque no para su beneficio personal sino para ampliar el poder del partido”.

#Brazil's #Dilma slayer, now president, #Temer, passed sensitive polical info to US intel https://t.co/3l2eUdiqvy pic.twitter.com/mPpLzjKprh

— WikiLeaks (@wikileaks) May 13, 2016

Otro cable diplomático publicado también por Wikileaks y fechado el 21 de junio del 2006, identifica al cónsul general como el interlocutor de Temer en estas reuniones.

El documento, firmado por  (el entonces cónsul Christopher) McMullen contiene también duros comentarios del diplomático sobre el partido de Temer.

“El verdadero problema con el PMDB es que no tiene una ideología o una estructura política que le permita elaborar e implementar una agenda política nacional coherente”, escribe McMullen, al definir a ese partido como “una coalición de caciques regionales oportunistas”.

Temer, de 75 años y quien era vicepresidente de Dilma Rousseff, asumió el jueves último de manera interina la presidencia de Brasil, luego de que el Senado aprobara abrir un juicio político a la mandataria por maquillar las cuentas públicas.

Brasil se encuentra sacudido por las revelaciones de una trama de corrupción descubierta hace dos años en la estatal Petrobras, que tiene en la mira a decenas de políticos del PT, del PMDB, del Partido Progresista y a poderosos empresarios.

Rousseff no es blanco de ninguna investigación o acusación por corrupción y sostiene que su apartamiento del poder constituye un “golpe”, además de que ha calificado a Temer de “traidor”.

 
Temer, considerado un traidor por Rousseff, inició la reunión con su gabinete de ministros, una mesa redonda conformada solo por hombres y de raza blanca.

“Tenemos poco tiempo”, dijo Temer, del partido de centro derecha PMDB, al asumir el jueves la presidencia en el Palacio de Planalto, sede del Ejecutivo.

“Pero nos esforzaremos por implementar las reformas que Brasil necesita”, aseguró el exvicepresidente de Rousseff devenido uno de sus principales enemigos.

Tras meses de agitación política, el Senado decidió el jueves abrir un juicio contra Rousseff y apartarla de su cargo por seis meses como máximo, mientras evalúa si merece ser definitivamente alejada del poder por maquillar las cuentas públicas.

Temer también se comprometió no sólo a mantener sino también a “mejorar” las ayudas sociales, entre ellos Bolsa Familia, una de los programas estrella del gobierno del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT).

“Hay que mejorar la eficiencia de los programas, no se puede decir que Brasil redujo 10% la pobreza cuando tienes 50 millones de brasileños necesitando Bolsa Familia”, señaló Osmar Terra, el flamante ministro de Desarrollo Social.

Aplausos y críticas

“Es preciso recuperar la credibilidad de Brasil en el escenario nacional e internacional” con medidas que corten el gasto público y atraigan inversiones, dijo Temer, un astuto y discreto abogado constitucionalista de 75 años, rodeado de su flamante gabinete.

Entre ellos, el expresidente del Banco Central Henrique Meirelles, quien será el nuevo ministro de Hacienda, y el economista José Serra, exgobernador de Sao Paulo, que estará al frente de Itamaraty, el ministerio de Relaciones Exteriores.

Pero su equipo ya recibió críticas y cuestionamientos, en particular por la ausencia total de mujeres y negros.

Los mercados ven con buenos ojos a Meirelles, expresidente del Banco Central durante la presidencia de Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010), recordado por la ortodoxia con la que logró controlar la inflación y sanar la economía de Brasil.

Meirelles dará este viernes más detalles sobre las medidas de shock para sacar a Brasil de la peor recesión de los últimos 25 años, que se pudieron entrever en el plan conocido como “Un puente para el futuro” de Temer.

No será nada fácil. Temer puede enfrentar una feroz resistencia de la izquierda, que pasó a la oposición tras más de 13 años en el poder, y muchos de los problemas que acosaron a Rousseff, especialmente una economía destrozada (registró una fuerte contracción de 3,8% del PIB en 2015), demasiado dependiente de un precio elevado del petróleo, el mineral de hierro y otras materias primas.

Además muchos de sus ministros y aliados políticos están en la mira de los fiscales que investigan el megafraude a la estatal Petrobras, lo que le resta credibilidad.

Sobre todo porque llegó al poder sin la legitimidad que dan las urnas y con un bajísimo apoyo popular: apenas entre 1% y 2% de los brasileños votarían por él para presidente, según un sondeo reciente.

