Suplantan voz de Adele con IA para homenaje a Charlie Kirk

En YouTube circulan vídeos falsos en los que se rinde homenaje a Charlie Kirk mediante melodías atribuidas a la cantante británica Adele, creadas con inteligencia artificial (IA).

María Alejandra Guzmán y Redacción AFP

19 de octubre de 2025 | 18:00h

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La voz de Adele fue suplantada con herramientas de IA para rendir un tributo a Charlie Kirk, fallecido activista norteamericano.(Foto Prensa Libre: AFP)

Tras el auge de la Inteligencia Artificial (IA), los usuarios pueden recrear voces de personalidades famosas mediante estas herramientas. Recientemente, la prensa extranjera reportó que la voz de Adele fue suplantada con estos recursos tecnológicos para la creación de un homenaje dedicado a Charlie Kirk, activista conservador estadounidense fallecido en septiembre pasado.

En YouTube circulan distintos vídeos con voces falsas, incluyendo uno denominado Adele Forever Remembered (Charlie Kirk Tribute). Aunque en la descripción se aclara que se trata de un material creado con IA, este tipo de contenidos no autorizados genera controversia sobre el uso de estas herramientas.

También aparece un homenaje similar atribuido a Adele y a su colega Ed Sheeran, en el que se dedica una canción al fallecido activista.

Además de Adele y Sheeran, se han suplantado otras voces famosas, como la del cantante Justin Bieber.

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El auge de los vídeos generados con IA

Aunque muchas veces las voces no son parecidas a las originales, diversos internautas muestran interés por estos contenidos creados con inteligencia artificial.

“Me temo que lo que hacía que internet fuera tan genial al principio ha desaparecido. Ha sido reemplazado por contenidos mediocres creados por estafadores que buscan ganar dinero“, declaró a la AFP Alex Mahadevan, del Instituto Poynter, especializado en medios.

“Nos estamos convirtiendo en consumidores pasivos de ‘contenido’ y no en ciudadanos digitales activos y conscientes”, agregó.

Política de YouTube

La política de YouTube exige que los creadores divulguen cuando hayan producido contenido alterado o sintético que sea realista, incluido el uso de herramientas de IA, las cuales son ahora ampliamente accesibles.

Los vídeos destacan una nueva realidad digital en la que generadores musicales con IA permiten a usuarios comunes convertirse en músicos virtuales, imitar a artistas famosos y crear canciones completas a partir de simples indicaciones de texto.

Usos indebidos de la IA: un reto vigente

La tendencia ha generado interrogantes sobre si las semejanzas vocales y visuales deberían estar protegidas por derechos de autor.

Lucas Hansen, cofundador de la ONG CivAI, considera poco probable que exista una prohibición total, aunque prevé posibles restricciones en el ámbito comercial.

“También podría haber restricciones en la distribución, pero las leyes existentes son mucho menos estrictas con respecto a los contenidos no monetizados”, explicó Hansen a la AFP.

En junio, la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos anunció que las principales discográficas demandaron a dos generadores de música con IA, entre ellos Suno, por presunta violación de derechos de autor.

El año pasado, más de 200 artistas —entre ellos Katy Perry y Nicki Minaj— enviaron una carta abierta a los desarrolladores de IA y a las plataformas tecnológicas. En la misiva advirtieron que las herramientas de entrenamiento basadas en canciones existentes “devalúan nuestro trabajo y nos impiden recibir una remuneración justa”.

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María Alejandra Guzmán

16 de octubre de 2025 | 20:00h

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Utilizar las herramientas de IA generativa conlleva a un debate ético sobre los derechos de autor. (Foto Prensa Libre: Freepik)

¿Qué ocurre cuando la Inteligencia Artificial (IA) crea algún texto, ilustración o video? ¿A quién pertenecen estas obras?

En la actualidad, no existe un marco legal concreto que regule el uso de esa herramienta en Guatemala, según Rodrigo Morales, experto en ciberseguridad, y Javier Batres, arquitecto de nube.

La legislación guatemalteca únicamente reconoce como propietarios intelectuales a los seres humanos, lo que provoca una ambigüedad legal en torno a las obras creadas con IA, dice Carlos Galindo, abogado y notario.

Los profesionales entrevistados coinciden en que existe un debate acerca de los derechos de propiedad intelectual relacionados con la IA. Al respecto, Galindo enfatiza que esta se nutre de la información proporcionada por seres humanos y difundida por distintos canales digitales.

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¿Cuentan con derechos de autor las obras creadas con IA?

“La ley guatemalteca solo reconoce a la persona física como autor”, comenta Galindo. Por lo tanto, estas obras no cuentan con protección legal, lo que deja a los creadores de contenido sin respaldo jurídico. En países como China y Estados Unidos, ya se reconoce a la IA como autora, según Galindo.

De acuerdo con Batres, cuando la IA comenzó a operar no se inspeccionó la autoría de las imágenes, lo que permitió situaciones como las que emulan el estilo Ghibli y que desataron polémica en torno a los derechos de autor.

Morales agrega que se debe diferenciar la inteligencia humana de la artificial, ya que las personas crean desde cero y a partir de sus propias ideas, mientras que la IA requiere entrenamiento, así que parte de información existente.

Según el especialista en ciberseguridad, los modelos de IA emplean obras que ya existen, utilizando bots que analizan sitios web, extraen información valiosa y la almacenan en su base de datos. “Y todo esto lo hacen sin autorización”, comenta Morales.

“El autor Hayao Miyazaki (de Studio Ghibli) estaba bastante molesto por este tipo de imágenes, porque replicaban su estilo. Eso ha llevado a una discusión enorme sobre qué es un derecho de autor”, indica Batres.

Este profesional también explica que los modelos de IA son entrenados con obras creadas por personas, sin su consentimiento, lo que crea conflictos con la propiedad intelectual, ya que la IA puede emplear estas obras para generar contenido y monetizarlo. Por ello, enfatiza Morales, estos mecanismos desvalorizan el trabajo humano.

Al respecto, Galindo advierte de que se deben estipular medidas legales para el uso de la IA en Guatemala: “Hay que establecer parámetros claros de autoría y titularidad, y que se adapten al marco legal guatemalteco. Que sea un derecho evolutivo, acorde con los alcances tecnológicos a nivel internacional”.

Implicaciones de la IA en el trabajo profesional

Dayring Romero, traductora jurada guatemalteca, señala que la IA ha cambiado los flujos de trabajo mediante la creación de metodologías híbridas en las que se utilizan herramientas de inteligencia artificial para optimizar ciertos procesos.

No obstante, Romero menciona que es imprescindible la verificación humana en el ámbito de la traducción, ya que solo un profesional calificado puede identificar el contexto de una frase o palabra en particular, así como otras competencias propias de la labor realizada por seres humanos.

La profesional aclara que es importante adaptarse a la evolución tecnológica, pero sin dejar de lado la ética profesional: “Eso es parte del compromiso ético. Si veo que vienen nuevas tecnologías, debo preocuparme por desarrollar competencias que me permitan ser un mejor revisor de estos sistemas y aprender a dominarlos”.

Tanto en el campo de la traducción jurada como en otras áreas, es importante la ética y la transparencia en cada proceso, destaca Romero.

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¿Hay mecanismos que regulen la IA generativa?

China, Estados Unidos y la Unión Europea son las únicas tres regiones que contemplan con una regulación inicial, según los especialistas consultados.

Al respecto, Morales comenta que existen mecanismos de exclusión, como una directriz internacional creada en el 2019 sobre derechos de autor, que permite a los creadores impedir que los modelos de IA utilicen sus datos. “Sin embargo, se ha comprobado que las entidades de inteligencia artificial no lo respetan”, dice Morales.

