El Departamento de Estado de Estados Unidos planea una reducción sin precedentes del alcance de su diplomacia, con el cierre de programas y embajadas en todo el mundo, para recortar el presupuesto en casi un 50%, informaron medios de comunicación estadounidenses.

Las propuestas, incluidas en un memorando interno del Departamento que, según se afirma, está siendo debatido por altos funcionarios, eliminarían casi toda la financiación a organizaciones internacionales como las Naciones Unidas y la OTAN.

Se reduciría el apoyo financiero para el mantenimiento de la paz internacional, así como los fondos destinados a intercambios educativos y culturales, como el Programa Fulbright, una de las becas estadounidenses más prestigiosas.

El plan se presenta en un momento en que el presidente Donald Trump insiste en reducir el gasto público y el papel de liderazgo de Estados Unidos en el escenario internacional.

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Sin embargo, la Asociación Estadounidense del Servicio Exterior calificó los recortes propuestos como “imprudentes y peligrosos”, mientras que el exembajador estadounidense en Moscú, Michael McFaul, los consideró “un regalo gigantesco al Partido Comunista Chino”.

El memorando indica que el Departamento de Estado solicitará un presupuesto de US$28 mil 400 millones para el año fiscal 2026, que comienza el 1 de octubre, US$26 mil millones menos que la cifra de 2025, según The New York Times.

Solo el Congreso, controlado por los republicanos y que necesita los votos demócratas para aprobar la mayoría de las leyes, tiene la autoridad para avalar los recortes.

Se prevé que las propuestas ocupen un lugar destacado en las negociaciones de los legisladores sobre el presupuesto de 2026.

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No está claro si el secretario de Estado, Marco Rubio, respaldó el memorando del 10 de abril, pero sería necesario su aval antes de que el Congreso pueda considerarlo.

AFP contactó al Departamento de Estado para obtener comentarios, pero no recibió respuesta. 

Estados Unidos lanza una “seria advertencia” para los viajeros que decidan visitar las Bahamas

El gobierno de los Estados Unidos actualizó su advertencia de viaje para las Bahamas y decidió subirla a la clasificación de Nivel 2 debido a los altos índices de criminalidad.

Emilio Dávila

2 de abril de 2025 | 14:39h

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El Departamento de Estado recomienda evitar nadar en las playas de Bahamas. (Foto Prensa Libre: AFP)

Durante la mañana de este miércoles 2 de abril, el Gobierno de los Estados Unidos actualizó su advertencia de viaje para las Bahamas y decidió elevarla a la clasificación de Nivel 2; por lo cual, las autoridades estadounidenses aseguran que los ciudadanos “deben ejercer mayor precaución” al momento de visitar este archipiélago en el Caribe.​

La advertencia de viaje para las Bahamas, por parte de los Estados Unidos, responde a un análisis de riesgo realizado por las autoridades de la nación norteamericana, en donde incluyeron “los delitos violentos, las actividades marítimas no reguladas y las situaciones reportadas en zonas frecuentadas por turistas”, refiriéndose al robo y hurto.​

De acuerdo con el Departamento de Estado en los Estados Unidos, la agencia del gobierno ejecutivo federal que es responsable de las relaciones internacionales y de la política exterior del país, la mayor parte de los delitos que ocurren en el destino del Caribe se llevan a cabo en la isla de Nueva Providencia, la más poblada de las Bahamas.​

En la isla de Nueva Providencia se encuentra Nassau, la capital de la nación caribeña, y Gran Bahama, dos zonas que concentran diversos centros turísticos en el país, tomando en consideración de que ambos son vistos como una parada popular para los cruceros internacionales, debido a los paisajes montañosos y los arrecifes de coral.​

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Nivel 2 en la advertencia de viaje a las Bahamas

La isla de Nueva Providencia concentra tantos destinos turísticos como áreas urbanas con altos índices de criminalidad, por lo que el Gobierno de los Estados Unidos ha decidido incorporar en su sitio web una serie de advertencias específicas en relación a las actividades acuáticas, el uso de embarcaciones recreativas y la seguridad personal.

Para el Departamento de Estado, la advertencia de Nivel 2 significa que los viajeros deben ejercer mayor precaución al visitar este destino, principalmente en las playas y en las zonas céntricas. Además, las autoridades recomiendan elegir “alojamientos confiables” en las Bahamas, debido a que existen varios sectores inseguros para los turistas.

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El Nivel 2 es común para los destinos turísticos en donde existe un nivel moderado de criminalidad u otros riesgos; sin embargo, el aviso para las Bahamas por parte de los Estados Unidos hace énfasis en que los delitos violentos pueden ocurrir tanto en las zonas más turísticas del país como en los sectores menos transitados de la nación.

Según el documento compartido por la agencia del gobierno ejecutivo federal, en los últimos meses (desde el jueves 2 de enero) se han reportado “robos a mano armada, allanamientos de morada y agresiones sexuales” en Nassau, el principal destino turístico de la nación, en donde hay presencia de pandillas y diversas actividades delictivas.

En Nassau, la capital del país, las autoridades estadounidenses recomiendan mantenerse alejados de ciertos sectores urbanos, especialmente después del anochecer, ya que las zonas cercanas al centro turístico “pueden ser seguras durante el día”, pero los delitos en los espacios públicos, como las playas y los comerciales, aumentan por la noche.

“Los viajeros que deciden recorrer la isla por cuenta propia deben utilizar las rutas principales y evitar zonas aisladas. Cabe mencionar que las embarcaciones utilizadas para el transporte presentan deficiencias de mantenimiento y muchos operadores carecen de licencias, seguros o entrenamiento en primeros auxilios”, advirtió el Departamento.

Qué visitar, ver y hacer en un viaje a Nassau la capital de las Islas Bahamas
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— andorreando por el mundo (@AndorreandoM) March 30, 2025

Haroldo Waldemar Lorenzana Terraza, el guatemalteco por el que Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta US$5 millones

El Departamento de Estado informó que se ofrecen US$ 5 millones (más de Q38 millones) por información que conduzca al arresto y condena del narcotraficante guatemalteco Haroldo Waldemar Lorenzana Terraza.

Julio Román

25 de marzo de 2025 | 11:20h

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Estados Unidos ofrece hasta US$5 millones por el supuesto narcotraficante guatemalteco Haroldo Waldemar Lorenzana Terraza. (Foto Prensa Libre: Departamento de Estado)

La oficina de la portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Tammy Bruce, informó este 25 de marzo que se ofrece una recompensa de hasta US$ 5 millones por información que conduzca al arresto y/o condena del narcotraficante guatemalteco Haroldo Waldemar Lorenzana Terraza.

Lorenzana Terraza es nieto de Waldemar Lorenzana Lima, alias el Patriarca, quien falleció en 2021 y quien cumplía una condena de 23 años de cárcel impuesta por la justicia de EE. UU., donde era señalado como líder de una organización de narcotráfico.

La información revela que la recompensa de hasta US$ 5 millones (unos Q38 millones 494 mil 288) por Lorenzana Terraza fue anunciada por la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado, bajo el Programa de Recompensas contra el Narcotráfico (NRP, en inglés).

La recompensa se otorgará “por información conducente al arresto y/o condena, en cualquier país, del narcotraficante guatemalteco Haroldo Waldemar Lorenzana Terraza, también conocido como Haroldito”, se lee en el comunicado.

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Se añade que el dinero se ofrece en coordinación con el Gobierno de Guatemala, en un esfuerzo unificado por llevar a Lorenzana Terraza ante la justicia. Por ello, la recompensa existente de Q50 mil fue aumentada.

El clan Lorenzana

La información del Departamento de Estado señala que Haroldito “es un miembro de la familia narcotraficante Lorenzana, que opera desde La Reforma, Guatemala, con vínculos de tráfico establecidos con varias organizaciones narcotraficantes mexicanas, incluyendo el cartel de Sinaloa (recientemente designado por los Estados Unidos como una Organización Terrorista Extranjera y como Terrorista Global Especialmente Designado)”.

Agrega que desde 1996, la organización de tráfico de drogas de los Lorenzana ha coordinado el transporte, almacenamiento y distribución de toneladas de cocaína desde Colombia hacia Centroamérica y México, para su posterior distribución en los Estados Unidos.

