¿Qué es la licencia ambiental en Guatemala? requisitos, sanciones y quienes están obligados a tramitarla

La licencia ambiental en Guatemala busca reducir impactos ecológicos. Aunque ya no hay plazo fijo, proyectos sin autorización pueden enfrentar multas de hasta diez salarios mínimos, según las reformas aprobados por los congresistas el 30 de septiembre.

Glenda Burrión

1 de octubre de 2025 | 17:44h

Compartir en Facebook

Compartir en X

Compartir en LinkedIn

Compartir en Whatsapp

Copiar enlace

Guardar artículo

El trámite de la licencia ambiental en Guatemala sigue siendo obligatorio para proyectos, obras e industrias; omitirlo puede derivar en sanciones económicas de hasta Q100 mil (Foto, Prensa Libre: ShutterStock)

La licencia ambiental en Guatemala es un instrumento legal que busca garantizar que todo proyecto, obra, industria o actividad minimice su impacto en el entorno natural.

Aunque desde 1986 la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente exige este requisito, el debate sobre su obligatoriedad se intensificó en el 2016, cuando se aprobó el reglamento respectivo, Acuerdo Gubernativo 137-2016, y se establecieron plazos para que las empresas se regularizaran.

Tras dos prórrogas, la última fecha límite estaba fijada para el 27 de septiembre del 2025. No obstante, el 9 de septiembre el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) anunció en sus redes sociales que dicho plazo quedaba sin efecto, dejando a discreción de cada interesado el inicio del trámite.

LECTURAS RELACIONADAS

Guía completa para tramitar la licencia ambiental en Guatemala

Sin embargo, el anuncio generó dudas entre la población, por citar algunos: ¿qué implica realmente este cambio? ¿Sigue siendo obligatoria la licencia ambiental en Guatemala? ¿Existen multas o sanciones por no tramitarla? Y, ¿qué instituciones y actividades están obligadas a cumplir con este requisito?

¿Ya no es obligatoria la licencia ambiental en Guatemala?

De acuerdo con José Rodrigo Rodas, viceministro del MARN, la licencia sigue siendo un requisito legal:

Lo que cambió es que ya no habrá multas automáticas de Q5 mil por no haber iniciado el proceso antes de septiembre de 2025. Ahora, el trámite se podrá hacer de manera voluntaria, aunque la normativa sigue vigente.

¿Por qué se eliminó la fecha límite para la licencia ambiental?

Según explicó José Rodrigo Rodas, viceministro del MARN, la práctica de otorgar prórrogas a quienes incumplen genera desventaja frente a las personas y empresas que sí cumplen con la normativa ambiental. Esto, además, transmite la idea de que los infractores no enfrentan sanciones reales.

Multas y sanciones por no cumplir

Con la cancelación del plazo fijado para el 27 de septiembre del 2025, también quedó sin efecto la multa de Q5 mil establecida en el Acuerdo Gubernativo 148-2024 para las empresas que no hubieran iniciado el trámite de la licencia ambiental en Guatemala hasta esa fecha.

LECTURAS RELACIONADAS

Guatemala tiene cuatro de los 10 puntos con más contaminación del aire en Latinoamérica

Esto significa que la licencia ambiental continúa siendo obligatoria y que los proyectos que operen sin ella pueden enfrentar sanciones.

¿Quiénes están obligados a tramitar la licencia ambiental?

Según el Decreto 68-86, deben tramitar la licencia ambiental en Guatemala los siguientes sectores:

• Proyectos de construcción: centros comerciales, urbanizaciones, edificios de vivienda.

• Industria manufacturera: fábricas, plantas de producción y agroindustrias.

• Minería y explotación de recursos naturales: canteras, minas, extracción de petróleo y gas.

• Agricultura y ganadería intensiva: explotaciones a gran escala.

• Proyectos de infraestructura: carreteras, puentes, sistemas de alcantarillado, redes eléctricas.

• Hoteles y desarrollos turísticos, especialmente en áreas ecológicas sensibles.

• Pesca y acuicultura: granjas piscícolas y proyectos de gran escala.

• Comercios con desechos peligrosos: talleres mecánicos, gasolineras, plantas de tratamiento de aguas residuales.

• Centros de salud: hospitales, clínicas y consultorios que generan desechos biomédicos.

• Industria de energía: hidroeléctricas, plantas solares y eólicas.

LECTURAS RELACIONADAS

Lago de Atitlán: inspección del Ministerio de Ambiente revela contaminación y anuncia sanciones

Reformas recientes a la Ley Ambiental

El 30 de septiembre del 2025, el Congreso aprobó con 83 votos reformas al decreto ambiental mediante la iniciativa 5698. Estas modificaciones:

• Mantienen la obligatoriedad de los estudios de impacto ambiental para proyectos industriales y comerciales.
• Iglesias, cultos y asociaciones religiosas: están exentas de presentar el instrumento ambiental correspondiente.
• Instituciones del Estado: están exentas de presentar el instrumento ambiental correspondiente.

• Se eliminó la responsabilidad de los funcionarios públicos para exigir instrumentos ambientales.

• Se reafirmaron las sanciones económicas para los particulares que incumplan con la normativa, aunque con una reducción en los montos. Las multas ahora oscilarán entre dos y diez salarios mínimos, mientras que anteriormente se establecían entre Q5 mil y Q100 mil.

En síntesis, cualquier empresa, institución o persona que desarrolle proyectos de construcción, infraestructura, industria, energía o actividades agrícolas intensivas debe tramitar su licencia ambiental ante el MARN para evitar sanciones y, sobre todo, contribuir a la protección del medio ambiente.

Nota actualizada el 2 de octubre a las 10:31 horas.

Plan para el cierre controlado del vertedero de Amsa tomará otros 24 meses, según autoridades

El cierre del vertedero del kilómetro 22, ruta al Pacífico, a cargo de Amsa, se prolongará otros dos años.

Raúl Barreno Castillo y Andrea Domínguez

12 de abril de 2024 | 05:00h

Compartir en Facebook

Compartir en X

Compartir en LinkedIn

Compartir en Whatsapp

Copiar enlace

Guardar artículo

Durante cinco días un incendio en el vertedero del kilómetro 22, ruta al Pacífico, a cargo de Amsa, afectó a la región metropolitana de Guatemala y otras localidades centrales. Las autoridades tienen un plazo de 24 meses para cerrar ese botadero. (Foto Prensa Libre: Carlos Hernández Ovalle).

No es la primera vez que se habla del cierre controlado y escalonado del vertedero del kilómetro 22, ruta al Pacífico, a cargo de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán (Amsa).

La primera vez que se habló de ello, se debió cerrar en el 2012, porque ya había llegado a su tiempo de vida útil. En el Congreso, de igual manera, ha sido motivo de discusión, pero no se ha llegado a los acuerdos necesarios.

Las autoridades, desde entonces, han aplazado el cierre en más de una decena de ocasiones.

Un incendio en febrero del 2021 y el más reciente en abril de 2024, ha hecho que voces expertas urjan por que se cierre lo antes posible. Quien ya se pronunció en este sentido es la Cámara Guatemalteca de la Construcción.

LECTURAS RELACIONADAS

Congreso imprueba estado de Calamidad decretado por incendios forestales

Recolectores de vertedero de AMSA cuentan cómo les afecta el incendio

Sin embargo, el nuevo plan de cierre controlado y escalonado del vertedero del kilómetro 22 lo calculan terminar en el 2026. Amsa ha propuesto acciones inmediatas para que esto ocurra.

