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Ante temas tributarios aparte de obligaciones, también existen estos derechos del contribuyente

El contribuyente tiene derecho al debido proceso, audiencia y defensa, así como presentar alegatos y pruebas ante acciones de la SAT.

Rosa María Bolaños

23 de febrero de 2024 | 05:00h

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La Constitución, el Código Tributario y otra legislación guatemalteca establecen diversos derechos de los contribuyentes. (Foto, Prensa Libre: Freepik).

Aparte de tener obligaciones ante el Estado y la Administración Tributaria, el contribuyente también tiene derechos que son aplicables en los diferentes aspectos desde el pago de impuestos, exenciones, cobros, ajustes, o requerimientos de la SAT.

Expertos tributarios explican los derechos que existen en la legislación guatemalteca en ese ámbito, y brindan algunos ejemplos de cómo o cuándo aplicarse.

En el Código Tributario se establece el derecho de defensa, el cual permite al contribuyente llevar un debido proceso de defensa ante ajustes por impuestos, multas e intereses, a ser notificados de forma adecuada, así como a tener acceso a la información, y poder hacer peticiones o impugnar, exponen los auditores: Walfred Corado, coach de Impuestos y de Negocios y director de Impuestos y Precios de Transferencia en la firma Expertos Tributarios, S.A.; Juan Carlos Paredes, socio director de la firma Paredes, Saravia y Asociados, S. C. (Parsa); y Mario Coyoy coordinador de la Comisión Fiscal del Instituto Guatemalteco de Contadores Públicos y Auditores (IGCPA) y socio de la firma Deloitte.

En 2016 se introdujo la Carta de Derechos del Contribuyente en el Código Tributario de Guatemala, ya que con el decreto 37-2016, se incorporó el artículo 21 “A” estableciendo los derechos, exponen Corado.

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El artículo en mención contiene:

• Garantizar con carácter reservado los datos del contribuyente (secreto fiscal).
• Impugnar resoluciones tributarias.
• Debido proceso, audiencia y defensa, así como presentar alegatos y pruebas.
• Ser informado y asistido por la SAT de sus derechos en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, así como obtener copias de expedientes, informes o actuaciones tributarias administrativas y también ser informado al inicio de las actuaciones de fiscalización sobre su naturaleza y alcance, así como de sus derechos y obligaciones conforme a la ley.
• Toda solicitud de información que haga la SAT a los contribuyentes con fines de fiscalización debe hacerla por medio de un requerimiento de información y las ampliaciones de este deben guardar relación con el mismo proceso.
• Realizar consultas y obtener respuestas y realizar peticiones conforme a procedimientos para la aplicación de los tributos.
• No proporcionar información ya presentada para su registro, inscripción o actualización tributaria.
• Devolución de pagos en exceso.
• Prescripción tributaria para determinar obligaciones, imponer sanciones y exigir el pago de los impuestos adeudados.
• Conocer el estado de actuaciones administrativas.
• El personal de la SAT que tramita un expediente o actuación tributaria debe identificarse.

El contribuyente tiene la obligación de pagar sus impuestos y hacerlo en los plazos que fija la ley y disposiciones dice Paredes, pero refiere que también tiene derechos y menciona algunos ejemplos de qué aplicación pueden tener o de qué pueden incluir.

En el acceso a información incluye entre otros, acceso a expedientes para verificar su situación en temas de impuestos.

Se tiene derecho de petición al presidente de la Republica para que le sean exoneradas multas en cualquier estado que se encuentre el expediente en la SAT. O, podrá recurrir a la prescripción de impuestos y sanciones en los casos que se presentan, para ello se debe determinar que se cumple con lo establecido en el Código Tributario.

Hay otros relacionados a lo establecido en diversos impuestos, como el derecho a solicitar devolución de pagos en exceso o pagos indebidos puede ser en diversos tributos, entre ellos el impuesto al valor agregado (IVA), impuesto sobre la renta (ISR), impuesto de solidaridad (ISO) y otros vigentes.  Además, a la devolución de crédito fiscal en las empresas que por su naturaleza realizan ventas de exportación y a entidades exentas del Estado.

También, a destruir inventarios perecederos conforme la Ley del IVA-ISR para efectos que sean deducibles y a reportar gastos deducibles conforme lo establece el artículo 21, 22 y 23 de la ley que establece el ISR.

Derecho a aplicar las exenciones y exoneraciones del IVA, ISR e ISO, y otros, así como beneficios fiscales vigentes.

Algunos casos

• El contribuyente debe tener claro que no está obligado a acatar órdenes que no estén basadas en ley y emitidas conforme a ella, advierte Paredes.
• Además, debe analizar a qué se refiere la llamada, citación, o ajuste, que les está haciendo la SAT.
• Concuerda con Coyoy, respecto de no admitir ningún pago de impuestos requerido si no se agota el debido proceso y el derecho a defensa.
• Al determinar que se confirma alguna omisión debe inmediatamente solventar su situación, sin embargo, en algunos casos la SAT solicita rectificar declaraciones, pero no se debe admitir o efectuar hasta tener claridad de qué se trata y revisar los plazos de la prescripción de 4 años para impuestos y 5 años para sanciones, explica Paredes.
• En el caso de cierre de negocios, debe recurrir a la debida defensa tributaria para no admitir ilegalidades.
• Y, cuando se trata de ajustes por impuestos y multas debe percatarse que la notificación se realice como lo establece la ley, atender los plazos de audiencia, presentación de pruebas y llevar la defensa como lo establece la ley, recomienda.

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Corado, citando diversas fuentes, expone que en la relación administración tributaria-contribuyentes, debe de incorporarse los valores y principios que la Constitución Política de la República reconoce.

Esta establece dos pilares fundamentales del derecho tributario guatemalteco como el de la legalidad y capacidad de pago, y otros principios de observancia obligatoria, como el de justicia y equidad tributaria, prohibición a la doble o múltiple tributación, no confiscatoriedad, dijo citando la Gaceta 21, que se refiere a la sentencia de agosto de 1991 para el expediente 34-91.

El experto menciona que la Carta Magna también contiene derechos fundamentales en la tributación como la igualdad Tributaria, seguridad y certeza jurídica, petición, defensa y debido proceso (con audiencia), la libertad de acción, y el acceso a actuaciones administrativas o judiciales, además, la tutela judicial efectiva y propiedad privada.

Qué hacer y sus citas de ley

Coyoy y Corado brindan citas de ley, dependiendo de la situación que enfrente el contribuyente, derivada del pago o impago de impuestos, y las medidas que esté efectuando la SAT.

El coordinador de la Comisión Fiscal del IGCPA, menciona los artículos 28 y 41 de la Constitución.

El primero, establece el derecho de petición, dirigiéndolo en forma individual o colectivamente a la autoridad, y la cual está obligada a tramitarlas y resolverlas conforme a la ley. Agrega que en materia administrativa el plazo para resolver las peticiones y notificar las resoluciones no podrá exceder de 30 días, mientras que, en materia fiscal, añade, que “para impugnar resoluciones administrativas en los expedientes que se originen en reparos o ajustes por cualquier tributo, no se exigirá al contribuyente el pago previo del impuesto o garantía alguna”.

Se menciona el artículo 41, respecto a la protección al derecho de propiedad en el cual se prohíbe la confiscación de bienes y la imposición de multas confiscatorias, y que estas últimas en ningún caso podrán exceder del valor del impuesto omitido.