La investigación de la DEA ha llevado a que Lorenzana Terraza enfrente dos acusaciones en el Distrito de Columbia por violaciones internacionales de narcóticos, se lee en el comunicado. Añade que, en la segunda acusación, Haroldito fue señalado como operador de una Empresa Criminal Continua (CCE, por sus siglas en inglés) y también se imputó a otros cuatro acusados.

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“La oferta de recompensa de hoy está autorizada por el secretario bajo el NRP, que apoya los esfuerzos de aplicación de la ley para interrumpir el crimen transnacional en el mundo y llevar a fugitivos ante la justicia como un pilar clave de las prioridades de ‘America First’ del presidente Trump. Si tiene información, por favor contacte a la DEA por correo electrónico: HarolditotipsGuat@dea.gov. Si usted está fuera de los Estados Unidos, también puede visitar la embajada o consulado estadounidense más cercano. Si está en los Estados Unidos, también puede contactar a la oficina local de la DEA”.

Viajar a estos países podría perjudicar a las personas que tienen visa de los Estados Unidos

La visa estadounidense es uno de los documentos de viaje más solicitados a escala internacional, debido a que también otorga la entrada a otros países.

Emilio Dávila

20 de marzo de 2025 | 16:31h

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Cientos de personas aplican al procedimiento para la Visa de los Estados Unidos. (Foto Prensa Libre: Freepik)

Cada año, miles de personas en todo el mundo solicitan la visa que les permite ingresar a los Estados Unidos. Este documento se ha convertido en uno de los más demandados a nivel internacional, ya que, además de facilitar la entrada a territorio estadounidense, en muchos casos también permite el acceso a otros países.

Ante esta situación, existen muchos rumores sobre los países que las personas con visa estadounidense prefieren evitar, debido a que esto podría generarles problemas con la nación norteamericana y poner en riesgo su permiso de viaje, además de posteriormente enfrentar una prohibición de entrada de hasta dos años.

De acuerdo con el Departamento de Estado en EE. UU., la agencia federal encargada de las relaciones internacionales y la política exterior de los Estados Unidos, viajar a estos supuestos “países prohibidos” no es una razón suficiente para revocarle la visa a un individuo común y corriente, que no haya cometido crímenes.

Sin embargo, la sede diplomática aclaró públicamente que, las personas que sí han viajado a alguna de estas “naciones prohibidas” podrían enfrentar más resistencia por parte de las autoridades estadounidenses al renovar la visa o al solicitarla por primera vez, debido a que “la seguridad nacional es una prioridad y se toma muy en serio”.

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El Departamento de Estado se encarga de proteger el territorio estadounidense y a sus ciudadanos; por lo cual, debe mantener “los más altos estándares de seguridad”, tanto a nivel nacional como internacional. Esta es una de las razones por las que el proceso de obtención de visa puede ser largo y tedioso para algunas personas.

“Todos los posibles viajeros que desean ingresar a los Estados Unidos, independientemente de si se les realizará una entrevista en persona o no, deben someterse a un exhaustivo control de seguridad, por lo que todos terminan sujetos a una investigación continua”, indicó el Departamento de Estado a través de su sitio web oficial.

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Según las autoridades estadounidenses, el rumor sobre los presuntos “países prohibidos” posiblemente surgió en febrero del 2015, cuando se estableció la Ley de Mejora del Programa de Exención de Visas y Prevención de Viajes Terroristas, con la que se le exige una visa obligatoria a quienes hayan visitado alguno de estos países.

En la actualidad, los ciudadanos de 32 países en Europa, cinco de Asia, dos de Oceanía y uno de América (Chile) pueden ingresar a los Estados Unidos sin necesidad de una visa. A pesar de ello, si alguna de estas personas visita alguna de las “naciones prohibidas”, deberá tramitarla obligatoriamente para poder ingresar al territorio de EE. UU.

Las “naciones prohibidas”:

• Cuba
• Corea del Norte
• Yemen
• Irak
• Irán
• Siria
• Sudán
• Somalia
• Libia

El Presidente Trump lo ha expresado claramente: Las personas que se encuentren ilegalmente en nuestro país pueden deportarse a sí mismas y hacérselo fácil o pueden ser deportadas por las malas. pic.twitter.com/Gji61FiXND

— Migración USA Oficial (@migraUSAoficial) March 20, 2025

Marco Rubio participará en una cena de trabajo con el presidente Bernardo Arévalo

Como parte de su gira por varios países de la región, el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, cenará con el presidente Bernardo Arévalo en Guatemala.

César Pérez Marroquín

3 de febrero de 2025 | 20:52h

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El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, se reunirá con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio. (Foto Prensa Libre: AFP y EFE)

El presidente Bernardo Arévalo de León y el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, compartirán una cena de trabajo en la ciudad de Guatemala el próximo martes 4 de febrero, según la agenda pública del jefe de la diplomacia estadounidense.

La cena está prevista para las 18.30 horas, pero de acuerdo con la agenda de Rubio, los horarios pueden variar.

Los detalles de los temas que se tratarán durante ese encuentro no han sido revelados ni por Guatemala ni por EE. UU.; sin embargo, está claro que Rubio viajó a la región para conversar con los mandatarios respecto a las políticas migratorias del presidente Donald Trump, así como temas relacionados con la seguridad.

La gira de Rubio como secretario de Estado incluye a Panamá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y República Dominicana.

En Guatemala, el presidente Bernardo Arévalo, elegido en parte por su promesa de combatir la corrupción, se apresuró a cooperar con Trump aceptando a migrantes expulsados.

“Arévalo busca el apoyo de la administración Trump porque sabe que su propio gobierno se ha visto amenazado por fuerzas internas que a menudo han mantenido estrechas relaciones con miembros del Partido Republicano”, dijo a la agencia AFP Maureen Meyer, de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

con información de AFP

Democracia, migración, comercio e inversión, los temas que tratará Marco Rubio en su visita a Guatemala

El Minex detalló los puntos que se tratarán durante la visita del secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio.

César Pérez Marroquín

24 de enero de 2025 | 15:12h

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Marco Rubio, jefe de la diplomacia estadounidense, tiene previsto visitar Guatemala. (Foto Prensa Libre: AFP)

Para las próximas semanas se tiene previsto que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, haga una visita oficial a Guatemala, durante la cual se reunirá con altos funcionarios del Gobierno para analizar temas relacionados con democracia, migración, comercio e inversión, informó este viernes 24 de enero el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex).

La visita de rubio a Guatemala se desarrollará como parte de una gira por Panamá, El Salvador, Costa Rica y República Dominicana, según se informó.

De acuerdo con el Minex, Rubio se reunirá con el presidente Bernardo Arévalo y con el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Ramiro Martínez, para tratar temas relacionados con los objetivos estratégicos compartidos.

“Estos incluyen el mantenimiento de la estabilidad democrática, el fortalecimiento de la seguridad fronteriza en Guatemala y la región, la gestión migratoria, la protección de nuestra diáspora, la profundización de los lazos de comercio e inversión entre nuestros países y la renovación de la agenda de cooperación bilateral”, detalló el Minex en un comunicado.

En el documento se señala que el Gobierno de Guatemala reiterará su disposición de continuar trabajando de manera estrecha y coordinada con EE. UU.; además, señala que están convencidos de que seguirán fortaleciendo la cooperación en beneficio de sus pueblos.

“Guatemala y EE. UU. comparten profundos valores democráticos y continuarán fortaleciendo su relación bilateral sobre la base del respeto mutuo y en defensa de los intereses de ambos países. En ese sentido, se hará hincapié en el compromiso de Guatemala con el abordaje integral de la migración en la región desde el respeto a la dignidad de las personas migrantes y la defensa del derecho internacional humanitario.

Ayuda exterior

El pasado 20 de enero, día en el que Donald Trump asumió la Presidencia de EE. UU., se informó que los programas de asistencia para el desarrollo exterior de esa nación serán reevaluados y realineados, por lo que por medio de una orden ejecutiva  se ordenó congelar por 90 días los fondos destinados a dichos programas, muchos de los cuales ejecutan proyectos en países como Guatemala.

