“La principal amenaza es la cooptación de los órganos judiciales”

Misión de Seguimiento Electoral de la Unión Europea aboga por reformas legales y transparencia en la renovación de instituciones clave.

Geovanni Contreras

2 de junio de 2025 | 00:05h

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Jordi Cañas, jefe de la Misión de Seguimiento Electoral de la Unión Europea, enumera las razones por las que en Guatemala no se han implementado recomendaciones para que en el 2027 no vuelva a suceder lo de las elecciones generales del 2023. (Foto Prensa Libre: Unión Europea)

Después de reunirse con las cabezas de varias instituciones del Estado, la Misión de Seguimiento Electoral de la Unión Europea concluyó que ninguna de las 26 recomendaciones que la Misión de Observación Electoral hizo en el 2023 se ha ejecutado, aunque hay avances en tres.

De esa cuenta, el jefe de ambas misiones, Jordi Cañas, habla con Prensa Libre acerca de las amenazas y desafíos de la democracia guatemalteca, con miras a las elecciones generales del 2027.

Luego de toda la ronda de reuniones con los poderes del Estado, ¿con qué percepción se va en cuanto al cumplimiento de las recomendaciones antes del proceso electoral del 2027?

Que hay algunas de ellas que, en función de las conversaciones que hemos tenido, se ha abierto la posibilidad de poder impulsarlas a través de un cambio de la ley, una reforma de la ley Electoral y de Partidos Políticos, buscando unos acuerdos mínimos. Eso es lo que nos han transmitido las principales fuerzas políticas del Congreso.

Que eso esté realmente dentro de sus prioridades en la agenda legislativa, yo tengo mis reservas, pero siempre prefiero ser confiado y confiar en lo que me dicen, porque creo que es razonable, que es posible, que sería bueno, porque creo que lanzaría un mensaje del propio Congreso, de decir “somos conscientes de que tenemos que hacer algunas reformas, de que podemos conseguirlas desde el consenso, porque hay unas reformas, no solo que plantea el informe de la Misión de Observación Electoral del 2023, sino que estaban recogidas en la OEA, en los informes de las observaciones locales”, y que hay muchas de ellas que están fuera de la discusión ideológica de las diferentes fuerzas políticas, que podrían ser de consenso, y que lanzaría un mensaje a la ciudadanía de que, a pesar de la atomización y del debate político interno, “somos capaces de sumar para incorporar reformas que creemos que son necesarias para perfeccionar nuestra democracia”.

Y a pesar de que es difícil y que se enfrentará probablemente una diferencia en la prioridad de las agendas políticas, yo creo que es posible, y mientras sea posible prefiero confiar que si aquellos que pueden impulsarlas me dicen que pueden, pues se cumplan.

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Después, hay otras que se podrían implementar con un Tribunal Supremo Electoral funcional, y eso también depende de la voluntad tanto de la presidenta como de los magistrados suplentes, que son titulares de facto, porque son los miembros de facto del órgano, el órgano está constituido y lo que tiene que hacer es su trabajo, y su trabajo es empezar a preparar las elecciones del 2027 con un traspaso de poderes en el 2026 y dar respuesta a las recomendaciones de la Unión Europea, que algunas dependen del Tribunal.

Por lo tanto, preferimos ser optimistas. Creemos que lo que se planteó en las 26 recomendaciones era posible, era factible, redujimos el número para justamente facilitar su implementación y delimitarlas en ámbitos de actuación concretos e importantes, y creemos que es posible. Pero bueno, dependerá, como todo, de la voluntad política, de la voluntad de los magistrados de Tribunal Supremo Electoral, y de ser capaces de aprobarlas antes del límite temporal, que es un año antes de las próximas elecciones.

En la conferencia reciente mencionó, cuando hablaba de las 26 recomendaciones, que han pasado muchas cosas, pocas buenas, ¿cuáles son esas buenas cosas que pasan? 

Bueno, sí lo he dicho, porque a veces me dejo llevar por el tono general del debate aquí en el país, pero yo lo hubiera dicho al revés, han pasado muchas cosas buenas y algunas malas, y han pasado algunas muy buenas, y voy a empezar haciendo lo que tenía que haber dicho en la rueda de prensa, que es diciendo que han pasado muchas cosas buenas, pero que continúan algunas malas.

¿Cuáles son estas?

En general, las que definían el contexto previo a las elecciones del 2023, pero que se acentuaron a lo largo del proceso, que es una cooptación de los órganos deliberativos o judiciales del país por parte de una minoría que buscaba consolidar y mantener su poder y su impunidad, que para eso quería mantener el control del poder del Congreso y de la Presidencia de la República, y que hubo un elemento que no esperaban, que era que finalmente hubo un candidato que no pertenecía a esa estrategia, que ganó las elecciones y por lo tanto es el presidente legítimo de Guatemala.

Cuando, tras la primera vuelta, se vio que la estrategia de que pasaran dos candidatos controlados por ese sector de Guatemala no se cumplió, a partir de ahí se puso en cuestión todo el proceso, un proceso que se había empezado a cuestionar con la eliminación y supresión de numerosas listas electorales que podían poner en cuestión el paso a segunda vuelta. Cualquier candidato que podía tener posibilidades de pasar a segunda vuelta y romper el esquema diseñado, era automáticamente inhabilitado, sancionado, o impedida su presentación.

Es decir, que fue una cosa que ya empezó a mostrarse con claridad en la primera vuelta electoral, pero que a raíz de la segunda vuelta se desató la puesta en cuestión del resultado, la búsqueda de suspensión de la naturaleza jurídica del partido que había ganado, pero en el fondo, lo que se buscaba era suspender la segunda vuelta electoral para que la victoria del señor Arévalo fuera considerada ilegítima, puesto que el partido o la formación que había pasado a segunda vuelta no tenía naturaleza adecuada para ello.

Después, no suficiente con todo esto, -hablan sobre- el fraude en el resultado, o sea, como todos los elementos que iban incorporando eran desmontados por la propia realidad, se acabó la narrativa del fraude, una narrativa del fraude que lo que buscaba era cuestionar tanto la elección como la credibilidad del nuevo presidente.

Es decir, cuando tú incorporas una narrativa de fraude a un resultado electoral, esa narrativa es como una semiente que acaba extendiéndose, porque encuentra un eco en un mundo donde muchos ciudadanos, de repente, creen que la tierra es plana, cuando hace cinco años nadie decía que lo fuese, y ahora de repente cada vez hay más gente que sí, que ha entrado en decir que la tierra es plana. Entonces, cuando eso pasa se utilizan esas estrategias en otras circunstancias, en este caso, deslegitimar un resultado para deslegitimar un gobierno, para deslegitimar el proceso democrático, y deslegitimar la democracia, y esto es tan burdo y obvio como preocupante.

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¿Qué cree que ha afectado la implementación de las recomendaciones?

La realidad. ¿Qué nos ha llevado a no implementar las recomendaciones? la realidad, pues es una realidad de un parlamento atomizado, de una falta de impulso en la agenda política por parte de aquellos que decían que la reforma de la Ley Electoral era una prioridad, las dificultades inherentes al mismo proceso de reforma, que son dos tercios del Congreso que hace difícil en general alcanzar esas mayorías reforzadas, la disfuncionalidad de un Tribunal Supremo Electoral que ha sido castigado por defender la democracia y no plegarse a las presiones del pacto de corruptos alimentando el fraude electoral, y que por lo tanto ha significado la victoria de un caso sobre el Trep, que se ha perdido, y ha convertido al TSE en un órgano disfuncional o no operativo, pues la realidad que vive Guatemala, que es el país de la eterna primavera, el sitio donde todo es posible.

Ha mencionado que el objetivo tiene que ser en el 2026. ¿Por qué?

La pregunta debería ser: ¿Qué le pasa a la democracia guatemalteca? o sea, ¿cuáles son sus problemas? El proceso electoral es para garantizar la democracia. Es un instrumento de la democracia para garantizar la alternancia, la continuidad democrática, es decir, para mantener viva la democracia, que no solo es una relación de leyes, constituciones, tribunales, organismos. No, no, no. Es una forma de entender cómo se dirimen las diferencias en un cuerpo político, cómo se dirimen las diferencias entre los ciudadanos, cómo se articulan en unos mecanismos deliberativos, que a su vez son electos cada X años, con el objetivo de garantizar algo fundamental de una democracia liberal, los derechos y libertades de los ciudadanos.

Entonces, ¿cuál es la principal amenaza a los derechos y libertades de los ciudadanos en Guatemala, y por lo tanto a la democracia, y por lo tanto a su proceso electoral? La cooptación de los órganos judiciales, principalmente, porque hay otros también, pero principalmente la cooptación de los órganos judiciales por parte de aquellos que quieren mantener una determinada lógica del poder, que va en contra de los principios democráticos, y lo hacen contra la mayoría y sobre todo pisoteando los derechos fundamentales, persiguiendo las libertades, amenazando a los ciudadanos, intimidando a los ciudadanos, encarcelando a los ciudadanos y sembrando el miedo en el conjunto de la sociedad democrática, con el objetivo de silenciarla y paralizarla, para mantener sus prerrogativas de poder y su control espurio del conjunto del país.

¿Por qué se produjo esa cooptación? Porque hay unos miembros que integran esos organismos que están no al servicio de la comunidad ciudadana, sino al servicio de los intereses de una parte. 

En el 2026 hay los mecanismos de configuración, de nombramientos de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, de la Corte de Constitucionalidad, de la Contraloría de Cuentas, y sobre todo el Ministerio Público, bueno, sobre todo de la Corte de Constitucionalidad, pero especialmente el Ministerio Público también, que puede devolver estos órganos al conjunto de los ciudadanos para normalizar la vida judicial y política del país, para abandonar la judicialización criminal de la política y la politización criminal de la justicia.

Son esas cosas que a veces se les olvida a algunos en una democracia, y se nos olvida a veces reclamarlas, y ya hemos aceptado que lo normal es que un árbitro sea arbitrario, y eso no puede ser. 

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Usted también ha mencionado que la democracia guatemalteca ha resistido momentos muy difíciles, pero ¿cuántos más puede aguantar?

Pues miren, yo confío en que muchos, y espero que todos, porque no solo es la democracia guatemalteca la que tiene que enfrentar retos, es la democracia en todo el mundo. Lo que pasa es que en Guatemala tiene algunos retos singulares y naturaleza específica y grave, pero todas las democracias están asediadas y en dificultades.

Es decir, la democracia es una gimnasia que hay que practicar cada día, porque tiene que mantener un tono, una forma, y eso requiere que el cuerpo social sea consciente de que sus derechos de libertad es el fundamento en el que la democracia funcione. Con sus problemas, sus mecanismos de mejora, con aquellas cosas que uno critica, pero que en el fondo hay una cosa angular, que tú no tengas miedo a que alguien te monte un juicio, que alguien te mete en prisión, o que alguien limite tus libertades, o alguien te amenace, y que ese alguien sea parte de aquellos organismos que están para velar por eso, para que eso no pase. Es decir, volver a Guatemala a la normalidad.

Las cosas normales, las peleas políticas, las diferencias, la parálisis, todas las cosas normales, el incumplir con las promesas electorales, el que la gente se enfade porque el gobierno no ha cumplido, todo eso que pasa en todo el mundo, pero que aquí tiene una diferencia. Y aquí por opinar, por ser periodista, por ser miembro de un pueblo originario, por manifestarse en la calle, por denunciar la corrupción, por tener una posición clara contra los corruptos, por todo eso te pueden perseguir y encarcelar. Que está la paradoja que los corruptos se sienten libres y los demócratas se sienten perseguidos, y eso no puede ser.

Martin Baron: los “influencers” transmiten más autenticidad, tiene una forma diferente de comunicarse con el público

Fue director de tres grandes periódicos de Estados Unidos. Después de 40 años de ejercer el periodismo, es una de las voces más críticas sobre el papel de los medios.

Otto N. Ángel

25 de mayo de 2025 | 15:00h

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Martin Baron, periodista estadounidense quien bajo su dirección propició que diversos periodistas ganaran 18 premios Pulitzer. Foto Prensa Libre: Esbin García

Visitó Guatemala por iniciativa del proyecto Centroamérica Cuenta. Durante su estancia compartió reflexiones sobre el papel de la prensa y los retos que enfrentan los periodistas a escala global.

¿Dónde cree que estamos en este momento? ¿Cuál es el presente del periodismo?

Hay muchos desafíos; hay desafíos políticos y comerciales también. Muchos medios están buscando un modelo sostenible y todavía muchos no han tenido éxito. Y también hay muchas presiones de los políticos que quieren socavar la confianza del público en la prensa independiente y también quieren socavar la sostenibilidad de los medios. Es un momento peligroso porque no podemos ponernos de acuerdo sobre los hechos, y los elementos que se utilizaban antes para establecer o determinar los hechos se han devaluado.

Es peligroso no solamente para la prensa, pero también para la democracia y también, y más importante, para el progreso de la sociedad.

¿No es una paradoja tener tanto acceso al conocimiento y ver esos peligros?

