Resumen noticioso 2024: La SAT denuncia red de defraudación que denomina caso B410

La Administración Tributaria informa que varias de las empresas señaladas han sido proveedoras del Estado.

Rosa María Bolaños

23 de diciembre de 2024 | 06:00h

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El Ministerio Público efectuó varias diligencias por el caso. El jefe de la SAT, Marco Livio Díaz, criticó que meses después no se tenía ninguna captura, el 16 de diciembre el MP hizo 18 allanamientos y capturas. (Foto, Prensa Libre: MP)

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) denunció en agosto una red de supuesta defraudación tributaria que en tres años —del 2021 al 2023— facturó más de Q6,400 millones, pero solo pagó Q26.9 millones en impuestos.

El caso se denomina B410, porque se detectaron 410 empresas posiblemente involucradas, de las cuales, 200 tenían registrada una dirección en la colonia Banvi. Su facturación incluyó contratos millonarios de ventas y servicios a dependencias del Estado.

Se calcula que la defraudación llegaría a Q300 millones a esa fecha, pero podría ascender a Q800 millones.

Se detectaron tres tipos de participación o relación: el primer grupo de nueve contribuyentes es de la estructura y vende en forma directa al Estado. Las adjudicaciones publicadas en Guatecompras fueron de Q81.7 millones.

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El segundo grupo, de 16 contribuyentes, le compró Q375 millones a la estructura y era proveedor del Estado por Q4 mil 342 millones, principalmente dependencias del CIV y municipalidades. El tercer grupo, de dos contribuyentes, vinculados por representantes legales y parientes cercanos, vendió Q64.8 millones a cinco constructoras que le proveyeron al Estado más de Q500 millones.

Datos actualizados

 De las empresas relacionadas con el caso B410, 30 presentaron amparos y se les reactivó la afiliación al IVA, con base en la orden de la Sala de Apelaciones en materia Tributaria y Aduanera.

 La SAT apeló y a finales de noviembre la Corte de Constitucionalidad (CC) revocó el amparo provisional a 12 de ellas.

Respecto de los Q300 millones de posible defraudación tributaria calculados inicialmente, a noviembre se habían recuperado Q24.8 millones en impuestos.

A finales de noviembre, la SAT presentó otra denuncia penal que denominó caso Eureka-B410, por posible defraudación de Q6.9 millones. Entre 2021 y 2024, el Estado le adjudicó contratos por Q133.5 millones a ese contribuyente; la mayoría, entre los tres primeros años, pero reportaba domicilios no localizados y no tenía sustancia económica para prestar los servicios para los que había sido contratado.

En el 2022, el 64% de compras de ese contribuyente tenían inconsistencias, supuestos proveedores no localizados y relación con empresas del caso B410. Tampoco reflejaban sustancia económica para prestarle servicios, según señaló el superintendente al divulgar detalles del caso.

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SAT analiza dar marcha atrás a regularización de involucrados en caso B410 por supuesta investigación del MP contra superintendente

El superintendente denunció una supuesta investigación de una fiscalía en su contra, y considera que ello genera falta de certeza jurídica. 

Urias Gamarro

5 de diciembre de 2024 | 05:00h

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Óscar Hernández, intendente de Fiscalización, el superintendente de la SAT Marco Livio Díaz Reyes y ´Óscar Perdomo intendente de Asuntos Jurídicos, en conferencia de prensa el pasado lunes. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

Dos días después de haber anunciado un mecanismo de salida tributaria-legal para los contribuyentes involucrados en el caso B410, relacionado con una estructura que defraudó al Estado por medio de facturación “espejo”, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) analiza suspenderlo, debido a una posible investigación en contra del jefe de la SAT.

Marco Livio Díaz Reyes, superintendente de Administración Tributaria, le explicó a Prensa Libre que analizan suspender la iniciativa presentada, como parte de la resolución de conflicto tributario (RCT), que es un mecanismo alterno o conciliatorio con los contribuyentes, quienes se comprometen a pagar los adeudos o establecer convenios de pago, mediante la participación de un juez competente.

“Se están parando los casos en perjuicio de los propios sindicados —en el caso B410—, porque ahora nosotros tenemos que examinar más detenidamente cualquier resolución que se tenga. El lunes hice una invitación a que se acercaran —los contribuyentes—, que objetivamente se establecieran los montos y un plazo para que se paguen los impuestos, así que eso creo que ahora se va a detener”, explicó el funcionario ayer.

El superintendente aseguró que no hay seguridad jurídica para los funcionarios de la SAT.

“Yo creo que de alguna manera sí —se va a detener—, porque ahora va a haber más temor de cualquier funcionario para poder firmar algo relacionado con el caso B410”, resaltó Díaz Reyes.

Reiteró que aún no se había tomado una decisión, pero que la afectación sería al tributante que buscaba una regularización en el impuesto al valor agregado (IVA) o al impuesto sobre la renta (ISR), y que recibió notificación sobre la suspensión en algunos de los regímenes.

El monto total de las rectificaciones efectuadas y la recaudación por impuestos sobre el caso B410 ascienden a Q29 millones 890 mil, tanto del pago del IVA como del ISR.

Esta medida que se anunció el lunes solo es para los contribuyentes que han aparecido en este proceso y a los cuales se les revocaron los amparos, pero que permitía una salida utilizando el RCT, liquidando los impuestos que tienen como adeudo, realizando las siguientes gestiones:

• Pueden comunicarse a la SAT a manifestar el interés en llegar a un acuerdo de pago del adeudo tributario, para evitar que se retomen las sanciones administrativas. 
• El plazo para conocer el monto de la obligación pendiente, llegar a un acuerdo y liquidar el adeudo será en un periodo de 10 días hábiles, que vence el próximo 18 de diciembre, para el caso del IVA. En ISR se puede hacer por medio de un convenido de pagos, con la debida autorización de un juez. 
• De nuevo se inhabilitarán a los contribuyentes con los que no sea posible llegar a un acuerdo después de estos periodos.

El origen de supuesta investigación

Díaz Reyes, confirmó que conoce sobre una investigación en su contra que se cursa en la Fiscalía 5 de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) con el número de expediente MP-01-2024-50,452, y la mañana de este miércoles se presentaron abogados de la SAT para conocer el caso y se les negó indagar.

“Lo que hemos sabido es que han citado a declarar a los sindicados en el caso B410, preguntándoles: si yo como superintendente ¿les he solicitado dinero? ¿si algún intermediario en mi nombre les ha solicitado dinero? ¿si yo como superintendente he obligado a contratar a la firma Moore Díaz Reyes? Yo niego categóricamente cualquiera de los tres aspectos, y me parece poco creíble que sean los sindicados a que el MP entreviste”, argumentó.

“Yo le puede asegurar a los ciudadanos, que yo o algunos de mis hermanos, jamás nos prestaríamos ha algo de esa forma”, remarcó el titular de la SAT.

MP: No hay investigación del tema

Consultado el vocero del MP, Moisés Ortiz, declaró este medio día “que llama la atención la posición del superintendente al asumir responsabilidades y de manifestar supuestas acciones en su contra”.

Indicó que se desconoce de donde el titular de la SAT obtuvo esta información, y reiteró “que el MP tiene su función clara de investigar todas las denuncias que se presenten”.

“Desconocemos de donde él (Díaz Reyes) pueda tener este tipo de información. Sin embargo, no se cuenta una investigación en este momento relacionada a este tema, más allá de la denuncia que se investiga por la Fiscalía de Delitos Económicos respecto al caso B410, el cual la Fiscalía realiza las investigaciones correspondientes”, puntualizó.