El experto menciona que no existen empresas proveedoras de IA sin demandas actuales por derechos de autor relacionadas con las creaciones de esta tecnología, ya que los mecanismos de exclusión no están totalmente definidos.

Pero, Morales indica que Cloudfair, la empresa que maneja el 20 por ciento del alojamiento web a nivel global, utiliza un modelo que bloquea AI crawlers (bots que indexan sitios web y extraen contenido para entrenar modelos de IA) en sus servidores, como una forma de proteger a sus clientes. Esto evidencia algunos esfuerzos por resguardar la información en la web.

Generación de imágenes con IA

Batres comenta que las imágenes elaboradas con IA deberían regularse, especialmente cuando se utilizan con fines comerciales. Como ejemplo, menciona que Adobe emplea una IA llamada Firefly, la cual certifica que el modelo ha sido entrenado con imágenes libres y con permisos para su uso.

Firefly genera ciertos componentes que le ahorran tiempo al usuario, pero con la ventaja de que el estilo está autorizado, añade Batres. Esto busca evitar inconvenientes legales al utilizar IA.

“Estados Unidos cuenta con una regulación que indica que lo hecho con inteligencia artificial no es registrable como derecho de autor. Han estado en sintonía con la Unión Europea en el sentido de que todo aquello que se publique debe indicar si tiene o no intervención de IA”, comenta Batres.

Batres y Romero coinciden en que, si se utiliza IA en la creación de un contenido o trabajo profesional, debe aclararse qué porcentaje exacto proviene de esta tecnología.

En cuanto a las investigaciones, Galindo sugiere que, cuando se busque información mediante IA, es importante solicitarle que indique la fuente de la cual extrajo los datos. También se recomienda validar si, efectivamente, esa es la procedencia de la información.

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Consejos para la implementación de la IA

1. Sea transparente. Batres ejemplifica este aspecto con la redacción de una tesis: podemos utilizar IA para organizar ideas, pero no para crear el documento completo.
2. Lea los “términos y condiciones”. Revise cuidadosamente este apartado. Le permitirá ser más precavido con la información o imágenes que distribuya en canales digitales.
3. Cite correctamente. Si utiliza imágenes de IA, aclare que fueron producidas mediante esta tecnología. No obstante, es preferible utilizar ilustraciones creadas por seres humanos.
4.  Valore el trabajo humano. La IA no sustituye la creatividad humana.
5. Consulte a profesionales. Si necesita orientación específica sobre este tema, comuníquese con un especialista que le brinde atención personalizada.

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¿Qué cómics famosos pierden sus derechos de autor en EE. UU. durante este 2025?

Personajes universales como Tintín, Popeye y algunas obras literarias pierden sus derechos de autor en Estados Unidos de acuerdo con lo establecido por la ley de ese país.

María Alejandra Guzmán y Redacción AFP

1 de enero de 2025 | 14:19h

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Algunos cómics pasarán al dominio público de Estados Unidos este 2025. La imagen es ilustrativa. (Foto Prensa Libre: Unsplash)

El marino más famoso del mundo Popeye y el aventurero Tintín forman parte del dominio público estadounidense a partir de este 1 de enero de 2025. En años anteriores, estas gozaban de protección de derechos de autor, pero a partir de este día, dicho estatus se modifica.

Según información de la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos, los derechos de autor protegen a los creadores de “obras originales de autor”, tales como escritos literarios, dramaturgia, obras musicales, artísticas y algunas intelectuales.

De acuerdo con esta ley, la protección se goza durante un período específico. En este caso, la obra se encuentra protegida durante toda la vida de su autor y posteriormente, 70 años después de su muerte.

Al finalizar dicho período, el trabajo artístico pasa al dominio público de Estados Unidos de manera automática.

¿Qué obras pierden sus derechos de autor durante 2025?

Las estrellas universales del cómic Tintín y Popeye, y obras maestras de la literatura, el cine y la música de Faulkner, Hemingway, Hitchcock y Ravel -todas ellas de 1929- pasan este miércoles al dominio público estadounidense.

Cada 1 de enero, miles de libros, películas, canciones, música, obras de arte y personajes de cómic con 95 años de creación pierden sus derechos de autor en Estados Unidos. Esto significa que pueden copiarse, compartirse, reproducirse o adaptarse libremente de manera gratuita.

A finales de cada diciembre, el Centro para el Estudio del Dominio Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de Duke, en Carolina del Norte (sureste) publica la lista de obras culturales que han pasado a la posteridad.

Este 1 de enero de 2025, los protagonistas son Popeye el marino, creado en 1929 por el estadounidense Elzie Crisler Segar, y el reportero Tintín, presentado por el belga Hergé ese mismo año.

“En los últimos años, hemos celebrado la entrada en el dominio público de personajes fascinantes como Mickey Mouse (2024) y Winnie the Pooh (2022)”, señala Jennifer Jenkins, directora del centro, en su página web. “En 2025 expiran los derechos de autor de más encarnaciones de Mickey que se remontan a 1929 y de las primeras versiones de Popeye y Tintín“, señala la abogada.

Obras literarias, cinematográficas y musicales

El año 1929 fue también el de grandes obras de la literatura estadounidense y europea, adaptadas varias veces al cine. El ruido y la furia de William Faulkner, Adiós a las armas de Ernest Hemingway, Una habitación propia de Virginia Woolf y la primera traducción al inglés de Nada nuevo en el Oeste del alemán Erich Maria Remarque. Estas novelas legendarias también entrarán en el dominio público estadounidense a partir de este día.

En cuanto al cine, la Universidad de Duke menciona Blackmail de Alfred Hitchcock, la primera película sonora británica.

En canciones y música, la primera versión de Singin’ in the Rain, de los estadounidenses Ignacio Herbert Brown y Arthur Freed, adaptada en numerosas ocasiones, también ha perdido sus derechos.

Al igual que el famoso Bolero del francés Maurice Ravel, compuesto en 1928 pero registrado al año siguiente.

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Algunas de las principales publicaciones informativas de Francia, como los diarios Le Monde, Le Figaro y Le Parisien, anunciaron este martes que van a demandar a la red social X (antes Twitter) por utilizar sus contenidos sin remuneración, en violación de los llamados derechos afines.

La acusación a la red social del empresario estadounidense Elon Musk, fue avanzada en un comunicado de prensa conjunto y será presentada por las empresas editoras de los diarios Le Figaro, Les Echos, Le Parisien y Le Monde, y las revistas Télérama, Courrier International, Le Huffington Post y Le Nouvel Obs, entre otras, ante el Tribunal Judicial de París.

Una condena “representaría un avance en la implementación de las normativas legales sobre derechos afines”, señalaron los demandantes.

Anteriormente, esas publicaciones y la agencia francesa AFP habían iniciado un procedimiento de urgencia contra X y su filial francesa, argumentando que la plataforma ha rehusado negociar una compensación por el uso de sus contenidos.

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El 24 de mayo pasado, un juez del Tribunal Judicial de París les dio la razón y ordenó a la red social, en un plazo de dos meses, que proporcionara una serie de datos comerciales que permitieran evaluar los ingresos obtenidos de sus contenidos.

Sin embargo, hasta la fecha, X/Twitter “no ha cumplido” con este fallo, demostrando, según los periódicos, “su constante intención de evadir sus obligaciones legales” y justificando así esta nueva acción judicial, recalcó el comunicado.

En 2022, Google y otros gigantes tecnológicos enfrentaron regulaciones específicas en Francia para implementar la directiva de derechos afines.

En marzo de este año, la Autoridad de la Competencia multó a Google con 250 millones de euros por incumplir los compromisos establecidos en 2022.