Sí, es una paradoja. Hay muchos medios que han surgido y algunos sitios en internet que dicen que son medios de noticias, pero son medios que difunden mala información y falsedades, y desinformación, y todo eso. Muchas personas van a esos sitios en internet para confirmar sus preexistentes puntos de vista. Además, no todos los gobiernos tienen una política de transparencia.

Muchos están ocultando la información y hemos visto una disminución en el apoyo a la democracia en muchos países, y el ascenso de muchos aspirantes a autócratas o, peor, dictadores. Ellos no tienen ninguna política de transparencia; entonces, es un ambiente muy difícil para la prensa y también para la difusión de información veraz.

¿Y eso termina propiciando estas posiciones autócratas, no?

Sí, una gran difusión de falsedades, de teorías de conspiración y de ideas descabelladas.

Que se dan como si fueran noticias…

Es verdad. Por intereses comerciales, por intereses políticos o cualquier interés. Hay personas que han encontrado una manera de difundir información falsa y ellas tienen la capacidad de aprovecharse de la difusión de información falsa.

¿Cómo ve el futuro del periodismo?

Soy optimista. Siempre intento mantenerme optimista porque yo creo que nuestra misión es tan importante que nunca deberíamos caer en el derrotismo. Tenemos que seguir innovando, adoptar nuevos métodos para comunicarnos con el público. Tenemos que tener una política de transparencia radical, para que el público vea que no hemos sacado de contexto la información que estamos difundiendo. Ah, y también es importante que cubramos a toda la gente en nuestros países y en nuestras comunidades.

Los ciudadanos quieren verse reflejados de forma honesta y precisa en nuestra cobertura y tenemos que reflejar sus luchas, sus expectativas, sus esperanzas, todo eso. Creo que hay métodos para ganar la confianza del público.

¿Cuáles son las recomendaciones para que la gente sepa distinguir la información disfrazada de aquella que ha usado el método correcto?

Juzgar el historial de los medios, si tienen un historial de exactitud en su cobertura; hay un historial de imparcialidad en la cobertura. También si hay una política de transparencia. ¿Sabes quién es el propietario? ¿De dónde vienen las finanzas? ¿Quiénes son? ¿Quién es el autor de ese artículo? Y entonces, hay varios métodos para juzgar la credibilidad de los medios.

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¿Se vale que el medio tenga una guía ideológica de cómo abordar los temas y luego transmitir su visión del mundo?

Tenemos una tradición en los Estados Unidos, es un muro entre la sección de opinión y la sección de noticias, por ejemplo. Y entonces, yo creo que los periodistas que trabajan en la sección de noticias deberían mantener su independencia con respecto a la política, a la ideología y a todo eso. Muchos lectores quieren que seamos aliados de su ideología, pero yo creo que debemos ser aliados de la realidad. Y tenemos la obligación de indagar a fondo en los hechos, de verificar la información y de difundirla de una manera justa, imparcial, independiente. Pero cuando descubrimos, la deberíamos difundir sin pestañear, sin temor.

Pero hoy nos topamos con que se construyen narrativas para demeritar la publicación que incluye pruebas.

Yo creo que tenemos que seguir con nuestro trabajo, tenemos que cumplir con nuestra misión a los lectores y los oyentes o los espectadores, ellos tienen que buscarnos a largo plazo. Ellos tienen el derecho y la oportunidad de juzgarnos. Son los lectores, y nos obliga a darles información sobre nuestros métodos, sobre las pruebas y todo eso, y sobre nuestro historial profesional. ¿Quiénes somos y cuál es nuestra experiencia? ¿Cuáles son nuestros conocimientos? Y los actores, el público puede juzgarnos.

¿Cree que los periodistas competimos con los actuales influenciadores?

No es competencia para la confianza del público, obviamente, y yo creo que tenemos mucho que deberíamos aprender de los influencers, de los pódcast y los otros medios que han surgido. Muchos de ellos han tenido bastante éxito en comunicarse con los lectores u oyentes o cualquier persona.

¿Qué deberíamos aprender?

Ellos transmiten autenticidad, y los medios tradicionales somos instituciones y hasta ahora no hemos tenido la capacidad de comunicar nuestra autenticidad. Nos hemos centrado en la investigación de los hechos, una investigación a fondo en los hechos, en la verificación de los hechos y todo. Y nosotros pensamos que, si hemos hecho la investigación, el público debería confiar en nosotros. Hay una manera de comunicación y muchos influencers y pódcast transmiten más autenticidad. Lo hacen como si estuvieran hablando con sus familiares, con sus amigos. Y tienen una forma diferente de comunicarse con el público.

¿Y dónde encuentras ese balance entre la autenticidad y el rigor del método periodístico?

Por ejemplo, si estoy abordando un tema, por ejemplo, con mi madre, yo podría abordar un tema complicado, pero hablaría de una forma diferente con mi madre a como lo publicamos en un periódico. Hablaría de una forma más accesible y más informal.

¿Hemos sido demasiado elevados?

Yo creo que sí, hemos comunicado elitismo y hay una brecha entre el público y los medios tradicionales. Siempre hubo resistencia en muchos medios en el inicio de la época digital. Éramos tercos y torpes en nuestra reacción a los grandes cambios en nuestra profesión. No queríamos adaptarnos a esos cambios. Deberíamos reconocer que las estrategias y las tácticas de nuestra profesión deberían cambiar casi cada cinco años o menos, porque el consumo de información está cambiando.

Por ejemplo, los jóvenes no están consumiendo la información de la misma manera que yo consumía la información cuando era joven. Esta es una época más visual. Ahora hay muchas personas que prefieren recibir su información con video o con audio, en lugar de leer un texto. Los medios que se adaptan a los cambios van a sobrevivir, y si hay una democracia, vamos a tener una prensa libre independiente. Mucho depende de la democracia, y si no hay una democracia, hay más riesgos para la prensa. Es casi imposible tener una prensa independiente y libre en una dictadura, o si hay un aspirante autócrata en el gobierno, es mucho más difícil.

La supervivencia de la prensa libre depende de la democracia y la democracia depende de la prensa libre también. La prensa libre es una piedra angular de la democracia y nunca ha existido una democracia sin una prensa libre independiente.

¿Hacia dónde caminan los medios de comunicación y la libertad de expresión en Estados Unidos?

Es un momento muy peligroso porque yo creo que Donald Trump es un aspirante a autócrata. Ya ha puesto en marcha varias medidas que son de naturaleza autoritaria y él siempre, durante su primer gobierno y su primer campaña, estaba atacando a la prensa y ha seguido atacando a la prensa. Le ha recortado los fondos a los medios públicos. Ha presentado varias demandas personales contra las redes de televisión y se está aprovechando de su poder como presidente para obtener un acuerdo legal para recibir dinero de esas cadenas de televisión. Entonces, es un momento muy peligroso para los medios en los Estados Unidos.

Pero parece que la gente está conforme con estas actitudes.

No están conformes con la actitud respecto de la prensa. Obviamente, hay mucho rencor y mucho agravio contra la prensa. Muchas personas piensan que somos miembros de la élite del país, aunque la mayoría de los periodistas no reciben sueldos que corresponden a la élite, obviamente. Sin embargo, yo creo que había otras razones y, por ejemplo, muchos votantes pensaban que Joe Biden era un presidente demasiado débil, demasiado viejo, que había una situación desordenada en la frontera sur del país, que había demasiada inmigración y una afluencia masiva a través de la frontera sur del país.

Había muchas quejas sobre la alta tasa de inflación en comparación con otros países, aunque no era una alta tasa de inflación, pero en los Estados Unidos era una tasa bastante alta. Y también muchas personas pensaban que se estaba gastando demasiado dinero para Ucrania en esa guerra y    que el Gobierno debería haber gastado ese dinero en los ciudadanos estadounidenses. Y también había una reacción negativa a lo políticamente correcto, cosas de género, diversidad, inclusión.

Muchos ciudadanos piensan que la democracia no se ha traducido en una mejora en su vida cotidiana. Y ellos prefieren tener un hombre fuerte en la Presidencia.

Por aparte, la tecnología nos ha hecho estar muy pendientes de lo inmediato, ¿y eso hace daño a la democracia, al olvidar las causas de lo acontecido?

Obviamente, hoy en día hay una inundación de información y siempre los ciudadanos reciben información todo el día, cada día, cada segundo, alertas de cualquier tipo, y también ellos van a los sitios de internet que confirman sus preexistentes puntos de vista y están buscando una reafirmación de su punto de vista.

Democracia y Taiwán: los otros temas hablados por Marco Rubio en conferencia con Bernardo Arévalo

Además del tema migratorio y económico, el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio aprovechó la conferencia de este 5 de febrero para hablar de otros temas relacionados con Guatemala.

Pavel Arellano

5 de febrero de 2025 | 12:20h

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El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio (d), camina junto al presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, este miércoles en el Palacio Nacional de la Cultura en Ciudad de Guatemala. (Foto Prensa Libre: EFE)

Este 5 de febrero se lleva a cabo, en el Palacio Nacional de la Cultura, una conferencia de prensa en donde participa el presidente Bernardo Arévalo y el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio.

Además de hablar sobre temas de índole migratorio y económico, Marco Rubio aprovechó la conferencia para felicitar a Bernardo Arévalo por su “lucha a favor de la democracia”.

“Lo felicito por su compromiso de defender las instituciones de la República, ya que es difícil de mantener, porque no es natural la habilidad de que el hombre pueda gobernarse a sí mismo, en este caso, a través de las urnas, para después responderle a la población por medio de las acciones“, dijo Rubio.

Otro tema por el que el secretario de Estado felicitó al mandatario es por su relación con Taiwán, a la cual también calificó también de “una democracia”.

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“Ustedes siempre se han mantenido firmes con esta relación. Buscaremos la manera de que no sólo sea una relación diplomática, sino también económica”.

Un encuentro con expertos que luchan en pro de la democracia

Del 20 al 23 de mayo de 2025 en las ciudades de Madrid y Oviedo, de España, la Fundación Libertad y Desarrollo (FLD), presidida por el empresario Dionisio Gutiérrez, realizará el VI Encuentro Ciudadano.

Vida Empresarial

29 de enero de 2025 | 10:50h

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Con la participación de más de 28 panelistas internacionales, entre expertos en seguridad, intelectuales y expresidentes iberoamericanos; se llevarán a cabo eventos de gran trascendencia como el Foro del Grupo Libertad y Democracia, la convención ¿Están en peligro la democracia y la libertad? y un homenaje a la migración de España al continente americano.

Dentro de las personalidades invitadas estarán, Laura Chinchilla, presidente de Costa Rica (2010-2014); Felipe Calderón, presidente de México (2006-2012); Mauricio Macri, Presidente de Argentina (2015-2019); Jim Mildford, ex director de la DEA, Estados Unidos; George Piro, ex director de operaciones del FBI; Nicolás Albertoni, vicecanciller de Uruguay (2022-2025); Andrés Pastrana, Presidente de Colombia (1998-2002), entre otros.

Encuentro Ciudadano es el evento más importante de la FLD con la visión de fortalecer espacios de diálogo democrático, donde asisten miles de personas tuvo su última celebración en 2020 en la Ciudad Guatemala.

Agenda

• 20 de mayo. Cena de honor para protagonistas y autoridades.
• 21 de mayo. Acompañando a la Fundación Internacional para la Libertad, se celebrará el Foro del Grupo Libertad y Democracia y la presentación de un libro en homenaje a Mario Vargas Llosa, escrito por expresidentes iberoamericanos.
• 22 de mayo. Convención ¿Están en peligro la democracia y la libertad?, en el Teatro Campoamor de Oviedo, Asturias.
• 23 de mayo. Homenaje a la migración de España al continente americano, en el Museo de la Emigración, en Colombres, Asturias.

Con sedes en Ciudad de Guatemala, Guatemala; Madrid, España; y Miami, Florida, Estados Unidos; la Fundación Libertad y Desarrollo es un centro de pensamiento independiente, privado y propositivo, que se dedica al estudio y análisis de temas sociales, económicos y políticos para promover los valores y principios de una sociedad libre.

El presidente de la fundación, Dionisio Gutiérrez, es empresario, activista y comunicador latinoamericano con un doctorado en Sociología y Ciencias Políticas. Es también el presentador del programa semanal de televisión Razón de Estado, miembro del consejo latinoamericano de la Universidad de Georgetown y miembro del Consejo del Decano de la Harvard Kennedy School.

CIDH inicia visita a Guatemala para monitorear “debilitamiento” democrático

Delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos empezó visita a Guatemala para verificar la situación de la democracia.

Redacción AFP, Redacción EFE y Leslie Sánchez

22 de julio de 2024 | 11:18h

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Comisión de la CIDH en conferencia de prensa por inicio de visita a Guatemala. (Foto Prensa Libre: Esbin García)  

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inició este lunes 22 de julio una visita de cinco días a Guatemala para monitorear el “impacto” del “debilitamiento” de la democracia en el país.

“El propósito de esta visita es observar los impactos del proceso de debilitamiento de la institucionalidad democrática y la independencia judicial en el país a partir de la última visita realizada” en 2017, dijo a la prensa la relatora de la CIDH para Guatemala, Andrea Pochak.

