Juez rechaza reformar delitos a agente de la PNC vinculado en muerte de dos personas en San Andrés Itzapa

Agente de la PNC está vinculado en el caso de la muerte de dos personas en San Andrés Itzapa, Chimaltenango.

Óscar García y Elmer Vargas

12 de marzo de 2025 | 11:46h

Compartir en Facebook

Compartir en X

Compartir en LinkedIn

Compartir en Whatsapp

Copiar enlace

Guardar artículo

Audiencia en la que juez rechazó reformar delitos al agente de la PNC Ángel Mario Roquel Sajbochol. (Foto Prensa Libre: Daniel Samayoa)

El juez Manolo López rechazó este miércoles 12 de marzo la solicitud del Ministerio Público (MP) de reformar los delitos imputados al agente de la Policía Nacional Civil (PNC) vinculado con la muerte de un canadiense y un guatemalteco en San Andrés Itzapa, Chimaltenango.

El juzgador declaró sin lugar la modificación en el caso del agente Ángel Mario Roquel Sajbochol, quien fue ligado a proceso penal por los delitos de obstaculización a la acción penal, incumplimiento de deberes, negación de auxilio y omisión de denuncia.

El ente investigador solicitó la modificación de los delitos por el de ejecución extrajudicial; sin embargo, para el juez no se logró acreditar su participación en el crimen, aunque sí su supuesta intervención en la obstrucción de la investigación.

Roquel Sajbochol es uno de los agentes procesados por el crimen contra Edin Choc Xi y el canadiense Nelson Santa María.

EN ESTE MOMENTO

Universidades cambian a decanos antes de la convocatoria de postuladoras para TSE y MP

Caso Melisa Palacios: las cuatro claves del nuevo intento de Fernanda Bonilla para apartar a la jueza Carol Berganza

Ante lo resuelto por el juez, el agente seguirá siendo procesado por los delitos por los cuales fue ligado a proceso penal.

En abril de 2024, pobladores de San Andrés Itzapa causaron disturbios en el municipio tras los hechos ocurridos.

Para leer más: “Ya está el trabajo”: el mensaje que el subinspector habría dicho tras desaparición de vecino en San Andrés Itzapa

Ante esta situación, los vecinos decidieron tomar justicia por su cuenta y quemaron la subestación de la PNC en forma de protesta.

En este caso están siendo investigadas más personas, entre ellas un subinspector de la PNC.

La Policía Nacional Civil (PNC) guatemalteca detalló en un comunicado que el detenido es Toribio Acevedo Ramírez, de 68 años, quien fue capturado el martes en Panamá a través de una alerta roja internacional que tenía en su contra, por lo que fue remitido a Guatemala.

Acevedo Ramírez, explicaron las autoridades, fue arrestado por la policía guatemalteca este miércoles en la sede del Instituto Guatemalteco de Migración, en las instalaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora de la ciudad de Guatemala, a su arribo en un vuelo procedente de Panamá.

Caso Diario Militar

De acuerdo con las autoridades, el guatemalteco era buscado por su presunta participación en los asesinatos, desapariciones forzadas y delitos contra deberes de la humanidad que están contenidos en el caso denominado “Diario Militar”, que fue desclasificado por el Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos en 1999.

PARA LEER MÁS

Asociación Guatemalteca de Jueces condena ataques contra juez Miguel Ángel Gálvez que envió a juicio a militares

En el documento, también llamado “Dossier de la Muerte” y elaborado por inteligencia militar, están descritos los casos de al menos 183 de personas que fueron considerados como “enemigos del Estado” y que fueron desaparecidos o asesinatos en la década de 1980.

Precisamente el pasado viernes un tribunal guatemalteco de alto riesgo envió a juicio 9 expolicías y exmilitares por su vinculación al caso, y por tanto en el asesinato de casi 200 personas.

Lea también: En qué consiste el memorial virtual con el que se recordará a víctimas del conflicto armado en Guatemala

El conflicto armado interno en Guatemala, que acabó el 29 de diciembre de 1996 con la firma de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno y la guerrilla, dejó al menos 250 mil víctimas, entre muertos y desaparecidos.

Los nueve militares y policías retirados son señalados de haber participado en asesinatos, desapariciones forzadas y violaciones sexuales de al menos 183 hombres y mujeres, según el “Diario Militar”.

De acuerdo con diversas fuentes, Acevedo Ramírez pretendía volar a España cuando fue arrestado en Panamá. EFE

Toribio Acevedo fue localizado en un aeropuerto de Panamá , se realizaron las coordinaciones con la orden de aprehensión internacional para retornarlo hacia Guatemala

— MP de Guatemala (@MPguatemala) May 11, 2022

Trasladado a Mariscal Zavala

El militar Acevedo Ramírez fue trasladado este miércoles a la cárcel de Mariscal Zavala después de que un Juzgado de turno le notificó las razones de su detención.

La audiencia de primera declaración será en el juzgado Mayor Riesgo B.

Unidades de @INTERPOL_HQ Panamá retienen en @ATocumen, al ciudadano guatemalteco Toribio Acevedo Ramírez, quien mantiene notificación roja por su país, por los delitos de Desaparición Forzada, Asesinato y Contra los Deberes de la Humanidad. #ContraElDelito pic.twitter.com/K1gH9CPmUw

— Policía Nacional (@ProtegeryServir) May 11, 2022

El recién pasado 6 de mayo, el juez Miguel Ángel Gálvez decidió enviar a juicio por asesinatos, desapariciones y violencia sexual durante el conflicto armado en Guatemala (1960-1996) a nueve militares y policías retirados señalados en el caso Diario Militar.

Interpol localiza en Panamá a presunto responsable de desaparición forzada, asesinato y delitos contra los deberes de la humanidad

Por medio de una alerta Roja Internacional agentes de la #INTERPOL, ubicaron en Panamá a Toribio Acevedo, de 68 años. pic.twitter.com/3tm1Di9ICa

— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) May 11, 2022

La madre de estos dos jóvenes, de 18 y 20 años, respectivamente, ha movido cielo y tierra en la búsqueda desesperada y sin éxito por encontrar a sus hijos, como hacen miles de familias golpeadas por este flagelo.