El presupuesto de Amsa es de Q33.9 millones, según su departamento de comunicación. Al vertedero le destinan unos Q3 millones.

Alternativas de solución

César Massella, asesor de residuos sólidos de Amsa, explicó que a partir de ahora harán una expansión vertical del vertedero durante los siguientes 24 meses. “En forma horizontal ya no es posible hacerlo”, explica.

De acuerdo con las autoridades el vertedero consolida unos 5.2 millones de toneladas de basura en las cinco plataformas que están distribuidas en las siete hectáreas del complejo.

La primera alternativa de solución inmediata es arrendar maquinaria pesada para todo el año, practicar estudios topográficos secuenciales relacionados con la operación y el diseño y analizar el tiempo de vida del vertedero.

También deben desarrollarse estudios de soporte para el respaldo de las operaciones y el cierre técnico escalonado.

Seguido de esto, continuar con la socialización con las municipalidades que lo usan (un total de 33), con autoridades de ambiente y salud, recolectores y sociedad civil en general. Para todo esto se plantean el uso de un presupuesto de Q12 millones.

Otra alternativa de solución es que “cada municipio debe resolver su manejo y disposición de residuos sólidos; se debe agrupar municipios para que se desarrollen plantas de separación y rellenos sanitarios”, por ejemplo.

Además, cada municipio, o agrupados de acuerdo con regiones, debe “perfilar alternativas de solución al manejo de disposición final de los residuos sólidos”.

También se deben diseñar, construir y operar sus proyectos de ingeniería para mitigar los impactos negativos. Es decir, debe edificar plantas de segregación y rellenos sanitarios. Para eso el presupuesto que requieren es de Q50 mil a Q150 mil, según la proyección.

Villa Nueva, el que más lo usa

Unas mil 200 toneladas de basura ingresan a diario en el vertedero administrado por Amsa.

La mayor parte de esos desechos las produce Villa Nueva. El alcalde local, Mynor Morales Zurita, lo admite, y asegura que, mientras han controlado al 100 por ciento el incendio, y liquidado al 90%, les han dado acompañamiento a las autoridades de Amsa para definir el futuro de ese vertedero.

Villa Nueva, según los registros oficiales de Amsa, traslada al mes al vertedero del kilómetro 22 más de 12 mil toneladas de desechos sólidos.

Morales Zurita lo admite, y asegura que son la comuna que usa ese botadero en más del 50 por ciento. El exalcalde de Villa Nueva, Javier Gramajo, en su oportunidad, dijo que que el municipio ya contaba con un terreno de 17 manzanas ubicado en el kilómetro 25 de la ruta al Pacífico y valorado en Q15 millones.

Calidad del aire es “peligrosa” por incendio en vertedero de Amsa.

Lea más aquí: https://t.co/5UBJjf4mXf pic.twitter.com/cANKh2sUEC

— Prensa Libre (@prensa_libre) April 11, 2024

Morales explicó que desconocía al respecto, pero comentó que sí está en sus planes la construcción de un vertedero para el municipio. Dijo no tener un presupuesto definido, pero trabajan en ello.

“Tenemos la planificación para tener nuestro propio vertedero. Queremos adquirir un terreno cerca del vertedero de Amsa, en la parte alta, y la idea es hacer uno con estándares internacionales, con plantas separadoras, incineradoras, así como lo han hecho países vecinos como México, Costa Rica o Colombia”, manifestó Morales Zurita.

El edil comentó que mientras ocurría esta emergencia, utilizaron el basurero de la zona 3 de la Ciudad de Guatemala. Y confirmó que mientras no se habilite un nuevo vertedero, al estar ya habilitado el de Amsa, volverán a llevar sus residuos a ese lugar.

Por qué el vertedero de Amsa es un problema de 33 municipalidades y 26 mil toneladas de basura

El incendio que ocurre en el vertedero de Amsa, en el kilómetro 22 de la ruta al Pacífico, vuelve a poner en el debate la creación de un nuevo espacio para depositar los desechos sólidos.

Raúl Barreno Castillo

9 de abril de 2024 | 05:00h

Compartir en Facebook

Compartir en X

Compartir en LinkedIn

Compartir en Whatsapp

Copiar enlace

Guardar artículo

Esta es una foto con el dron de Prensa Libre y muestra las dimensiones del incendio que ocurre en el vertedero del kilómetro 22, ruta al Pacífico, y que está a cargo de Amsa. (Foto Prensa Libre: Carlos Hernández Ovalle).

El vertedero ubicado en el kilómetro 22 de la ruta al Pacífico está a cargo de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán (AMSA) llegó a su fin. El 4 de abril se venció la licencia de funcionamiento.

A partir de ahora se debería cerrar escalonadamente, algo que se ha intentado hacer desde hace más de 10 años, y en 2019 fue ya razón de ordenanzas presidenciales y ministeriales que nunca se han ejecutado en su totalidad.  

Un incendio que ocurre desde el sábado 6 de abril pasado, y que dos días después ya está al 50 por ciento controlado, ha vuelto a poner en el debate sobre qué se debe hacer con el tratamiento de la basura en el área metropolitana del departamento de Guatemala.

Al vertedero de Amsa, que nació en los inicios de 2000, llegaban en principio los desechos del municipio de Villa Nueva, quien según el último registro oficial es quien más lo usa.

LECTURAS RELACIONADAS

Incendio en vertedero de AMSA está controlado 50% y suspensión de clases podría mantenerse

Estos son los riegos de respirar aire contaminado por el incendio en AMSA

De las más de 26 mil toneladas al mes que se trasladan al botadero del kilómetro 22, el 40.14 por ciento es de la comuna villanovana. Es decir, unas 12 mil toneladas corresponden a Villa Nueva.

La segunda comuna que dispone su basura en este vertedero es la de Amatitlán, con el 19.41 por ciento y le siguen la de San Miguel Petapa con el 9.88% y Villa Canales con el 6.71. La municipalidad de la Ciudad de Guatemala cierra ese top cinco con el 4.25 % de uso.

En total son 33 municipalidades las que disponen su basura en el lugar. De estas la de Palín, Escuintla, alcanza el 5.36 % del total y San Lucas, Sacatepéquez, el 3.87%.

Incendios

En febrero de 2021 ocurrió uno parecido y encendió las alarmas para las autoridades que administran este espacio y las municipalidades que integran la Mancomunidad del Sur.

Sin embargo, desde el fin de semana recién pasado, el 6 de abril de 2024, volvió a ocurrir un incidente, quizás, de mayor envergadura.

Las dimensiones alarmantes del incendio hacen que hasta este lunes 8 de abril se siga intentando combatir las llamas. Y la situación vuelve a girar en torno al cierre y traslado a otro lugar.

Este vertedero tenía como fecha final para su cierre el 4 de abril. Todo esto tras un largo período de discusiones que alcanzaron a entidades del Organismo Ejecutivo y al mismo Legislativo que se planteó necesidades que revelaron los alcaldes agrupados en la Mancomunidad del Sur.

De hecho, la anterior administración de Villa Nueva, aseguró que tenían un terreno ideal para trasladar el botadero municipal, pero nunca se concretó. Se intentó conocer la versión del nuevo alcalde, Minor Morales Zurita, pero su equipo de comunicación no confirmó poderle entrevistar.