Aclaró que sobre este caso se ha trabajado con diferentes instituciones para obtener los informes y las auditorías respectivas, con las cuales se plantearan las acciones correspondientes en contra de las personas que resulten responsables de estos hechos.

Concluyó que este miércoles no se han realizado diligencias de allanamientos a ningún caso que involucre al administrador tributario. 

Avances en proceso

El lunes pasado la SAT actualizó el proceso del caso B410, en parte sobre auditorías realizadas y estos fueron algunos de los hallazgos dados a conocer:

• Auditorías realizadas a cinco empresas constructores proveedores del estado que compran bienes y servicios a dos empresas B410: 100%
• Avance en auditorias realizadas a los nueves contribuyentes que venden bienes al estado de forma directa: 88%
• Avance en auditorías realizadas a los 16 contribuyentes que le venden al estado y que adquieren bienes o servicios de la estructura B410: 70%
• Cinco de los 16 contribuyentes reportaron no tener la contabilidad completa por extravío o por hurto de su documentación: 0%

En cuanto a las rectificaciones realizadas y la recaudación por impuestos son:

• IVA: Q17 millones 834 mil
• ISR: Q12 millones 055 mil
• Total: Q29 millones 890 mil

Buscan acuerdos

 Óscar Perdomo, intendente de Asuntos Jurídicos de la SAT, informó que en dos días recibieron a 11 contribuyentes relacionados con el caso B410, “y estos reaccionaron muy bien”, expresó. Algunos expusieron que no tenían claridad del tipo de transacciones comerciales que estaban realizando o con quiénes las estaban efectuando. Afirmó que a raíz de que fueron auditados, se les brinda los montos que deben pagar, más multas e intereses.

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Una salida tributario-legal ofreció a los involucrados en el caso denominado B410 para regularse ante el fisco con la condición de pagar los adeudos en los siguientes 10 días, plantearon las autoridades de la SAT.  

Urias Gamarro

2 de diciembre de 2024 | 17:17h

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Las autoridades de la SAT actualizaron el proceso denominado B410. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

A un mes para que concluya el presente ejercicio fiscal, el titular de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) Marco Livio Díaz Reyes instó a los contribuyentes involucrados en el denominado Caso B410 a regularse liquidando los adeudos tributarios que están pendientes, tanto en el impuesto al valor agregado (IVA) y sobre la renta (ISR).

En una conferencia de prensa, el superintendente brindó una ampliación explicación sobre el uso del mecanismo de resolución de conflicto tributario (RCT), como medidas para que los contribuyentes puedan resolver los inconvenientes con la SAT, por la vía alternativa: es decir con la suscripción de acuerdos para el pago de impuesto, o bien con la liquidación de los montos.

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Algunos de los involucrados en este caso, han sido suspendidos del régimen del impuesto al valor agregado (IVA) por la SAT; otros han accionado legalmente a las instancias judiciales para estar habilitados nuevamente hasta llegar a la Corte de Constitucionalidad. Eso significa, que los tributantes no pueden hacer ninguna operación contable al estar suspendidos en el régimen del IVA, y al regularizarse pueden activarse.

Este llamado a la regulación solo involucra a los contribuyentes identificados en el proceso B410 en un procedimiento administrativo partir de las revocatorias de amparo, se aclaró.

El caso se presentó el 13 de agosto que involucra a 410 empresas investigadas y en la que se presentó 32 denuncias por la posible defraudación de unos Q300 millones, monto que podría aumentar hasta Q800 millones.

Planteamiento

Durante la conferencia, el titular de la SAT dio a conocer que al 31 de octubre se han recaudado Q418 millones por la vía RCT y Q243 millones por acciones de fiscalización, que alcanzan Q661 millones.

Entonces, a los contribuyentes a los cuales se les revocaron los amparos tienen tres opciones:

• Pueden comunicarse a la SAT a manifestar el interés en llegar a un acuerdo de pago del adeudo tributario, para evitar que se retomen las sanciones administrativas. 
• El plazo para conocer el monto de la obligación pendiente, llegar a un acuerdo y liquidar el adeudo será en un periodo de 10 días hábiles, que vence el próximo 18 de diciembre, para el caso del IVA. En ISR se puede hacer por medio de un convenido de pagos, con la debida autorización de un juez. 
• De nuevo se inhabilitarán a los contribuyentes con los que no sea posible llegar a un acuerdo después de estos periodos.

Se habilitó el correo inconsistenciastributarias@sat.gob.t para hacer las citas y regularse ante el administrador tributario.

Desde que se dio a conocer el expediente, unos 30 contribuyentes fueron suspendidos del régimen del IVA que aparecieron durante la investigación al encontrar inconsistencias en el correcto cumplimiento de sus obligaciones, 11 han sido habilitados, por lo que ya pueden hacer transacciones o comercialización por medio de la facturación.

Empresas incluidas en caso B410 han recibido Q320 millones en pagos durante el 2024

Las 28 empresas pudieron haber utilizado la red denunciada para evadir impuestos o cometer crédito fiscal fraudulento.

Rubén Lacán

18 de septiembre de 2024 | 05:00h

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La SAT inhabilitó 28 empresas que posiblemente utilizaron la estructura B410 para defraudar al Estado. (Foto, Prensa Libre: SAT).

De enero al 5 de septiembre último, 14 compañías que podrían estar relacionadas con la estructura de empresas B410, señaladas de defraudación tributaria, cobraron Q320 millones 427 mil a los ministerios de Salud, Comunicaciones, Defensa, Gobernación y Cultura.

Diputados de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), citaron el pasado miércoles 11 de septiembre a las autoridades de la Contraloría General de Cuentas, Comisión Nacional contra la Corrupción y del Ministerio de Finanzas Públicas, para conversar sobre los pagos que el Gobierno hizo hasta el 31 de agosto a estas empresas.

Días después, los congresistas presentaron un reporte con datos del Sistema de Contabilidad Integrada (Sicóin), del Ministerio de Finanzas Públicas, en el que demostraron que 14 empresas involucradas en el caso B410, recibieron dinero del Estado después de que se diera a conocer el caso.

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Algunas de estas empresas ya se encuentran bajo investigación y otras han sido inhabilitadas para que cesen de prestar servicios al Estado mientras avanzan las averiguaciones.

Así operaban

Las investigaciones del Ministerio Público (MP) señalaron que estas empresas que han facturado en el último año al Gobierno posiblemente utilizaron la red de las 410 sociedades para evadir impuestos, hipótesis que aún está en análisis.

Según la SAT, la defraudación que han identificado es de unos Q300 millones en impuestos del 2021 al 2023, pero la suma podría superar los Q800 millones.
En entrevista el pasado 13 de septiembre, Mario Francisco Pérez, encargado de la Fiscalía de Sección de Delitos Económicos del MP, dijo que determinan si un grupo de alrededor de 30 entidades está involucrado en crédito fiscal fraudulento.

“Se denuncian alrededor de 30 entidades, cada una con un rubro en específico, y a eso se deriva el monto de los Q300 millones. Puede ser más, puede ser menos, pero también se dijo que podría ser hasta Q800 millones. Tenemos que determinar cuántas empresas del grupo B410 pudieron haber sido utilizadas para respaldar, como lo he dicho, costos y gastos improcedentes o crédito fiscal fraudulento, y ahí posiblemente sea un rubro o un monto mucho más alto, pero cada una de las entidades tiene presumiblemente un monto determinado por la SAT y es precisamente lo que estamos haciendo ahora”, comentó el fiscal.