Trump cumplió su promesa de pasar página a la era de Joe Biden y en su primer día en el cargo desmanteló el legado del demócrata con una avalancha de órdenes ejecutivas sobre inmigración, economía y reforma del Gobierno federal.

Entre esas órdenes se incluye la reevaluación de los programas de ayuda exterior para determinar su efectividad y si estos están alineados con los intereses estadounidenses.

En la orden firmada por Trump se establece que es política de los Estados Unidos que no se desembolsará más asistencia exterior de una manera que no esté totalmente alineada con la política exterior del presidente.

También se incluye una pausa de 90 días en la asistencia para el desarrollo exterior de Estados Unidos, para evaluar la eficiencia programática y la coherencia con la política exterior. 

Alta funcionaria de EE. UU. llega a Guatemala para reunirse con autoridades del Gobierno

La secretaria de Estado adjunta para Asuntos de Organizaciones Internacionales Michele Sison visitará Guatemala, El Salvador y Chile.

César Pérez Marroquín

21 de agosto de 2024 | 21:20h

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Michele Sison, secretaria de Estado adjunta para Asuntos de Organizaciones Internacionales del Gobierno de EE. UU. (Foto Prensa Libre: @State_IO)

Michele Sison, secretaria de Estado adjunta para Asuntos de Organizaciones Internacionales del Gobierno de EE. UU., viajará a Guatemala, El Salvador y Chile del 21 al 27 de agosto para reunirse con altos funcionarios de las tres naciones, informó este miércoles 21 de agosto Washington.

De acuerdo con el gobierno estadounidense, Sison se reunirá con Félix Ulloa, vicepresidente de El Salvador; Alexandra Hill, ministra de Relaciones Exteriores de ese país; Carlos Ramiro Martínez, ministro guatemalteco de Relaciones Exteriores; Rodrigo Olsen, secretario general de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile; así como con funcionarios de la ONU, para reiterar el compromiso de EE. UU. de colaborar en desafíos mundiales en común.

Se informó que, en Santiago, Sison se reunirá con José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), donde subrayará el compromiso de EE. UU. para avanzar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

“Durante su viaje, la secretaria adjunta Sison dialogará sobre áreas de interés multilateral común, incluyendo la próxima Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU, la Cumbre del Futuro, el mantenimiento de la paz, el trabajo conjunto para abordar conflictos y crisis, el apoyo a las necesidades humanitarias y la creación de un sistema internacional más inclusivo”, dice un comunicado del gobierno estadounidense.

Añade que los diálogos también se centrarán en desafíos transnacionales, como la inseguridad alimentaria y el cambio climático.

EE. UU. condena el asesinato del sindicalista guatemalteco Anastacio Tzib Caal

El sindicalista guatemalteco Anastacio Tzib Caal murió de forma violenta y EE. UU. se pronuncia por lo sucedido.

Redacción EFE

17 de junio de 2024 | 19:46h

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El sindicalista Anastacio Tzib Caal murió de forma violenta en Guatemala. Imagen ilustrativa. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El Departamento de Estado de EE. UU. condenó este lunes 17 de junio el asesinato del dirigente guatemalteco Anastacio Tzib Caal, recientemente elegido secretario general del sindicato de la fábrica de ropa Texpia II, en la ciudad de Guatemala.

“Los ataques contra sindicalistas guatemaltecos limitan las perspectivas de desarrollo económico de Guatemala y socavan los derechos humanos en nuestras cadenas de suministro mundiales”, argumentó el portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., Matthew Miller, en un comunicado tras este homicidio, ocurrido el pasado sábado 15 de mayo.

Tzib también era líder de la Coordinación General de la Red de Sindicatos de la maquila en Guatemala.

Según dicho texto, EE. UU. considera que los derechos de los trabajadores son “una parte fundamental de una democracia que funcione” y los activistas laborales “nunca deberían tener que temer por sus vidas”.

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“Estados Unidos apoya todos los esfuerzos de las autoridades guatemaltecas para que los responsables rindan cuentas y para garantizar que los trabajadores puedan ejercer sus derechos en condiciones de seguridad”, continúa el comunicado del portavoz del Departamento de Estado de EE. UU.

“Extendemos nuestras condolencias a su familia, amigos y al sindicato de trabajadores de Texpia II durante este difícil momento”, agregó.

Afirmó que los Estados Unidos “seguirán apoyando y abogando por la libertad de asociación y los derechos de los trabajadores a organizarse en todo el mundo”.

Destacó que “Estados Unidos sigue comprometido a apoyar los derechos de los trabajadores en Guatemala a través de nuestros programas y compromiso con las autoridades guatemaltecas. Además de los derechos de los trabajadores, los Estados Unidos apoyan los esfuerzos de seguridad de manera más amplia, que permiten a todos vivir sin temor a la violencia”.

El Ministerio de Trabajo guatemalteco informó en un comunicado sobre el asesinato de Tzib Caal y exigió una “investigación exhaustiva, transparente y expedita” para encontrar a los responsables del crimen.

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“Es imperativo que estas investigaciones determinen las responsabilidades y se sancionen a los culpables”, añadió el referido ministerio.

De acuerdo a medios locales, Tzib Caal fue atacado a balazos en el municipio de Villa Canales, Guatemala.

Por su parte, la organización Red de Defensores de Derechos Laborales en Guatemala catalogó el asesinato como “un ataque directo y cobarde contra el movimiento sindical” en el país centroamericano.

Hasta el momento, las autoridades locales no han brindado más detalles sobre la muerte de Tzib Caal ni tampoco las circunstancias del mismo. EFE

Para leer más: Hombre es condenado por ultimar a sindicalista

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social expresa sus condolencias a la familia y dirigentes sindicales, por el asesinato Anastacio Tzib Caal, líder en la coordinación general de la red de sindicatos de la maquila en Guatemala. pic.twitter.com/hfhuH01YaA

— MINTRAB (@MINTRABAJOGuate) June 17, 2024

EE. UU. retira visas a empresarios colombianos por facilitar transporte marítimo de migrantes

La nueva medida busca frenar el movimiento de migrantes de manera irregular hacia Estados Unidos, anunció el gobierno.

Redacción EFE

6 de mayo de 2024 | 12:39h

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Agentes del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) vigilan la llegada de migrantes que cruzan la selva del Darién, frontera natural con Colombia, con rumbo a los Estados Unidos. (Foto Prensa Libre: EFE)

El Gobierno de Estados Unidos canceló los visados de varios empresarios colombianos por facilitar el transporte marítimo de migrantes que buscan llegar de “manera irregular” hacia el país norteamericano, anunció este lunes 6 de mayo el Departamento de Estado.

Washington no detalló los nombres o la cantidad de personas afectadas por la medida, pero precisó que los sancionados son dueños de empresas que “ofrecen transportes marítimos que facilitan el movimiento irregular” de personas en el continente.

“Varias empresas que proporcionan transporte marítimo están facilitando conscientemente el movimiento irregular de migrantes y exponiendo a los migrantes a la explotación y la violencia“, señaló el Departamento de Estado en un comunicado.

Además, se añade que estas restricciones de visa a los Estados Unidos “promueven la responsabilidad de estos actores y envían una señal de que nadie debería beneficiarse de migrantes vulnerables, ni traficantes, ni empresas privadas, ni funcionarios públicos”.

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La dependencia también indicó que esta acción se enmarca en los esfuerzos de Estados Unidos, en colaboración con aliados, para enfrentar a aquellos que se aprovechan de la migración..

Finalmente, el Departamento de Estado apuntó que esta política se dirige a altos funcionarios de empresas que proporcionan transporte por tierra, mar o aire, diseñado para ser utilizado principalmente por personas que tienen la intención de migrar irregularmente a los Estados Unidos.

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Incidencia de Colombia en ruta migratoria

Colombia juega un papel crucial en las nuevas rutas migratorias hacia Estados Unidos debido a su ubicación estratégica como puente entre Sudamérica y Centroamérica, y al hecho de que no requiere visa para varias nacionalidades.

En el último año, ha surgido una ruta popular a través de la isla caribeña de San Andrés, la cual forma parte del territorio colombiano y se encuentra cerca de las costas de Nicaragua.

Los migrantes evitan la peligrosa selva del Darién, que separa a Colombia de Panamá, al viajar en lanchas o embarcaciones clandestinas desde el archipiélago hasta el país centroamericano.

