Sin avances concretos a un año del informe de la ONU sobre niñez en Guatemala

Un año después del informe de la ONU sobre la situación de la niñez en Guatemala, persisten los rezagos en salud, educación y protección. Aunque hay avances puntuales, el Estado aún no garantiza los derechos más básicos, alertan expertos.

Fátima Najarro

23 de agosto de 2025 | 00:09h

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Dos niñas indígenas caminan en un barrio de la ciudad de Guatemala. ( Foto Prensa Libre: Archivo)

La niñez guatemalteca se desarrolla en un entorno de obstáculos y sin garantías de derechos humanos, una deuda persistente en el país, según el informe sobre la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas.

En junio del año pasado se publicó una serie de recomendaciones para avanzar en el cumplimiento de los derechos de la niñez conforme a estándares internacionales. Guatemala continúa enfrentando desafíos estructurales, especialmente en áreas como salud y educación.

El comité emitió más de 50 recomendaciones. Entre los avances señalados figuran la sentencia en el caso del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, la creación de modelos enfocados en la atención a jóvenes, modelos penales juveniles y programas contra la explotación infantil.

El informe recopila información hasta el 2023 y los avances reconocidos corresponden a administraciones anteriores. Para el 2032, Guatemala deberá presentar un informe con los avances en cada punto señalado. Sin embargo, a un año de ese compromiso, el progreso no es claro.

Salud

El informe abarca desde aspectos de salud hasta modelos familiares. Respecto del acceso a la salud, la comisión recomendó al Estado asegurar un tratamiento respetuoso de las diferencias culturales, especialmente en zonas remotas.

Asimismo, pidió redoblar esfuerzos para reducir la mortalidad infantil, en particular en comunidades rurales, afrodescendientes e indígenas.

Otra recomendación consiste en reforzar las medidas contra la desnutrición y la malnutrición. Según datos oficiales, hasta la primera semana de agosto se reportan 15 mil casos de desnutrición aguda, 23 muertes confirmadas por esa causa y otras 76 en investigación.

Aunque las muertes confirmadas son menores que las registradas en los dos años anteriores, se mantienen dentro del promedio, y las muertes en investigación superan a las del 2024.

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El comité también recomendó aprobar la iniciativa 5504, Ley de Alimentación Saludable, con énfasis en el etiquetado frontal. Este proyecto de ley está pendiente de aprobación en tercer debate. Recientemente, la Comisión de Seguridad Alimentaria y el Frente Parlamentario contra el Hambre recibieron seis mil firmas de apoyo desde la sociedad civil.

Otra medida es la aprobación de la Ley de Vacunación. Aunque la iniciativa 5342 fue aprobada en el 2022, el expresidente Alejandro Giammattei la vetó, alegando violaciones a principios de igualdad y equidad. Por ello, surgió un nuevo proyecto de ley que fue sancionado en noviembre pasado.

Primera infancia

En cuanto a la política de Primera Infancia, la comisión sugirió reforzarla con recursos humanos, técnicos y financieros suficientes, y con mecanismos eficaces de coordinación intersectorial.

La política fue aprobada el año pasado en el Gabinete Específico de Desarrollo Social, y su ente rector es el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).

El documento oficial indica que este año se incluirá la política dentro de planes nacionales, estrategias y recursos para garantizar una atención integral a la primera infancia, desde una perspectiva intersectorial.

Asimismo, se integrará como prioridad nacional en la agenda del Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. El MSPAS informó que está a la espera de solicitar un espacio en el próximo Consejo Nacional.

También se realiza un análisis conjunto con el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) para estimar el costo de implementación.

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El ministerio aclaró que, aunque no se establece una asignación presupuestaria centralizada, se promueve que cada entidad, dentro de sus competencias, incorpore las necesidades de la población infantil en sus planes operativos y presupuestos anuales.

Entre las acciones vinculadas a la política se mencionan diseños de modelos de atención, recopilación estadística y fortalecimiento de la coordinación con entidades privadas e internacionales, involucrando al menos a seis instituciones.

Seguridad

La comisión solicita reforzar las actividades de prevención del reclutamiento de niños por grupos armados no estatales, en particular pandillas y narcotraficantes, abordando las causas profundas del fenómeno.

Informes del Ministerio de Gobernación reconocen que el reclutamiento en escuelas es uno de los principales. Se estima que hay entre 10 mil y 14 mil pandilleros en el país.

Eventos recientes han evidenciado la presencia de pandillas en centros educativos. En junio, en Colomba, Quetzaltenango, tres adolescentes fueron asesinados.

El gobierno impulsa programas como Escuelas Seguras, Comisiones Comunitarias de Prevención y Yo Soy Prevención, pero sus resultados se presentan en términos de participación y no de reducción de la criminalidad, ni cuentan con datos sustanciales.

Un reto interinstitucional

La protección de la niñez es un trabajo multidimensional que involucra al sector político, judicial y a la sociedad civil, explicó Carolina Escobar Sarti, directora ejecutiva de La Alianza.

“Para un ejercicio de gobernanza, debemos trabajar gobiernos, sociedad civil y la sociedad completa”, afirmó.

Si la niñez se convierte en prioridad nacional, los primeros cambios podrían observarse en la próxima década. Sin embargo, según la experta, a nivel mundial la agenda en favor de la infancia también enfrenta retrocesos ante nuevos liderazgos.

“Si todos los ministerios del gabinete colocan a la niñez en el centro de la agenda política, yo estimaría unos 25 años para ver un cambio profundo en el sistema”, puntualizó.

Escobar urgió a trabajar en la política pública bajo responsabilidad de la Comisión Nacional de la Niñez y Adolescencia, y a establecer un reglamento para la Ley de Protección Integral (Pina), como base para reformar la legislación en favor de la infancia.

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Protección de derechos

Se solicitó una postura política a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, pero esta evitó pronunciarse y refirió a la Procuraduría General de la Nación para enumerar avances en materia de niñez.

Se solicitó una postura política con la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, pero evitaron brindar una y refirieron a la Procuraduría General de la Nación. La procuradora de la niñez, Lucrecia Prera, afirmó que hasta julio se han atendido a más de 41 mil niños y adolescentes por las denuncias realizadas.

Resaltó también el trabajo coordinado que mantienen con las demás instituciones, pero reconoce que la institución enfrenta algunos obstáculos por la falta de un marco legal específico.

“Es la única institución del sistema de justicia que por más de 30 años no ha tenido una ley orgánica y que esto sería muy valioso si tomamos en cuenta la necesidad que tiene la institución de tener una estructura y que a través de esta ley, más allá del tema del presupuesto, se pueda establecer de forma más clara las atribuciones se podría contar con procedimientos más fortalecidos y como acciones más claras”, reconoció Prera.

Lev Tahor divulga video de cuando niños fueron separados de mujeres adultas en albergue

En un video publicado por Lev Tahor se observan momentos de tensión cuando niños, niñas y adolescentes son separados de mujeres adultas por personal de la SBS.

Miguel Barrientos y Óscar García

17 de enero de 2025 | 14:15h

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Integrantes de la secta Lev Tahor han manifestado contra la separación de menores que fue ejecutada por autoridades. (Foto Prensa Libre: É. Ávila)

Un video fue divulgado por líderes de la comunidad Lev Tahor este 17 de enero, en el que se observan momentos del operativo en el que menores fueron separados de mujeres adultas.

El hecho se registró el 15 de enero en horas de la madrugada, cuando la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República (SBS) informó que se registró un operativo en la casa Nuestras Raíces.

La entidad indicó que en el lugar permanecían niñas, niños y adolescentes acompañados de mujeres adultas que también eran parte del grupo religioso.

La separación se debió, según la SBS, para garantizar la seguridad de los menores, someterlos a exámenes médicos e identificarlos, pues no se tenía certeza de sus condiciones e identidades.

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Las medidas fueron desarrolladas para cumplir mandatos institucionales y resoluciones judiciales, explicó la SBS.

La entidad también indicó que el principio de preservación del entorno familiar y los derechos de los niños de no ser separados de sus padres está citado en Observaciones Generales del Comité de los Derechos del Niño; sin embargo, contempla excepciones cuando se busca salvaguardar la integridad de los menores.

En el video compartido por líderes de Lev Tahor se observan momentos de tensión cuando los menores son separados de las mujeres adultas.

En el operativo participa personal de la SBS, Policía Nacional Civil, Procuraduría de los Derechos Humanos y Procuraduría General de la Nación.

Entre gritos y lamentos por parte de integrantes de Lev Tahor, personal de la SBS separa a niños, niñas y adolescentes de las adultas, para llevarlos a vehículos y trasladarlos a otros hogares estatales mientras se efectúan las investigaciones del caso.

El caso

El Ministerio Público investiga denuncias por supuesta comisión de delitos en la sede del grupo religioso, la cual se ubicaba en Santa Rosa.

En diciembre último, el MP y entidades como la Procuraduría General de la Nación y otras que protegen a la niñez entraron al lugar para constatar las condiciones en las que vivían los menores.

Durante el operativo, investigadores recabaron indicios y las autoridades decidieron trasladar a los menores haca casas estatales para garantizar su protección durante el desarrollo de las investigaciones.

Menores del grupo Lev Tahor son separados de mujeres adultas y distribuidos en hogares estatales

Un grupo de niños, niñas y adolescentes permanecía en la casa estatal Nuestras Raíces, luego de haber sido extraídos por autoridades durante un operativo en la sede del grupo religioso Lev Tahor.

Miguel Barrientos

15 de enero de 2025 | 06:20h

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Integrantes de la secta Lev Tahor piden a autoridades que entreguen a los menores rescatados de su sede durante un operativo. (Foto HemerotecaPL: Josue Mejía)

La Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República (SBS) informó este 15 de enero que a las 2 horas finalizó un operativo en la casa Nuestras Raíces, donde permanecían niños, niñas y adolescentes del grupo religioso Lev Tahor.

Según la SBS, durante el operativo los menores fueron separados de las mejores adultas, “garantizando su seguridad y bienestar”.

Además, indica que se efectuó una distribución preliminar y los traslados se desarrollaron sin inconvenientes.

Las autoridades detallan que las acciones se efectúan para cumplir mandatos institucionales y resoluciones judiciales, con el objetivo de proteger la vida y derechos de los menores.

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Respecto a la separación de los menores, la SBS detalló que el principio de preservación del entorno familiar y los derechos de los niños a no ser separados de sus padres está citado en Observaciones Generales del Comité de los Derechos del Niño, pero contempla excepciones.

Estas se aplican cuando la separación es necesaria para salvaguardar el interés superior del niño.