“Ello, con especial atención a su impacto en la situación del Estado de derecho, la institucionalidad democrática y el sistema de administración de justicia, así como el impacto en la corrupción”, añadió.

La misión llegó por invitación del gobierno del presidente Bernardo Arévalo y es encabezada por la presidenta de la CIDH, Roberta Clarke.

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Durante su visita, la delegación se reunirá con autoridades de gobierno, diputados, líderes indígenas, periodistas y activistas sociales, entre otros.

El grupo también tiene previsto reunirse con “autoridades” del Ministerio Público, aunque Pochak no especificó si hablarán con la fiscal general Consuelo Porras.

En junio de 2022, en medio de una ola de detenciones de exfiscales antimafias, la CIDH añadió a Guatemala en su lista negra de países donde observa graves violaciones a los derechos humanos, en la que figuran también Cuba, Venezuela y Nicaragua.

El viernes pasado, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, al terminar una visita a Guatemala, dijo que estaba preocupado por la “persecución” contra los funcionarios judiciales, periodistas y activistas.

Específicamente, la comitiva de la CIDH “observará la situación de derechos humanos de grupos, en especial situación de vulnerabilidad, desde los enfoques étnico racial y de género”, además de verificar “la situación de la libertad de expresión, la seguridad ciudadana, los derechos a la memoria, la verdad y justicia, así como los derechos económicos, sociales y culturales en Guatemala”, en palabras de Pochak.

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De acuerdo con la abogada argentina, la delegación visitará los departamentos de Guatemala, Alta Verapaz, Izabal, Petén, San Marcos, Sololá, Totonicapán y Quetzaltenango, donde “se reunirá con autoridades locales” y miembros “de la sociedad civil”.

La misión efectuará una rueda de prensa el próximo viernes 26 de julio para divulgar “las observaciones preliminares” de la visita, que se extenderá durante toda la semana. Es por ello que durante la semana no harán declaraciones a la prensa.

Para leer más: Volker Türk presenta informe de visita a Guatemala y resalta que “aún hay niveles de corrupción elevados”

La @CIDH envió al país una comisión para observar "los impactos del debilitamiento de la institucionalidad democrática y la independencia judicial en el país a partir de la última visita realizada en 2017" según Andrea Pochak, relatora para GT @Guatevision_tv @prensa_libre pic.twitter.com/B2k5EOWdDx

— Leslie Sánchez (@lsanchez_gtv) July 22, 2024

Barómetro de las Américas: “la gente en su mayoría no cree en la democracia y eso es bastante preocupante”

Lo datos arrojados por el estudio pueden ser utilizados porlas instituciones para aplicarse en políticas públicas.

Fátima Najarro

18 de junio de 2024 | 13:51h

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Las protestas en contra de la corrupción son constantes desde el 2015.(Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Este martes 18 de junio se presentó el Barómetro de las Américas 2023 que se realizó en 26 países de la región. Entre los datos obtenidos para Guatemala resalta el apoyo a la democracia que disminuyó al 48 por ciento.

“Los resultados de la encuesta muestran que hay niveles muy bajos de apoyo a la democracia, es decir, que la gente en su mayoría no cree que la democracia es el mejor forma de gobierno y eso es bastante preocupante”, declaró Rachel Schwartz, autora del informe y profesora asistente de Estudios Regionales e Internacionales en la Universidad de Oklahoma.

También el informe señala que de los tres poderes del Estado, es el presidente el que menos credibilidad tiene con el 18 por ciento, frente al 24 y 28 por ciento del Congreso y Organismo Judicial, respectivamente. Esto representa un reto para el presidente Bernardo Arévalo, pero también es un oportunidad para las demás instituciones de mejorar su imagen.

“Ahora le toca al presidente Arévalo recuperar ese papel del Ejecutivo de administrar, de limpiar la casa. Eso me parece un gran un gran reto”, afirmó.

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Barómetro de las Américas: Dos de cada 10 guatemaltecos tiene intenciones de migrar

Reconoce que es una tarea de largo plazo que requeire más de cuatro años por la corrupción que está enraizada en las diferentes instituciones, pero si pueden tomarse algunas medidas para mejorar esa credibilidad.

El estudio se realizó antes de la primera vuelta electoral, entre marzo y junio, pero este año se publicará otro en el que ya se incluyen las elecciones del año pasado. La autora prevé una variación en el apoyo a la democracia.

Schwartz refirió respecto a la violencia de género que los tomadores de decisiones pueden aprovechar la disminución de la tolerancia de la violencia de género para implementar políticas públicas que busquen

“Las instituciones públicas pueden aprovecharse de este posible cambio de actitudes e implementar políticas públicas que hacen más fácil que la gente denuncie ese tipo de violencia, que la gente guatemalteca y sí es algo que tiene que cambiar”, sugirió la experta.

Del 2014 al 2023 la tolerancia hacia la violencia contra la mujer disminuyó establece el informe basándose en el aumento del rechazo de la violencia por descuido de las tareas del hogar o infidelidad.

También se estudió el deseo de migrar y las causas de la misma, tales datos también pueden ser aprovechados por las entidades para focalizar estrategias en la materia. Los jóvenes varones son quienes más intenciones tienen y una tercera parte dijo que lo intentaría sin la documentación legal.

“Hay una oportunidad muy grande para cambiar la idea de qué son las instituciones públicas, para qué sirven, cómo puede incidir de manera positiva en la en la vida diaria de los guatemaltecos”, concluyó Schwartz.

Barómetro de las Américas: Los guatemaltecos cada vez apoyan menos la democracia

Los resultados del Barómetro de las Américas para 2023, que se presenta hoy, sitúa al país en el peor lugar de apoyo a la democracia por parte de los ciudadanos.

Fátima Najarro

18 de junio de 2024 | 05:00h

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Se entrevistó a una persona por hogar y el ejercicio ocurrió semanas antes del evento electoral del 2023. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El país elige a las autoridades de manera democrática; pero, de acuerdo con los resultados del Barómetro de las Américas 2023, solo el 48 por ciento apoya tal sistema de gobierno y el 38 por ciento está satisfecho con ella.

Este es uno de los principales resultados del más reciente estudio, que es presentado hoy, en el marco del 30 aniversario de la encuesta dedicada a estudiar los valores democráticos en 26 países del continente.

Los resultados que destacan señalan que Guatemala es uno de los que ha sufrido una caída más pronunciada de la democracia y ha pasado de ser catalogado como una “democracia electoral con fallas”, en 1996, a una “autocracia electoral”, en el 2023.

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“Los niveles de gobernabilidad democrática en Guatemala han alcanzado nuevos mínimos”, advierte el informe.

Agrega: “Este es el nivel más bajo en casi dos décadas de medición. De hecho, en 2023 Guatemala registró el apoyo más bajo a la democracia en América Latina”.

El estudio lo realiza el Centro de Excelencia en la Investigación Internacional, por encuestas conocido como LAPOP, con sede en Vanderbilt University, Tennessee; en Guatemala con la colaboración de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes).

Los principales hallazgos señalan que las actitudes hacia la democracia están relacionadas con las percepciones de corrupción. Es decir, que los que creen que la corrupción está “muy generalizada” entre los funcionarios públicos son también los que se muestran más escépticos a catalogar el sistema político como una democracia. Esto ha generado que los niveles de gobernabilidad alcanzarán un nuevo mínimo para el Barómetro de las Américas.

En esa línea, el estudio muestra que la creencia de que el país es una democracia y están satisfechos con este sistema, se ven influenciado por el nivel académico. De esta cuenta, la población con estudios de nivel primario o menor está más satisfecho con la democracia -el 46 por ciento-, mientras que el 72% de este grupo cree que Guatemala sí es una democracia.

Las dos variables disminuyen casi en un 10 por ciento al indagar en los resultados de la misma pregunta en personas con nivel académico medio y superior. En comparación con los demás países, Guatemala empata con Surinam en el último lugar de la población que apoya a la democracia.

En los resultados también se destaca que menos del 30 por ciento de la población cree en las elecciones, y el 30 por ciento está de acuerdo con limitar la voz de la oposición para para lograr un progreso. Ese último dato aumentó en los últimos años y alcanzó el nivel obtenido en el 2008.

Las conclusiones del estudio también hacen énfasis en el reto que representa la integridad institucional y la confianza en los poderes del Estado. La confianza en el Congreso y el Organismo Judicial muestran poca variación en los últimos años, a diferencia de la figura presidencial, que en la última década disminuyó cerca de 20 puntos porcentuales, siendo, de los tres, el que menos confianza tiene de la población.

Este capítulo también revela que en el país la libertad de expresión ha disminuido junto al deterioro democrático. Según la encuesta, tres de cada cuatro guatemaltecos indicaron que hay “muy poca” libertad para expresar opiniones políticas.

Ficha técnica

El instrumento fue desarrollado semanas antes de las elecciones generales el año pasado. Mil 100 encuestadores realizaron más de 41 mil 500 entrevistas en 26 países de América Latina y el Caribe. El muestreo utilizado estratificado, multietápico y por conglomerados para seleccionar muestras nacionales probabilísticas.

Se selecciona un entrevistado por hogar, además se usa una técnica que asegura que las muestras reflejen las distribuciones nacionales de edad y género.

Promedio por país se entrevistó a mil 512 personas. Las entrevistas realizadas incluían 180 preguntas comunes más 415 específicas por cada país, de manera que se tienen resultados comparables entre cada región, además de datos segmentados.

Nayib Bukele toma posesión entre críticas de la sociedad civil

El político, que se hace llamar “Dictador cool“, se convierte así en el primer presidente de la etapa democrática de El Salvador en asumir para un segundo período consecutivo.

William Oliva y Redacción EFE

1 de junio de 2024 | 10:04h

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El presidente y su familia, en el Palacio Nacional, tras su investidura. (Foto Prensa Libre: AFP)

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, fue investido este sábado por el Congreso para un segundo mandato consecutivo para el período 2024-2029, pese a la prohibición constitucional, con un amplio respaldo popular y con reclamos por la situación económica del país.

“Sí, juro”, respondió Bukele a la juramentación hecha por el líder de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, quien le impuso la banda presidencial en las instalaciones del centenario Palacio Nacional.

El acto fue privado, sin acceso al público, transmitido en cadena nacional y en el que solo estuvieron presentes el rey de España, Felipe VI; el presidente de Argentina, Javier Milei; otros mandatarios, la familia y cercanos de Bukele.

Afuera, en la Plaza Capitán General Gerardo Barrios, cientos de personas, entre invitados especiales de diferentes sectores del país e internacionales, simpatizantes de Bukele y del partido oficialista, Nuevas Ideas (NI), esperaban su discurso.

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Bukele se convierte así en el primer presidente de la etapa democrática de El Salvador en asumir para un segundo período consecutivo, tras décadas de dictadura militar y una guerra civil de 12 años (1980-1992).

También participaron en el acto de investidura la presidenta de Honduras, Xiomara Castro; sus homólogos de Costa Rica, Rodrigo Chaves; de Paraguay, Santiago Peña, y de Ecuador, Daniel Noboa, y el primer ministro de Belice, John Briceño.

Además, se hizo presente una comitiva del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos en representación el Gobierno de Joe Biden, liderada por Alejandro Mayorkas.

Momentos antes de la investidura, el Congreso de amplía mayoría oficialista dio inicio a una sesión plenaria extraordinaria en las instalaciones del Teatro Nacional para luego trasladarla al Palacio Nacional.

Críticas

Diversos actores políticos y sociales de El Salvador han manifestado que no reconocen la legalidad ni legitimidad del segundo mandato de Bukele por ser contrario a la carta magna.

La entidad democrática Acción Ciudadana expresó en un comunicado que el gobierno de Bukele “se caracterizó por graves violaciones a los derechos humanos” así como a las “más básicas normas de la democracia”.

“Fue una gestión totalmente opaca en el manejo de los recursos públicos, con total ausencia de políticas públicas de rendición de cuentas y nula participación ciudadana”, denunció.

Acción Ciudadana remarcó que este sábado, con la toma de posesión, se consolida “la irregularidad constitucional que vive el país desde el 1ro. de mayo del 2021, la cual no se normaliza ni se legitima con el voto popular”.

“Instamos a la ciudadanía a tomar un rol más activo, que exija al Gobierno políticas públicas que generen transformaciones reales y sostenibles que beneficien al país”.

Bukele, próximo a cumplir 43 años y empresario de la publicidad, se impuso en los comicios del 4 de febrero pasado con más del 85% de los votos válidos a pesar de que la Constitución prohíbe la reelección inmediata.

Su participación en esas elecciones se dio después de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, elegida por la legislatura 2021-2024 sin seguir el proceso legal establecido, emitiera un acto en el que cambió el criterio de interpretación de la Constitución.

Con esta resolución, que de acuerdo con expertos no tiene efectos generales y no es de obligatorio cumplimiento por no ser un fallo, Bukele no debía esperar 10 años para buscar una reelección.

El último presidente salvadoreño en reelegirse para un segundo período consecutivo fue el dictador y general Maximiliano Hernández Martínez, quien gobernó entre 1931 y 1944, y dejó el poder tras una huelga general.