Este viaje a través del mar Caribe ha expuesto a cientos de migrantes a peligros, y según datos de la Procuraduría colombiana, en 2023 se reportaron más de 100 naufragios que involucraron a personas de diversas nacionalidades.

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En la carta publicada en las redes sociales del mandatario, señala que como presidente Constitucional de la República de Guatemala y en su calidad de jefe de Estado, a la comunidad nacional e internacional, hace saber:

“Expreso mi enérgico rechazo a las acciones intimidatorias que buscan amedrentar a ciudadanos guatemaltecos, las cuales atentan contra la soberanía nacional, elemento fundamental que prohíbe la injerencia en asuntos internos de un Estado”.

Explica que debido a que Guatemala es una república democrática, “sus normas legales internas se rigen bajo el principio del debido proceso, la separación e independencia de poderes y el respeto irrestricto al Estado de Derecho”.

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Giammattei agrega que es bajo ese marco jurídico por el cual deben ser dirimidos los asuntos propios de Guatemala.

“Denuncio la manipulación mediática y política de algunos miembros del Gobierno de Estados Unidos contra Guatemala, en detrimento de una buena relación bilateral, razón por la cual solicito a miembros de ambas Cámaras del Congreso de los Estados Unidos, para que, en ejercicio de su labor de vigilancia y supervisión, llamen al Departamento de Estado a rendir cuentas sobre su actuar hacia Guatemala”, escribe el presidente Giammattei.

Señala que los principios de Derecho Internacional Público demandan una diplomacia activa que promueva el respeto a la independencia y soberanía de los Estados, “que se abstenga de injerir en sus asuntos internos y que se respete el principio de igualdad entre Estados”.

Alternancia en el poder

“Mantengo la firme voluntad del Gobierno en preponderar el principio republicano de la alternancia en el poder con hechos y acciones concretas como haber culminado un proceso de transición ordenado, sistematizado y transparente de cara a la ceremonia de la transmisión de mando presidencial el 14 de enero de 2024, cuyos preparativos ya cuentan incluso con la confirmación de algunos jefes de Estado. En Guatemala no hay acción alguna que pueda impedir que las autoridades electas tomen posesión de sus cargos”, finalizó Giammattei.

Como Presidente Constitucional de la República de Guatemala y en mi calidad de jefe de Estado, a la comunidad nacional e internacional, hago saber: pic.twitter.com/atpDDhQzu8

— Alejandro Giammattei (@DrGiammattei) December 12, 2023

Sancionados

La publicación de Giammattei se da un día después de que el Departamento de Estado  de Estados Unidos informó que Estados Unidos apoya a quienes buscan salvaguardar la democracia y el estado de derecho en Guatemala y garantizar que se respete la voluntad del pueblo guatemalteco.

En ese sentido, añadió que según la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, está tomando medidas para imponer restricciones de visa a casi 300 ciudadanos guatemaltecos, incluidos más de 100 integrantes del Congreso guatemalteco, así como a representantes del sector privado y miembros de su familia “por socavar la democracia y el Estado de derecho”.

El Departamento de Estado remarcó el anuncio por parte del Ministerio Público de las órdenes de arresto contra trabajadores electorales y representantes de partidos, su solicitud de retirar la inmunidad del presidente electo Bernardo Arévalo y los “intentos de anular los resultados electorales constituyen evidencia de su clara intención de deslegitimar las elecciones libres y justas de Guatemala e impedir la transición pacífica del poder”.

“Estas acciones son claramente inconsistentes con la Carta Democrática Interamericana”, advirtió Estados Unidos.

Agregó: “Estas descaradas medidas siguen a una larga lista de otras acciones antidemocráticas que incluyen: el levantamiento de la inmunidad de los magistrados electorales, los ataques políticos contra miembros de la oposición, la intimidación de manifestantes pacíficos, las redadas en instalaciones de almacenamiento que albergan registros de resultados electorales y la apertura de centros de votación”.

Añadió que según la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, está tomando medidas para imponer restricciones de visa a casi 300 ciudadanos guatemaltecos, incluidos más de 100 integrantes del Congreso guatemalteco, así como a representantes del sector privado y sus miembros de su familia “por socavar la democracia y el Estado de derecho”.

Anunció que Estados Unidos “seguirá tomando medidas para imponer tales restricciones a cualquier persona que socave la democracia de Guatemala”.

Condenó “enérgicamente las actuales acciones antidemocráticas del Ministerio Público (MP) de Guatemala y otros actores malignos que socavan el Estado de derecho de Guatemala”.

EN AMBOS MEDIOS

Universidades cambian a decanos antes de la convocatoria de postuladoras para TSE y MP

Caso Melisa Palacios: las cuatro claves del nuevo intento de Fernanda Bonilla para apartar a la jueza Carol Berganza

Remarcó lo más recientemente, el anuncio por parte del MP de órdenes de arresto contra trabajadores electorales y representantes de partidos, su solicitud de retirar la inmunidad del presidente electo Bernardo Arévalo y los “intentos de anular los resultados electorales constituyen evidencia de su clara intención de deslegitimar las elecciones libres y justas de Guatemala e impedir la transición pacífica del poder”.

“Estas acciones son claramente inconsistentes con la Carta Democrática Interamericana”, advirtió Estados Unidos.

Agregó: “Estas descaradas medidas siguen a una larga lista de otras acciones antidemocráticas que incluyen: el levantamiento de la inmunidad de los magistrados electorales, los ataques políticos contra miembros de la oposición, la intimidación de manifestantes pacíficos, las redadas en instalaciones de almacenamiento que albergan registros de resultados electorales y la apertura de centros de votación”.

Destacó que estas acciones refuerzan medidas anteriores del gobierno de Estados Unidos para promover la rendición de cuentas de “actores corruptos y antidemocráticos en Guatemala y apoyar la voluntad del pueblo guatemalteco”.

Para leer más: Abogados presentan acción en la CC para que se respete amparo que busca garantizar resultados de las elecciones

“El pueblo guatemalteco ha hablado. Sus voces deben ser respetadas”, reiteró.

Recientemente, en conferencia de prensa, el MP anunció tres fases de investigación en el denominado “Caso Corrupción Semilla”.

Según la investigación, se registraron supuestas irregularidades en la formación del Movimiento Semilla y también durante la elaboración de actas electorales.

Recordó que más recientemente, el Ministerio Público (MP) guatemalteco confiscó materiales electorales bajo la custodia del Tribunal Supremo Electoral (TSE), “pidió la destitución forzosa de manifestantes pacíficos, presionó para que se destituyera al ministro de Gobernación que protegía el derecho a la protesta pacífica”, como levantar la inmunidad de un integrante del Congreso que expresó públicamente su preocupación por estas medidas antidemocráticas.

Según EE. UU., estos actos se produjeron tras intentos anteriores de despojar a los funcionarios del TSE de su inmunidad, además de redadas en sus oficinas y en las instalaciones de almacenamiento que albergan los registros de resultados electorales.

Señaló que tal comportamiento antidemocrático socava las instituciones democráticas de Guatemala y es inconsistente con los principios de la Carta Democrática Interamericana.

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“Nos sumamos a otras instituciones regionales e internacionales, incluidas la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para pedir una transferencia de poder que respete la voluntad popular y se adhiera al estado de derecho en Guatemala”, resaltó.

Destacó que Estados Unidos apoya a quienes buscan salvaguardar la democracia y el estado de derecho en Guatemala.

Explicó que según la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, están imponiendo restricciones de visa a más de una docena de personas y a sus familiares directos, por socavar la democracia y el estado de derecho.

Afirmó que estas personas “incluyen funcionarios del Ministerio Público y otros actores de los sectores público y privado que participan en socavar la democracia o el estado de derecho en Guatemala”.

“El pueblo guatemalteco ha hablado. Sus voces deben ser respetadas”, pidió EE. UU.

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El 20 de septiembre recién pasado, Estados Unidos informó que evaluaba imponer nuevas sanciones a Guatemala si las autoridades del país entorpecían o impedían la transición de poderes al presidente electo, Bernardo Arévalo.