También se indicó que la situación de cada niña, niño y adolescente será evaluada de manera individual por el juez a cargo del caso, luego de identificar y someter a una evaluación médica a cada menor.

“El Comité de los Derechos del Niño establece que la identidad cultural no puede justificar ni excusar la perpetuación de tradiciones o valores que vulneren los derechos garantizados por la Convención sobre los Derechos del Niño”, puntualizó la SBS.  

Tome nota de la siguiente información brindada por la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia.#GuateSaleAdelante #SBSSaleAdelante pic.twitter.com/wYPgDS66Wl

— Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (@somossbs) January 15, 2025

El caso

El Ministerio Público investiga denuncias por supuesta comisión de delitos en la sede del grupo religioso, la cual se ubicaba en Santa Rosa.

En diciembre último, el MP y entidades como la Procuraduría General de la Nación y otras que protegen a la niñez entraron al lugar para constatar las condiciones en las que vivían los menores.

Durante el operativo, investigadores recabaron indicios y las autoridades decidieron trasladar a los menores haca casas estatales para garantizar su protección durante el desarrollo de las investigaciones.

Dos niños son rescatados en Chimaltenango víctimas de maltrato y negligencia

Niños de 4 y 6 años eran víctima de “maltrato y negligencia” y fueron rescatados en Chimaltenango.

Miguel Barrientos

24 de julio de 2024 | 09:18h

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Autoridades informaron este 24 de julio que rescataron a dos niños en Chimaltenango, víctimas de maltratos.

La Procuraduría General de la Nación detalló que el caso se registró en Chimaltenango, donde se reportó que dos niños de 4 y 6 años necesitaban asistencia de autoridades.

Según el reporte, se solicitaron medidas de protección ante el Juzgado de Paz de Tecpán Guatemala y los menores fueron ubicados con una familia ampliada.

También se indicó que los menores eran víctimas de maltrato y negligencia por parte de la progenitora.

En los últimos días, la PGN ha revelado varios casos de maltrato contra menores.

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Las autoridades piden a la población hacer las denuncias ante las instituciones encargadas en caso de abusos contra niños y adolescentes a quienes se les vulneren sus derechos.

CC otorga amparo provisional por marcha LGTBQ+ y pide al Ejecutivo “proteger derechos de los niños”

El presidente, Mingob y PDH son conminados a que garanticen el cumplimiento de derechos y que no se incurra en actividades ajenas al orden durante un desfile LGTBQ+.

Miguel Barrientos y Douglas Cuevas

28 de junio de 2024 | 12:11h

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La CC otorgó un amparo provisional contra el Ejecutivo para que garanticen derechos durante una marcha LGBTQ+. (Foto Prensa Libre: B. García)

La Corte de Constitucionalidad emitió un amparo provisional este 28 de junio a favor del abogado Roberto Antonio Cano López respecto a una actividad de la comunidad LGTBQ+ que se llevará a cabo el próximo sábado.

En la resolución emitida por la Alta Corte, se indica que se llevará a cabo la actividad y se “conmina” al presidente de la República, ministro de Gobernación y autoridades encargadas de la seguridad pública a varios requerimientos.

Entre estos, se menciona que deben vigilar y garantizar los derechos de los promotores y participantes de los desfiles, así como de los habitantes del país que desee expresar sus opiniones respecto de las libertades que se promueven o las ideas que sean expresadas en la actividad.

También se pide que se protejan “los valores espirituales y morales de la sociedad, en especial niños, niñas y adolescentes”.

Detalla que, según la ley, el Estado debe evitar que los niños sean expuestos a informaciones, expresiones y material “incompatible” con su “estado de niñez”.

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Además, exhorta a los promotores del desfile y ciudadanía para que respeten la paz social, protección a la persona, familia y niñez, orden público y derechos humanos.

La @CC_Guatemala otorga el amparo provisional contra el desfile de la diversidad sexual. Permiten la caminata pero impide que se exponga a la niñez a actos que vulneren sus derechos. Dicta instrucciones a entidades de Estado y da recomendaciones a los organizadores. pic.twitter.com/nN9feTZ4FI

— Douglas Cuevas (@dcuevas_gtv) June 28, 2024

Pide que se ejerzan los derechos de los participantes de forma pacífica y “conforme a las buenas costumbres” y que se evite incurrir en “actividades contrarias al orden constitucional”.

La Corte de Constitucionalidad también conmina a la Procuraduría de los Derechos Humanos a supervisar el cumplimiento de las medidas dispuestas en el amparo provisional.

Motivo de la marcha

La comunidad LGBTQ+ internacional efectúa durante junio actividades para pedir respeto a sus derechos.

En Guatemala, se lleva a cabo un desfile en el que participan activistas e integrantes de ese sector de la población.

La Corte de Constitucionalidad a la opinión pública hace saber: pic.twitter.com/as3QhsM6P4

— CC Guatemala (@CC_Guatemala) June 28, 2024

Controversia

Integrantes de sectores conservadores de la sociedad guatemalteca critican la participación de menores de edad en la marcha y han pedido intervención de autoridades para evitarlo.

Organizadores rechazan acción en la CC

Integrantes de la comunidad LGBTQ+ indicaron que, con el amparo brindado se habrían vulnerado sus derechos.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de Desfile LGBTIQ Guatemala (@desfilelgbtiq.gt)

La Asociación Nacional contra el Maltrato Infantil (CONACMI), el Programa de Atención, Movilización e Incidencia para la Niñez y Adolescencia (PAMI) y la Asociación Coincidir presentaron un informe sobre el cumplimiento de los derechos de la niñez en Guatemala en el contexto del covid-19 en el que señalan que ese sector se enfrentó a una crisis a causa de la pandemia.

Saúl Interiano, director de la Asociación Coincidir, resaltó que, durante el confinamiento los derechos a la educación, salud y protección fueron vulnerado, porque “el interés superior dice que los niños deben ser lo primero sen recibir ayuda, pero eso no ocurrió en este país”.

Agregó que “nos preocupa que este Estado sigue sin priorizar a la niñez, sin tener un enfoque de derechos de la niñez y vemos que durante la pandemia esos derechos retrocedieron”.

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“En salud nos preocupa que no hubo una atención de la pandemia con enfoque en la niñez”, dijo Interiano, quien añadió que “hacía falta equipo, medicamentos y espacios para la atención de niños con covid, el personal era insuficiente y los médicos estaban agotados”.

En términos del derecho a la Educación, las organizaciones aseguran que el seguro médico escolar ha sido poco relevante para los estudiantes, por lo que recomienda que sea sometido a evaluación, ya que ha tenido un incremento de fondos de 2020 en comparación con 2021, cuando al inicio tenía US$12.5 millones y ahora US$41 millones.

Añaden que ha habido retroceso en el sistema educativo de los niños, niñas y adolescentes en los últimos tres años, especialmente en lectoescritura, operaciones básicas, ortografía y relaciones sociales.

Respecto al remozamiento de aulas dicen que solo se llegó al 10% de los centros educativos, debido a la falta de recursos.

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Protección

Destacaron que la migración continúa siendo un problema para la niñez, pues que incluso, en medio de la pandemia más niños migraron hacia Estados Unidos o México.

Myrella Saadeh, directora de PAMI, señaló que se trabajó con la base de los tres derechos fundamentales, porque podrían ser el sustento del resto.

“El Estado debió haberse reinventado para atender a la niñez desde la educación porque no se puede aprender a leer ni a escribir por WhatsApp, y por otro lado la mayoría de la población no tiene acceso ni a internet, ni a teléfono, ni a Tablet, ni a computadora y por eso se habla de tres años de rezago”, dijo Saadeh.

Por su parte Miguel Ángel López, director de Conacmi, dijo que hay muchas situaciones que preocupan en términos de niñez y adolescencia, principalmente a lo que se refiere a violencia, desnutrición y movilidad humana.

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“En ningún momento se priorizó a la niñez y adolescencia dentro del centro de la emergencia. La niñez sigue sin ser prioridad en la vacunación”, pese a que ya se anunció el regreso a clases.

“Nos preocupa muchos aspectos que tienen que ver con la salud mental de los niños, porque después de tres años hay generaciones que no han convivido con otros grupos de niños, y eso es un reto para Guatemala”, señaló López.

“Encontramos indicadores tristes en el tema de salud, pero también en el tema educativo, porque cayó la cobertura, la calidad educativa también y en el tema de protección se incrementaron los casos de violencia”, refirió.

Lo anterior surgió porque el pasado 30 de enero la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (Sosep) interrumpió el traslado de los recursos que permitía nutrir a 70 menores quienes actualmente han sobrevivido por donaciones que recibe la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) y el Colectivo Artesana que es la organización encargada de la logística y distribución de los alimentos.

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Luego de celebrarse la audiencia de conocimiento de hechos, el juez ordenó a la Procuraduría General de la Nación (PGN) que constatara la situación de los infantes a nivel nacional y que procediera como a derecho corresponda en función de presentar las denuncias que se consideraran necesarias, además de elaborar un dictamen con relación al convenio firmado.

Prensa Libre buscó la razón de la interrupción por parte de la Sosep, pero la recepcionista tomó los datos y dijo que se comunicaría en cuanto se tuviera una respuesta, la cual no se ha obtenido tras una semana de la solicitud. Sosep no cuenta con un equipo de comunicación social.

Sin denuncia

De acuerdo con información del Ministerio Público (MP), hasta el momento no se ha presentado ninguna denuncia por parte de la PGN con relación a los 70 menores que cohabitan con sus madres en la cárcel y a quienes se les debe restituir el derecho de la alimentación.

Sin embargo, el juez que certificó al MP sobre la posible comisión del delito, derivado a la suspensión de la entrega de alimentos, y el Colectivo, deberán entregar informes relacionados a la situación de los pequeños en los centros carcelarios. Esto forma parte de un proceso de protección de derecho.

El ente investigador deberá dilucidar si se cometió algún tipo de delito como consecuencia de no cumplir con la obligación y será la instancia responsable de darle seguimiento.

También se buscó la postura de la PGN, a través del departamento de comunicación social, respecto a si presentarán la denuncia ante el MP, o qué tipo de acción legal contemplan y en donde presentarían la misma; no obstante, informaron que trasladarían las inquietudes y hasta el momento no han dado alguna respuesta

Restituir el derecho

Artesana envió tres memoriales para conocer los motivos y solicitar que “se reanude” el convenio, y la justificación hasta el momento es que el mismo está en una “revisión técnica, financiera, legal y en proceso de auditoría”, indicó Andrea Barrios, directora del Colectivo.