Temer aseguró el jueves que no obstaculizará la investigación del mayor escándalo de corrupción en la historia del país, bautizada “Lava Jato”.
 

“Nunca dejaré de luchar”

La suspensión de Rousseff, una exguerrillera de 68 años que se convirtió en la primera mujer en asumir el poder del gigante sudamericano en el 2011, marca el fin de una era de la izquierda en América Latina.

Rousseff dejó la presidencia de Brasil por acusaciones de que ocultó déficit y engrosó las arcas con préstamos de bancos estatales durante su campaña a la reelección del 2014. Pero ella minimiza los hechos y asegura que el “traidor” de Temer le asestó un “golpe parlamentario”.

Combativa, antes de abandonar el Palacio de Planalto llamó a la población a movilizarse para defender la democracia.
“A los brasileños que se oponen al golpe, sean del partido que sean, les hago un llamado: manténganse movilizados, unidos y en paz”, dijo Rousseff en su despedida.

“Pude haber hecho errores, pero no cometí ningún crimen”, precisó y volvió a decir: “nunca dejaré de luchar”.

Rousseff se aleja del cargo con apenas un 10% de popularidad, en medio del megafraude en Petrobras que ha manchado a buena parte de la élite del poder en Brasilia. Y se quedará sin inaugurar los Juegos Olímpicos que se celebran en agosto en Rio de Janeiro.

Para destituirla definitivamente, la oposición requiere dos tercios de los votos del Senado (54 del total de 81 miembros). Uno menos que los registrados el jueves, lo que hace muy difícil su retorno al poder.

Gran parte de su desgaste se debe a la trama de corrupción descubierta hace dos años en la estatal petrolera, que tiene en la mira a decenas de políticos de su PT, del PMDB de Temer, del Partido Progresista y a poderosos empresarios.
La exguerrillera no es blanco de ninguna investigación o acusación por corrupción.

“Siento el dolor de la injusticia”, dijo antes de recluirse en el Palacio de Alvorada, residencia del gobierno brasileño desde donde prepara su defensa.

Este viernes ya tiene previsto dar una conferencia de prensa a corresponsales extranjeros.

“Ante los sucesos registrados en Brasil, el gobierno argentino manifiesta que respeta el proceso institucional que se está desarrollando y confía en que el desenlace de la situación consolide la solidez de la democracia brasileña”, indicó la Cancillería argentina en un escueto texto.

La reacción del gobierno de centroderecha del presidente Mauricio Macri le valió críticas de los frentes opositores de izquierda, que vieron en las declaraciones oficiales lo que consideran “un reconocimiento al golpe institucional”  contra Rousseff.

El Senado brasileño aprobó el jueves que se abra un juicio político a la primera mujer presidenta de Brasil, de 68 años, lo que podría conducir a su destitución en un plazo de 180 días.

Rousseff reaccionó a la decisión considerándola un “golpe”  y llamando a los brasileños a movilizarse.

En tanto, Colombia expresó su deseo de que se preserve “la estabilidad”  y la “institucionalidad democrática” en Brasil.

“En la actual coyuntura, Colombia confía en la preservación de la institucionalidad democrática y la estabilidad, fundamentos indispensables del estado de derecho”, señaló un comunicado de la Cancillería.

“La estabilidad de Brasil es muy importante para toda la región por su influencia y liderazgo”, subrayó.

Por su parte, Ecuador, Chile y España expresaron su “preocupación”  por los acontecimientos en el gigante latinoamericano, donde el vicepresidente Michel Temer ostentará el mando interinamente durante un máximo de 180 días, y hasta el final previsto del mandato de Rousseff, en diciembre de 2018 si la presidenta es finalmente declarada culpable.

“Ecuador apela a la plena vigencia y preservación de las instituciones democráticas y los valores que la sustentan”, expresó el gobierno de Quito en un comunicado divulgado por la cancillería en el que manifestó su “profunda preocupación”  por la situación política y respaldó al gobierno de Rousseff, “legítima depositaria del mandato popular expresado en las últimas elecciones democráticas, y contra la que no pesa, hasta el momento, una sola imputación”.

A la exguerrillera se le acusa de utilizar préstamos de bancos estatales para ocultar déficits presupuestarios en el 2014, año de su reelección, y en el 2015, pero no es blanco de ninguna acusación por corrupción.