“Nosotros estaríamos dispuestos a introducir sanciones a quienes de algún modo se interpongan en ese proceso democrático”, dijo en esa oportunidad a EFE la portavoz del Departamento de Estado de EE. UU. Kristina Rosales durante la Asamblea General de la ONU.

También el 19 de julio recién pasado, el Gobierno de Estados Unidos amplió la Lista Engel al incluir a otros 10 funcionarios y exresponsables de Gobierno de Guatemala, además de otros políticos de la región, a quienes señala de ser actores “corruptos y antidemocráticos”.

La publicación de la lista 2023 incluye a 10 personas de Guatemala, seis de El Salvador, 10 de Honduras y 13 de Nicaragua.

.@WHAAsstSecty: Como dije antes, durante y después de mi viaje a Guatemala la semana pasada, seguiremos actuando para promover la rendición de cuentas de aquellos en los sectores público y privado que pretenden protegerse a sí mismos en lugar de proteger los derechos del pueblo… https://t.co/G2NAqsUKAt

— US Embassy Guatemala (@usembassyguate) October 31, 2023

El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, se pronunció por la decisión del Departamento de Estado.

En la red social X escribió: “Como dije antes, durante y después de mi viaje a Guatemala la semana pasada, seguiremos actuando para promover la rendición de cuentas de aquellos en los sectores público y privado que pretenden protegerse a sí mismos en lugar de proteger los derechos del pueblo guatemalteco”.

Según la información, durante este viaje, Zeya se reunirá con funcionarios gubernamentales para discutir “los objetivos compartidos de garantizar una gestión migratoria segura, ordenada y humana.

Además, para contrarrestar los narcóticos y promover la seguridad civil.

Se establece que la funcionaria colaborará con las organizaciones de la sociedad civil en temas que incluyen la justicia transicional, la democracia, los derechos humanos y la libertad de prensa.

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Biografía

Zeya fue juramentada en su cargo el 14 de julio de 2021, por el secretario Antony Blinken,

Según la información pública del Departamento de Estado, el cargo de Zeya lidera los esfuerzos diplomáticos globales para fortalecer la democracia, promover los derechos humanos universales, apoyara a refugiados, la ayuda humanitaria y promover el gobierno de Derecho.

Además, lidera los esfuerzos y la cooperación antinarcóticos, combatir la corrupción y la intolerancia, prevenir conflictos armados y eliminar el tráfico de humanos.

“Durante su carrera de 27 años en el Servicio Exterior, Zeya se desempeñó como subjefa de misión y encargada de negocios en París; subsecretario interino y subsecretario adjunto principal en la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo; jefe de gabinete del subsecretario de Estado; ministro-consejero político en Nueva Delhi; y subsecretario ejecutivo de los secretarios de Estado Rice y Clinton. También sirvió en Siria, Egipto, Omán, Jamaica, y en varios roles políticos en el Departamento de Estado. Zeya habla árabe, francés y español”, se lee en la biografía de la subsecretaria Zeya.

Según el documento, los cambios “se basan en los esfuerzos continuos de la Administración Biden-Harris por ofrecer alternativas a la migración peligrosa e irregular hacia la frontera”.

Se explica que el CAM permite a determinadas personas, que se encuentren en Estados Unidos, “solicitar el acceso al Programa Estadounidense de Admisión de Refugiados (U.S. Refugee Admissions Program, USRAP) para un posible reasentamiento en Estados Unidos en representación de hijos suyos que cumplan los requisitos y se encuentren en El Salvador, Guatemala y Honduras”.

El documento hace referencia a que las modificaciones anunciadas en la Notificaciones del Boletín Federal (Federal Register Notice, FRN) “amplían el acceso al programa y agilizan ciertos procesos, de conformidad con la Orden Ejecutiva 14010 del presidente Biden, que tuvo por objeto reinstaurar y mejorar el programa CAM”.

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“El programa de Menores Centroamericanos ofrece a menores de edad en situación vulnerable una forma segura y ordenada de acceder a la protección humanitaria en Estados Unidos”, dijo el Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro N. Mayorkas.

Ampliación

“Mediante la ampliación de este importante programa que se dispuso en el día de hoy, estamos reforzando las vías legales de migración para que las personas no pongan sus vidas en peligro en manos de contrabandistas despiadados”, explicó.

“Estados Unidos asumió el compromiso de promover una migración segura y ordenada en nuestro hemisferio, como dejamos en claro nosotros y nuestros socios de la región en la Declaración de Los Ángeles. Más allá de los miles de casos que hemos procesado desde el relanzamiento en 2021, seguimos decididos a buscar nuevas formas de mejorar las vías legales como el programa de Menores Centroamericanos”, comentó el secretario de Estado Antony J. Blinken.

Según el documento, entre las mejoras anunciadas incluyen las siguientes destinadas a solicitantes del programa CAM que no sean considerados elegibles para el reasentamiento como refugiados y para quienes se recomiende la permanencia temporal (parole) en Estados Unidos por otras razones humanitarias:

*Solicitantes del programa CAM que fueron entrevistados entre el 16 de agosto de 2017 y el 31 de enero de 2018 que no calificaron para acceder al estatus de refugiado y no fueron elegibles para la permanencia temporal (parole) después de que se haya dado por concluida en 2017 esa posibilidad en el marco del programa CAM ahora serán elegibles para solicitar la permanencia temporal.

*Se permitirá que las personas que brindan patrocinio económico a los solicitantes presenten una declaración jurada para aquellos casos del programa CAM que requieran dicha prueba, en lugar de exigir a los solicitantes que completen el Formulario I-134, Declaración de Patrocinio Económico, como prueba de dicho patrocinio económico.

El comunicado señala que el 15 de junio de 2021, el Departamento de Estado y el DHS relanzaron el programa CAM y ampliaron la elegibilidad para presentar una Declaración Jurada de Parentesco (Affidavit of Relationship) por parte de padres radicados en Estados Unidos que soliciten el acceso al USRAP, que ahora incluye a los tutores legales, así como a los padres y tutores legales que tengan solicitudes de asilo pendientes, o pedidos pendientes de estatus de no inmigrante U presentados antes del 15 de mayo de 2021.

Agrega que la fecha límite se ampliará a quienes hayan presentado la solicitud al 11 de abril de 2023. Asimismo, la elegibilidad ahora también se extiende a los padres o tutores legales que tengan solicitudes pendientes de estatus de no inmigrante T (visado T) presentadas el 11 de abril de 2023 o previamente a esa fecha.

El comunicado también detalla que el programa CAM se implementó en 2014 para permitir a ciertos menores de El Salvador, Guatemala y Honduras, que tuvieran familiares con presencia legal en Estados Unidos que reunieran los requisitos, su admisión en Estados Unidos con carácter de refugiados.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS) estudió caso por caso la posibilidad de conceder la permanencia temporal por motivos humanitarios (parole) a quienes no reunían los requisitos para obtener el estatus de refugiado. En agosto de 2017, el DHS puso fin al componente de permiso temporal (parole) del programa CAM, y el Departamento de Estado dejó de aceptar nuevas solicitudes en noviembre de 2017.

Se añade que hasta la fecha en que cesaron las entrevistas del programa CAM el 31 de enero de 2018, casi 1 mil 800 solicitantes de dicho programa habían llegado a Estados Unidos como refugiados, y otros 1 mil 450 como personas con permiso temporal (parole).

En El Salvador, por ejemplo, se destaca que desde la implementación del estado de excepción, se reportaron numerosos arrestos arbitrarios, invasión de hogares, procedimientos injustos, y muertes de detenidos después de prestar declaración ante las autoridades. Más de 52 mil personas fueron arrestadas en los primeros seis meses del estado de excepción, “llevando a alegaciones de sobre población y tratamiento inhumano en prisiones”.

EE. UU. resaltó que la “impunidad persistió en las fuerzas de seguridad, otras oficinas de la rama ejecutiva, y el sistema de justicia” en El Salvador. “Hubo informes de que el gobierno o sus agentes cometieron homicidios arbitrarios o ilegales, en gran parte derivados de la muerte de detenidos mientras estaban en prisión durante el estado de excepción”, lee el documento. La Policía Nacional Civil (PNC) informó en su momento que hasta agosto ningún policía en El Salvador había sido acusado de homicidio.

En agosto 22, la Procuraduría de Derechos Humanos reportó haber recibido más de 400 quejas de posibles abusos durante el estado de excepción.