Corado, por aparte se refiere a la legislación que se puede atender en los procesos que la SAT lleve a cabo en fiscalizaciones u otras acciones:

• El Código Tributario establece en los artículos 21 “A” y 126 que todo contribuyente en el ámbito administrativo puede actuar por sí solo o ejercer su derecho mediante un tercero autorizado (que puede ser por ejemplo un asesor tributario).
• Puede ejercer los derechos que le reconoce la Constitución y el Código Tributario, por diferentes vías y cuando proceda, como recursos de revocatoria ante la Administración Tributaria, por amparo cuando existan violaciones a sus derechos o se solicite restaurarlos, y cuando sean agotadas las vías ordinarias correspondientes “principio de definitividad”.
• El artículo 160 del Código Tributario establece un remedio procesal como el de la enmienda o nulidad. Por ejemplo, procede enmienda cuando existan defectos u omisiones del procedimiento administrativo y nulidad cuando haya vicios sustanciales, por ejemplo, entre otros casos cuando exista error en la determinación de la obligación tributaria e imposición de sanciones por parte de la Administración Tributaria, y se tiene el plazo para interponer la enmienda o nulidad es de tres días después de conocida la infracción.
• Sin embargo, el contribuyente está obligado atender citaciones de la SAT, según los el numeral 3 del artículo 21 “B” y el numeral 6 del 112 del Código Tributario. Si no atiende la sanción es una multa de Q1 mil cada vez que sea citado y no concurra, según el artículo 94 de ese código, agrega Corado.
• El experto menciona, citando resoluciones de la CC a los expedientes 183 y 235 del 2019, que, si la SAT requiere información para efectos de fiscalización, determinación de ajustes e imposición de sanciones (cobro de impuestos y multas), deberá solicitarla o notificarlo por medio de un requerimiento de información que deberá ser notificado de forma personal conforme lo establecen los artículos 129 y 130 del Código y no de forma electrónica.
• En caso de cobros de impuestos o sanciones, se debe tener en cuenta los artículos 145 “A”, 146, 150, 154, 161, 171 y 172 del Código Tributario.

Fuentes: Auditores: Walfred Corado, coach de Impuestos y de Negocios y director de Impuestos y Precios de Transferencia en la firma Expertos Tributarios, S.A.; Auditor Juan Carlos Paredes, socio director de la firma Paredes, Saravia y Asociados, S. C. (Parsa); y Mario Coyoy es coordinador de la Comisión Fiscal del Instituto Guatemalteco de Contadores Públicos y Auditores (IGCPA) y socio de la firma Deloitte.

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Las empresas o interesados podrán encontrar la siguiente información en el manual:

• 29 definiciones con la finalidad de aclarar el rol de la empresa en el marco del respeto de los Derechos Humanos
• Los principios rectores de  la ONU sobre Derechos Humanos se agrupan en 2 tipos y 3 categorías que responden “al deber de Proteger, Respetar y Remediar”.
• Por tipo están divididos en: Fundacionales, que son principios básicos, normativos. Y Operativos, orientadores sobre el cómo respetar.
• Por categoría se clasifican así: El Deber del Estado de Proteger los Derechos Humanos, el Deber de las Empresas de Respetar los Derechos Humanos, y acceso a Mecanismos de Remediación eficaces

En el manual se definen los pasos recomendados basados en los principios rectores asociados a cada etapa de la metodología:

• Planificar:

Basados en respeto, compromiso y debida diligencia. Incluye explicación y metodología en los principios del deber y respetar, los derechos. Principio de evitar, prevenir y mitigar. A quién se aplica, acciones para mostrar el respeto, requisitos de la política, la debida diligencia y evaluar las consecuencias negativas.

• Integrar:

Mejores prácticas. Integrar la mejora en las prácticas para prevenir y mitigar.

• Verificar:

Efectuando un análisis de las medidas. Dar seguimiento a la eficacia de las medidas y comunicar las medidas.

• Actuar:

En temas de acciones de mejora y de reparación como reparar consecuencias negativas, contexto y respeto, prioridad para reparar, mecanismos eficaces, grupos de empresas.

También incluye información como: una Guía Breve para acceder al texto de los Instrumentos Internacionales en la materia de Derechos Humanos, los Principios rectores orientados a los Estados, los instrumentos internacionales en Derechos Humanos ratificados por Guatemala y la Guía para realizar una Debida Diligencia.

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Esta política fue construida y adoptada por las entidades asociadas a Cámara del Agro que representan a productores agropecuarios, agroindustriales y agro exportadores de todo el país y viene a fortalecer la estrategia de sostenibilidad del sector agro, y otros mecanismos implementados en política laboral, política ambiental y de cambio climático y programas relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, indicó Nils Leporowski Presidente de dicha Cámara.

Se basa también en la guía para implementación en las empresas, publicada por la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y estándares nacionales expuso Carla Caballeros, añadió.

“Integrar esta política en la estrategia de las empresas del sector, agrega valor a la gestión empresarial y la competitividad de las empresas”, agregó la directiva.

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Les asusta que Aldana pueda colaborar desde el solio presidencial en el trabajo, casi heroico, que desarrolla el Ministerio Público contra la delincuencia; de permitir ser mencionada como candidata, de incurrir en campaña electoral anticipada y al mismo tiempo le lanzan improperios, faltando a elementales deberes de la buena educación cívica.

Movido por publicaciones de prensa, el Tribunal Supremo Electoral ha publicado un aviso dirigido a quienes “estén o hayan realizado actividades que puedan constituir propaganda ilegal y propaganda electoral anticipada” y las conmina a que se abstengan “de continuar con dichas prácticas, bajo apercibimiento de imponer las sanciones que correspondan”.

Se fundamenta el TSE en el hecho de conocer “a través de los diferentes medios de comunicación, vía Internet y redes sociales, así como por denuncias que se han presentado, que varias organizaciones políticas, funcionarios, dignatarios, y personas en lo individual, se encuentran desarrollando diferentes actividades que pueden ser constitutivas de actos de propaganda ilegal de personas individuales o de propaganda electoral anticipada”.

Para el TSE no existe duda alguna acerca de lo que es la propaganda electoral anticipada, tanto que en 2015 aplicó sanciones a los siguientes partidos políticos: Compromiso, Renovación y Orden -Unionista (coligados), 42 sanciones; Libertad Democrática Renovada 20; Encuentro por Guatemala 6; Partido Patriota 33, y Partido Libertador Progresista 1. El año anterior había aplicado 850 multas. Y todo parece estar legalmente correcto. Sin embargo, podría entrañar uno de esos casos en los que la ley o el reglamento contienen normas ambiguas o contradictorias. Una de ellas es la norma según la cual la propaganda y las encuestas electorales, “sólo serán permitidas desde el día siguiente a la convocatoria de elecciones y hasta treinta y seis horas, antes de celebrarse las mismas”. Y aquí es donde, en mi opinión, comienza un problema, y es que no hay en la Ley Electoral y de Partidos Políticos, ni en el reglamento de esa ley, una determinación clara de los siguientes puntos: 1) en qué consiste la propaganda electoral ilegal; 2) en qué consiste la propaganda electoral anticipada; y 3) el momento en que debe producirse el primer acto para incurrir en esa ilegalidad. Y la duda surge porque esos elementos sancionables parecen estar en contradicción con el sentido de libertad política amplia, que consagran la Ley Electoral y de Partidos Políticos, y el reglamento de esa ley y sus reformas. El artículo 62 del reglamento, por ejemplo, declara que son libres los mítines y manifestaciones en plazas, parques o lugares públicos, sin necesidad de permiso alguno; el artículo 63 afianza el derecho de los partidos y comités cívicos electorales para acudir con libertad a la utilización de la prensa escrita, radio, televisión, Internet, cable, distribución de impresos, o de otra índole, el 66 declara libre la distribución de propagada, mediante panfletos, hojas volantes o impresos, sin otras limitaciones que las establecidas en la Ley de Emisión del Pensamiento. Pero, en el afán de depurar los procesos electorales, crece la tendencia a menoscabar algunos derechos para el ejercicio de la libertad política partidista, y esto debe ser evitado.

