En el caso de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, este año se iniciará el proceso de implementación. Actualmente se discute cuál es el camino a seguir, si va a ser una salida dura o una salida suave. Cada una de estas alternativas tiene sus propias consecuencias, aparte de las consecuencias naturales que tiene un proceso de la pérdida de uno de sus principales miembros.

Según el artículo de Geremy Cliffe, que compara elocuentemente la salida de la Gran Bretaña a la demolición de un edificio, dice que cuando un edificio es demolido por lo general prevalece una breve calma al principio: las explosiones de dinamita, el hormigón exhala unos cuantos mechones de polvo, se balancea un poco, hay una quietud durante uno o dos segundos y luego, con un gemido, todo se reduce a escombros.

Gran Bretaña vivirá la mayor parte del 2017 en ese momento dificultoso. Lo cierto es que se espera que en la primavera, con la aprobación del parlamento, la primera ministra, Theresa May, activará el artículo 50 del tratado de la Unión Europea, que inicia el proceso de salida de la comunidad y así comienza la cuenta regresiva de dos años del brexit y con esto terminará oficialmente su pertenencia al club europeo, como se ha sido conocida hasta ahora.

Seguramente, esto sucederá en el período previo a las elecciones presidenciales en Francia. El tema se presta para la campaña electoral, donde los políticos franceses en la contienda hablarán con dureza sobre brexit, para contrarrestar a Marine Le Pen, la candidata de derecha, que promueve que su país celebre su propio referéndum para salir de la UE.

Sin embargo, el verdadero conflicto, según expertos, se apreciará a finales de año, y prevén que una vez la negociación esté en marcha se dividirá en dos partes. La primera, y la más sencilla, se refiere al arreglo básico de la separación, el proceso por el cual Gran Bretaña y el resto de la Unión Europea se repartirán las instituciones de la asociación, así como las áreas de ingreso de la Unión mediante las cuales se regularizan los procedimientos transfronterizos y las poblaciones migrantes. La segunda, la más complicada, se referirá a la futura relación entre ambas partes. Pero esta parte tiene pocas posibilidades de ser finalizada para el 2019, como está supuestamente previsto.

En el caso de las elecciones de Estados Unidos, para los demócratas, el 2016 ha sido un año sombrío. Estados Unidos, finalmente, eligieron como su presidente a un magnate sin experiencia previa en el manejo de gobierno, que llevó a cabo la campaña electoral más divisiva en la historia estadounidense moderna. Expresó una desaprobación de la globalización y del libre comercio, que puede llevar a ese país al proteccionismo comercial contrario a las políticas de apertura comercial que ha impulsado esa nación en por lo menos los últimos 70 años, entre otras, a través de las instituciones multilaterales del GATT, ahora Organización Mundial del Comercio.

Aunque es muy difícil que el recién electo presidente logre implementar toda la agenda que propuso durante su campaña, ya que la decisión final de varios de los temas de su agenda dependerá de la aprobación en el Congreso, seguramente parte de ella sí sobrevivirá. Sus votantes escucharon con mucha atención sus ofrecimientos, pero estuvieron menos interesados en conocer los detalles de los alcances y efectos de esta política.

Por lo anterior, parece ser que pasaremos de un paradigma de libre comercio y globalización a un patrón de proteccionismo y de desglobalización con sus consabidos impactos e implicaciones para todo el mundo.

El Mecanismo de Examen de las Políticas Comerciales surgió como resultado de los acuerdos alcanzados durante la Ronda Uruguay. Originalmente, se estableció con carácter provisional, en 1988. Posteriormente, adquirió carácter permanente y su funcionamiento quedó plasmado en el Anexo III del Acuerdo de Marrakech por el que se creó la OMC.

Con la entrada en vigor de este acuerdo en 1995, su mandato se extendió al comercio de servicios y a la propiedad intelectual.

El objetivo principal del Mecanismo de Examen de las Políticas Comerciales es contribuir a un mejor funcionamiento del sistema multilateral de comercio mediante la consecución de una mayor transparencia de las políticas comerciales de los Miembros. La Secretaría, aunque solicita la colaboración del Miembro para preparar el informe, es la única responsable de los hechos y opiniones expuestos en él.

El proceso de preparación y realización del examen consta de diferentes etapas. Como primer paso, el grupo de economistas designado por la OMC solicita a las autoridades del país evaluado información general sobre su entorno económico y sus políticas comerciales. Posteriormente, se realizan visitas de campo, con el fin de recabar datos adicionales.

En segunda instancia, la Secretaría de la OMC elabora un informe en el que se analiza el entorno económico nacional, el régimen de comercio e inversión del país, las políticas y prácticas comerciales por medidas y los sectores de la economía, desde el punto de vista de las políticas comerciales. Por su parte, las autoridades nacionales elaboran paralelamente un informe, en el que se resaltan los principales retos y logros alcanzados durante el período estudiado.

Ambos informes son distribuidos a la membresía de la OMC, con el fin de que puedan plantear preguntas e inquietudes. En el caso de Guatemala, se recibieron más de 150 preguntas, relativas a cuestiones como regulaciones aduaneras, negociaciones comerciales, protección de los derechos de propiedad intelectual, modificación del régimen de apoyo a la exportación y medidas sanitarias, entre otros.

Las respuestas deben ser preparadas y circuladas a los países Miembros, con antelación. Durante el examen, las máximas autoridades en materia comercial del país analizado profundizan sobre los aspectos contenidos en los informes y aclaran las inquietudes planteadas por los Miembros.

En el caso de Guatemala, el Ministerio de Economía es la entidad encargada de presentar el examen. Su preparación requiere la colaboración de un gran número de instituciones públicas, cuyos aportes enriquecen el contenido de los informes y de las respuestas a las consultas expresadas por otros países.

Si bien los exámenes de políticas comerciales son obligatorios en el marco de la OMC, constituyen una valiosa oportunidad para sistematizar y hacer una autoevaluación de las medidas adoptadas en materia comercial.

Proporcionan un análisis profundo sobre el estatus de las políticas comerciales del país y, por ende, propician una mayor transparencia de las políticas y del marco regulatorio.