Obligado cierre

Edwin Castellanos, investigador del Centro de Estudios Ambientales y de Biodiversidad (CEAB) de la Universidad del Valle de Guatemala (UVG) recuerda que hace 20 años llegaba con sus alumnos a este vertedero, porque es el “que mejor se ha manejado y es el que más se parecía a un relleno sanitario”.

Pero en la actualidad, analiza, “se debió cerrar desde hace mucho tiempo. Se debió buscar otro lugar para abrir otro vertedero”. 

Según Castellanos “el basurero se rebalsó, se nota en el incendio, se logra mirar la basura en una montaña sobre el nivel de la carretera”.

El primer problema que ve es que no se cerró a tiempo y el segundo: “El manejo de la basura ya no fue el adecuado. Tampoco se han controlado los lixiviados, que son sustancias líquidas que circulan entre los residuos que se encuentran principalmente en el vertedero”.

El inconveniente es que se dejó de hacer. “La basura debe enterrarse, se le debe colocar una capa de tierra encima. Así funciona un relleno sanitario, con sus celdas separadas. Esto evitaría lo que ocurre ahora mismo”, expresa.

“Otro tema importante es controlar los gases que la basura produce. Por ejemplo, el gas metano, que es inflamable, y provoca incendios”, según Castellanos.

El especialista asegura que en un relleno sanitario bien manejado “se debe introducir tuberías para ese gas salga a la superficie”.

Al final, puntualiza, hay dos opciones. O se quema o se colecta para que usarlo. “Se puede colectar como gas para cocinar en un conjunto de viviendas cuando se coloca la tubería”.

En los últimos años, recuerda, no se hizo. Antes sí lo tenía. “La basura al descomponerse genera calor y gas inflamable. Y eso desata los incendios”, expone.

LECTURAS RELACIONADAS

Incendio AMSA: qué tipo de gases tóxicos emanan del vertedero y qué daños causan

En general, dice Castellanos, cualquier basurero que no se maneja adecuadamente se incendia. “En 2021 pasó en el de Amsa, y hace unos cinco años en el de la zona 3 de la Ciudad de Guatemala”, refiere.  

Otro problema, que tampoco se han tratado los lixiviados, y eso provoca contaminación en el medio ambiente.

“El problema siempre ha sido que se habla del tema cuando ocurre un incendio. Pasa la emergencia, y luego se olvida todo. Eso no puede pasar más”, puntualiza Castellanos.

Acciones

Por ahora las tareas de los cuerpos de bomberos serán cruciales, pero también que el gas metano se termine, manifiesta Castellanos.

Una vez controlado el incendio, comenta, será cerrarlo lo antes posible para trasladarlo a otro lugar, añade el investigador del CEAB de la UVG.

“En lo que se cierra o traslada”, explica, “se debe poner tubería que salga a la superficie y no se quede en el fondo. Lo difícil es cuando coloque la basura”.

LECTURAS RELACIONADAS

Mineduc y USAC suspenden clases en Guatemala y Sacatepéquez por incendio en vertedero de AMSA

La decadencia

El vertedero del kilómetro 22 comenzó a tener problemas, según Castellanos, en el 2015, con el gobierno de transición. “Hubo problemas de presupuesto ni maquinaria. Ahora no se ha invertido lo suficiente, no se ha manejado adecuadamente la basura”, expone.

El buen manejo de la basura asegura el experto, requiere de inversión y dinero. “Lo que pagamos para que recolecten la basura no es suficiente. Uno debe pagar más. Lo que uno paga es lo que cuesta el camión que la traslada, pero no el tratamiento”.

“En otros países, se incluye en el precio el transporte y el tratamiento de los desechos para pagar la maquinaria y a los trabajadores.

Gente capacitada

Para el exministro de Ambiente, Sidney Samuels, los problemas del vertedero son por la calidad de personas que se han contratado para manejarlo.

“No se le ha dado la atención para resolver estos problemas. Se ha contratado a personas que no saben del asunto y eso complica todo”, expone Samuels.

“Hay que poner a personas que tengan la capacidad para manejar este tipo de proyectos”, resalta.

El exfuncionario asegura que se le debe prestar mucha atención al vertedero de Villa Nueva, trasladarlo lo antes posible a otro espacio.

El problema ambiental que genera el vertedero de Amsa es grande, y se debe atender de la forma más efectiva, y en el tiempo más reducido. “Mientras tanto muchos afluentes siguen corriendo serias amenazas”, resalta.

Esta situación no es un hecho aislado, ya que el ruido siempre ha sido un problema ambiental importante, según la Organización Mundial de la Salud, OMS.
La otorrinolaringóloga Vivian Izaguirre explica que para dormir bien tendrían que haber a lo sumo de 30 a 40 decibeles (dB). “El ruido causa muchos problemas de salud. Si me despierta un ruido, volver a dormir es más difícil, y si ocurre todo el tiempo, son ruidos menores que estimulan el cerebro y no lo dejan descansar”.

El ruido ambiental se asocia a diferentes padecimientos físicos y emocionales.

La exposición a altos niveles de ruido ocupacional se ha vinculado al desarrollo de neurosis, pero los resultados de la relación entre ruido ambiental y efectos sobre la salud mental todavía no son concluyentes, señala la Organización Mundial de la Salud (OMS).

No obstante, los estudios sobre el uso de medicamentos, como tranquilizantes y pastillas para dormir, síntomas neurológicos y tasas de internamientos en hospitales psiquiátricos sugieren que el ruido urbano puede tener efectos sobre la salud.

Las vías de Guatemala

Ambiente, S. A., hizo un breve monitoreo del ruido para Prensa Libre. Se evaluaron vías principales como la carretera a El Salvador, la calle Martí, la calzada Roosevelt y las avenidas Petapa e Hincapié.

Podría interesarle: Cómo evitar el ruido exterior y qué tipo de audífonos utilizar

El monitoreo duró pocos minutos, en distintos horarios, y se determinó parte de lo que sucede en estas calles.

El estudio revela que antes de despuntar el alba, cuando el tráfico es menos denso, el ruido es similar al monitoreado en las horas pico de la mañana y la tarde. El nivel alto de ruido durante la madrugada se debe a picos por circulación de camiones y motocicletas.

Es importante destacar una excepción en la calle Martí, pues en la madrugada el ruido ambiental es más elevado, debido a un mayor tránsito de vehículos pesados. Álvarez comenta: “No veo solución a esto, por ser una zona en la que circula transporte pesado y urbano. Solo si llegaran a entrar por otras vías podríamos descansar más”.

Cargando

Sin embargo, en todas las mediciones los niveles de ruido superan las recomendaciones establecidas por la OMS en 1999. Estos límites son de 70 dB para tiempo de exposición de 24 horas, como se muestra en la infografía. Sin embargo, no causan daños auditivos, por no superar el límite de 85 dB para el tiempo de exposición de ocho horas.

Lea más: Cómo el ruido en tu casa o en la oficina afecta tu estado de ánimo

Los resultados de las mediciones muestran que por la madrugada los niveles de ruido oscilan entre 72 y 83 dB, mientras que en la mañana y tarde, entre 81 y 84 dB.
Es preciso destacar que el ruido ambiental generado proviene del tráfico vehicular y de otros factores asociados, como el roce de las llantas con el pavimento, las condiciones de la vía, el uso de bocinas y los ruidos generados por las personas en las paradas de autobús, entre otros.

El estudio muestra que las calles con alta afluencia vehicular son fuente de generación de ruido continuo, por lo que las viviendas que colindan con vías transitadas podrían estar expuestas a ello.