También desde Quito, donde se encontraba de visita, el ministro español saliente de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo se refirió a la “preocupación importante” de su país por lo que está pasando en Brasil, “un socio capital para España en términos políticos y en términos económicos”.

“El Gobierno de Chile expresa su preocupación por los acontecimientos (…) que han generado incertidumbre a nivel internacional, considerando la gravitación de Brasil en el ámbito regional”, dijo un comunicado de la Cancillería de Santiago, que calificó de “amiga” a Rousseff.

Desde Estados Unidos, el presidente Barack Obama “continúa teniendo confianza en la solidez de las instituciones democráticas de Brasil para enfrentar la crisis política”, dijo el portavoz de su gobierno, Josh Earnest.

“Pretendemos respetar las instituciones, tradiciones y procedimientos gubernamentales”, añadió Earnest durante su conferencia de prensa diaria.

Frente a las muestras de preocupación, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon dijo “(confiar) en que las autoridades honrarán los procesos democráticos brasileños, con apego a las leyes y a la constitución”, y llamó al “diálogo y a la calma en todos los sectores de la sociedad”.
 

La notificación, firmada por el titular del Senado, Renan Calheiros, faculta a Temer como presidente durante los próximos 180 días, período en el cual la Cámara Alta debatirá si destituye a Rousseff o la permite volver al cargo.

Mientras tanto ya han empezado a surgir nombramientos del nuevo gabinete que se dice, será masculino y amigo del mercado, la mayoría político o empresarios.

El expresidente del Banco Central Henrique Meirelles, cercano a los mercados, será el nuevo ministro de Hacienda, y el economista José Serra, exgobernador de Sao Paulo, estará al frente de Itamaraty, el ministerio de Relaciones Exteriores, dijo a la  AFP  un portavoz de Temer al confirmar 21 nominaciones.

La lista es “provisoria y habrá más nombres”, dijo el portavoz a la  AFP.

Temer asumió la presidencia interina de Brasil este jueves tras la decisión del Senado de suspender a Dilma Rousseff para someterla a un juicio político por maquillaje de las cuentas públicas.

Está previsto que Temer, vice y aliado de Rousseff devenido enemigo, hable a la nación hacia las 15H30  (18H30 GMT), y que tome juramento a sus ministros.

El ortodoxo Henrique Meirelles asumirá como ministro de Hacienda en uno de los peores momentos de la economía nacional, que atraviesa su peor recesión en décadas.

Con ocho años al frente del Banco Central de Brasil durante la presidencia de Lula  (2003-2010) y una amplia experiencia en el sector financiero, este ingeniero y administrador de 70 años es muy respetado por los mercados.

Serra, ubicado en el espectro más a la izquierda del opositor PSDB, es respetado en filas de izquierda y derecha y podría convertirse otra vez en candidato presidencial de su partido en 2018.

El jefe de gabinete de Temer será el abogado Eliseu Padilha, de su mismo partido PMDB  (centro derecha) y exministro de Aviación Civil durante el gobierno de Rousseff.

 Geddel Vieira Lima, un político del PMDB y ganadero que fue ministro de Integración Nacional durante el gobierno Lula, será el ministro jefe de la secretaría de Gobierno.

El ministro de Agricultura y Ganadería será Blairo Maggi, un senador de Mato Grosso  (centro oeste) y poderoso terrateniente conocido como el “rey de la soja”  que pertenece al Partido Progresista  (PP, derecha) .

Es detestado por los ecologistas, que lo acusan de favorecer la tala ilegal de árboles y la deforestación de la Amazonia y le otorgaron el premio “Motosierra de Oro”  en 2005, cuando era gobernador de Mato Grosso.

Rousseff tenía 32 ministerios, una cifra altísima para poder satisfacer los intereses de la gran coalición de partidos que precisaba para gobernar.

Temer quiere reducir esa lista a 22 y ha fundido ministerios, pero está teniendo problemas con sus futuros aliados, informó la prensa local.