Cabe destacar que la transparencia en la OMC se logra a través de las notificaciones de las medidas y políticas comerciales que constantemente deben realizar los Miembros, así como por medio de los exámenes antes descritos.

Una vez concluido el examen, se publican los informes, las declaraciones del país evaluado y las observaciones del presidente del Órgano de Examen de las Políticas Comerciales.

Todos los Miembros de la OMC deben someterse periódicamente a estos exámenes. Su frecuencia depende de la participación del país sujeto a examen, en el comercio mundial. Los cuatro principales miembros de la organización —la Unión Europea, los Estados Unidos, China y Japón— deben someterse a estos exámenes, cada dos años.

Los siguientes 16 países, en función de su participación en el comercio mundial, cada cuatro años. El resto de los países en desarrollo, cada seis años. Este último es el caso de Guatemala. Para los Países Menos Adelantados (PMA), se fija un plazo más largo.

Para todos los miembros, los Exámenes de Políticas Comerciales en la OMC, se preparan dos documentos. El primero, es un informe preparado por el gobierno del país objeto del examen, en el que se hace una exposición general de las políticas comerciales vigentes en el país y sus perspectivas a corto y mediano plazo. En Guatemala, el Ministerio de Economía es la entidad encargada de la elaboración de este informe y la preparación y presentación del examen.

El segundo documento es un informe detallado y más amplio, que elabora de manera independiente, la Secretaría de la OMC. En él, se presenta y analiza el entorno económico nacional, el régimen de comercio e inversión del país y las políticas e instrumentos para su efectiva implementación.

En el informe preparado por la Secretaría de la OMC para el EPC de Guatemala de 2016, se indicó que en los últimos siete años, Guatemala logró un crecimiento moderado pero constante de su economía. Se registró una tasa de crecimiento promedio anual del producto interno bruto, equivalente al 3,2%. Sin embargo, aunque el crecimiento del PIB per cápita de Guatemala aumentó casi un 50 por ciento durante el período revisado, la tasa de pobreza nacional aumentó, debido en parte al rápido crecimiento de la población, el aumento de los precios de los alimentos y la desigualdad de ingresos.

En esta ocasión, Guatemala recibió alrededor de 150 preguntas, de más de 20 países, con base en la información contenida en los informes antes mencionados.

Todas ellas fueron respondidas antes de la presentación del examen y sirvieron de base, para la preparación de la delegación guatemalteca, encabezada por el Sr. Rubén Morales, Ministro de Economía.

En la OMC, durante los días del EPC de Guatemala, los diferentes Miembros que intervinieron resaltaron la solidez macroeconómica del país, así como las reformas regulatorias tendientes a una mayor apertura de su economía, durante el período estudiado.

Como retos a corto y mediano plazo, subrayaron la necesidad de que Guatemala realice reformas puntuales en áreas como la simplificación de sus reglamentaciones técnicas, la mejora de sus procesos aduaneros y el incremento de los esfuerzos para lograr una reducción sustancial de la pobreza.

Los miembros resaltaron también las recientes políticas de desarrollo implementadas por Guatemala, en particular la Política Económica 2016-2021, destinada a reducir la pobreza, mejorar las oportunidades para los sectores más vulnerables de la población e impulsar un desarrollo económico sostenible e incluyente y por poner la liberalización del comercio en el centro de su estrategia nacional de desarrollo.

Así mismo, alentaron a Guatemala a ratificar el Acuerdo de Facilitación del Comercio de la OMC, antes de fin de año.

Al cierre del evento, los miembros de la OMC felicitaron a Guatemala por su activa y constante participación en el sistema multilateral del comercio, en especial en los asuntos de la OMC y exhortaron al Ministro de Economía a continuar en esta dinámica.

La política exterior de un país es diseñada principalmente para salvaguardar los intereses del Estado. Puede ser entendida como el conjunto de decisiones públicas adoptadas por un gobierno en función de sus intereses nacionales, tomando en cuenta a todas las partes interesadas del sistema internacional de un país, con el fin de definir sus relaciones interestatales e internacionales. El diseño de la política exterior moderna es cada vez más difícil, debido a la creciente interrelación de los Estados y la profundización de la globalización, contexto que conduce a una agenda internacional más compleja.

Anteriormente, la política exterior se centraba principalmente en el manejo de cuestiones relativas a la defensa y la seguridad nacional.

Sin embargo, en el mundo globalizado de hoy, la política exterior de un país se relaciona con número de temas cada vez mayor, tales como el comercio, las finanzas, el medioambiente, los aspectos culturales, los derechos laborales y la migración, entre otros. Todas estas cuestiones afectan de alguna manera la forma en que los países interactúan entre sí y definen cómo pueden hacer valer sus intereses nacionales a escala global.

La política exterior es instrumental para el alcance de los objetivos nacionales. Esto implica que deberá implementarse a través de los canales diplomáticos adecuados, ser flexible a la evolución y desarrollo del sistema internacional, para servir eficazmente a los intereses nacionales.

De igual forma, debe estar íntimamente ligada a la política interna, con el fin de generar un marco coherente en los ámbitos nacional e internacional.

La eficacia de la política exterior de un Estado requiere también un profundo conocimiento de las realidades nacional e internacional, pues esto permitirá desarrollar una visión clara del ámbito en el que un Estado se desenvuelve y las áreas en las que se busca tener un impacto.

Solamente así un Estado podrá sacar pleno provecho de las oportunidades y actuar ante los riesgos que se le presenten.

La política de comercio exterior constituye un importante elemento de la política exterior y consiste en el conjunto de principios, instrumentos y normas que utiliza un país para regular sus relaciones comerciales internacionales.

De forma general, los países diseñan y ponen en práctica medidas de política comercial con el objetivo fundamental de competir y participar eficientemente en el comercio mundial.

A través de ella, los Estados ordenan y coordinan los diferentes instrumentos a su alcance, para el establecimiento, ampliación y modificación de sus relaciones comerciales con los demás países. En ella se incluyen la política arancelaria, mecanismo por el que el Estado capta recursos a través de impuestos a las importaciones y el tratamiento de las medidas no arancelarias, entre otros. Constituye una herramienta esencial de planeación estratégica para la orientación de la economía. Algunos de sus objetivos más frecuentes son lograr el equilibrio, expansión y diversificación de las relaciones comerciales del país.