La pandillas, redes del crimen organizado y la violencia social y doméstica están detrás de las desapariciones expusieron representantes de la sociedad civil en audiencia del 181 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el jueves.

Según los demandantes, el 40% de desaparecidos son mujeres, que en muchos de los casos son víctimas de violencia de género, como se ha comprobado en casos donde finalmente se han encontrado los restos.

Destacaron también que el mayor porcentaje de desapariciones ocurren en zonas controladas por las pandillas MS-13 y Mara 18, que tienen el control de amplias franjas del territorio nacional.

Zaira Navas, de la Organización Cristosal, dijo que desde 2002, “las pandillas dejaron de utilizar el asesinato y desmembramiento de personas cuyos restos abandonaban en lugares públicos, para ocultarlos en fosas clandestinas”.

Entre 2014 y 2016 las autoridades salvadoreñas reportaron 238 cementerios clandestinos donde se encontraron restos de miles de personas, muchas de ellas reportadas como desaparecidas.

“La desaparición de personas ha sido desde hace dos décadas una práctica criminal sistemática, en la que mayoritariamente figuran las pandillas como responsables, aunque en los últimos años se ha documentado que también son producidas por agentes estatales, personas del ámbito familiar, laboral o comunitario de las víctimas”, acotó Navas.

En el contexto del posible pacto del gobierno de Nayib Bukele con las pandillas para reducir los homicidios, las desapariciones forzadas no han cesado, expusieron, pues en lo que va del año, observatorios sociales y medios de comunicación registran cerca de un millar de desaparecidos.

La Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC) dejaron de proporcionar estadísticas de desaparecidos desde el año 2019, con lo que, según los demandantes, se vuelve más complicado sistematizar información sobre el fenómeno.

La ONU pide a El Salvador ratificar Convención

La CIDH invitó a la sesión a la presidenta del Comité de personas desaparecidas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Carmen Rosa Villa, quien destacó que El Salvador es uno de los países de la región que no ha ratificado la Convención Internacional para la Protección de Personas por Desapariciones Forzadas.

La ONU aprobó en 2006 la Convención, que entró en vigencia en 2010. A la fecha, 64 países son parte y 47 solo figuran como signatarios.

“Si El Salvador no forma parte de la Convención, el comité de la ONU tiene limitaciones para apoyarles”, dijo Villa, por lo que instó a agilizar los procesos para ratificar el convenio que entre muchos obliga al país a legislar y designar recursos para hacer frente al problema.

En respuesta a los señalamientos, el Estado salvadoreño dijo que se han activado mecanismos, como un protocolo especial para articular esfuerzos rápidos que permiten alertar sobre las personas desaparecidas.

También, la representación del Estado dijo que la remodelada Fiscalía General de la República creó en 2019 una unidad especial dedicada a la búsqueda de desaparecidos en el país y al acompañamiento de familiares.

Los relatores de la CIDH dejaron abiertas muchas interrogantes sobre por qué El Salvador no avanza para ratificar la Convención, en crear un banco genético para identificar a víctimas, agilizar mecanismos de comunicación con las organizaciones de sociedad civil enroladas en la problemática y sobre todo con las víctimas que sufren la desaparición de los suyos.

La Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público (MP) y el Departamento de Delitos contra la Seguridad e Integridad de las Personas, Sección de Derechos Humanos, de la Policía Nacional Cividl (PNC), realizaron el cateo y procedieron a la captura de Castañeda Aparicio en cumplimiento a una orden de aprehensión que giró el 23 de septiembre el Tribunal Primera Instancia Penal de Mayor Riesgo D.

Según la PNC, el detenido está vinculado a la desaparición forzada de tres personas en la aldea Tampo de Tactic en los años 80.

Lea también

Reportan capturas por crimen contra ciudadano francés que trabajaba en Veterinarios sin Fronteras, ocurrido en 2020 en Quiché

Absuelto

José Manuel Castañeda Aparicio fue detenido el 6 de noviembre de 2013 en Guatemala sindicado de la desaparición forzada de tres personas en la aldea Tampo.

Los desaparecidos son Francisco Guerrero López, Jacobo López Ac y Rodolfo López Quej.

El 3 de junio de 2014 Castañeda Aparicio fue absuelto por el Tribunal Primero de Sentencia Penal de Alta Verapaz, por falta de prueba idónea.

El juez de Mayor Riesgo “B”, Miguel Ángel Gálvez, resolvió vincularlos al proceso que engloba a al menos 12 militares y policías retirados, por su presunta participación en delitos contra los deberes de humanidad y desaparición forzada.

Gálvez consideró que existen indicios racionales sobre la participación de Oliva Blanco en la desaparición forzada de cuatro personas y en delitos contra los deberes de humanidad contra 13 personas.

Además, advirtió que, en el caso de Vásquez Echeverría, fue imputado por la desaparición forzada de ocho personas, seis de las cuales han sido identificadas mediante sus restos recuperados de una de las fosas comunes halladas en el destacamento militar de Comalapa, del departamento de Chimaltenango, a unos 80 kilómetros al oeste de la capital guatemalteca.

Lea además

Caso Diario Militar: juez suspende persecución penal contra Mavilio Aurelio Castañeda, por enfermedad

Ambos podrán permanecer en el hospital del Centro Médico Militar, en la Ciudad de Guatemala, bajo prisión preventiva, debido a su estado delicado de salud.

Por este mismo proceso, Gálvez ordenó prisión preventiva contra otros seis militares retirados y expolicías, sindicados de capturas ilegales, torturas, asesinatos y desapariciones forzadas.

La estructura criminal que supuestamente integraron los procesados, presuntamente cometió tales delitos contra al menos 183 personas fichadas en un documento denominado “Diario Militar” o “Dossier de la Muerte”, durante el Gobierno del expresidente Óscar Humberto Mejía Víctores (1983-1986).

Lea además: Exministro de la Defensa se niega a declarar en audiencia desde un hospital por el caso “Diario Militar”

Todo ello en medio del conflicto armado interno de Guatemala, que enfrentó a la guerrilla y el Ejército entre 1960 y 1996 y que dejó 200 mil víctimas y 45 mil desaparecidos, con más del 90 % de los casos atribuidos al Estado y sus estructuras paralelas, según un informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de Naciones Unidas.