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En este sentido, el procurador califica de justas las demandas de un incremento salarial de los médicos. “Al colapso táctico y operativo de salud pública, se agrega la situación humana del personal, puesto que históricamente los médicos han denunciado salarios indignos”, se lee.  

Señaló que el extremo económico debe ser abordado de forma integral debido a que se requiere también invertir en equipo e infraestructura.

#ComunicadoPDH | @PDHgt @JordanRodas ante la advertencia de paralización de la consulta externa a nivel nacional en el @MinSaludGuate pic.twitter.com/lkFlvqlaRI

— PDH Guatemala (@PDHgt) August 11, 2018

No obstante, Rodas indica en el comunicado que “el cierre de las consultas externas de los hospitales afectaría la vida de la población más vulnerable y que debía evitarse la interrupción del servicio”.

El comunicado concluye instando a las autoridades a resolver la situación en la salud pública superando medidas paliativas y coyunturales. Asimismo, a impulsar soluciones integrales que incluyan políticas públicas y desarrollo humano, atendiendo a la creación de una nueva Ley de Servicio Civil.

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Codeca y el Comité Campesino del Altiplano son organizaciones que trabajan defendiendo los derechos de las comunidades campesinas y de los pueblos indígenas, especialmente en los temas relacionados a la defensa de la tierra y del territorio. En el caso de José Can y Mateo Chamán, a solicitud de sus comunidades, ambos participaban en un proceso de diálogo con el gobierno para buscar una solución a más de 50 conflictos agrarios.

Estas tres muertes violentas envían un nefasto mensaje a todas las personas, comunidades y organizaciones que defienden sus derechos. Buscan paralizar y desarticular los movimientos de resistencia contra los megaproyectos —que se impulsan sin contar con el consentimiento de las comunidades— y detener la histórica organización y movilización campesina en reclamo por la tenencia de la tierra y el desarrollo rural integral.

Las autoridades están llamadas a realizar una pronta investigación de los hechos que lleve a enjuiciar a los autores materiales e intelectuales de estos asesinatos y determine si los mismos están relacionados con las actividades de defensa de derechos que realizaban los tres líderes campesinos. La impunidad no puede ser la respuesta que reciban sus familias y sus organizaciones.

Es preciso entender que estas muertes violentas no se dan de manera aislada, forman parte de una estrategia sistemática de represión y criminalización que se ha mantenido en los últimos años. Según la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Guatemala (Udefegua), entre 2012 y 2017 se registraron 909 actos de criminalización, la mayoría en contra de quienes defienden la tierra, el territorio y los recursos naturales. Los ataques van desde amenazas, campañas de difamación y calumnia, acoso, detenciones ilegales y arbitrarias, persecución penal y privación de libertad.

En su informe preliminar de la visita que realizó este mes de mayo a Guatemala, la relatora especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, mostró su preocupación por los señalamientos y la persecución que sufren las y los dirigentes indígenas y campesinos quienes son tildados como criminales por defender su tierra y territorios. La relatora instó al gobierno a asegurar las medidas de protección apropiadas y reiteró que los pueblos indígenas tienen derecho a defender pacíficamente su tierra, territorio y recursos naturales.

En este momento convulso que vive el país, en el que los niveles de confrontación e intolerancia han aumentado exponencialmente, las personas y los sectores que viven en situación de vulnerabilidad son siempre los más afectados. Los discursos públicos de descalificación como el pronunciado por Jimmy Morales en contra de Codeca, abonan el camino para la desestabilización y la agudización de la conflictividad y la criminalización.

@MarielosMonzon

Los participantes en la caravana exigen su derecho a un trabajo digno y a ser tratados como refugiados al partir de sociedades violentas y excluyentes. No desean privilegios fiscales, solo quieren utilizar sus fuerzas y conocimientos para garantizar el bienestar de sus familias. También reclaman el fin de la corrupción e impunidad en sus naciones, y acabar con la violencia contra las mujeres y con el reclutamiento de adolescentes y jóvenes por las maras. Al Gobierno de Estados Unidos le piden terminar con los abusos y la represión contra los inmigrantes y que cesen las deportaciones que destruyen familias y sueños.

Sin embargo, el rumbo de la política de migración estadounidense parece tener como objetivo un trato más duro hacia los migrantes ilegales. En la última década, el presupuesto de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos se ha casi duplicado. En 2017 alcanzó los USD3,805.2 millones, equivalentes a 12 veces el presupuesto destinado a la cooperación que este país envía hacia los tres países del norte centroamericano. Con esto la Patrulla Fronteriza mantuvo 16,605 agentes concentrados en la frontera sur de los Estados Unidos; es decir, el 85% del total de agentes que laboran en esta institución. En 2017 fueron detenidas 71,145 personas provenientes de Guatemala, El Salvador y Honduras, por cruzar la frontera de forma ilegal. Lo más preocupante es que de este total, 31,754 fueron menores migrantes no acompañados. Aunque este número es inferior a los 51,705 menores que fueron detenidos durante 2014, la cifra sigue siendo apremiante y da muestra de la difícil situación que se vive en estos países centroamericanos.

Por otra parte, la intención de construir un muro fronterizo, el anuncio de terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para El Salvador —con lo que 200 mil salvadoreños enfrentan la posibilidad de deportación—, y el discurso del presidente Trump obligan a pensar que la posibilidad de solución por medio de una reforma migratoria es poco probable.

En todo caso, la “caravana de migrantes” debe ayudar a todos los Estados involucrados a reflexionar sobre las condiciones que generan la migración y el trato que reciben los migrantes en su intento de buscar una vida digna. Estados Unidos debe comprender que el muro y el cierre de fronteras serán políticas costosas e inefectivas. Sería más barato y efectivo apoyar esfuerzos para que Guatemala, Honduras y El Salvador avancen en la implementación de agendas concretas de nación para cumplir metas —como los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030— que eleven el bienestar social y consigan un sólido e inclusivo crecimiento económico. Los empresarios, los trabajadores y los ciudadanos de estos países deben tomar conciencia de que sin reformas profundas y democratizadoras en lo económico, lo fiscal y lo político es imposible pensar en sociedades exitosas y competitivas, y tampoco en disminuir la migración forzada.

jmenkos@gmail.com

Esa sociedad más justa se respalda en tres pilares. Primero, un crecimiento económico que fomente la transformación tecnológica, la inversión privada y el pleno empleo, con salarios que garanticen el bienestar de todos los hogares y una mejor distribución de la riqueza. Otro elemento vital es la protección del ambiente natural y el derecho de las comunidades a decidir qué hacer con los recursos naturales.