El MP trabaja desde hace un mes en el caso, y las primeras investigaciones han determinado que podría haber más empresas involucradas.

Inhabilitan empresas

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) inhabilitó hasta ahora un total de 8 compañías denunciadas de formar parte una estructura que posiblemente defraudó al Estado.

“Se inhabilita, derivado de que el contribuyente tiene obligaciones tributarias formales pendientes y se encuentra contemplado dentro de una denuncia penal ante el Juzgado A Pluripersonal de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera del Departamento de Guatemala, Carpeta Judicial Número 02046-2024-00495, identificado como Estructura Grupo B-410”, se lee en la notificación de la SAT del 21 de agosto en el portal de Guatecompras.

La empresa Constructora y Transporte JP, Sociedad Anónima, una de las recién inhabilitada respondió a Prensa Libre que están dispuestos a reparar los errores que hayan cometido.

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“Se están solventando todos esos inconvenientes ante las instituciones encargadas y fiscalizadoras en este caso. Llevamos alrededor de 21 años en el mercado. Son situaciones que, al final de cuentas, las entidades están cumpliendo con su labor, y nosotros, pues, estamos anuentes a poder reparar cualquier inconveniente que nosotros hayamos presentado de forma errónea”, explicó un representante de la empresa.

La compañía Calakmul, S. A., respondió que están siendo afectados por las acciones de la SAT: “Nos afecta el derecho a poder facturarle, no solo al Ministerio de Cultura, sino a nuestros otros clientes. Pone en riesgo nuestra operación y supervivencia, dado que sí somos una empresa real, no de cartón. Tenemos obligaciones bancarias y un historial de más de 15 años de operaciones”.

Se pidió una postura a las otras firmas y contribuyentes que fueron inhabilitados por la SAT pero no respondieron a las llamadas o preguntas.

Ante los pagos que realizó el Estado hasta el 31 de agosto, según el informe de la bancada VOS, se preguntó al Ejecutivo por qué se continuó con los desembolsos a pesar de la inhabilitación de las compañías, pero no hubo respuesta.

Caso legal

La SAT denunció el 14 de agosto que un grupo de empresas fueron inscritas por el mismo abogado y notario; además, que no cuentan con la infraestructura o personal para cobrar los servicios que facturan.

Agregó que la defraudación habría sido de unos Q300 millones, según los casos documentados; sin embargo, se rastreaban más fondos.

Seguían recibiendo pagos en el 2024  

La bancada VOS citó el pasado miércoles 11 de septiembre a las autoridades de la Contraloría General de Cuentas, Comisión Nacional Contra la Corrupción y del Ministerio de Finanzas Públicas para conversar sobre los pagos que el gobierno hizo hasta el 31 de agosto a empresas que posiblemente tiene vínculos con la estructura que defraudó al Estado, denominada B410.

Los congresistas realizaron un reporte con datos del Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) del Ministerio de Finanzas Públicas en el que demostraron que 14 empresas involucradas en el caso continuaron recibiendo dinero del Estado durante el 2024. De enero al 5 de septiembre las compañías cobraron Q320 millones 427 mil a los ministerio de Salud, Comunicaciones, Defensa, Gobernación, y Cultura y Deportes. Estas compañías son:

1. Asfaltos y Petróleos S.A. /  Q104 millones 396 mil 313.64 

2. H3 Guatemala S.A. / Q77 millones 788 mil 887.94 

3. Opción Técnica S.A. / Q58 millones 590 mil 537 

4. Mansilla Morales Juan Pablo / Q43 millones 626 mil 317.26 

5. 4 Carriles Sociedad Anónima /  Q12 millones 925 mil 007.95 

6. Constructora y Transporte J.P S.A. / Q 5 millones 662 mil 525.35 

7. Sistemas Y servicios de Ingeniería /  Q4 millones799 mil 691.89 

8. Productos Especiales de Concreto S.A. /  Q 3 millones 217 mil 393.02 

9. Schwartz Castellanos León Ericka /  Q3 millones 10 mil 357.58 

10. L&S Construcciones S.A. / Q2 millones 46 mil 023.58 

11. V&T Sociedad Anónima / Q1 millón  468 mil 588.28 

12. Constructora Maquinaria Materiales / Q1 millón 174 mil 051.05 

13. Duque Girón Alba Luz / Q1 millón 125 mil 058 

14. Calakmul S.A. / Q 280 mil 500 

15. Commerce Madness S.A. / Q238 mil 360 

16. Inversiones Caddie S.A. / Q24 mil  

Otros contribuyentes del caso B410 inhabilitados  

17. Grupo Propela S.A. 

18. Hugo David Moscoso Miguel 

19. PCS Constructores S.A. 

20. Supervisión, Construcción y Mantenimiento 

21. Kaize INC, S.A. 

22. Construpav S.A. 

23. Megaodón S.A. 

24. José Adolfo Guerra Díaz 

25. Proyectos Generales y Construcciones S.A. 

26. José Alfredo Trigueros López 

27. Inversiones Humedades S.A. 

28. Construcción Movimiento y Vivienda S.A.

 
La empresa Constructora y Transporte J.P Sociedad Anónima respondió a Prensa Libre que están dispuestos a reparar los errores que hayan cometido.  

“Se están solventando todos esos inconvenientes ante las instituciones encargadas y fiscalizadoras en este caso. Llevamos alrededor de 21 años en el mercado. Son situaciones que al final de cuentas, las entidades están cumpliendo con su labor y nosotros, pues, estamos anuentes a poder reparar cualquier inconveniente que nosotros seamos presentados de forma errónea”, señaló la empresa. 

La empresa Calakmul S.A. respondió que están siendo afectados por las acciones de la SAT. “Nos afecta el derecho a poder facturarle no solo al Ministerio de Cultura si no a nuestros otros clientes. Pone en riesgo nuestra operación y supervivencia, dado que SI somos una empresa real no de cartón. Tenemos obligaciones bancarias y un historial de más de 15 años de operaciones”.

“Vamos a obrar dentro del marco de Derecho, en defensa de lo que consideramos que es legal y correcto. Somos una empresa localizable, hace dos meses recibimos una visita de la SAT para revisar nuestros libros de ventas y no tuvieron ningún problema para encontrarlos” agregó la compañía.

Se pidió una postura a las otras 26 empresas y contribuyentes que fueron inhabilitados por la SAT, pero no respondieron a las llamadas o preguntas.  

Ante los pagos que realizó el Estado hasta el 31 de agosto, según el informe de la bancada VOS, se cuestionó al gobierno de turno porque se continuó con los desembolsos de dinero a pesar de la inhabilitación de las compañías, pero no hubo respuestas.  

Caso B410 

La SAT denunció el 14 de agosto que un grupo de empresas fueron inscritas por el mismo abogado y notario, además, no cuentan con la infraestructura o personal para cobrar los servicios que factura. 

Agregó que la defraudación habría sido de unos Q300 millones, según los casos documentados; sin embargo, se rastreaban más fondos. 

El MP realizó 11 allanamientos el 12 de septiembre en inmuebles relacionados a nueve constructoras que recibieron dinero del Estado y constataron que seis posiblemente son falsas o no existen.  