Destituidos por el Parlamento

– VENEZUELA: El presidente Carlos Andrés Pérez, acusado de malversación y enriquecimiento ilícito, fue cesado en mayo de 1993, y su destitución confirmada por el Congreso el 31 de agosto siguiente.
– ECUADOR: Abdalá Bucaram, acusado de desvío de fondos públicos, fue destituido el 6 de febrero de 1997 por “incapacidad física y mental”, seis meses después de su investidura.
En abril del 2005, en medio de una revuelta popular, el presidente Lucio Gutiérrez, acusado de colocar a allegados en la Corte Suprema de Justicia, fue igualmente destituido por el Parlamento.
– PERÚ: Alberto Fujimori fue destituido el 21 de noviembre del 2000, “por incapacidad moral permanente”, previa partida a Japón, donde permaneció varios años. Extraditado de Chile en el 2007, fue condenado a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad.
– PARAGUAY: Fernando Lugo fue destituido el 22 de junio del 2012 “por mal desempeño de sus funciones”, en un juicio político por el Senado.
– INDONESIA: Abdurrahman Wahid, acusado de incompetencia y corrupción, fue destituido el 23 de julio de 2001 por el Parlamento.
– LITUANIA: Rolandas Paksas, destituido el 6 de abril del 2004 por “violación grave de la Constitución y faltar al juramento constitucional”. Estaba acusado de conceder la nacionalidad lituana a un empresario de origen ruso, que era su principal apoyo financiero. Privado del derecho de volver a presentarse a unas elecciones en su país, fue elegido diputado en el Parlamento Europeo en el 2009.

Obligados a dimitir

– BRASIL: Fernando Color de Mello, acusado de corrupción pasiva, dimitió el 29 de diciembre de 1992, lo cual no impidió que el Senado votase al día siguiente su destitución.
– ISRAEL: Al hilo de un caso de evasión fiscal y corrupción, el presidente Ezer Weizman dimitió en julio del 2000. Prefirió así tirar la toalla antes que enfrentarse a un proceso de destitución.
En junio del 2007, el presidente Moshe Katzav, caído en desgracia por su implicación en un escándalo sexual, dimitió también, previo compromiso con la justicia para evitar la prisión. Finalmente fue condenado y encarcelado en 2011.
– ALEMANIA: El presidente de la República Federal, Christian Wulff, se vio obligado a dimitir en febrero de 2012 al levantarse su inmunidad. Inculpado por corrupción, fue posteriormente declarado inocente.
– GUATEMALA: Otto Pérez, acusado de dirigir un sistema de corrupción en la administración aduanera, se vio privado de su inmunidad por el Parlamento el 1 de septiembre de 2015. Ante el riesgo de ser destituido, renunció al cargo dos días más tarde y fue colocado en prisión preventiva.

Procedimientos que no prosperaron

Otros jefes de Estado se vieron sometidos a un proceso de destitución, que no dio resultado. Fue el caso de Boris Yeltsin en Rusia (1999), Luis González Macchi en Paraguay (2003), Roh Moo-Hyun en Corea del Sur (2004) o Hery Rajaonarimampianina en Madagascar (2015).
En Estados Unidos, en dos ocasiones la Cámara de Representantes votó por la acusación (impeachment) del presidente, primero Andrew Johnson (en 1868) y luego Bill Clinton (en 1999). Pero ambos fueron salvados por el Senado.
En 1974, la Cámara inició los trabajos de cara a un impeachment del presidente Richard Nixon, pero el procedimiento fue abandonado después de su dimisión.

La lista de ministros destituidos la encabeza el expresidente y padrino político de la mandataria, Luiz Inácio Lula da Silva, quien llegó a ser designado titular de la cartera de la Presidencia en abril pasado, pero no llegó a asumir por una decisión del Tribunal Supremo, que suspendió su nombramiento.

Lula, a quien Rousseff pretendía llevar al Gobierno para tratar de recomponer su ya desgastada base política, no pudo asumir un ministerio debido a sus problemas con la justicia, que le investiga por diversos asuntos de alegada corrupción.

Tras una sesión que se prolongó durante más de 20 horas, el Senado decidió por una aplastante mayoría de 55 votos frente a 22, que Rousseff deberá ser suspendida del cargo durante al menos 180 días para responder a un juicio político con miras a su destitución, con lo que su lugar será ocupado por el vicepresidente, Michel Temer.

Entre ellos figura Marco Aurelio García, un fiel colaborador de Lula y Rousseff que durante los últimos trece años se desempeñó como asesor personal de la Presidencia para Asuntos Internacionales.

En las próximas horas, Rousseff será notificada oficialmente de la decisión del Senado y con eso estará en pleno vigor su suspensión del cargo, que podría recuperar si fuera absuelta en el juicio que se iniciará en la Cámara Alta.

