Presidente de la CSJ no descarta pleno extraordinario para conocer retiro de inmunidad de Consuelo Porras

El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) señala que expediente de solicitud de retiro de antejuicio en contra de la fiscal general y jefa del MP llegó a la Secretaría de la institución.

Julio Román y Elmer Vargas

5 de marzo de 2024 | 11:46h

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Óscar Cruz, presidente del Organismo Judicial (OJ) y de la Corte Suprema de Justicia. (Foto Prensa Libre: Michelle Velásquez)

Óscar Cruz, presidente del Organismo Judicial (OJ) y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) informó este 5 de marzo que a la Secretaría de esa institución ya llegó el expediente de solicitud de retiro de antejuicio en contra Consuelo Porras, fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP).

Cruz fue abordado por periodistas luego de un evento en el OJ, y confirmó que ya llegó a la Secretaría de la CSJ el expediente que solicita el retiro de la inmunidad a Porras.

Señaló que será una decisión del pleno de magistrados de la CSJ si se conoce el expediente el miércoles 6 de marzo o el siguiente miércoles y que el cuerpo colegiado es el que va a decidir, porque hay que agendarlo para poderlo conocer.

Se le consultó si el expediente no era conocido de oficio, y respondió que no, que necesariamente había que agendarlo y se socializa con los magistrados para que lo tengan en punto de agenda.

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Cruz fue consultado si existía la posibilidad de convocar a un pleno extraordinario para conocer el expediente de la fiscal Porras, y respondió que existe la posibilidad de hacer uno para conocerlo y los magistrados puedan decidir.

La petición

La Procuraduría General de la Nación (PGN) y la Secretaría General de la Presidencia presentaron el 29 de febrero una querella penal y solicitud de retiro del derecho de antejuicio contra Consuelo Porras, fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP).

Julio Roberto Saavedra, jefe de la PGN, y Juan Gerardo Guerrero, secretario general de la Presidencia, acudieron a Gestión Penal de la Torre de Tribunales a presentar la querella penal contra la fiscal Porras, y pedir que se le retire la inmunidad.

La acción se genera ante la negativa de la fiscal general de atender la convocatoria que le hizo el presidente de la República -Bernardo Arévalo- para participar en la junta de gabinete del pasado 29 de enero, expresó Saavedra ese 29 de febrero.

El jefe de la PGN comentó que Porras, al rehusarse a participar en esa junta de gabinete, podría enmarcarse en una conducta delictiva que el artículo 419 del Código Penal define como incumplimiento de deberes, ya que es obligación de la fiscal general atender las convocatorias del presidente de la República para coordinar políticas de Estado en los temas para los cuales se le invitó.

El expediente llegó a la CSJ luego que el juez Roberto Matul notificó a la fiscal Porras y a la Procuraduría General de la Nación y se inhibió de conocer el expediente para que sean los magistrados de esa corte los que resuelvan.

En el Congreso

La Ley en Materia de Antejuicios señala que luego que el juez tenga conocimiento del caso y se inhiba de seguir el proceso tendrá tres días hábiles para elevarlo a la CSJ, que también tendrá la misma cantidad de días para conocer el expediente y, si corresponde, deberá trasladarlo al Congreso de la República, que es el facultado para conocer las solicitudes de retiro de antejuicio de varios funcionarios, entre ellos el del fiscal general.

“Cuando el Congreso de la República deba conocer de un antejuicio promovido en contra de un dignatario o funcionario que por razón del cargo goce de ese derecho, después de haberse inhibido un órgano judicial de continuar instruyendo proceso por tal razón y habiéndose recibido los autos para su conocimiento, como señala el artículo 16 de esta Ley, la Junta Directiva lo deberá hacer saber al Pleno del Congreso que en próxima sesión ordinaria que se celebrará no más de ocho días, después de su recepción, iniciara el trámite del asunto”, se lee en la Ley en materia de antejuicio.

El Congreso procederá, en esa misma sesión del Pleno del Congreso, a integrar una Comisión Pesquisidora, conformada por cinco miembros que se sortearán entre todos los diputados, salvo el presidente de la Congreso.

La Comisión Pesquisidora examinará el expediente y demás documentos que hubieren, oirá a los promotores del antejuicio, así como al funcionario contra quien esté enderezada la petición de retiro de inmunidad con el propósito de establecer la veracidad de los hechos denunciados y si éstos pueden o no suponer la existencia de un hecho que por su naturaleza deba ser conocido por un juez del ramo penal.

Al finalizar su investigación y consideraciones la Comisión Pesquisidora emitirá un informe circunstanciado, del que dará cuenta al Pleno en sesión ordinaria del Congreso.

El Pleno del Congreso conocerá del expediente en sesión ordinaria procediéndose a su discusión. A todos los diputados le serán entregadas copias de este informe.

Se establece que una vez agotada en el Pleno la discusión del informe de la Comisión Pesquisidora se procederá a votar. Para declarar con lugar o sin lugar un antejuicio es necesario el voto en uno u otro sentido de las dos terceras partes del total de diputados que integran el Congreso.

Emitida la resolución que declara con lugar el antejuicio, deberá retornarse el expediente a la Corte Suprema de Justicia a fin que lo turne al tribunal del orden común que proceda.

Si no se completara el voto de las dos terceras partes del total de diputados para declarar con lugar o sin lugar el antejuicio, el expediente se guardara en la Dirección Legislativa a disposición del Pleno del Congreso.

Ambas solicitudes generaron dudas respecto al procedimiento que deben seguir. Constituyentes consultados aseguraron que la ley no es específica respecto al proceso de antejuicios de presidente y vicepresidente electo. Hasta ahora no había ningún precedente de denuncias en contra de autoridades que no han tomado posesión.

Bernardo Arévalo y Karin Herrera fueron mencionados en el nuevo caso del MP porque la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación considera que la toma del campus de la universidad nacional fue aprovechada como plataforma política por el partido Movimiento Semilla.