Cuando el gobierno de un país diseña su política comercial no puede hacerlo como un proceso independiente del resto de las acciones que emprende. Debe tomar en consideración los principios y objetivos de su política exterior. En este sentido, es importante señalar que la política comercial forma parte de la política económica de un país y por ende, no se trata solamente de una serie de elementos técnicos aislados. Asimismo, el diseño de la política se sustenta y está influenciado, de manera general, por determinadas consideraciones de carácter político, social y cultural.

Los ODM comprendían ocho propósitos de desarrollo humano que debían ser cumplidos en un plazo de quince años. El año pasado, los miembros de la ONU evaluaron el éxito alcanzado en su implementación y reconocieron la importancia de generar una nueva agenda de desarrollo sostenible. De esta cuenta se fijaron los ODS, vigentes desde enero del 2016.

En su conjunto, representan una importante ampliación respecto de los anteriores e incluyen la lucha contra la pobreza extrema, el combate a la desigualdad y la injusticia y soluciones al cambio climático.

El noveno objetivo de los ODS se refiere a la construcción de infraestructuras resilientes, la promoción de la industrialización inclusiva y sostenible y el fomento de la innovación. En él se resalta la necesidad de coordinar el desarrollo industrial y el fomento de la innovación, cuestiones analizadas desde hace varios años, por la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad).

En el 2015, esta Comisión publicó el Informe sobre Tecnología e Innovación, en el que se analizan las políticas de fomento de la innovación para el desarrollo industrial. Se concluye en el informe que el fomento de la capacidad productiva y la promoción de una industrialización sostenible constituyen elementos fundamentales en la nueva agenda de desarrollo sostenible.

Se resalta que la innovación es un elemento clave para el crecimiento de las economías y la competitividad de las empresas y no se circunscribe al producto o al proceso de fabricación; abarca también otras dimensiones relativas a las empresas y las decisiones que estas adoptan.

En el estudio se subraya también el valor de la modernización industrial y se explica que su éxito depende de la modernización tecnológica y la capacidad de innovación. Sin embargo, en la práctica, las políticas de desarrollo industrial no suelen estar articuladas como políticas industriales; son más bien vistas como estrategias de desarrollo industrial, visiones nacionales, o incluso forman parte de planes nacionales recurrentes de desarrollo.

Cabe destacar la importancia de la propiedad intelectual en el campo de la innovación, pues se trata de un factor clave para lograr la colaboración entre los diferentes actores.

El tema ha sido analizado en el Índice Mundial de Innovación 2016- La Innovación a escala mundial: para que todos ganen, documento publicado en agosto y elaborado en conjunto por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la Universidad de Cornell y el Instituto Europeo de Administración de los Negocios (Insead).

En él se observa que los flujos transfronterizos de conocimientos se han incrementado y es por ende necesario eliminar los obstáculos y permitir que se compartan más ampliamente los beneficios de la innovación a escala mundial.

En la declaración de la última cumbre del G-20, celebrada recientemente en China, se reconoció que la innovación es un factor clave de crecimiento para la economía mundial en su conjunto. Es también un elemento importante para identificar nuevos motores de crecimiento y contribuir a la creación de nuevos y mejores puestos de trabajo.

En este contexto, es primordial tomar en cuenta que el avance hacia una política de innovación no consiste únicamente en proporcionar un marco reglamentario. En la práctica se ha demostrado que, a pesar de que un amplio número de políticas haga hincapié en la innovación, con gran frecuencia esto no es suficiente para resolver los obstáculos antes mencionados.

De igual forma, es necesario comprender que no existe una sola vía para generar innovaciones. La interpretación tradicional que relaciona de manera lineal la generación de innovaciones con las actividades de investigación y desarrollo, es una simplificación extrema de un proceso mucho más complejo.

El año pasado fue muy especial para la OMC. Por un lado, se cumplió el vigésimo aniversario de su fundación y por otro, se concluyó en Nairobi de manera exitosa, su Décima Conferencia Ministerial.

De esta cuenta, las actividades emprendidas en 2016 se han basado en el “paquete de Nairobi”, término empleado para designar el mandato acordado por los Ministros, en diciembre del año pasado. Éste constituye el segundo acuerdo en el marco de la Ronda de Doha, luego de la aprobación del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio en 2013, durante la Novena Conferencia Ministerial celebrada en Bali.

Dentro del Paquete de Nairobi, se incluyó la decisión histórica de eliminar las subvenciones a la exportación de productos agropecuarios. Asimismo, se adoptaron importantes decisiones en materia de algodón y cuestiones relativas a los países menos adelantados.

Los Ministros reiteraron el compromiso de negociar un mecanismo permanente para la compra de existencias públicas con fines de seguridad alimentaria, acuerdo que debería concretarse durante la próxima Conferencia Ministerial prevista para 2017, así como un mecanismo de salvaguardia agrícola para los países en desarrollo.

A través de este último, los países en desarrollo podrán aumentar temporalmente los aranceles, en respuesta a incrementos súbitos de las importaciones o disminuciones de los precios de importación.

Un punto importante de la Declaración Ministerial de Nairobi, es que algunos Miembros solicitaron no reafirmar los mandatos de Doha, como se había acostumbrado hasta entonces. En su lugar, solicitaron la definición de un nuevo enfoque para continuar con las actuales negociaciones multilaterales.

En la Declaración de Nairobi se reflejó la preocupación por el crecimiento de los acuerdos comerciales regionales, debido a que los beneficios acordados entre sus Partes no se extienden al resto de la Membresía de la OMC (se apartan del principio de la Nación más Favorecida) y dada su proliferación, podrían erosionar el sistema multilateral de comercio. Desde el lanzamiento de la Ronda de Doha en 2001, se han firmado más de 200 acuerdos bilaterales o regionales, incluida la Alianza Transpacífica (TPP, por sus siglas en inglés).