Unos 741 mil salvadoreños en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos, están facultados para sufragar a través de un proceso en línea, que fue criticado por la oenegé de derechos humanos WOLA por considerar que carece de “regulaciones claras”.

Bukele, autorizado en noviembre por el Congreso a ausentarse de sus funciones por seis meses para disputar los comicios, goza de popularidad por su ofensiva contra las pandillas, pero opositores cuestionan la legalidad de su postulación.

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La presidenta del TSE, Dora Esmeralda Martínez, llamó a votar al inaugurar el “proceso de votación remota por internet” a la medianoche del sábado. Muchos salvadoreños que viven en ciudades estadounidenses publicaron en redes sociales que ya ejercieron su voto.

Según la ley, los salvadoreños en el extranjero pueden emitir el sufragio desde 30 días antes de la votación en El Salvador, a la que están llamados 6,2 millones de electores.

WOLA, organización de investigación y defensa de derechos humanos en América con sede en Washington, expresó en X (antes Twitter) su preocupación por “la falta de transparencia en el proceso electoral de El Salvador en el exterior”.

“El voto electrónico presencial y remoto, según lo determine el Tribunal Electoral (TSE), ocurrirá sin supervisión electoral ni observación directa”, comentó.

Polémica por DDHH y legalidad

WOLA agregó que los comicios se dan “en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos, deterioro del Estado de derecho y desafíos al orden constitucional” y urgieron al TSE “adherirse rigurosamente al marco legal del país y a estándares internacionales”.

La Corte Constitucional emitió un polémico fallo que facultó a Bukele para postular a un segundo mandato consecutivo, aunque la carta magna salvadoreña no permitía la reelección.

Siete de cada 10 salvadoreños están “de acuerdo” con que Bukele sea candidato a la reelección, según una encuesta de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA).

Ese respaldo popular se debe a que su “guerra” contra las pandillas criminales llevó tranquilidad a la población, pero a costa de una restricción de derechos civiles.

Desde marzo de 2022 rige en el país un régimen de excepción que permite arrestos sin orden judicial, según grupos de derechos humanos.

El partido de Bukele, Nuevas Ideas, según la encuesta de la UCA, encabeza la intención de voto, con 61.7%, mientras que el izquierdista Frente Farabundo Martí (FMLN) está en un lejano segundo puesto con 2.6%, y la derechista ARENA tercero con 1.5%.

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En los comicios de febrero será renovado también el Congreso, que tendrá 60 diputados en vez de los actuales 84, por una reforma también impulsada por Bukele.

En la grabación, Arévalo expresó que ha llegado el momento de ponerle un alto a los “corruptos de siempre que han herido las fibras más sensibles de la sociedad, negando la libertad de elegir […]”.

El presidente electo hizo hincapié en su mensaje en que este evento no solo busca denunciar lo que considera injerencias corruptas, sino hacer partícipe a la sociedad guatemalteca.

“Estamos atravesando un momento que exige claridad y decisión de nuestra parte. Un momento sin lugar para tibiezas, para silencios cómplices o para ambigüedades”, afirmó en su declaración.

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Arévalo explicó que la movilización será pacífica y convocó así a “todas las fuerzas democráticas”, incluyendo a alcaldes, diputados, y convocando también a líderes de distintos sectores como religioso, político, empresarial y estudiantil.

“Será no solo una manifestación de protesta sino una afirmación de nuestra identidad como pueblo”, dijo casi al final de su mensaje.

Los 48 cantones de Totonicapán respaldaron la convocatoria para el 7 de diciembre, a partir de las 8 de la mañana, concentrándose en la Corte Suprema de Justicia. Durante la marcha se dirigirán posteriormente a la Corte de Constitucionalidad y, luego, hacia la sede del Ministerio Público.

Este lunes 4 de diciembre, autoridades ancestrales también participaron en una marcha para rechazar el presupuesto 2024 aprobado por el Congreso de la República y pedir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras y otros funcionarios.

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Contexto político

El llamado de Arévalo a una marcha para el próximo jueves se anunció en el contexto del anuncio de que Estados Unidos está promoviendo que la Organización de los Estados Americanos (OEA) intensifique su respuesta ante lo que consideran “ataques” a la democracia en Guatemala, específicamente refiriéndose a las acciones de la Fiscalía contra el presidente electo.

El embajador estadounidense ante la OEA, Francisco Mora, anunció que su país está en conversaciones para crear un “proyecto de resolución más serio” ante un creciente ataque a la democracia en Guatemala.

En la sesión extraordinaria de la OEA de este lunes 4 de diciembre, Mora advirtió que, si el organismo no actúa ahora, el impacto se extenderá “más allá de Guatemala”.

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En la solicitud de la reunión hecha por representantes de cinco países, se menciona que el Congreso guatemalteco votó a favor de retirar la inmunidad a cuatro funcionarios del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

“Guatemala no está de acuerdo”, dijo el canciller Mario Búcaro, a la vez que aseguró que el proceso de transición de Alejandro Giammattei a Arévalo “continúa desarrollándose de manera pacífica, contrario a lo afirmado por los ponentes”.

Este 7 de diciembre marchemos por el derecho a vivir en una Guatemala justa y próspera.

El futuro y bienestar de las familias guatemaltecas está en juego. pic.twitter.com/q6SHazaisE

— Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) December 4, 2023

-INFORMACIÓN IMPORTANTE-

Movilización por la democracia en la lucha contra la corrupción en Guatemala. #48Cantones#LuchaPorLaDemocracia pic.twitter.com/7eSwHNsNai

— 48 Cantones Oficial (@48_CantonesToto) December 4, 2023

El Estado ideal, según Platón, se compone de tres clases. La estructura económica reposa en la clase de los comerciantes. La seguridad, en los soldados. Y el liderazgo político debe ser asumido por los filósofos-reyes.

Son estos últimos quienes han cultivado tanto la mente que son capaces de entender las ideas y, por lo tanto, toman las decisiones más sabias, al contrario de la masa.

“Tienen la capacidad racional y también, en opinión de Platón, tienen mucha experiencia y formación para lidiar con las cosas duras y complejas que suceden en el mundo. Piensa que estas son las personas más valiosas para el poder político”, dice a BBC Mundo Sara Monoson, catedrática y profesora de Pensamiento Clásico en la Universidad de Northwestern.

Según la visión platónica, a los filósofos-reyes no les interesa el poder por sí mismo -son honestos y serios- por eso se convierten en el estamento más confiable cuando se trata de esquivar los atractivos de la corrupción y eso hace que se les pueda confiar el mando.

Pensar esto en Atenas, la cuna de la democracia (dêmos “pueblo” y krateîn “gobernar”) no estaba exento de polémica, pero como explica Monoson, Platón estaba particularmente preocupado por lo que consideraba la peligrosidad de la masa desinformada.

Para el filósofo, “sin educación filosófica, los ciudadanos son vulnerables a ser utilizados y manipulados por astutos demagogos”, dice la académica y añade:

“Tanto es así que Platón pensaba que los tiranos surgen de la masa. Es alguien que convence al resto de que tiene la solución a los problemas, pero que en el fondo, tan pronto como se afianza en el poder, se vuelve totalmente abusivo”.

En este contexto Platón se vuelve crítico con la democracia, dice Monoson, porque pensaba que era un sistema que no podía proteger a la gente.

Por eso, para evitar estos peligros y ser una sociedad armónica, se necesitan, según Platón, dos cosas, como explica Miquel Solans Blasco, doctor y profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Navarra:

“Uno, una buena educación y dos, obviamente, buenos gobernantes”.

1. Educación

Para Platón la clase social de una persona viene determinada por la educación, que empieza en el nacimiento y continúa hasta que esa persona ha alcanzado el máximo grado de educación compatible con sus intereses y habilidades.

Son aquellos que completan todo el proceso educativo los que se sitúan en lo alto de la pirámide jerárquica, que según él debe tener una sociedad.

“Por buena educación, yo creo que él entiende una educación de tipo humanista. Es decir, lo que busca es fomentar en los alumnos o en los ciudadanos en su etapa joven la capacidad de pensar, de valorar el saber por sí mismo y no como algo instrumental. El saber tiene un valor comunitario que se basa en la capacidad de reflexionar críticamente”, dice Solans.

“Para Platón es muy importante desarrollar la sensibilidad. Una sensibilidad moral que hace que los ciudadanos cultiven deseos nobles, elevados y por lo tanto que desarrollen un carácter cívico. Es decir, un modo de ser que les haga desear vivir en comunidad, tener intereses más allá de los propios, de la riqueza o del propio beneficio”, añade.

Coincide con él, la profesora de de Pensamiento Clásico de la Universidad de Northwestern.

“¿Qué resultado va a producir la práctica de todas esas virtudes que son tan valiosas? La respuesta es la moderación del poder por sí mismo, tanto en el alma humana como en las instituciones políticas”, dice Monoson.

Gran parte de la obra del filósofo gira en torno a la necesidad de cultivar deseos elevados, integradores, que hagan a las personas capaces de convivir con otros y de compartir la búsqueda de la justicia en común.

Para alcanzar todo esto Platón propone maneras de hacerlo en la vida real. Una de ellas es la convivencia con personas mayores y por tanto, la admiración de caracteres más más maduros o desarrollados.

En sus escritos, el filósofo griego también habla mucho de ciertas educaciones prácticas que tienen que ver con el cultivo de las artes, la música o el baile, y sobre todo, la retórica. Materias muy valoradas en la antigua Grecia.

En el año 387 a.C. Platón fundó en Atenas la Academia, institución a menudo considerada como la primera universidad europea.

Ofrecía un amplio plan de estudios, que incluía materias como Astronomía, Biología, Matemáticas, Teoría Política y Filosofía. Aristóteles fue su alumno más destacado.

En realidad, el sistema educacional ideal de Platón está, ante todo, estructurado para producir filósofos-reyes.

2. Gobernantes

La otra cosa que necesita una sociedad para ser exitosa son buenos gobernantes.

Aborda esta temática en su libro más famoso de Platón, “República”, y también en su obra Gorgias, el más moderno de sus diálogos.

“Una sociedad para ser exitosa tiene que tener buenos gobernantes: capaces de deliberar, de buscar el bien común, de encontrar proyectos integradores, de superar las diferencias que aparecen en la sociedad”, afirma el profesor de la Universidad de Navarra.

Los gobernantes tienen que ser capaces de promover propuestas y un clima político con el que se puedan reconocer el mayor número posible de ciudadanos.

“Son responsables también de generar las condiciones para que haya un diálogo fructífero entre partes que piensan distintas”, dice Solans.

Platón rescata ideales políticos muy valiosos, que tienen que ver con la capacidad del diálogo cooperativo y con la calidad moral de sus gobernantes.

“Tiene que realizar discursos públicos que apelen a la razón o a la capacidad racional de los ciudadanos, que no los traten ni con condescendencia ni con un mero interés de halagar. Dar razones, interpelar a los ciudadanos, ser capaz de escuchar la respuesta.

“Y en este sentido, el buen gobernante tiene que generar un espacio de diálogo libre en el que sea posible la crítica y el enriquecimiento mutuo”, cuenta Solans.

Para Platón, la actividad política no se puede realizar más que dentro del ámbito de la moral.

“Él está diciendo que en una ciudad ideal tendrías un proceso educativo que produciría seres humanos con cualidades filosóficas que los haría dignos de confianza. Y por lo tanto podrías tener una autoridad política que usaría todos los recursos de la comunidad para construir esa felicidad y poner bien en el mundo por delante”, dice Monoson.

¿Cómo se aplica esto en la actualidad?

Para el profesor de la Universidad de Navarra, la educación hoy día está en crisis.

“Sobre todo a nivel de qué significa o qué sentido tiene educar. Le damos una visión instrumental. Parece que educarnos significa prepararnos para las necesidades del mercado. Y creo que Platón reaccionaría a eso con un no rotundo. La educación nos tiene que preparar para las verdaderas necesidades humanas y cívicas, es decir, para vivir en comunidad”, dice.

Para él, Platón apoyaría esa idea de que la educación no puede tener un valor instrumental.

“La educación debe perseguir un fin más amplio, más integrador, que es la necesidad humana de desarrollar la propia sensibilidad, la propia racionalidad y la capacidad de convivir con otros”.

¿Y qué pasa con ese espacio de diálogo que debe crear un buen gobernante?

“Creo que muchas veces se habla de que uno persigue la justicia, el bien común, pero a la hora de defender esas ideas que uno interpreta como justas y como buenas para el bien común, las defiende atacando al oponente, caricaturizándolo, no escuchando cuáles son sus intereses legítimos, no dándole voz”, dice Solans.

En este mundo polarizado donde todo el mundo tiene una opinión, Platón también tendría algo que decir, según el profesor:

“Nos esforzamos todos por construir un mundo justo, pero justo muchas veces significa justo según mis ideas concretas, según mi grupo de opinión”.

A juicio de Solans, aunque el mismo Platón reconoce que su ideal nunca fue plenamente realizado, “sí podemos ir gradualmente a la sociedad perfecta, sabiendo que nunca llegaremos a tenerla por completo. Porque somos seres imperfectos”.