Como parte de las acciones del ente investigador, el pasado 17 de noviembre la fiscalía realizó seis solicitudes de retiro de antejuicio en el Organismo Judicial. Además de las de el binomio electo, también la petición alcanza a los diputados Carlos Barreda, Samuel Pérez, Adán Pérez, y el diputado electo Raúl Barrera.

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En un principio se anunciaron ocho solicitudes, sin embargo, solo seis fueron presentadas. Los otros dos diputados son Aldo Dávila y Román Castellanos.

Antejuicio

En distintos círculos se abrió la discusión sobre si el dúo presidencial electo tiene inmunidad, porque las normativas legales al respecto no son claras.

El constituyente Aquiles Faillace aseguró que con base en una interpretación extensiva se sobre entiende que sí gozan del derecho. Explicó que el artículo 217 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp) es claro en otorgar protección a los candidatos, inmunidad que termina el día que pierden las elecciones.

En el caso de los ganadores la mantienen porque sería riesgoso en cuanto a persecuciones políticas que la perdieran en los meses anteriores a que tomen posesión de los cargos.

“El tema de fondo parece estar en que las credencial no tiene fecha de caducidad, solo de inicio de vigencia, se está tratando de argumentar que por haber cerrado el período electoral se esta caducando la validez de la credencial y esto no es así”, dio a conocer.

Declaró también que se está buscando poner en duda la inmunidad del binomio electo porque es un grupo el que se niega a reconocer los resultados obtenidos y tratar de poner en riesgo la toma de posesión. “La democracia se construye sobre los hombros de buenos perdedores”, puntualizó.

En esa misma línea, el constituyente Roberto Alejos también aseguró que los electos sí gozan de inmunidad, además que Arévalo también tiene el derecho de antejuicio por ser diputado en funciones.

Presidente y diputado

Debido a las dos calidades de Arévalo se podría atacar su inmunidad como presidente electo y como legislador, o bien, ambas. Alejos refirió que hay un vacío legal respecto a qué organismo debe de conocerlos.

“Lo que sucede es que hay un vacío, porque la Ley en materia de Antejuicios no dice quien tiene que conocer el antejuicio contra presidente y vicepresidente electo”, detalló.

La misma normativa señala que en los casos no previstos se debe de remitir a Salas de Corte de Apelaciones para conocer los antejuicios.

En dicha Ley se establece que el Congreso debe de conocer las solicitudes de antejuicio de presidente, vicepresidente, magistrados del Tribunal Supremo Electoral, entre otros.

Al OJ las de los diputados del Congreso y Parlamento Centroamericano, candidatos a presidente y vicepresidente, magistrados de Salas de Corte de Apelaciones y jueces. Y a las Salas de Corte de Apelaciones les corresponde los candidatos a alcaldes, a diputados y los que salgan electos.

Alejos también compartió desde su punto de vista que si se ataca la inmunidad de Arévalo como diputado no hay vacío legal, pero el juez pesquisidor tendría menos de dos meses para resolver, antes que Arévalo asuma la presidencia y finalice su periodo en el hemiciclo.

Por otro lado, si el MP hizo la solicitud como presidente electo, no tiene límite de tiempo. Aunque no hay claridad sobre el procedimiento a seguir, si fue como binomio precidencial es el Congreso a quien le correspondería de haber ya tomado posesión. “Nadie había demandado al presidente y vicepresidente electo”, agregó.

A criterio de Faillace, como Arévalo tiene dos calidades se debiera de hacer una solicitud por cada uno de los cargos.

Debiera rechazarse

Ambos constituyentes coinciden en que no debieran de avanzar los antejuicios. Alejos considera que tomar las instalaciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala es una manera de protesta que siempre se ha utilizado.

“Ya hay un precedente. Es una forma de actuar en la autonomía universitaria, en donde las protestas de los estudiantes y catedráticos es la toma de las  instalaciones”, acotó.

Además que de darle trámite se estaría violando también la libertad de los candidatos a expresarse durante la campaña electoral, advirtió.

De la misma manera, Faillace explicó que la ley establece que la petición debe ser rechazada cuando sea por motivos espurios, políticos e ilegítimos.

Defensa

Faillace también describió que como diputado Arévalo debió haber realizado hace semanas una opinión consultiva a la Corte de Constitucionalidad para que se aclarara en definitiva el antejuicio de los candidatos electos.

Andrea Reyes, diputada electa y abogada de Semilla, dijo que se está preparando la defensa legal del binomio, la cual se conocerá en los próximos días.

Estar a cargo de juicios políticos y retirar la inmunidad a funcionarios es ilegítimo e inmoral cuando los parlamentarios son señalados de corrupción y por su mal desempeño, según analistas.

“Cuán legítimo es ante la ciudadanía que los diputados juzguen a un funcionario por este tipo de procesos, cuando ellos también están señalados. Pero así lo estipula ley, que se integre una comisión por sorteo para analizar si existen indicios. Si no, ¿quién más lo tendría que hacer?”, se pregunta Alejandro Valverth, director del Observatorio Legislativo.

Asimismo, añade que aunque no todos los congresistas están señalados, el trabajo parlamentario, en general, fue deficiente durante este mandato.

“El Congreso no fortalece a la democracia, al estado de Derecho; no apoya a la lucha contra la corrupción, sino que es partícipe de un andamiaje para la cooptación del Estado. Su trabajo ha deficiente y hasta perverso”, en opinión de Valverth.

Para el próximo período legislativo el panorama se vislumbra difícil, prosigue, si se toma en cuenta que aunque la bancada de Movimiento Semilla, a su juicio, ha votado bien y ahora contará con más diputados, no tiene mayoría.

“Si la bancada del partido Vamos es tachada de pertenecer al pacto de corruptos, entonces será difícil y hará una oposición infructífera para las necesidades del pueblo. Por desgracia, en Guatemala no entendemos la importancia del Congreso para elegir las mejores opciones”, sostiene.