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El reporte revisa la situación de derechos humanos en 198 países y territorios alrededor del mundo con información recopilada por empleados del Departamento de Estado, así como miembros de misiones especiales.

“Numerosos abusos” en Nicaragua, sentencias “draconianas” en Cuba

En Nicaragua, el gobierno estadounidense resaltó “numerosos abusos” por parte de las fuerzas de seguridad, así como tratos degradantes por parte de guardias penitenciarios, condiciones carcelarias potencialmente mortales y represión transnacional contra personas ubicadas en otros países.

“El gobierno no tomó medidas para identificar, investigar, enjuiciar o castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos, incluidos los responsables de al menos 355 asesinatos y cientos de desapariciones durante el levantamiento en favor de la democracia de 2018. El gobierno no abordó los casos de corrupción generalizada. El presidente [Daniel] Ortega reforzó la impunidad de los violadores de derechos humanos que le fueron leales”, abunda el informe.

Durante el anuncio de la publicación del reporte, Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, apuntó que el documento “hace un recuento objetivo y riguroso de las condiciones de los derechos humanos en todo el mundo”. Entre los países con retroceso en condiciones de derechos humanos mencionó que “en Nicaragua, el gobierno autoritario continúa deteniendo a los presos políticos y manteniéndolos en pésimas condiciones carcelarias” y en “Cuba los tribunales han dictado sentencias de cárcel draconianas a cientos de personas por protestar por sus derechos”.

En Cuba, a diferencia del 2021, no hubo informes confirmados de desapariciones prolongadas por las autoridades gubernamentales, pero permanecieron las ejecuciones ilícitas, torturas y problemas de independencia del poder judicial.

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Corrupción en Venezuela, Honduras y Guatemala

Por otro lado, en Venezuela, continuaron los reportes sobre abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad, entre ellos asesinatos ilegales y arbitrarios. “El régimen de Maduro no tomó ninguna medida efectiva para identificar, investigar, enjuiciar o castigar de manera significativa a los funcionarios que pueden haber cometido abusos contra los derechos humanos o participar en actos de corrupción”, lee el documento.

Organizaciones no gubernamentales en Venezuela registraron 485 ejecuciones extrajudiciales en el contexto de operativos de seguridad o protestas en el primer semestre del año 2022.

Ante la creciente migración de venezolanos fuera del país, Estado resaltó que los continuos cierres fronterizos hicieron que los ciudadanos “no tuvieran más remedio que usar cruces fronterizos informales que en gran parte estaban controlados por grupos armados ilegales”.

En Honduras y Guatemala, Estado resaltó la presencia de la corrupción y la falta de investigación en la violencia de género, así como contra grupos indígenas. Aunque en Honduras se reportó asesinatos arbitrarios por parte de agentes del gobierno, en Guatemala no se logró confirmar dicha información. Aún así, se reportó la muerte de activistas bajo “condiciones sospechosas” mientas policías corruptos estuvieron involucrados con organizaciones criminales violentas.

Costa Rica fue el único país de América Latina donde no hubo informes de abusos significativos contra los derechos humanos, sin embargo, hubo informes de casos aislados en los que miembros de las fuerzas de seguridad cometieron abusos.

Yulan Adonay Archaga Carias alias “Alexander Mendoza” o también conocido como “el Porky”, un líder pandillero de la MS-13 en Honduras, es uno de los fugitivos más buscado y ahora la recompensa por su paradero se elevó a cinco millones de dólares.

La agencia estadounidense también penalizó a su socio en Nicaragua, David Elías Campbell Licona alias “Jorge Eduardo Perez Paz”.

“Los dos están profundamente involucrados en el tráfico de drogas, violencia, asesinato, extorsión y lavado de dinero”, indicó el comunicado que emitió la entidad.

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Fuga de alias “el Porky” de un juzgado en Honduras

La actual sanción a los afiliados a la MS-13 remonta a la fuga de alias “el Porky” dos años atrás cuando un numeroso grupo de hombres disfrazados de policías y elementos del Ejército irrumpieron en un juzgado.

El grupo de unos 20 hombres provocó un tiroteo en el juzgado con tal de liberar al cabecilla de la pandilla, un hecho que dejó cuatro policías fallecidos.

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El video de una de las cámaras de seguridad en las instalaciones de la sede judicial registró el momento del siniestro.

La grabación muestra cuando los sujetos ingresaron y salieron del recinto con armas largas y vestidos como agentes de la Fuerza Nacional Antimaras y de la Policía Nacional.

En ese momento, se desarrollaba una audiencia contra el narcotraficante cuando el grupo incursionó y abrió fuego en contra de la seguridad.

Desde entonces, se mantienen prófugo de la justicia y por ello las autoridades estadounidenses tomaron más acciones para “quebrantar” a la pandilla MS-13.

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Piden información

El Programa de Recompensas contra Delincuencia Organizada Trasnacional anunció la recompensa por información que conduzca al arresto o a la condena de Yulan Adonay Archaga Carias.

En un comunicado se describe que las vías de comunicación son vía telefónica o por texto al (+1-202-451-8122) o en Honduras al (+504-8886-7166).

Su perfil incluye tráfico de cocaína a territorio estadounidense, lavado de dinero, asesinatos, secuestros, posesión de armas y conspiración para el crimen organizado.

Ahora, el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció un aumento significativo de la recompensa a quien facilite su captura, la cual pasó de ser de US$ 100 mil a US$5 millones.

“Porky” también fue sancionado por el Departamento del Tesoro que bloqueó sus propiedades y transacciones en el país norteamericano.

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Las autoridades solicitaron que se envíe información por teléfono o texto a través de las aplicaciones de WhatsApp, Signal  oTelegram al (+1-202-451-8122) o en Honduras al (+504-8886-7166).

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Sanciones alcanzan a socio del líder de la MS-13, alias “Porky”

Al año siguiente, tanto “Porky” como su socio, David Campell, alias “Viejo Dan” fueron acusados de tráfico internacional de cocaína.

El presunto líder de la pandilla fue señalado de traficar toneladas de cocaína a los Estados Unidos y ser el autor intelectual de múltiples actos violentos para concretar sus planes y movilizar los cargamentos, indicó el Departamento de Justicia de Estados Unidos el 3 de noviembre de 2021 en un comunicado.

“Estos supuestamente incluyeron numerosos asesinatos de rivales. David Campbell era, hasta su captura, supuestamente uno de los principales proveedores de drogas y armas de Archaga Carías”, también se afirmó.

El Tesoro de los Estados Unidos dispuso sancionar también este miércoles 8 de febrero de 2023 a Campbell, al señalarlo de ser el encargado de lavar los ingresos de la pandilla MS-13 a través de cuentas de banco en Estados Unidos.

Campbell está actualmente preso en Nicaragua, donde cumple una condena de 15 años por lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

En agosto de 2018, un tribunal de Honduras condenó al cabecilla de la Mara Salvatrucha a una fuerte pena de prisión, pero logró escapar a comienzos de 2020.

Su fuga se concretó cuando un fuerte contingente armado copó a las fuerzas de seguridad que custodiaban a “Porky” en un juzgado.

MS-13, amenaza para la región

El director de la Oficina de Control de Activos (OFAC) del Tesoro, Gregory Gatjanis, aseguró en una llamada con periodistas que la MS-13 es una amenaza tanto a la seguridad nacional de Estados Unidos como a la del continente, aseguró la agencia EFE.

“El MS-13 es una de las pandillas más violentas del continente por su uso sistemático del asesinato y su capacidad para atemorizar a la población civil, desestabilizar regiones y el imperio de la ley”, se cita al funcionario.

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La Mara Salvatrucha (MS-13) fue la primera pandilla sancionada por Estados Unidos en 2012, al considerarla una estructura del crimen transnacional por tráfico de drogas y de personas en El Salvador, Honduras y Guatemala.

Washington considera a la MS-13 como una de las organizaciones delictivas responsable de que miles de personas hayan huido de Centroamérica y estén intentando entrar irregularmente a los Estados Unidos.

“Nos preocupan las órdenes de captura del Ministerio Público de Guatemala contra personas que trabajaron para garantizar la rendición de cuentas por corrupción en el caso Odebrecht en Guatemala”, dijo el funcionario.