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El documento fue presentado el 30 de noviembre en nombre del exembajador McFarland por el Laboratorio de Impacto sobre el Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de Stanford (SLS).

El amicus curiae se presenta en el marco de un amparo interpuesto por ciudadanos y abogados guatemaltecos, solicitando la intervención de la CC al señalar riesgos en la preservación de la democracia y la alternabilidad de poder, el cual se otorgó provisionalmente en octubre de 2023.

En el escrito dirigido a los magistrados de la CC, firmado por McFarland y Amrit Singh, directora ejecutiva del Laboratorio de Impacto sobre el Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de Stanford, se destaca que “preservar la independencia de los organismos electorales encargados de tomar decisiones sobre reclamaciones electorales” es una obligación del Estado, así como “garantizar una administración de justicia equitativa, autónoma, independiente e imparcial”.

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Intervención de McFarland

En el amicus curiae, McFarland expresa su preocupación por la situación actual en Guatemala y comparte con la máxima Corte los estándares internacionales que contempla pertinentes para evaluar las acciones entre “ataques sistemáticos y selectivos” que considera afectan al partido Semilla, sus miembros, candidatos y votantes.

El escrito aborda “la instrumentalización las investigaciones y procesos penales para socavar los órganos electorales independientes y servir a fines políticos”.

El exembajador argumenta detalladamente que estas acciones “violan normas jurídicas internacionales”, incluyendo las obligaciones del Estado guatemalteco relacionadas con el principio democrático, el derecho al voto y la no imposición de restricciones indebidas al derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos.

Repasa además hechos de la política reciente en Guatemala, como el registro del Movimiento Semilla como partido político en julio de 2017, y la salida de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) dos años después.

También cita el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de 2021, que señaló graves retrocesos en la lucha contra la impunidad y corrupción en Guatemala, resaltando ataques a la independencia judicial. Y que la salida de la CICIG en 2019 exacerbó la situación.

Primera vuelta electoral y observación internacional

Se agrega que el 25 de junio de 2023, Semilla obtuvo el segundo lugar con el 11.78% de los votos en la primera vuelta electoral, que contó con la mayor observación internacional en la historia de Guatemala.

Aunque la jornada fue elogiada, previamente se señalaron irregularidades, como exclusión de candidaturas y uso indebido de recursos estatales para campaña.

Se explica también que el 30 de junio de 2023, nueve partidos denunciaron un presunto fraude en la primera vuelta, obteniendo un amparo provisional de la CC que suspendió la oficialización de resultados por parte del TSE.

Y que, tras un recuento sin cambios significativos, la CC permitió la segunda vuelta el 10 de julio de 2023. Cita que la Misión de Observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) expresó preocupación por la judicialización del proceso electoral. “Además, advirtió que la instrumentalización de la justicia para impugnar resultados legítimos pondría en riesgo la institucionalidad democrática del país”, se lee en el escrito de McFarland.

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Amparo ciudadano

Otros puntos que posteriormente se repasan, es la investigación que el Ministerio Público (MP), a través de la a Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) emprendió contra de Semilla y que el 12 de julio de 2023 informó que el Juzgado Séptimo Penal ordenó la suspensión de la personalidad jurídica de Semilla.

Seguidamente, se expone una cronología de la investigación que la FECI inició basada en la acusación en que aproximadamente 5 mil personas fueron afiliadas al partido sin su consentimiento, que al menos 12 personas fallecidas también fueron registradas como afiliadas, y que existían irregularidades en las hojas de adhesión de Semilla.

Se detalla que ante las acciones del MP contra el partido del binomio electo, el 6 de octubre, un grupo de ciudadanos presentó un amparo para “garantizar la efectiva y oportuna toma de posesión y ejercicio de sus cargos de los funcionarios electos en sufragio universal”, y que se concedió provisionalmente.

Se cita que, a largo de los últimos meses de 2023, debido a estos escenarios políticos Guatemala fue escenario de protestas, paros y bloqueos en diversos departamentos y amparos interpuestos por el sector empresarial.

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Argumentos y conclusiones

En ese contexto el amicus curiae describe como argumentos legales que “la persecución penal sistematizada y focalizada ejercida por el MP,  avalada por el Juez Penal, en contra de Semilla, de sus integrantes y candidatos viola las obligaciones de Guatemala de garantizar el principio democrático, el derecho al voto y a no imponer restricciones o ejercer injerencias indebidas al derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos”.

Además, el documento destaca que, según su perspectiva, las elecciones fueron auténticas y que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó la legalidad de esta elección el 10 de julio de 2023. En el contexto de los hechos presentados en el escrito, se resalta la existencia de múltiples ataques institucionales por parte del MP.

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En conclusión, el amicus curiae sostiene que los actos considerados violan las obligaciones internacionales de Guatemala, incluyendo el principio democrático, el derecho al voto, la participación en la dirección de los asuntos públicos a través de elecciones auténticas, así como garantizar el acceso a funciones públicas en condiciones de igualdad.

La argumentación ante la Corte de Constitucionalidad indica también son argumentos expuestos “esperando apoyen su loable labor en el presente caso y en su caso resuelva reconocer la violación de los derechos políticos de los demandantes, del partido Semilla y sus integrantes, declarar la suspensión provisional de Semilla como contraria a las obligaciones internacionales y constitucionales de Guatemala” y que se adopten medidas “garantizando así el respeto de la democracia y el Estado de Derecho en Guatemala”.

¿Cómo analiza la coyuntura actual en Guatemala y lo que ha ocurrido en las últimas semanas?

Por un lado, hay que ser optimista en el sentido de que el pueblo de Guatemala se ha expresado y ha tomado decisiones en las elecciones, que fueron pacificas y bien manejadas, en donde hubo resultados claros. Es muy bueno sano en una democracia que haya alternancia en el poder y a pesar de las dificultades, hemos visto muchísima gente quiere estar del lado de la democracia y cada vez hay menos personas intentando socavarla.

Pero, por otro lado, de más complejidad, estamos muy preocupados porque hay gente que está muy determinada en socavar la democracia. Ellos deberían estar pensando en que es un momento histórico y en cuál es el mensaje que quieren dar a sus hijos y nietos, sobre el futuro de Guatemala. ¿Quieren vivir en un país en paz, con democracia, con relaciones comerciales y políticas con los países vecinos y el mundo? O quieren vivir en un país aislado y sufriendo más problemas graves por el rompimiento de la democracia. Entonces, los jueces fiscales, congresistas que puedan tener importancia en estos momentos clave, deben estar pensando en que es un momento histórico y espero que cada vez se den más cuenta que deberían estar del lado correcto que es apoyar la transición pacífica al poder.

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¿Cómo ha visto la reacción del pueblo guatemalteco, en especial de las organizaciones ancestrales?

Muy interesante. Ha habido aquí en Guatemala en el pasado reciente, problema de corrupción o de estado de Derecho o de cómo se iban a manejar las elecciones y pasaron varias cosas en las que no hubo una reacción tan fuerte, pero con acciones de la Fiscalía —Especial contra la Impunidad (Feci)— hubo una reacción fuertísima, incluso de grupos indígenas que han expresado que, para ellos, abrir las cajas —electorales— y violentar el proceso democrático fue demasiado, lo mismo para los jóvenes universitarios y otros sectores.

A pesar de las dificultades, también nos llama una —da— esperanza que el pueblo de Guatemala está listo para una transición pacífica de poder.

¿Usted dice que hay que ser optimistas, en ese sentido cómo va a ser la relación con el próximo gobierno?

Hemos tenido varias pláticas con las autoridades del presidente electo y con su equipo y veo posibilidades muy grandes de ampliar la cooperación de EE. UU. con Guatemala. Hay temas históricos, como en migración y lucha antinarcóticos, vamos a seguir con esos, pero vamos a ampliar también los proyectos de cooperación para ayudar a las prioridades del nuevo gobierno que pueden ser en educación, salud, desarrollo de las áreas rurales, estamos abiertos. Lo que es preocupante es que, en vez de pasar el tiempo para trabajar con el gobierno, ellos están teniendo que dedicar gran cantidad de tiempo en luchas legales que no deberían estar pasando, eso preocupa porque violenta el sistema democrático y también porque está hecho para debilitar a las nuevas autoridades. Por eso es sumamente importante que el MP —Ministerio Público— y otros actores paren en lo que están haciendo y que todos apoyemos a las nuevas autoridades.

Hay quienes dicen que a partir del 14 de enero Bernardo Arévalo y sus equipos van a asumir la Presidencia, pero que van a sufrir ataques para no dejarlos trabajar ¿Cuál es su mensaje en ese sentido?

Estamos muy preocupados por eso, porque en la democracia hay alternancia de poderes, a veces gana izquierda a veces la derecha, es normal. Todos tenemos que apoyar, en un sistema democrático, a los que ganan, aunque no tengan las mismas ideas que uno, así lo hacemos en EE. UU. y esperamos que así se pueda hacer aquí en Guatemala, todos los que quieren a su país deberían apoyar a las autoridades en sus labores.

Espero que los que tienen ideas diferentes del nuevo gobierno, en vez de intentar debilitarlos, que trabajen sus ideas propias para presentarlas en el futuro, pero Guatemala tiene problemas suficientemente complicados para tener esos ataques en vez de trabajar juntos, y EE. UU. está con las manos abiertas para trabajar con el nuevo gobierno y los que quieren apoyar la democracia.

¿De qué depende que EE. UU. dé más apoyo a Guatemala en programas y proyectos para el desarrollo?

La cooperación internacional solo funciona cuando hay un compromiso de un gobierno y de un plan estratégico que podamos ayudar con nuestros recursos. Un plan de cooperación nunca va a funcionar en sí mismo, necesita la visión estratégica de un gobierno. Tenemos el plan Causas Raíz de la Migración, que hemos trabajado varios años. Muchos países, hemos visto, que cuando hay un plan estratégico ya hay un compromiso para apoyar a las poblaciones vulnerables y se puede cambiar la trayectoria de esas poblaciones a manera de que busquen mejores oportunidades en su país.

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Aquí —en Guatemala— veo la mejor oportunidad de todos los países vecinos en muchos años, porque hay un compromiso de hacer cambios en la lucha contra la corrupción, desarrollo social… y estamos listos para utilizar nuestros recursos y ampliarlos en conjunto con el futuro gobierno.

Hablando de la cooperación EE. UU. ha dado miles de millones de dólares a Guatemala ¿Han evaluado los resultados de esta cooperación y con base en eso han pensado en rediseñarla?

Estamos trabajando y aprendiendo de lo que hemos hecho. Yo diría que hay muchos programas que han cambiado vida y que han impactado en comunidades, pero estratégicamente, cambiar la ruta de un país —o— su trayectoria todavía nos falta mucho por trabajar. Uno puede ver programas que han cambiado a ciertas personas, pero tener el impacto estratégico que buscamos, aún falta, solo podremos tener ese impacto cuando haya una visión estratégica de un gobierno social. Podemos ayudar, pero cooperación es cooperación, depende de los planes de gobierno.

Ha sectores que critican el apoyo que da Usaid —Agencia de EE. UU. para el Desarrollo Internacional, en inglés— da a ciertas organizaciones y dicen que eso va en contra de la soberanía ¿Qué les diría a esos sectores?

Fundamentalmente queremos comunicar que Usaid está aquí para hacer proyectos de desarrollo en muchas comunidades, lo hacemos a través de la cooperación con el Gobierno de Guatemala, hemos tenido canales de comunicación y hemos sido muy transparentes con ellos, y son proyectos en común. Hay otra gente que intenta comunicar algún tipo de conspiración o falsedades. Una cosa que me preocupa es que hay gente que de verdad empieza a creer que —las manifestaciones— es algo de extranjeros u otros que están causado las protestas en Guatemala, es lo más falso, hay que ser honestos con uno mismo, hay protestas grandes y la razón es porque el pueblo de Guatemala se está expresando.

Nosotros por parte de EE. UU. apoyamos en todo el mundo el derecho de protestar pacíficamente, pero más allá de eso, el tema del pueblo porque quiere expresarse y hay que ser honestos, las acciones del MP y de otros actores han sido muy provocativas, muy dañinas y han socavado la democracia de forma que el pueblo se expresa. La gente que quiere cambiar la narrativa del porqué está pasando esto se están engañando a sí mismos.

¿Mañana —31.10.2023— termina el proceso electoral confía en que todo transcurrirá con normalidad de aquí al 14 de enero?

Nosotros estamos seguros de que va a haber transición del poder al presiden electo, Bernardo Arévalo, lo que nos preocupa son todos los pasos que están haciendo ahora para socavar ese traspaso, sin necesidad, —porque— ya hubo elecciones, ya hubo resultados claros, no hubo fraude, entonces ya es momento de apoyar la transición para que las autoridades puedan tener éxito, por todo el pueblo. Nos preocupa que hay gente que no ha entendido el mensaje claro del pueblo y que siguen persistiendo en sus acciones, esperamos que reflexionen con mucho cuidado sobre el futuro que quieren para su país y cómo están actuando porque la historia los va a juzgar muy mal.