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Reivindicación

“En el caso del vicepresidente, esperaría que los diputados sean íntegros en analizar el tema, porque la sindicación que se le hace no es para que se le quite la inmunidad. Pero son procesos con los que pueden reivindicar su trabajo, en especial si están señalados de corrupción”, expresó Raquel Zelaya, presidenta de la Asociación de Estudios Económicos y Sociales (Asíes).

“El desempeño de los parlamentarios ha sufrido un deterioro durante este gobierno. Es urgente que se elija a los magistrados de las cortes, porque tenemos la incomodidad de una violación a la Constitución al superarse los plazos”, agregó.

Zelaya argumenta que no todos los diputados han sido malos y cita como ejemplo a Nineth Montenegro, quien, según ella, dejó “huella y escuela en la forma de legislar”.

También considera que hay mucha “especulación” sobre cómo funcionará la próxima legislatura, debido a los procesos legales que enfrenta Semilla.

“Cuando se conforme la nueva Junta Directiva se darán señales de cómo se hará el trabajo más adelante”, concluyó Zelaya.

Aceptar proceso

Para María Isabel Bonilla, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), hay una parte de la ciudadanía que duda de la calidad moral de los diputados. No obstante, los procesos están en ley.

“No tenemos otro mecanismo, a menos que las bancadas solicitaran que en estos procesos no se permita la participación de diputados señalados en diferentes situaciones. En ese caso, sería aceptar esos señalamientos, que son a base de percepciones y no por juicios”, valora.

“Así es el sistema y hay que aceptarlo. Lo que pide la población es que se actúe con objetividad y que todo el proceso sea del conocimiento público”, puntualizó.

Para evitar este tipo de escenarios, Bonilla recomienda que los diputados sean electos por nombre —no por planilla, como hasta ahora—, pues al momento de buscar ser reelectos, su reputación tendría mucho peso y su trayectoria “será su proyección ante la sociedad”.

En la lista

Entre los diputados señalados por la Ley Magnitsky están Allan Rodríguez y Jorge Estuardo Vargas. Este último forma parte de la pesquisidora para analizar si se le retira la inmunidad al ministro de Comunicaciones, Javier Maldonado.

Además, en la lista Engel fueron incluidos los legisladores Sofía Hernández, Boris España y Felipe Alejos.
En fecha reciente, la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, confirmó que Estados Unidos le había retirado su visa, días después de que dicho gobierno dio a conocer que había tomado la medida con unos 12 guatemaltecos “que participaban en socavar la democracia”.

El vicepresidente Guillermo Castillo será investigado por el nombramiento al parecer irregular de Ángela Marina Figueroa Molina, quien de forma interina dirigió la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio.

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Entre los parlamentarios que integran la comisión pesquisidora está Napoleón Rojas, de la extinta bancada Unión del Cambio Nacional, fundada por Mario Estrada, quien guarda prisión por delitos relacionados con el narcotráfico, en Estados Unidos.

Además, Rudy Pereira Delgado, inscrito por el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en el 2019 por el partido FCN-Nación, pese a que era investigado por los delitos de tráfico de influencias y abuso de autoridad.

A los anteriores se suma Rudy González Cardona, quien fue vinculado al caso de su secretario, Elder Morales, detenido en flagrancia cuando cobraba una comisión a dos personas que habían sido contratadas en el Fondo Social de Solidaridad.

Hoy se conocería quiénes son los diputados que integren la pesquisidora de los magistrados del TSE.

Según se informó, los amparos pretenden suspender la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en la que se trasladó al Congreso de la República el trámite de los antejuicios contra ocho magistrados del TSE por la compra del Sistema para la Transmisión de Resultados Preliminares (Trep) y por lo que el MP quiere investigarlos.

Los amparos fueron presentados por los magistrados titulares del TSE, Mynor Franco, Irma Palencia, Ranulfo Rojas y uno más planteado en conjunto por los magistrados suplentes Marlon Barahona, Marco Antonio Cornejo y Álvaro Cordón Paredes.

A los cuatro amparos ya se les dio trámite y la CC solicitó informes circunstanciados a la CSJ, previo a resolver las acciones legales.

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El caso es el antejuicio 255-2023 que fue planteado por la Fiscalía de Delitos Administrativos del MP en contra de los magistrados titulares del TSE Irma Elizabeth Valencia Orellana, Ranulfo Rafael Rojas Cetina, Blanca Odilia Alfaro Guerra de Nájera, Gabriel Vladimir Aguilera Bolaños y Maynor custodio Franco Flores.

También en contra de los magistrados suplentes Marco Antonio Cornejo Marroquín, Marlon Josué Barahona Catalán y Álvaro Ricardo Cordón Paredes.

El MP señala a los magistrados del TSE de los delitos de abusos de autoridad, incumplimiento de deberes y fraude.

En el amparo que presentó la magistrada Irma Palencia, se lee que el MP, a través de la Fiscalía de Delitos Administrativos, presentó en el Juzgado de Paz Penal de Faltas de Turno de la ciudad de Guatemala, un escrito y documentos adjuntos dirigido al Juez Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala, el cual, contenía la solicitud de antejuicio.

Agrega que el juez ante quien se presentó el escrito, y a quien no iba dirigido documento, “al ver que se trataba de una solicitud de antejuicio nueva, debió limitarse a remitir al Centro de Gestión Penal la solicitud de antejuicio relacionada para que dicho Centro lo distribuyera al Juez Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala que correspondiera y que es a quien iba dirigido el mismo; empero, dicho juez de paz, sin tener competencia y sin que la solicitud de antejuicio nueva fuera dirigida a dicha judicatura, procedió a dictar resolución de fecha 26 de septiembre de 2023, en el expediente identificado como “DILIGENCIAS DE ANTEJUICIO SGT 01141-2023-02164/Secretario, indicando que se inhibía de conocer de las diligencias de antejuicio presentada y ordenó remitir todo lo actuado a la Corte Suprema de Justicia, para que ésta resolviera lo que en derecho correspondiera”.

Además, señala que no se agotaron otros procesos y de eso no fue informada.