En relación con los retos de 2016, en el Informe Anual antes citado, se hace un enérgico llamado a terminar con el proteccionismo, para hacer frente a la desaceleración del crecimiento económico. Se insta a los Miembros a evitar erigir obstáculos y volver a reactivar el comercio, y se concluye que la vigilancia del comercio y un sistema multilateral de comercio fuerte, constituyen la mejor salvaguardia para hacer frente al proteccionismo.

Este tema es de gran importancia y quedó también reflejado en el informe sobre la evolución reciente del comercio, presentado en julio por el Director General de la OMC, al Órgano de Políticas Comerciales. En él se indica que entre octubre de 2015 y mayo de 2016, los Miembros de la OMC aplicaron 154 nuevas medidas restrictivas al comercio, es decir un incremento del 11% en relación con el período anterior.

Adicionalmente se resalta que el ritmo al que los Miembros de la OMC han ido eliminado las restricciones, continúa siendo demasiado lento para reducir la cifra total de obstáculos.

De acuerdo a las estimaciones de la OMC, el crecimiento del comercio mundial seguirá siendo moderado en 2016 y las estimaciones de crecimiento han tenido que ser reajustadas a la baja, en particular debido al riesgo de una desaceleración más pronunciada de la economía china y a una mayor volatilidad de los mercados financieros.

Esta situación requeriría hacer frente a movimientos bruscos de los tipos de cambio.

En este año de retos y de perspectivas de un crecimiento moderado del comercio mundial, será de suma importancia concentrar esfuerzos y continuar abriendo espacios para fortalecer el marco multilateral del comercio.

Por esta vía, se fomentará el incremento en los flujos de comercio y se contribuirá a una mayor prosperidad a escala global.

La primera conferencia fue convocada por el Consejo Económico y Social en 1964. Una de las principales motivaciones para su establecimiento era la creciente preocupación de la participación en el comercio internacional por parte de los países en desarrollo, por lo que varios de estos países convocaron a una conferencia dedicada específicamente a la resolución de estos problemas e identificar las acciones internacionales para su solución.

Debido a los problemas existentes y la necesidad de abordarlos, se acordó que la Conferencia se reuniera cada cuatro años, y que las reuniones de los órganos intergubernamentales se realizaran entre períodos de sesiones y que, además, se estableciera una Secretaría Permanente que prestara el apoyo sustantivo y logístico necesario a la Organización.

Uno de los mayores logros en los primeros años de su establecimiento fue el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) en 1968, que consiguió que fuera aceptado por el entonces GATT.

Al mismo tiempo, en esa época se estableció el grupo de países llamado G77, que hoy se le denomina G77 & China.

Los países en desarrollo establecieron el Grupo para que se tomaran en cuenta sus preocupaciones. La “Declaración Conjunta de los Setenta y Siete Países” fue emitida al final de la primera Conferencia de la Unctad, en Ginebra.

La pretensión de la ONU con esta iniciativa era promover el comercio de los países en desarrollo, sus fines no contemplaban negociaciones, sino servir de apoyo a propuestas que se trasmitirían posteriormente a otros organismos como el entonces GATT, ahora OMC y el FMI.

El primer secretario general de la organización fue el eminente economista argentino Raúl Prebisch, quien había encabezado la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Nairobi también fue la sede de la Cuarta Conferencia de la Unctad, celebrada en 1976, época en la que los países en desarrollo buscaban un nuevo sistema económico internacional.

Durante la Conferencia “Unctad 14”, la semana pasada, se trataron una amplia gama de temas.

Bajo el tema “de la decisión a la acción”, que se refiere a la Agenda 2030 de Naciones Unidas, la Conferencia se desarrolló en un ambiente inclusivo y equitativo para el comercio y el desarrollo.

La presidenta de la Conferencia, la ministra de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional de Kenia, Amina Mohamed, denominó su Declaración Política “Nairobi Azimio”, que en swahili significa “algo que está firmemente anclado en la herencia de logros”.

Durante la Unctad 14 se llevaron a cabo simultáneamente los siguientes foros; el 4º Foro Mundial de Inversiones, el 7º Foro Mundial de Materias Primas, el Foro de la Sociedad Civil, la Cumbre de Líderes Mundiales y el primer Foro Mundial de Jóvenes.

Durante las deliberaciones de la Conferencia, se hizo hincapié en la importancia del papel de la Unctad en la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Entre los temas que se debatieron durante la Conferencia y las acciones que se propusieron, resalta el importante papel de la Unctad como centro de coordinación dentro del sistema de las Naciones Unidas para el tratamiento integrado del comercio y el desarrollo y las cuestiones conexas en las esferas de las finanzas, la tecnología, la inversión y el desarrollo sostenible, lo que refleja la convicción de que mediante la mejora de la función de desarrollo de la Unctad impactara positivamente la eficacia institucional.

Lo anterior ayudará a la Organización a dar vuelta a una nueva página en las relaciones económicas internacionales, en apoyo del nuevo consenso y al resultado de Nairobi para el desarrollo, comenta el documento “Nairobi Azimio” de la ministra Amina Mohamed, presidenta de la Conferencia.

El comercio electrónico ha sido definido en la OMC como “la producción, distribución, comercialización, venta o entrega de bienes y servicios por medios electrónicos”. Su discusión arrancó en 1998, durante la Segunda Conferencia Ministerial.

En dicha ocasión, los Ministros, reconocieron que la expansión del comercio electrónico a nivel mundial constituía una fuente importante de nuevas oportunidades para el comercio y con este fin, adoptaron la Declaración sobre el Comercio Electrónico Mundial.

Por medio de esta decisión, se acordó un programa de trabajo sobre el comercio electrónico, así como la práctica de no imponer derechos de aduanas a las transmisiones electrónicas, es decir el compromiso de los Miembros de establecer una “moratoria” respecto de los derechos de aduana. Desde entonces, ésta ha sido prorrogada en todas las Conferencias Ministeriales de la OMC. La más reciente de ellas fue adoptada durante la Conferencia Ministerial de Nairobi, en 2015.