Justicia

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Caso B410: Los escenarios de investigación del MP y las otras empresas que podrían estar involucradas

Un mes después de que la Superintendencia de Admiración Tributaria (SAT) denunciara una supuesta estructura dedicada a defraudar al fisco, el Ministerio Público reveló que de nueve empresas que le prestan servicios al Estado, seis posiblemente no existen. 

Rubén Lacán

14 de septiembre de 2024 | 05:00h

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MP espera resultado de la Contraloría General de Cuentas de empresas que le facturaron al Estado (Foto Prensa Libre: MP).

Mario Francisco Pérez, encargado de la Fiscalía de sección de Delitos Económicos del Ministerio Público (MP), dijo que como resultado de las 11 diligencias de allanamiento del jueves 12 de septiembre en contra de las constructoras denunciadas por la SAT, se pudo recabar indicios para continuar con la investigación, y que indagan sobre seis de las empresas que sospechan que operan de forma irregular.

“Las otras seis es imposible poder acreditar en esos domicilios fiscales o incluso en los domicilios comerciales que se allanaron. Estamos ante dos escenarios, operan en la regularidad y cumplen con el pago de sus impuestos o son empresas que forman parte del grupo B410 y son empresas que operan en la irregularidad”, comentó el fiscal.

Recalcó que están a la espera de lo solicitado a la Contraloría General de Cuentas para determinar si hay ilegalidades en la prestación de servicios de las nueve constructoras a 13 entidades de gobierno y municipalidades. 

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Más empresas involucradas

El MP detalló que consideran que son más de 410 empresas las que pertenecen a esa supuesta estructura que defraudó al Estado, pero aún está en análisis ese dato.

“Algunas -empresas- incluso sin operar aún. Tenemos entendido que algunas estaban en proceso de inscripción y otras habían finalizado y ya estaban en la última fase de ser inscritas ante la SAT para empezar a operar, pero derivado de la denuncia y las diligencias que se practicaron por la denuncia que presentó SAT y las diligencias que practicó el MP, se quedaron en ese proceso y ya no pudieron ser inscritas”, mencionó Pérez.

Enfatizó que aún trabajan para brindar resultados a la población “lo antes posible” de un caso que tiene hasta el momento más de un escenario.

Analizan si hubo defraudación y corrupción

Otra de las investigaciones es contra cinco entidades que se dedican al sector de la construcción, que tienen contratos con el Estado y que utilizan dos entidades del grupo B410 que sirven para respaldar costos y gastos, acciones que incrementan de forma fraudulenta el crédito fiscal.

“Me atrevería a decir que estas cinco entidades fueron objeto de fiscalización y la SAT determinó un monto presumiblemente defraudado. Estamos en esa etapa de investigación y de recabar toda la información pertinente para eventualmente hacer las peticiones ante el juzgado contralor de la investigación las peticiones que en derecho correspondan”, puntualizó el fiscal.

Un tercer escenario que investiga el MP son otras 16 compañías que le han prestado servicios al Estado y utilizan facturas del grupo B410.

Pérez explicó: “En este último escenario no se identifican cuáles empresas en específico del grupo B 410 son las que se utilizan y por eso es el trabajo de análisis que estamos haciendo en este momento”.

Agregó que el trabajo aumentó debido a que son más empresas las que rastrean.

“Creemos que hay un número significativo de empresas del grupo B410 que han sido utilizadas precisamente para respaldar costos y gastos improcedentes o incrementar crédito fiscal de forma fraudulenta. Es decir, hasta el momento aún están en el análisis si es corrupción o es defraudación”, recalcó Pérez.

Añadió que no descartan que este tipo de defraudación opere de forma similar con otra red de empresas.

“No descartamos que van a seguir operando con otras, no necesariamente de este grupo. La posibilidad es latente, y a eso, pues, debemos enfocarnos oportunamente. Es labor de la SAT también en cuanto a los controles de sus sistemas, verificaciones, pues creo que ese aspecto es una situación que se aleja o está fuera de alcance del Ministerio Público, pero las investigaciones pudieran incluso considerar establecer si trasladaron sus operaciones a otras entidades”, mencionó Pérez.

Magnitud del caso

La Fiscalía señaló que no puede comparar el caso B410 con el caso La Línea, ya que aún están en la fase de investigación para determinar el alcance de lo defraudado.

“No descarto que el caso sea grande. Así como fue planteado y así como se está investigando, el caso da lugar a muchas líneas de investigación. El caso permite, incluso, con todos los sistemas que maneja hoy en día la Superintendencia de Administración Tributaria y el régimen de la factura electrónica, ya permite hacer cruces o verificaciones de extremos en línea. Y por eso decía que el caso es grande”, puntualizó el jefe de la fiscalía.

El MP afirmó que el caso B410 está siendo conocido por el Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera.

Denuncia de la SAT

En agosto, la SAT reveló una red de entidades que habrían defraudado al Estado por unos Q300 millones, las cuales habrían incurrido en distintas irregularidades como tener el mismo representante legal, notario y dirección fiscal. Las autoridades tributarias indicaron que entre el 2021 y el 2023 las ventas de esta estructura ascendieron a Q5 mil 730 millones, pero solo pagó Q26.9 millones en tributos entre el impuesto al valor agregado (IVA) e impuesto sobre la renta (ISR).

Según las investigaciones de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero, se detectaron varias irregularidades en dicha entidad financiera el 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 por una suma de Q48 millones 923 mil 453.

Según un informe de la Inspección General de Cooperativas, se encontraron faltantes de efectivo en caja general, ingresos y operaciones bancarias no contabilizadas en el sistema.

Ante las investigaciones, el Tribunal decidió sentenciar a cuatro años de prisión a las siguientes personas:

• Carlos Eduardo Aldana Sosa
• Byron Orlando Mendez Ramos
• Evelyn Margolga Ayala Orellana
• Heidi Oralia Pascual Vásquez de Duarte
• Marta Luz Ruiz Dubon
• Michael Enrique Aroche
• Claudia Yadira Jimenez Lorenzana
• Williams Misael Leon Mayorga
• Maria Hortensia Cordon Ruiz
• Edgar Ramon Ayala Cordon
• Isau Miguel Gregorio
• Fanny Jessiel García García
• Edgar Guiovanny Pocasangre Ruiz
• Samuel De Jesús Berganza López
• Gloria Concepción Ramos Miguel
• Neftaly De Jesus Ceron Ceron
• Marta Lorena Palencia Salas

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El Ministerio Público (MP) explicó que las guatemaltecos que tienen compras hechas con esa empresa no deben dar por perdidos sus artículos y hay una forma de recuperar cualquier adquisición.

El fiscal Gerardo Salazar de la Fiscalía contra Delitos de Defraudación y Contrabando explicó que esa empresa está siendo procesada porque las mercancías fueron ingresadas por medio de otras entidades que no están registradas, según publicó el MP en sus redes sociales.

“Quienes hayan ingresado mercadería que se secuestró en Rapidito Express y en el transcurso de la investigación puede ser acreditada el legítimo ingreso al país pueden ser devueltas”, señala el Fiscal.

Es decir que si usted adquirió productos con esa compañía y no le han llegado, podría llamar a la fiscalía para reclamar su legítima compra y así establecer si están detenidas y las puede recuperar.

De acuerdo con la investigación, la empresa presuntamente sustraía mercancías del depósito aduanero temporal COMBEX-IM, ubicado en el interior del Aeropuerto Internacional La Aurora.

