Las denuncias ocurren después de que este jueves el presidente de EE. UU., Donald Trump, rescindiera la acción diferida que debía beneficiar a los padres indocumentados de hijos con estatus legal.

Esta normativa, que estaba bloqueada por los tribunales estadounidenses desde 2015, eximía temporalmente de la deportación a unos 3.6 millones de indocumentados, según un estudio del Migration Policy Institute.

El secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, anunció este jueves en un comunicado que se ponía fin inmediato al memorando de noviembre de 2014 por el cual el Gobierno del presidente Barack Obama  (2009-2017) protegía de la deportación a padres de hijos regularizados a través de esta acción diferida, conocida como DAPA.

En este sentido, Wilkes criticó que el presidente haya asegurado repetidamente que las autoridades migratorias únicamente deportan a criminales mientras que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas  (ICE) detiene a personas sin antecedentes.

Varios representantes de organizaciones proderechos civiles y derechos de los latinos, además de expertos en política migratoria, coincidieron a través de una conferencia telefónica con la opinión de Wilkes al señalar la creciente preocupación de las personas sin documentos en Estados Unidos desde la llegada al poder del magnate neoyorquino.

En esta llamada participaron miembros del Centro Nacional de Leyes de Inmigración, de la Unión Americana de Libertades Civiles  (ACLU) , Americas Voice Education Fund, United We Dream y el Fondo México Americano de Defensa Legal y Educación  (MALDEF).

Para Greisa Martinez, directora de Defensa de United We Dream, existe mucha indignación entre los indocumentados por el hecho de que el actual presidente no reconozca la aportación, ya sea en forma de mano de obra o mediante pago de impuestos, de esta parte de la población a la sociedad estadounidense.

“La comunidad indocumentada tenía muchas esperanzas puestas en la DAPA, ya que hubiese supuesto, por fin, un respiro para millones de familias”, apuntó la experta.

Martínez se quejó de que la actual administración “ha dado la espalda”  a estas familias y ha creado inseguridad respecto a la otra acción diferida para niños inmigrantes indocumentados, conocida como DACA.

Según el documento del Departamento de Seguridad Nacional  (DHS) publicado este jueves, el DACA, programa que protegía de la deportación a niños que habían llegado a Estados Unidos ilegalmente antes de enero de 2010 y cuando aún eran pequeños seguirá en marcha.

Sin embargo, la directora de Política y Campañas de Inmigración de ACLU, Lorella Praeli, reconoció que ve con recelo esta indicación y consideró que el presidente ha socavado el programa de protección de los “dreamers”.

“Los hechos dicen más que las palabras”, señaló la activista, que advirtió de que los grupos proderechos civiles deben permanecer con una actitud vigilante porqué “la máquina de deportación”  de Trump está en “pleno movimiento” .

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Se trata de DACA, el programa que permite estudiar a jóvenes sin papeles, y de DAPA, dirigido a padres indocumentados de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes.
 
Con estos programas, Obama intentó proteger de la deportación a unos cinco millones de indocumentados sin antecedentes criminales, pero el Partido Republicano los bloqueó en los tribunales argumentando que se extralimitó en su poder ejecutivo. El candidato republicano Donald Trump asegura que les pondrá fin si gana las elecciones presidenciales del 8 de noviembre.
 
El Departamento de Justicia presentó en julio un recurso después de que un tribunal de Texas congelara en 2015 la puesta en funcionamiento de ambos programas. El Tribunal Supremo denegó hoy la revisión sin comentar su decisión.
 
Las organizaciones que presionan en el país a favor de una reforma migratoria acusan a la corte de actuar con fines políticos.
 
“Este rechazo confirma los peores temores: que el Tribunal Supremo actúa políticamente, lo que ya ocurrió anteriormente en este caso”, se quejó hoy el Movimiento para una Reforma Inmigratoria Justa (FIRM, por sus siglas en inglés).

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La historia es larga. Ante la imposibilidad de sacar adelante su reforma migratoria, Obama anunció en noviembre de 2014 la ampliación del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), dirigido a jóvenes indocumentados que entraron en el país cuando eran niños y del que se han beneficiado unos 700.000. Son conocidos popularmente como “dreamers” (soñadores).
 
También anunció la Acción Diferida para Padres de Estadounidenses (DAPA) para inmigrantes indocumentados que han vivido en Estados Unidos más de cinco años y son padres de ciudadanos estadounidenses o residentes legales permanentes. Obtendrían un permiso de trabajo y la garantía de que no serían deportados durante tres años.
 
Encabezado por Texas, llegó entonces el bloqueo de los republicanos en tribunales de más de una veintena de estados y la administración Obama recurrió al Supremo, el máximo órgano judicial del país.
 
La corte está integrada por nueve jueces con cargos vitalicios. En febrero murió uno de ellos y cuando en junio llegó el momento de pronunciarse sobre este tema, se produjo un empate de cuatro a cuatro, ya que la sustituta del juez fallecido aún no ha sido confirmado por el Senado ante la oposición de los republicanos. Ese empate mantuvo el bloqueo de los programas.
 
El Departamento de Justicia presentó entonces un recurso en julio para la revisión del caso cuando haya nueve jueces y este es el que ahora ha sido denegado.
 
Si la demócrata Hillary Clinton gana las elecciones presidenciales de noviembre, el Departamento de Justicia podría volver a pedir la revisión una vez haya nueve jueces en el Tribunal Supremo.
 
La decisión de hoy del Supremo “debe servir como un recordatorio de que Donald Trump no es el único peligro (a conjurar) en las urnas el día de las elecciones”, señaló Latino Victory Fund, una organización que defiende los valores latinos dentro de la política estadounidense.
 