Barrios explicó que la PGN presentó la denuncia, esto luego de que el 26 de abril de 2022 el Colectivo hiciera de conocimiento ante el Juzgado la suspensión del convenio y la necesidad de retomar la entrega de los alimentos para los pequeños, mujeres embarazas y lactantes, de esa cuenta “se abre un nuevo proceso” específicamente por el derecho vulnerado.

Artesana busca que se continúe con la entrega de alimentos “de la manera que Sosep considere pertinente” ya sea a través del convenio u otra forma, dijo Barrios, quien reiteró su disposición para instalar una mesa técnica de diálogo a fin de restituir el derecho de los menores que cohabitan con sus madres reclusas.

El convenio contempla Q12 diarios para 135 niños, monto que cubre desayuno, almuerzo y dos refacciones, solamente de lunes a viernes. Como actualmente son 70 pequeños quienes cohabitan con sus progenitoras reclusas, el Colectivo Artesana logró acuerdos con Sosep para que la diferencia se utilice para cubrir las cenas y la alimentación para los fines de semana, tanto para los menores de edad, así como incluir a las mujeres embarazadas y lactantes.

Otra institución

Se tiene previsto que en la próxima audiencia el juzgador experto en niñez determine cuál será la institución responsable de facilitar la alimentación de forma definitiva, que podría ser la Sosep, o bien, algún ministerio, a fin de que el derecho no sea vulnerado nuevamente, refirió una de las asesoras del grupo jurídico de Artesana.

La profesional explicó que el convenio es “como un contrato entre las partes” y cuando se da algún incumplimiento lo que procede es ejecutarlo ante un juzgado de índole civil y “no se puede presentar una denuncia penal” por el incumplimiento.

Lo anterior ocasiona un impase, derivado a que no han notificados de la finalización del convenio y esperan poder encontrar los mecanismos que permitan retomar la entrega de los alimentos para restituir el derecho vulnerado.

Sin obligación legal

La alimentación de los menores que hasta los 4 años cohabitan con sus madres en las cárceles del país no está garantizada en ninguna ley de Guatemala y las instituciones encargadas de velar por la niñez tampoco cuenta con una partida presupuestaria destinada a alimentar a los niños que crecen en las prisiones.

La Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 51, establece que “el Estado protegerá la salud física, mental y moral de los menores de edad. Les garantizará su derecho a la alimentación, salud, educación y seguridad y previsión social”.

La Ley del Régimen Penitenciario, que rige a la DGSP, no obliga a esta institución a hacerse cargo de estos menores, a pesar de ser la más cercana con los niños y que hacen uso de sus instalaciones. Las cárceles deben tener guarderías y personal que cuide a los niños, según el artículo 52 de dicha Ley. Pero en ningún momento se menciona la palabra “alimentación”.

Dicha acción es producto de una denuncia que presentó el Colectivo Artesana ante la PGN, lo que generó que se promoviera la misma ante el Juzgado de Primera Instancia de la Niñez y Adolescencia del Área Metropolitana con la finalidad de que “se establezca a través del proceso a qué Institución le corresponde cumplir con esa obligación” detallaron por parte de la PGN.

No obstante, existe una sentencia emitida el 4 de diciembre de 2020, por el Juzgado de Primera Instancia de la Niñez y Adolescencia, que ordena a la Secretaria de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (Sosep) y a la Dirección General del Sistema Penitenciario “realizar las gestiones respectivas para coordinar el suministro de la alimentación” se lee en el fallo. De esta cuenta se firmó un convenio entre la Sosep y Colectivo Artesana.

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Sin embargo, desde el 30 de enero del 2022, la Sosep interrumpió el traslado de los recursos que forman parte de un convenio que permite alimentar a 70 menores, con el argumento de hallazgos por parte de la Contraloría General de Cuentas (CGC) al convenio, los cuales son “de tipo administrativo” es decir, errores que ha cometido la Sosep.

Como consecuencia de la suspensión del convenio, la organización habilitó un centro de acopio para la colecta de alimentos, a fin de garantizar el derecho de la alimentación para los pequeños que se encuentran con sus madres prisioneras.

Sin hallazgos

De acuerdo con un oficio de la CGC al que Prensa Libre tuvo acceso, identificado con el número CGC-DA-10-SOSEP-242-2021, en el que se especifica la entrega de documentación relacionada a una auditoría practicada y en mismo no se detallan reparos o hallazgos a Colectivo Artesana, organización que se ha dedicado desde hace 15 años a la preparación, distribución y logística de los alimentos.

La directora del Colectivo, Andrea Barrios reiteró su buena disposición para instalar una mesa técnica de diálogo a fin de restituir el derecho vulnerado de los menores que cohabitan con sus madres reclusas y expreso estar en la mejor disposición para encontrar una solución a la problemática.

El pasado mes de abril, asumió como titular de la Sosep Sara Eugenia López Gálvez, con quién Prensa Libre buscó un acercamiento para obtener información y conocer su postura, pero no ha sido atendido.

PDH acciona en el MP

La Unidad de la Niñez de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) a cargo de María Caba informó que “se abrió un expediente, por lo que se envío la denuncia al Ministerio Público” para que proceda a realizar las investigaciones respectivas y pueda deducir las responsabilidades ante algún posible incumplimiento.

La semana entre el 16 y 20 de mayo personal de la referida unidad realizaron un recorrido en los diferentes centros carcelarios a fin de verificar la situación de los menores, mujeres embarazadas y lactantes que se encuentran en prisión, en el que detectaron que es irregular el servicio de la alimentación y se ha mantenido por donaciones que “son esporádicas, las mamás están compartiendo su alimentación con los niños” dijo Caba.

Durante la inspección lograron detectar que existen “muchas carencias, hacinamiento, los sanitarios en malas condiciones, a veces no hay agua, falta de personal médico”, por lo que propiciar un ambiente idóneo para los infantes e impulsar estrategias para un mejor desarrollo.

Alimentación vital

En los primeros 24 meses de vida “el 80 por ciento de cerebro está formado” por lo que son cruciales para garantizar el desarrollo y capacidades de los menores, y los siguientes dos años también son importantes porque en su conjunto se garantizan sus habilidades, cerebro, capacidades, su peso, talla, pues es “un momento de una velocidad de crecimiento bien grande” explicó Alicia Ruiz, nutricionista y cuenta con un certificado internacional en lactancia materna.

La experta mencionó que tanto las mujeres embarazas, como las lactantes “debería existir un extra de alimentación para estás futuras madres y quienes alimentan a sus bebés” derivado a que deben consumir proteínas, vitaminas, hierro, entre otros nutrientes importantes.

Ruiz subrayó que es necesario impulsar estrategias, políticas públicas en favor de esta población vulnerable, a fin de prevenir desnutrición de los pequeños que cohabitan con sus madres en las cárceles y garantizar una alimentación adecuada para las prisioneras en estado de gestación.

Visita centro

Ayer, el diputado Edgar Batres del bloque Winaq y presidente de la Comisión del Menor y la Familia, del Congreso de la República realizó una visita al centro preventivo para mujeres, Santa Teresa en la zona 18 de la ciudad, en donde constató que los menores de 4 años “no se les brinda alimentación de cena, ni los tiempos completos para sábado y domingo”.

De acuerdo con Batres en la referida prisión hay 16 niños y 14 niñas, menores de cuatro años que cohabitan con sus progenitoras privadas de libertad.

Además, no existe partida presupuestaria para la alimentación de los pequeños “es inconcebible el abandono del sistema” refirió el Parlamentario y anunció que revisarán el presupuesto, los contratos de alimentos para las reclusas debido a que relataron que les sirven “es una cucharada de arroz y frijol” y no es acordé con lo que el Sistema Penitenciario paga por porción de los tres tiempos, según el criterio del Legislador.

“Es una vergüenza para el estado de Guatemala, que todo lo que tiene que ver con niñez guatemalteca en todo sentido está en un 80% en manos de la cooperación internacional” dijo Batres.

La denuncia pública la hizo la diputada Ligia Hernández, del Movimiento Semilla, quien convocó la semana pasada a una reunión de trabajo del Colectivo Artesana, que es la organización encargada de la logística y distribución de los alimentos, así como representantes de la

Procuraduría de los Derechos Humanos y autoridades de Sosep y de la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP).

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En ese encuentro, según Hernández, las autoridades de la Sosep argumentaron que “existe una serie de hallazgos por parte de la Contraloría General de Cuentas (CGC) al convenio”, por lo que no le han dado cumplimiento.

Sin embargo, los hallazgos a los que se refiere la Sosep son “de tipo administrativo. Eso quiere decir que son errores que ha cometido la Sosep” en redacción o elaboración de los informes, entre otros, comentó la diputada.

Por lo anterior, Hernández advirtió de que la Sosep está recayendo en “incumplimiento e ilegalidad, porque hay deficiencias administrativas que tienen que ver con la poca capacidad de conducción”, por lo que consideró que se asumen compromisos sin capacidad institucional, lo que afecta la vida y el desarrollo de los menores.

Hace un mes asumió la Sosep Sara Eugenia López Gálvez, quien “tiene un desconocimiento absoluto del tema”, señaló la congresista, y agregó que esta semana se espera que se propicie una mesa de diálogo entre el Colectivo Artesana y la Sosep, a fin de que se restaure el derecho de la alimentación que afecta directamente a los 70 menores.

En la reunión se tuvo conocimiento del resultado de la auditoría realizada por la CGC, en el que se reportaron 11 hallazgos para la Sosep, y de estos solamente dos están relacionados con el convenio con el Colectivo y son de carácter administrativo, el resto están vinculados con otros programas que no se han interrumpido de la misma manera.

Ese convenio contempla Q12 diarios para 135 niños, monto que cubre desayuno, almuerzo y dos refacciones, solamente de lunes a viernes. Como actualmente son 70 pequeños quienes cohabitan con sus progenitoras reclusas, el Colectivo Artesana logró acuerdos con Sosep para que la diferencia se utilice para cubrir las cenas y la alimentación para los fines de semana, tanto para los menores de edad, así como incluir a las mujeres embarazadas y lactantes.

El derecho vulnerado

La coordinadora de Colectivo Artesana, Andrea Barrios, indicó que los movimientos relacionados con el convenio han sido revisados por la CGC, y hasta el momento no han sido notificadas de ningún hallazgo, y manifestó su preocupación por el derecho vulnerado a la alimentación de los infantes.