Nos preocupan las órdenes de captura del @MPguatemala contra personas que trabajaron para garantizar la #RendiciónDeCuentas por corrupción en el caso Odebrecht en Guatemala. Tales acciones debilitan el #EstadoDeDerecho y la confianza en el sistema de justicia de Guatemala.

— Brian A. Nichols (@WHAAsstSecty) January 17, 2023

Dentro de este caso, el Ministerio Público de Guatemala ha anunciado acciones legales contra el actual ministro de Defensa colombiano, Iván Velázquez, quien estuvo al frente de la Cicig, lo que ha abierto un conflicto diplomático entre ambos países.

La Fiscalía del país centroamericano solicitó el lunes la captura de David Gaitán, exabogado de la Cicig por supuestas irregularidades en el caso de investigación que implica a la constructora brasileña Odebrecht.

Lo acusa del delito de abuso de poder por haber participado en la suscripción de varios convenios de cooperación, supuestamente anómalos, con directivos de Odebrecht.

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Por dicho caso también se lanzó una orden de captura contra el abogado Juan Pablo Carrasco, presidente de la Cámara guatemalteco-americana (Amcham), la exsecretaria general del MP Mayra Véliz y la exfiscal general Thelma Aldana.

También aseguró que emprenderá acciones legales contra Velázquez, quien fuera jefe de la Cicig entre 2013 y 2017, período durante el cual fueron desmanteladas decenas de estructuras de corrupción que operaban dentro de instituciones gubernamentales.

En respuesta, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, salió en defensa de su ministro y advirtió de que las relaciones con Guatemala se verán afectadas si la Fiscalía guatemalteca sigue adelante.

Ambos Gobiernos llamaron a consultas a sus embajadores en modo de protesta.

Otras reacciones

Juan Pappier, subdirector en funciones para las Américas de Human Rights Watch, publicó el 16 de enero un tuit en el que señaló: “Qué disparate. Guatemala cada vez más cerca de Nicaragua. Mi solidaridad con @Ivan_Velasquez_ , @ThelmaAldana y David Gaitan”. El mensaje iba acompañado del video en donde el fiscal Rafael Curruchiche, jefe de la Feci de Guatemala, dio a conocer órdenes de captura en el caso Odebrecht.

En ese video, el fiscal guatemalteco dice que iniciarán acciones legales contra Iván Velásquez.

Qué disparate. Guatemala cada vez más cerca de Nicaragua. Mi solidaridad con @Ivan_Velasquez_ @ThelmaAldana y David Gaitan. https://t.co/kfZfK3km8G

— Juan Pappier (@JuanPappierHRW) January 16, 2023

En otro mensaje en Twitter, Pappier señaló como correcto el análisis del presidente colombiano, Gustavo Petro, quien dijo que jamás aceptaría la orden de captura de su ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien demostró luchar contra la corrupción.

Según Pappier, “la justicia guatemalteca está cooptada por actores corruptos que buscan venganza por la valiente labor de la Cicig. La única respuesta que merece esta reciente investigación penal es la condena de la comunidad internacional”.

Correcto análisis del Pdte. @petrogustavo. La justicia guatemalteca está cooptada por actores corruptos que buscan venganza por la valiente labor de la CICIG. La única respuesta que merece esta reciente investigación penal es la condena de la comunidad internacional. https://t.co/OPxbq2LELy

— Juan Pappier (@JuanPappierHRW) January 17, 2023

En otro mensaje pidió al presidente Petro que promueva que los gobiernos democráticos de la región (de todo el espectro político) “condenen la destrucción del Estado de derecho en Guatemala.

“Esto no es sobre @Ivan_Velasquez_ . Es sobre Guatemala, donde la corrupción está arrasando con los DDHH.”, publicó en Twitter.

El Pdte. @petrogustavo debería promover que los gobiernos democráticos de la región (de todo el espectro político) condenen la destrucción del Estado de derecho en Guatemala.

Esto no es sobre @Ivan_Velasquez_. Es sobre Guatemala, donde la corrupción está arrasando con los DDHH.

— Juan Pappier (@JuanPappierHRW) January 17, 2023

Además, compartió entrevistas que dio a varios medios de comunicación colombianos en los que dice que no tiene mayor sentido tomar en serio la investigación de la Fiscalía de Guatemala en contra del ministro de defensa de Colombia, Iván Velásquez.

Qué dice el MP

Referente al tema, la Fiscalía señaló que “al Ministerio Público, según su mandato legal y constitucional, le corresponde la investigación y velar por el estricto cumplimiento de la ley, en ese sentido es una institución independiente que no está sujeta a ningún sector nacional o internacional por lo que realiza todas sus investigaciones de conformidad con el principio de objetividad, imparcialidad y legalidad.

Agrega que “tal y como informamos ayer en el video en el que dio declaraciones el Lic. Curruchiche, la Fiscalía solicitó la orden de aprehensión de Juan Pablo Carrasco de Groote, Thelma Aldana, Mayra Yohana Veliz López y Luis David Gaitán Arana”.

Laparra fue condenada a cuatro años de prisión conmutables por abuso de autoridad durante su mandato en 2018 y la decisión fue emitida por la jueza Oly González, a cargo del Tribunal Octavo de Sentencia Penal, pese a la insistencia en la liberación de la abogada desde hace varios meses por parte de organizaciones humanitarias locales y extranjeras.

Esa condena generó la reacción de Washington, desde donde se indicó que “el enjuiciamiento selectivo de actores de la justicia y los medios socava el estado de derecho, la democracia y la prosperidad de Guatemala”.

“Nos preocupa profundamente la sentencia de 4 años de cárcel para Virginia Laparra, presa de conciencia @amnesty, x su labor anticorrupción”, escribió en su cuenta de Twitter Ned Price, portavoz del Departamento de Estado de EE. UU., mensaje que fue replicado por la Embajada de EE. UU. en Guatemala.

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El veredicto de González obliga a Laparra a pagar una multa de Q10 diarios por cuatro años para no ingresar a prisión, aunque la exfiscal pasó tras las rejas desde su detención en febrero pasado.

El Ministerio Público (MP) había pedido ocho años de prisión para su extrabajadora.

La abogada enfrentó este proceso porque en 2018 denunció administrativamente en cuatro ocasiones al juez Lesther Castellanos, cayendo en un “abuso de poder” porque a criterio del acusador Laparra actuó “por motivación particular”.

La exfiscal anticorrupción dijo a EFE el jueves pasado que el juicio era “una venganza política” por la lucha anticorrupción y “alguien debía pagar” y me eligieron a mí”.

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Según añadió, la “venganza” es en contra de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente de las Naciones Unidas que entre 2014 y 2019 desmanteló más de 50 estructuras de corrupción vinculadas a presidentes, ministros, funcionarios y miembros de la élite empresarial.

La Cicig fue cerrada en 2019 por orden del presidente en aquel momento, Jimmy Morales.

.@StateDeptSpox: Nos preocupa profundamente la sentencia de 4 años de cárcel para Virginia Laparra, presa de conciencia @amnesty, x su labor anticorrupción. La persecución selectiva de actores de justicia y periodistas socava el #EstadoDeDerecho #Democracia y #Prosperidad en #GUA https://t.co/6jWOo1iZHi

— US Embassy Guatemala (@usembassyguate) December 17, 2022

Al menos 24 operadores de justicia guatemaltecos, entre fiscales y jueces que investigaron o juzgaron a personajes implicados en corrupción, salieron al exilio en medio de persecución penal en su contra durante los últimos cuatro años.

La persecución en contra de los fiscales y jueces anticorrupción en Guatemala ha sido encabezada por la organización de extrema derecha Fundación Contra el Terrorismo (FCT), cuyos líderes han sido sancionados por Estados Unidos en los últimos años.

Varias organizaciones sociales como Amnistía Internacional exigieron al Estado de Guatemala la liberación de la exfiscal Laparra, por considerar que la acusación en su contra presentaba serias falencias.

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El sitio de noticias Infobae publicó este martes 8 de noviembre información de la agencia Reuters, que recoge declaraciones del portavoz del Departamento de Estado de EE. UU., Ned Price, en las que señala la preocupación de Washington por las acciones legales encaminadas contra varios jueces y fiscales que conocieron casos de corrupción en Guatemala.