“A diferencia de Google y Meta, X/Twitter nunca ha accedido a abrir negociaciones con los editores de prensa franceses para cumplir con el marco legal sobre derechos de autor y derechos conexos, pese a numerosos intentos de diálogo”, explicaron los periódicos en su comunicado.

Para leer más: La razón por la que una hija de Elon Musk se exiliará luego del triunfo de Trump en EE. UU.

Los derechos afines, establecidos en 2019 mediante una directiva de la Unión Europea, permite que los medios de comunicación sean remunerados cuando su contenido es reutilizado por grandes plataformas digitales y Francia fue el país que primero inició su aplicación a escala nacional. EFE

A Martin se lo conoce por su serie de novelas “Canción de Hielo y Fuego”, que luego se adaptó para televisión en la serie de HBO “Juego de Tronos”.

ChatGPT y otros modelos de lenguaje (LLM, por sus siglas en inglés) similares “aprenden” analizando grandes cantidades de información que por lo general se encuentran en línea.

La demanda argumenta que los libros de los dos escritores se habían usado sin su permiso para hacer que ChatGPT fuera más inteligente.

OpenAI, la compañía detrás del software, dijo que había respetado los derechos de los escritores, y que creían que “se beneficiarían de la tecnología de IA”.

Otros escritores reconocidos que se sumaron a la demanda incluyen a Jonathan Franzen, Jodi Picoult y George Saunders.

La demanda se presentó ante una corte federal de Manhattan, en Nueva York, de parte del Sindicato de Escritores, un grupo estadounidense que defiende los derechos de los escritores.

Según la demanda, OpenAI había incurrido en “robo sistemático a gran escala”.

Esta acción legal se suma a la demanda que presentó la comediante Sarah Silverman en julio, al igual que a una carta abierta que firmaron los escritores Margaret Atwood y Philip Pullman ese mismo mes pidiendo a las compañías de inteligencia artificial que los compense por usar sus trabajos.

Un portavoz de OpenAI dijo: “Estamos teniendo conversaciones productivas con muchos creadores alrededor del mundo, incluyendo el Sindicato de Escritores, y hemos estado trabajando de manera cooperativa para entender y discutir sus preocupaciones con respecto a la IA”.

“Somos optimistas en que podremos continuar encontrando formas que nos beneficien mutuamente al trabajar juntos”.

La IA desplaza a los humanos

La demanda argumenta que ChatGPT se alimentó de libros protegidos por derechos de autor sin consentimiento, lo que quedaría demostrado en que el sistema logró ofrecer resúmenes bastante aproximados de las obras.

La demanda también resalta una preocupación mayor en la industria de los medios, y es que este tipo de tecnología “desplazará el contenido hecho por humanos”.

Patrick Goold, académico de la City University de Londres le dijo a BBC News que, aunque entiende a los escritores de la demanda, cree que es difícil que esta prospere, ya que necesitarían probar que ChatGPT había copiado y duplicado su trabajo.

“Realmente no están preocupados por los derechos de autor, lo que les preocupa es el potencial de la IA como un asesino de trabajos”, dijo, comparándolo con las preocupaciones que expresan algunos de los guionistas de Hollywood que están actualmente en huelga.

“Cuando hablamos de automatización de IA y el reemplazo de la mano de obra humana, no es algo que simplemente se arregla con derechos de autor”.

“Lo que tenemos que hacer es ir al Parlamento y al Congreso y hablar sobre cómo la IA va a desplazar a las artes creativas y qué podemos hacer sobre eso en el futuro”.

Este caso llega después de que artistas digitales demandaran a los generadores de imágenes Stability AI y Midjourney en enero, asegurando que solo podían funcionar si se entrenaban con trabajo protegido por derechos de autor.

Y OpenAI también se está enfrentando a una demanda, junto a Microsoft y al sitio de programación GitHub, de un grupo de expertos en computación que dicen que se usó parte de su código sin su permiso para entrenar a una IA llamada Copilot.

Ninguna de estas demandas se ha resuelto hasta el momento.

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El derecho de autor protege y reconoce a los creadores, las personas cuyo nombre o pseudónimo se haga constar en obras originales literarias, artísticas o intelectuales, y las prerrogativas de naturaleza moral o patrimonial sobre ellas y que puedan ser objeto de divulgación o reproducción por cualquier medio, explica el escritor, editor y ensayista Gustavo García Fong, del departamento de análisis jurídico de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes).

Estos derechos están regulados por la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, decreto 33-98, por la Ley de Propiedad Industrial, decreto 57-2000, y por el Convenio de Berna del que Guatemala es parte.

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El derecho de autor, prosigue García Fong, comprende los derechos morales y patrimoniales. Los primeros se refieren a reconocer la “paternidad” del autor sobre su obra y el respeto a la misma. Estos le otorgan al autor las facultades de exigir que su nombre y el título de la obra sean reconocidos cuando la misma se cite o publique.

También puede oponerse a las modificaciones o adaptaciones de la obra que no cuentan con su autorización, dejar la obra inédita o publicarla de manera anónima o con seudónimo, y modificarla en cualquier tiempo o retirarla de la circulación. Se debe tener en cuenta que estos derechos surgen desde el momento de la creación de la obra, sin necesidad de registro, y le corresponden al autor de manera personal e irrenunciable, lo cual impide enajenarlos y embargarlos, son imprescriptibles y de ilimitada duración, añade.

Los derechos patrimoniales, por su parte, se refieren a la facultad de aprovecharse y disponer económicamente del producto de la creación intelectual por cualquier medio. A diferencia de los anteriores, estos son renunciables, embargables y prescriptibles, dice García Fong.

“La ley resguarda no solo a los autores que escriben la letra o música de una pieza, sino también a los intérpretes, ejecutantes y productores de fonogramas, lo cual se conoce como derechos conexos”, expone Karen Culajay, directora general de Musicartes.

Según el Departamento de Derechos de Autor, del Registro de Propiedad Intelectual (RPI) del Ministerio de Economía, en los últimos tres años se han ingresado 550 solicitudes para otorgar derechos de autor (185 en el 2019; 169 en el 2020, y 196 en el 2021) y se otorgaron 541 (156 en el 2019; 184 en el 2020, y 201 en el 2021).

La propiedad industrial protege signos distintivos —marcas, señales de publicidad, nombre comercial, entre otros—, secretos empresariales, patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales, indica Díaz-Durán.

Una patente de invención es un derecho exclusivo que concede el Estado a una persona individual o jurídica para la protección de una invención y que proporciona derechos exclusivos que permitirán utilizarla y explotarla en Guatemala, lo que impide a terceros el uso indebido sin su consentimiento, detalla el Departamento de Patentes y Diseños Industriales del RPI.

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El objetivo principal de patentes, añade Lorena Escobar, directora de asesoría jurídica de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, es incentivar la creación e innovación, al permitir que el inventor, que ha gastado energía y recursos en crear algo nuevo, pueda obtener una retribución. Para considerar una creación como invento, esta debe ser novedosa, que no haya sido divulgada o conocida por el público antes de la presentación a su registro, y que no haya sido probada en la industria ni acogida y aceptada por fabricantes, representar un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica, ser susceptible de aplicación industrial y que tenga un uso específico, sustancial y creíble en la actividad productiva, destaca Escobar.

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Derechos de autor en la Arquitectura

“Esta protección es territorial, por lo que se debe gestionar el registro en cada país en el que se desea que se aplique”, precisa Díaz-Durán.

De acuerdo con registros del Departamento de Patentes, en el 2019 se inscribieron 30 patentes de invención; en el 2020, 57; en el 2021, 61, y hasta el 9 de septiembre de este año, 40.