Barrios tiene claro que el punto más importante en este momento es “el derecho que tienen los niños a recibir la alimentación, y que en este momento está siendo vulnerado”. Agregó que los pequeños han sido alimentados por medio de donativos que de forma permanente tiene la DGSP y las que ha gestionado el Colectivo Artesana.

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La coordinadora del Colectivo manifestó su buena disposición para instalar una mesa técnica de diálogo, a fin de restituir el derecho vulnerado de los menores que cohabitan con sus madres reclusas, e hizo referencia que presentaron una propuesta para replantear el programa “desarrollando un nuevo modelo que se adecúe a las necesidades que tienen los niños que están en los centros de detención”, por lo que están a la espera de las nuevas disposiciones por parte de Sosep.

Alimentación con donativos

En febrero y abril, personal de la Unidad de Niñez de la PDH efectuó un recorrido en los centros carcelarios en donde se encuentran cohabitando con sus madres. De acuerdo con María Caba, se verificó que se estaba proporcionando alimentación a los menores y desde enero este servicio ha sido irregular, porque se ha sostenido con donativos.

Caba subrayó que “el Estado les debe garantizar todos los derechos que les asiste como niños”, y durante la inspección lograron detectar que existen “muchas carencias, hacinamiento, los sanitarios en malas condiciones, a veces no hay agua, falta de personal médico”, por lo que consideró urgente garantizar un ambiente idóneo para los infantes e impulsar estrategias para un mejor desarrollo.

“Deben crear las condiciones, de manera que si va a haber cambios, que sean paulatinos, porque no pueden dejar de darles de comer a los niños, y ellos tienen ese derecho”, recomendó Caba.

El equipo de Prensa Libre intentó obtener la versión de las autoridades de la Sosep, a fin de conocer los motivos por los cuales se suspendió el convenio, los resultados de la auditoría realizada por parte de la CGC y las estrategias para restituir el derecho a la alimentación, pero no respondieron.

¿Por qué la Sosep?

De acuerdo con los lineamientos del Comité de los Derechos del Niño, la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, los estándares internacionales emitidos por Naciones Unidas, todos coinciden en que los niños que permanecen con sus madres en un centro de privación de libertad gozan de los mismos derechos que cualquier otro infante, explicó Andrea Barrios, del Colectivo Artesana.

Por la edad en que los menores cohabitan con sus progenitoras, que es de cero a 4 años, al analizar la razón de ser de la Sosep y del programa de hogares comunitarios y el lineamiento que da el Comité de los Derechos del Niño, es la Sosep la entidad encargada de brindar “apoyo especializado, no solo para la alimentación, sino a su formación y desarrollo integral”, tal y como lo manda su misión institucional, explicó Barrios.

La historia  es distinta para otro niño, en otro lugar del país.

El reloj marca las 4 horas. En el silencio   y la oscuridad del momento  se escuchan los pasos de  guardias que   gritan: “¡Arriba!”, a la vez que   encienden las luces. Así despiertan cada mañana  los pequeños que crecen con sus madres en prisión.

Andrés llora cada vez que su mamá debe asistir a una audiencia y no la puede acompañar. El pequeño no se imagina que dentro de ocho meses los van a separar porque cumplirá  la edad máxima permitida para permanecer junto a ella.

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Los  ambientes son muy distintos para los pequeños que viven en condiciones diferentes, pero   los   derechos son los mismos.

De acuerdo con los registros de organizaciones sociales, en la actualidad   70 niños de 4 años cohabitan con sus madres,  privadas de libertad, y 15 mujeres están embarazadas.

“No tienen controles prenatales oportunos, no hay atención médica, y mucho menos nutricional y psicológica”, ni para los pequeños ni para  las mamás, comentó Magda Medina, oficial de Programas de Protección de Unicef en Guatemala.

De acuerdo con expertos, los primeros cuatro años de vida de los niños que crecen en las cárceles para mujeres transcurren en un ambiente  perjudicial: no hay celdas individuales y están expuestos a varios peligros.

A fin de visibilizar a los pequeños con referentes familiares de privados de libertad, el  Colectivo Artesana y Unicef han trabajado juntos un protocolo para los menores que cohabitan con su progenitora y para  los  que visitan los centros carcelarios, ya que “no es el ambiente idóneo para una convivencia sana y de crecimiento para los infantes”, indicó Medina.

Parte de los resultados de un análisis de Colectivo Artesa, Unicef y el SP refleja que en la época en que se endurecieron las medidas y se redujeron los horarios para visitas en las cárceles, como consecuencia de la pandemia, llegaron dos mil 748 menores a las  prisiones en una semana, lo que representa 11 mil  en un mes. Según cálculos del Colectivo Artesana, antes de la pandemia eran  30 mil.

Medina señaló que entre las irregularidades   más preocupantes detectaron que nueve de las 22  cárceles habilitadas en el país  están a cargo de la Policía Nacional Civil (PNC), y en ellas se encuentran unas mil 500 personas,  de las cuales 30  son mujeres. En estos recintos permanecen dos menores  junto a sus madres, uno  en Totonicapán y otro en Jalapa.

Según los datos,    dos mil 740 mujeres guardaban prisión hasta el 10 de marzo recién pasado, cifra  que varía de forma constante.

Alimentación

La Ley del Régimen Penitenciario  no obliga al SP a hacerse cargo de los menores que permanecen en las cárceles junto a sus madres. Las prisiones deben tener guarderías y personal que cuide a los niños, según el artículo 52 de dicha norma; sin embargo, no se menciona la palabra alimentación.

No obstante, el artículo 51 de la Constitución establece que “el Estado protegerá la salud física, mental y moral de los menores de edad. Les garantizará su derecho a la alimentación, salud, educación y seguridad y previsión social”.

Ante la evasiva, el Colectivo Artesana y la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (Sosep) firmaron un convenio el 19 de noviembre de 2020, que permite a la organización llevar  alimentos a los niños, de lunes a viernes.

Andrea Barrios, directora de la entidad, detalló que el convenio contempla desayuno, almuerzo y dos refacciones, por lo que “se realizan los reajustes necesarios, para cubrir cena y la alimentación de los fines de semana”.

La organización distribuye alimentos para los niños en el Centro de Orientación Femenina (COF), en Fraijanes; Santa Teresa,  zona 18 capitalina; Puerto Barrios, Izabal; Petén y Mazatenango. Ahora  busca  ampliar la cobertura  a Quetzaltenango,  donde siete menores de 4 años vien en la cárcel  junto a sus madres.

Barrios señaló que desde hace 15 años trabajan en programas de apoyo con  la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP)  y que las estadísticas recientes reflejan que los reclusos han procreado  70 mil niños en ese tiempo.

Interinstitucional

En la actualidad  existe un protocolo de atención especializada para niños con referentes de familiares en prisión, elaborado entre Unicef, Colectivo Artesana y la Sosep, el cual se encuentra en poder de la DGSP. Este promueve mejoras internas y obliga a una coordinación con el Registro Nacional de las Personas (Renap) para  registrar e inscribir a  los niños que nacen en las cárceles.

El protocolo busca involucrar al Ministerio de Salud  para que se hagan revisiones médicas a los pequeños y a las mujeres en estado de gestación; a la Procuraduría General de la Nación, a fin de que pueda coordinar con la Secretaría de Bienestar Social para que los pequeños reciban acompañamiento y garantizar que los familiares que los reciban cuenten con los recursos necesarios para su manutención y desarrollo.

También busca involucrar al Ministerio de Desarrollo Social, para evaluar a las familias que no cuentan con  recursos económicos y apoyarlas con programas de transferencias.  “Esto no se hace de la noche a la mañana, se debe construir un plan de trabajo con equipos de psicología”, dijo la representante de Unicef.

Además,  los agentes de la PNC deben recibir capacitación para que los pequeños reciban un trato diferenciado. “Es la parte del rostro humano que necesitas inyectar”, expresó Medina.

¿Qué es lo mejor?

 Los primeros años de vida influyen en el niño a lo largo de su vida, y la conexión de los padres con los bebés en los primeros meses define el apego, explicó Marleny Cifuentes, fundadora de Creciendo juntos en amor y respeto, y psicóloga infantil. La profesional  resaltó que “el apego proporciona la seguridad emocional indispensable para un buen desarrollo de la personalidad. Esa cercanía es un abono para su mente y su cuerpo”.

Cifuentes considera que crecer tras las rejas “no es lo ideal, pero en esa institución está la figura con quien tiene el vínculo desde antes de nacer: la mamá”. Añadió  que, igual que la salud física, la salud mental es indispensable, pues “sin salud mental nadie logra su objetivo de ser quien debe y desea ser en la vida”.

La psicóloga Wendy Tahuite indicó que “la estigmatización es un problema social”, y a esta se enfrentan los menores que tienen padres en prisión, por lo que ve necesario “empezar por educar a la sociedad sobre los mitos que existen alrededor de estas personas”, ya que estigmatizar es una “forma de violentar”.

Ambas profesionales sugirieron la implementación de programas de acompañamiento para garantizar la protección de los menores y el apoyo de profesionales de la salud mental para las madres recluidas, a fin de lograr una crianza consciente que permita  sanar heridas.

Para  Medina son fundamentales los procesos de sensibilización. “Los delitos son personales. El ilícito que cometa el padre no lo debe pagar el menor, y como sociedad somos muy crueles al señalar, al juzgar”, expuso.

Para el director del Refugio de la Niñez, Leonel Dubón, los niños que están en prisión junto a sus madres se enfrentan a un doble trauma: “Crecer en estas condiciones y más traumática es la separación cuando cumplen los 4 años”.

La DGSP informó que sí cuentan con programas de intervención psicológica grupal y de terapia de apego, y que la rutina de los niños comienza a las 7 horas, con el desayuno.

Agregó que, aunque hay menores que viven en siete cárceles, solo dos cuentan con los referidos programas, y que al 29 de marzo, 71 niños vivían con sus madres en prisión.

Derechos

Los niños tienen varios derechos. A continuación, los más importantes.

• A la vida
• A la salud
• A la protección
• A la educación
• A la identidad
• A una información de calidad
• Al ocio
• A la libertad de expresión y opinión
• A la intimidad
• A asociarse

Principios fundamentales de los Derechos de la Infancia, según la Convención sobre los Derechos del Niño

• No discriminación
• Interés superior del niño
• Derecho a la vida
• A la participación

De acuerdo con las estadísticas de Unicef, en el país mueren dos menores cada día y otros 40 quedan huérfanos, por la criminalidad. Además, a diario se reportan 21 casos de abuso sexual a menores y 17 desaparecidos entre este mismo grupo.