“Si bien es cierto que existen atenuaciones, dependerá del tipo de material y robustez de la construcción de las casas, así como del nivel de aislamiento con que cuenten, dice Krista Bocanegra, gerente comercial e higienista ocupacional de la empresa.
Por su parte, Sofía Cap, coordinadora de Operaciones de la firma, hace ver que este monitoreo muestra el impacto del ruido vehicular y no tanto el de la industria o comercios cercanos, como se esperaba.

Los expertos de Ambiente, S. A., apuntan que se sugiere llevar a cabo la medición en cada uno de los puntos monitoreados por un lapso de 24 horas, porque esto podría proporcionar una medición más exacta de los niveles de ruido en diferentes condiciones y momentos del día.

Acciones para mitigar

Ana Lucía Alfaro dirige el primer Laboratorio de Análisis y Calidad Atmosférica y Audial del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn), el cual estará a cargo de vigilar la calidad del aire y el ruido ambiental.

La unidad funciona desde el 2021, con base en el acuerdo 73-2021, por la necesidad de examinar el problema e implementar una red de monitoreo del ruido para detectar puntos con los decibeles más bajos y más altos, y elaborar un mapeo.

Esto dará pie para formular una futura regulación viable dirigida a mermar el impacto en la población. Ya se compró el primer equipo y en breve se determinará un punto de monitoreo. Se espera que en el 2024 se cuente con más insumos para medir otros lugares.

“Estos impactos son silenciosos, el oído se acostumbra al ruido, pero vienen daños a largo plazo. En el aire es igual, hay daños a la salud”, afirma Alfaro.
Hasta el momento no hay una regulación específica para el ruido, excepto la del sector laboral emitida por el Ministerio de Trabajo.

“Estos mapas futuros nos servirán, porque cuando hacemos mediciones por denuncias por ruido conoceremos el rango en que se mantienen los decibeles”, puntualiza Josué Gordillo, inspector ambiental de la cartera.

La Fiscalía de Delitos contra el Ambiente, del Ministerio Público (MP), recibe las denuncias y estas se envían al Marn para su monitoreo. Por lo general, son por el ruido en discotecas, centros religiosos y actividades industriales.

Gordillo explica que cuando la solicitud llega al Marn se coloca el sonómetro en la vivienda del denunciante y luego se envían los resultados al MP. En promedio, se reciben unas tres denuncias mensuales, casi 40 al año.

Cargando

En la Unidad de Medio Ambiente de la Municipalidad de Guatemala también se regula lo relacionado con el sonido causado por cualquier tipo de actividad que incomode a los vecinos.

En un artículo publicado en Prensa Libre en el 2022 se indicó que esa unidad recibe alrededor de 400 denuncias al año, relacionadas con la contaminación, de las cuales el 60 por ciento se refiere al ruido; en su mayoría el que proviene de sistemas de audio utilizados en actividades sociales y comerciales. El 90 por ciento de quejas hacen referencia a iglesias evangélicas.

Alfaro hace énfasis en que “Guatemala no cuenta con un plan de ordenamiento territorial, por lo que el sector industrial, comercial y habitacional se distribuye en forma aleatoria. No existe una separación entre zonas residenciales para descansar y convivir, y las industriales, que generan ruido de forma constante y hace que no merme en diferentes áreas”.

“Como guatemaltecos necesitamos ser conscientes del ruido que generamos, como el de las bocinas de los vehículos, cuando se utilizan de forma innecesaria, los escapes sin silenciador y la música a alto volumen”, manifiesta Alfaro, al añadir que “a veces generamos ruido, pero no sabemos que afectamos a otros”.

En todos los casos, el ruido se debe reducir al nivel más bajo posible en una situación dada. Si la salud pública está en riesgo, se deben tomar medidas de protección incluso si no hubiera evidencia científica completa, agregan las Guías de la OMS.

Álvarez comparte que no añora dormir en su casa en la calle Martí porque recuerda que allí cada día era una tortura, por el ruido constante, y pasaba el día cansado.
Por ello cambió de residencia hace dos años y ahora, en su nueva casa, en Sacatepéquez, duerme mejor, alejado de esa calle principal.

Sin embargo, el resto de su familia y su madre, María Esperanza José, de 86 años, siguen viviendo en la zona 6. Todos padecen de insomnio y la señora necesita tomar pastillas para dormir.

Aunque lo anterior está escrito en el papel y debería cumplirse, son muy pocas las comunas que se han preocupado por el tema y eso se refleja en pocas plantas de tratamiento y de las que ya existen, no todas se utilizan. Según Luis Rodolfo Castro, viceministro del Agua, del Ministerio Ambiente y Recursos Naturales (Marn), en el país existen unas 650 plantas de tratamiento de aguas residuales bajo control municipal, y de las cuales 240 no funcionan.

En cuanto a las plantas privadas, no se tiene un recuento total, aunque los constructores de edificios, industrias, comercios y complejos residenciales están obligados a construirlas; de lo contrario no se autorizan sus proyectos. Sin embargo, tampoco hay garantía de que las aguas que salen de dichas estructuras, privadas o municipales, cumplan con los requerimientos que ordena la legislación, o del destino final que tienen los desechos.

Se estima que solo el 5 por ciento de las aguas que se consumen en el país pasa por una planta de tratamiento y que de estas, no todas llenan los requisitos para que pueda ser utilizada para el consumo humano, expone Martín Méndez, exviceministro del Agua del Marn. “El agua es una sola. La convertimos en agua potable, la usamos y se vuelve agua residual y luego hay que convertirla en potable.

LE RECOMENDAMOS

El 90% del agua en Guatemala está contaminada y debe regularse su uso

Guatemala podría convertirse en ciudad esponja y lo podría lograr al implementar sistemas de manejo de agua de lluvia

En medio está el tratamiento. Es un problema invisible para muchos, porque el agua se usa y se va a los barrancos o quebradas, donde ya no se ve el resultado. Son las comunidades río abajo las que sufren con el agua contaminada”, afirma Hernán Ruiz, de la Asociación Guatemalteca de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (Agisa). Uno de los principales problemas que los científicos encuentran en esta situación es la postergación constante del reglamento de las descargas y reúso de aguas residuales y de la disposición de lodos, decreto gubernativo 236-2006 emitido en la gestión de Oscar Berger.

Se esperaba que en mayo del 2024 la mayoría de las aguas residuales tuvieran un contenido bajo de contaminación debido a que las comunas tendrían que instalar plantas de tratamiento, pero eso no ha sucedido. De hecho, las municipalidades volvieron a solicitar una moratoria para cumplir con lo que manda el acuerdo e instalar plantas de tratamiento. Ahora tienen hasta el 2034 para ello. El objetivo del reglamento es establecer los criterios y requisitos para la descarga y reúso de aguas residuales, proteger los cuerpos receptores de agua de los impactos que resultan de la actividad humana y recuperarlos.

Uno de los principales problemas que los científicos encuentran en esta situación es la postergación constante del reglamento de las descargas y reúso de aguas residuales y de la disposición de lodos, decreto gubernativo 236-2006 emitido en la gestión de Oscar Berger. Se esperaba que en mayo del 2024 la mayoría de las aguas residuales tuvieran un contenido bajo de contaminación debido a que las comunas tendrían que instalar plantas de tratamiento, pero eso no ha sucedido.