Datos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, del 2021 señalan que a nivel global la mayoría de patentes solicitadas y publicadas versan sobre ingeniería eléctrica, que incluye aparatos electrónicos, telecomunicaciones y tecnología para computadoras, y de biotecnología, refiere Díaz-Durán.

“La mayoría de patentes solicitadas en Guatemala son extranjeras, por lo que la tendencia es la misma para nuestro país”, agrega.

Problemas comunes

En relación con los derechos de autor, los problemas que surgen son la reproducción de una obra, por cualquier medio, ya sea impreso, fotográfico, audiovisual o electrónico, sin citar la fuente de donde se toma la información, o hacerlo sin la autorización del autor, señala García Fong. Además, comunicar públicamente la obra por cualquier medio, transformarla o distribuirla, sin permiso del autor.

En el caso de las patentes de invención, los principales inconvenientes ocurren cuando el titular no paga la tasa anual para mantener la vigencia de la misma, la cual tiene un plazo máximo de 20 años, siempre que haya cancelado sus tasas anuales, un aspecto que muchas veces se le olvida al titular y genera, como consecuencia, la extinción de pleno derecho de la vigencia de la patente, expone el Departamento de Patentes y Diseños Industriales. A ello se suma cuando al titular le copian su invento sin tener la autorización respectiva, al no poseer una licencia contractual de uso. Díaz-Durán hace énfasis en que los principales perjuicios a nivel mundial son la piratería y la falsificación.

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Pago de regalías

Para usar una canción para una película, grabarla para un disco, subirla a plataformas digitales o reproducirla en establecimientos para fines comerciales, por ejemplo, se necesita la autorización de los creadores —autores de la letra, música y productor—, para lo cual se otorga una licencia a cambio de un remuneración, indica Culajay, quien afirma que una tercera parte de los ingresos de los artistas proviene de los derechos de autor.

A causa del gran número de artistas y de canciones, se constituyen sociedades o entidades de gestión colectiva, como Musicartes, Asociación de Autores, Editores e Intérpretes de Guatemala (AEI) y Asociación Guatemalteca de Gestión de la Industria de Productores de Fonogramas y Afines, para que que se reconozcan los derechos de autor mediante la emisión de licencias, en especial el repertorio de los artistas asociados a los empresarios que usan las obras, quienes pagan derechos según un tarifario, y se retribuya con equidad. En Musicartes, dice Culajay, los asociados activos reciben un monto anual que varía cada año.

Margarita de Cáceres, directora de AEI, manifiesta que esta sociedad, además de proteger las obras a nivel mundial y el pago de regalías por el uso de estas, brinda a sus socios seguro de vida, servicio médico y funerario, entre otros beneficios. Sin embargo, el obstáculo más grande para los derechos de autor en el país es el desconocimiento de la ley y la negativa de algunos usuarios de la música de obtener la autorización para el uso de las obras.

En cuanto a las obras impresas, Raúl Figueroa Sarti, director de F&G Editores, dice que las editoriales suelen pagar al autor el 10 por ciento sobre el precio de venta del libro. “Lo ideal es que la editorial que desea publicar una obra establezca un acuerdo con el autor. Si este falleció, con los herederos de los derechos, que tienen una vigencia de 75 años después de la muerte del autor, durante los cuales cualquier editorial está obligada a pagar regalías por el uso comercial de la obra. Una vez transcurrido ese período, la obra pasa a ser de uso público, pero nadie puede alterarla. “

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En Guatemala, el pago por derecho de autor es mínimo; en lugar de que reciban algo por la publicación, la mayor parte de autores paga para que publiquen su obra, por limitaciones del mercado”, puntualiza. Las regalías también se pagan en especie, con libros, si así se acordó con el autor, añade, al hacer ver que no conoce de conflictos legales entre autores y editores. No obstante, hay casos en que algunas imprentas reproducen libros de manera ilegal y los venden a muy bajo precio, pues no pagan costos de distribución, ni impuestos ni derechos de autor.

“En Guatemala faltan recursos para investigar la piratería y no es fácil determinar los elementos que permitan probar que se cometió un delito al imprimir libros sin autorización, ni hay apoyo por parte del Estado para efectuar esta persecución”, dice.

El dramaturgo y escritor Ricardo Martínez argumenta: “Guatemala no es un país donde los teatristas puedan enriquecerse con su producción cultural. En ocasiones recuperamos los costos de las producciones teatrales, pero en qué situación estaremos si iniciamos un proceso judicial porque alguien se apropió de nuestras obras, si las utilidades son ínfimas. Sería una batalla jurídica estéril. En Guatemala creamos obras para uso doméstico y no tenemos perspectivas de que podamos obtener reconocimiento intelectual por los derechos de las mismas en otros países. Los artistas somos muy demandantes y el reconocimiento que el público nos da es fundamental para nosotros y que nos den los créditos correspondientes. No pretendemos enriquecernos con esto, pero sí contribuir en algo con la dramaturgia nacional”.

Violación al derecho de autor

• Según el artículo 274 del Código Penal (CP), la violación al derecho de autor es un delito —salvo los casos contemplados en leyes o tratados sobre la materia de los que Guatemala sea parte— que será sancionado con prisión de uno o seis años y una multa de Q50 mil a Q700 mil.
• Según el artículo 275 del Código Penal, se sancionará con prisión de cuatro a seis años y multa de Q50 a Q100 mil a quien viole los derechos de propiedad industrial, amparados por una patente de invención o por un registro de modelo de utilidad.
• Además, la ley establece la reparación del daño, en el caso de de propiedad industrial, mediante el pago de hasta 10 veces el valor del producto por cada producto infractor.
• Según la Ley de Propiedad Intelectual, corresponde al Ministerio Público (MP), que tiene una Fiscalía de Sección de Propiedad Intelectual, ejercer la acción penal en contra de los responsables de los delitos y faltas en materia de Propiedad Industrial en el CP.
• Asimismo, la ley contempla medidas para que cese la violación de derechos de autor, aunque en la práctica son poco efectivas, pues el MP recibe las denuncias y trata de darles seguimiento, pero es preciso fortalecerlas, puntualiza Karen Culajay.

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Según estadísticas del Registro de la Propiedad Intelectual (RPI), respecto a marcas y otros signos distintivos (logos, nombres comerciales), del 2011 al 2013 hubo alrededor de 11 mil solicitudes de registro por año y fueron resueltas alrededor de 7 mil anuales.

Las cifras subieron y del 2014 al 2018 las solicitudes pasaron de 12 mil anuales y los registros concretados, entre 9 mil 500 y 10 mil 500. En el 2019 hubo una baja hasta 8 mil 320 solicitudes y se concretaron 6 mil 249 registros.

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Luego de esa caída, en el 2020 hubo una recuperación, aunque no se llegó a niveles de años anteriores porque se recibieron 10 mil 409 y se realizaron 6 mil 097 inscripciones. La cifra más alta se observó en el 2021 con 13 mil 650 y 9 mil 331 respectivamente. En el 2022 van 3 mil 3 y 2 mil 837, según cifras a marzo.

Respecto a las patentes de invención, del 2011 al 2015 rondaron entre 300 y 400 solicitudes y las resueltas superaban los 100 anuales. Del 2016 al 2021 se refleja una baja, ya que se requirieron entre 200 y 300 anuales y las resoluciones han sido menos de 100 por año.

En este segmento hubo una baja en el 2020, primer año de la pandemia, con la cifra menor en los últimos 12 años, con 222 solicitudes, aunque hubo 93 resoluciones, cifra más alta que en otros períodos.

Y respecto a las de diseños industriales, en el 2021 hubo 95 solicitudes y 34 registros; a marzo del 2022 van en 9 y 2 respectivamente.