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La resolución de la CSJ

El pasado 7 de noviembre se informó que por mayoría, el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le dio trámite (formación de causa) al antejuicio contra los magistrados del TSE que fue planteado por el MP y ordenó trasladar el expediente al Congreso de la República para que este organismo concluya con el proceso.

Según la resolución de la CJS, el MP señala que  hubo “anomalías” en la forma en que se llevó a cabo la contratación de la empresa Datasys, para llevar a cabo los trabajos informáticos durante el periodo electoral del 2023.

“El Ministerio Público, dentro de la solicitud de antejuicio sostuvo que dichos magistrados hicieron constar en acta que el Tribunal Supremo Electoral suscribió el contrato administrativo donde consta la adquisición del programa informático para la transmisión de resultados preliminares del proceso electoral del año 2023 con la entidad, la Datasys Guatemala Asociada Anónimo (…) y denunciaron que al suscribir el mismo no existió una supervisión independiente del software, sino que la misma entidad, Datasys Guatemala, Sociedad Anónima, recomendó a la entidad de origen mexicano Podernet, Sociedad Anónima, para realizar dicha supervisión”, señaló la CSJ.

Por lo que, a criterio del MP, “los magistrados antejuiciados posiblemente suscribieron el referido contrato administrativo utilizando artificios para defraudar al Estado Guatemala”.

En el Congreso

El pasado 9 de noviembre, Shirley Rivera, presidenta del Congreso de la República, informó que ya fueron notificados sobre el proceso que se sigue para retirarles el derecho de antejuicio a los magistrados del TSE y afirmó que en la próxima sesión plenaria podrían integrar la comisión pesquisidora que determinará si es factible quitarles la inmunidad.

Según la Ley de Amparo y Antejuicios, el Congreso debe conocer el proceso y formar la mencionada pesquisidora para que concluya si es conveniente o no retirar el derecho de antejuicio contra los magistrados del TSE.

Rivera fue abordada por periodistas en el Congreso y al consultarle sobre el caso de los magistrados del TSE, señaló que el Congreso ya había recibido el expediente del caso.

Explicó que el proceso que ahora sigue es conocerlo en la sesión de Jefes de Bloques y allí se agendaría para que sea conocido en la próxima sesión plenaria.

Señaló que allí se hará el sorteo para determinar qué diputados van a integrar la comisión pesquisidora.

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Según la Ley de Amparo y Antejuicios, el Congreso debe conocer el proceso y formar la mencionada pesquisidora para que concluya si es conveniente o no retirar el derecho de antejuicio contra los magistrados del TSE.

El caso es el  antejuicio 255-2023 que planteó la Fiscalía de Delitos Administrativos del MP en contra de los magistrados titulares del TSE Irma Elizabeth Valencia Orellana, Ranulfo Rafael Rojas Cetina, Blanca Odilia Alfaro Guerra de Nájera, Gabriel Vladimir Aguilera Bolaños y Maynor custodio Franco Flores.

También en contra de los magistrados suplentes Marco Antonio Cornejo Marroquín, Marlon Josué Barahona Catalán y Álvaro Ricardo Cordón Paredes.

El MP señala a los magistrados del TSE de los delitos de abusos de autoridad, incumplimiento de deberes y fraude.

El Trep

Según dio a Conocer la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en la resolución en donde declaró al lugar a formación de causa el antejuicio planteado y ordenó trasladar al Congreso para que lo resuelva, “el Ministerio Público, dentro de la solicitud de antejuicio sostuvo que dichos registrados hicieron constar en acta que el Tribunal Supremo Electoral suscribió el contrato administrativo donde consta la adquisición del programa informático para la transmisión de resultados preliminares del proceso electoral del año 2023 – Trep- con la entidad, la Datasys Guatemala Asociada Anónimo (…) y denunciaron que al suscribir el mismo no existió una supervisión independiente del software, sino que la misma entidad, Datasys Guatemala, Sociedad Anónima, recomendó a la entidad de origen mexicano Podernet, Sociedad Anónima, para realizar dicha supervisión”.

Añadía que a criterio del MP, “los magistrados antejuiciados posiblemente suscribieron el referido contrato administrativo utilizando artificios para defraudar al Estado Guatemala”.

“Esta Corte considera que el antejuicio no es espurio, porque tiene fundamento serio, sustentado en los elementos de razonabilidad aportados por el ente fiscal, no es ilegítimo, ya que fue planteado por el Ministerio Público como corresponde, como ente de la persecución penal pública, y no es político, porque los hechos señalados se relacionan con actos de los magistrados denunciados en su calidad de funcionarios públicos al ostentar el cargo de magistrados titulares y suplentes del Tribunal Supremo electoral”, refería la resolución.

Con 9 votos a favor y 4 en contra, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tramitaron la solicitud de retiro de inmunidad tras la denuncia que presentó el abogado Nimrod Israel Estévez González por supuestas anomalías en el nombramiento del jefe de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed), dependencia de la Vicepresidencia de la República.

La acción que se presentó está relacionada con el nombramiento de Ángela Marina Figueroa Molina, para que de forma interina ocupara la jefatura de la Senabed, después de la renuncia del titular Óscar Conde, que pasó a ocupar en aquel entonces un viceministerio de Gobernación. Estévez González lo consideró ilegal.

A finales de julio de 2020 la CSJ admitió para su trámite el antejuicio promovido por Estévez González en contra de Castillo Reyes y ordenó remitir las actuaciones al Congreso de la República.

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Antes el abogado había promovido el antejuicio ante el Juez Sexto de Primera Instancia Penal de Guatemala, quien se inhibió de conocerlo porque el vicemandatario gozaba de inmunidad y lo elevó a la CSJ.

El vicepresidente planteó el amparo contra la CSJ en la CC porque consideró que el pleno “obvió realizar el análisis jurídico que les obliga a evaluar y calificar, conforme a derecho y la doctrina legal, los hechos denunciados, no habiéndose pronunciado sobre si estos eran espurios, políticos o ilegítimos, ya que, de manera infundada, concluyó únicamente que la denuncia presentada sí cumplía con los requisitos de admisibilidad y que el órgano competente para conocer y resolver el antejuicio era el Congreso”.