El segundo pilar está relacionado con la construcción de la igualdad, lo que se puede lograr, en buena medida, protegiendo, garantizando y promoviendo los derechos individuales y colectivos. Esto significa la provisión universal de bienes y servicios públicos con pertinencia, tales como la salud y el saneamiento ambiental, la educación, la seguridad social, la vivienda y la justicia; pero también requiere la puesta en marcha de políticas económicas y sociales que garanticen el empleo, la igualdad de género, étnica y de territorio, la participación política, la libertad de pensamiento, de expresión y de culto.

El tercer pilar está relacionado con el mantenimiento de una administración pública efectiva. Esto significa, instituciones públicas laicas y democráticas que cumplan su misión en función del bienestar social y de su mandato constitucional y, como consecuencia, diseñan, planifican, ejecutan, evalúan y rinden cuentas para y con los ciudadanos. Garantizar este pilar requiere un servicio civil profesionalizado e independiente de los cambios de gobierno; así como de partidos políticos que representen la voz de los ciudadanos, sin financiamiento ilegítimo, que cuenten con personas probas y aptas para gobernar, y con planes de gobierno técnicos, sustentados en metas, resultados medibles y un plan fiscal que los concrete. Otro elemento importante lo constituyen las instituciones de justicia, de regulación económica, la controlaría y la administración de las finanzas públicas. Si estos organismos del Estado fallan o están capturados por intereses particulares, se debilita la gobernabilidad democrática y se pierden los equilibrios políticos que consiguen concretar la justicia social.

El Estado guatemalteco está muy lejos de perseguir este fin. Por citar algunos ejemplos, cerca de un millón de niños menores de cinco años padecen desnutrición, más de cuatro millones de niñas, niños y adolescentes no asisten a la escuela, mientras el Congreso discute sin rigor técnico más privilegios fiscales. El 67 por ciento de los asalariados carece de contrato de trabajo y ocho de cada diez no tiene acceso a la seguridad social. Todo esto en un contexto de corrupción, cada vez más visible, en la administración pública.

Hoy es un buen día para recordar que estamos obligados, desde nuestros ámbitos de trabajo, a reformar totalmente la sociedad en la que sobrevivimos. La justicia social es un factor determinante para la identidad nacional, la paz y la democracia, al convertirse en certidumbres: trabajo y comida en la mesa, hijos educados y sanos, abuelos con pensión, oportunidades lícitas de negocio y promoción de la diversidad, entre otras.

jmenkos@gmail.com

Al despertar de esos buenos deseos, observamos que en el partido que sustenta al gobierno hay unos 15 diputados procesados por diferentes delitos y que además negocian el presupuesto y la directiva del Congreso —con sus honorables pares— para arrancar 2018 con una agenda elaborada por las mafias que sostienen a una sustancial parte de parlamentarios. Se suman a la piñata por estas fechas, los sindicatos depredadores del presupuesto público —entre otros los del MP, OJ, Salud o Educación— que reciben montos insostenibles para las finanzas estatales, repartidos por políticos inescrupulosos que, con dinero público y espurios intereses, negocian a cualquier precio mientras reclaman un aumento de gastos porque es “insuficiente” el asignado para el “desarrollo del país” ¡Valientes caraduras!

Por su parte, la justicia oficial retarda todo lo que puede los expedientes judiciales bajo la excusa, en el mejor de los casos, de hay mucho trabajo y pocos funcionarios —a pesar de que cuando ingresan al sistema ya lo saben y eso no los frena— o a través de abogados, jueces y magistrados que sonríen a quienes les favorecen aprovechando un sistema judicial absolutamente tramposo en el que se mueven como peces limpiadores de fondo. Todo cabe bajo ese paraguas del “debido proceso” y entre antejuicios a funcionarios, falta de salas para las vistas, vacaciones o cargas de trabajo, pasan años sin tomar decisiones mientras muchos detenidos permanecen en prisión y otros señalados nunca entran a ella. La justicia indígena no lo hace mejor. El último caso fue el azote de un policía con absoluta inobservancia de los derechos humanos que muchos de quienes la defienden reclaman, aunque frente a esa flagrante violación suelen callar. En el fondo ocurre lo que en la política: una lucha por el liderazgo —local en este caso— por el que también se compite, obviando la observancia de normas universales y promoviendo el autoritarismo sobre un discurso sustentado en lo ancestral.

En lo cotidiano no es menor la decepción. Los buses de transporte público circulan sin luces, medio derruidos y en lamentables condiciones, mientras se les otorga millonaria subvención para que teóricamente funcionen. Las calles se utilizan como parqueos a voluntad del que tira el carro aunque el letrero indique aquello de “le estamos filmando” o las aceras se ven invadidas por irrespetuosos motoristas que deciden utilizarla como carril cuando no pueden culebrear entre los vehículos detenidos porque seguramente alguien bloqueo el cruce con absoluta impunidad.

No se cambia un país con quejarse en foros de amigos o en círculos de opinión. Para mejorar se requiere aceptar el problema y tomar una postura personal activa. Es preciso que cambiemos cada uno de nosotros y exijamos al otro que lo haga y no quedarnos callados por pena, temor o prudencia. Si no aceptamos que estamos mal —muy mal— seguiremos por años alabando el amanecer diario y soñando que todo esto cambiará, sin darnos cuenta que jamás ocurrirá porque requiere otra actitud que, además de en el optimismo, se nutra de un realismo que desconocemos frecuentemente.

Nunca es tarde para comenzar y el inicio del año nuevo puede animar a ello.

www.miradorprensa.blogspot.com

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La relatora continúa diciendo que, según los internos, esas medidas fueron ordenadas por De León y el subdirector Édgar Noé Cortez, “ya que lo que quieren los directivos es que se les pague más dinero por la denominada 'talacha', por permitirles visitas y encomiendas a los reos”. 

En ese sentido, según Villalta, los directivos ordenaron reunir a los presos y comunicarles del aumento de “la cuota”, y amenazaron a los que no cumplan con efectuarles requisas y “meterles ilícitos”. 

En su denuncia, Villalta revela supuestas cuotas impuestas a los reos: por un espacio para dormir deben pagar entre Q10 mil y Q12 mil, y por llevarlos a una evaluación al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), de Q30 mil a Q50 mil. 

Denuncia también que en el SP se extienden cartas fraudulentas de buena conducta e informes de trabajo por Q10 mil o Q15 mil, en lo que también participa, según la relatora, la subdirectora de Rehabilitación Social, Paola Rivera Rosenberg. 

Niega selañamientos

Juvell de León, director del SP, negó los señalamientos en su contra y denunció que Villalta “tiene intereses personales”, lo que pudo haber motivado sus acciones. 

De León dijo que la denuncia es ilegítima, porque “todas las acciones en los preventivos se han realizado dentro de la ley”. 

El viceministro de Gobernación, Ricardo Guzmán, confirmó la denuncia de Villalta contra los directivos del SP.  

Pide investigación

El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, calificó de valiente la denuncia de la relatora y señaló que ese es “un secreto a voces”.

“Ante la precisión de la denuncia, se amerita investigación. Que esto no quede impune. El fenómeno es una práctica que se da en muchos presidios del país; evidentemente no hablamos de una falsedad”, remarcó Rodas.

El procurador agregó que esta denuncia confirma lo que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos señaló en una supervisión al sistema carcelario del país, y que se debe actuar al respecto.

Arpaio fue sheriff del condado de Maricopa  (Arizona) -que incluye Phoenix- entre 1993 y 2017, 24 años en los que se hizo famoso en todo el mundo por su mano dura con los inmigrantes indocumentados y por las severas condiciones en la cárcel bajo su jurisdicción.

