“Los Estados Unidos ha ofrecido asistencia técnica en la investigación del atentado al autobús el 21 de enero pasado. En referencia a este punto, solo ha habido discusiones preliminares con el Ministerio de Gobernación acerca de brindar apoyo para la creación de una Unidad Comando de Incidentes Críticos. Actualmente no hay planes para apoyar la creación de una unidad antiterrorista en la Policía Nacional Civil (PNC)”, dijo la embajada.

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Degenhart dijo que había una propuesta de crear una unidad antiterrorista en la PNC con la asesoría del Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés). El tema resalta luego del ataque con bomba al autobús de la ruta 32 y exministros de Gobernación coinciden en que es un mecanismo de distracción para esconder la debilidad que tienen las fuerzas policiales.

Una semana después del ataque con bomba al autobús de la ruta 32, en zona 7, Degenhart propuso crear la Unidad de Comando de Incidentes Críticos (Ucic) para atender casos similares y la Unidad Antiterrorista. Además, expuso que la Policía resolvió el caso -del ataque a la unidad- en “plazo relativamente rápido” con ayuda del FBI.

Degenhart tenía tres días de haber sido designado como ministro de Gobernación -el 29 de enero del 2018- y sorprendió con la petición que les hizo a diputados del Congreso de la República de tipificar a pandilleros como terroristas por medio de reformas al Código Procesal Penal. Un año después insiste en el tema, ahora propone crear la unidad antiterrorista en la PNC.

El ministro de Gobernación explicó: “El FBI nos está apoyando de corto plazo en la creación de esta unidad de comando, que es una unidad importante. A raíz de este evento -el ataque al autobús- nos damos cuenta de que el Ucic es necesaria, tenemos que tener las capacidades los protocolos y las facilidades para poder hacer esa integración interinstitucional cuando este tipo de eventos terroristas se desarrolla”.

Degenhart expuso que el FBI aún consulta si es o no autorizado “para que apoyen en la creación de la unidad antiterrorista” que dependerá de Gobernación y tendrá como “objetivo todo el desarrollo preventivo y correctivo de este tipo de eventos de impacto mayor”.

No es la primera vez que el FBI asesora al ministerio de Gobernación, desde el 2005 brindó respaldo a la PNC para investigar pandillas. En el 2010 se creó Centro Antipandillas Transnacional (CAT) que funciona también en El Salvador y Honduras.

En marzo del 2016 los agentes de CAT participaron en el esclarecimiento de los casos de cadáveres desmembrados que aparecieron en Mixco. Una cabeza fue dejada en frente a la sede de la municipalidad de Mixco.

El distractor

El exministro de Gobernación Carlos Menocal calificó la propuesta de Degenhart como “ideas sacadas de la manga” para abordar la seguridad ciudadana.

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“No hay necesidad de poner la unidad antiterrorista cuando hay métodos que la Ley contra la Delincuencia Organizada te las da para combatir a esos grupos criminales. El tema es que la visión del ministro y el Gobierno es visión militarizada bajo la lógica de seguridad nacional y no seguridad democrática”, criticó Menocal.

La propuesta de combatir el terrorismo para Menocal implica riesgos de estigmatizar a ciudadanos sin investigación criminal e inteligencia civil.

“Crear más oficinas y lo único que van a hacer es analizar y perfilar, y con todo respeto: las acciones delictivas están ocurriendo. Esto ocurre -el ataque al autobús- en donde el ministro e Gobernación destituye al jefe de Escuchas Telefónicas, al jefe de Delitos contra la Vida, al de Trata de Personas, desmantela todo el engranaje de investigación criminal y desmantelamiento a la institucionalidad”, señaló Menocal.

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Adela de Torrebiarte expuso que las propuestas del ministro de Gobernación “son buenas” para capacitar a los policías en cómo tratar a grupos terroristas y organizaciones, pero expuso que las pandillas “no se defienden como organizaciones terroristas”.

Torrebiarte argumentó: “Hay un orden que no podemos perder, un orden establecido y que no podemos entrara a crear un ambiente de terror e inseguridad para la gente. El abordaje del terrorismo hay que hacerlo de forma integral, de inteligencia con transparente uso de las capacidades del Estado”.

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El exministro de Gobernación Francisco Jiménez percibe que las propuestas de Degenhart son
“técnicas para desviar la atención por lo que está pasando” en seguridad ciudadana.

“Hay decisiones que están dañando a la Policía como los cambios y reconcentración de personal y sus propuestas -de Degenhart- al mencionar al FBI y terrorismo son mediáticas. Hace un año tiró el concepto de terrorismo públicamente sin explicar la razón de las pandillas para perfilarlos así, hay que analizar doctrinas internacionales, es un uso extendido del concepto de terrorismo”, indicó Jiménez.

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Según Jiménez el terror lo puede causar la violencia, pero también un padre que castiga a su hijo “puede causar terror” por eso considera un tema de mucha reflexión.

Al exministro de Gobernación Francisco Rivas la creación de la Ucic “es una buena iniciativa” para brindar continuidad de investigación a “problemas emergentes que surgen producto de la violencia y corrupción”, pero aclaró que debe estar aprobada por medio del procedimiento administrativo gubernamental.