En la OMC, la aplicación del Programa de Trabajo sobre Comercio Electrónico se lleva a cabo a través de cuatro órganos: el Consejo del Comercio de Servicios, el Consejo del Comercio de Mercancías, el Consejo de los ADPIC, y el Comité de Comercio y Desarrollo. El Consejo General desempeña la función central de supervisión y examina las cuestiones relacionadas con el comercio electrónico de forma transversal, así como el programa de trabajo. De igual forma, la evolución del programa de trabajo en esta materia se evalúa en cada Conferencias Ministeriales de la OMC.

Es importante resaltar que en el transcurso de 2016, las discusiones sobre comercio electrónico en la OMC se han intensificado. Un número creciente de Miembros ha expresado interés por ir más allá de los programas de trabajo establecidos en cada Conferencia Ministerial y establecer un mandato de negociación específico en la materia. Para ello, se necesitaría contar con el aval de todos los Miembros de la organización. Los proponentes de estas negociaciones, aducen que existe un importante vacío regulatorio sobre comercio electrónico a escala global y, dado el rol central que juega en la economía mundial, resulta prioritaria la creación de reglas destinadas a generar mayor certeza e inclusión de los diferentes actores del comercio internacional.

Con el fin de profundizar las discusiones sobre comercio electrónico, los Gobiernos de México, Indonesia, Corea del Sur, Turquía y Australia, organizaron la semana pasada en la OMC, un taller específico sobre el tema. En el evento se conversó sobre los retos y posibles soluciones para que un número mayor de consumidores y empresarios puedan aprovechar los beneficios y oportunidades del comercio electrónico a nivel mundial.

En el taller, participaron conferencistas de un gran número de instituciones, tales como el Foro económico Mundial, la UNCTAD, la propia OMC y representantes del mundo académico. Sobre los retos enfrentados por los países en desarrollo, se resaltaron los altos costos de infraestructura digital, las dificultades para cumplir con los requisitos fiscales y legales en los mercados extranjeros y la falta de un sistema sólido de pagos internacionales. Asimismo, se destacó la importancia de facilitar el acceso de las micro, pequeñas y medianas al comercio electrónico.

Por su parte, Roberto Azevêdo, Director General de la OMC, reiteró que la OMC puede jugar un papel importante en la reducción de estas barreras, por medio del desarrollo de reglas multilaterales que armonicen los procedimientos y reduzcan los costos de operación.

Dado el interés creciente que los Miembros han expresado recientemente por abordar el comercio electrónico en el marco de las negociaciones de la OMC, será de gran importancia seguir de cerca la evolución de los debates y evaluar los beneficios y oportunidades que puedan generar para nuestra economía.

En el Informe sobre la Economía de la Información, publicado en el 2015 por la UNCTAD, se explica que el comercio electrónico continúa experimentando una importante expansión, con una participación creciente de los países en desarrollo. Según cifras plasmadas en este informe, el comercio electrónico mundial entre empresas superó, en el 2013, los US$15 billones, mientras que el comercio electrónico entre consumidores superó los US$1.2 billones. Si bien la mayoría de estas transacciones se realizan en economías desarrolladas o en transición, en los últimos años se ha observado una mayor participación de los países en desarrollo. Para Latinoamérica, el comercio electrónico representa el sector de mayor crecimiento. Se prevé que el total de compradores digitales en la región aumente un 64%, entre el 2013 y el 2018.

El comercio electrónico es un nuevo modelo que ha permitido a muchas empresas, especialmente a las pequeñas y medianas, tener presencia o mejorar su posición en los mercados locales e internacionales, gracias a una distribución más barata y eficiente de sus productos o servicios. Otra de las grandes ventajas del comercio electrónico, es que ofrece la posibilidad de realizar compras y ventas sin ninguna restricción de horario y en muchas ocasiones, sin requerir una presencia física en los mercados.

La constante mejora en la calidad de la conectividad, así como el incremento en el uso de teléfonos móviles, ha contribuido a facilitar el acceso al comercio electrónico. Se estima que cerca de la mitad de los comercios que tienen presencia en línea cuentan con sitios especialmente diseñados para los teléfonos móviles, y una gran cantidad de ellos ha desarrollado ya aplicaciones específicas.

A pesar de esta situación, el comercio electrónico enfrenta aún importantes retos y la necesidad de armonizar su marco legal a escala mundial. Desde el punto de vista de los compradores, las transacciones en línea pueden conllevar aún riesgos importantes, tales como la pérdida de control en el uso y manejo de sus datos personales, la posibilidad de ser víctimas de fraude, y en el caso de operaciones internacionales, la falta de claridad en la definición de las leyes del país al que pueden acogerse.

Con el fin de encontrar una solución a estas cuestiones, la UNCTAD ha realizado numerosas investigaciones, destinadas a crear un entorno legal que genere mayor confianza y seguridad para las transacciones electrónicas realizadas entre empresas, consumidores y autoridades públicas. Con base en estas investigaciones, ha propuesto fortalecer la legislación relativa a las transacciones en línea, la protección del consumidor, la protección de la privacidad y de los datos personales, así como el establecimiento de normativa sobre delitos cibernéticos.

Dado el contexto actual, el éxito y mantenimiento de las empresas dependerá de su capacidad de aprovechar y comprender los retos y oportunidades que brinda el comercio electrónico. Es por ello que resulta de gran importancia para los empresarios prepararse adecuadamente e invertir en el aprendizaje y conocimiento de estas tecnologías.

Con el fin de maximizar el debate, se realizaron grupos de discusión en los que los asistentes intercambiaron ideas con las autoridades de la OMC. Las opiniones de los consumidores y los trabajadores fueron canalizadas por medio de los representantes de Consumers International y la Confederación Sindical Internacional.

Los participantes resaltaron la importancia para el sector privado de las negociaciones comerciales multilaterales e instaron a redoblar esfuerzos en las negociaciones que promuevan una mayor transparencia y la ausencia de discriminación, el comercio electrónico, así como la mayor inclusión de las MIPYME y la protección al consumidor.

Estos son temas que han cobrado mayor relevancia en los últimos meses en la OMC y es de esperar que la solicitud planteada, contribuya a empujar dicho proceso. Otros temas en los que la comunidad empresarial pidió apoyo a la OMC, fue la identificación de vías para mejorar el financiamiento a las actividades comerciales, así como la evaluación del impacto y armonización de los acuerdos regionales y bilaterales en el sistema multilateral del comercio.