LE PUEDE INTERESAR:

Denuncian seguimiento a juez, fiscales, investigadores y querellantes del caso “Diario Militar”

La audiencia se efectuó por el caso Diario Militar basado en el “Dossier de la Muerte”, un documento en el que se registró cómo 183 personas fueron secuestradas, torturadas y ejecutas por integrantes de las fuerzas de seguridad entre 1983 a 1985, según la Fiscalía de Derechos Humanos.

Dentro del caso, González Taracena es señalado por el Ministerio Público de haber dirigido a un grupo operativo del Estado Mayor Presidencial que controló y desapareció a varias personas.

Además de los delitos de desaparición forzada, González Taracena es señalado de delitos contra los deberes de la humanidad, asesinato y asesinato en grado de tentativa.

La audiencia se efectuó dentro de un salón del Centro Médico Militar, donde se encuentra en tratamiento el exfuncionario. 

Lea también: La Panel Blanca: los datos sobre el temible vehículo de la década de 1980 que reveló un testigo en el caso Diario Militar

El 27 de mayo último, 11 personas fueron capturadas durante 17 allanamientos en diversas zonas del país dentro de la investigación.

El exministro es el séptimo procesado por el juez Gálvez dentro del caso.

Tardó muchísimo. Y cuando salió, lo hizo escoltada por hombres que la subieron a un auto y se la llevaron.

Lissette miró para todos lados, desesperada, pero nadie se extrañó. Más bien un silencio condescendiente, de resignación, inundó el lugar y a los familiares que la acompañaban.

Era 2007 y fue entonces cuando la joven de 19 años supo que la tía Chany ocultaba algo. Le ocultaba algo.

En esa época Lissette estaba empezando a estudiar cine y su olfato, como ella misma cuenta, la empujó a tomar la cámara.

No se equivocó.

De secretaria a acusada

Para el golpe de Estado de 1973 en Chile, que terminó con el gobierno democráticamente electo de Salvador Allende e impuso uno militar, liderado por el general Augusto Pinochet, Adriana Rivas estudiaba secretariado ejecutivo bilingüe.

Quería ser veterinaria y había quedado en una universidad fuera de Santiago, pero como su padre no la autorizó a estudiar fuera, se metió al instituto.

Apenas meses después del golpe y sin haber terminado sus estudios, Rivas fue reclutada para un cargo en el ministerio de Defensa.

En el papel, era secretaria de la Dirección Nacional de Rehabilitación. Pero en la práctica, trabajaba para la naciente Dirección Nacional de Inteligencia, DINA, que operó en Chile entre 1973 y 1977.

Décadas después se comprobaría que el organismo fue el responsable de la tortura, muerte y desaparición de miles de personas durante el régimen militar.

Allí llegó Adriana, inicialmente como secretaria de varios militares, incluido el propio Manuel Contreras, el hombre fuerte de Pinochet en labores de inteligencia y coerción.

• Chile: muere Manuel “Mamo” Contreras, el cerebro de la policía secreta de Pinochet

“Como yo sabía inglés, me pusieron a traducir lo que llegaba en microfilm, todos los mensajes entre bandos comunistas que se pillaba en los allanamientos”, cuenta la propia Rivas ante la cámara de Lissette, que juntó toda su investigación en el documental “El pacto de Adriana”.

Y siguió traduciendo hasta que salió un memo interno que llamaba a mujeres a inscribirse para hacer un curso de agente de inteligencia.

“Yo había leído un montón de libros de Leon Uris que trata mucho de agentes árabes y dije, por qué no”.

Nadie de su familia imaginaba entonces que la extrovertida y sonriente “Chany” se convertiría en una agente de inteligencia acusada de ser una de las más crueles y despiadadas dentro de un grupo de Elite de la Dina.

La “Brigada Lautaro” fue la encargada del desmantelamiento y desaparición de la cúpula del Partido Comunista, según consta en la investigación judicial.

Pero Rivas insiste en que nunca golpeó o torturó. Asegura incluso que nunca estuvo con un detenido. Nunca.

“Cuando leí mi caso casi me caí de muerta porque nunca pensé que mis compañeros podían hacer las cosas que declararon”, le dice a su sobrina en el documental.

• Chile: siete militares retirados son condenados a prisión por desapariciones y homicidios durante el gobierno militar de Pinochet

Insiste en su inocencia desde el living de su casa en Australia, donde regresó fugada en 2011, violando su libertad condicional.

Rivas fue arrestada en Sydney en febrero de 2019. Ahora, una corte australiana dijo que es elegible para ser extraditada de Australia.

“La DINA, los mejores años de mi vida”

La versión de Rivas sobre sus años en la DINA tiene más glamour y menos sangre. Según la mujer, ella trabajaba en misiones de seguridad menores, pero que le dieron la oportunidad de codearse con “la creme de la creme” de la alta sociedad chilena mientras estuvo en la DINA.

“Como yo, gracias a Dios, era bonita, tenía un buen cuerpo, un buen trato, buena modulación, entonces yo tenía clase. Sabía tratar, sabía comer, podía ir a cualquier parte e iba a pasar por uno de ellos“, cuenta en el documental respecto de las decenas de comidas y eventos a los que le tocó asistir.

“¿Por qué te digo que son los mejores días de mi vida? Porque esa parte estaba vetada para nosotros. Esa parte de la vida de los ricos estaba vetada para mí. ¿Tú crees que yo habría podido si hubiese sido secretaria ejecutiva, haber ido a almorzar al Palacio Cousiño? Pero yo la viví, yo estuve ahí”, continúa relatándole a su sobrina.

En la DINA también recibió entrenamientos que distaban bastante de su rol de secretaria: tiro al blanco, defensa personal, maquillaje e incluso actuación.

Rivas trabajó en la DINA de 1973 a 1976 cuando salió el mismo día que uno de sus jefes preferidos: el general Contreras, según le cuenta su sobrina a BBC Mundo.

Pero no todos están de acuerdo en que estas eran las únicas labores que realizaba, mientras otros eran los que se “ensuciaban las manos”.

“Hay una política de la DINA de no dejar a nadie afuera. No te podías quedar mirando, eso genera desconfianza en los otros”, asegura el periodista Javier Rebolledo, autor de “La danza de los cuervos”, investigación periodística que destapó el caso de la Brigada Lautaro.