El caso criminal de Arpaio se remonta casi una década atrás, cuando el Departamento de Justicia inició una investigación en su contra por violar los derechos civiles de los latinos a raíz de las numerosas quejas por lo que sucedía en Arizona.

De acuerdo con la investigación, los agentes a las órdenes de Arpaio paraban a conductores solo por su aspecto racial, detenían a personas por la mera sospecha de que fueran indocumentados y los entregaban a las autoridades migratorias.

En 2011, la Justicia ordenó a Arpaio que abandonase su estrategia de detener a gente por razones raciales, pero el polémico exsheriff siguió con sus tácticas.

Por desobedecer las órdenes de la Justicia, una jueza abrió en EL 2015 un caso en su contra del que fue hallado culpable en julio y del que estaba ahora a la espera de condena, que podía ser de hasta seis meses de cárcel.

Donald Trump había mostrado su admiración por Arpaio por su mano dura contra la inmigración, mientras que el exsheriff de Maricopa fue de los primeros en apoyar la candidatura presidencial del multimillonario neoyorquino.

El presidente hacía días que sopesaba un indulto al exsheriff y el pasado martes, en un mitin precisamente en Phoenix, cuestionó que Arpaio fuese hallado culpable “por hacer su trabajo” .

Entre sus polémicas decisiones está la creación de la “Ciudad de las Carpas” , una cárcel donde los reos cumplen sus condenas al aire libre y soportan las extremas temperaturas del desierto de Arizona.

Arpaio se había convertido en un símbolo en la lucha contra la inmigración irregular.

El indulto presidencial a Arpaio es el primero que ofrece Trump desde que llegó a la Casa Blanca.

Joe Arpaio, el alguacil que se parece a un personaje de un western

Se autodenominaba “el alguacil más duro”  de Estados Unidos y recientemente fue condenado por su insistencia en cazar inmigrantes ilegales, pero Joe Arpaio espera beneficiarse este martes de un indulto de Donald Trump durante una visita del mandatario a Arizona.

De padres italianos y con 85 años de edad, Arpaio podría haber sido un personaje de un spaghetti western rodado en los paisajes de cactus gigantes que abundan en su estado, limítrofe con México, y donde dio rienda suelta a su obsesión de luchar implacablemente contra la inmigración ilegal.

Durante casi 25 años dirigió una persecución sin medidas contra los migrantes laninos en el condado de Maricopa, en Arizona  (suroeste) .

Su método? Patrullar sistemáticamente en busca de hispanos para detenerles y someterles luego a vejaciones e incluso ridiculizarles.

Él mismo es hijo de inmigrantes, pero “legales” , según enfatiza, y su estrategia le funcionó durante mucho tiempo, pues llegó al puesto de alguacil por primera vez en 1992 y fue reelegido una y otra vez cada cuatro años.

Con el actual presidente estadounidense, del que es un ferviente partidario, tiene varias cosas en común, empezando con que ambos nacieron un 14 de junio, aunque Arpaio es 14 años mayor que Trump.

Ambos son además republicanos, han propagado el falso rumor de que el exmandatario Barack Obama nació en Kenia y han construido su reputación en torno a la promesa de luchar incansablemente contra la inmigración ilegal.

Calzoncillos rosados

Fascinado por aparecer en 200 reportajes de televisión por mes, el “sherif Joe”  parece tener un gusto especial por las polémicas.

Y entre sus mayores orgullos está haber creado la prisión que siempre había imaginado, evocando los campos de prisioneros de la segunda guerra mundial: con literas de metal alineadas en carpas color caqui y rodeadas de alambre de púas.

En ese lugar inaugurado en los años 1990 y que llamó la atención del mundo entero, el alguacil obligaba a los detenidos a llevar un uniforme a rayas como el que llevan los presos en las películas, además de calzoncillos rosados.

También se jactaba de servir en la prisión, dos veces al día, “las comidas más baratas de Estados Unidos”  a un costo de entre 15 y 40 centavos cada una. Ese menú incluía guisos, a menudo vegetarianos y elaborados de restos normalmente destinados a los botes de basura de la ciudad.

Por lo anterior, el alguacil se convirtió en la bestia negra de las organizaciones de defensa de los hispanos, que representan un tercio de la población de Arizona.

Un “gran patriota”

Después de la reelección en el 2012 del presidente demócrata Barack Obama, Trump y Arpaio coincidieron cada vez más en su convicción sobre la necesidad de que los republicanos adoptaran una postura ofensiva en materia de inmigración.

Así, durante la campaña de 2016 el controversial alguacil hizo público su apoyo al multimillonario empresario, quien luego le devolvió la cortesía en la última campaña que encabezó para repetir como sherif de Maricopa.

Pero si bien Trump logró la victoria, Arpaio fue derrotado mientras se acumulaban acusaciones de abuso y corrupción en su contra.

Y finalmente, el alguacil fue condenado en julio pasado por violar la prohibición impuesta por un juez federal de patrullar sistemáticamente en busca de inmigrantes ilegales.

Pero Trump, quien ha considerado a Arpaio un “gran patriota estadounidense”  que “se implicó mucho en la lucha contra la inmigración ilegal” , ya ha anunciado su intención de perdonarle la condena.

“Sería oficialmente una promoción presidencial del racismo” , advirtió sobre ante esta posibilidad la conocida organización estadounidense de defensa de los derechos civiles, ACLU.

La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia  (TSJ) celebró hoy la audiencia oral para evaluar la solicitud de “antejuicio de mérito”  y determinar si existen elementos para enjuiciar y separar de su cargo a la titular del Ministerio Público por haber supuestamente incurrido en una “falta grave”  en el desempeño de su cargo.

Los señalamientos contra la fiscal, que se negó a presentarse a la audiencia, son de carácter “ético y moral” , por impugnar la designación de una treintena de magistrados que componen el máximo tribunal, el mismo que hoy debe juzgarle, por supuestas irregularidades cometidas en su elección.

La acusación fue hecha ante el pleno de los magistrados por el diputado oficialista Pedro Carreño, que inició la acción legal contra la fiscal con una denuncia por supuestas “faltas graves”  en el desempeño de sus funciones.

Carreño acusó a Ortega de “ponerse en antagonismo con el Poder Judicial”  y “con el Poder Ejecutivo” , después de que la funcionaria recriminara al Tribunal Supremo haber roto “el hilo constitucional”  y acusara al Gobierno de Maduro de practicar “terrorismo de Estado” .

El fundamento de la acusación de los chavistas contra su exaliada se sustenta en que esos magistrados fueron elegidos en un proceso que contó con el aval del Ministerio Público, y que ahora Ortega niega, por lo que se le acusa de “mentir” .

El presidente del Tribunal Supremo, el magistrado Maikel Moreno, informó que la decisión sobre el proceso de enjuiciamiento contra la fiscal general será anunciada en un plazo de cinco días.

En simultáneo, el Supremo ha allanado el terreno para una eventual salida de Ortega con la destitución de su actual vicefiscal, Rafael González, y designando en su lugar a Katherine Harrington, una exfiscal y exviceministra del Gobierno de Maduro.

El Parlamento, controlado por opositores pero cuyos actos son considerados nulos por los demás poderes, ratificó a González, dejando un escenario con dos vicefiscales.

Ortega no asistió hoy a la audiencia en el Tribunal Supremo por considerar que el proceso que se ha abierto en su contra es una violación de la legislación con el objetivo de anular al Ministerio Público.