De hecho, las municipalidades volvieron a solicitar una moratoria para cumplir con lo que manda el acuerdo e instalar plantas de tratamiento. Ahora tienen hasta el 2034 para ello. El objetivo del reglamento es establecer los criterios y requisitos para la descarga y reúso de aguas residuales, proteger los cuerpos receptores de agua de los impactos que resultan de la actividad humana y recuperarlos.

El Viceministerio del Agua del Marn es el ente encargado de velar porque ese reglamento se cumpla, pero el Castro dice que solo tiene nueve personas para atender los requerimientos, aunque con el tiempo se espera que pueda recibir más recursos, tanto humanos como tecnológicos. “Hay varios obstáculos para el tratamiento de aguas negras. Por ejemplo, cumplir con los parámetros requiere etapas, aunque algunas entidades, al construir una fosa séptica o un tanque biodigestor, creen que ya cumplieron con el reglamento. No obstante, para ello se necesita una construcción para limpiar el agua, que dará tratamiento preliminar, tratamiento primario, secundario y terciario. Además, una unidad de desinfección para cumplir con el parámetro de limpiar de bacterias fecales las aguas, que contempla el reglamento”, expresa el funcionario.  El reglamento exige a los generadores de aguas especiales —empresas— el tratamiento de sus aguas, pues van cargadas de contaminación.

Algunas agroindustrias descargan agua miel, cuya composición llega a una descarga bioquímica de oxigeno (DBO) de 20 mil o 40 mil mg por litro. Entre más alto sea el DBO, menos oxígeno habrá para organismos acuáticos, lo que llevará a la degradación del ecosistema. El reglamento exige devolver el agua con un DBO de 200 mg por litro.

El agua ordinaria que se genera en una casa, un edificio o un condominio alcanza un DBO de 400 o 500 mg por litro, por lo que bajar de 400 a 200 requiere un 50 por ciento de eficiencia en la planta de tratamiento, pero a 40 mil necesita un 98 por ciento de remoción.  En estos casos, las tecnologías que se necesitan se vuelven más costosas, pues deben utilizar energía extra para cumplir con su labor, explica Castro.

El problema de la salud

El costo de no tener agua limpia va más allá de la construcción de las plantas de tratamiento, pues uno de los contaminantes más comunes son las heces fecales. Esto se refleja en la salud humana, pues muchas personas consumen agua contaminada que llega a sus comunidades a través de los ríos, que es la principal fuente de agua en el interior del país.

“Los niños se enferman por el consumo de agua contaminada, la madre los llevan al centro de salud y ahí les dan la atención que se puede. El niño regresa a su casa, pero a los tres meses se vuelve a enfermar y así se repite el círculo; en promedio, cuatro veces al año”, puntualiza Martín Méndez, exvicepresidente de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental y exviceministro del Agua, del Marn.

El problema también afecta la vida productiva, pues los adultos que se enferman, en especial los trabajadores, pierden días de trabajo y ven disminuidos sus ingresos.  El caso es distinto en el departamento de Guatemala, donde la mitad del agua que se consume se obtiene de pozos subterráneos en los que aún se encuentra agua limpia, pero también se ha observado que algunas empiezan a presentar contaminación debido a la infiltración natural de aguas residuales.

“Hicimos un estudio del río Villalobos, se monitorearon las aguas de un pozo que había más abajo, y encontramos que la composición del agua era la misma que la del río, uno de los más contaminados.  El agua se infiltra a la tierra, va contaminada y está llegando a los mantos acuíferos. Aunque solo fue un pozo, se puede decir que muchos pozos alrededor de este río están contaminados”. refiere María José Iturbide, directora ejecutiva de la FuncAgua, un fondo privado para la conservación del agua.

La ejecutiva agrega que otro caso es el del relleno sanitario de la zona 3 capitalina, donde los líquidos provenientes de los desechos o lixiviados están llegado a los mantos acuíferos subterráneos y los contaminan. sin ley específica
Aunque existen leyes y reglamentos para la regulación del uso de los recursos naturales, no hay en Guatemala una ley específica sobre el agua, lo que le sitúa entre los pocos del continente que carecen de ella y el único país en Centroamérica, pese a que fue el primero en el istmo en comenzar a regular el cuidado del medioambiente, pues tiene una base constitucional en la Carta Magna de 1985.

El artículo 97 de la Constitución establece que “el Estado, las municipalidades y los habitantes del territorio nacional están obligados a propiciar el desarrollo (…) que prevenga la contaminación del ambiente y mantenga el equilibrio ecológico. Se dictarán todas las normas necesarias para garantizar que la utilización y el aprovechamiento (…) del agua se realicen racionalmente, evitando su depredación”.

Un año después surgió la ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, decreto 68-86, que indica en su artículo 15: “El Gobierno velará por el mantenimiento de la cantidad del agua para el uso humano y otras actividades cuyo empleo sea indispensable, por lo que emitirá las disposiciones que sean necesarias y los reglamentos correspondientes”. Estas leyes sirvieron de marco, pero quedaron a la espera de una ley de Aguas que no se ha emitido por distintas razones.

Una de ellas, el número de grupos de interés que se ven afectados o se benefician con el uso del agua.  Además, Renato Morales, titular de la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente, hace ver que Guatemala es un país pionero a nivel regional en cuanto a la creación de juzgados específicos para resolver casos sobre el tema, aunque han sido pocos, pues se cuenta con uno en ciudad de Guatemala, otro en Petén y otro en Zacapa.

“Existía uno en Izabal, pero el Organismo Judicial ordenó que se cerrara”, remarcó Morales. En busca de solución
De acuerdo con Castro, se reciben cada año 200 denuncias de contaminación que son atendidas en conjunto con la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente del Ministerio Público (MP), que es la entidad encargada de investigar si se está cometiendo un acto de contaminación.

Al recibir la denuncia, el MP efectúa un examen de las aguas en la escena del crimen ambiental en la que se toman muestras que son enviadas al laboratorio del Marn, el cual determina que cumpla con los parámetros contemplados en el reglamento 236-2006. A su vez, la cartera envía los resultados a la fiscalía, que los presenta ante un juez competente, quien determina si hay contaminación o no del agua.

La Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente establece que quien contamine o envenene el agua de uso común será sancionado con una pena de dos a ocho años de cárcel, pero si recurren a un procedimiento abreviado pueden optar por un resarcimiento que depende del grado de impacto que se tuvo en la descarga. En ese caso el juzgador establece el resarcimiento, que puede llegar a una multa de varios millones de quetzales.

“A diferencia de otras fiscalías, lo que buscamos es que quien comete la violación de la ley repare el daño ocasionado y pague por él, pues esa es la oportunidad que da la naturaleza. La suma que el acusado debe pagar es determinada por el departamento de Economía Ambiental, del Viceministerio de Ambiente”, expone Morales.

Añade que si no se lleva a cabo el procedimiento abreviado y el acusado enfrenta juicio, existen en el Código Penal sentencias de varios años de cárcel, además de que la Procuraduría General de la Nación inicia un proceso de resarcimiento digno que puede llegar a varios millones de quetzales en la sentencia, para limpiar lo que se ha deteriorado.

Un plazo que se corre

El reglamento para el tratamiento de aguas residuales creado en el 2006 cuenta con dos distintivos, uno que se aplica a los entes generadores privados y otro para las municipalidades. Para el sector privado es de cumplimiento obligatorio desde el momento que se solicita una construcción o la implementación de una industria, plantación o cría de ganado, mientras que para las comunas el plazo de cumplimiento de los parámetros de limpieza se ha retrasado al menos dos veces; la última, en noviembre del 2022.