“Lo que hace que sean guardias pretorianos y que sean tan unidos no es que simplemente digan yo soy súper fiel a ti. Tenían que demostrarlo“, explica.

• Qué hay detrás de los asaltos a periodistas que investigan la era Pinochet

“El pacto de silencio viene de ahí, no sólo de resguardarse criminalmente, sino que como lo que hicieron es tan horrendo, tan horrendo, que es inconfesable. Es demasiado terrible confesarlo, porque lo invalida como ser humano”, continúa Rebolledo.

Dos viajes, un documental

Desde aquel día en el aeropuerto cuando Lissette descubrió que su tía Chany no era quien ella creía, comenzó a recopilar información y registrar en video el viaje de su tía en primera persona.

No sabía que años después las imágenes se convertirían en un documental que ella misma dirigiría y estrenaría en uno de los principales festivales de cine.

“El pacto de Adriana” acaba de ser estrenado esta semana en el Festival de Cine de Berlín y está siendo exhibida en la categoría “Panorama”, con una muy buena recepción del público.

“Ha sido bastante emocionante”, le dice a BBC Mundo Lissette Orozco, desde Berlín.

El documental muestra en realidad dos viajes. El de Rivas por la justicia, desde el tiempo en que no se conocían detalles sobre su participación, hasta 2014 cuando ya el testimonio de un testigo clave de la investigación la identificó como una de las principales agentes y torturadoras de la brigada Lautaro.

Entrevistado también por Lisette, Jorgelino Vergara, el “mocito”, quien trabajaba como mozo en el cuartel Simón Bolívar, donde operaba la Brigada Lautaro, cuenta detalles de los comportamientos de su tía, a quien en una oportunidad tuvieron que quitarle un detenido porque casi lo mata a golpes.

“No la vi matar gente, pero torturó al extremo de que quedó moribunda. Después llegó la teniente Calderón y le puso el tiro de gracia, una inyección de cianuro a la vena”, dice Vergara.

Su testimonio es imprescindible: ninguno de los detenidos que pasó por Simón Bolívar quedó vivo para denunciarlo.

El segundo viaje es el de la propia Lissette por sus descubrimientos. Desde creerle ciegamente a su “tía regalona”, por la que pondría las manos al fuego y por la que comienza a hacer un documental para contar “su verdad” hasta un final abierto, que muestra a todos los actores y principales protagonistas de la historia de su tía.

Muchos más, según retrata el documental, se inclinan por la visión de la agente de inteligencia y brutal torturadora. Pocos -prácticamente sólo la propia Rivas- por la de la secretaria bonita que hacía trabajos básicos como vigilar en fiestas y revisar domicilios.

“Yo creo que lo central de la película es que es un viaje de la memoria. La memoria que mi tía quiere eliminar y armarse otra; la que yo lucho por rescatar, la de mi bisabuela que no puede evitar olvidar”, le dice Lissette a BBC Mundo.

*Esta nota se publicó originalmente el 16 de febrero del 2017 y fue actualizada el 19 de octubre de 2020 tras la decisión de una corte en Australia de que Adriana Rivas pueda ser extraditada.

LE PUEDE INTERESAR

Anuncian fecha para sentencia: Entre lágrimas, Samuel Morales pide su “absolución total”

Diarios mexicanos han informado que México entregó a Guatemala una solicitud formal para que el gobierno autorice la ejecución de la orden de aprehensión.

El permiso se debe cumplir porque cuando el exfuncionario fue extraditado, un tratado establecía que, si se le señala de un nuevo delito, debe haber autorización del país que lo extraditó.

Actualmente, Duarte está prisión para cumplir una condena de nueve años por lavado de dinero, asociación ilícita, peculado y abuso de autoridad.

Autoridades mexicanas informaron que la orden de arresto por desaparición forzada se giró el 6 de junio del 2018, pero el proceso se ha demorado por problemas para completar la documentación.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz le imputa el señalamiento de lesa humanidad por la supuesta desaparición forzada de personas.

Lea también: PNC lanza gas lacrimógeno para dispersar a manifestantes y liberar accesos a la CSJ y Tribunales

Según la investigación, durante el mandato de Duarte se habría registrado la desaparición forzada en las que habría participado la Policía estatal.

Su captura en Guatemala

El 16 de abril del 2017, pálido y visiblemente cansado Javier Duarte fue capturado en Guatemala, luego trasladado a la prisión de Matamoros.

Duarte había huido de la justicia de su país, su captura se registró a unos 140 kilómetros de la capital, en  Panajachel, Sololá.

La captura se basó en una orden de aprehensión solicitada por la fiscalía de Guatemala a petición de la Procuraduría General la República de México, ya que se le acusaba de varios delitos.

La periodista Irma Flaquer, autora de la columna “Lo que otros callan”,  del diario La Hora, ya había sido víctima de otros atentados en su contra. En 1968 una granada de mano colocada en el vehículo que ella conducía le produjo graves heridas.
 
En aquel tiempo era Secretaria de Prensa de  la primera dama, esposa del presidente Julio César  Méndez  Montenegro,  después  trascendió que había sido amenazada de muerte por sus actividades como presidenta del Comité Guatemalteco Pro Defensa de los Derechos Humanos.
 
Ese comité fue disuelto mediante una declaración, en la cual la periodista Flaquer denunciaba que las amenazas de muerte habían acobardado a algunos miembros del grupo y que por lo tanto el comité no podría seguir funcionando.
 
Flaquer, quien también era licenciada en psicología, según trascendió, se vio obligada a abandonar su profesión de periodista.
 

Día del atentado

El 16 de octubre de 1980,  Irma Flaquer almorzó en casa de su hijo Fernando, ubicada en la 13 calle A y 2ª avenida de la zona 3. Frente a la residencia, observaron a una pareja de novios sentada en el bordillo de la acera. Aquellos jóvenes tenían un maletín grande que llamó la atención de los familiares de la periodista.
 
A pocas cuadras de la casa, en la 1ª avenida y 13 calle A, otros testigos afirmaron ver  a miembros de la policía judicial, armados, dentro de un vehículo tipo jeep.
 