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En cuanto a los modelos de utilidad, las solicitudes rondaban entre 10 y 26 del 2011 al 2019, y los registros entre 4 y 20. También se notó una caída en el 2020, con solo 3 solicitudes; en el 2021 hubo 5 y a marzo de este año no se reportaba ninguno.

Los plazos actuales

Los tiempos para registrar varían, según el segmento: para las marcas la ley maneja plazos y para que salga un registro se requerirán 5 meses, si no hay alguna objeción o requerimientos adicionales, aparte del tiempo en que el usuario se tarde en responder. Además, hay un plazo para expresar oposición a una marca y en la práctica, el proceso puede durar entre 6 y 8 meses.

Para las patentes de invención o de diseño industrial, el trámite puede llevar de 5 a 7 años, mientras que las obras, como parte de los derechos de autor, implican unos dos meses de espera.

Mejoras pendientes

De acuerdo con la abogada Hania Krück, directora de Propiedad Intelectual de la firma de abogados Innova IP – A.D. Sosa & Soto, muchas personas no se asesoran correctamente, y un expediente les puede tomar mucho tiempo por desconocimiento de temas como los procedimientos, los requerimientos y los criterios de registro, aspectos llegan a representar retrasos considerables.

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Sin embargo, considera que el RPI también tiene carencias, ya que falta mejorar toda la parte del sitio web y servicios electrónicos. No obstante, se puede revisar si una marca o nombre está disponible, si funciona la página. Todo lo anterior, tiene varias incidencias:

• Implicación internacional: la abogada Krück y Ana Lucía Contreras, asesora legal de la gerencia de Competitividad de Agexport, añaden que hace falta emitir legislación de Propiedad Intelectual derivada de compromisos en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, como la ley para registro y protección para variedades vegetales.
• Leyes desactualizadas: La Propiedad Intelectual se rige por varias leyes, como el decreto 57-2000 Ley de Propiedad Industrial, y el decreto 33-98, Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos. En términos generales, es una legislación bastante similar a la del resto de Centroamérica, pero hace falta actualizar algunos puntos.

Además, han ocurrido errores como el hecho de que hubo una reforma con otro decreto que posteriormente se derogó y por ejemplo, la parte de variedades vegetales quedó sin vigencia, por lo que es urgente legislar para que cualquier mejora en las variedades quede protegida y haya un responsable.

• Demoras: Aunque los tiempos de registro se han ido automatizando, algunos procesos aún requieren la asistencia presencial de las personas, pues para obtener el título de la marca se hace el pago de forma electrónica, pero el interesado se debe presentar en forma presencial o física para que se inicie el trámite para la marca. Por otro lado, la entidad trae una presa de expedientes, además de que no se informa adecuadamente sobre las facilidades y procedimientos para hacer registros.
• Comunicación: No se da a conocer la importancia de la Propiedad Intelectual cuando se cuenta con una marca, nombre comercial o imagen, las que pueden registrarse como un valor, así como los nuevos productos y servicios. Especialmente, para los sectores artesanal y emprendedor.

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La piratería se diversifica

El presidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (Amcham), Juan Pablo Carrasco, opina que han existido avances en la digitalización para buscar que se aceleren los trámites, pero a su criterio, el reto más grande sigue siendo la falsificación, el contrabando y las violaciones de propiedad intelectual no solo de marcas internacionales, sino también nacionales.

Y ha habido auge de falsificación de marcas en el mundo digital, ahora que existe una gran parte de las actividades comerciales y de servicios en modalidad electrónica. También se da el tema de piratería, dominios, perfiles y logos falsos o no autorizados, por lo que es importante modernizar la legislación, además se debe acoplar a acuerdos internacionales incluyendo la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI).

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A propósito, Guatemala no se ha suscrito a la convención internacional sobre la materia, de manera que los reclamos que hacen por la vía digital, demoran más. A su juicio, cada vez hay más conciencia sobre la importancia de proteger la propiedad intelectual y cada vez más hay marcas y derechos de autor nacionales, así como códigos fuente de software. Pero por desconocimiento, costos y burocracia, las personas no acuden a hacer los registros.

RPI: “Se trabaja en todos los temas”

Ingrid Rivera, Registradora de la Propiedad Intelectual, se refirió a todo lo anterior, indicando que unas leyes necesitan más actualizaciones que otras pero estas son más encaminadas a que Guatemala está pendiente de ratificar convenios internacionales como el Tratado de Colaboración de Marcas (TLT).

Respecto a la necesidad de actualizar servicios digitalizados, es un tema administrativo que el Registro debe solventar y ante la necesidad de impulsar la importancia de registrar las marcas, patentes y otros, refirió que en ocasiones, las personas desconocen que algo es protegible y puede generar ingresos.

En otros países han creado políticas públicas de propiedad intelectual, y en Guatemala se empezó a elaborar una estrategia en el 2015, pero se trabaja en la elaboración de una Política Nacional al respecto.

Respecto a las obras de arte, literarias, canciones y poemas, entre otros, en las que también entran aplicaciones y programas tecnológicos, afirma que no hay necesidad de registrarlas porque las protege el Decreto 33-98 y queda a criterio del creador, registrar sus obras o no.

En el caso de las tesis universitarias, entran en la parte de protección del decreto en mención como Derechos de Autor y también están protegidas.

Anualmente, la Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de Industria (Crecig) organiza un simposio en el que se debate un tema y se simula la resolución de un arbitraje.

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El conflicto entre músicos y comerciantes por la Ley de Derechos de Autor

En esta ocasión, la importancia de los derechos de autor y derechos conexos fueron los puntos de discusión. El tema coincide con una de las controversias que ha enfrentado recientemente a grupos de artistas nacionales y empresarios:  el pago por el uso de las canciones en espacios públicos.

Estas fueron las conclusiones que surgieron durante la discusión:

• Las nuevas tecnologías y plataformas implican un nuevo reto para la protección de los derechos de autor porque las obras en formatos digitales y electrónicas hacen muy sencilla la difusión. La impresión es que la realidad está avanzando a un ritmo tan rápido que las leyes se han quedado atrás.
• Existe un gran desconocimiento de la normativa sobre derechos de autor, tanto de parte de los representantes legales como de los autores y creadores de obras. Esto puede generar conflictos y diferencias en contratos y en la difusión de las obras, piezas artísticas, entre otras.
• En el ámbito internacional hay muchos tratados que regulan los derechos de autor y que protegen a los artistas de las violaciones que pudieran darse, a la propiedad intelectual.
• A diferencia de otros países, en Guatemala algunos elementos que forman parte del patrimonio cultural no están protegidos de una forma legal. Por ejemplo, los tejidos típicos no están catalogados formalmente como propiedad intelectual colectiva y eso permite propicia la reproducción de replicas e imitaciones en otros países.
• La recomendación para los artistas y autores es asesorarse correctamente para evitar conflictos legales. Esto se puede lograr a través de contratos simples y claros. Además, es recomendable considerar métodos alternativos para la resolución de controversias legales, de tal forma que se logren negociaciones que beneficien a ambas partes.

Los expertos invitados fueron: Pedro Yúfera, árbitro internacional y autor literario; Silvia Hernández, encargada del Departamento de Derecho de Autor del Registro de la Propiedad Intelectual; Álvaro Castellanos Howell, presidente de CRECIG y Keneth Figueroa, árbitro internacional.

También participaron: Karina Calderón, presidenta de la Cámara Guatemalteca de Propiedad Intelectual y los abogados expertos en el tema, Edwin Melini y Santiago Mayora.