Las personas que hicieron compra directa y pagos con tarjetas pueden presentarse a la Fiscalía y si acreditan cómo se hizo la adquisición del servicio y que fueron sorprendidos en su buena fe, tienen derecho a adquirir sus mercancías, agregó.

El Fiscal reiteró que si se acredita de manera fehaciente que son los legítimos propietarios de la mercancía, con autorización de un juez se devuelve la mercancía como lo indica la norma legal.

Capturados

• Walter Alfonso Bobadilla Godoy
• Víctor Fernando Alegría Arreaga
• René Linares Corado
• Ronald Fredy Alexander Arias Hernández
• Hansy Alberto Rodas Boch
• Dodanim Abel Sacach Nájera
• Julio Alfredo Guite López
• Julio Alfredo Hernández Gaitán
• Mario Roberto Vela Borrayo
• Deiby Alberto Rodríguez Hernández
• Gosman Ricardo Flores Jiménez
• Oscar David Santos Godínez

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Además, deberá pagar el 40 por ciento de las cantidades defraudadas, que totalizan los €241.301 restantes (€75.813 en 2011, €87.173 en 2013 y €78.315 en 2014).

En este caso concurre la circunstancia atenuante de reparación del daño pues Mijatovic ya ingresó en las arcas públicas los 189.534 euros que dejó de pagar del ejercicio de 2011, los €217.933 de 2013 y los €195.788 de 2014.

De todas formas ahora debe pagar las multas que ha acordado como autor de los tres delitos fiscales cometidos en su momento.

Según el acuerdo de conformidad, el exfutbolista desarrolló gestiones de asesoramiento o intermediación en el mercado del fútbol y no declaró las rentas obtenidas por tal concepto “de modo que las cantidades que dice que recibió como préstamos son realmente las contraprestaciones que percibió por la realización de tal actividad”.

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Explica que el acusado, con domicilio fiscal en Madrid, entre los años 2011 y 2014 no estaba dado de alta en el censo de empresarios o profesionales ni incluyó en sus declaraciones del impuesto de la renta de las personas físicas (IRPF) ninguna renta por este concepto, y tampoco consta que en esos años tuviera la condición de trabajador por cuenta ajena.

Funciones

Añade que finalizada su carrera como futbolista profesional prestó sus servicios en régimen de trabajador por cuenta ajena en una sociedad y desde el 3 de julio de 2006 hasta el 20 de mayo de 2009 desempeñó la función de director de Fútbol Base del Real Madrid.

“Con posterioridad a dicha fecha no consta en las bases de datos de la Agencia Tributaria el desempeño por su parte de ninguna actividad ni de tipo laboral ni mercantil”, subraya el acuerdo.

Mijatovic presentó declaraciones del IRPF de los años 2011, 2012 y 2013 incluyendo como única renta la derivada de la imputación de rentas por la titularidad de un inmueble del que es titular en Mijas (Málaga), con lo cual la cuota diferencial resultante en cada una de las declaraciones fue de cero euros.

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Sin embargo, no presentó declaración del IRPF correspondiente al año 2014 ni declaraciones del impuesto sobre el patrimonio ni la declaración de titularidad de bienes y derechos en el extranjero, según el acuerdo.

Pone de manifiesto la existencia de una actividad económica desarrollada por Mijatovic “de prestación de servicios de asesoramiento e intermediación en el mercado del fútbol generadora de rendimientos netos no declarados así como de entradas de fondos en su patrimonio de origen desconocido”.

Asimismo “pagos realizados por terceros de gastos personales o de su familia sin que se encuentre justificado su origen”.

El acuerdo concreta que en concepto de colaboración en el traspaso de un jugador de fútbol Mijatovic percibió €249.961 en 2011, €9.970  en 2012 y €125.000  en 2013.

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Los 40 procesos administrativos donde la SAT negó devolver el crédito fiscal.

En el 2017, la devolución del beneficio fiscal creció 29% respecto del 2016. El monto autorizado ascendió a Q1 mil 357 millones, que refleja una diferencia de Q313 millones, según las estadísticas.

La devolución proyectada para este año es de Q2 mil 308.1 millones, que incluye Q547 millones de auto compensación del crédito fiscal a los exportadores, establecida en el presupuesto vigente.

 Cuando ocupó el cargo, Solórzano Foppa dijo  que una de sus prioridades era hacer una “revisión a profundidad” sobre las entregas de la devolución del crédito fiscal. Además,  se caracterizó por hacer una ofensiva contra varias empresas que incurrieron en esquemas fraudulentos.   

El crédito fiscal es una operación que deduce del pago de impuestos  algún tipo de transacciones; es decir, es un monto a favor del contribuyente.

Estancamiento

Jean Paul Brichaux, director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Café (Adec), comentó que hay unos Q600 millones de devolución del crédito que está pendiente de entrega, sobre todo para los caficultores y cardamomeros.

“Muchos de estos procesos se están ventilando en instancias penales, que corresponden a otros ejercicios”, afirmó.

Brichaux destacó que, a pesar de que hubo reformas en el 2012 y se creó  la factura especial para agilizar la devolución del crédito, los problemas continuaron.

“Creemos que entre el 80% y 90% se paralizó la entrega de la devolución en los últimos dos años para el sector exportador”, aseguró Brichaux.

 Más controles en SAT

Leonel Villamar, intendente de Fiscalización, dijo que “muchos” de los procedimientos que se efectuaron en el pasado se cambiaron con una nueva normativa, con mayores controles.

Recordó que el año pasado hubo 113 desistimientos de devoluciones del crédito fiscal, por un monto de Q141 millones, acción que, según el intendente, dice mucho.

El pasado jueves se reveló que una red cobraba coimas para agilizar la entrega de la devolución del crédito fiscal a varias empresas.

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¿Qué se debe hacer?

El usuario debe verificar en los registros contables sus declaraciones tributarias y establecer si presentó facturas de estas endidades fraudulentas en los últimos cuatro años. 

En este proceso también la SAT hará un monitoreo para establecer qué contribuyentes declararon con este tipo de facturas. 

Los nombres y NIT de las empresas que emitieron facturas falsas se pueden consultar aquí (PDF)

Si el contribuyente presentó a la SAT facturas fraudulentas debe comenzar con un proceso de rectificación o regularización, para lo que tendrá que acudir a las oficinas de la entidad o efectuar el proceso en línea. 

Este paso consiste en reportar las facturas fraudulentas y pagar el monto en concepto de IVA de estas. 

Por medio de la red, la rectificación puede hacerse utilizando

• Declaraguate

• O desde la página de la SAT

El titular de la SAT dijo que los usuarios tienen todo el mes de diciembre para efectuar la rectificación, en las instalaciones o en línea, y en enero la entidad recaudadora comenzará con una fiscalización para determinar quiénes solventaron su situación. 

Solórzano hizo énfasis en que no se deben sustituir facturas falsas por otras igualmente falsas, ya que la SAT tiene pleno conocimiento de este tipo de práctica fraudulenta.  

De no hacerse la rectificación, la SAT comenzará el próximo año con los procesos legales respectivos para la penalización de los delitos del contribuyente. 

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“Nunca tuve ningún problema en Inglaterra. Como usted sabe mi vida es un libro abierto, yo no puedo ocultar nada. Sería ridículo por mi parte. No lo voy a decir pero… me gustaría volver a Inglaterra”, comentó CR7 a la magistrada, al tiempo que reiteraba su inocencia e insistía en que estaba allí por como se llamaba a pesar de que la jueza lo desmentía: “No, eso no me lo creo. Eso son cuestiones técnicas”.