Los Hechos

La periodista a eso de las seis y media  de la tarde salió de la casa de su hijo quien lel ofreció  ir a dejarla, por lo que ocupó  el lado del piloto, los parientes de Irma observaron que los muchachos hicieron señales a los tripulantes de una panel  color beige que se encontraba estacionada cerca del lugar.

En el momento que circulaban en el automóvil placas P- 143196 a la altura de la Avenida Elena y 14 calle de la zona 3, una mujer les hizo varios disparos, sin dar en el blanco, poniéndose luego en fuga.
 
Fernando Valle Flaquer, aceleró la marcha del automóvil, pero fueron copados por un vehículo de donde les hicieron varios disparos, hiriendo al hijo de la periodista, obligándolo a detener la marcha  porque perdió el control y chocó en una casa .
 
Entre la confusión de los disparos, resultó con una herida de bala en la rótula izquierda el señor Fernando Oliva, quien se conducía a pie por el sector, cuando se realizó el atentado.
 
Los bomberos se presentaron al lugar, trasladaron a Valle Flaquer a la emergencia del hospital General y a Fernando Oliva al Centro Médico. En el hospital general se presentaron familiares del herido, quienes preguntaban por Irma, ya que ella acompañaba a su hijo cuando fueron tiroteados.
 

Secuestro de Periodista

 Trascendió que Irma Flaquer sufrió heridas que no le impidieron salir del carro pidiendo a gritos ayuda médica para su hijo. En ese momento varios individuos que participaron en el ataque armado, dieron alcance a la periodista, cubrieron su rostro con un pañuelo y rápidamente se la llevaron del lugar. Hasta la fecha no se sabe de su paradero.
 

Muere el hijo

Los médicos del San  Juan de Dios, que atendieron a Fernando Valle Flaquer trataron  por todos los medios de salvarle la vida  pero fue imposible  ya que uno de los impactos  lo recibió en el cráneo  y murió horas después a pesar  de los esfuerzos del personal médico. Valle Flaquer fue sepultado el 18 de Octubre de 1980.

Guatemala no fue ajena a estas situaciones en especial durante el conflicto armado interno, que dejó más de 250 mil muertes y 45 mil detenidos según las demandas de las organizaciones de derechos humanos.

Un tema que aún es sensible para cientos de familias es la desaparición de sus seres queridos durante el conflicto, específicamente en la época de los años ochenta, en el que miles de personas fueron detenidas y posteriormente desaparecidas acusadas de subversión por parte de las fuerzas represivas del Estado.

Desde el periodo de la firma de la paz hasta hace unos años atrás el clamor por la aparición de las personas desaparecidas no tenía eco por el clima de impunidad. Sin embargo una luz al final del tunel abrió una esperanza.

En julio del 2005, personal de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) descubrió 80 millones de folios en el Archivo de la extinta Policía Nacional (PN), la cual había funcionado desde 1881 hasta 1997 cuando fue sustituida por la Policía Nacional Civil.  La existencia del archivo de la PN había sido negada durante años por el mismo Estado. 

La documentación fue entregada por la PDH al Ministerio de Cultura, bajo la rectoría del Archivo General de Centroamérica, quien tiene a su cargo el Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN). 

El objetivo de la creación del AHPN es el de aportar pruebas en casos de masacres y desapariciones forzadas durante el conflicto armado. Además del resguardo, conservación y digitalización de los folios. 

En una primera fase el AHPN entregó al Ministerio Público un archivo con cientos de documentos históricos sobre desapariciones de líderes estudiantiles ocurridas entre 1978 y 1980, régimen de Romeo Lucas García, el cual tenía una estrategia policial y militar contrainsurgente que se concentró en eliminar al movimiento social urbano y rural, según señala el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. 

Estudiantes, docentes y trabajadores de la Universidad de San Carlos de Guatemala fueron los más afectados y reprimidos por medio de capturas, ejecuciones arbitrarias y desapariciones forzadas. 

Represión

El informe presentado por la Comisión del Esclarecimiento Histórico (CEH) cita en forma textual: “Durante los años 1979 y 1985, la espiral de violencia aumentó hasta alcanzar niveles inimaginables”.

“Los gobiernos de los generales Romeo Lucas García y Efraín Ríos Montt concentraron sus esfuerzos en aniquilar al enemigo interno, limitándose no solo a combatir a la guerrilla, sino atacar sistemáticamente al movimiento social”. “Con Lucas García (1978-82), la estrategia se concentró en eliminar al movimiento social, tanto urbano como rural, el cual había crecido sensiblemente”.

Ese documento responsabiliza de la violencia al régimen de Lucas García, a su ministro de Gobernación, Donaldo Álvarez Ruiz, y al coronel Germán Chupina.

La CEH señala que la toma de la Embajada de España, con saldo de 37 muertos, fue la cúspide del clima de agitación política de la época. También se registró la desaparición forzada de 27 miembros de la Central Nacional de Trabajadores.

Justicia tardía

Pasarían 26 años para que un caso de desaparición forzada obtuviera justicia. El 28 de octubre de 2010 fueron declarados culpables Héctor Roderico Ramírez Ríos y Abraham Lancerio Gómez, quienes eran miembros del Cuarto Cuerpo de la Policía Nacional en 1984, por la desaparición forzada del dirigente estudiantil y sindical Fernando García, ocurrida el 18 de febrero de ese año.

Una de las pruebas presentadas fue un documento descubierto en el AHPN que señalaba una propuesta de condecoración a agentes de la PN por la captura de supuestos subversivos.

Según el documento, fechado el 24 de julio de 1984 por el jefe del Cuarto Cuerpo de la PN, los agentes habían detenido a dos personas consideradas subversivas a inmedicaiones del mercado del Guarda, entre las que se encontraba Fernando García. A pesar de la sentencia, el paradero de García nunca fue aclarado. 

• Lea también: Comisionado militar es condenado a 220 años de cárcel por desapariciones y masacres

Otro caso que obtuvo justicia es el de la desaparición de Édgar Enrique Sáenz Calito, sucedida el 4 de marzo de 1981 en la zona 9. El ex jefe del Cuerpo de Detectives de la PN, Pedro García Arredondo, fue condenado a 70 años de prisión por la desaparición de Sáenz Calito y sentenciado por los delitos de desaparición forzada y deberes contra la humanidad. García Arredondo sería condenado posteriormente por la quema de la Embajada de España en 1980. 