“Esta decisión solo será posible violando el derecho a la defensa y al debido proceso, por esa razón no acudí al Tribunal Supremo de Justicia” , dijo desde la sede de la Fiscalía.

Aseguró que no va a “convalidar un circo”  que teñirá la historia de Venezuela de “verg enza y dolor”  pues la “decisión está cantada”  por lo que reiteró: “No los reconozco” .

Este proceso iniciado por el Supremo, acusado por la oposición de servir a Maduro, deja abierto el camino para “aniquilar por vías violentas el descontento popular” , opinó.

Ortega es la misma fiscal general que en el 2014 impulsó centenares de investigaciones contra opositores por las protestas antigubernamentales de ese año lideradas, entre otros, por Leopoldo López, que cumple actualmente una condena de casi 14 años en una cárcel militar.

En Venezuela, la mayoría de las autoridades del Estado han sido designadas por el oficialismo, entre ellas Ortega, que hasta hace tres meses era considerada como una aliada del chavismo y ahora encabeza la mayor corriente contra el Gobierno.

La oposición mantuvo hoy en las calles sus protestas, con cierres de vías en varias zonas, en una jornada en la que murió un joven en el oeste del país por causas que aún no han sido precisadas, lo que eleva el número de fallecidos a 91 en el marco de una ola de manifestaciones que cumple tres meses.

Otros escenarios de violencia se reportaron en Caracas, donde un grupo de hombres armados atacó un hospital durante una protesta opositora, hiriendo a al menos cinco personas que se encontraban en las inmediaciones del centro médico y por lo que la Fiscalía inició una investigación.

“Lo hice y lo seguiré haciendo”

La fiscal fue acusada ante el TSJ tras su rotundo rechazo a una Asamblea Constituyente convocada por Maduro.

“Me acusan de atacar las decisiones del presidente de llamar a una Constituyente. Sí lo hice y lo seguiré haciendo porque esa convocatoria viola la Constitución” , retó Ortega.

Aludiendo a la fiscal, sin nombrarla, Maduro advirtió que el domingo comenzará la campaña por la Constituyente “así salgan mil traidores” . El mandatario consideró este martes “ilegal”  un plebiscito simbólico convocado por la oposición para el 16 de julio, dos semanas antes de la elección de los asambleístas.

Para Ortega, la Constituyente -que según los oficialistas será un “suprapoder”  con facultad de anular el Parlamento y destituir a la fiscal- violenta la democracia y destruye el legado del fallecido presidente Hugo Chávez  (1999-2013) .

La fiscal consideró el antejuicio como un “golpe de Estado más grotesco”  que el del empresario Pedro Carmona, quien anuló los poderes públicos en la breve intentona contra Chávez en 2002.

Para el politólogo Luis Salamanca, Ortega busca quitarle al gobierno “la legitimidad que da Chávez” . “Por eso buscará sacarla del juego. El gran peligro que tiene Maduro es que se le orteguice (fracture más) lo que le queda del régimen” , dijo Salamanca.

España 

Los dos principales sindicatos de España convocaron a marchas en más de 70 ciudades con motivo del Día del Trabajo.

Los sindicatos UGT y CC.OO exigieron que el gobierno conservador español revoque las medidas que hacen más fácil despedir a trabajadores y que aumente los salarios y pensiones.  

Hubo marchas también en Barcelona, Sevilla, Valencia y otras ciudades.  

Bajo el gobierno de Mariano Rajoy, la economía española se ha recuperado y el desempleo ha bajado de 27% en 2013 al 19%, pero sigue siendo el segundo desempleo más alto de la Unión Europea, después de Grecia.

Cuba   

Un manifestante corrió delante de la marcha anual del Primero de Mayo en Cuba ondeando una bandera estadounidense, antes de ser controlado y detenido.  

El presidente Raúl Castro, junto con otros líderes civiles y militares y dignatarios extranjeros, observaban el desfile cuando el manifestante burló las barreras de seguridad y salió corriendo.  

Los agentes de seguridad tuvieron dificultades para someter al hombre pero eventualmente se lo llevaron, pasando al frente de periodistas cubanos y extranjeros que cubrían la marcha.  

Fue una inusual violación de la seguridad en un evento oficial en Cuba donde los agentes están en fila a lo largo de toda la ruta.  

Castro ha anunciado que dejará la presidencia en febrero, por lo que éste será su último Primero de Mayo como presidente.

Francia

La Policía en París intentó dispersar con gas lacrimógeno un foco de violencia al margen de una protesta convocada para conmemorar el Primero de Mayo.  

Los revoltosos encapuchados lanzaron cocteles Molotov contra la Policía, que respondió con gas lacrimógeno.  

La marcha anual en defensa de los derechos de los trabajadores este año incluyó llamados para impedir que la candidata ultraderechista Marine Le Pen sea elegida presidenta en las elecciones del domingo.  

Imágenes de video muestran a la policía antimotines rodeando y aislando al grupo de alzados que se había escindido de la marcha principal cerca del Palacio de la Bastilla. Algunos seguían lanzando bombas incendiarias que estallaban en llamas al caer al suelo.  

No quedó claro por el momento si alguien resultó lastimado por los incidentes.

Turquía   

La policía de Estambul detuvo a más de 70 personas que intentaron entrar en la icónica plaza Taksim desafiando la prohibición de realizar actos relacionados con el Día Internacional del Trabajo allí.

La plaza fue declarada fuera de los límites de las manifestaciones por tercer año consecutivo y la policía bloqueó las entradas, permitiendo solo el acceso a pequeños grupos de sindicalistas para depositar flores en sus monumentos.  

Taksim tiene un valor simbólico para el movimiento obrero turco. En 1977, 34 personas murieron por disparos efectuados contra la multitud desde un edificio cercano durante la celebración del Primero de Mayo.  

Los principales sindicatos acordaron celebrar grandes manifestaciones en los lugares designados por el gobierno en Estambul y Ankara, pero se espera que grupos más pequeños intenten entrar en Taksim.

Las multitudinarias marchas se replicaron en Grecia, Filipinas, Camboya, Tawiwán y Rusia.

Desafío a Maduro

La oposición venezolana, que cumple un mes de movilizaciones contra el presidente Nicolás Maduro, marcha de nuevo este lunes en todo el país, en abierto desafío al gobierno que habitualmente organiza masivas concentraciones el 1 de Mayo.

Aunque hasta ahora han sido bloqueados por las fuerzas de seguridad, los opositores intentan llegar a las sedes del Tribunal Supremo de Justicia  (TSJ) y del Consejo Nacional Electoral  (CNE) en los 24 estados, para exigir elecciones generales.

“El régimen juega a nuestro desgaste, por eso a un mes de resistencia debemos demostrar fuerza”, declaró Freddy Guevara, vicepresidente del Parlamento, único poder estatal controlado por la oposición.

Policías y militares desplegaron ya camiones antimotines y barreras metálicas en puntos estratégicos para frenar el acceso al centro de Caracas. 

Percibo que hay una enorme división en el colectivo que aglutina el vocablo “indígena” y que quienes se sienten incluidos en él son más conscientes cada vez de la manipulación a que están sometidos, tanto por el acarreo y pago de personas —MadreSelva y CODECA— como por personajes que se erogan una cuestionable autoridad o representatividad: Caal, Pop, Rigoberto Juárez, etc.