En las declaraciones, el delantero portugués asegura que siempre cumplió con los requerimientos que le han pedido  en los lugares en los que ha jugado.

“No entiendo mucho de esto. Si es para tener algún problema hay que pagar porque la verdad se sabe siempre. Mis asesores me dijeron “Cris, es así”, pues vale. No oculté nada y no se lo que estoy haciendo aquí si quieres que sea sincero”, comentó al inicio de la declaración que dio el pasado 31 de julio ante la jueza del Juzgado de Instrucción número uno de Pozuelo,  Mónica Gómez Ferrer.

“Todo lo que me dicen mis asesores es que no tengo culpa de nada. No tengo nada de malo. Jorge es como yo. Si yo tengo hasta sexto de escolar Jorge tiene el quinto. Míreme a los ojos, yo nunca oculte nada. No he pasado por esto en mi vida. Como usted sabe mi vida es un libro abierto, yo no puedo ocultar nada. Sería ridículo por mi parte”, agrega en la declaración que ha sido publicada por el diario portugués.

Días atras, el pasado viernes el presidente del Real Madrid, aseguró que el delantero merengue esta contento de jugar con el campeón de Europa, mientras que se mostró optimista acerca de la investigación por el supuesto fraude fiscal.

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“La información que tengo es que no ha habido nada que pueda constituir delito”, dijo Pérez.

“Él vino a España en el año 2009 con la misma estructura fiscal que tenía en Inglaterra, que ahora digan que la parte que hace aquí en España es un porcentaje mayor o menor…, pero él nunca ha ocultado nada, y si no hay ocultación, no hay delito”, consideró el presidente blanco.

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“Podrá haber una interpretación distinta y en ese sentido está tranquilo”, añadió el presidente blanco.
El jugador portugués tuvo que comparecer el pasado 31 de julio ante una juez, que el jueves ordenó la comparecencia, entre otros, de su agente Jorge Mendes para declarar en el marco de este caso el próximo 19 de octubre.

Observa el video de filtrado por el períodico Correo da Manha:

Entre el tipo de pruebas que se prevé presente al titular del Juzgado Décimo, Walter Villatoro se encuentran: documentos, audiovisuales, escuchas telefónicas, entre otras.

La audiencia esta programa para mañana a las 9.30 horas en la sala que asigne Villatoro. En esa misma audiencia deberá coordinar la fecha para el inicio del debate.

La estructura de contrabando ocultó el ingreso de azúcar al país para pagar menos impuestos y de acuerdo a cálculos del MP evadieron cancelar unos Q20 millones a la Superintendencia de Administración Tributaria  (SAT) en dos años.

El ente investigador reveló que las primeras incautaciones se llevaron a cabo en marzo del 2014, en esa ocasión se pudo establecer que traían 400 quintales del referido producto sin declarar y por este caso el Estado dejó de percibir Q28 mil.

Además en seguimiento a este caso en una bodega en Mixco se localizaron 1 mil 500 sacos de azúcar.

Antecedentes

El 5 de marzo del año pasado fueron detenidos José René Fuentes Perdomo y otras ocho personas por su presunta vinculación a la estructura denominada Agua Miel, la cual se dedicaba a ingresar azúcar desde Honduras a Guatemala (a través de la frontera El Florido, sin declarar impuestos y en consecuencia defraudar al fisco por al menos Q20 millones.

En marzo de este año durante la etapa intermedia la Fiscalía de Delitos Económicos del Ministerio Público (MP) formalizó la acusación, y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y la Procuraduría General de la Nación (PGN), reclamaron una reparación al Estado por Q33 millones.

En junio de ese mismo año, se ejecutó una medida de extinción de dominio de cinco vehículos de lujo que les pertenecían y que se presume fueron adquiridos con el dinero obtenido por el ingreso de azúcar de contrabando.

Cinco automóviles fueron entregados oficialmente al Estado de Guatemala, en cumplimiento con la Ley de Extinción de Dominio.

Los delitos imputados contra los sindicados son asociación ilícita, defraudación aduanera en forma continuada, casos especiales de defraudación tributaria y envenenamiento de agua o de sustancia alimenticia o medicinal.

Algunos señalados

• José René Fuentes Perdomo
• Manuel Vicente Flores Recinos
• Karla Lucía Tejeda
• Claudia Dinora Chinchilla Zeceña
• Wilfredo Raymundo Guerra
• Marco Tulio Araujo Arce

El operativo fue realizado por la Dirección de Investigaciones Criminalísticas del Ministerio Público, MP; fiscales y agentes de la Policía Nacional Civil, PNC. entre las 17.45 y 18 horas en la residencia 2-34 de la lotificación hacienda Real, Santa Rosita, zona 17. 

Abadío Molina estaba refugiado en una vivienda en construcción de dos niveles. Era acompañado por una mujer de nombre Luvia Liseth Pinto Cabrera, quien al principio negó que el ex superintendente se encontrara en el lugar. Luego, informó al MP que tenían poco tiempo de habitar la casa.

Cuando fue sacado de la vivienda, Abadío vestía playera roja, chumpa azul, pantalón de lona, zapatos tenis y gorra. Según el MP, fue detenido en una de las habitaciones del segundo nivel. Se le decomisaron Q260 mil en efectivo, pero ninguna arma de fuego. También se le incautó documentación que sería analizada, dijeron las autoridades. El detenido fue llevado al Preventivo de la zona 18 bajo fuertes medidas de seguridad.

“Solo le pido a Dios”

Las primeras palabras que abadío expresó fueron: “Mis abogados van a desvanecer las acusaciones que me están haciendo. Le estaba pidiendo a Dios que esto sucediera”.

Añadió: “Le doy gracias a Dios darme esta tranquilidad; sé que soy inocente”. 

Aseguró que con ayuda de sus abogados desvanecerá las acusaciones en su contra. “Le pido a Dios que se agilice el proceso y que no se retrase, porque tengo derechos constitucionales”, agregó.

El ex superintendente dijo que se le trataba “peor que cualquier ser humano”. Además, expresó: “Tengo un récord limpio en mi vida y esos señalamientos los tengo que desvanecer ante Dios y la sociedad”. Abadió aseveró que sus hijos, vinculados también en la investigación, se entregarían en su momento.

Sigilo

El fiscal general del MP, Juan Luis Florido, dijo que la operación montada para la detención de Marto Tulio Abadío Molina se realizó en forma silenciosa. “Fue un operativo que se llevó con mucho sigilo y destreza por parte del MP”, expresó.

Florido señaló que la información para la captura de Abadío llegó luego de una conversación con el diputado (hoy ex presidente en prisión) Otto Pérez Molina, quien le dijo que alguien había visto al ex recaudador en el lugar. “Dimos seguimiento a una serie de personas lo cual nos permitió llegar a ese punto”, indicó.

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La investigación comenzó, según el  comunicado del MP, por ocho denuncias efectuadas por la SAT entre los años 2011 y 2016.

El MP cuenta con seis expedientes donde figuran  los detalles de las investigaciones en contra de Bero de Guatemala y dos más donde aparece Sertinsa, S. A., principal proveedora de la primera,   ambas inscritas en el Registro Mercantil  y  el Registro Unificado Tributario de la SAT, y las dos con  el mismo domicilio fiscal y los mismos representantes legales.