La realización de esta reunión es de suma importancia en el contexto actual, en el que se busca reactivar las negociaciones comerciales en la OMC. Tradicionalmente, los intereses de la comunidad empresarial han sido considerados de manera desigual en los diferentes países.

En general, los países desarrollados cuentan con mecanismos formales y amplios de consulta con los representantes de sus sectores privados. En el caso de los países en desarrollo, si bien se observan aún enfoques de consulta heterogéneos, la experiencia adquirida en las últimas décadas en la negociación de acuerdos comerciales bilaterales y regionales, ha permitido la adopción de sistemas de consultas más participativos e inclusivos.

Un fortalecimiento del canal de comunicación con la comunidad empresarial en las negociaciones comerciales a escala regional y multilateral, contribuirá al desarrollo de nuevas reglas que respondan a las necesidades actuales, a generar mayor certeza y facilitar el comercio en última instancia.

Por medio de esta sinergia, el sector privado podrá brindar apoyo en la orientación y puesta en práctica de las diferentes reglas acordadas. Esta cuestión se puede observar claramente en la implementación del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, en la que desde ya, el sector privado ha creado una Alianza Global para la Facilitación del Comercio (GATF, por sus siglas en inglés) y para ello ha unido esfuerzos con Centros de Análisis y agencias de cooperación de diferentes países.

Como conclusión, se puede mencionar que la eficiencia requerida en las negociaciones comerciales para generar reglas claras y válidas a largo plazo, exige que los negociadores comerciales de los gobiernos escuchen al sector empresarial.

En ausencia de esta retroalimentación, no resulta factible llevar a cabo una negociación balanceada. Sin los aportes de las empresas, los gobiernos no pueden estar en posición de plantear solicitudes, ni responder con fundamento a las solicitudes presentadas por otros gobiernos. Si los exportadores y los productores no pueden comunicar a sus autoridades las barreras no arancelarias que sufren frecuentemente en sus actividades habituales en el acceso a los mercados importantes, ¿cómo podrán resolverse estas cuestiones en el contexto de cualquier negociación?

Según este principio, elemento rector de las negociaciones multilaterales de la Ronda de Doha desde 2001, cada área de la negociación forma parte de un todo indivisible y por ende nada queda acordado, mientras no se haya acordado todo.

El todo único ha sido particularmente sensible en las negociaciones sobre acceso a los mercados de bienes agrícolas y no agrícolas.

Por su parte, la mayoría de países en desarrollo aún ve con gran escepticismo este enfoque y respalda la visión multilateral, debido al apalancamiento que genera en áreas sensibles como la agricultura, y la mayor certeza para asegurar un trato especial y diferenciado.

De acuerdo con esta corriente, la ausencia del enfoque multilateral, podría transformar las bases de las negociaciones y dejar de lado sectores como la agricultura, en la que los países desarrollados aún aplican importantes regímenes de protección.

Vale la pena mencionar que el concepto de acuerdos plurilaterales no es nuevo. Durante la Ronda de Tokio (1973-1979), se negociaron nueve acuerdos de este tipo, tales como el Acuerdo sobre Valoración en Aduanas y el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, que fueron finalmente modificados y convertidos en compromisos multilaterales en la Ronda Uruguay.

Cuatro de ellos continúan siendo acuerdos plurilaterales y constituyen el Anexo 4 del Acuerdo de Marrakech por el que se estableció la OMC.

En el ensayo “Los Acuerdos Plurilaterales y el Sistema Multilateral del Comercio”, Peter Draper y Memory Dube describen esta dualidad de posturas, así como el entorno que a su entender sería necesario para que un enfoque plurilateral fuera factible y contara con el apoyo de los Miembros de la OMC.

Como característica esencial, Draper y Dube mencionan el establecimiento de un “Código de Conducta” para la negociación de estos acuerdos, basado en la participación voluntaria de los Miembros, así como el hecho de que los beneficios convenidos no tendrían que otorgarse por regla a los miembros que no formaran parte del acuerdo.

En una reciente reunión abierta a todos los Miembros, el Embajador de Suiza Remigi Winzap, Presidente del Grupo de Negociación de Productos No Agrícolas (ANMA), indicó haber observado sus consultas que la mayoría de los Miembros favorece la continuación de las negociaciones multilaterales, pero otro grupo de miembros no ve necesariamente una ventaja comparativa en la OMC, como foro para las negociaciones de acceso a mercados.

En relación con este tema, Estados Unidos percibe que no es posible avanzar actualmente en el AMNA, debido al enfoque secuencial que otros Miembros aplican a estas negociaciones frente a las agrícolas. Por su parte, Japón ha resaltado en términos generales, la importancia de que la normativa de la OMC siga vigente y en este sentido, el plurilateralismo podría dejar como segunda mejor opción al multilateralismo, mecanismo que obliga a otorgar un tratamiento no discriminatorio a todos los Miembros de la OMC.

Por su parte, el Director General es un firme creyente en el multilateralismo.

En recientes intervenciones ha expresado que la OMC es una organización basada en la decisión de sus Miembros y dada esta dicotomía, observa que habrá ocasiones en las que el plurilateralismo y multilateralismo podrán coexistir o complementarse y los Miembros tienen qué estar abiertos a ello.

En todo caso, tal como indican Draper y Dube, los Plurilaterales podrían ser una vía a futuro para continuar las negociaciones de la OMC, entendiendo que el principal desafío sería la puesta en marcha del proceso.

Para ello, será importante tener previamente una noción clara del “código de conducta” en el que se basarán estas negociaciones, a la luz de los principios acordados en la OMC.

La nueva propuesta de una Asociación Transamericana (TAP), como se designa en el documento, promovería la convergencia de los tratados de libre comercio (TLC) suscritos previamente entre países americanos, así como la implementación de un ambicioso programa de facilitación del comercio en todo el continente.