Sin embargo, la resolución establece que Castillo Reyes no aportó algún indicio o “prueba documental para fundamentar los hechos que pretenden imputarle, sino únicamente basa su denuncia acompañando copia de una fotografía del nombramiento efectuado”.

Estévez González promovió las diligencias de antejuicio contra Castillo Reyes por la posible comisión de los delitos de nombramientos ilegales, abuso de autoridad y tráfico de influencias.

La querella se basó en que Castillo, en su calidad de Vicepresidente del país, nombró a Ángela Marina Figueroa Molina en el cargo de Secretario General de la Senabed, sin que cumpliera con los requisitos que la ley de la materia establece.

La denuncia estableció que el vicemandatario realizó una “serie de actos ilegales que buscaban y lograron evadir la aplicación y observancia de los principios de transparencia, excelencia profesional, objetividad y publicidad que contempla la normativa aplicable, utilizando su influencia sobre el personal subordinado que debía velar por la correcta observancia de la ley”:

Por esa razón, Estévez González consideró que Castillo Reyes “pudo cometer el delito de nombramientos ilegales,
dado que la persona nombrada carece del requisito de tener no menos de cinco años en cargos superiores o de dirección en la administración pública, conforme lo exige el artículo 17 de la Ley de Extinción de Dominio.

Como consecuencia del actuar ilícito descrito en la literal anterior, también se aduce que pudo cometer el delito de abuso de autoridad, “ya que aquel acto ilegal resulta perjudicial para la administración pública, que se ve afectada al no contar con funcionarios probos y también se perjudica a los ciudadanos que se postularon para el cargo y que cumplieron con los requisitos, no obstante, fueron arbitrariamente excluidos para beneficiar a Figueroa Molina”.

El funcionario también pudo “incurrir en tráfico de influencias, toda vez que se valió de su posición de Vicepresidente para influir en los empleados públicos de su cadena de mando para lograr arreglar o amañar el concurso por oposición para Secretario General y Secretario General Adjunto de Senabed”.

Estas personas, según la resolución de la CC, bajo su mando, “alteraron las bases del citado concurso, al punto de incluir o tergiversar el requisito de experiencia profesional, incluyendo los cargos de dirección en el sector privado, requisito inexistente en la normativa aplicable; derivado de este actuar ilegal, todos los filtros y los involucrados en ellos, facilitaron y allanaron el camino para el nombramiento aludido, incumpliendo con su obligación de detectar el evidente incumplimiento de requisitos, facilitando de esta forma que se pudiera nombrar a una persona no apta para el cargo”.

La CC concluye que la CSJ verificó, de conformidad con la labor que le correspondía, “que las diligencias aludidas no fueron promovidas por razones espurias, políticas ni ilegítimas, en virtud que fueron aportados elementos suficientes de razonabilidad para su admisión a trámite”.

Por todo lo expuesto, al haberse determinado la inexistencia de violación a derecho fundamental alguno, la CC concluyó que debía revocar el amparo dado a Castillo en contra de la CSJ “por ser notoriamente improcedente, condenando en costas al postulante e imponiendo una multa a la abogada patrocinante, (Q1 mil a Mildred Jeanneth Jiménez Prado) por ser responsable de la juridicidad del planteamiento de la garantía constitucional” .

La CC, por inhibitoria de los magistrados Roberto Molina Barreto, Dina Josefina Ochoa Escribá, Héctor Hugo Pérez Aguilera, Néster Mauricio Vásquez Pimentel, Leyla Susana Lemus Arriaga y Juan José Samayoa Villatoro, integraron el Tribunal los togados Walter Paulino Jiménez Texaj, Luis Alfonso Rosales Marroquín, Rony Eulalio López Contreras y Claudia Elizabeth Paniagua Pérez para conocer y resolver el presente asunto; asimismo, por sorteo obligatorio, corresponde integrar y asumir la presidencia de la CC a la magistrada Lemus Arriaga.

La CC denegó el amparo solicitado por Castillo Reyes, en calidad de Vicepresidente, contra la CSJ, y ahora será tarea el Congreso continuar con el proceso.

Quién presentó la denuncia

En los registros del Tribunal Supremo Electoral (TSE) aparece que Estévez Gómez fue candidato a diputado en lista nacional en la casilla siete por el partido Bienestar Nacional (Bien) que llevó al Congreso a Evelyn Morataya y Fidel Reyes Lee en el 2019.

Además de postularse como diputado fue dirigente del Movimiento Académico de Cambio y del Colectivo por la Autonomía (EPA), en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Esta última agrupación mantuvo cerrada por 52 días la casa de estudios superiores, razón por la que el Consejo Superior Universitario ordenó investigarlo.

El Congreso procederá:

• El pleno del Congreso será informado de todos los detalles del asunto.
• En esa misma sesión el pleno del Congreso integrará una comisión pesquisidora, formada por cinco miembros por sorteo que se realizará entre todos los diputados, salvo el presidente del Congreso.
• El primer diputado sorteado será el presidente de la comisión y el segundo actuará como secretario. Los restantes actuarán como vocales.
• Las decisiones de la comisión pesquisidora se adoptarán por mayoría de votos y ningún diputado puede excusarse o dejar de participar, salvo que el pleno acepte la excusa encontrando fundadas las razones argüidas. Si alguno de los miembros de la comisión pesquisidora se resistiere a actuar en ella esto constituirá falta grave y los demás miembros lo harán del conocimiento de la Junta Directiva del Congreso de la República para la sanción que corresponda.
• La comisión pesquisidora examinará el expediente y demás documentos que hubieren, oirá a los promotores del antejuicio, así como al funcionario contra quien esté enderezado el asunto y practicará las diligencias que soliciten las partes recabando toda información y documentación que cualquiera de los miembros de la comisión considere pertinente, con el propósito de establecer la veracidad de los hechos denunciados y si éstos pueden o no suponer la existencia de un hecho que por su naturaleza deba ser conocido por un juez del ramo penal.
• Emitida la resolución que declara con lugar el antejuicio, deberá retornarse el expediente a la Corte Suprema de Justicia al fin que lo turne al tribunal del orden común que proceda.