El reglamento consta de cuatro etapas divididas en plazos que van de los tres a los cinco años que se otorga a las municipalidades para alcanzar de manera progresiva los parámetros de limpieza en el agua residual que sale de sus comunidades hacia los receptores, que son ríos, lagos, lagunas y otros accidentes geográficos que contienen agua. Las únicas entidades que no están obligadas a cumplirlo son las viviendas unifamiliares, pues la responsabilidad es trasladada a la municipalidad local.

“En la ampliación del plazo del 2022 se acortaron las etapas de cumplimiento, pues eran cuatro fases, pero ahora serán solo tres, en las que se debe cumplir con los parámetros fijados en 2006”, manifiesta Castro, al indicar que se está pensando en un nuevo reglamento, más adecuado a la realidad guatemalteca.

El principal argumento de las municipalidades para no cumplir con el decreto gubernativo es la falta de recursos financieros para la construcción de plantas de tratamiento y su operación, por lo que cada vez que está por cumplirse el plazo solicitan una prórroga, lo que sucedió en el 2019 y 2022. “Este es un problema multifactorial. Podemos empezar con el tema municipal.

Sabemos que por un lado, los alcaldes no tienen un fortalecimiento técnico, y por otro que las inversiones de las alcaldías van dirigidas a resolver otros problemas. Les interesa hacer más obras que se miren, como campos de futbol, salones municipales, abrir caminos, pero el tema de agua y drenajes ha sido relegado”, dice Méndez, al añadir que tampoco a nivel del Organismo Ejecutivo el tratamiento del agua ha sido una prioridad, pese a su obligación constitucional de velar por la salud y la vida.
Además de la falta de financiamiento, los entrevistados opinan que hace falta capacidad para plantear proyectos de esta índole, según Méndez y Sharon Van Tuylen de la Agencia de Cooperación Alemana quien señala que las autoridades no saben cómo pedir esos fondos, pues en el gobierno anterior hubo varios millones dedicados a este tema, pero nadie los solicitó.

“En mi experiencia, he visto que algunos alcaldes se excusan en la falta de terrenos adecuados para la construcción de plantas de tratamiento, y luego ampliarlas para cumplir con los parámetros contemplados en la ley”, revela Norman Siguí, de Agisa, así como la falta de recursos para la construcción de la tubería de drenajes, en la que se unan todas las aguas residuales del municipio para llevarlas al punto donde se construya la planta.

Este es un problema de ordenamiento territorial, que eleva el costo de llevar el agua residual a un solo lugar. El costo de una planta pequeña ronda los Q4 millones, pero también implica otros Q5 mil mensuales para darle mantenimiento, limpieza diaria, pago del operador, seguridad y otros. Un ejemplo positivo lo está dando el departamento de San Marcos, donde se ha priorizado la construcción de plantas de tratamiento.

La cabecera municipal cuenta con tres de ellas, le siguen San Pedro Sacatepéquez, que se calcula que ha invertido más de Q9 millones en la construcción de alcantarillado y plantas de tratamiento, así como otros municipios que ya cuentan con estos mecanismos, como San Pablo y San José el Rodeo.

Muchos alcaldes aducen falta de recursos, pero en la actualidad hay muchas soluciones, incluso naturales, que podrían ayudar a recuperar los recursos hídricos, como la colocación de especies de plantas sobre algunas lagunas para recuperar el agua, para luego ser descargadas a los mantos hídricos, explica Ottoniel Barrios, de la empresa Estudio Arsa, Arquitectura y Soluciones Ambientales, proveedores de Cementos Progreso ambiental.

Cada uno es responsable para contribuir en la solución de este problema. Hay mucha cooperación internacional que apoya para obtener información para saber qué tipo de tratamiento o sistema es el adecuado en cada municipio, porque en cada lugar hay que implementar sistemas diferentes. Así como hay municipios que tienen 10 descargas hay otros que tienen 30, y también su composición es distinta, explica Barrios.

Urge un cambio general

Además de la construcción de las plantas de tratamiento en todo el país, se necesita un cambio en la mentalidad de la población, que se ha acostumbrado a tirar los desechos al drenaje. Por lo tanto, quien construya una planta tendrá que construir primero un retenedor de basura y luego uno de grasa, porque se sabe que lleva esos materiales.

“Necesitamos hacer un cambio de mentalidad, pensar que el agua es un patrimonio, porque al patrimonio se le cuida, se le multiplica y se le da mantenimiento. En la actualidad existe una cultura derrochadora que no paga los costos, que contamina, no recupera y sobrepaga servicios. Pareciera que es un recurso infinito, pero eso no es así. Usamos el agua y la devolvemos contaminada. En el cambio debe participar la sociedad”, afirma Ruiz.

Otra reforma necesaria es el cobro que se hace por el agua, pues hasta el momento, en la mayoría de las municipalidades se cobra solo el agua potable, pero no el tratamiento de las aguas residuales, lo cual resta a la hora de darle mantenimiento a las plantas, pero ese es un tema del que los políticos prefieren no hablar, coinciden los entrevistados.

“Debe existir un cambio en la tarifa municipal en la que se contemple el manejo de desechos sólidos y líquidos. Es muy importante, porque exigimos agua limpia las 24 horas, pero cada vez que vamos al baño, lavamos los platos, la ropa, y se va el agua sucia al alcantarillado, no pagamos para que la limpien. Si se pagara una tarifa, las municipalidades tendrían recursos para poner a trabajar las plantas y nosotros podríamos exigirles”, sostiene Iturbide.

En algún momento hay que fijar una tarifa para el tratamiento de aguas, porque el problema es que se cobra la paja de agua potable, pero luego hay que tratarla y para hacerlo se necesita de presupuesto. “Hay que crear conciencia en la población y llegar a un consenso entre las municipalidades y la sociedad civil”, exhorta Oliverio Paau, del Ministerio de Salud, encargado de verificar que el agua esté apta para el consumo humano.

El resultado actual es que las municipalidades no tienen presupuesto para tratar las aguas y eso ocasiona que abandonen las plantas, pues en su Plan Operativo Anual no contemplan los fondos para operarlas. Lo más importante de resaltar es que el rescate del recurso agua es posible, pero hay que actuar con celeridad para lograrlo. Según Naciones Unidas, para el 2050 va a haber casi 6 mil millones de personas en el mundo sin acceso a agua limpia.

Tenemos más de 100 años contaminando, pero todavía se puede limpiar, porque en los años setenta, tanto en Estados Unidos como en Europa, las aguas estaban muy contaminadas, pero elaboraron un plan para rescatarlas y comenzaron a proteger el recurso vital. Si bien tardaron 30 o 40 años en lograrlo, lo cierto es que comenzaron y lo lograron, enfatiza Daniel Mooney, de Dutch Clean Tech.

Lograr soluciones

Los entrevistados plantean que tanto en Guatemala como en el mundo hay empresas que logran obtener beneficio al extraer los desechos del agua, lo cual es una motivación, pues se generan fondos y fuentes de empleo. Al sacar los materiales sólidos se obtiene plástico, vidrio, metales y otros que pueden ser reciclados. En las plantas de tratamiento se extraen lodos que se utilizan como fertilizante, gas metano, que causa un grave daño a la atmósfera, pero al mismo tiempo es una fuente de energía. También el agua que no alcanza los parámetros requeridos se utiliza para riego de plantas ornamentales, jardines y con fines recreativos y turísticos.