La concentración en estos ejes permitiría eliminar los obstáculos comerciales que persisten en la región y evitaría la difícil negociación de un TLC a escala continental. Dado el contexto actual, los autores ven que esta propuesta sería oportuna y políticamente factible, y constituiría, además, un elemento de crecimiento económico esencial para la integración continental.

En el estudio se reconoce que la arquitectura actual de comercio internacional se caracteriza por la multiplicidad de acuerdos comerciales regionales y bilaterales que se aproximan, pero cada uno cuenta con su propio conjunto de reglas. Armonizar ciertos elementos de estos acuerdos, especialmente las normas de origen, reduciría los costos de transacción, aumentaría las opciones de las empresas para adquirir insumos, permitiría aprovechar al máximo los aranceles bajos más bajos y potenciaría el impacto económico de los acuerdos comerciales.

Por otro lado, en la propuesta se advierte de que la facilitación del comercio, área que busca reducir los costes logísticos en los que incurren los exportadores e importadores, es hoy una característica crítica de la política comercial moderna. La facilitación del comercio abarca tanto cuestiones relativas a infraestructura como el marco regulatorio, y constituye un área que hasta hace poco no había sido regulada en el ámbito multilateral.

Tal como apuntan Estevadeordal y Talvi, los acuerdos megarregionales en proceso de negociación ponen de relieve la importancia de una iniciativa de este tipo en América. La Asociación Transpacífica (TPP), la Asociación de Comercio e Inversión Trasatlántica (TTIP), la Alianza del Pacífico (AP) en América Latina, y la Asociación Regional Integral Económico (RCEP) en Asia, tienen el potencial para llenar los vacíos que hasta ahora existían por la falta de acuerdos comerciales suscritos entre Estados Unidos, Japón y la Unión Europea. Estas iniciativas regionales tienden progresivamente a promover la convergencia y armonización de las normas y concesiones negociadas en acuerdos anteriores. Asimismo, fortalecen una mejor conectividad, gracias a la variedad de disposiciones sobre facilitación del comercio, que van más allá de lo acordado a nivel multilateral.

Es importante resaltar que desde los años 1990 los países del continente americano han progresado significativamente en la apertura de sus mercados y en su integración a la economía mundial. Esto ha sido alcanzado gracias a su activa participación en la OMC, así como a la implementación de acuerdos comerciales con socios intra y extrarregionales. En este contexto, la mayoría de países americanos, a pesar de tener diferentes perfiles políticos y económicos, ha iniciado esfuerzos para promover la convergencia de los acuerdos negociados y facilitar el comercio. A diferencia de otras iniciativas, la TAP puede tener éxito porque precisamente reconoce esta diversidad y tiene un enfoque pragmático.

En el marco de la OMC, el Comité de Comercio y Desarrollo es el encargado de la labor en esta esfera. Adicionalmente, existe un Grupo Informal de Países en Desarrollo que se reúne periódicamente, para tratar temas de interés común.

En 2004, el Consejo General de la OMC adoptó el Programa de Trabajo de Doha, en el que se hace referencia explícita a cuatro categorías de países: los países desarrollados, los países en desarrollo y los países menos adelantados. Sin embargo, en las negociaciones se reconoce una categoría adicional de países, denominada Miembros de Reciente Adhesión, compuesta por los países adheridos a la OMC, después de su creación en 1995.

Por otra parte, a lo largo de las negociaciones de la Ronda Doha se han reconocido las necesidades y preocupaciones específicas de las Pequeñas Economías Vulnerables, por medio de flexibilidades específicas en algunas disciplinas de las negociaciones de dicha Ronda.

Recientemente, y en particular después de la Décima Conferencia Ministerial en Nairobi, se ha intensificado en la OMC, la idea de realizar un debate sobre la categorización de los países en desarrollo. Este constituye uno de los temas más sensibles y controversiales para las futuras negociaciones multilaterales en el marco de esta Organización.

La OMC tiene como principios fundamentales las cláusulas de no-discriminación, y de Nación Más Favorecida. No obstante, la Cláusula de Habilitación representa en la práctica una importante excepción a estos principios y permite a los países desarrollados otorgar un trato diferenciado y más favorable a los países en desarrollo.

Actualmente, y dado su frecuente uso, el Trato especial y Diferenciado es prácticamente la regla y no la excepción.

Hasta ahora, no hay ninguna definición formal establecida para diferenciar los Países en Desarrollo dentro de la Organización.

La OMC no aplica ninguna definición establecida para los países en desarrollo. En la práctica, cada miembro de la OMC decide si va a ser tratado como un país desarrollado o como un país en desarrollo.

En consecuencia, dado que las actuales disposiciones del Trato Especial y Diferenciado se aplican por igual a todos los países en desarrollo que así se autodenominan, el establecimiento de una nueva diferenciación entre ellos en la OMC es un tema muy sensible a nivel político, para los países en desarrollo más grandes y avanzados.

Los países desarrollados afirman con mayor frecuencia que no otorgarán las mismas concesiones del trato especial y diferenciado a todos los países en desarrollo, independientemente de su tamaño económico y diversidad. En otras palabras, afirman que la misma medida de las normas de la OMC no se aplica por igual para todas las economías en desarrollo. Sin embargo, a la fecha no se ha presentado formalmente ninguna propuesta relativa a una nueva diferenciación entre los países en desarrollo.

En principio, los países emergentes en desarrollo rechazan la diferenciación. Como resultado, los países en desarrollo más grandes han dificultado todos los intentos por discutir acerca de la diferenciación. Por ello las negociaciones del trato especial y diferenciado siguen estando en punto muerto.

Una posible solución a esta situación del trato especial y diferenciado en la OMC podría ser, seguir el ejemplo de las exitosas negociaciones sobre la facilitación del comercio. En el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, el trato especial y diferenciado se diseñó a la medida de las posibilidades de cada país y no por una simple extensión del doble del tiempo otorgado a los países desarrollados.

Adicionalmente, las instituciones financieras internacionales asumieron el compromiso de apoyar a las economías menos desarrolladas en el cumplimiento de sus obligaciones vinculantes.

Esta nueva forma de aplicación del trato especial y diferenciado tomaría en cuenta, bajo ciertos parámetros, las distintas capacidades y necesidades de los países en desarrollo, para el cumplimiento de sus obligaciones ante el Organismo Multilateral.