Sáenz Calito era estudiante de la Facultad de Agronomía de la USAC cuando fue detenido, supuestamente por haber atentado contra la seguridad interna de la Nación, ya que según los agentes que lo detuvieron, le encontraron propaganda de la Organización del Pueblo en Armas. Sin embargo, una sala de Apelaciones ordenó su libertad porque no encontró evidencia de su culpabilidad. 

El estudiante tendría que haber sido liberado el 9 de junio de 1981 junto a otros 11 presos, los cuales salieron una hora antes de lo establecido. Sáenz Calito salió a las 6 de la tarde. Según un documento localizado en el AHPN, tres minutos después de haber abandonado el Segundo Cuerpo y cuando había caminado unos 123 metros, la víctima fue capturada de nuevo y desaparecida hasta la fecha. 

Un comando de hombres fuertemente armados vestidos de civil, forma de operar del Comando Seis, le salió al paso y lo introdujo en un vehículo. 

• Lea además: Militares enfrentarán juicio por desaparición de niño Molina Theissen

Otras condenas

Los tribunales del país han dictado pocas sentencias por hechos perpetrados durante el conflicto armado.

• Diciembre de 2009: 53 años de prisión por la desaparición forzada de ocho personas en El Jute, Chiquimula.
• Agosto de 2009: 150 años de prisión por la desaparición de seis personas en Choatalum, Chimaltenango.
• Agosto de 2008: 780 años de cárcel por la masacre de 26 personas en Río Negro.
• Marzo de 2013: 50 años de prisión a Isidro Cardona, excomisionado militar de Chiquimula, por la desaparición de Édgar Leonel Paredes Chegüen, en 1982.
• Febrero 2016: Dos militares fueron condenados por deberes contra la humanidad por la masacre de Sepur Zarco.

El caso se relaciona con una serie de masacres, ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas y violaciones de miembros de la aldea Chichupac y comunidades vecinas, en el marco del conflicto armado interno que vivió el país (1960-1996).

La sentencia, notificada a las partes, indica que el Estado guatemalteco es responsable por la desaparición forzada de 22 personas y por no haber adoptado medidas necesarias para revertir los efectos de la situación de desplazamiento.

“La falta de investigación de las ejecuciones, detenciones, desplazamientos forzados, actos de tortura, violencia sexual y trabajos forzosos, entre otros, ocurridos entre agosto de 1981 y agosto de 1986 en el marco del conflicto armado, constituyó un incumplimiento de las obligaciones estatales”, concluyeron los jueces.

La Corte determinó que el Estado violó los derechos a la libertad personal, a la integridad personal, al reconocimiento de la personalidad jurídica y el derecho a la vida, de las 22 víctimas de desapariciones forzadas. Lo último que se supo de ellas es que se encontraban bajo custodia estatal.

También concluyó que el Estado no adoptó medidas para garantizar a las víctimas desplazadas un retorno digno y seguro a sus lugares de residencia, un nuevo asentamiento voluntario o una indemnización adecuada, por lo que, violó el derecho de circulación y residencia.

La sentencia además indica que no se cumplió con las obligaciones para prevenir y sancionar la tortura, la desaparición forzada de personas, y por no prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.

“La Corte determinó que la actuación del Estado en la investigación de los hechos del caso demostró una clara voluntad por parte de las autoridades de que los mismos permanezcan en la más absoluta impunidad”, explica la sentencia.

La demanda interpuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  (CIDH) indica que lo ocurrido se enmarca “dentro de una política de Estado, con fundamento en la doctrina de seguridad nacional y el concepto de enemigo interno, destinada a eliminar la supuesta base social de grupos insurgentes de la época”.

El tribunal internacional solicitó reabrir las investigaciones para sancionar a los responsables, así como brindar tratamiento médico, psicológico y psiquiátrico a las víctimas.

El Estado de Guatemala también debe realizar las acciones necesarias tanto para determinar el paradero de los miembros de la aldea de Chichupac y comunidades vecinas desaparecidos forzadamente, así como localizar, exhumar e identificar a las personas fallecidas.

Por daños materiales e inmateriales la CorteIDH ordenó entregar US$55 mil por cada una de las 183 personas incluidas en un listado general de víctimas de desaparición forzada.

Además de US$5 mil dólares a las personas que fueron desplazadas y US$30 mil dólares para cada familia de víctimas, que deben ser divididos entre madres, padres, hijos, cónyuges y compañeros permanentes.

También contempla US$10 mil dólares para los hermanos de las víctimas por daño inmaterial.

La Corte Interamericana indicó que supervisará el cumplimiento íntegro de la sentencia y que dará por concluido el caso una vez que el Estado guatemalteco haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma.

Las autoridades han sido cuestionadas por no haber actuado antes frente a los nexos con la criminalidad del alcalde de Iguala, cuyos policías colaboraron con narcotraficantes en unas balaceras contra los estudiantes que precedieron a su desaparición.

El hecho se dio a conocer por el activismo de los padres de los jóvenes desaparecidos y la exigencia por saber su paradero, conmoviendo al país entero. Los estudiantes son alumnos varones, la mayoría de entre 18 y 21 años, de la escuela rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, a unos 125 kilómetros de la ciudad de Iguala, Guerrero, México.

Su aspiración era alcanzar empleo como maestros para enseñar en comunidades de Guerrero, una de las regiones mexicanas más pobres. Abel García Hernández, por ejemplo, tiene 19 años y es originario de Tecoanapa, un humilde pueblo de polvorientas calles de la costa de Guerrero. Llegó a la escuela un mes antes de la desaparición porque quería dedicarse a la enseñanza, dijo un pariente de este joven deaparecido. La escuela de Ayotzinapa es conocida por su activismo social.

Los hechos

Un numeroso grupo de estudiantes de magisterio de la Escuela Normal de Ayotzinapa llegó a Iguala el 26 de septiembre de 2014 para recaudar fondos. Cuando se retiraban del lugar, en buses que habían abordado, fueron baleados por policías municipales y sicarios y luego entregados al cartel de la droga Guerreros Unidos, según testigos y las primeras investigaciones de la Fiscalía.