En promedio, 35 denuncias de maltrato infantil se reciben al día y seis de cada 10 niños temen asistir a la escuela por los abusos que allí sufren. También se reportan cinco mil niños institucionalizados, pese a que el 94 por ciento tiene algún familiar.

La violencia contra la niñez y adolescencia se ha normalizado y por ello surgen diferentes alertas y programas que promueven la prevención de este flagelo.

La educación preventiva para evitar daños y violencia contra la niñez y adolescencia es indispensable.

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Aprender y Desaprender: La importancia del rol de los padres

Las niñas y los niños ¡queremos sonreír! es un libro publicado en español, q’eqchi’ y kaqchikel, los tres idiomas más hablados en el país, que contiene cuentos cortos con un enfoque de derechos humanos. Cada historia está planteada alrededor de alguna situación violenta y sugiere los procedimientos que los niños deben conocer para denunciar acciones en su contra.

El educador Carlos Aldana Mendoza, autor de los textos, explica que los niños merecen aprender sobre derechos humanos para defenderse y proteger a otros niños. Añade que con este aprendizaje, los menores comienzan a descubrir un mundo de respeto y buenas prácticas en su casa y su entorno, por lo que tienen una vida más plena.

Los cuentos desarrollan diferentes situaciones que pueden afectar a los niños, las cuales se complementan con imágenes y una propuesta interactiva que podría ser una reflexión o un ejercicio para que los menores comprendan la situación que se busca ilustrar.

“Cuando la gente habla de derechos humanos se refiere a luchas de defensa o denuncias que hacen los abogados o los defensores, pero no es así. La práctica de derechos humanos forma parte de la vida cotidiana y no se queda en discursos, denuncias o recursos legales; los niños merecen y necesitan vivirlo en la práctica. El verdadero ejercicio de los derechos humanos en la niñez implica felicidad, plenitud, alegría”, puntualizó.

Temáticas

Los libros de Aldana Mendoza fueron publicados por el Centro de Investigación para la Prevención de la Violencia en Centroamérica (Ciprevica) y abordan el abandono escolar, violencia intrafamiliar, abuso sexual, niños con capacidades diferentes, captación para pandillas, cultura de denuncia y delitos cibernéticos.

“No es prevenir la delincuencia, es prevenir la violencia en general. La importancia es crear aptitudes, valores, modos de comprender las cosas que deben influir en el comportamiento cotidiano para que se conviertan en personas que resuelven los conflictos de otra forma, que expresan sus necesidades, que saben denunciar, que saben sentir la violencia sexual u otro tipo de violencia”, explicó Aldana.

También incluye un formato para que los niños escriban una carta a la persona que consideren que debe reflexionar sobre algún tema o situación que atraviesa.

“La idea es que de la historia del cuento pasemos a reflexiones y a documentos nacionales e internacionales para la búsqueda de prácticas de qué podemos hacer y qué harías tú. En ese apartado se plantea una sugerencia de actividades de compromisos que se le exponen al niño sobre el cuento”, indicó.

Maestros y personas interesadas en obtener los libros para compartirlos con niños pueden comunicarse al número 2239-3205 o ingresar a la página web de Ciprevica.

Alternativa

Carolina Escobar Sarti, directora de la Asociación La Alianza, una organización que trabaja con niñas y adolescentes en riesgo social, víctimas de violencia sexual, situación de migración y trata de personas, opinó que Ciprevica ha trabajado en la prevención de la violencia en Centroamérica, lo cual es fundamental, porque es importante proteger a los menores que han sido víctimas de este flagelo, pero agrega que el abordaje y el enfoque también debe ser integral.

Aunque no ha visto los libros, considera que estos textos son una buena herramienta para brindar a la niñez y adolescencia oportunidades y desarrollo abierto.

“Para trabajar con la niñez no solo debe existir el enfoque de protección, también de prevención y que tengan acceso a oportunidades en todos los sentidos. Otro de los aspectos primordiales en la prevención es que saliéramos de ese enfoque adultocéntrico para que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes tengan más participación”, hizo ver Escobar Sarti.

“La violencia contra la mujer es el delito más denunciado en el Ministerio Público. Segundo, cuando hablamos de trata y de violencia sexual, nosotros tenemos las cifras también. Por ejemplo, que el año pasado hubo más de 114 mil embarazos en menores de 10 a 18 años es un indicador altísimo de una cultura machista, patriarcal, que se centra, principalmente, contra las niñas, adolescentes y mujeres”, concluyó

Vulnerables a la violencia

Un menor era llevado de emergencia por su progenitora, el 20 de septiembre último, al Centro de Salud de El Milagro, zona 6 de Mixco, y aunque al principio se reportó que pudo haber fallecido en la calle por covid, el Inacif dictaminó que padecía de violencia física.

Se llamaba Kelvin Esquivel Chol Picón, de 4 años. Según la necropsia, presentaba trauma cerrado de abdomen. Sus dos hermanos fueron rescatados por la Procuraduría General de la Nación al día siguiente.

Del 1 de enero al 15 de septiembre de este año habían sido rescatados 777 menores por maltrato.

Sin embargo, la situación puede ser aún peor debido al subregistro de casos, el cual se debe a menudo a la falta de denuncias, ya sea por temor, desconocimiento de las leyes de protección a la niñez o poca facilidad de acceso a las autoridades pertinentes.

La Defensoría de la Niñez de la Procuraduría de los Derechos Humanos detalla que hasta junio último, habían acompañado mil 248 casos de violencia contra menores, lo cual abarca diversas manifestaciones de este flagelo: física, verbal, psicológica y sexual.

El 14 de septiembre pasado se emitió una sentencia histórica: Armando Filiberto Vaidez Juárez fue condenado a 27 años de prisión inconmutable por haber abusado de una menor de 12 años de 2018 a 2019. Vaidez Juárez tenía 53 años cuando abusó de la menor y se desempeñaba como maestro.

La clave para lograr esta condena fue la denuncia de la madre de la menor y también el testimonio de la víctima.

A través del conocimiento de los derechos de los niños y de los delitos en que incurre un adulto que agrede a un menor se puede lograr una mayor reducción de casos bajo la disuasión que genera la posibilidad de ser denunciados y procesados.

Hace solo unos meses, su madre y sus hermanos la presionaron mucho para que aceptara a un pretendiente, se casase y ayudara así a aliviar las tensiones financieras de la familia durante la pandemia de covid-19.

Abeba quiere ser médico, pero en su ciudad natal de Gondar, en Etiopía, el futuro de su educación es incierto.

Rabi, de 16 años, todavía asiste a la escuela secundaria en Gusau, Nigeria, pero cuatro de sus amigas de la escuela contrajeron matrimonio durante la pandemia, y su madre cree que ella debería hacer lo mismo.

“Dos de nuestras vecinas se casarán esta semana, In sha Allah (si dios quiere). Nunca pensé que me tocaría tan pronto”, dice Rabi.

Y las perspectivas de estas adolescentes están lejos de ser inusuales.

Según un nuevo informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia o Unicef, ya antes de la pandemia se preveía que en 10 años 100 millones de menores se verían obligadas a casarse.

Y el organismo estima que, a causa de la covid-19, esa cifra crecerá un 10%.

El cierre de escuelas a nivel mundial, la recesión económica y la interrupción de los servicios de apoyo para familias y menores durante los confinamientos han aumentado la probabilidad de que, para 2030, otros 10 millones de niñas se conviertan en esposas antes de la edad adulta legal, dice el informe.

“Estas cifras revelan que el mundo se está convirtiendo en un lugar más difícil para las niñas”, dice Nankali Maksud, asesora principal de Prevención de Prácticas Dañinas en Unicef.

Asunto de familia

“Las familias deberían enviar a sus hijas a la escuela, en lugar de arreglarles matrimonios”, dice Abeba.

La joven etíope logró escapar de un matrimonio concertado porque consiguió que su padre la apoyara.

“Mi madre y mis hermanos siguieron presionándome para que me casara. Dejaron de hacerlo cuando recibieron asesoramiento. Las autoridades hicieron que cambiaran de opinión”.

Para Rabi (no es su nombre real, ya que no quiere ser identificada ni fotografiada), la amenaza sigue presente.

Vive en una zona agrícola en Damba, un asentamiento de hausa-fulanis en el norte de Nigeria, donde las jóvenes se casan en cuanto tienen un pretendiente firme.

“Para mí todo comenzó durante el confinamiento, cuando mis hermanos menores empezaron a jugar a un juego de ortografía y decidí unirme a ellos”, dice la joven de 16 años.

“Me estaba costando”, reconoce. Y su madre se enfadó con ella.

“Me dijo: ‘¡Ya has perdido suficiente tiempo yendo a la escuela! ¡Mira, tus hermanos pequeños tienen que enseñarte!'”.

Su madre prosiguió: “A estas alturas, todas las niñas de tu año escolar están casadas. Le pediré a Shafi’u [el pretendiente de Rabi] que envíe a sus padres a pedir oficialmente tu mano en matrimonio”.

Sus amigas Habiba, Mansura, Asmau y Raliya se casaron el año pasado para aliviar las dificultades económicas de sus familias.

Una mujer local amiga de la madre de Rabi no comprende las reticencias de la niña: “¿A qué más tendrían que esperar los padres? No puedo pagar los estudios de mi hija. El matrimonio es una oportunidad para que una niña siente cabeza y haya menos gente en casa”.

Una tendencia reversible

Desde 2011, el número de niñas casadas antes de la edad adulta legal se ha reducido en un 15% en general, pero ahora este progreso está amenazado como resultado de la pandemia, dice Unicef.

“Estábamos progresando a nivel mundial en la reducción de los matrimonios infantiles. Aún no lo suficiente para lograr nuestro objetivo de eliminarlo, pero íbamos en la dirección correcta”, dice Maksud.

“Pero la covid-19 nos ha roto esa trayectoria. Las vidas de las adolescentes en todo el mundo han empeorado”.

Sin embargo, hay algunas tendencias positivas reflejadas en el informe: la evidencia sobre el terreno muestra que donde es posible la intervención, los matrimonios y uniones infantiles pueden detenerse.

Aunque el matrimonio infantil sigue siendo una práctica común en algunas partes del mundo, se está volviendo menos usual allá donde se toman las medidas adecuadas.

Y el aumento estimado como resultado de la pandemia puede revertirse, dicen los expertos.

“He recibido nueve propuestas de matrimonio”

“Desde que tenía 14 años, he recibido nueve propuestas de matrimonio”, dice Maram, quien llegó a Jordania desde Siria hace unos años y ahora vive en Zaatari, un campo de refugiados cerca de la frontera.