Si finalmente fuera destituida, Temer completará el mandato que vence el 1 de enero de 2019.

El hasta ahora vicepresidente asumirá el lugar de Rousseff hoy mismo, sin ceremonias ni pompas, debido a la condición de interino que ostentará mientras no se defina el futuro de la mandataria.

Según él mismo declaró esta madrugada, cuando el Senado aún no concluía la votación, hoy mismo anunciará a los ministros que formarán su nuevo Gobierno.

El senador Romero Jucá, uno de los hombres más cercanos a Temer, ha adelantado que la intención es reducir el número de ministerios de los actuales 31 a por lo menos 22.

Jucá explicó que esa reducción apuntará a reducir el elevado gasto público y deberá ser una de las primeras medidas que Temer anuncie con la intención de comenzar a enderezar la maltrecha economía brasileña, que se encuentra en una aguda recesión.

Rousseff hizo un emocionado discurso pero supo mantener el temple para volver a denunciar lo que en su opinión es un “golpe”, frente al cual pidió a sus partidarios que se mantengan “movilizados, unidos y en paz”, porque “la lucha por la democracia no tiene una fecha para acabar”.

Rousseff evitó la condición de “suspendida” y dijo que se dirigía al país en condición de “presidenta electa” por los 54 millones de votos que recibió en los comicios de 2014, cuando fue reelegida para el segundo período interrumpido hoy.

Afirmó que “lo que está en juego ahora” no es su mandato, sino “el respeto a las urnas, a la voluntad soberana del pueblo y la Constitución”, las “conquistas sociales de los últimos años”, la “esperanza” de los más pobres y también la enorme riqueza petrolera descubierta en aguas profundas del océano Atlántico.

Tal como ha hecho en los últimos meses, negó las acusaciones en su contra, fundamentadas en unas maniobras fiscales irregulares en que incurrió el Gobierno en 2014 y 2015, y aseguró que cuando se acusa a un gobernante sin pruebas, “en el mundo democrático se lo llama golpe”.

Insistió en que es objeto de un “proceso frágil, jurídicamente inconsistente e injusto, contra alguien que no ha cometido ningún delito” y reiteró que “no existe injusticia más devastadora que condenar a un inocente”.

“Tengo orgullo de ser la primera mujer electa presidenta de Brasil” y “lucharé con todos los instrumentos legales para ejercer mi mandado hasta el fin, indicó Rousseff, quien dijo que “el destino siempre” le reservó duros desafíos.

Citó “el dolor invisible de la tortura” que sufrió en su juventud en las cárceles de la dictadura, y el dolor de un cáncer que le fue detectado en 2009.

“Conseguí vencerlos siempre, pero ahora sufro el dolor de la injusticia y lo que mas duele es la injusticia, el percibir que soy víctima de una farsa jurídica y política” cuando “creía que ya no sería necesario volver a luchar contra un golpe”, declaró con la voz a punto de quebrarse y casi con lágrimas en los ojos.

No obstante, garantizó que “la lucha contra el golpe es larga, puede ser vencida y será vencida”, pues “se le probará al mundo que hay millones de defensores de la democracia” en Brasil.

“Nuestro pueblo sabe que la historia es hecha de lucha y que siempre vale la pena luchar por la democracia, que es el lado cierto de la historia”, declaró Rousseff, que podría recuperar el cargo si fuera absuelta en el proceso que enfrentará en el Senado.

Se dirige a simpatizantes

Después de ofrecer su discurso en el Planalto, Rousseff salió a la rampa del edificio y repitió su discurso ante unos decenas de cientos de simpatizantes de movimientos sociales, indígenas, homosexuales y representantes de minorías que agitaban globos rojos, la alentaban al grito de “¡Resistiremos!”  y coreaban “¡Fuera Temer!”. El expresidente Luiz Inacio Lula da Silva, su padrino político, estaba a su lado.

“Dilma, guerrera de la patria brasileña” , coreaban los militantes del oficialista Partido de los Trabajadores  (PT) y de movimientos sociales que apoyaban su Gobierno que se concentraron frente a la Presidencia y a los que Rousseff se unió.

La mandataria evitó abandonar el Palacio por la rampa por la que generalmente salen los presidentes que entregan el cargo para dejar claro, como lo dijo en un pronunciamiento previo, que seguirá luchando por volver a la jefatura del Estado.