Uno de los retos importantes que hoy se comentan en la OMC se refiere al principio del todo único. Este principio se heredó de las negociaciones de la época del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT). Implica que un paquete convenido de negociaciones es indivisible: nada está acordado hasta que todo esté acordado y, por ende, no se puede acordar un tema separadamente.

Ante la intención de algunos países de un cambio potencial en la estructura de las negociaciones de la OMC, marcado por el aumento de acuerdos plurilaterales debido a la complejidad de lograr consenso a escala multilateral, es poco probable que el principio de todo único pueda sostenerse. El aumento observado en los últimos años de este tipo de acuerdos es en sí otro desafío importante para la OMC. Será necesario fortalecer los mecanismos de supervisión para asegurar que dichos acuerdos no se desvíen ni generen barreras comerciales adicionales respecto de terceros países.

Otro de los retos importantes que enfrenta la OMC es la discusión de nuevos temas. Para ello, se requerirá el consenso de todos sus Miembros; es difícil establecer un avance en este tema a corto plazo, debido a que aún está pendiente de definirse la base sobre la que continuarán las negociaciones. Muchos Miembros desean llevar a cabo el trabajo con base en la estructura de Doha, mientras que otro grupo desea que la discusión incluya temas nuevos.

Johnathan Fried, embajador de Canadá ante la OMC, publicó recientemente un interesante artículo sobre su opinión de lo que se avecina para el comercio mundial, después de Nairobi. Recalca la importancia de aprovechar la coyuntura, para reflexionar acerca del qué y el cómo, así como profundizar en el conocimiento y la comprensión, para definir la mejor forma de los pasos a seguir.

Sobre el qué, Fried considera que los resultados de Nairobi requerirán articular, de manera realista, lo alcanzable dentro o fuera del marco de Doha en los próximos dos años. Respecto del cómo, afirma que se deben acoger “varias velocidades” de negociaciones en la OMC. Esta situación ocurrió ya durante la Ronda de Tokio, en el marco del GATT, cuando se produjeron una serie de acuerdos plurilaterales entre los miembros. Incluso la OMC de hoy contempla acuerdos plurilaterales, tanto abiertos como cerrados, tales como el Acuerdo sobre la Tecnología de la Información, que se aplica sobre una base de trato de Nación más Favorecida, y por el contrario, el Acuerdo sobre Contratación Pública, en el que los beneficios se limitan únicamente a sus Miembros.

Respecto del cómo, en el artículo se cuestiona si la estructura actual de los comités, los consejos y los grupos especiales de negociación es propicia para alcanzar resultados en la OMC. Se cuestiona también si los acuerdos comerciales regionales y megarregionales, tales como el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) y el Acuerdo Trasatlántico de Comercio e Inversión (TTIP) son congruentes con las normas multilaterales, para lo cual sugiere hacer un profundo análisis de esta relación. Ambos acuerdos han surgido y se han desarrollado lejos del sistema multilateral de comercio y sus ventajas solamente serán aplicables para sus integrantes, aunque los efectos impacten a todos.

A futuro, se puede esperar que los países en desarrollo, y en particular los exportadores de productos agrícolas, mantengan interés por discutir los temas pendientes y que son importantes, como las disciplinas de apoyos internos y el acceso a los mercados agrícolas. A su vez, el mantenimiento del tratamiento especial y diferenciado, y las vías para fomentar la inserción de los países en desarrollo a las cadenas globales de valor y la promoción de las micro, pequeñas y medianas empresas en este contexto, serán temas que con gran probabilidad marcarán la agenda de la OMC en los próximos años.

El Acuerdo sobre Facilitación del Comercio contiene disposiciones para agilizar el movimiento, levante y despacho de las mercancías, así como las mercancías en tránsito. Además, establece medidas para lograr una cooperación efectiva entre las autoridades aduaneras y otras autoridades competentes para el cumplimiento de los procedimientos aduaneros. También contiene disposiciones sobre asistencia técnica y creación de capacidad en esta esfera.

El acuerdo consta de tres secciones; la sección I, contiene disposiciones para agilizar movimiento, levante y despacho de aduana de las mercancías, incluidas las mercancías en tránsito. Aclara y mejora los artículos pertinentes del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) de 1994, incluyendo también las disposiciones de cooperación aduanera.

La sección II contiene disposiciones sobre trato especial y diferenciado que permite a los países en desarrollo determinar cuándo aplicarán disposiciones específicas del acuerdo e identificar las disposiciones que solo podrán aplicar después de recibir asistencia técnica y apoyo para la creación de capacidad.

Para beneficiarse del trato especial y diferenciado, un miembro debe clasificar cada disposición del acuerdo y notificar a la entrada en vigor a los demás miembros de la OMC, de acuerdo con las tres categorías de esa clasificación, en los plazos específicos establecidos en el acuerdo.

Siendo estas la “Categoría A”, que son las disposiciones que el miembro aplicará en el momento de la entrada en vigor del acuerdo. La “Categoría B” son aquellas disposiciones que el miembro aplicará tras un período de transición, después de la entrada en vigor del acuerdo, y la “Categoría C”, que son aquellas disposiciones que el miembro aplicará en una fecha posterior a un período de transición, después de la entrada en vigor del acuerdo y que requieren la prestación de asistencia y apoyo para la creación de capacidad.

Para el caso de las disposiciones clasificadas en las categorías “B” y “C”, el miembro deberá comunicar las fechas en que aplicará las disposiciones a la entrada en vigor del acuerdo.

La sección III establece un comité permanente de facilitación del comercio en la OMC y también exige que los miembros tengan un comité nacional para facilitar la coordinación interna y la aplicación de las disposiciones del acuerdo. Además también contiene algunas disposiciones finales.

Varias organizaciones intergubernamentales, además de la OMC, tales como el BM, la Organización Mundial de Aduanas, la Unctad, entre otras, prestan asistencia técnica para la facilitación del comercio. En julio del 2014, la OMC anunció la puesta en marcha de un mecanismo para el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, destinado a prestar apoyo a los países menos adelantados y a los países en desarrollo.