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Políticos allegados a Morales coinciden en que solo se defendió al país de la “intervención extranjera” con la salida de la Cicig. Pero el embrollo se resumió en la inhabilitación de la referida comisión y la responsabilidad de las investigaciones quedó en la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público (MP).

Morales fue implicado por la Cicig y el MP en el caso de corrupción denominado Financiamiento electoral FNC-Nación, pero la inmunidad de la que goza como presidente lo ha protegido de las investigaciones.

Este 14 de enero, Morales entrega la presidencia a Alejandro Giamattei y luego de ese acto, que se prevé ocurra a las 14 horas, dejará de tener derecho de antejuicio, por lo que, técnicamente, segundos después de dejar el cargo puede ser investigado e incluso un juez podría ordenar su captura.

En la Torre de Tribunales de la capital ningún juzgado ha girado una orden de captura contra Morales, contra quien, en agosto de 2018, se le solicitó el retiro del derecho de antejuicio, pero la petición fue rechazada por la Corte Suprema de Justicia.

El 6 de diciembre último, Stuardo Campo, fiscal contra la Corrupción del MP, informó que investigan varios casos en los que podría estar vinculado Morales.

El fiscal explicó que una investigación es por el caso de la compra de aviones Pampa III a Argentina.

Otro expediente es por una denuncia contra Morales por el viaje que efectuó a Israel en mayo de 2018 para inaugurar la Embajada de Guatemala en Jerusalén, indicó.

Morales tiene la posibilidad de protegerse de las investigaciones por corrupción que impulsa la Feci, su salvoconducto, luego de dejar la presidencia, está en el Parlamento Centroamericano.

Resguardo

El artículo 21 del Reglamento Interno de ese organismo regional cita que los expresidentes y exvicepresidentes “deben ser juramentados como diputadas o diputados centroamericanos ante la Asamblea Plenaria…” y que a partir de su juramentación pueden “tomar posesión del cargo en calidad de diputada o diputado centroamericano, adquiriendo todos los derechos y obligaciones inherentes”, entre los que se incluye el derecho de antejuicio.

Luego de las 14 horas Morales puede acudir al Parlacen a tomar posesión de su curul, pero antes debe cumplir con actos protocolarios en el Congreso de la República y el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias que podrían demorar su llegada a la sede del organismo regional.

El último acto en el que participará Morales para la transmisión de mando será en la Gran Sala Efraín Recinos, del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, a poco más de 2 km de distancia. Hay por lo menos tres rutas que podría utilizar Morales para llegar, que duran entre 8 y 10 minutos.

Afuera del Parlacen, desde la mañana, se han manifestado varias personas, quienes amenazan con no permitir que Morales ingrese a la sede regional para asumir su curul.

Reciben a Jimmy

Afuera del Parlamento Centroamericano (Parlacén), en la 33 calle y 12 avenida, en la zona 5, activistas madrugaron y estacionaron una camioneta con bocinas frente al edificio de ese organismo regional para externar consignas en contra de algunos diputados que asumirán curules.

En contra posición a la finalidad de los activistas, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) resguardan el edificio del Parlacen, incluso, han solicitado a las personas que apaguen el sonido de las bocinas instaladas adentro del vehículo. Los activistas accedieron a disminuir el volumen, pero advirtieron que no se retirarán y que continuarán con sus consignas.

En la puerta del Parlacén fueron colocadas dos piñatas, una de ellas tiene una leyenda que dice “ministra de Relaciones Exteriores” y en la otra se lee “ministro de Gobernación”.

Un grupo de jóvenes encapuchados que llegó al Parlacén en un autobús de Transurbano advirtió que habrá “cierre del parlamento”.

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El proceso electoral se rige por medio de mecanismos y reglamentos que estipula la Ley Electoral y de partidos Políticos (LEPP) y la inmunidad fue otorgada a algunos aspirantes a cargos de elección popular: postulados a presidenciables, alcaldes, diputados al Congreso y al Parlamento Centroamericano.

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Los que no gozan del derecho de antejuicio en el proceso electoral son los aspirantes a concejales y síndicos.

La magistrada del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Eugenia Mijangos, explicó: “Los candidatos pierden la inmunidad cuando se adjudican los cargos. Una credencial no es superior a la Ley”.

Los que conservarán la inmunidad son los candidatos electos y los presidenciables que pasen a segunda vuelta electoral, cuando se hagan oficiales los resultados.

La adjudicación de cargos presenta demora debido a que se detectaron “errores” en el cotejo y digitalización de las actas de votaciones y el TSE aún está en la fase de revisión de los resultados.

Según los datos preliminares del TSE, quienes mantendrán el derecho de antejuicio será el binomio presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza, Sandra Torres y Carlos Raúl Morales; y de Vamos, Alejandro Giammattei y Guillermo Castillo.

Las dudas

Doce días después de las votaciones generales, que se efectuaron el 16 de junio pasado, algunos postulados tienen duda si su inmunidad terminó o continúa.

La vacilación surge porque en la credencial de candidato que emitió el Registro de Ciudadanos del TSE dice que el 16 de junio pasado venció la validez de ese carné.

La credencial se define en el artículo 149 del reglamento de la LEEP como el “documento extendido por la autoridad competente del Tribunal Supremo Electoral que acredita la calidad de candidato postulado o de electo para un cargo de elección popular, y que le confiere al tenedor legítimo del mismo los derechos, obligaciones e inmunidades que la Ley establece”.

La LEEP no determina si el postulado pierde la inmunidad la fecha que dicta validez de la credencial.