Compromisos incumplidos

Con la postergación del cumplimiento de los parámetros de agua residual, del reglamento de tratamiento de aguas hasta el 2034, Guatemala se ha atrasado también en el cumplimiento de un compromiso internacional que tiene que ver con los Objetivos del Desarrollo Sostenible, planteados por la Organización de Naciones Unidas, entre los cuales está el objetivo 6, que plantea obligaciones con agua potable y saneamiento para toda la población.

Este debe cumplirse en su totalidad en el 2030. “El objetivo número 6 del desarrollo sostenible de Naciones Unidas tiene relación con otros 17 objetivos, de manera directa. Aspectos como el fin de la pobreza, la ecología, acción del clima, hambre cero, salud, educación, son compromisos adquiridos que Guatemala aún no cumple y es uno de los más atrasados, especialmente el que tiene que ver con agua potable”, afirma Norman Siguí, quien agrega que además del dinero por invertir, también estos proyectos conllevan tiempo de operación para lograr el objetivo.

Cuando el Banco Mundial financia algún proyecto, obliga al beneficiario a hacer un análisis en cantidades de dinero sobre el impacto que tiene el no contar con lo que se va a construir, tanto en positivo como en negativo, cuánto representa en el uso de camas de hospital, en gasto por no tenerlo y en ahorro al tenerlo.

“En Guatemala no llegamos a ese tipo de análisis cuando hablamos de agua potable o el tratamiento de aguas residuales. La Organización Mundial de la Salud calcula que, por cada dólar invertido en agua potable habrá un retorno de aproximadamente cinco dólares, debido a los beneficios que la población recibirá y el ahorro en aspectos de salud”, explica Hernán Ruiz.

Al hacer un análisis de la infraestructura de las escuelas, el tema se vuelve crítico, porque algunas no tienen agua ni para lavarse las manos, menos para lavar los sanitarios y en muchas lo que hay son letrinas, agrega Ruiz.

Prioridades

Es muy importante sensibilizar y educar a las autoridades municipales para que prioricen el presupuesto para el saneamiento, enseñarles con evidencia la relación que hay entre entornos saludables, municipios y gente sana, y cómo, al mejorar el entorno, también se impulsa el desarrollo económico local y muchas otras cosas, señala Sharon Van Tuylen.

Agua digna y salud tiene que ver con mejorar el medioambiente, pero también para atraer inversiones extranjeras, porque un país contaminado no será atractivo. “Las empresas hoy en día quieren todo lo que sea sostenible, todo lo que sea verde, y tratar y reusar el agua permite ese factor”, señala Daniel Mooney.

Tanto expertos en consumo como ambientalistas consideran que de ninguna manera hay que dejarlos volar libremente. Y es que los restos de los globos en la naturaleza son especialmente peligrosos para animales que los pueden confundir con alimento.

“Sobre todo los pájaros pueden morir a causa de esto. Además, hay animales que pueden resultar estrangulados con el cordel”, dice una portavoz de la organización ecologista alemana Naturschutzbund Deutschland (Nabu).

Si los restos van a parar al estómago de los animales, lo taponan y pueden llevar a que mueran de hambre, advierte la organización ambientalista germana BUND. A todo esto, se suma el hecho de que van a parar a la naturaleza microplásticos y químicos.

LE RECOMENDAMOS

Cómo organizar una fiesta sostenible

Tecnología como motor de reciclaje y mejora para el futuro del planeta

Además, en la fabricación de los globos pueden generarse las llamadas nitrosaminas, que son cancerígenas. Cuando uno infla el globo con la boca, esas sustancias pueden ir a parar al cuerpo.

Canicas en vez de globos

Pero hay ideas alternativas. Kerstin Effers, asesora de consumo, señala que los niños, por ejemplo, pueden soltar burbujas de jabón o cometas (barriletes) rumbo al cielo. O decorar ventanas con pinturas especiales. O dibujar con tiza en la calle.

Asimismo, las guirnaldas de tela, las de cartón o las que están hechas de materiales naturales como ramas y flores también son decoraciones reutilizables y una buena alternativa, según la especialista en medio ambiente y cuidado de la salud. En el caso de niños pequeños debería prestarse atención a no utilizar para ello plantas venenosas.

Si los niños quieren jugar con algo redondo, los globos se pueden sustituir, por ejemplo, por pelotas de tela o canicas.

Quien a pesar de todo no quiere renunciar a los globos de colores, podría buscar los que están hechos de caucho natural. De todas maneras, es importante saber que este material se descompone muy lentamente en la naturaleza.

También el confeti de plástico se puede reemplazar

En el caso del confeti o papel picado, los padres también deberían prestar un poco más de atención si buscan materiales amables con el medio ambiente. Según Effers, el de plástico daña al medio ambiente porque no se descompone biológicamente y por eso es mejor no usarlo.

En vez de eso, se puede recurrir a pétalos, papel picado, de verdadero papel o de papel reciclado, que son un poco más sustentables. En algunos sitios incluso ya hay papel picado compostable hecho con semillas de diferentes tipos de plantas.

Entre los argumentos presentados es que existe demasiada burocracia y procedimientos dilatorios, por lo que consideran que las posibles soluciones es que se exima de presentar estudios de impacto ambiental a las iglesias y a otros sectores económicos que no se especifican.

Expertos en temas ambientales consideran que dichas reformas representan un riesgo para el medio ambiente guatemalteco y beneficia a quienes dañan y atentan contra los recursos naturales.

Como parte de la exposición de los motivos se lee: “Se han tornado en exceso dilatorias y un obstáculo para el desarrollo de nuevas actividades profesionales, comerciales, industriales o de índole cultural” y señalan que existe un vacío legal, al no especificar en que plazo se deben hacer efectivas las multas impuestas.

LE RECOMENDAMOS

Congreso agenda discusión de iniciativas polémicas, entre ellas la que pretende crear un “superministerio” de Ambiente

Conap rechaza creación de un “súper ministerio de Ambiente” y estos son sus argumentos

La iniciativa que se identifica con el número 6055 y el pasado miércoles pasó en primer debate en el pleno del Congreso de la República; obtuvo dictamen favorable el 12 de julio de 2022 por parte de la Comisión de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales, la cual es presidida por el diputado Erick Martínez.

Entre los diputados ponentes se encuentran la presidenta del Legislativo Shirley Joanna Rivera Zaldaña, Carlos Enrique López Maldonado, Julio Cesar Longo Maldonado, Efraín Menéndez Anguiano, Marvin Estuardo Alvarado Morales y Aníbal Estuardo Rojas Espino.

Con intereses particulares

De acuerdo con el análisis de la Asociación Guatemalteca de Abogados Ambientalistas (Aguaa) las reformas tienen una intención “de hacer una ley más laxa a los intereses de particulares a costa de la colectividad y de la protección de los recursos naturales” refiere Cristofer López, director de Aguaa.

López advirtió que “hay empresas altamente contaminantes que se beneficiarían con la aprobación” de estás reformas; mientras que en un contexto internacional podría representar “un retroceso, porque los estándares internacionales cada vez son más altos en relación los costos de producción versus los daños ambientales” dijo.