Medios mexicanos citaron un reporte de los servicios de inteligencia, y señalaron que el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, podría estar implicado, así como su esposa, María de los Ángeles Pineda. De acuerdo con el diario El Universal, la esposa del jefe edil “ordenó a su jefe de seguridad que le comunicara al director de Seguridad Pública municipal” que reprimiera a los estudiantes, por temor a que interrumpieran un discurso de ella. 

El día del ataque contra los estudiantes estaba programado un discurso de Pineda sobre obras sociales en Iguala, pero se dice que ordenó a la Policía local que reprimieran a los jóvenes por temor a que interrumpieran su actividad, según denuncias de testigos. PIneda es hermana de tres narcotraficantes. Días después de la desaparición, Abarca y Pineda desaparecieron misteriosamente por lo que las autoridades lo revocaron de su cargo y se comenzó su persecución penal por sospechas.

La noche siguiente a los sucesos, las autoridades guerrerenses detuvieron a 22 policías supuestamente involucrados en los homicidios y las desapariciones e investigaban sus vínculos con grupos del crimen organizado que, según el gobernador de ese estado, Ángel Aguirre, se habían infiltrado en esa corporación municipal. El fiscal de Guerrero, Iñaky Blanco, aseguró que había videos que demostraban que tras el primer ataque de la Policía local contra los estudiantes, varios agentes habían detenido a un número indeterminado de jóvenes, por lo que existían elementos para acusar a los policías de desaparición forzada.

Una semana después las autoridades hallaron 28 cadáveres en seis fosas clandestinas donde se encontraban incinerados y fragmentados, pero según las investigaciones forenses ninguno pertenecía a los normalistas.

Capturados

El 27 de octubre de 2014 las autoridades mexicanas anunciaron la captura de cuatro presuntos miembros del cartel Guerreros Unidos, dos de ellos acusados directamente de participar directamente en la desaparición de 43 estudiantes en Iguala.

Días después, policías federales detuvieron al excalde Abarca y a su esposa María de los Ángeles Pineda en una humilde casa de cemento sin pintar de dos pisos de Iztapalapa, un populoso barrio al este de la Ciudad de México, el 5 de noviembre. Ambos eran los fugitivos más buscados en la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes el 26 de septiembre de dicho año.

Abarca y Pineda eran conocidos en Iguala como la “pareja imperial”, por su poder y ostentación, pero estaban escondidos en una humilde vivienda en Iztapalapa, México. Esa pareja, que gobernaba con mano de hierro, era conocida por vestir con ropa cara y ataviarse de oro. En su corta carrera política, Abarca afincó un imperio joyero en Iguala, donde era un secreto a voces su tenebrosa relación con el crimen organizado. Está acusado del homicidio de un lider campesino en el 2013.

Por su parte, la esposa de Abarca, María de los Ángeles Pineda, es una mujer de carácter duro y se le atribuía el manejo efectivo de la alcaldía. Dos de sus hermanos sirvieron a las órdenes del histórico capo Arturo Beltrán Leyva. Pero tuvieron una carrera corta, al ser asesinados en 2009. Un tercer hermano aún vivo y actualmente preso, penó por narcotráfico y se presume que es uno de los jefes de Guerreros Unidos. El ascenso político de Pineda era tal que ya pensaba postularse como candidata a la alcaldía de Iguala en 2015. Nadie parecía capaz de frenarla, “ella mandaba en esa comuna”.

Fueron quemados

El 7 de noviembre de 2014, tres miembros de Guerreros Unidos que fueron capturados confesaron haber asesinado, quemado y arrojado a un río  a los 43 estudiantes de Ayotzinapa en un basurero del municipio de Cocula, según informó el procurador Jesús Murillo Karam, pero no quiso confirmar que los restos hallados sean de los jóvenes.

Murillo compareció ante la Prensa con un despliegue de fotografías, mapas y testimonios grabados, en video, en donde los tres detenidos integrantes del cartel de las drogas, ofrecieron detalles espantosos sobre cómo murieron los estudiantes y cómo después intentaron destruir sus restos y las pruebas del crimen. Entre las pruebas mostraron cientos de fragmentos de huesos y de dientes calcinados que fueron recuperados del río, en lo que sería un horrorífico asesinato masivo que habría durado unas 14 horas.

Los padres de los 43 estudiantes insistieron en que estos continúan con vida y rechazaron los testimonios de los detenidos. “Mientras no haya pruebas, nuestros hijos están vivos”, resaltó Felipe de la Cruz, vocero de los padres, en conferencia de prensa al conocer los resultados de esta investigación.

Lucha por la verdad

Mientras continuaban las investigaciones, el caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas comenzó a tener repercusión mundial y múltiples colectivos sociales se sumaron a la lucha de los padres de los jóvenes para exigir justicia y el conocimiento de su paradero.

Las redes sociales contribuyeron a canalizar la indignación mundial, por medio de los hashtags #Faltan43 #FueElEstado, #YaMeCansé y #AyotzinapaSomosTodos, desde todas partes del mundo los internautas colgaban fotos con carteles alusivos y mensajes de apoyo a los padres.

Manifestaciones multitudinarias comenzaron a realizarse en la capital mexicana y en todos los estados para pedir el esclarecimiento de los hechos de Iguala. El manejo del caso por el gobierno del presidente mexicano Enrique Peña Nieto tanto en las investigaciones, sus pronunciamientos y viajes en días claves le valieron el rechazo de miles de personas quienes no creen en la hipótesis oficial de que los normalistas fueron asesinados y sus cuerpos calcinados.

Un informe reciente presentado en septiembre de 2015 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desmiente la versión oficial de los hechos al afirmar de que para quemar los 43 cuerpos sus agresores habrían necesitado cerca de 60 toneladas de madera y neumáticos que tenían que haber durado unas 60 horas, cosa que no es posible con las evidencias encontradas en el basurero de Cocula. La investigación concluye de que no hay pruebas suficientes para afirmar que los estudiantes estén muertos ni tampoco que estén vivos.

Analistas afirman que “las instituciones mexicanas quedan muy cuestionadas” al conocerse el resultado del informe que sugiere que la responsabilidad de la desaparición de los estudiantes es del gobierno federal. A un año del hecho los familiares aún guardan la esperanza de poder conocer la suerte de sus hijos.