“Mientras el próximo presidente nominará a la Corte de Justicia que determinará el futuro de DAPA y DACA, el próximo Congreso determinará el futuro de la reforma migratoria”, indicó.

“Pedimos a Dios con alma y corazón que ilumine a los jueces para que sus corazones les dicten hacer lo correcto y que voten sí por DACA y DAPA, que voten sí por la felicidad y unidad de tantas familias” , expresaron activistas de Florida.

Por lo menos, una docena de grupos del estado iniciaron desde el pasado 3 de junio una “vigilia de oración continua” , que finalizará el día en que la corte decida la suerte de ambas iniciativas, lo cual podría ser este lunes o el próximo.

Nora Sándigo, presidenta de la organización Fraternidad Americana, dijo el domingo a EFE que hay mucha ansiedad entre las familias que ya tienen planes en caso de que el Supremo acepte las medidas y que han visto frustradas varias veces esas ilusiones.

“Están llenos de esperanzas de que va a haber un sí y a la vez tienen nervios si es no, porque van a seguir en las sombras” , agregó Sándigo, quien es guardiana legal de unos mil 200 jóvenes inmigrantes.

Las medidas fueron decretadas de forma unilateral en noviembre del 2014 por Obama y permiten frenar las deportaciones de sus beneficiados y otorgarles permisos temporales de trabajo.

Sin embargo, ninguna de las medidas ha podido entrar en vigor debido a una demanda impulsada en febrero de 2015 por 26 gobernadores, en su mayoría republicanos y liderados por el de Texas, que las consideran inconstitucionales y lesivas para sus presupuestos.

La extensión de DACA, el primer alivio de Obama, decretado en 2012, y la Acción Diferida para los padres de ciudadanos estadounidenses, conocida como D AP A, esperan la decisión de los jueces del Supremo, que en este momento son ocho tras la muerte en febrero pasado del juez conservador Antonin Scalia.

Sándigo dijo que la comunidad inmigrante “tiene una gran ilusión”  de un voto favorable del juez Anthony Kennedy, designado por el fallecido expresidente republicano Ronald Reagan  (1981-1989) , que pueda hacer la diferencia.

“Él ha votado en favor de temas que han sido más liberales a pesar de ser conservador” , expresó la activista.

Los ocho jueces decidirán si Obama se excedió o no en su poder al proclamar sus decretos sobre inmigración, que tienen carácter temporal y podrán ser derogados por el próximo presidente, que llegará al poder en enero de 2017 tras las elecciones de noviembre de este año.

Entre tanto, otras organizaciones como la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes  (CHIRLA) de Los ngeles, prepara un mitin con aquellos que serán los más impactados con el fallo del Supremo, una vez esta corte federal lo anuncie.

Según una encuesta de abril pasado a cargo de Americas Voice y Latino Decisions, el 41 % de los votantes latinos entrevistados considera que el tema migratorio es la prioridad para la comunidad latina, que “el Congreso y el Presidente deben asumir” .

Los expertos plantearon sus recomendaciones tras analizar estadísticas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS en inglés) y funcionarios de ocho ciudades sobre sus experiencias durante el lanzamiento en el 2012 de DACA para algunos inmigrantes traídos a Estados Unidos sin autorización por sus padres cuando eran niños, y a quienes se los conoce en inglés como “dreamers.”

Audrey Singer, responsable del Programa de Políticas Metropolitanas de Brooking y autora del informe, dijo que “DACA y DAPA son parte de una conversación compleja sobre la necesidad de reformas más sostenibles al sistema migratorio que, entre otras cosas, aborden a la población no autorizada en Estados Unidos.”

Obama anunció en noviembre el lanzamiento de DACA y DAPA, los cuales podrían evitar la deportación de casi la mitad de los 11 millones de inmigrantes que residen en el país sin autorización.

Pero 26 gobernadores republicanos demandaron contra los programas alegando que Obama excedió su autoridad presidencial y su implementación se encuentra paralizada hasta que los tribunales determinen su legalidad.

Las posibilidades de que el Congreso aborde la reforma migratoria durante el periodo legislativo en curso son remotas, así que el tema se perfila como gran protagonista de los comicios presidenciales de 2016.

El fallo judicial rechazó la moción presentada por el Gobierno de EE.UU. para dejar sin efecto la suspensión temporal de dos programas para regularizar a cinco de los once millones de indocumentados ordenada por el juez federal de Texas Andrew Hanen, a petición de 26 estados. 
Se trata de la ampliación del programa de acción diferida para quienes llegaron en la infancia  (DACA, por sus siglas en inglés) y del programa de acción diferida para padres de ciudadanos estadounidenses o con residencia permanente  (DAPA). 
En un comunicado emitido la noche del martes, la cancillería de Guatemala mostró su pesar por el rechazo de esas medidas que, a su juicio, “beneficiarían a algunos segmentos de la comunidad guatemalteca”  que reside en Estados Unidos. 
Ante esta situación, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala recomienda a los guatemaltecos residentes allí “estar atentos e informarse”  sobre el desarrollo de este proceso. 
Desde la red consular, agrega, se continuará “informando, orientado y asistiendo”  a la comunidad guatemalteca sobre las acciones que se tomen respecto de la Acción Ejecutiva.

Asimismo, invita a los guatemaltecos a “no dejarse sorprender”  por personas y organizaciones sin escrúpulos que podrían tratar de aprovecharse de “su buena fe”.
Alrededor de 1,5 millones de guatemaltecos viven en Estados Unidos, de los cuales un 60 % lo hace de manera ilegal, según cálculos de la propia cancillería.