“El Departamento de Estado estadounidense dijo el lunes que Washington está preocupado por lo que describe como un patrón de acciones contra jueces y fiscales guatemaltecos que manejan casos de corrupción y derechos humanos”, señala la publicación de Infobae.

Agrega que Price dijo durante una sesión informativa que “Estados Unidos está alarmado por el patrón continuo de acciones contra jueces y fiscales en Guatemala que manejan casos de anticorrupción y derechos humanos”.

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La publicación agrega que Price dijo que la defensa del debido proceso para todos los ciudadanos, incluidos los jueces, fiscales y periodistas, busca la confianza en las instituciones judiciales.

25 salen del país

Al menos 25 operadores de Justicia de Guatemala, entre jueces y fiscales que tuvieron a su cargo casos de corrupción, han salido del país, luego de que el Ministerio Público (MP) iniciara procesos penales en su contra.

El último caso fue el de Miguel Ángel Gálvez, el juez anticorrupción de Guatemala que procesó a un expresidente en 2015, y quien salió el viernes pasado del país en medio de una persecución penal en su contra.

Previo a su salida, Miguel Ángel Gálvez, presidente del juzgado de mayor riesgo “B”, se encontraba defendiéndose de un proceso de antejuicio en su contra.

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Ese viernes, el abogado Herberth Pérez, defensor del juez Gálvez, presentó las pruebas de descargo ante el juzgado que evaluaba si era pertinente retirarle su inmunidad por un caso de supuestas “detenciones ilegales”, denuncia interpuesta en su contra por la Fundación Contra el Terrorismo.

Previo a la oficialización de su salida de Guatemala, Gálvez había denunciado ante medios internacionales y organizaciones sociales que existían “amenazas y persecución” en su contra para evitar que siguiera impartiendo Justicia.

La persecución penal contra el juez Gálvez inició a mediados de 2022, cuando este decidió enviar a juicio a 10 militares de alto rango retirados, y acusados del asesinato de 183 personas, durante el conflicto armado de Guatemala (1960-1996).

Gálvez, de 64 años, se convierte en el segundo juez de mayor riesgo de Guatemala que abandona el país durante el 2022.

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En marzo de este año, la jueza Erika Aifán, quien tenía a su cargo procesos penales contra funcionarios públicos, decidió exiliarse en Estados Unidos.

En 2015, el juez Gálvez fue el encargado de enviar a juicio al expresidente guatemalteco Otto Pérez Molia y a unos 20 exfuncionarios públicos más por un caso de defraudación aduanera conocido como “La Línea”.

En octubre pasado, el juez Gálvez había presentado un memorial ante el Supremo de Guatemala, recordando que poseía medidas cautelares a su favor emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Además, varios exfiscales de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) han sido capturados y otros optaron por salir del país, entre ellos Juan Francisco Sandoval, exjefe de esa unidad de investigación.

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En marzo pasado, el Departamento de Estado de EE. UU. dijo que estaba “profundamente preocupado por los continuos y descarados ataques de la procuradora general (fiscal general) de Guatemala, Consuelo Porras, contra el sistema de justicia de Guatemala a través de arrestos y detenciones por motivos políticos de servidores públicos actuales y anteriores que luchan contra la corrupción”.

En esa oportunidad, EE. UU. hizo un llamado al Gobierno de Guatemala para “que respete los derechos humanos de todas las personas, incluso garantizando juicios justos y asegurando la seguridad personal y el trato justo y transparente de todos los actores del sector de la justicia”.

Crítica reitrada

Estados Unidos ha criticado en reiteradas ocasiones la detención de fiscales anticorrupción y la designación en puestos judiciales de personas acusadas de corrupción.

La fiscal general Consuelo Porras, a quien Washington acusa de interferir en la investigación de actos de corrupción, tiene prohibido entrar en territorio estadounidense.

“Las continuas acciones para enjuiciar a los actuales y pasados actores de la justicia están debilitando a Guatemala”, advirtió Price.
“La defensa del debido proceso para todos los ciudadanos, incluidos jueces, fiscales y periodistas, es vital para que los ciudadanos confíen en sus instituciones judiciales”, insistió.

La Policía de Guatemala detuvo hace unos meses a la directiva del diario opositor El Periódico, cuyo responsable José Rubén Zamora está acusado de lavado de dinero tras denunciar corrupción en el gobierno.

En junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) añadió a Guatemala a su lista de países donde observa graves violaciones de los derechos humanos, de la que también forman parte Cuba, Venezuela y Nicaragua. Giammattei rechaza las acusaciones.

Posturas

Referente a lo dicho por el Departamento de Estado, el MP dijo que “el mandato legal y constitucional del Ministerio Público es claro: es una institución con funciones autónomas, promueve la persecución penal y dirige la investigación de los delitos de acción pública; además velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país”.

Por lo anterior refirió que “el Ministerio Público rechaza categóricamente las declaraciones tendenciosas y carentes de conocimiento del sistema de justicia guatemalteco vertidas por el vocero del Departamento de Estado”.

Por su parte el Ejecutivo señaló que en un comunicado que “el Gobierno de la República de Guatemala, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, rechaza enérgicamente las declaraciones manifestadas hoy por el portavoz de Departamento de Estado de los Estados Unidos de América”.

Además, refirió que “Guatemala, como un país soberano y respetuoso de la democracia, del Estado de Derecho y de la independencia judicial rechaza cualquier injerencia en los procesos internos y reafirma su compromiso de velar para que prevalezca la separación de poderes, tal y como promulga la Constitución de la República”.

“Guatemala, como Estado libre, independiente y soberano recalca que de la Constitución Política de la República confiere exclusividad absoluta a los jueces respecto de la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado, lo cual hace honor al principio de separación de poderes e implica negativamente la inadmisibilidad de su atribución a otras autoridades públicas”, dice el documento.

Concluye: “el Gobierno de Guatemala reafirma el compromiso de brindar a la población acceso a la justicia y recalca que todos los guatemaltecos son iguales ante la ley y nadie es superior a la misma”.

Envían carta

El pasado viernes, el congresista estadounidense Albio Sires lamentó la situación a la que se enfrenta el juez Gálvez y escribió varios mensajes en su cuenta de Twitter; sin embargo, sus comentarios generaron reacciones de la embajada de Guatemala en EE. UU.

“Quiero expresar mis preocupaciones sinceras por juez Ángel Gálvez y su familia en este momento. Además, condeno firmemente los intentos del gobierno guatemalteco de acallar el juez y obstruir justicia por las víctimas de la violencia patrocinado por el Estado”, escribió Sires.

Agrega que el “juez Gálvez ha sido comendado por múltiples organizaciones internacionales y gobiernos extranjeros, incluyendo el de los Estados Unidos, por su trabajo como defensor de la justicia y de la responsabilidad del gobierno”, dice otro mensaje del congresista.

Hoy, el juez guatemalteco Miguel Ángel Gálvez asistirá a una audencia preliminar para determiner si será despojado de su inmunidad judicial. Este esfuerzo es sólo uno de muchos en la campaña del gobierno para debilitar esfuerzos para luchar contra la corrupción en Guatemala.

— Albio Sires (@RepSires) November 4, 2022

Por lo anterior, la embajada de Guatemala en EE. UU. envió una carta al congresista en la que rechazan sus publicaciones.

“Quiero referirme a su tuit del viernes 4 de noviembre sobre la situación del juez Miguel Ángel Gálvez. Rechazamos firmemente la declaración expresada en tal tuit de que el Gobierno guatemalteco está tratando de silenciar al juez y obstruir la justicia. Esta afirmación no tiene ningún fundamento. Supongo que dicha declaración es probablemente el resultado de información inexacta compartida con usted o con su oficial”, dice el documento enviado.

Agrega que “en Guatemala hay una separación de poderes y, en base a esto, el Poder Ejecutivo respeta la independencia judicial y el estado de derecho. Los procedimientos judiciales corresponden exclusivamente al Poder Judicial y el enjuiciamiento penal a la Fiscalía, que también es una entidad independiente, y que por ley está obligada a investigar todas las quejas que se le presenten”.

Con información de EFE