Por la creación de la unidad antiterrorista dijo: “Considero que es una disposición reactiva ante el fenómeno pandillero, que difícilmente se resolverá de esa forma sin tener control en las cárceles y programas de prevención en los lugares donde operan”.

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El pasado 4 de julio, el comisario Wilson Petronilo López Maldonado, jefe de la Diproper-PNC, ordenó que se reconcentraran a esa división policial a 20 de los 45 agentes asignados a la seguridad de la Cicig, informó la comisión por medio de un comunicado.

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“El comisionado Iván Velásquez respondió a esta acción el jueves 5 de julio de 2018 señalando que lamentaba profundamente que la cooperación que el Gobierno de Guatemala se ha comprometido a prestar en cuanto a seguridad y protección del personal de Cicig se vea ahora limitada y confía que estas decisiones adversas sean reconsideradas”, se lee en el pronunciamiento.

La Cicig recordó que el país podría estar vulnerando artículo 8 del convenio de creación de la Cicig, según el cual “el Gobierno de Guatemala adoptará todas las medidas eficaces y adecuadas para garantizar la seguridad y protección de las personas a que se hace referencia en el presente Acuerdo”.

Reorganización

El vocero de la PNC, Pablo Castillo, explicó que la decisión estuvo fundamentada en un análisis de riesgo que realizó Diproper-PNC, en el que concluyó que la Cicig tenían un exceso de personal de seguridad.

“De todas las instituciones a las que la PNC apoya en seguridad perimetral, la Cicig era la que más tenia. Debido a necesidad de recurso humano en este momento se retiraron a  20 agentes y se dejaron asignados a 25”, comentó.

La División realiza cada seis meses una evaluación de los ministerios, embajadas, diputados y personas particulares que por orden de juez se les presta servicios de seguridad. “Son muchos los requerimientos en cuanto al tema de seguridad que tiene la PNC”, agregó Castillo.

Cambios

No es la primera vez que agentes de la PNC asignados a la Cicig son removidos. Desde la llegada del ministro de Gobernación (Mingob), Enrique Antonio Degenhart, por lo menos en dos ocasiones anteriormente la Cicig ha sufrido bajas en cuanto al personal policial que tiene a su disposición.

El pasado 19 de marzo, el Mingob le retiró a la Cicig a 11 agentes que eran parte de la Dirección General de Inteligencia Civil (Digici) y apoyaban directamente en tareas de investigación. Estos fueron reinstalados unos días después.

El 24 de abril pasado, el ministro Degenhart y el comisionado Velásquez cruzaron cartas respecto a una diligencia que efectuó el lunes un policía designado a la Cicig en el residencial donde vive el jefe de la cartera del Interior. Los agentes involucrados en el operativo fueron reasignados a otras unidades, a pesar que Velásquez explicó que se adelantaban investigaciones que no tenían relación con Degenhart.

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La Policía Nacional Civil (PNC) registró 28 nuevas bajas “por reorganización” en cargos que van desde agentes hasta comisarios, informó el Departamento de Comunicación Social del Ministerio de Gobernación (Mingob).

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Los agentes exigían el cumplimiento de mejores condiciones salariales incluidas en el proyecto de reforma al acuerdo gubernativo 718-98, que contemplaba un aumento de Q160 al bono de antigüedad y añadir un bono especial de Q1 mil 800 al salario base.

En el plantón, los manifestantes también portaban carteles en los que pedían la salida del ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, y del viceministro Kamilo Rivera.

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Este año, otros 13 altos cargos de la PNC y Gobernación han sido sustituidos desde la llegada de Degenhart a esa cartera.
Víctor Porras de la Asociación Humanitaria Orgulloso de mi PNC, indicó que la incapacidad del Ministro de Gobernación de poder dirigir la cartera hace que quite personas con experiencia y poner personas que él puede manejar a su antojo.

“Si hay represalias y lo hacen para infundir miedo en el corazón de los agentes de la PNC, una compañera que dio declaraciones para un medio de comunicación el día de la manifestación, fue dada de baja”, explicó Porras.

El directivo señaló que las destituciones también se dan por no cumplir con las órdenes que él da —Degenhart—, él no busca dar seguridad a los guatemaltecos, sino que sólo ayudar al presidente Jimmy Morales, “para eso fue nombrado”.

Por segunda semana consecutiva —la primera protesta se llevó a cabo el 20 de junio—  los familiares de los agentes se plantaron afuera del Mingob, para manifestar su descontento ante el incumplimiento del aumentarles un bono de antigüedad de Q40 a Q200 y un incremento salarial que les habían prometido.

El exministro de Gobernación, Francisco Rivas confirmó que durante su gestión se impulsó el proyecto de reforma y que estaba listo para entrar en vigencia.

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“Es lamentable lo que está pasando en la PNC”, comentó. “Es evidente que existe inestabilidad e inconformidad, producto de acciones que han venido a deteriorar la institución policial”, agregó.

De acuerdo con Rivas, el bono y el incremento salarial iban a ser financiados con ahorros de la cartera del Interior.

Por su parte, Adela Camacho de Torrebiarte, excomisionada presidencial para la reforma policial, dijo que la propuesta tenía como objetivo recompensar a las fuerzas de seguridad por los buenos resultados obtenidos en los últimos años, pero esos procesos fueron cortados.

Camacho dijo que es importante el cumplimiento del bono, para dignificar a los agentes de la PNC.

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