El funcionario estadounidense formó parte de la comitiva que visitó Guatemala durante dos días y que estuvo encabezada por el subsecretario de Estado para Gestión y Recursos, Richard Verma. Ambos sostuvieron reuniones con diversos sectores de gobierno y de la sociedad civil.

¿Cómo ve la situación en el país después de su visita?

Creo que, más que nada, lo que hemos visto aquí es un verdadero testimonio del pueblo guatemalteco.  El pueblo guatemalteco ha logrado y ha hecho retroceder los esfuerzos para socavar la democracia. Las personas en Guatemala están garantizando que haya democracia y una transición del poder el 14 de enero de 2024. Nos reunimos con el sector privado, diferentes sectores de la sociedad civil e individuos que están del lado de la democracia y eso es muy positivo.

Los que no quieren la democracia cada vez están más aislados y eso es un signo que nos anima, creo que es un momento clave para aquellos que están en el medio y no han decidido realmente ponerse del lado de la democracia. La transición es inevitable y nosotros como gobierno de EE. UU. estamos para apoyar al presidente electo para que asuma el cargo dentro de unos meses y trabajar con él.

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Recientemente usted emitió críticas en contra de la fiscal general Consuelo Porras por su trabajo al frente del Ministerio Público ¿Se va más optimista?

Sí. Las declaraciones las di antes de la segunda ronda de las elecciones. Las elecciones fueron las que tuvieron más observadores en la historia de Guatemala fueron libres e independientes, pero todavía hay preocupación por los esfuerzos por socavar la democracia. El trabajo de la fiscal general es proteger a los guatemaltecos y están tratando de perjudicar la democracia del país a través de esas cuestiones.

¿Pero sí se va un poco más optimista?

Sí. Absolutamente, especialmente con las acciones que hemos visto esta semana en cuanto al  movimiento de transición. El Gobierno y el presidente electo —Bernardo Arévalo— están trabajando juntos. Las fuerzas que trabajan contra el proceso de  transición están cada vez más aisladas. La comunidad internacional, incluida la Organización de Estados Americanos, está promoviendo esta democracia.

Hablando de su visita hoy —ayer— a Claudia González ¿Cuál es el mensaje que le traslada al pueblo de Guatemala?

Venimos a acompañar el proceso. Hacemos un llamado a que liberen inmediatamente a González. Los esfuerzos para dañar a los fiscales es inaceptable y es el pensamiento de esta administración.

En cuanto al tema migratorio. ¿Se mantiene la preocupación? 

Sí, claramente la migración es un desafío enorme. En Estados Unidos lo vemos como algo que todos los países están sufriendo en Centroamérica, en Suramérica.

Por ello, el enfoque de la administración Biden-Harris es el control de la frontera sur para garantizar que haya vías legales disponibles para las personas que quieran venir de forma segura y ordenada.  Así pues, nuestro mensaje es claro: no emprendan el peligroso viaje hacia el norte, sino busquen las vías legales disponibles, ya sean las oficinas de Movilidad Segura o los programas de reunificación familiar.  Está claro que existen vías legales y seguiremos informando sobre ellas para garantizar que las personas, las familias y los niños no emprendan ese peligroso viaje hacia el norte.

¿Cómo estiman que será la relación con el gobierno del presidente Bernardo Arévalo en las áreas de cooperación?

Richard Verma se reunió con él, yo estuve presente. Fue una reunión muy positiva con mucho espacio para trabajar juntos, incluso en cooperación apoyando esfuerzos para garantizar que haya mayores inversiones de la comunidad internacional en Guatemala, o sea que hay un espacio para trabajar juntos en las áreas de migración, desarrollo, seguridad alimentaria.

Realmente esperamos profundizar la cooperación, pero también el Estado de Derecho.  Asegurarnos de que trabajamos juntos para luchar contra la corrupción.  Se trata de una prioridad de Estados Unidos, que forma parte de nuestra estrategia de causas fundamentales, por lo que esperamos trabajar con el nuevo gobierno.

¿Es la consolidación del Estado de derecho en Guatemala el mayor reto del próximo gobierno?

Es correcto, uno de los mayores desafíos a enfrentar es lo que hemos mencionado que hay algunos actores que están trabajando contra la ley para minar y socavar la democracia. Como dije antes, creo que esas fuerzas están cada vez más aisladas, y personalmente creo que hay mucho espacio para que él —Arévalo— trabaje con los miembros del sector privado.  Sé que el sector privado ha realizado una labor realmente importante en los últimos meses, apoyando la segunda vuelta de las elecciones y garantizando la transición a Bernardo Arévalo.  Así que creo que hay espacio con el sector privado para trabajar juntos, mucho espacio para trabajar también con la sociedad civil.

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En cuanto a la Engel, usted ha defendido este mecanismo de lucha anticorrupción, sin embargo, algunos de estos actores pareciera que no les importa y hasta se burlan cuando figuran ¿Han evaluado otras acciones?

Estas herramientas son útiles. En cuanto a los que se puedan mofar pensamos que este tipo de sanciones son efectivas y creemos que aquellos tratan de socavar la democracia no deben tener el privilegio de tener una visa para entrar a los Estados Unidos.

Los propios senadores estadounidenses han pedido la aplicación de otras medidas, como la Ley Magnitsky ¿eso podría aplicarse en estos casos de corrupción?

Creo que todas estas herramientas se pueden aplicar a lo largo de Centroamérica. Lo vamos a considerar.

Pero una serie de inconformidades de los partidos políticos que comenzaron a nivel de ciertas elecciones municipales se ha convertido en una bola de nieve que ha crecido con el paso de los días y que, incluso, ha hecho pensar a algunos analistas que la celebración de la segunda vuelta para la elección de presidente y vicepresidente —programada para el 20 de agosto— podría estar en riesgo.

Al respecto, la comunidad internacional ha mostrado preocupación porque considera que el aplazar las elecciones, en sintonía con los reclamos que han efectuado los partidos políticos que perdieron la elección, sería el equivalente a no respetar el voto ciudadano.

Por lo menos 10 países, más la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE), han expresado su preocupación a través de diversos comunicados en los que han enfatizado, entre otras afirmaciones, que las elecciones se ganan en las urnas y no en las cortes, y llaman a que se garantice la realización de la segunda vuelta electoral.

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Canadá, EE. UU., Francia, Reino Unido, Suecia, Suiza, Italia, España, Suecia y Noruega han acuerpado comunicados con estas peticiones de las misiones de observación, de la UE y de la OEA.

“Las acciones para interferir con el resultado de las elecciones violan el espíritu de la constitución de Guatemala y amenazan la legitimidad de su proceso democrático”, dijo por su parte el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, luego de conocerse la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) que suspendió la adjudicación de cargos.

Importancia clave

Analistas consideran que la elección en Guatemala despierta mucho interés en EE. UU. porque es un socio geopolítico trascendental, el país más grande y poblado de Centroamérica y la primera frontera hacia el sur del continente, después de la de ellos.

Sin embargo, también creen que despierta cierto temor el hecho de que la democracia en Guatemala pueda deteriorarse a tal punto de que se convierta en un país con un régimen autoritario.

La preocupación de EE. UU., según Williams Álvarez, internacionalista y profesor universitario, es porque en la región hay otros países como Nicaragua y El Salvador que han sido hostiles con la potencia mundial. Honduras lo fue en su momento con Juan Orlando Hernández y México no escapa de mostrar cierta irreverencia.

“Como quien dice, Guatemala es un país que no se pueden dar el lujo de perderse en el autoritarismo”, subrayó Álvarez. “No podría EE. UU. llevarse bien con un país que está violando sus propias leyes y su propio sistema democrático”, añadió.

Según el analista, si el país se enruta hacia el autoritarismo, EE. UU. se vería obligado a tomar acciones económicas lo que podría repercutir en más migración, un tema de extremo interés para Washington. “EE. UU. tiene un serio problema migratorio con Guatemala y lo que menos quiere es otra crisis encima”, dijo.

El analista político Werner Castillo afirma que la situación preocupa a los países porque si Guatemala violenta las reglas democráticas puede constituirse en un modelo a seguir para el resto de las naciones en las cuales la democracia “parece dar signos de agotamiento”.

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“Guatemala, por muy pequeña que sea, es un enclave geopolítico, geoestratégico y geoeconómico, una ruptura democrática en estos momentos repercutiría en la estabilidad global”, aseveró Castillo.

Precisó que el sistema internacional descansa sobre el irrestricto respecto a la legalidad, y al violentarse esta en Guatemala, de la misma manera como lo hacen los regímenes fascistas o dictatoriales, “puede convertirse en un polvorín”. Si Guatemala retorna a una etapa de oscurantismo “sería un muy mal ejemplo” que podrían replicar otras naciones, dijo.

¿Injerencia?

Los pronunciamientos que han emitido países y organismos internacionales llevaron al Gobierno de Guatemala a emitir un comunicado a través de la Cancillería, en el cual hizo un llamado a ser respetuosos de la soberanía de los Estados y del sector judicial del país, al mismo tiempo que invocó a la soberanía y al respeto a la no intervención en asuntos internos.

Sin embargo, los analistas consideran que los pronunciamientos de los países no pueden ser tomados como una intromisión en asuntos internos. De hecho, recuerdan que Guatemala, por ejemplo, se pronunció luego de las elecciones en Nicaragua, en noviembre de 2021, en las cuales fue reelecto Daniel Ortega.

En aquella ocasión el Gobierno de Guatemala lamentó que no se cumpliera con las condiciones de unas elecciones “libres”, “justas” y “basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo”.

Los analistas explican que la observación internacional ha sido invitada con el visto bueno del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y se ha hecho durante años, con el objetivo de dar credibilidad internacional de su democracia.

“Para nada es una injerencia, los países tienen relaciones diplomáticas con Guatemala y en el marco de esas relaciones emiten su opinión y su postura sobre lo que pasa, es parte de las relaciones de cooperación y amistad”, explicó Luis Padilla, exembajador y exvicecanciller.

Por su parte, Castillo indicó que la comunidad internacional “debe y tiene la obligación de velar y resguardar el proceso democrático en Guatemala” ya que “en el momento en que los resultados de nuestra elección no se respeten, se violentan los derechos humanos en materia internacional”.

Álvarez señaló que, más que responder a las preocupaciones de los países, lo que intenta hacer Guatemala con el comunicado es quedar bien con su base conservadora y a la vez lanzar una advertencia a la comunidad internacional. “Es como decirles, ya vi que están hablando del tema y no se les vaya a ocurrir interferir”, explicó.

Centenares de periodistas se han visto obligados al exilio o son víctimas de ciberataques y estigmatización en países centroamericanos, constituyendo este contexto un grave peligro para las democracias como ha alertado la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y otros gremios regionales.

ASESINATO DE PERIODISTAS EN HONDURAS

Cuatro periodistas han sido asesinados entre 2022 y lo que va de este año en Honduras, dijo a EFE el director del Comité para la Libre Expresión (C-Libre), Saúl Bueso. Esta cifra se eleva a 98 si se retrocede hasta 2001.

“Hay una enorme impunidad” porque el porcentaje de personas sentenciadas por estos casos es “mínimo” en Honduras, afirmó Bueso.

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A esta situación de violencia homicida contra los informadores, única en la subregión, se suman las “preocupantes amenazas veladas y directas” a la libertad de expresión a través de leyes que la limitan y atentan contra los periodistas y dueños de medios, dijo el director de C-Libre.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) de Honduras ha denunciado que la prensa hondureña es víctima de una “violencia extrema“.

PERIODISTAS ENCARCELADOS, OBLIGADOS AL EXILIO Y DESNACIONALIZADOS EN NICARAGUA

En Nicaragua, casi 200 comunicadores se han ido al exilio en los últimos años mientras que 23 fueron desnacionalizados, despojados de sus bienes y declarados “traidores de la patria” por las autoridades, según cifras del movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN).

El Gobierno de Daniel Ortega ha ocupado y usa las instalaciones del diario La Prensa, del canal 100 % Noticias, de las revistas digitales Confidencial y Niú, y de los programas televisivos “Esta Semana” y “Esta Noche”.

“La dictadura realmente ha minado la labor periodística y ha obligado a muchos colegas a abandonar la profesión“, dijo la periodista excarcelada, exiliada, desnacionalizada y confiscada de sus propiedades en Nicaragua, Lucía Pineda Ubau.

PERSECUCIÓN A PERIODISTAS Y CIERRE DE MEDIOS EN GUATEMALA

El Periódico, uno de los medios impresos más importantes de Guatemala, cerró definitivamente el pasado 15 de mayo tras la encarcelación en julio de 2022 de su presidente, Jose Rubén Zamora Marroquín, quien enfrenta un juicio por presunto lavado de dinero.

La captura de Zamora ocurrió tras publicar artículos críticos de la gestión del presidente Alejandro Giammattei, durante la cual al menos 12 periodistas han salido al exilio por persecuciones penales que van desde una supuesta obstrucción de la justicia hasta cargos de lavado de dinero y crimen organizado.

La periodista y directora del programa radial de análisis y debate Con Criterio, Claudia Méndez Arriaza, dijo a EFE que durante el Gobierno de Giammattei el derecho penal se ha convertido en la amenaza más grande y grave para todos los periodistas en el país.