“Nuestra comunidad nos presionó mucho, pero mi madre y mi padre me respaldan”, dice.

“Mi madre es mi mayor apoyo, me dice que todavía soy demasiado joven y que aún no entiendo qué es realmente el matrimonio”.

En cambio, Maram tuvo la oportunidad de ir a la escuela y jugar al fútbol, una de sus pasiones.

“Conozco a chicas que se casaron y abandonaron la escuela. Tienen que dejar atrás a sus familias y mudarse con su marido y sus suegros. Estas chicas no están preparadas para un cambio tan grande”, dice.

“Mis dos amigas que se casaron ahora lo lamentan. Están conmocionadas por su nueva vida y se sienten privadas de sus derechos”.

¿Se pueden prevenir los matrimonios infantiles?

Los expertos creen que los matrimonios infantiles pueden evitarse con las adecuadas intervenciones sociales.

“El ejemplo perfecto es India. Durante los últimos 30 años, ha tenido programas nacionales enormes de transferencias de efectivo”, dice Maksud.

Como resultado, las familias indias han recibido una compensación económica por no casar a sus hijas menoresde edad.

Además, aunque el matrimonio no se pueda prevenir, retrasarlo sí aporta beneficios a la comunidad.

“Eso es realmente importante, porque permite que estas niñas terminen la escuela, tengan otras opciones en la vida, desarrollen habilidades y, como resultado, es más probable que detengamos el círculo de la pobreza”, añade Maksud.

“Me pagan si espero para casarme”

Savita cree que tiene 16 o 17 años, no está segura exáctamente cuántos.

Aunque sus documentos de identidad indican que tiene 14 años, dice que no es correcto.

Vive en Uttar Pradesh, en el norte de India, con sus padres, cuatro hermanas y dos hermanos.

Savita dice que nunca ha ido a la escuela, por lo que no sabe leer ni escribir.

Durante el confinamiento su familia recibió grano extra, pero aun así la presionó para que se casara.

Vio a su hermana casarse siendo una niña y era reacia a seguir sus pasos.

Cuando las autoridades locales lograron detener sus nupcias hace unas semanas, Savita se sintió aliviada.

Le ofrecieron unirse a un programa de transferencia de efectivo: si pospone casarse hasta los 18 años, recibirá apoyo financiero hasta entonces.

Después de la pandemia

Nankali Maksud, de Unicef, dice que hay tres elementos clave que deben abordarse para revertir la tendencia de las niñas obligadas a casarse a causa de la pandemia.

“En primer lugar, hay que hacer que las niñas regresen a la escuela de la manera más segura posible”, dice Maksud, o brindarles la oportunidad de desarrollar habilidades, como por ejemplo aprender un oficio o una profesión.

“También se debe abordar el impacto económico de la covid-19 en los hogares pobres, para que la carga financiera no se alivie vendiendo o casando a las niñas”.

La asesora de Unicef también señala que el embarazo en la adolescencia es un impulsor importante de los matrimonios de menores de edad.

“Por lo tanto, es vital que se reanuden los servicios de salud sexual y reproductiva, para que las niñas puedan acceder a ellos y tengan la información y la asistencia que necesitan para poder tomar las decisiones correctas”.

“Ayudé a salvar a mi hermana del matrimonio”

Minara se convirtió en una activista contra el matrimonio infantil en su comunidad después de unirse a un club local para la educación de adolescentes en Kalmakanda, en el norte de Bangladesh.

Lo que esta adolescente bangladesí de 18 años no sabía en ese momento era que su formación le ayudaría a salvar a su propia hermana menor, Rita.

“La pandemia ha sido dura con mi familia”, dice Minara, quien vive con sus padres y dos hermanos en una casa con techo de paja.

Su padre perdió el trabajo durante el confinamiento y estaba desesperado por conseguir dinero.

Minara descubrió que un vecino se había ofrecido a casarse con su hermana, diciendo que quería ayudar a alivir la carga financiera de la familia.

Este mismo hombrehabía estado acosando a Ritaantes de que llegara la pandemia, dice.

Con la ayuda de sus compañeros del club, Minara llamó a una línea de asistencia para niños y niñas y logró detener el matrimonio, aunque no está segura de por cuánto tiempo.

“Si esta pandemia continúa, los padres podrían verse presionados a casar a sus hijas antes de que cumplan 18 años”.

“El asesoramiento está ayudando”

En Etiopía, Abeba espera que sus amigas sigan yendo a la escuela y eviten ser casadas antes de graduarse.

Mekdes, de 14 años, sueña con ser ingeniera.

“Estando en casa (confinados), escuché a mis padres hablar de casarme con un chico al que ni siquiera conocía“, le dice a la BBC.

“Les dije que no quería casarme y que quería estudiar, pero no me escucharon”.

“Esperé hasta que nuestra escuela reabrió y le conté todo al director de la escuela“, dice la adolescente.

“Él informó a las autoridades locales y ellas aconsejaron a mis padres que no lo hicieran”.

Por ahora, sus padres han prometido no casarla hasta que cumpla 18 años.

“El servicio de asesoramiento está ayudando mucho en nuestra comunidad. Ahora existe incluso un sistema para que la policía procese a los padres si insisten en casarnos”.

Texto editado por Valeria Perasso.

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Trabajadores por los derechos humanos en la ciudad yemení de Taiz dicen que más de 450 niños han muerto o han resultado heridos por disparos de francotiradores hutíes en los últimos seis años de conflicto.

La hermana de Amri, Ruweida, fue uno de esos niños. Amri la puso a salvo después de que le dispararan en la cabeza cuando cruzaba la calle.

La guerra civil de Yemen comenzó en 2014 cuando los hutíes expulsaron al gobierno internacionalmente reconocido de la capital, Saná. Una coalición liderada por Arabia Saudita respaldada por Reino Unido ha estado tratando de reinstaurar al gobierno en el poder.

Los hutíes, respaldados por Irán, niegan las acusaciones de que atacan a los niños.

Reportaje: Orla Guerin, corresponsal internacional de la BBC. Producido por: Orla Guerin, Goktay Koraltan, Claire Read, Suad Al-Salahi y Wietske Burema.

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La pandemia no puede usarse como una excusa para frenar nuestros esfuerzos en el cumplimiento de los derechos de la infancia, sino debe verse como una oportunidad para acelerarlos.”, señaló Carlos Carrera, Representante de Unicef en Guatemala.

Los resultados de la encuesta provienen de un levantamiento realizado en junio pasado y permiten observar ciertas características y tendencias a nivel nacional que indican una mayor afectación socioeconómica en hogares con niñas, niños y adolescentes por la pandemia.

Alejandra Contreras, experta en política Social de Unicef, explicó que estos problemas no son nuevos, pero la pandemia influyó en agravarlos o frenar proyectos que ya incidian de manera positiva.

“Guatemala recibe la pandemia con una situación un poco comprometida, porque hay un rezago en la cobertura de servicios esenciales para la población, especialmente para la niñez y adolescencia”, reconoce Contreras que asegura que “hay una necesidad que las instituciones se reinventen” para evitar daños mayores.

La experta de Unicef reconoce que aunque no se puede medir cuánto tiempo se necesita para recuperar los siete meses que el país ha estado suspendido por la pandemia, sí se debe trabajar en los próximos para iniciar un 2021 con proyectos que puedan aportar soluciones.

“Atrás de cada programa hay una gestión grande de cada ministerio y significa que no podemos perder estos meses. Tenemos octubre, noviembre diciembre para que las instituciones puedan replantear las acciones y que, en enero, con nuevo presupuesto, tener la preparación suficiente para que los niños y niñas tengan los servicios que necesitan”, agregó.

Preocupaciones

Otto Rivera, secretario ejecutivo de la Coordinadora Institucional de Promoción por los Derechos de la Niñez –Ciprodeni- coincidió con las preocupaciones que enumera Unicef.

Rivera señaló también que el derecho a la educación gratuita y de calidad para los menores se vulnera porque se hace uso de servicios como el internet, servicio que no es de libre acceso a toda la población.

Asimismo, agregó que hay darle protección y prioridad a los niños y adolescentes víctimas de violencia intrafamiliar, porque los casos fueron en aumento, pero las denuncias no.
Otro tema que le preocupó al secretario de Ciprodeni es la inversión pública en las niñez y adolescencia, la cual sigue siendo muy baja y debe priorizarse.

Fragilidad institucionalidad

Leonel Dubón, director ejecutivo de la asociación El Refugio de la Niñez, afirmó que desde hace mucho tiempo se ha advertido que la instituciones que están a cargo de la protección y seguridad de los niños, niñas y adolescentes son frágiles, pero la pandemia agravó y visibilizó sus problemáticas y carencias. “No contamos con un verdadero sistema de protección social”, reconoció.

Además, agregó que la Asociación está de acuerdo y comparten las preocupaciones enumeradas por Unicef, pero hay más elementos que se deben agregar, como la institucionalidad y protección de los niños y adolescentes.

“Evidentemente el sistema de salud se vio rebasado, pero nosotros siempre hemos cuestionado la falta de hospitales infantiles, porque no son ni el 10% comparado con los centros hospitalarios generales. La asistencia médica para los niños y niñas es más limitada que para los adultos. Muchas veces son atendidos por médicos generales y no por pediatras”, lamentó.

Dubón resaltó la brecha digital como uno de los mayores problemas en la educación, así como los peligros de la niñez migrante, que se va del país por “no tener recursos de sobrevivencia y termina siendo una especie de migración forzada, porque no hay condiciones para que se desarrollen en el país”.