A dos años de la desaparición de los normalistas trascendió una nueva implicación en el caso de la desaparición. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México responsabilizó a dos agentes de la Policía Federal de México, por lo que se podría abrir una nueva linea de investigación que las autoridades deben de investigar, ya que la investigación oficial es seriamente cuestionada por diversas organizaciones de derechos humanos. 

Los beneficiados con la medida son Carlos Rodríguez López, Pablo Saucedo Mérida y Edgar Hernández. Sin embargo, la juzgadora aclaró que la falta de mérito no cierra la investigación.

Debido a ello, ordenó el arraigo de Rodríguez López, Saucedo Mérida y Hernández, quienes también deberán acudir a firmar el libro de asistencia.

La jueza dio un plazo de tres meses al MP para que vuelva a presentar una investigación contra los tres militares beneficiados con la falta de mérito.

Luego de la resolución de Domínguez, la fiscalía pidió que los 11 ligados a proceso fueran enviados a prisión preventiva. 

Aunque la defensa de los imputados solicitó que se dictara arresto domiciliario, la juzgadora indicó que los 11 procesados quedarán en prisión preventiva y los envió a la cárcel instalada en la Brigada Militar Mariscal Zavala. 

Domínguez manifestó que no hay peligro de fuga. Sin embargo, explicó que “existe la posibilidad de que algunos de los sindicados perjudiquen el desarrollo de la investigación”.

Ligados a proceso y en prisión preventiva:

• Manuel Benedicto Lucas García.
• Byron Humberto Barrientos Díaz.
• Gustavo Alonso Rosales García.
• José Antonio Vásquez García.
• Ismael Segura Abularach.
• César Augusto Ruiz Morales.
• Juan Ovalle Salazar.
• Carlos Augusto Garavito Morán.
• Luis Alberto Paredes Nájera.
• César Augusto Cabrera Mejía.
• Raúl Dehesa Oliva.

Masacres

Según el MP los militares son supuestos responsables de varias masacres cometidas en Alta Verapaz.

La investigación señala que los sindicados habrían tenido responsabilidad en al menos 88 eventos relacionados con masacres ocurridas entre 1981 y 1986.

La fiscalía señala que Manuel Benedicto Lucas García tuvo injerencia sobre el comandante de la base militar 21 de Cobán, donde recientemente se localizaron más de 500 osamentas.

Por este caso también se pidió antejuicio en contra de Edgar Justino Ovalle Maldonado, diputado que fue electo por el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), el cual impulsó la candidatura del actual presidente Jimmy Morales.

Los militares supuestamente responsables de varias masacres en Alta Verapaz, fueron trasladados de la cárcel Mariscal Zavala a la Torre de Tribunales en camiones del Sistema Penitenciario, custodiados por un regular número de agentes de la Policía Nacional Civil.

Después de casi 10 horas de audiencia, el Ministerio Público (MP) imputó a siete de los 14 detenidos.

Los sindicados fueron Manuel Benedicto Lucas García, ex jefe del Estado Mayor General del Ejército de 1981 a 1982; así como los ex oficiales de la zona Militar No.21: Ismael Segura Abularach, Byron Huberto Barrientos Díaz, Carlos Humberto Rodríguez López, Pablo Roberto Saucedo Mérida, Juan Ovalle Salazar y César Augusto Ruiz Morales.

La audiencia fue interrumpida en dos ocasiones durante la mañana, primero porque Moises Galindo, abogado defensor de uno de los detenidos, planteó un incidente de duda de competencia, a través del cual pretendía que Domínguez no conociera el caso, pero ésta fue rechazada por el MP y la juzgadora.

La segunda suspensión se debió a que hubo fallos en el sistema de grabación, por fallas eléctricas que afectaron a varias zonas de la capital. Un tercer receso interrumpió la audiencia a las 16 horas, dictado por la juzgadora. 

Aproximadamente a las 18.30 horas Domínguez suspendió la audiencia e indicó que la misma continuará el próximo lunes a las 8.30 horas. También destinó tres días para esta primera audiencia por la cantidad de imputados, aunque dependerá si los militares deciden brindar su primera declaración.

Responsabilidad

La investigación del Ministerio Público (MP), señala que los sindicados habrían tenido responsabilidad en al menos 88 eventos relacionados con masacres ocurridas entre 1981 y 1986.

Los detenidos son: Manuel Benedicto Lucas García, Byron Humberto Barrientos Díaz, Gustavo Alonso Rosales García, José Antonio Vásquez García, Carlos Humberto Rodríguez López, Ismael Segura Abularach, Pablo Roberto Saucedo Mérida, César Augusto Ruiz Morales, Juan Ovalle Salazar, Édgar Rolando Hernández Méndez, Carlos Augusto Garavito Morán, Luis Alberto Paredes Nájera, César Augusto Cabrera Mejía, Raúl Dehesa Oliva.

Según el MP, Lucas García tuvo injerencia sobre el comandante de la base militar 21 de Cobán, donde recientemente se localizaron más de 500 osamentas.

Por este caso también se pidió el antejuicio en contra de Edgar Justino Ovalle Maldonado, alcalde electo por el partido Frente de Convergencia Nacional.

Enfrentados

Afuera de la Torre de Tribunales, dos grupos de personas manifestaron, uno para expresar su apoyo a los oficiales y el otro para pedir justicia por las masacres cometidas.

El primer grupo, integrado por familiares de los detenidos, se presentó con pancartas en donde calificaban de “héroes” a los sindicados; mientras el otro, conformado por defensores de derechos humanos, señala al Ejército de “asesino”.

Audiencia se suspende 

Otros cuatro militares fueron capturados el miércoles pasado, pero son señalados de la desaparición del menor de 14años Marco Antonio Molina Theissen, en septiembre de 1981.

La audiencia de primera declaración de estos cuatro oficiales también se desarrollaría este viernes, pero fue suspendida y trasladada para el próximo lunes 11 de enero.

Por este caso fueron detenidos Francisco Luis Gordillo Martínez, Edilberto Letona Linares, Hugo Ramiro Zaldaña Rojas y Manuel Antonio Callejas Callejas.