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Aforo

Música y teatro, ambos tipos de propuestas son las más palpables para la audiencia guatemalteca, debido a que destacan en la agenda cultural y de entretenimiento. Detallar los requerimientos para concretarlos es el interés de este reportaje.
De acuerdo con varios productores que solicitaron permanecer en el anonimato, la dinámica suele ser desalentadora para algunos y desisten luego del primer intento. Otros, ya familiarizados con los procesos, persisten al organizar conciertos y temporadas teatrales, pero son muy cautos con sus propuestas. Comentan que en aras de recuperar la inversión, no apostarían por un espectáculo que interesaría a un reducido sector.
En ese sentido, ni una obra teatral muy experimental o ninguna cantante demasiado alternativa se presentarían, respectivamente, en la Sala Efraín Recios del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias o en cualquier estadio. En ambos casos llenar el lugar sería bastante difícil y la capacidad juega un papel determinante en la obtención de la licencia.
El papeleo ante las diferentes entidades es el eslabón menor de la cadena para tal permiso, pues hay un elemento que determina el riesgo de inversión de todo productor y este tiene que ver con la cantidad de espectadores que lleguen.
¿Por qué? Porque se logre o no la venta de boletos, es sobre el aforo que se calculan los porcentajes de las regalías que por adelantado se deben pagar a Autores, Editores e Intérpretes (AEI), una sociedad de gestión colectiva de derechos de autor; así como a la Asociación Guatemalteca de Gestión de la Industria de Productores de Fonogramas y Afines (Aginpro), y al Instituto de Previsión Social del Artista Guatemalteco (IPSA), que también toma un porcentaje.
Esta es una de las principales inconformidades de los productores, pues el monto que deben cancelar a AEI  y Aginpro es arbitrario. Consultadas ambas entidades, explican a qué se debe esa percepción, e indican que no son criterios antojadizos, pues la cantidad a pagar difiere debido a la capacidad máxima donde se lleve a cabo la actividad.
 

Aginpro

Las tarifas vigentes de Aginpro fueron aprobadas en el 2010, y publicadas en el Diario de Centro América el 25 de noviembre de ese año. Su tarifario no se limita a conciertos u obras teatrales (espectáculos públicos), norma también la música de fonogramas difundida en radioemisoras, televisión, bares, discotecas, restaurantes, centros comerciales, cines y gimnasios. Para cada uno, hay un apartado que suman 31 tipos de escenarios posibles a regular.
En la cuarta de las consideraciones generales se detalla que el importe establecido toma por base “la unidad de salario mínimo vigente (USMV) para los trabajadores del sector agrícola”, que según el Acuerdo Gubernativo No. 303-2015, para el 2016 es de Q81.87. Aginpro podrá, cuando lo considere conveniente, prescindir de esa unidad de medida, y “utilizar otra fórmula, estática o escalonada o por crearse, como lo es el aforo”.
Para la mayoría de casos se aplica desde una hasta 50 USMV, en atención a la capacidad del público. Por ejemplo, un bar donde caben de 25 a 99 personas, son 15 USMV (Q81.87 por 15 = Q1,228.05 mensuales)  mientras que para uno de más cien son 20, (Q81.87 por 20 = Q1,637.40).
En el caso de conciertos y obras de teatro se pide al productor que determine si la música será parte vital del show. Si será mínima se establece el uno por ciento sobre el total de la taquilla, pero si la música a reproducir es vital durante el evento, el porcentaje será del cinco por ciento. Para determinar esto el productor debe detallar la música que utilizará.  Es uno por ciento si esta será un recurso aislado durante una parte de una obra de teatro, un monólogo o ballet; o bien si será solo ambiental, es decir, antes de un concierto, mientras suceden cambios durante el mismo (entre y una u otra banda, por ejemplo) o cuando este ha concluido.
La  Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias tiene capacidad para 2 mil butacas, si el lleno total de un evento sucediera y el ingreso de taquilla fuera, hipotéticamente, de Q25 mil, a Aginpro se deberá cancelar Q250 por adelantado. Existe la opción de dejar un anticipo y luego, al contrastar el documento que la SAT emite sobre la venta de boletos, se determina la cantidad que hace falta, o si procede una devolución. La mayoría de productores opta por la primera alternativa. Se da el caso, en atención a la naturaleza del evento, como puede ser de fines benéficos, que la Asociación extienda una carta de exoneración. Y si un evento utiliza música libre de pagos de regalías, la entidad detalla esa situación en una carta, que es uno de los requisitos que el interesado debe presentar en Espectáculos Públicos para contar con su licencia.
 

AEI

Aginpro vela por los derechos de los materiales producidos por sellos discográficos. La AEI por los derechos del autor de una letra y del compositor y el editor de una canción. El Decreto 33-98 del Congreso de la República, Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, permite sus operaciones. “Una vez autorizadas las sociedades de gestión colectiva, estarán legitimadas para ejercer los derechos objeto de su gestión y hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos y judiciales, sin aportar más título y prueba que su propios estatus. Salvo prueba en contrario, se presume que la sociedad tiene la representación de los derechos reclamados”, se detalla en su artículo 116.
Esta otra entidad, además de autorizar el uso musical en conciertos y obras teatrales, ve también su ejecución en los comercios. Como los hace Aginpro, tiene una unidad que determina el monto que cobra, en atención al tipo de negocio y su capacidad. Para ello AEI utiliza la Unidad de Derecho de Autor (UDA), que toma como base de cálculo el salario mínimo vigente en el país para un trabajador no agrícola. Para este año, es también de Q81.87. El mínimo de UDA que impone es 1, el máximo, 80.
En lo correspondiente a los espectáculos públicos, emplea tarifas fijas: 3.5 por ciento para conciertos y 1.75 por ciento cuando se trata de una obra donde, aunque haya música, esta no es parte determinante del evento, como ejemplo, una obra teatral. La entidad aclara que aunque corresponde el 10 por ciento, cobra el 3.5 por ciento.
El productor debe pagar por adelantado, también en atención al aforo y del boletaje total. Con esta entidad la mayoría opta por dejar un anticipo y saldar cuentas una vez presenta el documento que la SAT emite y en el cual se detalla lo recaudado en la taquilla.  Cuando procede, se lleva a cabo una devolución.
 

IPSA

El porcentaje que IPSA requiere es de tres por ciento a toda actividad y la aplica también sobre el aforo. Esta entidad vela por la seguridad social de los artistas y los fondos que recibe los destina a pensiones y beneficios a sus afiliados. En el Instituto están representados nueve grupos artísticos: el Sindicato de Músicos Unidos de Guatemala, la Asociación de Payasos y Cómicos de Guatemala, el Sindicato de Trabajadores y Artistas Circenses, la Asociación Mutualista de Veteranos de la Música, la Asociación de Cantantes, Magos y Artistas de la Comicidad, la Asociación Nacional de Actores y Técnicos, el Sindicato de Trabajadores de las Artes Plásticas, la Cámara de Locutores Profesionales de Guatemala y la Asociación Guatemalteca de Autores y Compositores.
De los 1,800 afiliados, 220 están jubilados. Cada año, el 27 de octubre, Día del Artista Nacional, se suman 18. Los requisitos son contar al menos con 50 años de edad y una década de trayectoria artística. Además de la pensión, el Instituto sostiene programas de clínicas médicas, odontología, psicología y medicina general. Da también becas de preprimaria y primaria y cuenta  con una casa hogar, una funeraria y un panteón en el Cementerio General.
 