Problemas de fondo

• Inseguridad alimentaria: Aumento de la desnutrición aguda y crónica. Del 1 de enero al 31 de agosto de 2019 se registraron 11 mil 662 casos de niños menores de cinco años con desnutrición aguda. Para el mismo periodo de 2020, la cifra se elevó a 20 mil 924 niños, según los registros de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesán). Así mismo, la encuesta realizada por Unicef reveló que el 50% de los hogares dejó de comprar algún alimento por falta de dinero; el 24% dejó de comer un tiempo o más de comida por falta de alimentos y el 35% está comiendo menos en cada comida por falta de alimento. De igual forma, seis de cada 10 adolescentes y jóvenes encuestados dice que el covid-19 ha dificultado comer saludablemente más que antes. La mayoría dice que la causa es que su familia tiene menos dinero para comprar comida.
• Servicios de salud: Por el temor a ser contagiados, se ha visto un descenso de afluencia en los centros de salud, lo que ha impactado en un aumento de la mortalidad infantil y materna. Entre abril y junio de 2019, se registraron 86 muertes maternas. Para los mimos meses de 2020, esta cifra se incrementó a 103, de acuerdo con el Ministerio de Salud. Así mismo, dos de cada 10 adolescentes y jóvenes encuestados creen que el covid-19 puede generar más conflictos con el acceso a servicios en su comunidad. Comparando datos de cobertura de servicios de salud de los meses de abril, mayo y junio de 2019 con los datos de los mismos meses para 2020, se observa una caída del 31% en la primera visita de cuidados prenatales y del 66% para la cuarta visita; respecto a los partos institucionales, se observó una caída del 24% en el mismo periodo; finalmente, también se registró una disminución del 13% en el número de vacunas suministradas contra la difteria, tétanos y tos ferina.
• Interrupción de clases: A pesar de los esfuerzos para garantizar la continuidad educativa, según la encuesta realizada por Unicef, el 49% de los entrevistados reporta tener hijos menores de 18 años, de los cuales el 81% estudia y el 19% no. Y de los que estudian, el 31% dice no estar recibiendo clases a distancia durante la pandemia. Esta situación amenaza el logro de los aprendizajes y aumenta el riesgo del abandono escolar, lo que puede repercutir en el incremento de la desigualdad y la exclusión en el país. 8 de 10 de adolescentes y jóvenes encuestados opinó que su educación se ha visto afectada por el covid-19.
• Vulnerabilidad a violencia: Los resultados de la encuesta también revelaron que un 50% de las personas consideran que durante la pandemia se ha incrementado la violencia familiar y en específico un 30% considera que la violencia hacia los niños se ha incrementado. Así mismo, dos de 10 de adolescentes y jóvenes encuestados decía resolver los conflictos en su hogar por medio de discusiones fuertes, gritos y golpes. Sin embargo, a pesar del aumento de la violencia, debido a las medidas de confinamiento, ha habido una disminución en las denuncias, lo cual obstruye la lucha por obtener justicia.
• Vulnerabilidad de niñez migrante: Debido a las nuevas medidas de contención del virus, se registró un aumento de niñez migrante retornada. Al 31 de agosto de 2020 han sido retornados 2 mil 229 niños no acompañados, de ellos 869 retornados de Estados Unidos, cifra superior a la de todo el año 2019 (831) y la más alta de los últimos años. Adicionalmente, los temores de virus agravan la discriminación y la violencia existentes para los niños migrantes que regresan, dejándolos doblemente en riesgo. Según la encuesta realizada por Unicef, un 40% de las personas consideran que los migrantes, incluidos niños, sufrieron acoso o discriminación por ser posibles portadores del coronavirus. Y 8 de 10 adolescentes y jóvenes encuestados por U-Report, cree que el covid-19 está generando estigma contra cierto grupo de personas, la mitad considera que el estigma es más dirigido hacía migrantes, refugiados y retornados.

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Por ello, en el marco del Día del Niño, que se celebra cada 1 de octubre en Guatemala, busquemos conectarnos con ellos a través de actividades recreativas que nos harán pasar un buen tiempo en familia. Si cuenta con poco tiempo pero desea compartir un momento con sus hijos, le presentamos algunas propuestas de actividades para celebrar el día del niño:

1. El globo irrompible

Todo lo que necesita para este juego es un globo y un trozo de lana para cada jugador. Con el trozo de lana, ate el globo al tobillo de cada uno y estarán listos para comenzar. La actividad consiste en apachar el globo del contrincante hasta reventarlo, mientras cuida que su propio globo esté a salvo.

Este juego le garantizará muchas risas y, para volverlo más interesante, puede introducir en ellos algunos dulces o pequeñas sorpresas para que, al reventarlo, todos ganen con una recompensa.

2. Escondidas

Sin duda, este juego es muy conocido y nos trae recuerdos de momentos divertidos que pasamos con nuestros amigos de la infancia. Pero hoy le proponemos una variante para disfrutar en familia dentro de casa. Lo que necesitará es una venda para los ojos y la buena disposición para pasarla muy bien.

Para este juego, deberá contar con una habitación despejada y libre de cualquier riesgo. Lo que menos queremos es botar algo o que alguien salga lastimado. Un integrante de la familia deberá vendarse los ojos mientras que los demás aplauden. El sonido de los aplausos deberá indicarle en dónde se encuentra cada uno para atraparlo. El primero en ser atrapado, será el próximo que deba vendarse los ojos y encontrar a los demás.

3. La búsqueda del tesoro

Esta es una actividad sumamente entretenida y en la que puede formar equipos entre niños y adultos. El juego consiste en esconder un tesoro y armar pistas para que los niños lo busquen hasta encontrarlo. Los niños pueden trabajar en conjunto para lograrlo; esto les permitirá aprender a trabajar en equipo para llegar a una meta en común.

El tesoro podría ser alguna sorpresa o un regalo simbólico, lo cual motivará a los niños a encontrarlo y volverá el juego más interesante. Este se puede llevar a cabo al aire libre o dentro de casa, pero recuerde no hacerlo tan difícil para evitar que los niños se desesperen. Una estrategia que podría facilitar la búsqueda, es diciendo ‘frío’ cuando los niños se encuentran lejos del tesoro y ‘caliente’ cuando se van acercando.

4. Origami

Si cuenta con mayor tiempo y paciencia, el origami es una buena idea para pasar un tiempo entretenido. Este es un arte japonés que consiste en el plegado de papel para formar figuras sin necesidad de utilizar tijeras, pegamento o algún material para pegarlo. Para niños, existen figuras sencillas de realizar y lo podrán lograr con la orientación de un adulto.

Estas son algunas propuestas para realizar con sus hijos:

A continuación, un videotutorial del usuario de YouTube ‘Juntines Planes’:

5. Recetas fáciles y divertidas

¿Qué tal un momento en la cocina? Existen recetas fáciles y nutritivas que también son una excelente opción para realizar con sus hijos. Además, gracias a la creatividad, los platillos resultan atractivos para los niños.

Sándwich de mariquita

En una rodaja de sándwich, coloque una rodaja de queso y una rodaja de leche. Sobre esta base, coloque dos rodajas de tomate de manera que parezcan alas de mariquita.  Para la cabeza del insecto, coloque la mitad de un tomate cherry y, sobre las alas, coloque aceitunas que simulen ser las manchas de la mariquita.

Desayuno playero

Si desea un desayuno fresco, creativo y nutritivo, qué mejor que formar un paisaje con frutas. Solo necesitará 1 banano, 1 kiwi, dos rodajas de naranja y una rodaja de zanahoria.

Como base, coloque las dos rodajas de naranja en la parte inferior del plato. Luego, corte los bananos en rodajas y colóquelas formando los troncos de dos palmeras. Para las hojas, corte las rodajas del kiwi por la mitad. Agregue un sol con la rodaja de zanahoria. Si es posible, corte los piquitos.

6. Manualidades con material reciclado

Una manera de estimular la imaginación y creatividad de sus hijos es realizando manualidades. Y qué mejor que hacerlo con material reciclado para enseñarles la importancia del cuidado del medio ambiente. Así que, si tiene material en casa que pueda aprovecharse para una actividad entretenida y que, de paso, sirva para un tiempo de compartir y escuchar a sus hijos, no dude en utilizarlo.

En este ejemplo, observamos una mariposa hecha con un tubo de papel higiénico y algunas hojas que podrían habernos sobrado de otros trabajos manuales.

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Hoy, un niño de nueve años partió hacia la frontera. No le acompaña ningún adulto. Sobre la desgastada playera de “la sele” aún siente las tibias lágrimas de los abuelos que le han cuidado desde la cuna. Si se queda morirá en las manos asesinas de las maras. Si lograra sobrevivir, si se encontrara con sus padres en Estados Unidos, cumpliría su sueño de ser un futbolista famoso. Infortunadamente, los Zetas interrumpirán su viaje. Otro güiro, de 13 años —sin instituto ni biblioteca, ni frijoles en la mesa—, hoy se sumará a una de las maras del lugar, pasará la prueba de extorsionar y matar, y vivirá dos años más. Antes, cuando soñaba, quería vivir para ayudar: ser bombero, policía o cuentacuentos.

La corrupción, un modelo económico sádico basado en exprimir a las personas, y un Estado fundado para la riqueza de pocos y el hambre de muchos están matando el presente y el futuro de las niñas, niños y adolescentes de Guatemala, y con ello también exterminan el presente y el futuro de este país. Aproximadamente, uno de cada diez niños, de entre siete y 14 años realiza actividades económicas, insertándose de manera temprana al trabajo, sacrificando su niñez y limitando la capacidad de construir el proyecto de vida que desea. No es difícil comprender por qué hoy no están inscritos en la escuela 1.9 millones de niñas, niños y adolescentes, de entre cinco y 18 años, si sabemos que siete de cada diez ausentes viven en condiciones de pobreza.

Ayer se celebró el Día del Niño y la próxima semana, el 8 de octubre, se celebrará el Día de la Niña. Sin embargo, el contexto de indefensión en el que viven millones de ellos no nos permite una festividad completa. Abracemos a aquellos que tenemos cerca, pero no olvidemos a los que están alejados del hogar tibio, de la escuela, de la mesa servida, del juego y la sonrisa.

Guatemala puede y debe avanzar hacia políticas —económicas, sociales y fiscales— que protejan a todos los niños y adolescentes: salvar el maíz tierno requiere universalizar la educación, la salud y el agua, al tiempo en que se aumenta la infraestructura económica y social, se generan empleos para los adultos y se induce una rápida transformación productiva de las pequeñas y medianas empresas. Es necesario que los hogares cuenten con un mínimo de recursos —una renta básica universal— para satisfacer sus necesidades esenciales y provocar una mayor demanda de productos y servicios locales, que dinamice la economía y de certidumbre. Es vital un sistema de justicia que garantice los derechos y juzgue como manda la ley al infractor y al corrupto. Es toral acabar con las mafias que han capturado el sistema político.

Animémonos a exigir cambios substanciales y responsabilicémonos por la protección de todos y cada uno de los niños, niñas y adolescentes. En ello reside la fuerza para un país cohesionado, vivible y democrático.

jmenkos@gmail.com

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4 consejos para evitar sobrealimentar a tu bebé

Cinco años antes, en 1954, la Asamblea General de Naciones Unidas recomendó que se instruyera en todos los países el Día Universal del Niño, que se conmemora desde entonces oficialmente cada 20 de noviembre, aunque hay países que lo celebran en días diferentes.