El experto considera que “es un error seguir insistiendo en la aprobación de cara a los compromisos que Guatemala ha asumido en diferentes instrumentos ambientales internacionales” y subrayó que representa un riesgo para la sostenibilidad ambiental de las futuras generaciones “se insiste en empeñar el futuro de las próximas generaciones a costas de los beneficios económicos de corto plazo”.

Representa un riesgo ambiental

Entre los cambios se contempla que debe presentarse una solicitud razonada de la clausura del negocio ante la Procuraduría General de la Nación (PGN) lo que “parecería una táctica para dilatar el proceso y colocar un eslabón burocrático más” lo que puede interpretarse como una oportunidad al infractor para que el negocio no se vea impactado con un cierre de operaciones, explicó el ingeniero Marvin Romero Santizo, especialista en hidrología y docente de la Escuela Nacional Central de Agricultura.

Romero Santizo considera que con los cambios que se pretenden aplicar a la legislación representa un riesgo al medio ambiente de nuestro país “el proyecto que está causando un impacto o daño ambiental no se va poder cerrar” y refiere que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales debería de tener “un proceso ágil en defensa de los intereses del Estado de Guatemala y sus recursos naturales” dijo.

Entre las modificaciones planteadas se encuentran que no se puede modificar o demoler construcciones violatorias de disposición sobre protección y mejoras del medio ambiente, a criterio del experto “lo único que pretenden es beneficiar a la gente que destruye o contamina el medio ambiente, porque al existir infraestructura que causa un impacto ambiental negativo en su entorno debería de demolerse” indicó.

LE RECOMENDAMOS

El superministerio que buscan crear diputados para dar poder totalitario al MARN sobre los recursos del país

Oficialismo activa a alcaldes e insiste en aprobar la Ley de Contrataciones del Estado

“Dar amnistía por haber dañado a la naturaleza o impacto ambiental de graves magnitudes es dejar en la impunidad ese tipo de acciones, porque se han contaminado ríos, lagos, suelos y se han deteriorado bosques” dijo Romero Santizo con relación a la amnistía de tres años que contemplan las reformas.

El 22 de abril, fue declarado Día de la tierra por la Asamblea de las Naciones Unidas, ONU, para evidenciar que los cambios provocados por el hombre en la naturaleza, así como contaminación de la biodiversidad, la deforestación, el cambio de uso del suelo, la producción agrícola y ganadera intensiva del comercio ilegal de la vida silvestre, pueden aumentar el riesgo de pandemias a nivel global.

La iniciativa 6055 forma parte del paquete de leyes que impulso la alianza oficialista, entre las que se encontraba el Superministerio, con la que pretendían que  el Marn concentrará las funciones, jurisdicciones y presupuestos del Conap, el Inab, la Oficina de Control de Áreas de Reservas del Estado (Ocret) y las cuatro autoridades de los lagos de Atitlán, Amatitlán, Izabal-Río Dulce y Peten Itzá. Dicho proyecto de ley fue archivado en septiembre de 2022.

Los cambios

Algunos de los cambios más trascendentes de la reforma que avanza en el Congreso a la Ley de Protección Ambiental.

• Presentar una solicitud razonada de la clausura del negocio ante la PGN y el trámite debe seguirse como un procedimiento de incidentes.
• Amnistía hasta por tres años para el pago de multas impuestas a empresas que han incumplido con la obligación.
• Pretende dejar sin efecto los parámetros de contaminación que se establece el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales para cada caso especifico
• No se podrán confiscar o eliminar las materias primas, instrumentos y materiales perjudiciales al medio ambiente, tampoco se podrán destinar a subasta pública.
• No se podrá modificar o demoler construcciones violatorias de disposición sobre protección y mejoras del medio ambiente.
• Otorga la facultad al MARN para exonerar de las multas y otorgar rebajas de estás desde un 20 hasta un 80% a sanciones impuestas. La rebajada dependerá de los meses transcurridos después de haber sido sancionados.

La llegada de los miembros del ente investigador se deriva de una solicitud del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales que hicieron una inspección la mañana de este domingo 11 de octubre.

#MPinforma
Ante posible derrame de combustible en área del río Cacao, en Puerto Barrios, Izabal, MP/Fiscalía de Delitos contra el Ambiente ya realiza la inspección correspondiente. pic.twitter.com/5wvpppIrUq

— MP de Guatemala (@MPguatemala) October 11, 2020

De inmediato, se iniciaron medidas de mitigación con el Comando Naval del Caribe. Por ahora, las autoridades investigan los responsables del derrame , mientras intentan evitar que este material llegue hasta la bahía de Amatique, lugar donde desemboca el río Cacao.

No es la primera

Hace menos de dos meses, el 14 de agosto de 2020, ocurrió un problema similar. El incendio de tres camiones tipo cisterna en una gasolinera en Santo Tomás de Castilla provocó un derrame de combustible. En aquel momento, el Ejército de Guatemala activó el Plan de Contingencia de Derrame de Hidrocarburos, colocando barreras de contención.

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales #MARN atiende desde la noche del 14 de agosto la situación en el Río Cacao que desemboca en la Bahía de #Amatique, #Izabal, donde se registró el incendio de tres camiones tipo cisterna.#GuatemalaNoSeDetiene pic.twitter.com/o7HdrjF6i0

— Ministerio Ambiente y Recursos Naturales (@marngt) August 15, 2020

En aquel momento, el Ministerio de Ambiente aseguró que se evaluaban las acciones a tomar relacionadas con las empresas responsables del accidente ambiental, sin que hasta ahora hayan hecho públicas dichas acciones.

Antes, en noviembre de 2019, ya había ocurrido otro incidente similar. No se determinó de dónde provenía dicho combustible, pero fueron necesarias 10 barreras para contenerlo.

Además informaron que nuevamente hallaron galones con rastros de gasolina, por lo que no dudan que el incendio en esa zona boscosa fue provocado por personas que tienen intereses de utilizar las tierras para cultivar.

Los vecinos de Pueblo Nuevo, Suchitepéquez, nuevamente  han colaborado con las brigadas para proporcionar insumos para apagar el fuego.

El sábado último las autoridades nuevamente fueron alertadas por pobladores que observan varios focos de incendio en el coloso, y que en pocos minutos se reactivó el incendio.

Se constató por parte de las autoridades que en esta zona se encuentran plantaciones de hoja de maxán que se utiliza en la elaboración de tamales y que tiene una gran demanda en su producción, es por eso que practican las quemas de bosque para dejar espacios libres para cultivo.

Los socorristas al llegar al lugar del incendio hallaron nuevamente galones de gasolina con combustible, que cofirma la teoría que personas provocan los incendios, dijo Moisés Cejas, delegado de la Conred.

“Se pudo confirmar que al lugar nuevamente le echaron fuego. La rápida intervención de la brigada ha hecho que no se propague y sí es posible los socorristas descienden hoy (domingo) con resultados positivos”, dijo Cejas.

“Pobladores del sector nos alertaron del siniestro y de inmediato coordinamos con las autoridades de socorro”, explicó el socorrista Enrique Sen.

Al lugar están laborando bomberos voluntarios de las compañías 6, 63, 91 y 97 de Suchitepéquez, quienes conforman la patrulla de rescate de la región sur.

Antecedentes

El pasado domingo autoridades fueron alertados por un foco de incendio que se propagó y afectó a 15 hectáreas.

La ubicación del siniestro fue en sector conocido como El Espinazo, que por la topografía lugar fue un punto de difícil acceso, teniendo que hacer un campamento por tres días para que la brigada forestal lo combatiera.