Descontento

Los productores consultados reconocen que es vital para el país que crezca la cultura de reconocer a los derechos de autor. Coinciden al señalar que hay casos concretos donde las regalías llegan también a los artistas nacionales y que otros comienzan a conocer los beneficios de estar asociados. Eso lo ven bien, pero en lo que discrepan es que las tarifas apliquen por igual a un evento de corte comercial, que suele contar con mejor presupuesto de inversión, que a una propuesta artística independiente, donde la realidad económica contrasta. Tienen, además, poca certeza del uso total de lo recaudado y consideran que una parte debería ser retribuida en favor del arte de una manera más palpable.
El bailarín y coreógrafo Fredy Corado comenzó hace algunos meses con la página Encuesta Artística, en la cual desde la plataforma de Facebook, consulta a los artistas de varias disciplinas acerca del trabajo que realizan Aginpro, AEI e Ipsa.
Los resultados preliminares, indican,  que instituciones de este tipo limitan las propuestas de creación artística. “La mitad de artistas no saben de su existencia”, dice, ni de las autorizaciones o licencias que otorgan. Algunos encuentran “demasiado difícil obtenerlas y al final optan hasta por dejar de hacer sus producciones por las dificultades que ponen”.
 

Nueva ley

La Ley de Espectáculos Públicos data de 1956, desde la Dirección de Espectáculos Públicos se trabaja en una propuesta para reformar y actualizarla. Dicha entidad, una vez se completen los requisitos y pagos de derechos de autor y licencias, es la que tiene la potestad de aprobar su realización. La legislación actual determina que, en el caso de no contar con esta licencia, la multa máxima es de Q500.
La actualización busca reflejar la realidad nacional actual, por ejemplo, en los temas de economía y cultura. Así también vincular la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos y se corresponda con los compromisos internacionales en esa materia. También se incluiría lo relativo a los derechos de la niñez y adolescencia, en lo que concierne al enfoque de los espectáculos, para que no afecte los intereses sociales. La reforma, de momento, no realizaría cambios en el proceso de obtención de la licencia.
 

Más trámites

Las constancias que Ipsa, Aginpro y AEI emiten, son tres de la docena de requisitos que en promedio Espectáculos Públicos solicita para otorgar la licencia de un espectáculo. Aunque varían en pocos puntos, para conciertos y obras de teatro o danza, hay una lista distinta.
La lista de requisitos, en cada lugar, es la siguiente.
 

Espectáculos Públicos

El Acuerdo Ministerial 1106-2015 detalla los requisitos para la autorización de presentaciones de artistas y grupos nacionales y extranjeros en Guatemala. El Acuerdo indica que las personas o empresas interesadas en la presentación con fines lucrativos o benéficos, de artistas individuales y de grupos artísticos nacionales deberán dirigir una solicitud, en original y copia a la Dirección de Espectáculos Públicos de la Dirección General de las Artes del Ministerio de Cultura y Deportes.
Dicha oficina se encuentra en el tercer nivel del Palacio Nacional de la Cultura, en donde el interesado deberá proporcionar los siguientes datos y requisitos.
Datos de identificación personal del responsable del evento.
Lugar para recibir notificaciones y/o citaciones, incluyendo domicilio fiscal, número telefónico y correo electrónico si lo tuviera.
Cantidad de boletaje de acuerdo a la capacidad del aforo donde se hará la presentación y el valor de la admisión por sector.
Firma del solicitante o su representante legal.
Constancia en la que indique la capacidad de locación (butacas, sillas, asientos, etc.), incluyendo un área para personas con discapacidad, extendida por la persona individual o jurídica propietaria, arrendataria o administradora del local donde se realizará el espectáculo; esto con el fin de determinar el número exacto de las personas que ingresarán.
Fotocopia de la certificación emitida por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) en la que indique la capacidad de locación (butacas, sillas, asientos, etc); esto con el fin de determinar el número exacto de las personas que ingresarán al evento. Este documento se conoce como el NRD2.
Fotocopia del documento personal de identificación del responsable del evento.
Documento que acredite la representación legal del solicitante.
Fotocopia de la patente de comercio (relativa al negocio).
Fotocopia del carné del Número de Identificación Tributaria (NIT) o del Registro Tributario Unificado (RTU).
Carta de compromiso de la persona responsable de control y orden del evento y constancia de evaluación del riesgo, realizada de conformidad con la Conred. Este documento se conoce como NRD4.
Carta de compromiso de la empresa o institución que prestará servicios médicos de primeros auxilios en el evento, detallando las características de la prestación del mismo.
Acreditación documental de la autorización de los titulares de los respectivos derechos de autor y derechos conexos o en su caso de la sociedad de gestión colectiva que corresponda. Estas son las constancias que se tramitan en Aginpro, AEI e Ipsa.
Copia del aviso presentado a la entidad reguladora del tránsito vehicular de la localidad respectiva a fin de que esta realice el control correspondiente en los alrededores de donde se presentará el espectáculo.
Carta de compromiso del responsable del evento, garantizando y facilitando la entrada de los inspectores de la Dirección de Espectáculos Públicos, que supervisarán el evento, así como también deberán proporcionar gafetes o brazaletes para el ingreso de los inspectores. El inspector deberá presentar su identificación como trabajador de la Dirección.
Fotocopia del contrato del artista, cuando sea una presentación internacional.
Fotocopia del contrato cuando se presente un artista nacional y, que dentro de sus cláusulas establezca: 1) El artista que abra el evento tendrá igualdad de condiciones técnicas como el artista nacional y 2) que el artista nacional acorde de un espacio publicitario acorde al evento.
 
*Los documentos presentados en fotocopia deberán ser autentificados por notario. El trámite es gratuito.
Si lo que se gestionará ante Espectáculos Públicos es una licencia para una obra de teatro, los requisitos son:
Solicitud dirigida a Espectáculos Públicos con los siguientes datos: Datos de identificación personal del propietario o representante legal de la empresa organizadora del evento. Lugar para recibir notificaciones y/o citaciones, y número telefónico. Especificar la clase de espectáculo que desea presentar, fecha, hora y dirección. Cantidad de boletaje de acuerdo al aforo del lugar de presentación, por sectores si los hubiera. Valor de admisión sectorizado, si lo hay. Firma del solicitante.
Carta indicando el aforo del local, extendida por la empresa donde se realizará el evento.
Fotocopia autenticada del Documento Personal de Identificación (DPI) del propietario o representante legal de la empresa organizadora del evento.
Fotocopia autenticada del acta notarial de nombramiento o mandato que acredite la representación del solicitante.
Fotocopia autenticada de la patente (s) de comercio relativo al negocio.
Fotocopia autenticada del NIT o RTU.
Carta de compromiso de la empresa de seguridad, legalmente autorizada que presentará sus servicios en el evento; características y detalles del servicio a prestar.
Carta de compromiso de la empresa o institución que prestará los servicios médicos de primeros auxilios al evento, detallando las características del servicio.
Solvencia de pago de timbres del Ipsa.
Sinopsis de la obra teatral.
Gafetes de ingreso al evento para los inspectores nombrados, que garantice el libre acceso a todas las áreas donde se desarrollará el evento.
Pago de derechos de autor y conexos, si hay música.
*Se realizará inspección el día evento. Todo documento que se presente en fotocopia deberá ser autenticado. Todo trámite en la Dirección de Espectáculos Públicos es totalmente gratuito. La licencia deberá recogerse a los ocho días después de haber presentado la solicitud. Si la obra presenta artistas extranjeros deberá adjuntar copia del contrato. La empresa o persona individual que presente espectáculos sin la debida autorización será objeto de una sanción, conforme la legislación vigente.
 

Ipsa

Todo tipo de evento paga tres por ciento sobre el ingreso de la taquilla. Si es un evento con artista internacional, debe incluir a un solista o grupo guatemalteco. Si el productor decide no incluirlo, deberá cancelar el diez por cierto.  El pago es por fecha, es decir, si un concierto será un viernes en la capital y el sábado siguiente tendrá una segunda presentación en un departamento, hay que cancelar tres por ciento por cada uno.
Para la entrega de la solvencia, además del pago, Ipsa pide información y documentos como:
Llenar un formulario con datos generales del evento: nombre de la empresa organizadora, lugar de la presentación, fecha y el aforo.  También solicita documentos que comprueben la representación legal de la empresa: patente, el nombre del representante legal, sus datos y documentos de identificación,
El pago se hace en la caja del Instituto, solo se acepta cheque de caja.
 