El objetivo de los Derechos del Niño es que los niños puedan tener una infancia feliz, e instar, como explica la ONU, a los padres, a los hombres y mujeres “y a las organizaciones particulares, autoridades locales y gobiernos nacionales a que reconozcan esos derechos y luchen por su observancia”.

Posteriormente, el 20 de noviembre de 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), que es el primer instrumento internacional que reconoce a los niños y niñas como agentes sociales y como titulares activos de sus propios derechos.

La Convención sobre los Derechos del Niño tiene 54 artículos recogen los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de todos los niños. Su aplicación es obligación de los gobiernos, pero también define las obligaciones y responsabilidades de padres, profesores, profesionales de la salud, investigadores y los propios niños y niñas.

Reproducimos aquí los diez derechos de la Declaración de los Derechos del Niño que fueron el germen de la actual Convención:

Declaración de los Derechos del Niño

Principio 1: Derecho a la igualdad

El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta Declaración. Estos derechos serán reconocidos a todos los niños sin excepción alguna ni distinción o discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otra condición, ya sea del propio niño o de su familia.

Principio 2: Derecho a tener un nombre

El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño.

Principio 3: Derecho a tener una familia

El niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a una nacionalidad.

Principio 4: Derecho a tener un hogar

El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. Tendrá derecho a crecer y desarrollarse en buena salud; con este fin deberán proporcionarse, tanto a él como a su madre, cuidados especiales, incluso atención prenatal y postnatal. El niño tendrá derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados.

Principio 5: Derecho al cuidado especial

El niño física o mentalmente impedido o que sufra algún impedimento social debe recibir el tratamiento, la educación y el cuidado especiales que requiere su caso particular.

Principio 6: Derecho a la salud

El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita amor y comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material; salvo circunstancias excepcionales, no deberá separarse al niño de corta edad de su madre.

La sociedad y las autoridades públicas tendrán la obligación de cuidar especialmente a los niños sin familia o que carezcan de medios adecuados de subsistencia. Para el mantenimiento de los hijos de familias numerosas conviene conceder subsidios estatales o de otra índole.

Principio 7: Derecho a la educación

El niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita y obligatoria por lo menos en las etapas elementales. Se le dará una educación que favorezca su cultura general y le permita, en condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad moral y social, y llegar a ser un miembro útil de la sociedad.

El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su educación y orientación; dicha responsabilidad incumbe, en primer término, a sus padres.

El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deben estar orientados hacia los fines perseguidos por la educación; la sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por promover el goce de este derecho.

Principio 8: Derecho a la alimentación

El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que reciban protección y socorro.

Principio 9: Derecho a no trabajar

El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. No será objeto de ningún tipo de trata. No deberá permitirse al niño trabajar antes de una edad mínima adecuada; en ningún caso se le dedicará ni se le permitirá que se dedique a ocupación o empleo alguno que pueda perjudicar su salud o su educación o impedir su desarrollo físico, mental o moral.

Principio 10: Derecho a jugar

El niño debe ser protegido contra las prácticas que puedan fomentar la discriminación racial, religiosa o de cualquier otra índole. Debe ser educado en un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos, paz y fraternidad universal, y con plena conciencia de que debe consagrar sus energías y aptitudes al servicio de sus semejantes.

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Pensar en cuál sería el resultado de una iniciativa revolucionaria y novedosa para garantizar el acceso a la educación de calidad a todos los niños y niñas del país, es un ejercicio esencial para cualquier político. Junto con ello, atreverse a tomar la iniciativa de establecer programas de nutrición escolar para la niñez de los sectores más pobres —porque sin ese complemento ningún programa educativo puede funcionar eficazmente— alcanzaría un impacto medible en un mayor desarrollo físico, intelectual y psicológico de miles de niñas y niños actualmente desnutridos. En los países menos desarrollados y en donde existen elevados niveles de corrupción, se cuentan por miles los hogares carentes de los ingresos mínimos para sobrevivir con dignidad y es allí, en esos hogares, en donde se suele sacrificar a los más indefensos: las niñas.

“En nuestra comunidad sí existe una gran diferencia. La niña en la comunidad es desvalorizada por ser mujer. Las creencias culturales de la region Q’eqchi’ son: la niña Q’eqchi’ es la que apoya a su señora madre en la cocina, la que va traer agua, la que ayuda a su mamá a lavar la ropa de sus hermanitas, la que cuida de sus hermanitas y hermanitos. El niño Q’eqchi’ es el consentido de la casa, especialmente del padre. Es el que juega y tiene libertad de salir con sus amigos. También va a traer leña con su papá, para la casa… A ella no la valorizan como al varón. Ella es la más afectada” 1. (Tomado del informe El Matrimonio Infantil Forzado en Guatemala, Caso del municipio de San Pedro Carchá, elaborado por Plan Internacional).

Esta cita ejemplifica la situación de millones de niñas en nuestros países. Condenadas por costumbre a una vida de servicio, se las conduce inevitablemente a perder toda posibilidad de alcanzar objetivos de vida productiva y gratificante, lo cual sí es accesible para sus hermanos varones, y entonces sus perspectivas se reducen a un matrimonio precoz para el cual no están preparadas; embarazos inseguros y una pérdida total de su libertad individual, destino no solo injusto, sino además de una enorme violencia.

Un estilo de vida considerado normal por un sector de la ciudadanía es una fantasía, un mundo distante para las niñas de los sectores más pobres, aquellas cuyos sueños se estrellan contra las paredes de su cerrado círculo doméstico: acarrear agua, lavar ropa, cocinar y barrer; servir, servir y servir porque “para eso son niñas, para servir”. Esta violación flagrante de los derechos humanos de niñas y mujeres en nuestras sociedades, violación naturalizada por costumbres hasta no hace mucho basadas en leyes discriminatorias, requiere la atención de toda la ciudadanía y un compromiso real de reparación. Una niña educada es un ser humano integral, capaz de contribuir a una mejor sociedad.

elquintopatio@gmail.com

Varios policías subieron a la azotea a quitarla, pero, antes de que terminaran recibieron contraorden porque el edificio es de propiedad privada. Horas después, en solidaridad con el independentista, en dos edificios más aparecieron mantas iguales a la primera.

Pues bien, las autoridades españolas no hicieron nada contra los que colocaron las pancartas por cuanto reconocieron que estos procedían en el ejercicio de la libertad de expresión.

El presidente había sido invitado a cortar la cinta simbólica en la inauguración de esas fiestas, que son las de mayor lucimiento en el país cada 15 de septiembre; pero, ya no llegó.

Esa investigación constituye, ¡qué duda cabe!, una violación a la integridad moral de los niños. Una de las consecuencias puede ser intimidarlos, al igual que a sus padres, a los maestros y a los organizadores del desfile.

En otras palabras, anular el espíritu rebelde de los niños, silenciarlos, en lugar de fomentar en ellos la idea de que un espíritu nacido libre no debe crecer ni vivir como esclavo.

Guatemala, al firmar la Convención sobre los derechos del niño, prometió solemnemente a los niños guatemaltecos hacer todo lo que esté a su alcance para protegerles y promover su derecho a sobrevivir, a prosperar en la vida y a aprender y crecer, así como hacer oír sus voces y ayudarles a desarrollar plenamente todo su potencial. También se comprometió a tomar todas las medidas apropiadas para garantizar que todo niño guatemalteco se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de su condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares. Y resulta entonces inexplicable lo que la autoridad hace hoy contra los niños quetzaltecos por externar sus opiniones acerca de un funcionario. Y, como se sabe, a otros niños se les impidió el acceso a la Plaza de la Constitución, no obstante que ese lugar es un bien público de uso común, especialmente para los niños. Y todo sucedió en el considerado, irónicamente, mes de la libertad. Claro, así es el rostro de la tiranía.

Para quienes ven al toro desde la barrera resulta casi gratificante aceptar las versiones oficiales, dado que ello los exime de asumir posiciones incómodas. Si las chicas eran mal portadas entonces el desarrollo de los acontecimientos era inevitable. Mal portadas significa rebeldes, ariscas, soeces, desafiantes. Mal portadas, ingratas y violentas al negarse a aceptar su situación y pretender cambiar las cosas. Mal portadas al estilo de las novelas de Charles Dickens, mal portadas bajo los códigos de una sociedad tan indiferente a su condición como lo ha sido con respecto a su destino. En fin, esas chicas malas se lo labraron solas.

La otra cara del asunto es el escenario completo. Es decir, ¿qué llevó a esas criaturas que al nacer eran unos angelitos caídos del cielo a transformarse, supuestamente, en producto desechable? ¿En qué momento se produjo la metamorfosis, si es que realmente hubo alguna y no estamos simplemente asumiendo lo que no es? Al buscar respuestas estas convergen en las carencias de siempre, producto de la infame manipulación de la riqueza para acrecentar los capitales de unos pocos para privar a todos los demás de las oportunidades de desarrollo que han generado con su trabajo mal pagado, todo ello coronado por la indetenible corrupción de las clases política y económica.

En ese cuadro de costumbre campea a sus anchas el crimen organizado, el cual ha invadido todos los espacios y se ha beneficiado largamente de la inercia del Estado y la ciudadanía. Esas niñas malas, quienes de acuerdo con la voz oficial estaban bajo cuidado de psicólogos y personal especializado en cuidado de niñas, niños y adolescentes, no supieron agradecer tanto beneficio y se amotinaron en un acto de inconcebible rebeldía. Por supuesto, no se dice que entre ese personal especializado había ex militares entrenados, había quienes aprovechaban su poder absoluto para abusar a su antojo de las niñas malas y nadie en ese antro de horror era capaz de sentir la menor empatía por esos seres tristes y abandonados a una suerte macabra.

El período de la adolescencia no es fácil. No lo es para las niñas y niños nacidos en un ambiente apropiado, mucho menos para quienes fueron a parar a las zonas marginales en un hogar desintegrado y con todas las carencias del catálogo. No existe un solo ser humano capaz de conformarse con la miseria sin rebelarse contra su suerte. No existe tampoco uno que acepte la violencia como forma de vida sin intentar escapar de ella.

La pretensión de acusar a las niñas de mentirosas, afirmar que sus violaciones y embarazos son imaginarios, negar la existencia de las redes de trata es abusar de la paciencia de quienes poseen un mínimo de sentido común y algo de capacidad de raciocinio. Esas niñas no nacieron para ser un producto gratuito para el comercio sexual, todas ellas tienen derechos y es obligación de la ciudadanía exigir que sean respetados.