El artículo 127 de la Ley expone el Derecho de Antejuicio y establece: “Desde el momento de su inscripción, los candidatos presidenciales y vicepresidenciales no podrán ser detenidos o procesados, salvo que la Corte Suprema de Justicia declare que ha lugar a formación de causa en su contra. Tampoco podrán serlo los candidatos para diputados o alcaldes, salvo que la sala correspondiente de la Corte de Apelaciones haga igual declaratoria. Se exceptúa el caso de flagrante delito, en el que podrán ser detenidos los candidatos, pero puestos inmediatamente a disposición del tribunal que corresponda, para los efectos consiguientes”.

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El 23 de febrero de este año, el MP y la Cicig presentaron el caso Comisiones Paralelas, que develó una estrategia para intervenir y cooptar la elección de las máximas autoridades judiciales, en la que estarían involucrados abogados, legisladores y excomisionados de las postuladoras.

Por este caso guardan prisión el abogado Roberto López Villatoro —conocido como el Rey del Tenis—, su hermana y socia del bufete Lovi y Asociados, Clara Guadalupe López Villatoro, y Eddy Giovanni Orellana Donis, magistrado presidente de la sala segunda de la corte de apelaciones del ramo civil, quien integró la comisión de postulación para elegir magistrados de la CSJ para el actual período (2014-2019).

Según la investigación del MP y la Cicig, este último personaje habría recibido del Rey del Tenis, como retribución por sus buenos oficios, un apartamento en un edificio de la zona 14 de la capital, justamente durante la época en que se estaban desarrollando los procesos de postulación. Cabe mencionar que Orellana Donis al mismo tiempo que fue comisionado en la postuladora para la CSJ se presentó como candidato a una magistratura de apelaciones y ganó.

Este caso de Comisiones Paralelas se desarrolla en el juzgado D de Mayor Riesgo a cargo de la jueza Érika Aifán, quien además conoce otros procesos de alto impacto como Caja de Pandora, Construcción y Corrupción, Odebrecht, Gerardi y financiamiento electoral ilícito de FCN Nación.

Por ser una jueza independiente y honorable, que no se presta a las presiones y mucho menos a sobornos, a Érika Aifán la quieren quitar del medio. A eso responde la solicitud de antejuicio que Orellana Donis planteó en su contra por los delitos de abuso de autoridad, allanamientos ilegales y revelación de secretos; y la decisión tomada por el pleno de la CSJ de darle trámite (23/5/18).

En su escrito, Orellana Donis sostiene que el allanamiento a su residencia —es decir, al apartamento que habría recibido como regalo del Rey del Tenis— no debió ser autorizado por la jueza Aifán, porque su esposa, quien también es magistrada y copropietaria, goza de derecho de antejuicio. Aduce lo mismo respecto de la investigación de sus cuentas bancarias.

Se olvida que ya la CC estableció en una opinión consultiva respecto del derecho de antejuicio (21/12/10) que la Constitución garantiza esa prerrogativa para los jueces y magistrados, pero que “ello no determina la imposibilidad del Ministerio Público de ejercer su función de investigación”. Y parece ser que tampoco revisó la resolución de la CC en la que se deniegan los amparos presentados por los jueces Jisela Reinoso y Adrián Rodríguez, quienes alegaban que se había violado su derecho de antejuicio.

Y cito: “No vulnera el derecho de antejuicio de los amparistas —en su calidad de juzgadores— la decisión de un juez de acceder a la petición que el MP le formula para autorizar medidas de investigación y la tramitación del expediente respectivo, pues tales autorizaciones constituyen actuaciones preliminares para sustentar una posible denuncia…”

Érika Aifán es una jueza incómoda para las estructuras criminales y la maquinaria de la impunidad y, por el contrario, una jueza valiente e independiente para quienes defienden la justicia. El 27 de agosto vence el plazo para que la jueza pesquisidora recomiende si se le retira o no el derecho de antejuicio. ¿De qué lado estará la justicia?

Antes del show que montó el presidente, la imagen país que estábamos proyectando a nivel mundial era de haber logrado gigantescos avances como un referente anticorrupción, pero hoy lamentablemente Morales es visto como la persona que lidera el boicot para frenar esta lucha. Además, nuestro gobernante se ha convertido en el hazmerreír de los principales medios de comunicación globales… ¡No cabe duda de que Jimmy es un comediante Neto!

Hasta hoy la Corte Suprema de Justicia hizo su trabajo correctamente y casi unánimemente —exceptuando Elizabeth García y Silvia Valdés— votaron para trasladar al Congreso la solicitud de que se le retire la inmunidad al presidente Morales, quien debe ser investigado por supuestamente haber recibido financiamiento electoral ilícito cuando era secretario general del partido FCN-Nación.

Ahora, la responsabilidad por salvaguardar la lucha contra la corrupción se traslada al Congreso, donde sabemos que la Cicig tiene pocos amigos, que por cierto se han envalentonado en los últimos días, sin razonar las implicaciones que tendría el hecho de que no prospere el proceso de antejuicio contra el presidente. Aunque ya es bien conocida la trayectoria de corrupción de muchos diputados, acostumbrados a bloquear lo que no les conviene. De alguna manera esta vez el pueblo y el mundo, no les perdonará la obstrucción a la justicia.

Como dijo Julio Ixcamey, presidente de la comisión pesquisidora que conoce el antejuicio contra Jimmy Morales, el gobernante debería comparecer a dicha instancia para explicar su situación. “Si no debe nada, pues que comparezca”. ¿No que ni corrupto ni ladrón, pues? Entonces que lo pruebe, porque después de este proceso su legitimidad en el poder dependerá de que sea capaz de demostrar o no su inocencia.

El mayor reto para esta pesquisidora es actuar con independencia y evaluar imparcialmente el caso. Y conste que ellos solo harán una recomendación al pleno, pero la decisión que finalmente cuenta es la de la mayoría calificada —105 votos— quienes decidirán el futuro de nuestro país: entre seguir avalando la corrupción o contribuir a la lucha contra la impunidad.

Aunque la percepción de la población sea que el presidente no tendrá mayores problemas para cubrirse con el manto de la impunidad, porque muchos diputados tienen procesos de antejuicio y cuentas pendientes con la ley. También es cierto que si el fallo de los legisladores se inclinara a favor de Morales, ayudar al presidente hoy no les quita a los señalados corruptos sus propios clavos; es decir, solo se vuelven más repugnantes ante la población.