“La empresa solicitó la devolución del crédito fiscal del IVA, solicitada por las empresas, y al existir dudas sobre la veracidad de la documentación, la SAT comenzó la verificación de los proveedores, en los que se encontraron inconsistencias”, informó el MP.

Hallazgos

Entre las inconsistencias halladas hay proveedores no localizados, otros  sin infraestructura física, que aparecen con omisos, no localizados y domicilios fiscales inexistentes.  

El intendente de Asuntos Jurídicos de la SAT, Adrián Zapata,  informó que el juez autorizó  el embargo con carácter de intervención, aunado al arraigo del representante legal y el embargo de créditos fiscales y  cuentas bancarias.

La compañía   argumentó  que contaba con una intervención previa desde hace un mes, por una deuda mercantil con otra entidad privada, indicó Zapata.   

“La empresa Bero de Guatemala se encuentra  intervenida por orden de juez competente en el ámbito civil, por lo que la SAT dará el seguimiento necesario para poder ejecutar la acción autorizada en el ámbito fiscal, ya que los adeudos tributarios tienen prioridad”, explicó.

Actividad

Entre las principales actividades que efectúan las  firmas están la compra, procesamiento y venta de café en mercados locales  e internacionales.

Según el  MP, las empresas son parte de Neumann KaffeGruppe, de Alemania,  con sucursales en México, El Salvador, Colombia y Guatemala.

Pagan Q2 millones

La empresa Exportaciones Tzarab, S. A., canceló Q2 millones  555 mil 185.84   por defraudación aduanera,  monto que incluye  multa e intereses  resarcitorios, afirmó  ayer en un comunicado el Ministerio Público (MP).

La firma es un negocio  procesado por  medio de su representante legal, Luis Raúl  Sánchez Calvillo, y era investigada por  la Fiscalía de Delitos Económicos por el delito de defraudación aduanera, se señaló.

Según los fiscales, en la audiencia realizada ayer se determinó que la empresa canceló el monto defraudado
 y por tal motivo, el juez otorgó  la suspensión condicional  de la persecución  penal  a su representante legal.

Exportaciones Tzarab no realizó el pago  correspondiente del IVA,  por Q602 mil, durante el período  del 2000
y 2001.

Casos similares

• Aceros de  Guatemala  hizo un pago de Q752 millones al fisco, luego de haber sido intervenida.
• Ajemaya S.A., fabricante de bebidas carbonatadas, pagó Q27.8 millones por adeudo.
• Farmacias Galeno pagó Q34.8 millones por reparos fiscales  de dos años pasados.
• Farmacias de la Comunidad, aún intervenida, debe Q25 millones al fisco. 

“Algunas otras cuestiones que se puedan coordinar con la Policía Nacional Civil, toda vez que directamente  el traslado de los reos depende del Sistema Penitenciario, estaremos viendo si se solicitan algún tipo de refuerzo de parte de la PNC, no tengo conocimiento de algún requerimiento particular”, afirmó,

Reiteró que siempre prevén todas las medidas de seguridad que garantice que las personas sindicadas, medios, abogados, jueces y Ministerio Público puedan ingresar para que se lleve a cabo la audiencia sin contratiempos.

Rojas refirió que cuando los casos son de numerosos detenidos, los jueces pueden programar las audiencias de tal manera que no se ocasionen aglomeraciones, sin embargo este caso de cooptación del Estado al momento no ha sido solicitado algún proceso.

“Los juzgados son los que tienen todas las condiciones para que se lleven a cabo esas audiencias, porque recordemos que debe llevarse el control de la grabación  y exactamente en la sala de vista se podría llevar tomar esa previsión, pero la salas tienen esas capacidades  para llevarse a cabo esas audiencias”, ejemplificó.

Al consultarle sobre si tienen algún plan para atender a sindicados cuando los casos tengan grandes números de implicados, Rojas recordó que en un caso donde se detuvieron a unas 90 personas se coordinó que en un lugar amplio se les hiciera saber el motivo de su detención.

En este caso se trata de 27 detenidos y otros más que ya estaban en prisión. Se presentará al juzgado B de Mayor Riesgo.

“El sistema de justicia lo que debe hacer es trabajar en forma coordinada y en el caso que así proceda se está haciendo”, refirió el presidente.

Financiamiento ilícito

El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), descubrieron que el Patriota se agenció de fondos para ganar las elecciones en 2011.
 

Se colocaron operadores en las instituciones públicas que gestionaron comisiones ilícitas. @prensa_libre pic.twitter.com/l9Q8ru53e1

— Jerson Ramos (@Jerson_Ramos_C) June 2, 2016

Además, al haber llegado al Gobierno, Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti habrían negociado al menos 450 contratos entre diversas empresas, reales y de cartón, con distintas entidades del Estado, y por lo que habrían recibido por lo menos Q500 millones en sobornos.

Hasta el momento suman 27 personas capturadas, además de las llamdas a declarar de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, ntre otros implicados. 

López Gálvez es señalada del delito de financiamiento electoral ilícito, por supuestamente haber proporcionado fondos irregulares al Partido Patriota (PP) durante su campaña electoral en 2011.

El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), descubrieron que el Patriota se agenció de fondos para ganar las elecciones en 2011.
 
Además, al haber llegado al Gobierno, Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti habrían negociado al menos 450 contratos entre diversas empresas, reales y de cartón, con distintas entidades del Estado, y por lo que habrían recibido por lo menos Q500 millones en sobornos.

Aldana indicó que la investigación derivó de los documentos que fueron localizados luego de que se realizaran allanamientos en 2015, y que saliera a luz el caso La Línea.

Aldana calificó la situación como una cooptación de las entidades del Estado, mientras que Velásquez destacó el descubrimiento de tres grupos de lavado: empresas pantalla, empresas de papel y empresas cambistas y de transportes de valores.

Confiada y sonriente, Fernández de Kirchner había ingresado al juzgado de su archienemigo Claudio Bonadio sorteando una colorida y ansiosa muchedumbre de partidarios con banderas, bombos, carteles y pancartas con reproches a Macri por los despidos y los aumentos de tarifas.

“Todas las supuestas causas que están inventando contra Cristina son tan falsas que se va a quedar en un show. Las medidas económicas de Macri nos asfixian”, afirmó Alejandro Rodríguez, de 30 años, un trabajador de la periferia de Buenos Aires presente en el mitin espontáneo.

Fernández sostuvo que la acusación por una operación cambiaria del Banco Central durante su mandato  (2007-2015) revela “la intención del gobierno, con la colaboración imprescindible del poder judicial, de plantar una causa penal que me prive de la libertad”, escribió en un documento que entregó al juez.

Este primer gran mitin opositor al gobierno de centroderecha de Macri fue transmitido casi en cadena nacional por las principales televisoras del país y seguido minuto a minuto por los portales de noticias.

“No les tengo miedo. Afrontaré este proceso y cualquier otro que quieran fabricarme”, dijo en la red social Facebook.

Además de esta causa, la expresidenta afronta también el pedido de investigación de un fiscal por supuesto lavado de dinero de un empresario amigo.

La citación colocó a Kirchner en el centro de la escena política luego de haberse recluido en la Patagonia  (sur) desde el 9 de diciembre, cuando dejó el cargo a Macri.

Macristas querellantes

La exmandataria está imputada por afectar los fondos del Banco Central con las “ventas de dólares a futuro”, una operación cambiaria realizada por el Banco Central en septiembre pasado, en plena campaña electoral.