AGRESIONES Y ATAQUES EN EL SALVADOR

La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) cifra en 611 los casos de agresión a la prensa desde que en junio de 2019 asumió el Gobierno Nayib Bukele, que mantiene una agria relación con la prensa crítica.

La APES señala “reformas jurídicas que deterioran el ejercicio periodístico“, la salida “forzada” de 11 periodistas y el espionaje de una treintena de informadores con el software Pegasus.

A mediados de abril, el medio digital El Faro anunció el traslado de su parte administrativa a Costa Rica, mientras que tres radios comunitarias fueron cerradas por las autoridades entre 2021 y 2022 con el argumento de aspectos técnicos, dijo a EFE Lilian Vega, directora de Radio Bálsamo RTV, un proyecto comunitario del central departamento de La Libertad.

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TERRORISMO JUDICIAL EN PANAMÁ Y AGRESIONES VERBALES EN COSTA RICA

En Panamá, el secuestro de bienes y demandas civiles y penales onerosas contra el diario La Prensa y el medio digital Foco, además de periodistas de otros medios, demuestran “el uso del sistema judicial para silenciar a los críticos“, como han denunciado los gremios de periodistas.

“Nuestra principal amenaza es lo que hemos denominado terrorismo judicial (…) lo que realmente causa autocensura en los periodistas es el miedo a ser demandados, porque las cifras se van acumulando y cuando vienes a ver tienes 10 millones de dólares en demandas que no tienes la menor idea de cómo la vas a pagar”, dijo a EFE la directora editorial de La Prensa, Rita Vásquez.

Ya hay iniciativas en el Parlamento de Panamá para despenalizar la calumnia e injuria, que ha sido la base para las demandas, y para cambiar una ley de protección de datos que sirvió para multar a La Prensa por publicar una foto del diputado oficialista Benicio Robinson sin su permiso. Ninguna avanza aún.

En Costa Rica no hay periodistas encarcelados ni una persecución judicial contra medios, pero sí ha habido ataques verbales del Gobierno y del propio presidente, Rodrigo Chaves, contra tres medios críticos.

La SIP dijo el pasado 25 de mayo que un fallo de la Corte Constitucional de Costa Rica contra el presidente Chaves por atacar verbalmente a periodistas es un “antecedente prometedor” contra la práctica de estigmatizar a la prensa desde las esferas del poder.

Los gremios periodísticos de Panamá y de Costa Rica han denunciado además obstáculos para acceder a la información de carácter público.

Los acontecimientos políticos en Perú y Brasil y las preocupantes tendencias en México y El Salvador son una advertencia de lo que ocurre cuando los sistemas de partidos colapsan y líderes contestatarios asumen el poder prometiendo acabar con la corrupción de la clase política.

Consideremos los acontecimientos recientes: Perú ha presenciado un descontento social generalizado y grandes protestas que exigen la dimisión de la presidenta. Brasil está tratando de domesticar a un movimiento de extrema derecha, cuya lealtad a la democracia es altamente cuestionable. Ese rechazo se puso de manifiesto el 8 de enero, cuando un grupo de simpatizantes de Jair Bolsonaro irrumpió en el Congreso, el Supremo Tribunal Federal y el palacio presidencial tras perder la reelección. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha defendido una serie de medidas que el Congreso —dominado por su movimiento político— aprobó en febrero, destinadas a limitar al instituto electoral. Y, desde su llegada al poder en El Salvador, el presidente Nayib Bukele ha eliminado casi todos los pesos y contrapesos y ha declarado desde el año pasado un estado de emergencia que suspende varios derechos fundamentales.

Aunque cada uno de estos casos es muy distinto, todos ofrecen ejemplos de la amarga cosecha que la región está recogiendo como resultado de la propagación de una virulenta cepa de populismo en las últimas tres décadas. Esa cepa, arraigada en gran medida en la justificada exasperación de la ciudadanía frente a la corrupción, ha causado estragos en los sistemas de partidos y ha debilitado a las instituciones necesarias para luchar contra la corrupción y canalizar las demandas sociales en forma pacífica.

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Al día de hoy, los resultados de todo ello son dolorosamente evidentes en Latinoamérica: la receta que ofrece el populismo anticorrupción se ha convertido en algo peor que la enfermedad que pretendía combatir.

La demolición de los partidos políticos y la elección de líderes mesiánicos para vengar la corrupción imperante no han funcionado. Solo han engendrado una mayor desconfianza en todas las instituciones, en particular aquellas destinadas a controlar el ejercicio del poder y procesar los conflictos sociales de manera sosegada. Como consecuencia de ello, la región está recogiendo una cosecha de reversión democrática, inestabilidad política y, sí, más corrupción.

Perú, en muchos sentidos, fue pionero en todo esto. El proceso comenzó en 1990 con el ascenso de Alberto Fujimori, quien tras llevar a cabo una campaña electoral contra las élites políticas y privilegiadas del país, se mantuvo en el poder durante una década. Años más tarde, el fenómeno cobró fuerza con la llegada al poder de Hugo Chávez en Venezuela. Desde entonces, diferentes versiones del populismo anticorrupción han aparecido en un país tras otro de la región.

La elección de Bolsonaro en 2018 no puede entenderse más que en la frenética atmósfera anticorrupción creada por el escándalo del caso Lava Jato, el enorme entramado para desviar fondos de la compañía petrolera estatal Petrobras hacia políticos y empresas de construcción con conexiones políticas. El caso condujo al encarcelamiento (y posterior liberación) de Luiz Inácio Lula da Silva, quien fuera presidente de 2003 a 2010, ahora nuevamente electo tras derrotar a Bolsonaro en las urnas.

Tampoco puede entenderse de otra manera el camino al poder de otras figuras que no eran parte de la clase gobernante y se postularon con la promesa de erradicar la corrupción de la clase dirigente, como López Obrador en México, Bukele en El Salvador o Rodrigo Chaves en Costa Rica.

El ascenso de los líderes populistas ajenos a la clase política no es solo un signo infalible de un sistema de partidos aquejado por graves problemas de credibilidad, sino también un poderoso acelerador del proceso. A estas alturas, en muchas democracias de la región, los sistemas de partidos prácticamente se han erosionado.

Durante las últimas dos décadas, Perú no ha tenido partidos estables, sino una rotación acelerada de líderes emergentes que disputan cuotas de poder cada vez más menguadas. Los dos candidatos que pasaron a la segunda ronda de la contienda presidencial en 2021 —Pedro Castillo y Keiko Fujimori— sumaron solo cerca de una tercera parte del total de los votos en la primera vuelta. Castillo ganó, pero fue sometido a un juicio político en diciembre pasado y remplazado por la vicepresidenta, Dina Boluarte, quien no pertenece a ningún partido político.

En Brasil, Lula se enfrenta a un Congreso compuesto por 21 partidos. Debería considerarse afortunado, pues durante el gobierno anterior su predecesor tuvo que lidiar con 30 partidos representados.

La grave debilidad de los sistemas de partidos convierte la construcción de mayorías legislativas y el ejercicio de gobierno en tareas extremadamente difíciles. El resultado casi inevitable es la proliferación de demandas sociales insatisfechas y niveles crecientes de desafección política. No es casual que, en muchos lugares de América Latina, la calle haya sustituido a las instituciones representativas como el escenario natural para transmitir demandas largamente reprimidas en busca de la mejora de los servicios públicos y la solución de las profundas desigualdades existentes.

Perú ejemplifica esta historia de manera clara: el país ha tenido seis presidentes desde 2016, y ha sufrido una implosión del orden público que ha provocado la muerte de al menos 48 civiles desde el inicio de las protestas en diciembre pasado.

La percepción de que la clase gobernante no es más que una camarilla interesada en su propio bienestar y que debe, por ello, ser eliminada de raíz, es uno de los principales combustibles del populismo en América Latina. El Barómetro de las Américas, una extensa encuesta que abarca a todo el continente americano, muestra que, en 2021, el 65 por ciento de los latinoamericanos creía que más de la mitad de todos los políticos eran corruptos, incluido el 88 por ciento de los encuestados en Perú y el 79 por ciento en Brasil. Del mismo modo, los partidos cuentan con la confianza de solo el 13 por ciento de los latinoamericanos y los congresos, del 20 por ciento, siendo Perú el país con los números más bajos de la región, según los datos de 2020 del Latinobarómetro, otra encuesta regional.

El colapso de los sistemas de partidos conduce a la aparición de actores mesiánicos que aceleran la erosión de la democracia bajo el pretexto de salvarla de su decadencia. Al igual que los populistas en todas partes, los que hoy pululan en América Latina sienten desprecio por las instituciones a las que consideran cómplices de una corrupción que solo ellos pueden enfrentar, como alguna vez lo dijo célebremente Donald Trump. Para los populistas, los pesos y contrapesos que definen a una democracia son lujos prescindibles o, peor aún, distorsiones que impiden que se escuche la voz del pueblo.

Esta es una receta peligrosa para la democracia y realmente terrible para quienes en forma genuina se preocupan por luchar contra la corrupción, que prolifera justamente donde el poder carece de contrapesos. América Latina necesita frenos y contrapesos y más Estado de derecho, no menos.

Sin embargo, en la última década, la calidad del Estado de derecho y la independencia judicial se estancó o deterioró en la gran mayoría de los países de la región, según datos del Banco Mundial, el Proyecto de Justicia Mundial, así como el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, la organización internacional de apoyo a la democracia que dirijo. Lo mismo se aplica para la libertad de prensa. Desde 2013, esta última disminuyó en 15 de los 18 países latinoamericanos, según los datos de Reporteros sin Fronteras.

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No sorprende, pues, que a América Latina le vaya peor hoy que hace una década en lo que respecta a la lucha contra la corrupción. En 2013, Latinoamérica ocupaba el percentil 57,2 del mundo en control de la corrupción, según los indicadores de gobernabilidad del Banco Mundial. Para 2021, había caído al percentil 49,8. Esto coincide con los resultados de Brasil, El Salvador y México, donde el indicador descendió desde que los autoproclamados defensores de la lucha contra la corrupción llegaron al poder.

De manera involuntaria, López Obrador lo expresó mejor que nadie, en palabras que se aplican a gran parte de América Latina: “Continúa habiendo corrupción, pero ya no es lo mismo”. Tiene razón. No es lo mismo porque la rendición de cuentas, el escrutinio de la prensa y el Estado de derecho son más débiles que hace unos años.

Si los líderes políticos y las sociedades latinoamericanas realmente se toman en serio los graves problemas de corrupción que aquejan a la región, es urgente que salgan de este círculo vicioso. Lo que más se necesita es construir instituciones como partidos políticos sólidos, poderes judiciales independientes, autoridades electorales imparciales y fuertes protecciones legales para la libertad de prensa y el activismo cívico. En otras palabras, todo aquello contra lo que los populistas arremeten sin cesar.

Estos comités son en Guatemala, uno de los dos tipos de organizaciones políticas, aparte de los partidos. Pero, a diferencia de estos, solo pueden postular candidatos a alcaldes y cargos dentro de los concejos.

A diferencia de los partidos políticos no tienen una vigencia permanente, sino se disuelven automáticamente cuando culmina un proceso electoral, tal como lo regula el artículo 114 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp).

En un inicio estos fueron concebidos como una opción para que los vecinos de comunidades encontraran una opción de participación política electoral, sin necesidad de tener que congraciarse con los poderes tradicionales que se instalan en los partidos; sin embargo, la experiencia demuestra que la fórmula ha sido poco efectiva.

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Un estudio del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep) da cuenta que, desde las elecciones de 2003 a la fecha, son menos los comités que participan. Mientras que ese año fueron 186 comités, en los próximos años hubo una disminución progresiva hasta que en los procesos electorales de 2015 y 2019 solo se inscribieron 98.

Asimismo, evidencia que en los últimos 12 procesos electorales se han inscrito mil 258 comités cívicos, de los cuales solo 588 —equivalente a uno de cada dos—, han ganado un puesto en algún concejo.

Y el número de comités que ha ganado la alcaldía se reduce a 204. Es decir, menos de dos de cada 10 comités.

Desigualdad

Rubén Hidalgo, director del Incep, explica que es necesario cambiar la legislación para fortalecer a los comités cívicos, ya que estos a menudo participan en una condición de desventaja respecto a los partidos. Por ejemplo, mientras que los partidos son estructuras permanentes, los comités tienen que reunir a sus afiliados y hacer los trámites para inscribirse en el Registro de Ciudadanos cada cuatro años durante los primeros meses del proceso electoral.

Asimismo, los comités no gozan de financiamiento público a diferencia de los partidos, a los que se les otorga el equivalente de US$2 por voto legalmente emitido a su favor, siempre que haya obtenido no menos del cinco por ciento del total de sufragios válidos.

Por último, enfatiza que los comités solo pueden postular a cargos de elección popular en los niveles municipales, mientras que los partidos lo hacen a nivel legislativo y presidencial.

Entre las recomendaciones que hace el Incep, está promover que los comités participen como organizaciones políticas de carácter permanente, tal como lo propuso la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) en su momento. También que se les permita constituirse en la mitad de los municipios de sus distritos para que puedan postular candidatos a diputados y que sus afiliados mínimos sean el equivalente al 0.30 por ciento de ciudadanos inscritos en su municipio.