Aginpro

Una carta suele ser todo el trámite. El documento debe indicar básicamente el nombre del responsable del evento, la fecha y lugar del evento, el aforo y ser claro al indicar si utilizarán música grabada, idealmente se debe adjuntar el nombre de los temas que se reproducirán.
Los inspectores de Aginpro llegan al evento para verificar que la información proporcionada haya sido real. Si el productor mintió, la siguiente ocasión tendrá que realizar una declaración jurada si vuelve a organizar otro evento.
Después de realizar el pago correspondiente, Aginpro extiende el documento que Espectáculos Públicos requiere.
 

AEI

Se debe presentar una solicitud escrita, en la que se indiquen datos generales del evento y del solicitante, así como adjuntar cierta papelería y llenar un formulario.
Fotocopia de DPI, del NIT o RTU
Fotocopia de la patente de comercio
Fotocopia de un recibo de servicio de energía eléctrica, que corresponda con la dirección fiscal.
Llenar un formulario IVE, para la prevención de lavado de dinero.
Solicitud dirigida a AEI con los siguientes datos: fecha, lugar, nombre del representante, nacionalidad de los músicos y sus nombres, el aforo, el repertorio de los temas.
Se debe dejar un depósito en garantía, acorde a la magnitud del evento. También, dan dos gafetes par que los inspectores hagan su labor de verificación.
 

Fuentes: Daniel Monterroso,  Coordinador de Gestión de Aginpro. Alberto Asencio, Jefe de Recaudación de AEI. Isabel Trejo, Presidenta de Junta Directiva de Ipsa. Carlos Donis, Director de Espectáculos Públicos. Fredy Corado, de la página Encuesta Artística.

En la lista están también Argelia, Argentina, Chile, Indonesia, Kuwait, Tailandia, Ucrania y Venezuela.

“Es más importante que nunca evitar que gobiernos extranjeros y competidores estafen a los innovadores de Estados Unidos”, explicó el responsable de Comercio, Michael Froman.

Ecuador y Pakistán salieron de la lista este año. Ecuador restableció sanciones penales para la falsificación a gran escala mientras que Pakistán creó tribunales de propiedad intelectual.

La demanda presentada el año pasado por el grupo People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) pedía una orden judicial que permitiera a la organización representar al mono y permitirle que gestionara todos los beneficios de las fotos en interés del mono, identificado como Naruto, de seis años, y de otros macacos negros crestados que viven en una reserva en la isla indonesia de Sulawesi.

Las fotos se tomaron durante un viaje a Silawesi en 2011 en una cámara que había dejado sin supervisión el fotógrafo británico de naturaleza David Slater, que pidió al tribunal que desestimara el caso. Slater señaló que los derechos de autor registrados por su empresa, Wildlife Personalities Ltd., deberían respetarse en todo el mundo.

PETA demandó a Slater y a su empresa de autoedición con sede en San Francisco Blurb, que publicó un libro llamado “Wildlife Personalities” que incluye las imágenes del mono.

Las fotos han sido muy difundidas en distintos medios, como Wikipedia, que alega que nadie tiene el derecho de autor de las imágenes porque las tomó un animal y no una persona.

En documentos judiciales, Slater se describió como fotógrafo de naturaleza con una profunda preocupación por el bienestar de los animales, y dijo que debía ser el Congreso de Estados Unidos, y no un tribunal federal, quien decidiera si la ley de derechos de autor se aplica a animales aparte de los humanos.

PETA no respondió en un primer momento a un correo electrónico enviado el miércoles por la noche para pedir comentarios.

Investigadores indicaron que ambos  fueron puestos a disposición del tribunal correspondiente; mientras, que la empresa de cable fue clausurada.

Máxima Visión operaba desde el 2004 en La Libertad, y transmitía la señal de varios canales sin contar con los derechos y las  licencias respectivas, por lo que violentó los derechos de autor y derechos conexos, según lo regula el artículo 274 del Código Penal.

La ley establece que existe una sanción con prisión de uno a seis años, y una multa de entre Q50 mil y Q750 mil para las personas que violenten los dos referidos derechos.

Autoridades informaron que se continuará con los operativos para contrarrestar empresas que funcionan de forma ilegal.

Y de golpe, miles de aficionados pudieron ahorrar los 100 dólares que les pedían los canales de cable para ver al estadounidense vencer al filipino por televisión.

Dick Costolo, jefe de Twitter –dueño de Periscope — no se equivocó cuando tuiteó tras el combate: “Y el ganador es… úperiscopeco” .

La experiencia es amarga para los dueños de los derechos de transmisión, pero con la multiplicación de servicios de video en directo es evidente que se va a repetir.

Ya el mes pasado el canal de cable HBO, cuya nueva temporada de “Juego de tronos” fue retransmitida en directo desde los smartphones, había tomado represalias mediante el envío de un aviso a Periscope.

La legislación estadounidense sobre derechos de autor fuerza a firmas como Periscope o Meerkat a retirar “rápidamente” cualquier contenido sometido a leyes de “copyright” cuando los afectados así lo exijan.

Pero… cómo actuar “rápidamente” en un espectáculo puntual como una pelea de boxeo o un concierto?

“La ley no le da la posibilidad a los dueños de los derechos de demandar ante la justicia a las plataformas que retransmiten contenidos que están siendo difundidos en directo” , dijo Bradley Shear, abogado especialista de temas de derecho de autor.

En sus normas de uso, Periscope y Meerkat se cuidan bien de subrayar que prohíben cualquier retransmisión de contenido con “copyright” . Pero, como la definición de “rápidamente” es bastante flexible, las nuevas tecnologías también pueden circunvalar la ley, consideró Shear.

“Esto ilustra lo necesario que es revisar nuestras leyes de derechos de autor” , añadió.

Cuando el Congreso redactó en 1998 la ley de derechos digitales de autor, un texto que buscaba adaptar el concepto de propiedad intelectual a la era digital, “la retransmisión en vivo no fue mencionada” , destacó Eric Goldman, codirector del instituto de leyes y nuevas tecnologías de la Universidad de California en Santa Clara.

Según Goldman, algunas firmas usan filtros y otras herramientas que les permiten bloquear los videos usados ilegalmente.

“Totalmente preparados” –

El fundador de Periscope, Kayvon Beykpour, aseguró el martes en una conferencia de prensa organizada por TechCrunch que sus equipos estaban “totalmente preparados” el fin de semana para vigilar el flujo de videos durante el encuentro Pacquiao-Mayweather. “Recibimos 66 demandas de retirada (de contenido) y efectuamos 30 en unos minutos” , afirmó Beykpour. El resto no pudo ser retirado porque mientras los técnicos se ocupaban en ello, ya había terminado la pelea.

“Estábamos listos, sabíamos que nuestros equipos tenían que dedicarse de lleno” , prosiguió.

Pero Beykpour considera la cuestión de los derechos de autor un poco exagerada, debido a la calidad más que mediocre de las imágenes y del sonido de los videos que fueron subidos ilegalmente a Periscope y Meerkat.

“Nadie se muere de ganas de ver Juego de tronos en Periscope” , comentó.

Los canales pagos HBO y Showtime no quisieron pronunciarse sobre el tema.

Pero uno de los promotores de “la pelea del siglo” , Top Rank, considera seriamente entablar demandas.

“Pensamos que los que distribuyen contenidos sin autorización, están haciendo trampa. No tienen derecho”, dijo Todd duBoef, jefe de Top Rank.