En un intento por desalentar una devaluación, el Banco Central fijó precios de dólar no muy altos, válidos para marzo de 2016.

Pero Macri, cuyo triunfo sorprendió al kirchnerismo, devaluó tras asumir y el Banco Central tiene que pagar ahora un 50% más caros los futuros.

Los querellantes son dos macristas, el titular del Senado, Federico Pinedo, y de Diputados, Mario Negri.

El juez acusa a Fernández, sin fueros tras dejar la Presidencia, al expresidente del Banco Central Alejandro Vanoli y al exministro de Economía Axel Kicillof de presunta “defraudación contra la administración pública”.

“Es un caso de denuncia política armada donde no hay acusación”, dijo Kicillof al calificar la causa de “absurda”  en un escrito presentado a Bonadio el martes.

Lluvia de causas

Argentina está agitada por denuncias judiciales que alcanzaron incluso a Macri por la revelación de al menos dos sociedades offshore suyas en la investigación de los “Panama Papers”  y por una serie de acusaciones a exfuncionarios de los gobiernos de Néstor Kirchner  (2003-2007) y su esposa, Cristina Fernández (2007-2015) .

“Se la pasaron buscando la ruta del dinero K y se encontraron con la ruta del dinero M”, dijo Kirchner arrancando aplausos en su encendido discurso.

Las acusaciones contra los kirchneristas van desde enriquecimiento ilícito hasta lavado de dinero con sospechas cruzadas de parcialidad de fiscales y jueces.

La diputada del partido socialdemócrata GEN Margarita Stolbizer, una de las principales denunciantes de gestiones sospechosas durante el kirchnerismo, advirtió que existen “muchos elementos para procesar”  a Kirchner “en varias causas”.

Política judicializada

Felipe Solá, diputado del Frente Renovador, opositor a Kirchner y a Macri, criticó el martes lo que consideró “la judicialización de los temas políticos”. “Esta es una causa sobreactuada por Bonadio”, indicó.

La docente Adriana González  (56), en medio de una marea de jóvenes militantes, dijo a la  AFP  que “tenemos memoria y no queremos otro 2001”, con un colapso financiero y estallido social.

Eduardo Gino  (60), profesor de Bellas Artes, dijo que “este gobierno de empresarios es un retroceso inmenso que pagaremos caro”. “La causa contra Cristina es persecución política”, añadió.

Por defraudación aduanera en delito continuado también fueron enviados a juicio José Agustín Roca Estrada, Marco Tulio Araujo Arce y Estuardo Manuel Fuentes Ramos.

Asimismo, Manuel Vicente Flores Recinos, José Agustín Roca Estrada y Marco Tulio Araujo Arce por el delito de casos especiales defraudación tributaria.

El juez Villatoro tomó la decisión luego de tres días de audiencia de la etapa intermedia.

La Fiscalía de Delitos Económicos del Ministerio Público (MP) presentó documentos contables, escuchas telefónicas, fotografías y dictámenes del Ministerio de Salud.

También sustentó la acusación con informes del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif). La Procuraduría General de la Nación (PGN) solicitó adherirse a la acusación hecha por el MP.

La PGN también pidió la reparación a favor del Estado por Q33 millones por los tributos que la estructura no habrían pagado.

El caso

Durante la etapa intermedia la Fiscalía detalló que entre enero de 2013 y el 5 de marzo de 2015, la red defraudó al fisco por Q20 millones.

Los integrantes de la estructura introdujeron a Guatemala azúcar que era acreditada como un producto derivado para pagar un impuesto menor.

El MP cree que durante ese lapso el Estado dejó de percibir los impuestos correspondientes.

La Fiscalía ha perfilado a Fuentes Perdomo como supuesto jefe de la red y como subjefes a Flores y Tejeda. Roca y Guerra presuntamente coordinaban el transporte y distribución del producto contrabandeado.

Araujo y Chinchilla supuestamente son los representantes de dos empresas que prestaban sus nombres como responsables del ingreso del producto.

Mientras tanto, Fuentes y Estrada ocupaban cargos operativos pues se dedicaban a trasladar el producto en camiones.

Monzón se presentó este miércoles al Juzgado a confirmar que su representación legal en el caso, luego que la defensa de los demás sindicados señalan que Estuardo Salvados González Álvarez, alias Eco, y Monzón, son representados por los mismos abogados y es improcedente ese ejercicio en una defensa.

Es deber de las autoridades de Guatemala proteger la vida de Salvador Estuardo González, "ECO", notoriamente en peligro por su colaboración

— Iván Velásquez Gómez (@Ivan_Velasquez_) March 9, 2016

El exsecretario privado de Baldetti está procesado ya que las investigaciones del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad,  lo  sindican de ser uno de los cabecillas de la red de defraudación aduanera La Línea.

La presencia de Monzón en la sala Juzgado de Mayor Riesgo B tomó relevancia, ya que se efectúa la audiencia en que Eco revela cómo funcionaba la red de defraudación, y el exsecretario privado de Baldetti asegura que él tiene la otra parte de la verdad acerca de La Línea.

Calderón aseguró ante el juez Miguel Ángel Gálvez que todo lo que Estuardo González, alias Eco, ha dicho sobre Monzón es cierto, pero existen otros detalles que el primero ignora.

Monzón busca convertirse en colaborador eficaz y con eso ser favorecido con un proceso abreviado en su contra, por la participación en la estructura. 

Revelaciones

El 5 de octubre del 2015 fue capturado Monzón y dijo: “Soy el eslabón que el MP necesita para cerrar esta investigación”.

Con esas palabras el exsecretario privado de la vicepressidencia realizó una serie de declaraciones que dejan al descubierto la forma en que operaba La Línea, y cómo el expresidente Otto Pérez Molina y Baldetti se beneficiaron de esa defraudación.

Monzón dijo que decidió hablar después que el expresidente Pérez Molina y el abogado de Baldetti lo señalaron de ser el cabecilla de La Línea. Además, negó ser la cabeza de la estructura delictiva.

En su primera declaración se refirió a Salvador Estuardo González, alias Eco. “Reconozco que Salvador Estuardo González Álvarez  dijo la verdad, lo que dijo es lo que sabe, la otra mitad la tengo yo”.

El abogado Juan Carlos de Paz, defensor de González Álvarez, fue notificado este martes sobre la resolución del juez, y explicó que su cliente acudió varias veces al MP, a entrevistas con fiscales, para relatar lo que conocía sobre la manera en que operó la estructura.

De Paz también dijo que González Álvarez fue sometido a pruebas de polígrafo y que los investigadores verificaron la veracidad de sus declaraciones, por lo cual el 6 de noviembre del año pasado se firmó el convenio de colaboración, el cual fue ratificado el 24 de ese mes.

Reunidos

Según la programación del juzgado, la audiencia durará por lo menos un mes.

A la diligencia deberán acudir no solo quienes se sospecha son parte del cuadro operativo de la estructura, sino también los presuntos jefes como el expresidente Otto Fernando Pérez Molina, la ex vicegobernante Roxana Baldetti Elías, y su ex secretario Juan Carlos Monzón Rojas.

Juzgado unifica audiencia intermedia del #CasoLaLínea y ordena comenzar con declaración de Eco. @prensa_libre pic.twitter.com/iqZULbSR5n

— Jerson Ramos (@Jerson_Ramos_C) February 23, 2016