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Rigoberto Quemé Chay, quien ganó la alcaldía de Quetzaltenango dos veces consecutivas en 1995 y 1999 con el comité cívico Xel Ju, considera que la razón por la que se ve reducida la participación de los comités cívicos es por las desigualdades del sistema político.

“Desde el 85 hay una perversión del sistema político. Nació sano y hoy es un sistema en decadencia”, advierte el exalcalde.

Explicó que tras la firma de los Acuerdos de Paz en 1996 hubo un auge de estos comités porque había una ilusión en varias comunidades de participación política y deseos de organización social.

“Los pueblos y comunidades vieron en los comités cívicos la oportunidad de participar. Pero como el sistema político ha sido manoseado para favorecer los intereses de los partidos, las recientes reformas que se hicieron (a la Lepp) dejaron en desventaja a los comités. Hoy su techo de campaña es bajísimo”, advierte.

Agrega que a menudo los comités se enfrentan con el problema de que en el Registro de Ciudadanos les invalidan una de cada tres firmas de sus afiliados. De tal cuenta que, si en un municipio el mínimo para constituir esta organización política es de mil 500, se necesitan al menos cuatro mil 500 para quedar inscritos.

Si no se hacen cambios a la Lepp, prevé que la participación de los comités continúe en descenso, o bien que puedan ser cooptados por otros partidos para representar intereses ajenos a la comunidad.

Prevalecen en departamentos con población indígena

El estudio del Incep evidencia que los departamentos donde mayor cantidad de comités cívicos se han inscrito en los últimos 12 procesos electorales a menudo son los que cuentan con mayor cantidad de población indígena. Entre estos se encuentran Quetzaltenango, Chimaltenango, Huehuetenango, Sololá, Suchitepéquez, Alta Verapaz y Quiché, entre otros.

Para corroborar esto, el estudio consideró datos de las memorias electorales del TSE y del Informe Nacional de Desarrollo Humano 2005.

La SIP destacó este lunes 12 de diciembre que Guatemala vive actualmente un deterioro de la libertad de prensa y la democracia, asociado a la debilidad institucional que se expresa en la falta de independencia de los poderes públicos.

Aunque la comitiva acudió a una audiencia y analizó principalmente el caso del periodista y presidente de elPeriódico, Jose Rubén Zamora, a quien también visitaron en la cárcel, emitieron una postura general de la situación que consideran que está atravesando el país.

“Nos preocupa la presión contra la libertad de prensa y el periodismo independiente, a sabiendas de que se trata de uno de los últimos bastiones para resguardar el pluralismo y el debate ciudadano en el país”, declaró el organismo en un comunicado.

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Linchamiento en redes y retroceso en libertad de prensa

La SIP pidió que se dejen de utilizar “netcenters” para atacar la credibilidad del periodismo en redes sociales y que cesen la presiones sobre los comunicadores para que revelen sus fuentes cuando denuncian temas de corrupción.

Los delegados de la entidad con sede en Miami exhortaron al Gobierno de Guatemala a que no limite las fuentes y dé amplio acceso a la información.

La SIP recordó que en el Índice Chapultepec 2022, sobre libertad de prensa, Guatemala se encuentra como el cuarto peor país entre los 22 evaluados, después de Nicaragua, Cuba y Venezuela. En esa línea expresó que el país “no solo está perdiendo la libertad de prensa sino también la democracia”.

En encuentros con funcionarios del Ejecutivo y del Ministerio Público fiscal, “expusimos el crítico panorama que recogimos de parte de periodistas y directivos de medios”, dijo Greenspon, también director de Innovación del The New York Times.

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Respeto al caso de Jose Rubén Zamora, la SIP indicó que las características de la acusación y las irregularidades que se denunciaron para armar el caso generan la preocupación de que en el futuro se intenten montar procesos contra otros periodistas que investigan al poder.

Los delegados de la SIP advirtieron que hasta ahora la justicia en el país ha obviado “las múltiples anomalías que se registraron en la etapa de instrucción de la causa” contra Zamora.

La organización denunció el aumento de la criminalización y judicialización a periodistas y medios, además del temor por la seguridad física ante amenazas a quienes denuncian el avance del crimen organizado.

Entregan informe al MP y otras instituciones

La SIP aclaró que “no llegó a Guatemala a hacer política”, como acusó a la organización el abogado Raúl Falla Ovalle, de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), durante la audiencia judicial por el caso de Zamora.

Respecto de este asunto, la organización recibió informes pormenorizados de parte de integrantes de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh) y de la fiscal general Consuelo Porras y su equipo de colaboradores.

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Los delegados de la SIP se reunieron con Guillermo Castillo Reyes, vicepresidente de Guatemala, y María Consuelo Porras Argueta, fiscal general de la República, entre otras autoridades.

El Índice de Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa, presentado este viernes 28 de octubre en la 78 Asamblea general de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que se realiza en Madrid, España es un barómetro anual que la entidad regional realiza para medir las causas que influyen en forma negativa y positiva a la libertad de prensa en el hemisferio americano.

Este año Guatemala empeoró su posición cayendo del puesto 15 al 19. Debajo solo se encuentran Cuba, Nicaragua y Venezuela, países clasificados como “sin libertad de expresión”.

La SIP también dio a conocer hoy sus informes nacionales sobre libertad de prensa, y en el de Guatemala señaló que en Guatemala “existe un profundo deterioro de la libertad de prensa debido a acciones del Gobierno, en especial del Ministerio Público (MP) y del Congreso (de la República)”.

De acuerdo con la SIP, “desde el inicio de su gestión, el gobierno del presidente Alejandro Giammattei ha tenido una relación tirante con la prensa independiente” y detalla que “cualquiera que opine diferente es considerado un enemigo, opositor o agitador”.

La SIP continúa y refiere que “en este ambiente de animadversión contra la prensa, el Ministerio Público (MP) arremetió contra destacados periodistas críticos, conocidos por su constante denuncia sobre hechos de corrupción pública”.

En torno a ese señalamiento la SIP asegura que “el caso más flagrante es el encarcelamiento de José Rubén Zamora, presidente de elPeriódico, y de Flora Silva, la gerente financiera de ese medio, así como los casos de Juan Luis Font, del medio digital y televisivo ´Con Criterio´, y de Carlos Choc, de Prensa Comunitaria.

“Esto es derivado de que hay negación (de facto) o retraso malicioso en el acceso a la información pública, por lo que la ciudadanía no puede estar informada adecuadamente”, expuso la PDH al ser consultada al respecto.

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La PDH, consultada por Prensa Libre, recordó que el ejercicio periodístico es una profesión riesgosa en Guatemala, como lo ha señalado el Relator de Naciones Unidas, por la alta cantidad de amenazas, hostigamiento e intimidación que viven diariamente periodistas.

“También pueden mencionarse a los periodistas comunitarios que se enfrentan al crimen organizado, lo que fue analizado en el índice de violencia e impunidad”, expuso la PDH.

Por otro lado, advirtió que “los Pueblos Indígenas todavía no gozan del derecho a la comunicación hacia sus comunidades, como establecen los Acuerdos de Paz, en virtud de que no se ha garantizado su acceso a las radios comunitarias. En este sentido, es importante mencionar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado guatemalteco por esta negación”.

Por tal motivo, recomendaron al Estado que, a través de sus instituciones, retome el proceso de elaboración y aprobación del Programa de Protección a Periodistas y tome medidas necesarias para garantizar un entorno propicio para que las y los periodistas puedan desarrollar adecuadamente su trabajo.

En la misma vía, recomienda al Ministerio Público fortalecer económica y materialmente la Fiscalía de Sección de Delitos cometidos contra Periodistas para que amplíe su cobertura y brinde una atención más eficiente, así como implementar procesos de formación al personal fiscal para una adecuada investigación de los ataques contra periodistas y comunicadores sociales.

Ataques se intensificaron en este gobierno

Miguel Ángel Albizures, responsable de la Comisión de Libertad de Prensa de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), explicó que Guatemala está en un pleno retroceso en el ejercicio de estos derechos, algo que se intensificó con este gobierno. Esto coincide con la persecución a algunos operadores de justicia, entre quienes figuran jueces y exfiscales del Ministerio Público (MP) que han tenido que salir al exilio.

“Hay un retroceso muy pronunciado y una carencia de espacios democráticos. Incluso, el hecho de que se quiere legislar dando a la fuerza pública el permiso para que puedan reprimir cualquier protesta quiere decir que los aspectos de democracia en el país están seriamente afectados”, afirmó Albizures.

En ese sentido es necesario que surjan expresiones organizadas de la ciudadanía en rechazo a estos ataques orquestados contra periodistas, ya que de lo contrario podría haber un retroceso democrático.

“La marcha del 20 de octubre fue una expresión organizada de rechazo a todo lo que está sucediendo. Sí hubo participación fuerte, pero se necesita ya un movimiento más amplio y de resistencia a todo lo que está sucediendo, puesto que si la ciudadanía no pone un alto a todo lo que está pasando podríamos volver a los años 80”, dijo.

El constitucionalista Mario Fuentes Destarac considera que tener altas restricciones a la prensa actúan en menoscabo de la democracia y esta es uno de los bastiones del mundo civilizado.

“La libertad de prensa es la sangre de la democracia. Cuando hay restricciones a la libertad de expresión de ideas se repercute en la salud de la democracia”, afirmó Destarac.

Agregó que hay diversas acciones que han empeorado el ejercicio de estos derechos, como la persecución penal en contra de periodistas desde los distintos niveles del sistema de justicia, con lo cual se busca criminalizar la libertad de expresión del país.

“Obviamente los tribunales de justicia y el Ministerio Público son actores fundamentales. También hay iniciativas en el Congreso de la República que tienden a restringir la libertad de expresión y eso ha sido denunciado”, dijo Destarac.

Entre estas iniciativas que han generado rechazo entre periodistas está la Ley de Prevención y Protección contra la Ciberdelincuencia que se intentó aprobar en agosto de este año. En esa oportunidad la APG expresó que se buscaba criminalizar las críticas, investigaciones o publicaciones que a criterio de las autoridades se pudieran encuadrar como acoso, así como las publicaciones periodísticas que se basen en filtración electrónica de datos o información.

La situación podría agravarse ahora de cara al proceso electoral, advierte Destarac.

“Esto es un problema incluso ahorita que está por iniciar un proceso electoral. Hay una preocupación de que vaya a haber restricciones como las que se intentaron imponer en año 2019 por la autoridad electoral como regular las entrevistas, las conferencias de prensa y los foros que se llevan a cabo en medios de comunicación. Puede haber cortapisas y eso sería muy grave para el ejercicio de derechos políticos”, dijo Destarac.

José Cancinos, presidente de la Asociación de Periodistas de Quetzaltenango (APQ), dijo que a la ciudadanía debería importarle profundamente el deterioro de la libertad de prensa, ya que esto reduce sus oportunidades de tomar decisiones informadas en su día a día.

“Los periodistas encabezamos la libertad de expresión y si nos vedan este derecho es más fácil para cualquier gobierno vulnerar más derechos y tener callada a la población. Nosotros tenemos la responsabilidad de seguir exponiendo los atropellos de cualquier gobierno y seguir creando, como medios de comunicación, esa cultura en la ciudadanía para que se involucre”, dijo Cancinos.

A criterio del presidente de la APQ, entre los actores que encabezan este ataque contra la prensa se encuentran el presidente Alejandro Giammattei, el Ministerio Público y los alcaldes. Estos últimos han replicado el ejemplo del gobierno central, advierte.

“Sabemos que hay municipalidades tomadas por el narcotráfico y aprovechan esa situación por el mal ejemplo de gobierno central para limitar libertad de expresión. Es posible que se puedan cobrar vidas. En zonas como la frontera con Huehuetenango no se puede hablar de libertad de expresión. Los compañeros de manera personal se han autocensurado porque corremos riesgo”, dijo Cancinos.

Por último, expuso que durante la pandemia se perdió acceso a las fuentes de información y a las instituciones. Esto no se ha logrado recuperar a la fecha, advirtió Cancinos.

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Gobierno y MP rechazan señalamientos

El Gobierno de Guatemala aseguró que los señalamientos expresados por la SIP son “falsos” y que durante el último año se ha promovido el acceso a las fuentes de información por medio de conferencias de prensa semanales.

 “Es totalmente falso que durante la administración del Doctor Alejandro Giammattei se hayan registrado ataques sistemáticos a periodistas o se haya restringido de alguna manera la labor periodística en el país”, dijo el vocero de la presidencia, Kevin López Oliva.

De igual forma, el Ministerio Público comunicó que, de conformidad con su mandato legal y constitucional, tiene la obligación de investigar toda denuncia que se presenta, sin excepción alguna, y sin que esto signifique criminalización, en absoluto.

“Alegar persecución y criminalización es totalmente alejando de la realidad pues la función natural del Ministerio Público es investigar con el fin de averiguar la verdad histórica de los hechos, sin que esto signifique criminalización o persecución política”, comunicó.

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