Es lamentable que decisiones de tanta trascendencia para el país como la posibilidad de investigar o no al presidente Morales siempre tengan que depender de un cuestionado Congreso. Esa es otra de las grandes falencias de nuestra estructura política. Y por ello esta crisis puede convertirse en una oportunidad para corregir los errores y las debilidades de nuestro colapsado sistema.

A pesar de todo este confuso panorama, el Congreso debe responder a las exigencias del pueblo de Guatemala y si las pruebas son irrefutables, no les quedará más remedio que retirar a Morales el derecho de antejuicio. Este país ya ha empezado un cambio, sin marcha atrás y el pueblo no permitirá que nadie pase por encima de la justicia.

imagen_es_percepcion@yahoo.com

Los acontecimientos que siguieron a su fallido intento, crearon tal caos que se hace difícil describirlos. Hay en las declaraciones de los funcionarios una mezcla de ridiculez y peligrosidad. Nuestra historia ha sido compleja, pero esta vez es surreal. Nos gobierna un chiste contado por fanáticos de la muerte y de la Biblia como herramienta de sometimiento al poder oscuro, manipulador, corrupto. Son ellos quienes han polarizado con la canción del extranjero que nos ha polarizado. El crimen se instala en las oficinas de gobierno, en cárceles, juzgados, cortes, en el Congreso. Desde allí articula el nuevo golpe, pero recibirán otro revés. Y otro.

Con este caos se agruparon funcionarios acusados de varios delitos, diputados que tienen solicitudes de retiro de antejuicio o que ya lo perdieron, alcaldes con demandas ante el Ministerio Público, gobernadores, Joviel Acevedo, Otto Pérez, el Taquero, es decir, gente respetable injustamente perseguida. Esa confluencia, planificada, cerró filas alrededor del fantoche benefactor, pese a que fue incapaz de ejecutar adecuadamente la orden. Morales fracasó. Parecía tan fácil. Solo tenía que firmar y enviar la nota al Comisionado Velásquez para que fuera expulsado de inmediato. Una hora después, sobre su cabeza de presidente pasaría volando el avión que llevaría a Velásquez a otro país, o un helicóptero a la frontera. Se frotaría las manos, un trago gargareado en el gaznate le avivaría esa risita de bufón, y ordenaría que fuera difundido el primer video pregrabado en el que —hipócritamente compungido— expresaría: “He tomado la difícil decisión de declarar non grato al señor Iván Velásquez…”

Sabía —sabían— que habría reacciones en su contra. Pero es más fácil hacer cuentas de lo acontecido que cálculos sobre lo que podría suceder. Quiso ser más astuto que Otto Pérez, quien al verse obligado a continuar con el mandato de la Cicig e Iván Velásquez, confió en su inteligencia, su dinero para defenderse y sus contactos. Y también fracasó. Morales, en cambio, sabe que está en el poder gracias al financiamiento electoral ilícito y que le sale más barato pelear ahora que desde la cárcel cuando los lobos que le rodean lo hayan traicionado. También fracasó. Y seguirá —seguirán— tratando y fracasando. El MP y la Cicig van despacio, seguros, golpean donde se debe y por eso gozan del apoyo de la población, de la comunidad internacional y de los jueces, magistrados y pocos diputados que han dado muestras de no estar dispuestos a amamantar la corrupción.

El Cacif sugirió a Morales dirimir sus diferencias con Velásquez. ¿Cuáles diferencias con Iván? Es irracional minimizar la corrupción nacional a un lío personal. ¿Por qué pedir que conversen el ladrón y el policía? La única solución es que Morales sea despojado de su derecho de antejuicio para que sea investigado por el delito de financiamiento ilícito que lo llevó a la presidencia. Mañana, la CSJ dictaminará sobre tres de cuatro solicitudes de retirarle ese privilegio que blinda a los corruptos.

@juanlemus9

En el evento hubo 16 mesas de trabajo, integradas por 10 personas cada una. Un relator tuvo a su cargo entregar las propuestas luego de realizar consensos entre los participantes.

En su mayoría, los ciudadanos coincidieron en la importancia de hacer cambios en el sistema de justicia. Sin embargo, hubo diferencia de criterios respecto de los temas que irán a una posible reforma.

En el diálogo participó Rafael Rojas, presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); Thelma Aldana, fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP); Jorge de León Duque, procurador de los Derechos Humanos; y el presidente de la República, Jimmy Morales.

“Se ha manifestado en una mayoría muy importante que ningún funcionario público debería tener el derecho de antejuicio, ya que todos los ciudadanos somos exactamente iguales. Está la propuesta de que solo los presidentes de los distintos órganos del Estado deberían tener la inmunidad. Todos coinciden en que el sistema de justicia es débil y que habría que reformarlo”, indico Aldana.

No al antejuicio

La Fiscal mencionó que hay una propuesta para retirar la inmunidad a los alcaldes. “Yo, en lo personal, pienso que ningún funcionario debería tener el derecho de antejuicio, ya que nuestra obligación como funcionarios públicos es servir y trabajar con transparencia”, manifestó.

Aldana afirmó: “En la medida en que trabajemos de esa forma, no necesitaremos la inmunidad. Sin embargo, eso está establecido en la ley y, por lo tanto, se debe respetar. Es el momento de revisar y analizar lo que la población piensa en este sentido”.

De León Duque comentó que en todos los eventos la población ha dado importancia al tema de la justicia y expresa su opinión.

“Estoy muy entusiasmado al ver la importancia que la gente le está poniendo al tema de las reformas de la justicia. Esto emociona, y nos inyecta una dosis de ilusión de seguir intentando dialogar con la población. Estuve con las mesas de trabajo, en donde la gente propone y discute. También critica el documento, porque de eso se trata; es un documento que no está escrito en pierda y que, por lo tanto, debe mejorarse y ser perfeccionado”, añadió el Procurador.