Se ha cometido la torpeza —o la ligereza, según se mire— de contemplar “lo indígena” como un todo, como un referente único al que contraponer lo ladino, y claramente no es así. La conquista española —los dioses me salven de nombrarla— encontró una división importante que fue utilizada por un grupo de “exploradores” para someter a toda una “civilización”. El divisionismo es una realidad, al igual que ocurre en toda sociedad, producto del fomento de grupos de interés. La plural comunidad indígena debe reflexionar sobre qué desea, en qué condiciones lo quiere y los costos que está dispuesta a asumir. Algunas personas han encontrado, al convertirse en portavoces no autorizados de aquella, una forma de vida, de reivindicación social o de autodefinición étnica, aunque ello sirve únicamente a sus fines y a un círculo muy próximo, pero no a la comunidad que pretenden encarnar. De ahí que cuando una indígena, como lo es la señora Menchú, opta en dos ocasiones por la presidencia del país, apenas alcanza el 3% de votos; que el diputado Amílcar Pop no consiga aglutinar ese 40-50% de la población no ladina o que, finalmente, Bernardo Caal sea rechazado porque se apropia del liderazgo de una comunidad, a pesar de vivir a decenas de kilómetros de distancia y sin relación con aquella.

Hay que empoderar a las autoridades indígenas, pero a las verdaderas, a las comunitarias, a las que son y están, a aquellas que cuentan con el respeto de su entorno. Ese apoyo debería ser la columna vertebral del reglamento del artículo 169 —por hacerse— y del cual ciertos personajes y grupos no quieren saber nada porque en la medida que se reconozcan las verdaderas autoridades y se fijen los procedimientos de discusión, terminará su artificial y arbitraria pero jugosa intromisión.

La división, la carencia de debate, el desconocimiento del derecho indígena que se ha querido impulsar, la falta de liderazgo real frente al sustituto de personajes y grupos conflictivos y la necesaria reflexión interna de todo grupo social, son elementos que deben abordarse entre los indígenas, al igual que se hace en otros grupos sociales o étnicos. No es de recibo seguir hablando de un bloque homogéneo, unificado ni mucho menos liderado. Hay que promover fuertemente a quienes representan a sus comunidades y con ellos hacer converger el ideal de sociedad al que se aspira. Lo demás: luchas de poderes espurios sin avances ni logros, pero con pingües beneficios para algunos vividores de todo esto.

www.miradorprensa.blogspot.com

Pero una de las plataformas más importantes de las redes sociales no se quiso quedar atrás para homenajear a la mujer, se trata de Facebook que ya ha habilitado un marco alusivo del Día de la Mujer el cual puedes encontrar con los siguientes pasos:

• Busca el perfil Pic Frame 

• Ve a la lupa para buscar la opción Día de la Mujer

• Selecciona el marco del Día de la Mujer (Elaborado por Tere Jiménez) y ¡listo!, ya puedes cambiar tu foto de perfil con un marco para apoyar a la mujer en su día.

¿Para qué sirven los días internacionales?

En el mundo existen muchas fechas conmemorativas que buscan sensibilizar, concienciar, hacer un llamado para evidenciar que existe una problemática sin resolver o que está pendiente en las sociedades y que requiere del involucramiento de sus ciudadanos y gobiernos. Ante algunas fechas, que suman importancia y son de relevancia incluso para la propia ONU son:

• Día Internacional de las Viudas (23 de junio):
• Día Internacional de la Diversidad Biológica (22 de mayo)
• Derechos Humanos (10 de diciembre)
• Día Mundial de la Poesía (se celebra el 21 de marzo)

Entre los condenados figuran dos bolivianos,3 peruanos, 2 chilenos y 1 uruguayo, todos reconocidos jerarcas responsables de Plan Cóndor, el pacto para secuestrar y ejecutar opositores aplicado por las dictaduras militares de Argentina, Uruguay, Bolivia, Perú y Chile.
Entre los condenados en ausencia figuran los bolivianos Luis García Meza y Luis Arce Gómez, actualmente detenidos en La Paz.

Igualmente fueron condenados a cadena perpetua los chilenos Hernán Jerónimo Ramírez y Rafael Ahumada Valderrama, y los peruanos Francisco Morales Bermúdez, Pedro Richter Prada y Germán Ruiz Figueroa.
Los jueces pidieron cadena perpetua también para el uruguayo Juan Carlos Blanco, ex ministro de Relaciones Exteriores, condenado por la muerte de Alvaro Daniel Banfi, ametrallado junto a otros militantes de izquierda en octubre de 1974 cerca de Buenos Aires, en Argentina.

La mayoría de los absueltos son uruguayos, militares, agentes de los servicios secretos a los que la justicia italiana considera que no hay pruebas suficientes de que cometieron los delitos por los que que estaban siendo juzgados.
Tras cinco horas de deliberaciones los cerca de 10 jueces populares decretaron la absolución también del ex capitán de navío uruguayo Jorge Néstor Troccoli, el único de los acusados residente en Italia, quien no asistió a la lectura de la sentencia.

“No tengo palabras para comentar una sentencia como esta. Después de una lucha tan larga los jueces no han reconocido la responsabilidad individual de los imputados. Un criterio muy discutible. Vamos a presentar recurso curso” , comentó desconcertada a la  AFP  y con  lágrimas en los ojos Cristina Mihura, viuda del desaparecido ítalo- uruguayo Armando Bernardo Arnone Hernández.

Regala a policías aguinaldos de entre mil y ocho mil dólares

Duterte, ha decidido regalar entre mil y ocho mil dólares de aguinaldo a la Policía, cuerpo sobre el que recae la misión de cumplir la promesa electoral del mandatario de limpiar ese país de drogas, anunciaron fuentes oficiales.

El director de la Policía Nacional de Filipinas, Ronaldo dela Rosa, destacó durante el anuncio en Campo Crame, la sede del cuerpo, en Manila, que es una medida sin precedentes en el país y señaló que el regalo es un gesto de la apreciación de Duterte hacia la institución y sus miembros, según la versión del medio Rappler.

Dela Rosa explicó que no toda la plantilla del cuerpo, formada por unas 160 mil personas, recibirán la gratificación y añadió que la cuantía que se entregue dependerá del rango y del trabajo desempeñado.

Casi seis mil filipinos han muerto en la campaña nacional contra las drogas que lanzó Duterte el 30 de junio pasado, cuando comenzó su mandato único de seis años.

De este número, dos mil 86 muertes ocurrieron en operaciones policiales y las demás a manos de bandas de ciudadanos que se toman la justicia por su mano, según datos policiales.

Grupos de defensa de los derechos humanos, la ONU y la Unión Europea, entre otros, han criticado reiteradamente las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la campaña.

A pesar de las críticas, el índice de aceptación de Duterte entre sus compatriotas ronda el 63 por ciento, según un sondeo publicado la semana recién pasada por Social Weather Stations  (SWS) , una de las firmas de encuestas más acreditadas de Filipinas.

Filipinos teme ser víctimas de ejecuciones

Cuatro de cada cinco filipinos temen ser, ellos o alguien conocido, víctima de las ejecuciones extrajudiciales de la campaña contra la droga impulsada por el presidente del país, Rodrigo Duterte, según una encuesta publicada hoy.

El 45 por ciento de los 1.500 encuestados se declaró “muy preocupado”  ante esa posibilidad, mientras otro 33 por ciento se mostró “algo preocupado” , indica el sondeo de Social Weather Stations  (SWS) , realizado entre el 3 y el 6 de diciembre, según la televisión GMA.

Pese a ello, el 85 por ciento de los encuestados se mostró satisfecho con los resultados de la campaña, que, según el baremo, de la consultora obtiene un valoración de “excelente” , al considerar que esta ha reducido la delincuencia y el tráfico de drogas.

La encuesta también revela que el 70 por ciento cree que el gobierno hace lo posible para evitar las ejecuciones extrajudiciales y que el 94 por ciento considera importante que los sospechosos por narcotráfico sean capturados vivos.

Grupos de defensa de los derechos humanos, la ONU y la Unión Europea, entre otros, han denunciado esta campaña contra la droga que ha causado 5.900 muertos desde que Duterte la inició tras tomar posesión del cargo en junio.

De estos, unos 4.000 casos fueron en ejecuciones extrajudiciales después de que Duterte llamara en repetidas ocasiones tanto a policías como a ciudadanos a matar a los drogadictos y camellos que conocieran.

El sondeo fue realizado antes de que Duterte afirmara la semana pasada que mató personalmente a drogadictos y traficantes durante patrullas con la policía mientras era alcalde de Davao.

Varias organizaciones le acusaron durante años de estar detrás de los escuadrones de la muerte en Davao, bandas de sicarios formadas por antiguos policías y soldado que habrían “eliminado”  a más de mil delincuentes de la ciudad.

Trump no afectará

 
Cuba, que era el único país latinoamericano sin un marco diplomático de este tipo con el bloque europeo, restablece la plena normalización de sus relaciones con su segundo socio comercial, semanas después de la muerte del mandatario cubano Fidel Castro y cuando el deshielo con Washington está en el aire.
 
A pesar de la aproximación iniciada por el presidente estadounidense Barack Obama, aunque sin llegar a levantar el embargo impuesto a Cuba en 1962, su sucesor en la Casa Blanca a partir del 20 de enero, Donald Trump, ya advirtió con “poner fin”  al deshielo si no hay “un mejor acuerdo”  para su país.
 
Aunque la jefa de la diplomacia europea señaló que la próxima administración Trump “no afectará”  a las relaciones de la UE con Cuba, sí subrayó, al igual que su homólogo cubano, su preocupación sobre eventuales sanciones de Estados Unidos a las empresas que violen su embargo contra la isla.
 
“Las relaciones entre Cuba y la UE felizmente no pasan por Washington” , dijo Rodríguez, para quien habrá que “remover” , no obstante, “el obstáculo que significa, en particular en el plano financiero, la aplicación que persiste del bloqueo contra Cuba” .
 
La Unión Europea reanuda así por completo sus relaciones con la isla antes que Estados Unidos, máxime cuando las empresas extranjeras no quieren perder el tren de la apertura cubana iniciada tímidamente por el actual presidente Raúl Castro.
 
En el 2015, las exportaciones de los 28 países del bloque a Cuba ascendieron a 2.200 millones de euros  (2.320 millones de dólares) y sus importaciones representaron unos 540 millones de euros.
 
El Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación se aplicará en un primer momento de manera provisional y parcial a la espera de un largo proceso de ratificación por parte de la Eurocámara, así como de los parlamentos de los 28 países del bloque.
 
Disidentes cubanos habían pedido en octubre a los eurodiputados su no al pacto, al considerar que su actual redactado “legitima”  al régimen comunista, y advirtieron que algún parlamento nacional podría rechazar el texto, lo que supondría el final del acuerdo.
 
 
 

Su protesta ocurre en vísperas de la tercera ronda del diálogo entre el gobierno y la oposición para resolver la crisis política.

La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática  (MUD) , que mantiene en duda su asistencia al encuentro, atribuyó la liberación de Mantilla y de otros cinco opositores a las conversaciones iniciadas el pasado 30 de octubre.

A la Nunciatura también llegó este lunes Henri Falcón, gobernador del estado Lara  (noroeste) y uno de los delegados de la MUD en el diálogo, para entregarle al nuncio, Aldo Giordano, una carta dirigida al papa Francisco.

“Le pedimos no abandonar a los venezolanos en la construcción de una salida pacífica a la crisis” , dijo a periodistas.

La MUD dejó en suspenso su continuidad en las negociaciones, auspiciadas por el Vaticano y la Unión de Naciones Suramericanas  (Unasur) , por considerar que el gobierno no ha honrado sus compromisos.

Las protestas por los detenidos llegaron hasta el Vaticano, donde el domingo también se encadenaron Lilian Tintori, esposa del encarcelado Leopoldo López, y Mitzy Capriles, esposa del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, que está bajo arresto domiciliario.

“Exigimos que se liberen todos los presos políticos” , pidió Tintori.

Además, 14 opositores presos en el servicio de inteligencia  (Sebin) , en Caracas, iniciaron este domingo una huelga de hambre para exigir la libertad de todos los políticos encarcelados y una salida electoral a la crisis.  

“Al parecer esa huelga de hambre está siendo reprimida, los están maltratando para tratar de levantar la huelga” , denunció este lunes Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la MUD.

Otro grupo de 36 opositores detenidos, también en el Sebin, pidió el sábado a la MUD mantenerse en la mesa hasta que el gobierno libere a todos los llamados “presos políticos” .

Esta manifestación ocurre horas después de que Lilian Tintori, esposa de López, se encadenara frente al Vaticano, en Roma, para pedir la liberación de todos los “presos políticos”  en la próxima reunión de diálogo, prevista para mañana.

Junto a ella se encadenaron también Antonieta López, madre de Leopoldo López, y Mitzy Capriles de Ledezma, esposa del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma.

El secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, aseguró hoy que el Vaticano envió una “carta confidencial”  que supuestamente desmiente la postura del Gobierno frente a la mesa de diálogo nacional.

Torrealba afirmó que con esta comunicación el Vaticano, mediador en la mesa de diálogo, “desmiente la postura del Gobierno”  y de sus voceros en el proceso, quienes han negado que las liberaciones de opositores encarcelados o la realización de elecciones presidenciales se haya planteado en las negociaciones.

Ana Ruth Mérida, defensora de las personas con discapacidad, refirió que el documento incluye 61 observaciones y 92 recomendaciones, las cuales van dirigidas a casi todas las instituciones del Estado, incluso a la misma PDH para que emita más pronunciamiento para que se respecten y garanticen los derechos de las personas con discapacidad.

Entre las preocupaciones que tiene el Comité de Expertos, se encuentra que el Estado no disponga de un procedimiento para certificar el grado de la discapacidad y que las valoraciones se hagan desde un enfoque médico y de caridad, por lo que recomienda que esta se haga de forma gratuita y en las zonas rurales y remotas.

También observa que en el país prevalecen leyes, reglamentos, costumbres y prácticas que constituyen discriminaciones graves contra las personas con discapacidad, por lo que recomienda se agilice la aprobación de la iniciativa 5125, ley marco sobre discapacidad.

Al Comité le preocupa la alta tasa de malos tratos, abusos, castigo corporal, abandono infantil e instituciones de los niños con discapacidad, por la prevalencia del paradigma asistencialista y de caridad para su atención  cuidado, y por el escaso alcance de medidas específicas para ellos en zonas rurales y comunidades indígenas.

El Comité pide que se dote de los recursos materiales y financieros necesarios e independientes para fortalecer la participación de las organizaciones representativas de personas con discapacidad, y agilice la designación del mecanismo independiente de monitoreo.

Mérida afirmó que la PDH efectuará su monitoreo del cumplimiento de estas recomendaciones, ya que dentro un año se volverá a efectuar esta supervisión. En este año se efectuó en agosto pasado.